EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Junta de Planificación de Puerto Rico
Peticionaria Certiorari
v. 2005 TSPR 117
Frente Unido Pro Defensa del 165 DPR ____ Valle de Lajas, Asociación de Agricultores de P.R., Colegio de Agrónomos de P.R.
Recurridos
Número del Caso: CC-2004-946
Fecha: 26 de agosto de 2005
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce
Juez Ponente:
Hon. Rafael L. Martínez Torres
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Elbia I. Vázquez Dávila
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Luis Fco. Rodríguez Bonilla
Materia: Impugnación de Reglamentación y Mapas
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria
v. CC-2004-946
Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Asociación de Agricultores de P.R., Colegio de Agrónomos de P.R.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2005.
Mediante el recurso ante nos, la Junta de
Planificación de Puerto Rico solicita de esta Curia
la revocación de una sentencia dictada por el
Tribunal de Apelaciones el 25 de junio de 2004,
según modificada por Resolución de 26 de agosto de
2004, en la que declaró inválida la aplicación del
Reglamento de Zonificación Especial para las
Reservas Agrícolas de Puerto Rico sobre la Reserva
Agrícola del Valle de Lajas. Asimismo, la Junta de
Planificación recurre de la Resolución del 1 de
septiembre de 2004 emitida por ese Tribunal,
mediante la cual se declaró no ha lugar a una CC-2004-946 3
solicitud de reconsideración por falta de jurisdicción.
Examinado el recurso ante nos, concedimos a la parte
aquí recurrida un término de veinte (20) días para mostrar
causa por la cual no debíamos revocar al Tribunal de
Apelaciones, por haber actuado sin jurisdicción. Habiendo
comparecido ésta, estamos en posición de resolver los
asuntos traídos ante nuestra consideración. Confirmamos al
foro recurrido. Veamos.
I
La Junta de Planificación de Puerto Rico, en adelante
la Junta, es una entidad creada por ley, cuyo objetivo
principal es guiar el desarrollo integral y balanceado de
Puerto Rico. La Asamblea Legislativa le confirió amplios
poderes para clasificar y designar los terrenos en zonas y
distritos, y así establecer las normas que guiarán su uso y
desarrollo.1 La Ley Orgánica de la Junta de Planificación,
Ley Núm. 75, de 24 de junio de 1975, según enmendada,2 en
su artículo 16, le confirió a ésta la facultad para
adoptar, entre otros, un reglamento de zonificación
mediante el cual se guíe y controle el uso y desarrollo de
los terrenos de las áreas urbanas y rurales de Puerto
Rico.3 Asimismo, la Junta, en virtud del artículo 11 de
dicha ley, tiene la facultad de adoptar y aprobar los mapas
1 Asoc. Res. Park Side, Inc. v. Junta de Planificación, 147 D.P.R. 277 (1998). 2 23 L.P.R.A. sec. 62 et seq. 3 23 L.P.R.A. sec. 62o. CC-2004-946 4
de zonificación, las enmiendas a éstos y los reglamentos
que le autorice promulgar cualquier otra ley con un fin
especial.4
La Asamblea Legislativa, en reconocimiento de la
importancia del sector agrícola como actividad necesaria
para producir alimentos, generar empleos, conservar el
ambiente, y con el fin de promover el uso de los terrenos
agrícolas de alta productividad, aprobó las leyes Núm. 277
de 20 de agosto de 19995, Núm. 142 de 4 de agosto de 20006
y Núm. 184 de 17 de agosto de 20027, con el propósito de
proteger los terrenos de alto rendimiento agrícola
comprendidos dentro de los valles de Lajas, Coloso y
Guanajibo.
Mediante la aprobación de dichas leyes, se le
encomendó a la Junta, en coordinación con el Departamento
de Agricultura de Puerto Rico, llevar a cabo los estudios
necesarios de las fincas comprendidas dentro de los
denominados valles de Lajas, Coloso y Guanajibo, para el
ordenamiento de esos terrenos mediante la promulgación y
adopción de una resolución de zonificación especial, a los
fines de reservar y destinar las fincas de los referidos
valles a la producción y desarrollo agrícola.
4 23 L.P.R.A. sec. 62j(4) y (5). 5 23 L.P.R.A. sec. 7030 et seq. 6 5 L.P.R.A. sec. 1731 et seq. 7 5 L.P.R.A. sec. 1751 et seq. CC-2004-946 5
En cumplimiento con las leyes antes citadas y como
parte de la preparación de un reglamento de zonificación
especial para las reservas agrícolas de Puerto Rico, la
Junta celebró vistas públicas, los días 15 y 19 de febrero
de 2002. Se discutió lo relacionado a los mapas
correspondientes a las reservas agrícolas de Lajas y
Coloso. En una segunda vista pública, celebrada los días 12
y 13 de febrero de 2003, se presentó nuevamente la
delimitación de las reservas agrícolas de Lajas y Coloso
modificadas, se incluyó la delimitación del Valle de
Guanajibo y el propuesto Reglamento de Zonificación
Especial para las Reservas Agrícolas de Puerto Rico.8 Alega
la Junta que las audiencias públicas se celebraron en los
municipios de San Juan, Mayagüez, Lajas, Aguada y Sabana
Grande, según fueron señaladas.9
El 5 de diciembre de 2003, la Junta, mediante
Resolución, adoptó el Reglamento de Zonificación Especial
para las Reservas Agrícolas de Puerto Rico, Reglamento de
Planificación Núm. 28, en adelante el Reglamento de
Planificación Núm. 28.10 Los Mapas de Delimitación y
Zonificación Especial para las Reservas Agrícolas de los
8 Apéndice del Recurso de Certiorari ante nos (en adelante “Apéndice”), pág. 27. 9 Petición de Certiorari, pág. 6. 10 Resolución JP-RP-2003, Reglamento de Zonificación Especial para las Reservas Agrícolas de Puerto Rico, Núm. 28, Junta de Planificación de Puerto Rico, 13 de febrero de 2004. Véase además, Apéndice, págs. 27-29. CC-2004-946 6
valles de Lajas, Coloso y Guanajibo se hicieron formar
parte integral del Reglamento.11
El 23 de enero de 2004, mediante la Orden Ejecutiva
OE-2004-08, la Gobernadora de Puerto Rico, Honorable Sila
M. Calderón, aprobó el Reglamento de Planificación Núm. 28,
supra, y los Mapas de Delimitación y Zonificación Especial
para las Reservas Agrícolas de los valles de Lajas, Coloso
y Guanajibo. Dicho Reglamento entró en vigor el 7 de
febrero de 2004.12
Así las cosas, el 8 de marzo de 2004, el Frente Unido
Pro Defensa del Valle de Lajas, la Asociación de
Agricultores de Puerto Rico, el Colegio de Agrónomos de
Puerto Rico y Louis G. Meyer, en adelante el Frente Unido,
instaron oportunamente un recurso de revisión
administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Impugnaron
la aprobación del referido reglamento en cuanto a la
delimitación de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas.
Alegaron que la Junta erró al excluir de los límites de la
Reserva Agrícola del Valle de Lajas terrenos con acceso a
riego y alta productividad agrícola, en contravención a lo
11 Íd. 12 Conforme al Artículo 28 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 63 y a la sección 2.8 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2128(a)(1), los reglamentos adoptados por la Junta de Planificación y aprobados por el Gobernador, entrarían en vigor a los quince (15) días de su aprobación. CC-2004-946 7
dispuesto en el artículo 2 de la Ley Núm. 277 de 20 de
agosto de 1999, supra.13
Por su parte, la Junta adujo que el motivo de la
exclusión de los terrenos en controversia se debió a que
los mismos fueron afectados por desarrollos no agrícolas y
a que su condición natural no exhibía las características
propias de suelos de alta productividad agrícola. Además,
añadió, que debido a que estos terrenos representan el
crecimiento natural y futuro del Municipio de Lajas y
tomando en consideración que este Municipio necesita
espacio para su desarrollo y crecimiento urbano, decidieron
excluir tales terrenos colindantes con el área urbana y
construida, de la delimitación de la Reserva.14
El 25 de junio de 2004, el Tribunal de Apelaciones
dictó Sentencia, archivada en autos copia de su
notificación a las partes el 9 de julio de 2004, mediante
la cual revocó la Resolución recurrida y declaró inválido
el Reglamento de Planificación Núm. 28, supra. Determinó
que la actuación de la Junta de excluir terrenos con acceso
a riego de la Reserva Agrícola del Valle de lajas, es
contraria al mandato legislativo establecido en el artículo
2 de la Ley Núm. 277 de 20 de agosto de 1999, supra, por lo
que actuó de manera arbitraria y caprichosa.15
13 Apéndice, pág. 44. 14 Íd., págs. 4-5. 15 Íd., pág. 13. CC-2004-946 8
Oportunamente, el 28 de julio de 2004, el Frente Unido
presentó moción de reconsideración solicitando que la
sentencia se limitara en su aplicación a la Reserva
Agrícola del Valle de Lajas y a los mapas que delimitan el
área comprendida en ella.16
El 26 de agosto de 2004, el Tribunal de Apelaciones
emitió resolución, archivada en autos copia de su
notificación el 13 de septiembre de 2004, declarando con
lugar la moción de reconsideración presentada por el Frente
Unido. En dicha resolución se modificó la Sentencia del 25
de junio de 2004, limitando el alcance de la misma a
declarar inválida la aplicación del Reglamento de
Planificación Núm. 28, supra, sobre la Reserva Agrícola del
Valle de Lajas, sin alcanzar ni invalidar la aplicación del
referido reglamento a las otras reservas agrícolas.17
El 26 de agosto de 2004, la Junta presentó “Solicitud
de Dispensa para Unirnos a la Moción de Reconsideración de
la Parte Recurrente y para Hacer otros Planteamientos,
entre ellos uno Jurisdiccional” y una “Moción de
Desestimación por Falta de Jurisdicción, de Reconsideración
y en Apoyo a Otro de la Parte Recurrente.”18
En ellas, la Junta alegó, en síntesis, que debido a un
error de oficina en el manejo de la correspondencia, no
16 Íd., págs. 200-202. 17 Entiéndase que tal dictamen no se extendería a las Reservas Agrícolas de los Valles de Coloso y Guanajibo. 18 Apéndice, págs. 203-215. CC-2004-946 9
tuvo oportunidad de reaccionar a la moción de
reconsideración del Frente Unido dentro del término
dispuesto por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.19
Por lo cual, desconociendo de su presentación, acudió
prematuramente al Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante
recurso de certiorari.20 Indicó, además, que la exclusión de
los terrenos con acceso a riego de la Reserva Agrícola del
Valle de Lajas se llevó a cabo por insistencia del
municipio de Lajas, al éste entender que los terrenos no
tenían valor agrícola por estar localizados cerca del
pueblo y por la tendencia natural de crecimiento
poblacional en esa dirección.21 Finalmente, la Junta señaló
que el recurso de revisión administrativo se le notificó
únicamente a ella y no al municipio de Lajas, parte
interesada, indispensable y directamente afectada por la
determinación a tomarse, por lo que se actuó en
contravención a lo dispuesto en el Reglamento del Tribunal
de Apelaciones, supra, y en la jurisprudencia dictada por
este Tribunal. Concluyó que cualquier sentencia que se
dicte sin la inclusión del municipio de Lajas como parte,
adolece de nulidad por falta de jurisdicción.22
19 In re Aprobación Reglamento TCA, res. 21 de julio de 2004, 162 D.P.R. ___ (2004), 2004 T.S.P.R. 121. 20 Apéndice, págs. 203-205. Este recurso recibió el número CC-2004-729 y se ordenó el archivo del mismo por desistimiento, mediante Resolución de 27 de septiembre de 2004. 21 Íd., pág. 206. 22 Íd., págs. 206-215. CC-2004-946 10
El 1 de septiembre de 2004, el Tribunal de Apelaciones
emitió una Resolución, en la que determinó lo siguiente:
A la moción de desestimación y de reconsideración de la Junta de Planificación, no ha lugar. Véase la Regla 84(A) de nuestro Reglamento de 20 de julio de 2004, 2004 J.T.S. 112.23
Inconforme con la resolución del foro intermedio
apelativo, el 13 de octubre de 2004, la Junta acudió ante
nos mediante el presente recurso de Certiorari. Señaló como
errores los siguientes:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al declararse sin jurisdicción para entender y resolver en los méritos los planteamientos de la aquí Peticionaria contenidos en su escrito ante dicho foro titulado: Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción, de Reconsideración y en Apoyo a Otra de la Parte Recurrente.
Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que la exclusión de terrenos con acceso a riego de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas es contrario al mandato legislativo establecido en el Artículo 2 de la Ley Núm. 277 del 20 de agosto de 1999, según enmendada, 23 L.P.R.A., sec. 7031.
Contando con la comparecencia de ambas partes, estamos
en posición de resolver.
II
La Regla 47 de Procedimiento Civil24 establece, en lo
pertinente, lo siguiente:
23 Íd., pág. 22. 24 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 47. CC-2004-946 11
La parte adversamente afectada por una resolución final o sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones podrá, dentro del término improrrogable de quince (15) días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la resolución o sentencia, presentar una moción de reconsideración. El término para apelar o recurrir al Tribunal Supremo comenzará a contarse de nuevo a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución o sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones resolviendo definitivamente la moción de reconsideración. (Énfasis Suplido)
La Regla 53.1 (h)25 de dicho cuerpo reglamentario
establece que una oportuna moción de reconsideración
presentada ante el Tribunal de Apelaciones, interrumpe el
transcurso del término para presentar ante el Tribunal
Supremo una solicitud de certiorari.
En ocasiones anteriores, este Tribunal ha expresado
que el término de quince días (15) para presentar una
moción de reconsideración es uno jurisdiccional.26
La sección 2 del Artículo V de la Constitución de
Puerto Rico27 y el artículo 4.004 de la Ley de la Judicatura
de 2003, según enmendada,28 facultan al Tribunal Supremo de
Puerto Rico a aprobar las reglas internas que regirán los
procedimientos y la organización del Tribunal de
25 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 53.1(h). 26 Reyes v. E.L.A., et al., res. 7 de diciembre de 2001, 155 D.P.R.___(2001), 2001 T.S.P.R. 168; Vega Maldonado v. Alicea Huacuz, 145 D.P.R. 236, 240 (1998); Barletta v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 690, 692 (1972). 27 Artículo V, Sección 2, Constitución del E.L.A., 1 L.P.R.A. 28 4 L.P.R.A. sec. 24w. CC-2004-946 12
Apelaciones. El 20 de julio de 2004 aprobamos el Reglamento
del Tribunal de Apelaciones, supra. Este Reglamento entró
en vigor inmediatamente después de su aprobación y el mismo
es aplicable a todos los procedimientos pendientes ante el
Tribunal de Apelaciones.29
El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra,
establece las reglas a aplicar a todos los recursos
presentados ante el Tribunal de Apelaciones y las
específicamente aplicables al proceso de revisión de
decisiones administrativas. En cuanto a las mociones de
reconsideración, la Regla 84 del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones, supra, dispone lo siguiente:
(A) Cualquier moción de reconsideración sobre cualquier asunto civil o criminal, deberá ser presentada dentro del plazo improrrogable de quince (15) días contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución o sentencia del Tribunal de Apelaciones.
La presentación oportuna de una moción de reconsideración paralizará los términos para apelar o recurrir ante el Tribunal Supremo.
El término para apelar o recurrir al Tribunal Supremo comenzará a contarse de nuevo a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución o sentencia del Tribunal de Apelaciones que resuelva definitivamente moción de reconsideración.
(B) La moción de reconsideración discutirá solo los asuntos específicos respecto de los cuales la parte promovente considere que el Tribunal erró en la determinación de hecho o en la aplicación del derecho.
29 In re Aprobación Reglamento TCA, supra, R. 89. CC-2004-946 13
Dentro de diez (10) días desde la presentación de la moción o en el término que determine el Tribunal, la parte promovida podrá presentar su oposición, luego de lo cual la moción de reconsideración quedará sometida para adjudicación. El Tribunal podrá resolver una moción de reconsideración en cualquier momento.(...)(Énfasis suplido)
También es norma conocida en nuestro ordenamiento que
las cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada y
deben ser resueltas con preferencia.30 Todo tribunal tiene
el deber ministerial de, una vez cuestionada su
jurisdicción o motu proprio, examinar y evaluar
rigurosamente tal asunto pues éste incide directamente
sobre el poder mismo para adjudicar una controversia.31 Por
ser éste un planteamiento de naturaleza privilegiada, puede
hacerse en cualquier etapa del procedimiento,32 entiéndase
ante el foro primario o en etapa apelativa. No obstante, el
hecho de que pueda presentarse en cualquier etapa no
significa que no deban utilizarse los mecanismos procesales
adecuados con sus respectivos términos de presentación. Si
se va a levantar alguna cuestión jurisdiccional ante el
Tribunal de Apelaciones, mediante una moción de
reconsideración, ésta debe hacerse dentro del término
jurisdiccional de quince (15) días dispuesto por ley. Si es
30 Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., res. 3 de enero de 2003, 158 D.P.R.___ (2003); 2003 T.S.P.R. 1. 31 Íd; Souffront et al. v. A.A.A., res. 21 de abril de 2005, 164 D.P.R.___ (2005); 2005 T.S.P.R. 49. 32 Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991). CC-2004-946 14
presentada tardíamente, la misma no podrá ser atendida por
ese foro.
En el caso ante nos, el Tribunal de Apelaciones, en su
Resolución del 1 de septiembre de 2004, declaró no ha lugar
la moción de desestimación y de reconsideración presentada
por la Junta. Sostuvo su dictamen en lo dispuesto en la
Regla 84(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,
supra, la cual establece que toda moción de reconsideración
debe ser presentada en un plazo improrrogable de quince
(15) días, contados a partir del archivo en autos de copia
de la notificación de la resolución o sentencia del
Tribunal de Apelaciones.
De los autos surge que la sentencia del Tribunal de
Apelaciones se dictó el 25 de junio de 2004, archivada en
autos copia de su notificación a las partes el 9 de julio
de 2004. De conformidad con lo expuesto en la disposición
citada, cualquier moción de reconsideración debía ser
presentada dentro del término jurisdiccional e
improrrogable de quince (15) días, el cual vencía el sábado
24 de julio, que se extendió hasta el próximo día
laborable, miércoles 28 de julio de 2004.33 No fue hasta
el 26 de agosto de 2004, pasado el plazo improrrogable de
quince (15) días, que la Junta presentó ante el Tribunal de
Apelaciones su solicitud de dispensa para unirse a la
moción de reconsideración del Frente Unido y la moción de
desestimación y de reconsideración.
33 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 68.1. CC-2004-946 15
A la luz de lo anterior, concluimos que la moción
instada por la Junta fue presentada tardíamente. Aunque en
su moción la Junta alegó un problema de jurisdicción, no
deja de ser una moción de reconsideración que debía ser
presentada dentro del término jurisdiccional
correspondiente para poder ser atendida por el Tribunal de
Apelaciones.
La moción de reconsideración presentada oportunamente
por el Frente Unido el 28 de julio de 2004, ante el
Tribunal de Apelaciones, interrumpió el término
jurisdiccional para que cualquiera de las partes acudiera
en alzada al Tribunal Supremo. No obstante, no paralizó el
término para que la Junta presentara su moción de
reconsideración. Si la Junta interesaba que fuera el
Tribunal de Apelaciones quien resolviera el planteamiento
de jurisdicción, tenía que plantearlo en su alegato ante
tal foro, o presentar una moción de reconsideración en el
término jurisdiccional de quince días (15). En vista de que
no cumplió con el término jurisdiccional para presentar su
moción de reconsideración, actuó correctamente el Tribunal
de Apelaciones al declararla no ha lugar por presentación
tardía.
No obstante, la Junta acudió oportunamente ante nos e
impugnó la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones. Alega
que la sentencia dictada por dicho foro fue emitida sin
autoridad y facultad para hacerlo. Tal como mencionamos al
exponer la doctrina sobre falta de jurisdicción, esta Curia CC-2004-946 16
puede auscultar ese asunto por ser una materia privilegiada
que puede ser examinada en cualquier etapa del
procedimiento, incluso en esta etapa final.
Veamos, pues, los méritos del planteamiento de falta
de jurisdicción alegado por la Junta ante el Tribunal de
Apelaciones, asunto que no fue atendido por ese Tribunal,
por los motivos previamente indicados.
III
A.
Definiciones: Distinción proceso de reglamentación y
adjudicación.
La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, en
adelante L.P.A.U., Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988,
según enmendada34, establece las características y
requisitos que las agencias administrativas deben cumplir
en los procesos de reglamentación y de adjudicación. La
exposición de motivos de dicha ley lee, en lo pertinente,
como sigue:
La medida sistematiza y crea un cuerpo uniforme de reglas mínimas que toda agencia deberá observar al formular reglas y reglamentos que definan los derechos y deberes legales de una clase particular de personas. Contiene, además, otro cuerpo de normas distintas para gobernar las determinaciones de una agencia en procesos adjudicativos al emitir una orden o resolución que define los derechos y deberes legales de personas específicas.35
34 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq. 35 Exposición de Motivos de la L.P.A.U., supra. CC-2004-946 17
Los procesos adjudicativos y de reglamentación son
diferentes. El proceso de adjudicación es uno cuasi-
judicial y de reglamentación es uno cuasi-legislativo.
Es importante, precisar cuáles son las definiciones
provistas por la L.P.A.U., supra, referente a los términos
o frases utilizados en los diferentes procesos
administrativos. Ese estatuto define el concepto de
reglamentación como aquél sujeto a un procedimiento
mediante el cual una agencia formula, adopta, enmienda o
deroga una regla o reglamento.36 Además, define regla o
reglamento de la forma siguiente:
...cualquier norma o conjunto de normas de una agencia que sea de aplicación general que ejecute o interprete la política pública o la ley, o que regule los requisitos de los procedimientos o prácticas de una agencia. El término incluye la enmienda, revocación o suspensión de una regla existente. (...)37 (Énfasis suplido)
La L.P.A.U., supra, dispone sobre el proceso que debe
cumplir una agencia administrativa para aprobar un
reglamento y el alcance de la participación de la
ciudadanía durante la conducción del mismo. Establece el
mínimo de participación ciudadana que la adopción de un
reglamento puede tener. En su sección 2127, dispone cómo y
en cuanto tiempo un reglamento puede ser impugnado de su
faz. Dicha disposición estatutaria lee de la forma
siguiente:
36 3 L.P.R.A. sec. 2102(m). 37 3 L.P.R.A. sec. 2102(l). CC-2004-946 18
(a) Una regla o reglamento aprobado después de la fecha de efectividad de este capítulo será nulo si no cumpliera sustancialmente con las disposiciones de este capítulo.
(b) Cualquier acción para impugnar la validez de su faz de una regla o reglamento por el incumplimiento de las disposiciones de este capítulo deberá iniciarse en el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de vigencia de dicha regla o reglamento. La competencia sobre la acción corresponderá al Circuito de la región judicial donde está ubicado el domicilio del recurrente.
(c) La acción que se inicie para impugnar el procedimiento seguido al adoptar las reglas o reglamentos de que se trate no paralizará la vigencia de los mismos, a menos que la ley al amparo de la cual se adopta disponga expresamente lo contrario. (Énfasis Suplido)38
Cualquier persona puede impugnar la validez de una
regla o reglamento aprobado por una agencia administrativa
por el incumplimiento de las disposiciones de la L.P.A.U.,
supra, dentro del término de treinta (30) días, haya
participado o no durante la celebración de las vistas
públicas celebradas, como parte del proceso para su
aprobación. No tiene que ser afectado por la aplicación de
dicha regla o reglamento para tener la capacidad para
promover la referida impugnación ante el Tribunal de
Apelaciones. No obstante, cualquier persona afectada por
la aplicación de una regla o reglamento aprobado por una
agencia administrativa podrá impugnar la validez
38 Íd., sec. 2127. CC-2004-946 19
constitucional del mismo, en cualquier momento, ante el
Tribunal de Primera Instancia.39
En el primer error señalado, la Junta alega que
durante el proceso de preparación del reglamento y
delimitación de las reservas agrícolas, participaron los
municipios que tienen comprendidos parte de sus terrenos en
la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. Señala la Junta que
“[e]specialmente el municipio de Lajas, a través de su
alcalde, tuvo una participación activa e intensa en el
proceso, incluyendo su comparecencia a las vistas públicas
celebradas.”40 Alega la Junta que los municipios de Sabana
Grande, San Germán, Cabo Rojo, Guánica, Yauco y
especialmente Lajas eran partes que tenían derecho a que se
les notificara con copia del recurso de revisión, instado
ante el Tribunal de Apelaciones, y que al no haber sido
notificados con copia del mismo, dicho foro intermedio
apelativo dictó una sentencia sin jurisdicción para actuar.
Sostuvo su planteamiento en Lugo Rodríguez v. Junta de
Planificación.41 No le asiste la razón. Allí establecimos
que los que participan activamente durante un procedimiento
administrativo adjudicativo y cuyos derechos y obligaciones
puedan verse afectados por la acción o inacción de la
agencia, son “parte”, por lo que es necesario se les
39 Asoc. Dueños Casas Parguera, Inc. v. J.P., 148 D.P.R. 307 (1999). 40 Recurso de Certiorari, pág. 13. 41 150 D.P.R. 29. CC-2004-946 20
notifique con copia del recurso de revisión instado ante el
Tribunal de Apelaciones. Ese no es el caso ante nos.
El proceso de reglamentación es uno de aplicación
general y no uno de aplicación particular, en el que se
adjudican derechos u obligaciones de una o más personas
específicas, como sucede en un proceso adjudicativo. En el
proceso de adopción de una regla o reglamento no se
adjudica una controversia entre una o más personas
específicas, es decir entre partes, sino que se establece
una norma de aplicación general. Así pues, a diferencia de
la adjudicación, en la que la expedición de órdenes de
aplicación particular determina los derechos y obligaciones
de partes específicas, la reglamentación dispone sobre la
promulgación de reglas de aplicación general que encarnan
una política o prescriben una norma legal.42 Por ser de
aplicación general, el proceso de formulación y de
aprobación de reglamentación conducido por las diferentes
agencias administrativas en nuestra jurisdicción, afecta a
la comunidad. Respecto a esta distinción, en Luan
Investment Corp. v. Román,43 indicamos lo siguiente:
Los mapas de zonificación y sus enmiendas representan la forma visual y práctica de instrumentar los reglamentos de zonificación y sus enmiendas. Su aprobación y enmiendas no son actos de naturaleza adjudicativa, dirigidos a resolver una controversia entre una o más personas, sino que son actos
42 D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia, Forum, 2001, pág. 108. 43 125 D.P.R. 533 (1990). CC-2004-946 21
productos de los instrumentos con los cuales el Estado ha provisto a la Junta para reglamentar el uso de la tierra en Puerto Rico, de manera que se logre un desarrollo integral y balanceado de nuestra sociedad.44
Surge de lo antes citado, que el caso ante nos, por
ser un proceso para aprobar un reglamento de zonificación y
para delimitar unos mapas de zonificación, es un proceso
cuasi-legislativo y no de naturaleza adjudicativa.
Es “parte” aquél que participa activamente en un
proceso administrativo adjudicativo y cuyos derechos y
obligaciones pueden verse afectados por la actuación de la
agencia. No obstante, el caso Lugo Rodríguez v. Junta de
Planificación, supra, en el cual hicimos tal
pronunciamiento, se trataba de un proceso adjudicativo, en
el cual se sometió ante la Junta de Planificación una
consulta de ubicación que proponía el desarrollo de un
proyecto comercial. Diferente es este caso, pues estamos
ante un proceso de reglamentación, donde no existen partes
como tal ante la agencia y no se hace ninguna determinación
específica sobre sus derechos y obligaciones, sino que se
establecen normas de aplicación general.
La Ley Orgánica de la Junta, Ley Núm. 75, de 24 de
junio de 1975, supra, provee para que antes de adoptar o
enmendar un reglamento, la Junta celebre vistas públicas
luego de dar aviso al público, de la fecha, sitio y
naturaleza de la celebración de las mismas. La L.P.A.U.,
supra, no le requiere a las agencias que provean una
44 Íd., pág. 547. CC-2004-946 22
participación ciudadana análoga a la de los procedimientos
adjudicativos. De hecho, las agencias administrativas
tienen discreción para citar a vistas públicas y la misma
sólo será obligatoria en los casos en que el estatuto
orgánico de la agencia lo requiera.45 No podemos considerar
como “parte” a todas las personas que participan
activamente durante la celebración por la Junta de las
vistas públicas. Considerar como “parte” a esas personas y
garantizarle todos los derechos que ello implica en un
proceso adjudicativo, es contrario al ordenamiento
establecido en la L.P.A.U., supra, y a la naturaleza misma
del proceso cuasi-legislativo de reglamentación.
Es en los procesos de adjudicación, ya sea por una
querella ante la agencia o cuando se solicita algún permiso
o autorización que otra parte objeta, donde existen partes
adversas respecto a algún asunto, y por tanto, una
controversia ante la agencia. Por el contrario, el proceso
dirigido a la formulación y aprobación de un reglamento que
conducen las agencias administrativas, no es un
procedimiento en el que partes adversas dilucidan sus
derechos y obligaciones, y en el que se adjudica una
controversia. La regla o reglamento pautado por la agencia
puede ser impugnado al entrar en vigor, comenzando así el
proceso de revisión judicial de su aprobación.46 Una vez se
presenta el recurso de revisión ante el Tribunal de
45 3 L.P.R.A. sec. 2123. 46 3 L.P.R.A. sec. 2127. CC-2004-946 23
Apelaciones con tal propósito, el que impugna la actuación
administrativa es el recurrente y la agencia pertinente, la
recurrida; sólo entonces es que existe un proceso
adversativo ante un tribunal, y por lo tanto, “partes” ante
Requerir que se notifique de la presentación de un
recurso de revisión judicial ante el Tribunal de
Apelaciones a todas las personas que comparecen y
participan activamente en las vistas públicas celebradas
ante una agencia administrativa, durante un proceso
dirigido a la aprobación de determinado reglamento,
haciendo recomendaciones, reseñando inquietudes o aportando
información, sería trastocar dicho procedimiento y alterar
su naturaleza. Resulta excesivamente oneroso para la parte
que quiera impugnar un reglamento de su faz, el tener que
cumplir con tal requisito. Formular una norma
jurisprudencial para establecer dicho requisito sería crear
mediante fiat judicial una normativa nueva, contraria a la
dispuesta en la L.P.A.U., supra, para el proceso de
reglamentación conducido por las agencias administrativas.
No actuó sin jurisdicción el Tribunal de Apelaciones.
Resolver lo contrario, o sea acceder a la petición de la
Junta de que debía notificarse con copia del recurso de
revisión al municipio de Lajas y a los otros municipios,
sería desnaturalizar el proceso de reglamentación que deben
seguir las agencias administrativas y además, sería girar CC-2004-946 24
en contra de la propia intención legislativa claramente
establecida en la L.P.A.U., supra.
En conclusión, por no existir “partes” a quienes se
dirija específicamente la acción de la agencia en este
caso, no es de aplicación el requisito de notificar con
copia del recurso de revisión administrativa ante el
Tribunal de Apelaciones a aquellas personas naturales o
jurídicas que hayan participado en las vistas públicas ante
la agencia. La ley señala que es “parte” el promovente, el
promovido, el interventor y aquél designado como tal. Los
referidos municipios no fueron parte promovida, promovente,
o interventora, pues no se trató aquí de un proceso de
adjudicación ante la agencia, sino de un proceso de
reglamentación. Los municipios aludidos no son “parte” a
los efectos de la notificación requerida por la sección 4.2
de la L.P.A.U., supra, y del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones, supra.
Concluimos que el requisito de notificación a las
partes que se establece en la sección 4.2 de la L.P.A.U.,
supra, a todas luces, se refiere únicamente al proceso de
adjudicación ante una agencia administrativa y no al de
reglamentación.
IV
La Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de la
Ley Núm. 277, supra, reconoció expresamente la importancia
agrícola de los terrenos que componen el Valle de Lajas. La CC-2004-946 25
aprobación de dicha ley obedeció al objetivo de continuar
el desarrollo de la agricultura en esa región, por lo que
se declaró el Valle de Lajas como una reserva agrícola.47
En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 277,
supra, la Asamblea Legislativa explica las razones por las
cuales interesa proteger la Reserva Agrícola del Valle de
Lajas. Expresa, en lo que nos atañe, lo siguiente:
A medida que transcurren los años, el aumento en la población y la demanda por áreas para desarrollo urbano obligan a las agencias reguladoras a trabajar en mayor coordinación para garantizar que las tierras con potencial agrícola sean preservadas para dichos fines exclusivamente. Es de conocimiento que el Valle de Lajas, por su topografía llana y de fácil manejo constituye un gran atractivo para desarrollos residenciales, comerciales, industriales, turísticos y recreativos. Sin embargo, una planificación adecuada de las actividades agrícolas en todo el Valle de Lajas y un eficiente mantenimiento y operación del sistema de riego puede volver a convertir estos terrenos en el granero de Puerto Rico, ya que son ideales para las siembras de maíz, arroz, habichuelas y sorgo, entre otras cosechas.
La preservación de los terrenos del Valle de Lajas para el desarrollo agrícola requiere del establecimiento de una política pública enérgica que contribuya al cumplimiento de estos propósitos, y conlleva el establecimiento de una zonificación especial y claramente definida. También es necesario que se fomente el establecimiento de nuevas empresas agrícolas que contribuyan al desarrollo económico de la zona y por consiguiente, a la creación de empleos en este sector de la economía. Con la zonificación agrícola de estos terrenos se evitará el desarrollo desarticulado de otras
47 Frente Unido v. Secretario de Justicia, 151 D.P.R. 117, 125 (2000). CC-2004-946 26
empresas o desarrollos no agrícolas y se garantizará la preservación de estos terrenos para generaciones futuras.
La Asamblea Legislativa, en atención a la necesidad primordial de aprovechar al máximo estos terrenos de alto rendimiento agrícola para beneficio del Pueblo de Puerto Rico, declara los terrenos comprendidos dentro del Valle de Lajas como una reserva agrícola y ordena a la Junta de Planificación, en coordinación con el Departamento de Agricultura, el establecimiento de una zonificación especial para el ordenamiento de esos terrenos.(Énfasis suplido.)
Con el propósito de continuar con el desarrollo de la
agricultura en la región suroeste de Puerto Rico, la
Asamblea Legislativa declaró el Valle de Lajas como una
reserva agrícola y ordenó adoptar una resolución de
zonificación especial para reservar y destinar las fincas
comprendidas dentro de dicho Valle a la producción y
desarrollo agrícola.48 En el Artículo 2 de la Ley Núm. 277,
supra, se indica lo siguiente:
La Junta de Planificación, en coordinación con el Departamento de Agricultura, deberá llevar a cabo todos los estudios necesarios de las fincas comprendidas dentro del denominado Valle de Lajas, para el ordenamiento de esos terrenos mediante la promulgación y adopción de una Resolución de Zonificación Especial, a los fines de reservar y destinar las fincas del referido Valle a la producción y desarrollo agrícola. Para este propósito, podrá requerir a todo ente gubernamental o privado, apoyo pericial o de campo. En la Zonificación Especial deben estar incluidas además de las tierras que actualmente tienen acceso a riego, aquellas que en el futuro puedan tenerlo y que se identifiquen como de valor agrícola.
48 Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 277, supra, 23 L.P.R.A. secs. 7030-7031. CC-2004-946 27
De igual forma, aquellas tierras que colinden con las identificadas como de valor agrícola y que sirvan de zonas de amortiguamiento deberán estar incorporadas en la Zonificación Especial.(Énfasis 49 suplido)
De forma clara y expresa, el legislador ordenó que los
siguientes terrenos debían ser incluidos en la Zonificación
Especial: los predios que actualmente tienen acceso a
riego; aquellos que en el futuro puedan tenerlo y se
identifiquen como de valor agrícola; y los que colindan con
los identificados como de valor agrícola y sirvan de zonas
de amortiguamiento.50
En la esfera administrativa, la ley es la fuente legal
o el medio que le confiere el poder a una agencia
administrativa para velar por el cumplimiento de su ley
habilitadora.51 La ley habilitadora es el mecanismo legal
que autoriza y delega a la agencia administrativa los
poderes para que actúe conforme al propósito perseguido en
dicha ley.52 Por lo cual, un reglamento promulgado por una
agencia administrativa no puede estar en conflicto con la
ley habilitadora.53 La función de los tribunales, ante un
recurso de revisión judicial de un reglamento, consiste en
49 23 L.P.R.A. sec. 7031. 50 Frente Unido v. Secretario de Justicia, supra, pág. 125. 51 Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., res. 18 de junio de 2002, 157 D.P.R.___ (2002); 2002 T.S.P.R. 83. 52 Íd. 53 Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Pub., res. 4 de octubre de 2002, 158 D.P.R.___ (2002); 2002 T.S.P.R. 133; Franco v. Depto. de Educación, 148 D.P.R. 703 (1999). CC-2004-946 28
examinar la validez de una reglamentación de una agencia
administrativa. Tal ejercicio ha de ir dirigido a evaluar:
(1) si la actuación administrativa está autorizada por ley;
(2) si se delegó poder de reglamentación; (3) si la
reglamentación promulgada está dentro de los amplios
poderes delegados; (4) si al aprobarse el reglamento se
cumplió con las normas procesales de la ley orgánica y de
las leyes especiales, y (5) si la reglamentación es
arbitraria o caprichosa.54
Los tribunales no deben perder de perspectiva que “un
reglamento promulgado para implementar [sic] la ejecución
de una ley puede complementarla, pero no estar en conflicto
con ésta.”(Énfasis suplido)55 Si el reglamento está en
conflicto con la ley habilitadora que permite y promueve su
creación, la disposición reglamentaria tiene que ceder ante
el mandato legislativo.56 Un reglamento es nulo si
claramente está en conflicto o en contra de la ley.57
En el caso ante nos, la Junta, al expedir su
resolución para adoptar el Reglamento de Planificación Núm.
28, supra, excluyó de la zonificación especial terrenos que
54 Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, res. 5 de febrero de 2002, 156 D.P.R.___ (2002); 2002 T.S.P.R. 13; Franco v. Depto. de Educación, supra, pág. 711; M.& B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319, 326 (1987). 55 Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, supra; Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Pub., supra; P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 409 (1980) 56 Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Pub., supra. 57 P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, supra. CC-2004-946 29
actualmente tienen acceso a riego. En dicha resolución
expresó lo siguiente:
Se reconoce que al Este del Municipio de Lajas y al Sur de la Carretera PR-117, aunque son terrenos servidos por el sistema de riego, han sido afectados por desarrollos no agrícolas. Asimismo, el Municipio de Lajas necesita espacio para su desarrollo y crecimiento urbano, aspecto que estaba contemplado en el propuesto Plan Territorial de Lajas sometido en el año 1999. Por ello, en ánimo de atender el interés público de satisfacer dicho crecimiento, se excluyen de la delimitación de la Reserva aquellos terrenos que colindan con el área urbana y construida y que representan el crecimiento natural futuro de dicho municipio.58
La Junta expresó que tal exclusión se debió a que
dichos terrenos fueron afectados por desarrollos no
agrícolas y a que la condición natural de los mismos no
exhibía las características propias de suelos de alta
productividad agrícola.59 También señaló que en vista de que
el Municipio de Lajas necesita espacio para su desarrollo y
crecimiento urbano, se excluyeron de la Reserva aquellos
terrenos que colindan con el área urbana y construida, que
representan el crecimiento natural futuro de dicho
municipio.
Surge de la propia Ley 277, supra, que la Junta
llevaría a cabo los estudios necesarios para adoptar el
reglamento de zonificación especial en controversia en
conjunto con el Departamento de Agricultura.60 De la propia
58 Resolución JP-RP-2003, supra. 59 Apéndice, pág. 4. 60 23 L.P.R.A. sec. 7031. CC-2004-946 30
28, supra, surge que el Departamento de Agricultura
participó activamente en el proceso de preparación del
reglamento, y durante la celebración de las vistas
públicas. En su ponencia presentada ante la Junta el 12 de
febrero de 2003, expresó que los terrenos al margen este
del Municipio de Lajas muestran condiciones adecuadas para
ser identificados como de alto valor agrícola.61
El Tribunal de Apelaciones entendió que la actuación
de la Junta fue arbitraria y caprichosa, pues el Artículo 2
de la Ley Núm. 277, supra, no provee excepciones respecto a
los terrenos con acceso a riego, por lo que dicha agencia
erró al ejercer una discreción que no le confirió la
Asamblea Legislativa. Determinó lo siguiente:
De la letra del Artículo 2 de la Ley 277, id., se desprende claramente que el mero hecho de que las tierras tengan acceso a riego las incluye dentro de la zonificación especial. Ello es así independientemente de que esas tierras posean o no valor agrícola. Es para aquellas tierras que no poseen acceso a riego actualmente, pero que en el futuro puedan tener acceso a riego, que se requiere “que se identifiquen como de valor agrícola.” Id.62
En el recurso presentado ante nos, la Junta arguye que
el propósito de la Ley 277, supra, es que se incluyan
dentro de la reserva agrícola los terrenos servidos por
riego o que puedan servirse, pero que tengan valor
61 Apéndice, pág. 136. 62 Íd, págs. 9-10. CC-2004-946 31
agrícola.63 Alega, además, que el Tribunal de Apelaciones
ignoró que los terrenos a incluirse en la reserva tienen
que identificarse como de valor agrícola.
Aplicando la normativa antes expuesta, concluimos que
la Junta excedió sus facultades al excluir de la
delimitación de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas los
terrenos servidos por el sistema de riego descritos en la
28, supra.
Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la
letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de
cumplir su espíritu.64 De igual manera, ante un lenguaje
claro e inequívoco del legislador, el texto de la ley es la
expresión por excelencia de la intención legislativa.65
Interpretar la ley en forma contraria a la evidente
intención del legislador, implicaría la usurpación de las
prerrogativas de la rama legislativa.66 Por estos motivos,
los tribunales debemos siempre considerar cuáles fueron los
propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa al
aprobar una legislación, de manera que su interpretación
asegure la efectividad de la intención legislativa.67
63 Recurso de Certiorari, pág. 15. 64 Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14. 65 Pérez Pérez v. Mun. de Lares, res. 27 de noviembre de 2001, 155 D.P.R.___(2001); 2001 T.S.P.R. 160. 66 Alejandro Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 538 (1996). 67 Pérez Pérez v. Mun. de Lares, supra. CC-2004-946 32
El mandato legislativo de la Ley Núm. 277, supra, fue
incluir en la zonificación especial las tierras que
actualmente tienen acceso a riego.68 Además, entendemos, a
diferencia del Tribunal de Apelaciones, que estos terrenos
tienen cierto valor agrícola. No es meramente que tengan
acceso a riego lo que los hace elegibles para ser parte de
la reserva, sino que sean terrenos con valor agrícola, que
tengan acceso a riego. Deben tener valor agrícola para así
promover el propósito que persigue la Ley 277, supra, el
cual consiste en fomentar el desarrollo agrícola del Valle
de Lajas y protegerlo de desarrollos no agrícolas. No
surge de los autos que los terrenos excluidos carezcan de
valor agrícola. No obstante, la Junta señala que se vieron
afectados por desarrollos no agrícolas y que eran
necesarios para el desarrollo y crecimiento urbano del
Municipio de Lajas. Precisamente, una de las razones por la
cual la Asamblea Legislativa le encomendó a la Junta, en
coordinación con el Departamento de Agricultura, garantizar
la protección de las tierras con potencial agrícola, fue
proteger dichas tierras del desarrollo urbano, cuya demanda
aumenta.69
El Departamento de Agricultura, a diferencia de la
Junta, señala que el área excluida tiene un alto valor
agrícola. Por lo tanto, podemos concluir que los terrenos
excluidos sí tienen valor agrícola aunque el mismo haya
68 Frente Unido v. Srio. de Justicia, supra. 69 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 277, supra. CC-2004-946 33
disminuido por el impacto de desarrollos no agrícolas. La
Ley 277, supra, no establece niveles de valor agrícola a
observar para excluir o incluir terrenos en la reserva;
meramente expresa que si tienen acceso a riego y valor
agrícola, serán incluidos en la reserva.
De las disposiciones legales relacionadas con la
promulgación y adopción de la Zonificación Especial para
las Reservas Agrícolas se desprende que la intención del
legislador fue establecer una política pública enérgica que
contribuya a la preservación de los terrenos del Valle de
Lajas para su desarrollo agrícola. La Asamblea Legislativa,
al declarar los terrenos comprendidos dentro de los valles
de Lajas, Coloso y Guanajibo como reservas agrícolas lo
hizo en atención a la necesidad primordial de aprovechar al
máximo el potencial agrícola de dichos terrenos.70 No
debemos olvidar que las leyes deben ser interpretadas y
aplicadas “sin desvincularlas del problema cuya solución
persiguen, como parte de un todo coherente y armonioso del
ordenamiento jurídico”.71
En vista del inequívoco mandato legislativo, la Junta
actuó en forma ultra vires, más allá de su poder delegado,
para aprobar un reglamento excluyendo de la Reserva
Agrícola del Valle de Lajas terrenos servidos por el
sistema de riego y con valor agrícola. El Tribunal de 70 Íd.; Exposición de Motivos, Ley Núm. 142 de 4 de agosto de 2000 y Ley Núm. 184 de 17 de agosto de 2002, según enmendadas, supra. 71 Franco v. Depto de Educación, supra, pág 716; J.R.T v. A.E.E., 133 D.P.R. 1, 10 (1993). CC-2004-946 34
Apelaciones actuó correctamente al determinar que la Junta
erró al realizar la exclusión de los referidos terrenos en
controversia. Actuó correctamente al decretar como inválido
el Reglamento de Planificación Núm. 28, supra, aprobado
por esa agencia, en cuanto a su aplicación a la Reserva
Agrícola del Valle de Lajas.
V
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la
sentencia recurrida.
EFRAIN E. RIVERA PEREZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
Frente Unido Pro Defensa Del Valle de Lajas, Asociación de Agricultores de P.R., Colegio de Agrónomos de P.R.
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2005
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se confirma la sentencia recurrida.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo