Rivera Segarra y otros v. Rivera Lassén y otros

2024 TSPR 60

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: June 10, 2024
• Docket: CC-2024-0266 cons. con. CC-2024-0267
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Jorge Alfredo Rivera Segarra Representante Distrito 22; Hon. Héctor Santiago Torres Senador Distrito de Guayama; Lcda. Yulixa Paredes Albarrán Aspirante a Representante Distrito 13; y Jorge Quiles Gordillo Aspirante a Representante por Acumulación

Recurridos

v.

Hon. Ana Irma Rivera Lassén Aspirante Comisionada Residente MVC; Edgardo Cruz Vélez Aspirante Comisionado Residente MVC; Alejandro Santiago Calderón Aspirante Senador por Acumulación MVC; Ramón Cruz Díaz Aspirante Senado por Acumulación MVC; Edwin Marrero Martínez Aspirante Senado por Acumulación MVC; Hon. Rafael Bernabe Riefkohl Aspirante Senador por Acumulación MVC; Hon. Mariana Certiorari Nogales Molinelli Aspirante Representante por Acumulación MVC; 2024 TSPR 60 Lcdo. Olvin Valentín Rivera Aspirante Representante por 2013 DPR ___ Acumulación MVC; Gladys Myrna Conty Hernández Aspirante Representante por Acumulación MVC; Anthony Sánchez Aponte Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Sthephen Gil Álamo Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Wilfredo Pérez Torres Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Hon. Jessika Padilla Rivera Presidente Interina CEE; Lcda. Lilliam Aponte Dones Comisionada Movimiento Victoria Ciudadana; Lcda. Vanessa Santo Domingo Cruz Comisionada Partido Nuevo Progresista; Lcda. Karla Angleró Comisionada Partido Popular Democrático; Roberto Iván Aponte Comisionado Partido Independentista Puertorriqueño; Lcdo. Nelson Rosario Comisionado Proyecto Dignidad; y Partido Movimiento Victoria Ciudadana

José “Pichy” Torres Zamora; Keren Riquelme Cabrera; Leyda Cruz Berríos; y Marigdalia Ramírez Fort

Peticionarios ____________________________ CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 2

Hon. Jorge Alfredo Rivera Segarra Representante Distrito 22; Hon. Héctor Santiago Torres Senador Distrito de Guayama; Lcda. Yulixa Paredes Albarrán Aspirante a Representante Distrito 13; y Jorge Quiles Gordillo Aspirante a Representante por Acumulación

Peticionarios

Hon. Ana Irma Rivera Lassén Aspirante Comisionada Residente MVC; Edgardo Cruz Vélez Aspirante Comisionado Residente MVC; Alejandro Santiago Calderón Aspirante Senador por Acumulación MVC; Ramón Cruz Díaz Aspirante Senado por Acumulación MVC; Edwin Marrero Martínez Aspirante Senado por Acumulación MVC; Hon. Rafael Bernabe Riefkohl Aspirante Senador por Acumulación MVC; Hon. Mariana Nogales Molinelli Aspirante Representante por Acumulación MVC; Lcdo. Olvin Valentín Rivera Aspirante Representante por Acumulación MVC; Gladys Myrna Conty Hernández Aspirante Representante por Acumulación MVC; Anthony Sánchez Aponte Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Sthephen Gil Álamo Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Wilfredo Pérez Torres Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Hon. Jessika Padilla Rivera Presidente Interina CEE; Lcda. Lilliam Aponte Dones Comisionada Movimiento Victoria Ciudadana; Lcda. Vanessa Santo Domingo Cruz Comisionada Partido Nuevo Progresista; Lcda. Karla Angleró Comisionada Partido Popular Democrático; Roberto Iván Aponte Comisionado Partido Independentista Puertorriqueño; Lcdo. Nelson Rosario Comisionado Proyecto Dignidad; y Partido Movimiento Victoria Ciudadana

José “Pichy” Torres Zamora; Keren Riquelme Cabrera; Leyda Cruz Berríos; y Marigdalia Ramírez Fort

Recurridos CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 3

Número del Caso: CC-2024-0266 cons. con CC-204-0267

Fecha: 10 de junio de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel III

Representantes legales de los peticionarios:

CC-2024-0266: Lcdo. Ramón L. Rosario Cortés Lcdo. Miguel A. Rodríguez Ramos

CC-2024-0267: Lcdo. Iván A. Rivera Reyes Lcdo. Yuseph L. Lamboy López Lcdo. Nelson J. Torres Yordán

Representantes legales de los recurridos:

Lcdo. Frank Torres Viada Lcda. Alessandra N. Torres García Lcda. Brenda Berríos Morales Lcdo. Carlos Iván Gorrín Peralta Lcdo. Juan M. Mercado Nieves Lcdo. José L. Lamas Rivera Lcdo. Guillermo Ramos Luiña Lcdo. Efraín Guzmán Mollet Lcda. Tamara Sosa Pascual Lcdo. Jorge Farinacci Fernós Lcda. Chery M. Negrón Rosario Lcdo. Francisco J. González Magaz Lcdo. Gerardo De Jesús Annoni Lcdo. Edgardo L. Rivera Rivera Lcda. Wilmarie Santoni Cruz

Representantes legales de los Amicii Curiae:

Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU Puerto Rico): Lcdo. Fermín L. Arraiza Navas Lcda. Lolimar Escudero Rodríguez

Comisión Estatal de Elecciones: Lcdo. Jason Caraballo Oquendo Lcdo. José A. Feliciano Ramos Lcdo. Manuel Fernández Mejías

Materia: Derecho Electoral – Legitimación activa para presentar la causa de acción que establece el Art. 7.5 del Código Electoral de 2020; requisito del recogido de endosos por aspirantes de un partido político que no son candidatos únicos a la fecha del cierre de radicación de candidaturas.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Jorge Alfredo Rivera Segarra Representante Distrito 22; Hon. Héctor Santiago Torres Senador Distrito de Guayama; Lcda. Yulixa Paredes Albarrán Aspirante a Representante Distrito 13; y Jorge Quiles Gordillo Aspirante a Representante por Acumulación

Hon. Ana Irma Rivera Lassén Aspirante Comisionada Residente MVC; Edgardo Cruz Vélez Aspirante Comisionado Residente MVC; Alejandro Santiago Calderón Aspirante CC-2024-0266 Senador por Acumulación MVC; Ramón Cruz Díaz Aspirante cons. con Certiorari Senado por Acumulación MVC; Edwin Marrero Martínez CC-2024-0267 Aspirante Senado por Acumulación MVC; Hon. Rafael Bernabe Riefkohl Aspirante Senador por Acumulación MVC; Hon. Mariana Nogales Molinelli Aspirante Representante por Acumulación MVC; Lcdo. Olvin Valentín Rivera Aspirante Representante por Acumulación MVC; Gladys Myrna Conty Hernández Aspirante Representante por Acumulación MVC; Anthony Sánchez Aponte Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Sthephen Gil Álamo Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Wilfredo Pérez Torres Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Hon. Jessika Padilla Rivera Presidente Interina CEE; Lcda. Lilliam Aponte Dones Comisionada Movimiento Victoria Ciudadana; Lcda. Vanessa Santo Domingo Cruz Comisionada Partido Nuevo CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 2

Progresista; Lcda. Karla Angleró Comisionada Partido Popular Democrático; Roberto Iván Aponte Comisionado Partido Independentista Puertorriqueño; Lcdo. Nelson Rosario Comisionado Proyecto Dignidad; y Partido Movimiento Victoria Ciudadana

José “Pichy” Torres Zamora; Keren Riquelme Cabrera; Leyda Cruz Berríos; y Marigdalia Ramírez Fort

Peticionarios ____________________________

Hon. Jorge Alfredo Rivera Segarra Representante Distrito 22; Hon. Héctor Santiago Torres Senador Distrito de Guayama; Lcda. Yulixa Paredes Albarrán Aspirante a Representante Distrito 13; y Jorge Quiles Gordillo Aspirante a Representante por Acumulación

Hon. Ana Irma Rivera Lassén Aspirante Comisionada Residente MVC; Edgardo Cruz Vélez Aspirante Comisionado Residente MVC; Alejandro Santiago Calderón Aspirante Senador por Acumulación MVC; Ramón Cruz Díaz Aspirante Senado por Acumulación MVC; Edwin Marrero Martínez Aspirante Senado por Acumulación MVC; Hon. Rafael Bernabe Riefkohl Aspirante Senador por Acumulación MVC; Hon. Mariana Nogales Molinelli Aspirante Representante por Acumulación MVC; Lcdo. Olvin Valentín Rivera Aspirante Representante por Acumulación MVC; Gladys Myrna Conty CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 3

Hernández Aspirante Representante por Acumulación MVC; Anthony Sánchez Aponte Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Sthephen Gil Álamo Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Wilfredo Pérez Torres Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Hon. Jessika Padilla Rivera Presidente Interina CEE; Lcda. Lilliam Aponte Dones Comisionada Movimiento Victoria Ciudadana; Lcda. Vanessa Santo Domingo Cruz Comisionada Partido Nuevo Progresista; Lcda. Karla Angleró Comisionada Partido Popular Democrático; Roberto Iván Aponte Comisionado Partido Independentista Puertorriqueño; Lcdo. Nelson Rosario Comisionado Proyecto Dignidad; y Partido Movimiento Victoria Ciudadana

José “Pichy” Torres Zamora; Keren Riquelme Cabrera; Leyda Cruz Berríos; y Marigdalia Ramírez Fort

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo

En San Juan, Puerto Rico , a 10 de junio de 2024.

Justicia es aplicar la ley de la misma forma a todos

aquellos que se encuentren en las mismas circunstancias. Nuestra

democracia nace y pende de la existencia de un sistema de orden.

Fue así como, cuando nos organizamos como Pueblo y establecimos

un orden, nos fue posible instituir democráticamente nuestra

forma de gobierno y aquellos que la dirigen. Si no protegemos y CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 4

seguimos ese orden, nos arriesgamos a un deterioro o retroceso

en los avances democráticos alcanzados.

Ahora bien, no corresponde a este Tribunal establecer ese

orden, sino servir de garante para que este se siga. Es el Pueblo

a través de sus representantes, esto es, la Asamblea Legislativa,

quienes establecen ese orden, en este caso, con relación a los

procesos electorales.

Solo cuando la Asamblea Legislativa ha fallado en

establecer ese orden en un momento dado, y con relación a alguna

circunstancia en particular, nuestro sistema constitucional le

permite a esta Curia llenar ese vacío. Esa no es la situación en

este caso, por lo que no tenemos espacio sino para implementar

la norma conforme se ha establecido. Esto es así, aunque a alguno

pudiera no agradarle el resultado.

Al fin y al cabo, no se trata de si agrada o no el

resultado de nuestro análisis y las consecuencias de nuestras

determinaciones. Se trata de resolver la controversia con

honestidad intelectual, apegados a la letra del orden

establecido. Todo lo demás son consideraciones que, aunque pesan,

no nos mueven a alejarnos de nuestro deber.

En el caso de marras, los peticionarios (querellantes e

interventores) son (o pretendieron ser) candidatos a posiciones

electivas dentro de la papeleta del Partido Popular Democrático

(PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP). Estos comparecen

ante nos para impugnar la determinación del Tribunal de

Apelaciones que revocó al Tribunal de Primera Instancia en cuanto

a la descalificación de los recurridos, quienes son aspirantes CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 5

a puestos electivos bajo la insignia del partido Movimiento

Victoria Ciudadana (MVC).

Tanto los recurridos como los peticionarios participaron

en una competencia que determinó las personas cuyo nombre y

rostro aparecerán en la papeleta legislativa o a la comisaría

residente en los próximos comicios de noviembre 2024 bajo la

insignia de sus respectivos partidos. Los primeros compitieron

y fueron seleccionados como parte del método alterno escogido

por el partido MVC y los segundos compitieron por el método

escogido por el PNP y PPD, esto es, las primarias que se

celebraron el 2 de junio de 2024.

Así, nos corresponde determinar si, fundamentado en el

Art. 7.5 del Código Electoral de 2020, infra, procede

descalificar a los recurridos de sus aspiraciones a distintos

puestos electivos para las elecciones de 2024. Esto se da, por

no cumplir con el requisito de presentación de peticiones de

endosos en vista de que el Partido MVC no los certificó como

candidatos únicos a los puestos políticos que aspiraban al

mediodía del 30 de diciembre de 2023, según lo exige el

Art. 7.15 del Código Electoral 2020, infra, y la Sec. 3.1 del

Reglamento para la radicación de candidaturas de los partidos

políticos y candidaturas independientes, infra.

Adelantamos que los peticionarios tienen razón, por lo

que ordenamos la descalificación como aspirantes a las elecciones

de 2024 de los siguientes recurridos: la Hon. Mariana Nogales

Molinelli y la Sra. Gladys Myrna Conty como aspirantes a

representantes por acumulación por el MVC y al Hon Rafael Bernabe CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 6

Riefkohl y al Sr. Alejandro Santiago Calderón como aspirantes a

senadores por acumulación por el MVC.1

I

El 1 de febrero de 2024, el Hon. Jorge Alfredo Rivera

Segarra, Representante del Distrito 22; el Hon. Héctor Santiago

Torres, Senador del Distrito de Guayama; la Lcda. Yulixa Paredes

Albarrán, aspirante a Representante del Distrito 13; y el Sr.

Jorge Quiles Gordillo, aspirante a Representante por Acumulación

(querellantes-peticionarios) presentaron una Demanda en la que

al amparo del Art. 7.5 de la Ley Núm. 58-2020, conocida como

Código Electoral de Puerto Rico de 2020, 16 LPRA sec. 4615

solicitaron la descalificación de los siguientes aspirantes: la

Hon. Ana Irma Rivera Lassén, Aspirante a Comisionada Residente

del Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); el Sr. Edgardo

Cruz Vélez, Aspirante a Comisionado Residente de MVC; Luis

Alejandro Santiago Calderón, Aspirante a Senador por Acumulación

del MVC; el Sr. Edwin Marrero Martínez, Aspirante a Senador por

Acumulación del MVC; el Hon. Rafael Bernabe Riefkohl, Aspirante

a Senador por Acumulación del MVC; la Hon. Mariana Nogales

Molinelli, Aspirante a Representante por Acumulación del MVC; el

Lcdo. Olvin A. Valentín, Aspirante a Representante por

Acumulación del MVC; la Sra. Gladys Myrna Conty Hernández,

Aspirante a Representante por Acumulación del MVC; el Sr. Anthony

1 En cuanto a la Hon. Ana Irma Rivera Lassén, como explicaremos al final de la Opinión, la Sentencia del Tribunal de Apelaciones advino final y firme, toda vez que la Dra. Marigdalia Ramírez Fort no recurrió de esa determinación ante este Tribunal. Por lo tanto, el referido dictamen que favoreció a la senadora Rivera Lassén prevalece. Asimismo, con relación a los otros querellados acumulados en el pleito que resultaron descalificados con la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, dicho dictamen advino final y firme. Sin embargo, aclaramos que la descalificación de este grupo de querellados trajo consigo otras consecuencias colaterales al proceso electoral que se discuten al final de esta Opinión. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 7

Sánchez Aponte, Aspirante a Representante del Distrito 38 del

Partido Proyecto Dignidad (PD); el Sr. Stephen Gil Álamo,

Aspirante a Representante del Distrito 38 del PD; y el Sr.

Wilfredo Pérez Torres, Aspirante a Representante del Distrito 38

del PD (recurridos o querellados). Asimismo, acumularon como

querellados a la Hon. Jessika Padilla Rivera, Presidenta Alterna

de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y a los Comisionados

Electorales del MVC, PNP, PPD, PD y del Partido Independentista

Puertorriqueño (PIP).

En síntesis, los querellantes alegaron que los recurridos,

aspirantes a puestos electivos para las elecciones generales que

se celebrarán en el presente año, incumplieron con el requisito

de presentación de los endosos que exige el Art. 7.15(3) del

Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4625(3). Esto surge, toda

vez que los partidos MVC y PD se acogieron al método alterno

para la nominación de sus candidatos y presentaron ante la CEE

los expedientes con los documentos de los aspirantes sin

certificarlos como candidatos únicos de estas colectividades

después de la fecha que el Código Electoral de 2020 estableció,

a saber, el 30 de diciembre de 2023 hasta el mediodía.

Igualmente, señalaron que los recurridos son del mismo partido

político y aspiran al mismo cargo, por lo que se requiere que

presenten los endosos en el término correspondiente.

Conforme a lo anterior, los querellantes arguyeron que

los recurridos estaban obligados a recoger y entregar las

peticiones de endosos necesarias en la fecha establecida

estatutariamente para poder participar en las elecciones

generales como lo exigen los Arts. 7.11 y 7.15(3) del Código CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 8

Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4621 y 4625 y la Sec. 3.1 del

Reglamento para la radicación de candidaturas de la Comisión

Estatal de Elecciones que esta entidad aprobó el 15 de junio de

2023 (Reglamento para la radicación de candidaturas). De esta

forma, adujeron que el incumplimiento se concretó el 31 de enero

de 2024 que era la fecha límite para entregar el 50% de los

endosos requeridos por ley y que, a esa fecha, ningún aspirante

del MCV presentó los endosos para los puestos mencionados.

El 11 de febrero de 2024, los interventores, Hon. José

“Pichy” Torres Zamora, aspirante a un nuevo término como senador

por acumulación; Hon. Keren Riquelme Cabrera, aspirante a un

nuevo término como senadora por acumulación; Hon. Wanda Del Valle

Correa, aspirante a un nuevo término representante por el

Distrito 38, el Sr. Eddie Manso Fuentes, aspirante a

representante por acumulación2 y la Sra. Leyda Cruz Berríos

aspirante a senadora por acumulación presentaron una Demanda de

Intervención.

En esa misma fecha, la Hon. Ana Irma Rivera Lassén

presentó una Moción de desestimación por falta de jurisdicción

mediante la cual adujo que procedía la desestimación, entre otras

cosas, por la falta de legitimación activa para incoar la acción

por parte de los querellantes. Por su parte, los querellantes

presentaron su Moción en oposición a solicitud de desestimación

por la Senadora Honorable Ana Irma Rivera Lassén. Allí reclamaron

que poseían legitimación activa en virtud del Art. 5.1 del Código

Electoral de 2020, infra, porque, en síntesis, antes de ser

2 A pesar de que el Sr. Eddie Manso Fuentes comparece en la Demanda de Intervención, no se realiza alegación alguna respecto al referido aspirante. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 9

aspirantes o candidatos, son electores. Adujeron que el inciso

(3) del referido artículo le reconoce a los electores la

capacidad para vindicar la violación de la aplicación uniforme

de las disposiciones en ley.

Por otro lado, días después, la Dra. Marigdalia Ramírez

Fort, quien aspiraba al puesto de Comisionada Residente por el

PNP, presentó una Demanda de Intervención (segunda interventora)

en la que alegó que la CEE la descalificó por no haber presentado

el 50% de los endosos al mediodía del 31 de enero de 2024. Así,

reclamó que una resolución favorable para los recurridos

implicaría una aplicación dispar de los requisitos legales entre

competidores para el mismo cargo en un proceso primarista. Desde

su punto de vista, la CEE mantuvo a los recurridos en el ruedo

como aspirantes a pesar de que, en esa fecha, ninguno de estos

había presentado endoso alguno. Específicamente, sostuvo que

eximir a los aspirantes demandados del recogido de endosos

constituyó una ventaja indebida y una violación a la ley

electoral y sus reglamentos, ya que se está aplicando el estatuto

de forma selectiva y acomodaticia para unos candidatos en

particular.3

A su vez, planteó que tiene derecho a que a “todas las

personas que aspiran luego de cerrado el período de candidaturas

el 2 de enero de 2024, [fecha límite de este ciclo electoral] se

le requiera la misma cantidad de endosos establecidos en el Art.

7.15, no importando si aspiran para un método alterno o a un

proceso de primarias de ley” y, por ello, reconoció que solamente

3 Demanda de Intervención, Apéndice, pág. 222. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 10

están excluidos de entregar endosos los aspirantes bajo un método

alterno presentados como candidatos únicos antes del 30 de

diciembre de 2023.4 Cónsono con lo anterior, solicitó que si el

foro primario eximía a los recurridos de presentar endosos,

debían aplicarle tal exención.5

Luego de varios trámites procesales e intercambio de

mociones de desestimación y solicitudes de sentencias sumarias

y réplicas o dúplicas a estas, el Tribunal de Primera Instancia

celebró una vista argumentativa en la que dio por sometida la

controversia. Mientras el foro primario dilucidaba el caso, el

19 de marzo de 2024 la Comisionada Electoral del Partido MVC

presentó una Moción informativa. En esta señaló que el 16 de

marzo de 2024 MVC celebró el proceso de método alterno de

selección de candidatos y, para notificar los resultados,

presentó la certificación de los candidatos únicos siguientes:

Hon. Ana Irma Rivera Lassén, candidata única al cargo de

Comisionada Residente; a la Hon. Mariana Nogales Molinelli, Sra.

Gladys Myrna Conty, Hon. Rafael Bernabe Riefkohl y Sr. Alejandro

Santiago Calderón candidatos únicos a representantes y senadores

por acumulación, respectivamente.

El 21 de marzo de 2024, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Sentencia mediante la cual declaró Ha Lugar a

la Querella presentada y descalificó a la Hon. Ana Irma Rivera

Lassén, al Sr. Edgardo Cruz Vélez, al Sr. Alejandro Santiago

Calderón, al Sr. Ramón Cruz Díaz, al Sr. Edwin Marrero Martínez,

al Hon. Rafael Bernabe Riefkohl, a la Hon. Mariana Nogales

4 Íd., págs. 223-224.

5 Íd. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 11

Molinelli, al Lcdo. Olvin Valentín Rivera, a la Sra. Gladys Myrna

Conty Hernández, al Sr. Anthony Sánchez Aponte, al Sr. Stephen

Gil Álamo y al Sr. Wilfredo Pérez Torres.

En primer lugar, el foro primario descartó que el Hon.

Jorge Alfredo Rivera Segarra, Representante del Distrito 22, el

Hon. Héctor Santiago Torres, Senador del Distrito de Guayama, y

la Lcda. Yulixa Paredes Albarrán, Aspirante a Representante del

Distrito 13 tuvieran legitimación activa, por entender que no

sufrieron un daño claro y palpable ni están en desventaja para

la elección general. Además, indicó que sería distinto si

personas que estaban obligadas a cumplir con la presentación de

peticiones de endosos y no lo hicieron estén corriendo contra

una persona que tuvo que pasar por el complicado proceso del

recogido de peticiones de endosos.

Por otro lado, en cuanto a los interventores, concluyó

que estos sí tienen legitimación activa para presentar la

Querella, ya que se enfrentarán como contrincantes en los

comicios de noviembre. Determinó esto porque, el querellante,

Sr. Jorge Quiles Gordillo y los interventores aspiran a los

cargos a representantes y senadores por acumulación, estarán

participando en las próximas elecciones como candidatos en la

papeleta y cumplieron con el requisito de presentar las

peticiones de endosos que les requiere la ley.

Como resultado, razonó que lo anterior no se afecta por

el hecho de que el proceso de método alterno que se vaya a

celebrar sea uno interno del partido, pues los requisitos que

establece la ley son aplicables a todos los partidos y los

procesos internos no pueden ser contrarios a lo establecido por CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 12

el Código Electoral de 2020, supra, y sus reglamentos. Asimismo,

estableció que la segunda interventora sufrió daños de igual

forma que los demás interventores. Explicó que el hecho de

permitir la participación de un elector que incumplió los mismos

requisitos de ley que impidieron que la doctora Ramírez Fort

pudiera participar en la contienda electoral al puesto de

Comisionada Residente resultó ser contrario a la uniformidad de

los procesos.

En cuanto a la controversia sobre la obligación de

presentar endosos por parte de los recurridos, determinó que

estos debieron llevar a cabo el método alterno de selección antes

de la fecha límite para notificar los candidatos únicos para los

puestos electivos -en o antes de las 12:00 del mediodía del 30

de diciembre de 2023-, ya que al incumplir con este plazo estaban

obligados al recogido y entrega de las peticiones de endosos

que, según el puesto al que aspiraban, exigen el Código Electoral

de 2020 y la Sec. 3.1 del Reglamento para la radicación de

candidaturas, supra.

En desacuerdo, los recurridos apelaron la decisión ante

el Tribunal de Apelaciones el cual, luego de celebrar una vista

oral, emitió una Sentencia Per Curiam en la que, debido a que

los peticionarios supuestamente incumplieron con el requisito de

establecer un daño real, revocó el dictamen del Tribunal de

Primera Instancia por falta de legitimación activa.6

6 El Panel del Tribunal de Apelaciones estaba integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm. Cabe resaltar que el Presidente del Panel, el Hon. Figueroa Cabán, emitió una Opinión disidente en la que reconoció la legitimación activa de todos los querellantes y, así modificada, hubiese confirmado el resto de la Sentencia. A su vez, es meritorio señalar que el Tribunal de Apelaciones desestimó por falta de jurisdicción el recurso de los aspirantes de Proyecto CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 13

En resumen, el foro apelativo intermedio expuso que el

ordenamiento jurídico y reglamentario advierten sobre la

naturaleza hipotética del daño alegado por los peticionarios. En

particular, adujo que el reconocimiento de la legitimación activa

del foro primario sobre uno de los querellantes y los

interventores descansó en un supuesto de una contienda electoral

que no era certera al momento en que se presentó la Querella.

Cónsono con esto, añadió que no se podía ignorar que se

desconocía si, ante el evento interno primarista de los

respectivos partidos, el querellante y los interventores

figurarían en la papeleta de las Elecciones Generales. Por

último, con relación a la doctora Ramírez Fort, resaltó que ya

se conoce con certeza que no participará en los comicios y, por

ello, no existe un daño que reparar.

Aun en desacuerdo, a excepción de la doctora Ramírez Fort

-aspirante primarista por el puesto de Comisionada Residente por

el PNP-, el querellante y los interventores (Peticionarios)

impugnaron ante nos la determinación del Tribunal de Apelaciones.

Expedimos el auto de certiorari solicitado, y mediante orden,

señalamos una vista oral y le ordenamos a las partes que

sometieran sus respectivos alegatos. En cumplimiento con la

orden, las partes presentaron sus respectivos alegatos. Luego de

celebrada la vista oral y de considerar todos los argumentos de

las partes y de los amigos de la corte respecto a la controversia

ante nuestra consideración, este Tribunal está listo para

Dignidad por acudir fuera del término provisto por el Código Electoral de 2020, infra. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 14

resolver sin trámite ulterior conforme nos permite la Regla 50

del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B.

No obstante, como cuestión de umbral, debemos atender un

aspecto jurisdiccional. El Tribunal de Apelaciones resolvió que

los peticionarios no cumplen con el requisito de caso o

controversia porque su reclamo concerniente al trato desigual

se fundamentó en un daño puramente imaginativo e hipotético que

descansa en supuestos sobre la contienda electoral que, al

momento en que presentaron la Querella, no eran certeros. En

otras palabras, a juicio del foro apelativo intermedio, los

peticionarios debían esperar a ver si finalmente los recurridos

se convierten en candidatos y no meramente aspirantes para tener

legitimación activa para defender su causa. Por lo tanto,

debemos determinar si el alegado efecto de trato desigual

constituyó un daño concreto, claro, palpable, real, inmediato y

preciso que nos permita considerar, además, si la controversia

está madura y, por ende, podamos asumir jurisdicción para

entender sobre los méritos de la controversia.

II

A. Legitimación activa

La doctrina de justiciabilidad requiere la existencia de

un caso o controversia real para que los tribunales puedan

ejercer válidamente su jurisdicción.7 Al evaluar si es o no

apropiado entender en un caso debemos analizar los factores y

circunstancias que lo rodean para, entonces, determinar si

7 Hernández Montañez v. Parés Alicea, 208 DPR 727, 738 (2022); Ramos, Méndez v. García García, 203 DPR 379, 393–394 (2019); Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 60 (2009); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 15

podemos ejercer nuestra discreción en cuanto al límite de nuestro

poder constitucional.8 Sabemos que no hay una controversia real

cuando “(1) se procura resolver una cuestión política; (2) una

de las partes carece de legitimación activa; (3) hechos

posteriores al comienzo del pleito han tornado la controversia

en académica; (4) las partes están tratando de obtener una

opinión consultiva, o (5) se intenta promover un pleito que no

está maduro. Estas son las doctrinas de autolimitación judicial”

que impiden nuestra intervención.9

El elemento principal de la existencia de un caso o

controversia se encuentra situado en la doctrina de legitimación

activa. La legitimación activa o standing se define como “‘la

capacidad que se le requiere a la parte [querellante o

demandante] de una acción para comparecer como litigante ante el

tribunal, realizar con eficiencia actos procesales y, de esta

forma, obtener una sentencia vinculante’”.10 No obstante, al

momento de evaluar la existencia de legitimación activa debemos

auscultar inicialmente si la Asamblea Legislativa la ha otorgado

por la vía estatutaria. En otras palabras, debemos determinar

primero si existe legitimación estatutaria.

B. Legitimación activa estatutaria

8 Hernández Montañez v. Parés Alicea, supra, (citando a Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, pág. 720). Véase Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 766 (2016).

9 Ramos, Méndez v. García García, 203 DPR 379, 393–394 (2019); Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68–69 (2017)(citando a Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011) y a Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 421–422 (1994)).

10 Hernández Montañez v. Parés Alicea, supra, pág. 739; Ramos, Méndez v. García García, supra, pág. 394 (citando a Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 69). Destacamos que “es requisito poseer legitimación activa para poder ser demandante y legitimación pasiva para ser demandado”. Mapfre v. E.L.A., 188 DPR 517, 533 (2013); Alvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 DPR 398, 420 (2009). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 16

La legitimación estatutaria surge “cuando una ley, ya sea

de manera expresa o implícita, otorga a una persona legitimación

activa para instar una acción judicial, independientemente de

que esta haya sufrido un daño particular, más allá del mero hecho

de la violación de la ley”.11

En Puerto Rico la figura de la legitimación activa

estatutaria se interpretó inicialmente en Salas Soler v. Srio.

de Agricultura, 102 DPR 716 (1974).12 En cuanto a la

jurisprudencia, el Profesor Jorge M. Farinacci Fernós nos comenta

lo siguiente:

La figura de la legitimación activa estatutaria comenzó su desarrollo normativo en Salas Soler v. Srio. de Agricultura. Si bien el lenguaje del estatuto implicado en dicho caso hacía referencia a la existencia de un agravio o daño, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció que el elemento decisivo era la intención legislativa en cuanto a qué persona o entidad podría presentar una acción en el foro judicial. Es decir, se partió de la premisa de que la Asamblea Legislativa tenía facultad plena para otorgar legitimación activa en cualquier circunstancia. Por tanto, lo que correspondía era analizar el lenguaje estatutario para determinar el nivel de legitimación efectivamente otorgado por la legislatura. Este acercamiento fue fortalecido en Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda[, 109 DPR 387 (1980)]. (Énfasis nuestro).13

Cónsono con lo anterior, la interpretación realizada en la

mencionada jurisprudencia reconoció que la Asamblea Legislativa

posee la facultad de otorgar legitimación activa por la vía

11 J. M. Farinacci Fernós, Cualquier persona: La facultad plenaria de la Asamblea Legislativa para otorgar legitimación activa por la vía estatutaria, 84 Rev. Jur. UPR 359, 360 (2015).

12En Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 DPR 716 (1974), este Tribunal interpretó la Ley sobre política pública ambiental, Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, al momento de evaluar la facultad de una organización de asuntos ambientales y uno de sus miembros para solicitar un mandamus contra el Secretario de Agricultura por haber aprobado un reglamento sobre venenos y pesticidas sin antes someter la declaración de impacto ambiental ante la Junta de Calidad Ambiental.

13 J.M. Farinacci Fernós, La justiciabilidad en Puerto Rico, 1era ed., San Juan, InterJuris, pág. 139. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 17

estatutaria.14 Ello es distinto a lo ocurrido en la esfera

federal.

En el foro federal tenemos el requisito de caso o

controversia establecido en el Artículo III de la Constitución

de los Estados Unidos.15 Así, este requisito le impide al Congreso

crear una legitimación por la vía estatutaria que, de ordinario,

no existiría.16 Sin embargo, las legislaturas estatales, como

parte de su poder de razón de estado -que no existe a nivel

federal-, son las que deciden si crear o no una causa de acción

y sus propias normas de justiciabilidad según lo requieran sus

respectivas constituciones.17

En cuanto a la aplicación de lo anterior, obviamente

corresponde a los tribunales ejercer la evaluación de la

existencia y el alcance de la legitimación activa estatutaria

que se reclama. Por tanto, cuando la legitimación sea reconocida

estatutariamente, el tribunal, al momento de evaluarla, deberá

interpretar la intención de la ley para determinar: si la acción

fue delegada por la misma; el alcance de la autorización para

impugnar la ley; y los límites al considerar si la ley condiciona

o limita dicha autorización.

C. La legitimación activa del Art. 5.1 del Código Electoral de 2020

14A manera de ejemplo, en Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 835- 836 (1992) citando a Salas Soler v. Srio. de Agricultura, supra, en la pág. 723 expresamos que “[c]orresponde a cada litigante demostrar que tiene acción legitimada para acudir al foro judicial. Al amparo de esta doctrina, y en ausencia de un estatuto que expresamente confiera legitimación activa a ciertas personas […]”. Véase Centro Unido de Detallistas v. Com. de Serv. Púb., 174 DPR 174 (2008).

15 Art. III, Const. EE.UU.

16 Farinacci Fernós, Cualquier persona: La facultad plenaria de la Asamblea Legislativa para otorgar legitimación activa por la vía estatutaria, op. cit., pág. 364.

17 Farinacci Fernós, La justiciabilidad en Puerto Rico, op. cit., pág. 138. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 18

Tanto los querellantes como los interventores reclaman la

existencia de legitimación activa estatutaria basada en el

Art. 5.1 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4561. Este

artículo contiene diecisiete incisos que establecen los derechos

y prerrogativas de los Electores. Expresamente, el referido

articulado dispone lo siguiente: “Se concede a los electores la

legitimación activa para iniciar o promover cualesquiera

acciones legales al amparo de este Artículo, ante el Tribunal de

Primera Instancia […]”.18

Notemos, en primer lugar, que es claro que el legislador ató

o redujo el ámbito o alcance de la legitimación activa

estatutaria que provee el artículo exclusivamente a las

diecisiete instancias que se enumeran.

Ahora bien, los peticionarios aseguraron que el listado de

ese artículo atiende todos los procesos y las regulaciones que

deben cumplirse en el Código Electoral de 2020 y sus reglamentos.

De manera que el Art. 5.1 del Código Electoral de 2020, supra,

reconoce una acción estatutaria para cualquier elector que le

hayan violado alguno de los derechos y prerrogativas allí

establecidos. Aducen que, antes de ser aspirantes o candidatos,

los peticionarios son electores. En ese sentido, estos reclaman

que se les aplique la garantía que surge del inciso (3), en el

sentido de la uniformidad de la ley y los reglamentos que la CEE

está obligada a ejecutar. Esto es, reclaman la uniformidad de la

administración de los organismos electorales de Puerto Rico

dentro de un marco de estricta imparcialidad, uniformidad,

18 (Énfasis suplido). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 19

pureza, transparencia y justicia. Los peticionarios

interpretaron que el alcance de la uniformidad allí establecido

es un derecho reconocido a todos los electores que, a su vez,

los incluye, por lo que aducen tener legitimación activa para

presentar la causa de acción al amparo del Art. 7.5 del Código

Electoral de 2020, supra. Es decir, según los peticionarios,

como electores, la Legislatura expresamente les confirió el

standing para vindicar cualquier violación al derecho de

uniformidad que describe el Art. 5.1(3) del Código Electoral de

2020, supra.

Sin embargo, el problema con el argumento de los

peticionarios no es el que estos sean o no electores en las

circunstancias de este caso, sino el contenido o a lo que se

refiere el inciso (3) del Art. 5.1 cuando establece la referida

garantía de uniformidad. El inciso (3) del Art. 5.1 del Código

Electoral de 2020, supra, del cual descansan los peticionarios

para invocar la legitimación activa estatutaria lo que garantiza

es que la CEE administrará los organismos electorales de Puerto

Rico dentro de un marco de estricta imparcialidad, uniformidad,

pureza, transparencia y justicia.

Según el Art. 2.3(67) del Código Electoral de 2020, 16

LPRA sec. 4502, un o los organismos electorales u oficinas

electorales se definen como “[c]ualquier unidad operacional de

la Comisión dedicada a trabajo de naturaleza específicamente

electoral”. Algunos de estos son: la Junta Administrativa de

Voto Ausente y Adelantado (JAVAA); Junta de Colegio; Junta de CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 20

Inscripción Permanente (JIP); Junta de Unidad Electoral.19 A su

vez, el Código Electoral de 2020, supra, dedica el Capítulo IV

a otros organismos electorales identificados por el legislador.

A esto se añade que el Art. 2.5 del Código Electoral de 2020, 16

LPRA sec. 4505, expresamente abunda sobre la uniformidad que

deben ejercer los organismos electorales, al expresar que “[l]a

facultad de reglamentación concedida por esta Ley a los

organismos electorales deberá ser ejercida garantizando la

realización de los procesos relacionados con toda Votación bajo

normas de uniformidad, al máximo posible, de nuestro ordenamiento

constitucional y legal”.20

En definitiva, los argumentos de la uniformidad que alegan

los peticionarios para invocar la legitimación activa

estatutaria del elector al amparo del Art. 5.1(3) del Código

Electoral de 2020, distan del alcance que estos procuran al

solicitar la descalificación de los recurridos. Sin embargo,

corresponde analizar si al palio del Art. 7.5 del Código

Electoral del 2020, supra, los peticionarios tienen legitimación

activa en su vertiente ordinaria.

D. Legitimación activa ordinaria

A menos que la ley expresamente le confiera legitimación

a ciertas personas,21 “[l]a parte que solicita un remedio

judicial debe demostrar que: (1) ha sufrido un daño claro y

palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, no abstracto

19 Véase Art. 2.3 (47), (48), (49) y (50) de la Ley Núm. 58-2020, conocida como Código Electoral de Puerto Rico de 2020 (Código Electoral de 2020), 16 LPRA sec. 4503.

20 (Énfasis suplido).

21 Lozada Sánchez v. JCA, 184 DPR 898, 962 (2012). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 21

o hipotético; (3) existe una conexión entre el daño sufrido y la

causa de acción ejercitada, y (4) la causa de acción surge al

palio de la Constitución o de una ley”.22

La doctrina de legitimación activa presupone, en primer

lugar, la existencia de una causa de acción reconocida por ley

a quien resulte agraviado por la conducta de otro; la “capacidad

para realizar con eficacia actos procesales como litigante”23 y;

“[la] capacidad para demandar y la tenencia de un interés

legítimo en la controversia”. 24

En este caso el Tribunal de Apelaciones resolvió que los

peticionarios no poseían legitimación activa porque

“fundamentaron su reclamo en un daño puramente imaginativo e

hipotético que descansa en supuestos sobre la contienda electoral

que al momento en que instaron la acción no eran certeros”.25 En

otras palabras, que los recurridos debían esperar para ver si

finalmente se convertían en candidatos y no meramente aspirantes;

entonces tendrían la legitimación activa para defender su causa.

Sin embargo, lo cierto es que en este caso los

peticionarios lo que reclaman es un trato desigual o no uniforme

en los requisitos de una competencia que ya estaba (y está)

ocurriendo al momento de ellos presentar su reclamo. O sea, no

se trata de lo que ocurrirá a partir del 2 de junio de 2024,

22 Hernández Montañez v. Parés Alicea, supra; Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 69; Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 572 (2010); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 371 (2002); Hernández Torres v. Gobernador, supra, págs. 835–836.

23Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, 210 DPR 163, 178 (2022); Lozada Tirado et al. v. Testigos de Jehová, supra.

24Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, supra; Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563 (1989).

25 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, págs. 45-46. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 22

sino de la alegada inexistencia de igualdad o uniformidad en los

requisitos para tal competencia.

En ese sentido por la presente determinamos, no solo que

el caso estaba maduro, sino que es claro que tal desigualdad o

falta de uniformidad en el trato hacia los peticionarios ya les

ha producido un daño concreto, claro, palpable, real, inmediato

y preciso. Así pues, como bien determinó el Juez Figueroa Cabán

en su voto disidente, la gestión de obtener endosos conllevó

para los aquí peticionarios una inversión económica, de tiempo,

esfuerzos y recursos humanos que los recurridos no tuvieron que

invertir y que, por lo tanto, podrán emplear para cubrir otros

gastos del proceso electoral.26

Por otro lado, en su Alegato, la recurrida MVC reclama la

ausencia de un daño claro y palpable, esto es, “la existencia de

un interés jurídico protegido perteneciente a [los demandantes]

que le[s] genere un agravio”.27 Además, señala que para poder

tener legitimación activa, los peticionarios deben demostrar

“que el remedio solicitado subsanará o reparará el alegado daño

sufrido por la parte demandante a causa de la conducta de la

parte demandada. Tal elemento [señalan estos] está totalmente

ausente en los casos de epígrafe”.28 Según expuso MVC,

“El descalificar a un aspirante de otro partido en nada cambia el hecho de que los peticionarios tuvieron que recoger endosos para poder participar de la primaria de sus partidos (PPD y PNP). Lo único que lograría la descalificación solicitada, con el evidente efecto neto de dejar al MVC sin poder nominar a persona alguna a la Comisaría Residente y a la Cámara de Representantes y

26Opinión disidente emitida por el Hon. Félix Figueroa Cabán, Presidente del Panel Especial III del Tribunal de Apelaciones, pág. 7.

27 Alegato de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), pág. 11.

28 Íd., pág. 22. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 23

Senado por acumulación, sería otorgar una ventaja indebida a los peticionarios al poder sacar de la papeleta a sus contrincantes del MVC, incluyendo una Representante incumbente, electa con el favor de más de 87,000 electores y un Senador incumbente, electo con el favor de más de 64,000 electores. De igual forma, privaría injustificadamente al MVC de su derecho estatutario a nominar personas para estos cargos”.29

Ante tales argumentos, nos es necesario señalar lo siguiente.

E. El Art. 7.5 del Código Electoral de 2020

Según mencionamos, la Querella que dio inicio al caso que

nos ocupa se instó al palio del Art. 7.5 del Código Electoral de

2020, supra, el cual establece lo siguiente:

Cualquier Aspirante o Candidato nominado podrá ser descalificado como tal, por el Tribunal de Primera Instancia, cuando medie querella porque no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución o la ley, o cuando se demostrare que ha violado cualesquiera de las disposiciones de esta Ley o de sus reglamentos.

El Aspirante o Candidato impugnado deberá contestar bajo juramento dicha querella, dentro de los diez (10) días siguientes de haber sido notificada.

Si el Tribunal de Primera Instancia, designado de conformidad con el Capítulo XIII de esta Ley, encontrare que de las alegaciones surge una controversia real, deberá citar a vista a ser realizada dentro de los diez (10) días de haber el querellado presentado su contestación. Dicho término podrá ser reducido por el Tribunal de Primera Instancia, según lo requieran las circunstancias del caso.30

No hay duda de que las interpretaciones concernientes al

ordenamiento jurídico electoral que realice la CEE merecen

deferencia, pues lo aprobó la agencia con el expertise en la

referida materia.31 Ello es así, siempre y cuando sean cónsonas

con la intención legislativa como cuerpo constitucionalmente

facultado para regular los asuntos del proceso electoral.

29 Íd, págs. 22-23.

30 (Énfasis suplido).

31 Suárez v. C.E.E. V, 163 DPR 541, 543 (2004). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 24

En ese contexto, en la Sec. 4.5 del Reglamento para la

radicación de candidaturas, supra, la CEE interpretó la operación

del trámite sustantivo y procesal respecto a la descalificación

de un aspirante o candidato que regula este Art. 7.5 del Código

Electoral de 2020, supra, mediante la cual se dispuso lo

siguiente:

Cualquier aspirante o candidato(a) nominado(a) podrá ser descalificado(a) mediante la presentación de una Querella en el Tribunal de Primera Instancia, donde quede demostrado el incumplimiento con los requisitos impuestos por la Constitución, el Código Electoral, este Reglamento o los reglamentos internos del partido político correspondiente.

La Querella presentada contra el(la) aspirante o candidato(a) impugnado(a) deberá ser contestada bajo juramento, dentro de los diez (10) días siguientes de haber sido notificada.

Si el Tribunal de Primera Instancia, designado de conformidad con el Capítulo XIII del Código Electoral, encontrare que de las alegaciones surge una controversia real, deberá citar a vista pública a ser celebrada dentro de los diez (10) días a partir del querellado haber presentado su contestación. Este término podrá ser reducido por el Tribunal de Primera Instancia, según lo requieran las circunstancias del caso.

Obsérvese que en el Art. 7.5 el legislador expresamente

reconoció una causa de acción para solicitar la descalificación

de un aspirante o candidato. Sin embargo, no especificó la

persona legitimada para presentarla. De una lectura diáfana del

Art. 7.5 del Código Electoral de 2020, supra, lo que este exige

es que de las alegaciones de la Querella surja una controversia

real por el incumplimiento de los requisitos impuestos por la

Constitución, el Código Electoral y sus reglamentos. Como vimos,

así también lo interpreta la CEE en la Sec. 4.5 del Reglamento

para la radicación de candidaturas, supra. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 25

De manera que, en realidad, la presente no es una causa

de acción general u ordinaria, sino una que surge de un artículo

específico de la ley. Ο sea, en el Código Electoral,

específicamente a través de este artículo, el legislador suplió

un instrumento al alcance del Pueblo para que este pudiera

depurar o asegurarse de que todo aspirante o candidato en un

proceso electoral cumpla con todos los parámetros establecidos

mediante la Constitución, la ley o los reglamentos. De manera

que es el Pueblo en última instancia a quien este artículo

pretende beneficiar, aunque el resultado del proceso termine

beneficiando colateralmente a algún aspirante o candidato

competidor.

En este contexto, no se trata entonces necesariamente de

los daños particulares de los querellantes e interventores en

este caso, sino de un claro interés público que surge del

Art. 7.5. Eso, sin duda, tiene gran peso en la evaluación de la

legitimación activa de ese ciudadano que, pudiendo tener un

interés propio que se vea agraviado, presenta esta causa de

acción.

En el presente caso, y como ya concluimos, el daño real

identificado es la inversión económica, de tiempo, esfuerzos y

recursos humanos que los peticionarios tuvieron que invertir en

la gestión de obtener sus endosos, en contraste con los

recurridos que no tuvieron que incurrir en tales gastos y

esfuerzos y que, por lo tanto, podrán emplear tales recursos

para cubrir otros gastos del proceso electoral.32 Todo esto es

32 A los peticionarios, que son aspirantes a senadores o representantes por acumulación de partidos políticos que no se acogieron al método alterno de nominación, les exigieron el recogido de endosos, como lo requieren los Arts. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 26

producto de un claro trato desigual en términos de la ejecución

e implementación de las disposiciones estatutarias y

reglamentarias impuestas a los peticionarios, que no surtieron

el mismo efecto con respecto a los recurridos ante el

incumplimiento de estos con el Art. 7.15(3) del Código Electoral

de 2020, supra, y con la Sec. 3.1 del Reglamento para la

radicación de candidaturas, supra, aprobado por la CEE.

En conclusión, reiteramos que este caso no se trata de un

interés general sino de un interés propio que se vio afectado en

una controversia que, a su vez, involucra un alto interés

público, un asunto electoral.33 En esta ocasión, se da en el

contexto del requisito del recogido de los endosos.34 Las

alegaciones concernientes al incumplimiento con el Código

Electoral de 2020, supra, y con la Sec. 3.1 del Reglamento para

la radicación de candidaturas, supra, que promulgó la CEE

presentan una controversia real demostrada con el daño que

ocasionó el trato desigual no uniforme en la aplicación del

ordenamiento jurídico y reglamentario electoral. Por lo tanto,

no tenemos duda que los peticionarios aspirantes primaristas a

representantes y senadores por acumulación están legitimados

7.1 y 7.15(3) del Código Electoral de 2020, supra y la Sec. 3.1 del Reglamento para la radicación de candidaturas de los partidos políticos y candidaturas independientes, aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones el 15 de junio de 2023 (Reglamento para la radicación de candidaturas), págs. 17-18. Estos afirmaron que, en vista de que los recurridos no habían seleccionado a los candidatos únicos para el 30 de diciembre de 2023 al mediodía, el daño se concretó al mediodía del 31 de enero de 2024, fecha y hora límite fatal para la presentación del 50% de los endosos. Entretanto, el MVC se acogió al método alterno de nominación de candidatos, promulgó un reglamento interno que no reconoce la Sec. 3.1 del Reglamento para la radicación de candidaturas, supra, y, en cumplimiento con este, los recurridos no presentaron los endosos.

33Frente Unido Independentista v. C.E.E., 126 DPR 309, 318 (1990); Escalona Vicenty v. C.E.E., 115 DPR 529 (1984). Véanse Torres Montalvo v. Gobernador ELA, supra, y Art. 13.3(4) del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4843.

34 Escalona Vicenty v. C.E.E., supra, págs. 530–531. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 27

para presentar la Querella de acuerdo con el Art. 7.5 del Código

Electoral de 2020, supra, para solicitar la descalificación

contra los recurridos aspirantes a representantes y senadores

por acumulación.

Superada la controversia sobre el standing, pasamos a

resolver la controversia del caso en sus méritos.

F. Funciones, facultades y deberes de la CEE; deferencia debida a sus interpretaciones

Según el Art. VI, Sec. 4 de nuestra Constitución, los

partidos políticos, las candidaturas de los aspirantes a puestos

políticos y los derechos de los electores están obligados por la

legislación que, a esos efectos, promulgue la Asamblea

Legislativa.35 En atención a esa facultad constitucionalmente

delegada, la Legislatura aprobó la Ley Núm. 58-2020, conocida

como Código Electoral de Puerto Rico de 2020, 16 LPRA sec. 4501,

et seq. (Código Electoral de 2020).

Mediante el Art. 3.2 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA

sec. 4512, la Asamblea Legislativa otorgó distintas funciones,

deberes y facultades a la CEE.36 La CEE tiene la responsabilidad

de planificar, organizar, dirigir y supervisar el organismo

electoral y los procedimientos de naturaleza electoral que,

conforme a las normas estatales y federales aplicables, rijan en

cualquier votación que se realice en Puerto Rico.37 Así, para

desempeñar estos deberes tendrá, además y entre otras funciones,

que cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los propósitos

35 Sec. 4 del Art. VI, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 283.

36 Rodríguez Ramos v. Comisión Estatal de Elecciones, 206 DPR 16, 35–36 (2021).

37 Íd., y Art. 3.2 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4512. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 28

del Código Electoral de 2020 y aprobar las reglas y los

reglamentos que sean necesarios para implementar las

disposiciones del ordenamiento electoral.38 Con relación a los

reglamentos, el Art. 14.3 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA

sec. 4862 dispone que la CEE, “revisará o adoptará por orden de

prioridades todas las reglas y los reglamentos electorales que

sean necesarios para la implementación de esta Ley”.

En ese sentido, este Tribunal debe guardar la usual

deferencia a la CEE en aquellos casos en que la determinación

dependa principal o exclusivamente de una cuestión de derecho

electoral especializado.39 Cónsono con la interpretación que

hemos otorgado, este Tribunal ha expresado que “esta

interpretación merece gran respeto y deferencia sustancial, aun

en casos marginales o dudosos, o cuando la interpretación del

ente electoral especializado no sea la única razonable”.40

G. Proceso de candidaturas y primarias

El Capítulo VII del Código Electoral de 2020, supra,

regula el proceso de candidaturas y primarias. En el Art. 7.1

del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4611, la legislación

creó una Comisión de Primarias para cada partido político que se

activa automáticamente cuando la colectividad deba realizar

primarias para la nominación de candidatos.41 Asimismo, ordena a

la CEE la aprobación de un reglamento de primarias y métodos

38 Art. 3.2(1) y (3) del Código Electoral de 2020, supra.

39Mundo Ríos v. CEE, 187 DPR 200 (2012); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 DPR 1, 20 (1989).

40 Suárez Molina v. Comisión Loc. de Elecciones de Cataño, 205 DPR 642, 652- 653 (2020); Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, supra, págs. 78-79. 41 Art. 7.1 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4611. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 29

alternos de nominación que deberá ser uniforme para todos los

partidos políticos sujetos al Código Electoral.

En cumplimiento con el Art. 7.1 del Código Electoral de

2020, supra, el 24 de agosto de 2023 la CEE aprobó el Reglamento

y manual de primarias y métodos alternos de nominación 2024

(Reglamento de primarias y métodos alternos). Este reglamento

regula exclusivamente todo el proceso de votación de primarias

y los métodos alternos de nominación, pues ambos mecanismos

“constituyen el procedimiento mediante el cual se seleccionan

los(as) candidatos(as) oficiales de los Partidos Políticos a

figurar en la papeleta de las próximas Elecciones Generales”.42

En la Sec. 1.5 del Reglamento de primarias y métodos

alternos, supra, pág. 11, surge el calendario que contiene las

fechas límites relacionadas al proceso per sé de las primarias

y de los métodos alternos de nominación. El mismo no contiene

ninguna fecha concerniente a la etapa de radicación de las

candidaturas, pues este presupone que el aspirante, aspirante

primarista o candidato independiente, ha presentado la solicitud

de intención de candidatura y, de existir uno o más aspirantes,

su intención de concursar en primarias.

Sin embargo, y como discutiremos, ante el hecho de que el

cierre de radicaciones de candidaturas es el 30 de diciembre de

2023 al mediodía, y en virtud de los incisos (1) y (3) del Art.

7.14 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4624, entre ambos

reglamentos se establece que los partidos políticos tendrán hasta

el 30 de noviembre de 2023 para varios asuntos. En lo pertinente,

42(Énfasis suplido). Introducción, Reglamento y manual de primarias y métodos alternos de nominación 2024 aprobado el 24 de agosto de 2023 (Reglamento de primarias y métodos alternos), pág. 3. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 30

los partidos políticos tienen hasta esa fecha para cumplir con

dos asuntos medulares: (1) entregar su reglamento de primarias

o métodos alternos de nominación de candidatos; y (2) si su

categoría de partido político lo requiere o permite postular

candidatos a uno o varios puestos, notificarle a la CEE la

cantidad y ubicación de los candidatos que nominarán o postularán

para las elecciones generales, estén o no sujetos a primarias o

al método alterno de nominación. Una vez notificado, esta

determinación será final y regirá cualquier procedimiento

relacionado con dichos cargos.43 Además, la Sec. 1.3 del

Reglamento de primarias y métodos alternos, supra, pág. 4,

reitera el Art. 7.1 del Código Electoral de 2020, supra, al

establecer que se mostrará deferencia a los reglamentos que los

partidos políticos promulgaron para sus primarias y métodos

alternos, “siempre que los mismos no conflijan con las

disposiciones establecidas por el Código Electoral para ambos

procesos de nominación”.44 En cuanto al método alterno de

nominación, el Art. 7.11 del Código Electoral de 2020, supra,

regula las garantías que los partidos políticos tienen que

cumplir con relación al método alterno de nominación de sus

candidatos.

H. Proceso de radicación de intención de primarias y candidaturas.

A través del Art. 7.2 del Código Electoral de 2020, 16

LPRA sec. 4612, se atiende el proceso de radicación de

43Secs. 1.5 y 7.3 del Reglamento de primarias y métodos alternos, supra, págs. 11 y 49; Secs. 2.1 y 2.2 del Reglamento para la radicación de candidaturas, supra, págs. 10 y 11.

44 (Énfasis suplido). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 31

intenciones de primarias y de candidaturas. Entre los asuntos

medulares, se establecen los requisitos legales para que un

aspirante nominado por un partido político o el candidato

independiente pueda ser calificado como aspirante a una

candidatura a un cargo público electivo. Uno de los requisitos

es la presentación de la solicitud de intención de candidatura

o de primarias. A su vez, esta disposición le ordenó a la CEE la

reglamentación de “lo concerniente a estos procesos de

presentación de aspiraciones primaristas y candidaturas a cargos

públicos electivos dentro de los parámetros dispuestos en esta

Ley”.45 El Código Electoral de 2020 puntualiza que todo aspirante

primarista o candidato a un cargo público electivo está obligado

a presentar, en la plataforma electrónica que implementó la CEE,

todos los formularios, documentos y certificaciones no más tarde

de la fecha mencionada.

En el inciso (5)(g) de este Art. 7.2, se requiere que el

elector que desee aspirar a un cargo público bajo la insignia de

su partido político cumpla con los requisitos que su partido

establezca. Claro está, “[e]stos requisitos deberán ser

aplicados y exigidos uniformemente a todas las personas que

presenten su intención de aspirar a una candidatura por su

Partido Político y no podrán ser alterados retroactivamente luego

de abrirse el período para la presentación de intenciones de

candidaturas, ni podrá contravenir lo dispuesto en esta Ley”.46

45 Art. 7.2 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4612. 46 (Énfasis suplido). Art. 7.2(5)(g) del Código Electoral de 2020, supra. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 32

Por otro lado, el Art. 7.14(1) del Código Electoral de

2020, supra, establece la fecha de apertura y cierre para la

presentación de las candidaturas de la manera siguiente:

(1) La Comisión y los Partidos Políticos abrirán el proceso de presentación de candidaturas el día 1ro. y hasta 30 de diciembre del año anterior al que deba realizarse la próxima Elección General. Las demás fechas límites que aplicarán a los procesos y las actividades relacionadas con dichas primarias, serán reglamentadas por la Comisión. Toda fecha y hora límite, será considerada un término fatal. En todos los casos, la hora límite para todas las fechas serán las 12:00 (doce en punto) del mediodía. Cuando alguna fecha límite coincida con un día feriado o no laborable para el Gobierno de Puerto Rico, esta se correrá al siguiente día laborable. Los Candidatos Independientes presentarán sus candidaturas a través de este proceso y dentro [de] los mismos términos de tiempo.

En atención a este mandato y al orden de prioridad a la

que la CEE está obligada, el 15 de junio de 2023 aprobó el

Reglamento para la radicación de candidaturas, supra. Según la

Sec. 1.3 del Reglamento para la radicación de candidaturas, y en

lo que nos atañe, este reglamento aplica “solamente a los

procesos de radicación de aspirantes a candidaturas de los

partidos políticos y candidaturas independientes para las

elecciones generales […]”.47 En la Sec. 2.1 de este reglamento

se establece que, para este ciclo electoral y a tenor con el

Art. 7.14(1), supra, la CEE y los partidos políticos abrirán el

proceso de presentación de candidaturas desde el viernes, 1 hasta

el mediodía del sábado, 30 de diciembre de 2023. A su vez, en

vista de que la fecha límite coincidió con un día no laborable

para el Gobierno, se corrió al día siguiente laborable. Por lo

tanto, de una lectura del ordenamiento jurídico y reglamentario

electoral, la fecha y hora límite fatal para presentar

47 Sec. 1.3 Reglamento para la radicación de candidaturas, supra, pág. 1. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 33

electrónicamente la solicitud de intención de candidatura con

sus respectivos requisitos para este ciclo electoral era al

mediodía del 2 de enero de 2024.48

I. Determinación y realización de primarias

Según el Art. 7.10(1) del Código Electoral de 2020, 16 LPRA

sec. 4620, el elector bona fide de un partido político tiene

derecho a que este lo considere para ser nominado como aspirante

en primarias para cualquier cargo electivo si cumple con los

requisitos del ordenamiento jurídico y reglamentario electoral

y el reglamento de su partido.

El Art. 7.10(2) del Código Electoral de 2020, supra,

dispone la norma general de realización de primarias al

establecer que, “[t]odo partido político tendrá la obligación de

realizar primarias en aquellos casos donde surja más de un

Aspirante calificado”.49 Entretanto, la Sec. 2.1 del Reglamento

para la radicación de candidaturas, supra, pág. 1, dispone que

“[e]n aquellos casos donde surja más de un(a) aspirante

calificado(a), porque cumple con los requisitos del Código

Electoral, los reglamentos de la Comisión y los reglamentos del

partido al que pertenece, los partidos políticos tendrán la

obligación de realizar primarias o método alterno de

nominación”.50

48 Es una norma reiterada de que un plazo fatal o jurisdiccional es improrrogable, es decir, no se puede extender a discreción, además que su incumplimiento no es subsanable. Peña Lacern v. Martínez Hernández, 210 DPR 425, 443 (2022) (citando a Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 268–269 (2018)).

49 Art. 7.10(2) del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4620. 50 (Énfasis suplido). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 34

En otras palabras, como excepción, los partidos políticos

pueden establecer métodos alternos para la nominación de sus

candidatos a cargos públicos electivos, siempre que el organismo

directivo central del partido lo apruebe y se cumplan con varias

garantías mínimas.51

J. Requisito de ley de peticiones de endosos (Art. 7.15(3))

En el Art. 7.15 del Código Electoral, 16 LPRA sec. 4625, se

atiende lo concerniente a las peticiones de endosos. En lo que

nos es pertinente, el Art. 7.15(3) del Código Electoral de 2020,

supra, dispone lo siguiente:

Artículo 7.15. -Peticiones de Endosos a Aspirantes Primaristas y Candidatos Independientes … (3) Cualquier Elector que desee concursar en unas primarias, como aspirante o como candidato independiente, además de cumplir con los requisitos de esta Ley y los reglamentos de su Partido y la Comisión, deberá presentar ante la Comisión la cantidad de peticiones de endoso requerida por esta Ley para el cargo público electivo al que interese aspirar. (Énfasis suplido).

Una controversia surge en este caso relacionada con el

contenido de este artículo, en el sentido de que los recurridos

argumentan que un “aspirante” bajo un método alterno (conforme

lo define el inciso 8 del Art. 2.3) no se encuentra como sujeto

del artículo, por lo que la CEE no posee autoridad para

requerirle la presentación de endosos.

Sin embargo, y en primer lugar, es importante aclarar lo

siguiente. Lo cierto es que lo impuesto en la Sec. 3.1 del

Reglamento para radicación de candidaturas, supra, no es un

requisito a los aspirantes para la presentación de endosos, sino

un término fatal a los partidos para la presentación de un

51 Art. 7.11 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4621. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 35

candidato único para las posiciones que anunciaron a la CEE. En

ese sentido, huelga determinar si el término “aspirante” al que

se refiere este artículo incluye o no a los recurridos, pues

nada surge, ni del texto del artículo ni del Código en su

totalidad, que prohíba expresamente a la CEE la exigencia de

recogido de endosos a aspirantes bajo métodos alternos, sobre

todo, cuando la exigencia es una colateral. O sea, el hecho de

que el Art. 7.5(3) no incluya expresamente a los recurridos, no

quiere decir que la CEE está impedida de requerir lo que aprobó

en la Sec. 3.1 del Reglamento para radicación de candidaturas.

En el pasado hemos establecido que un reglamento

promulgado para implementar la ejecución de una ley puede

complementarla, pero no estar en conflicto con esta.52 Sin

embargo, eso de por sí es insuficiente, pues un reglamento podría

no estar en conflicto con su ley habilitadora, pero contener una

regla que en su texto o ejecución exige o demanda algo que

resulta arbitrario o caprichoso.53 En síntesis, lo que se busca

es que la regla sea una razonable. Esto es, que lo exigido se

relacione con el propósito regulado por el estatuto habilitador.

Así, nuestra función en este caso es determinar si existe una

relación, una conexión racional entre la regla y el estatuto.54

Por eso, en el contexto de una regla arbitraria o caprichosa,

“[e]l ataque contra la reglamentación adoptada para poder ser

52J.P. v. Frente Unido I, 165 DPR 445 (2005); Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 DPR 105, 128 (2002), citando a P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, 110 DPR 400, 409 (1980).

53 Buono Correa v. Sec. Rec. Naturales, 177 DPR 415, 449–450 (2009); M. & B.S., Inc. v. Depto. Agricultura, 118 DPR 319, 326 (1987). 54 D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme, 3ra ed., Colombia, Forum, 2013, pág. 165. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 36

exitoso tiene que demostrar que ‘las normas aplicadas son

arbitrarias por descansar en motivos desvinculados del propósito

de la reglamentación”.55

En vista de lo anterior, determinamos que la Sec. 3.1 del

Reglamento para radicación de candidaturas es una razonable,

cuyo propósito está claramente vinculado con el propósito del

Código Electoral 2020.

K. El problema en el texto del Art. 7.15(3)

Sin embargo, y en segundo lugar, es de notar que la

redacción del texto del Art. 7.15(3) con que inicia el inciso,

es de por sí extremadamente confusa. Y es que la expresión

(“Cualquier Elector que desee concursar en unas primarias, como

aspirante o como candidato independiente…”) da entender que un

“candidato independiente” tiene la opción de participar en “unas

primarias”, lo que claramente es un contrasentido. Esto es así

porque según la definición que provee el propio Código Electoral

de 2020, candidato independiente es “[t]oda persona natural que,

sin haber sido nominada formalmente por un Partido Político,

figure como candidato a un cargo público electivo en la papeleta

de votación en una Elección General o Elección Especial, conforme

a las disposiciones de esta Ley”.56 O sea, a pesar de que por ley

el candidato independiente está obligado a presentar

oportunamente las peticiones de endosos, como no es una persona

natural nominada por un partido político, este nunca puede

aspirar a concursar en unas primarias de una colectividad.

55 Román v. Trib. Exam. De Médicos, 116 DPR 71, 80 (1985).

56 Art. 2.3(12) del Código Electoral de 2020, supra. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 37

Obligados como estamos a interpretar el texto de una ley

cuando es posible de manera que podamos salvar su sentido,

pudiéramos determinar (pues existe ausencia total en el historial

legislativo con relación a esta expresión) que a lo que se

refería el legislador al redactar el texto fue lo siguiente:

cuando el texto señala “concursar” (“[c]ualquier Elector que

desee concursar,”) a lo que se refiere es al método de primarias,

al aspirante primarista. Luego de la coma (,) el texto señala,

“como aspirante”, refiriéndose al aspirante de un método alterno,

según definido en Art. 2.3(8). Finalmente, el texto dice, “o

como candidato independiente”, refiriéndose, claro está, a un

candidato independiente. Y es que, como bien argumentan los

recurridos, el canon hermenéutico de la distribución nos persuade

a asignar los términos definidos con la definición

correspondiente, evitando combinaciones erróneas.57 Así,

ciertamente cuando el Art. 2.3(8) habla de “aspirante” se refiere

a aspirantes bajo métodos alternos, y cuando menciona “aspirantes

primaristas” se refiere a aquellos que compiten bajo las llamadas

primarias de ley de los partidos. El problema es que, aunque el

término “aspirante primarista”, conforme se define en el

Art. 2.3(8) sí aparece en el título del Art. 7.15, no se encuentra

en el texto de su inciso (3). Así, considerando que “aspirante”

se refiere únicamente a electores cuyos partidos se acogen a

métodos alternos, la manera más razonable de armonizar el texto

es de la forma que lo hemos interpretado. De manera que

determinamos que el Art. 7.15(3) incluye a los aspirantes bajo

57 Encino Motorcars v. Navarro, 579 U.S. 211 (2018). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 38

métodos alternos que, conforme al Art. 3.1 del Reglamento para

radicación de candidaturas, al momento del cierre de candidaturas

no eran candidatos únicos.

L. Métodos alternos para la nominación de candidatos

El método alterno para la nominación de candidatos se

define como el “[p]rocedimiento alternativo que sustituye una

Primaria o Elección Especial, según lo apruebe el organismo

central de un Partido Político para la elección de candidatos a

cargos públicos y que cumpla, procesalmente, con las garantías

mínimas dispuestas en esta Ley”.58 Nótese entonces que la función

única de un método alterno escogido por un partido es la elección

de los que vendrán a ser sus candidatos únicos para cada puesto

en las distintas papeletas de votación.

Así, el Código Electoral de 2020, mediante el Art. 7.11,

reconoce la facultad de los partidos políticos de establecer

internamente los métodos alternos de nominación de sus candidatos

a cargos públicos electivos, sujeto a unas garantías mínimas que

el propio artículo enumera. Estas garantías son las que rigen el

método alterno que celebre el partido político que escogió este

mecanismo. Por ello están recogidas además en la Sec. 6.1 del

Reglamento de primarias y métodos alternos. El inciso (1)(c) de

la Sec. 6.1 del Reglamento de primarias y métodos alternos, pág.

47, establece que "todo Aspirante tenga acceso, con no menos de

sesenta (60) días de anticipación a la realización de la

58(Énfasis suplido). De igual modo, el Art. 2.3(60) del Código Electoral de 2020, supra. Entretanto, la Sec. 1.4(30) del Reglamento para la radicación de candidaturas, supra, pág. 7 define este mecanismo como “‘Método Alterno’: Procedimiento alternativo que sustituye una Primaria o Elección Especial, según lo apruebe el organismo central de un Partido Político para la elección de candidatos a cargos públicos y que cumpla, procesalmente, con las garantías mínimas dispuestas en el Código Electoral”. (Énfasis suplido). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 39

votación, a la lista de electores, afiliados o delegados, según

corresponda, incluyendo los datos de contacto que tenga el

partido de cada uno de estos”.

Relacionado con esto, en su alegato, la Hon. Mariana Nogales

argumentó lo siguiente, que citamos in extenso:

“si los métodos alternos tuviesen que celebrarse en o antes del 30 de diciembre como sugiere el Reglamento para la Radicación de Candidaturas de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes, los aspirantes deberían tener acceso a estas listas desde[, cuanto menos,] el 1 de noviembre. Sin embargo, de conformidad con el Artículo 7.14 del Código Electoral… el proceso de presentación de candidaturas no inicia sino hasta el 1 de diciembre del año previo a la elección general. El problema con esto es que entre el 1 y el 30 de diciembre no hay sesenta (60) días. Ante ello, cualquier persona que presente su solicitud a partir del 1 de diciembre, como requiere la Ley, no podrá tener acceso a las listas de electores, afiliados o delegados que participarán del método alterno con sesenta (60) días de antelación al evento como requieren las garantías mínimas de la ley”.59

Como veremos, este problema es más aparente que real. El

Art. 7.1 del Código Electoral de 2020, supra, ordena que se

entregue el reglamento y entretanto el término que dispone la

Sec. 2.2 del Reglamento para la radicación de candidatura lo que

implica es que el partido tenía, como fecha límite, hasta el 30

de noviembre de 2023 para notificar su Reglamento del

procedimiento del método alterno. Todo partido político, e

incluso a través de sus Comisionados Electorales, tiene acceso

a la lista de electores. Por lo tanto, el partido tiene la

obligación de asegurarse de conciliar la fecha de celebración

del método alterno y las responsabilidades que ello conlleva con

las disposiciones del Código Electoral de 2020 y sus reglamentos.

59 Alegato de la recurrida Hon. Mariana Nogales Molinelli, pág. 45. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 40

Ni sus reglamentos ni sus actuaciones pueden ser contrarias al

ordenamiento.

Por lo tanto, el partido es quien debe asegurarse de

conciliar todo lo relacionado con la celebración del método

alterno para que no esté en conflicto con las responsabilidades

que, por disposición del Código Electoral de 2020 y, por ende,

sus reglamentos, la colectividad debe garantizar en sus

disposiciones reglamentarias. En otras palabras, esas garantías

las tiene que proveer el partido, pues son cónsonas con el

andamiaje que opera en el Código Electoral y sus reglamentos.

M. Figura del retador del método alterno de nominación de candidatos

La figura del retador del método alterno se encuentra en los

incisos (3) y (4) del Art. 7.11 del Código Electoral de 2020,

supra. Asimismo, surgen de la Sec. 3.1 del Reglamento para la

radicación de candidaturas, supra.

(3) Todo Aspirante que no resultare favorecido en el método alterno de nominación estará impedido de concurrir como Aspirante en cualquier proceso de primarias para el mismo cargo durante el mismo ciclo de Elección General.

(4) Ningún proceso o método alterno de nominación de candidatos a cargos públicos electivos impedirá que otro miembro o afiliado del Partido que no participó como Aspirante, pueda reclamar su derecho a primarias para ese mismo cargo público electivo dentro de los términos de esta Ley y el reglamento de primarias del partido. (Énfasis suplido).

Como vemos, el inciso (3) recoge el retador que participó,

pero perdió en el método alterno de nominación de candidatos.

Debido a que tuvo la oportunidad de participar en ese mecanismo,

no podrá reclamar el derecho de primarias para concurrir como

aspirante por el mismo cargo contra el aspirante que resultó

favorecido de ese método alterno celebrado. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 41

Por otro lado, el inciso (4) recoge el retador que no

participó en el método alterno de selección de candidatos que

celebró su partido. Al no haber participado, este sí puede

reclamar su derecho a primarias para ese mismo cargo público

dentro de los términos dispuestos en el Código Electoral de 2020,

supra, y en el Reglamento para la radicación de candidaturas,

supra.

De una lectura de estos incisos se puede colegir que el

método alterno tuvo que haberse celebrado y el partido tiene que

haber certificado el candidato único antes del mediodía del 30

de diciembre del año anterior a las elecciones generales. De lo

contrario, el retador con derecho a primarias no podría radicar

oportunamente su solicitud de intención de primarias cuyo término

fatal vence en esa misma fecha y hora. En este ciclo electoral

era al mediodía del 2 de enero de 2024.

En otras palabras, si el método alterno de nominación de

candidatos se celebró antes de la fecha en que culminaba el

proceso de radicación de las solicitudes de intención de

candidaturas y el partido certifica a su candidato único en ese

término, según el Código Electoral de 2020, supra, acontecerá lo

siguiente: (1) conforme al Art. 7.11(2), supra, “[e]l Partido

notificará públicamente por los medios que considere pertinentes

sobre los resultados del proceso alterno de nominación, los datos

de la persona nominada, incluyendo el cargo público electivo

para el que fue nominado como Candidato”; (2) acorde con los

Arts. 7.11(2) y (4) y 7.14(1), supra, el retador hábil conocerá

del candidato único seleccionado en el método alterno y podrá

solicitar primarias antes de que culmine el plazo para presentar CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 42

su candidatura; y (3) de radicar su solicitud de intención de

primarias oportunamente, este retador tendrá la obligación de

presentar los endosos que exige el Art. 7.15(3), supra.

Lo cierto es que los partidos políticos tienen dos opciones

para lidiar con la situación de que cuenten con múltiples

aspirantes para un mismo cargo político. La primera y, la

favorecida por ser la más democrática, son las primarias.60 La

segunda, es la celebración de un método alterno a las primarias,

según dispuesto por el Art. 7.11 del Código Electoral de 2020,

supra, en el que se cumplan las garantías mínimas y en el que se

oficialicen los candidatos victoriosos en tiempo. A

continuación, nos enfocaremos en el surgimiento del método

alterno para la nominación de candidatos como alternativa a las

primarias y sus requisitos conforme a nuestro ordenamiento

jurídico.

Como punto de partida utilizaremos el Informe de la comisión

especial para la revisión del proceso electoral de Puerto Rico

de 17 de mayo de 1982 (Informe de la comisión especial). En

específico, prestaremos atención especial a la sección referente

a la Ponencia del Lcdo. Héctor Luis Acevedo, intitulada, Los

procesos de nominación de candidatos de 17 de diciembre de 1981

(Estudio).61 Del referido Informe de la comisión especial surge

que desde el 1974 se adoptó un sistema de primarias obligatorias

60 Informe de la comisión especial para la revisión del proceso electoral de Puerto Rico de 17 de mayo de 1982 (Informe de la comisión especial), pág. 333. 61 Destacamos que el Informe de la comisión especial en el acápite relacionado

con el proceso de selección de candidatos que se encuentra en el Capítulo IV que atiende los procesos electorales y su ordenamiento, se adoptó casi íntegramente el Apéndice 16 de la autoría del Lcdo. Héctor Luis Acevedo titulado: Comisión para la revisión del proceso electoral: Los procesos de nominación de candidatos de 17 de diciembre de 1981 (Estudio). Véase Informe de la comisión especial, págs. 330-338. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 43

para todas las posiciones en Puerto Rico. Sin embargo, este

sistema obligatorio trajo consigo una serie de consecuencias,

tanto positivas como negativas. Entre las positivas resalta la

participación más amplia del electorado y entre las negativas,

las luchas internas inherentes a la competición que producen

divisiones que debilitan la colectividad y representan una

inversión de recursos considerables que afectan la posibilidad

de candidatos sin esa disponibilidad material. Adujo que es a

raíz de los aspectos negativos que los principales partidos

políticos comenzaron a implementar procedimientos alternos de

selección de candidatos que no estaban contemplados en el

ordenamiento jurídico electoral para evitar someterse a las

primarias y a la burocracia que conlleva el recogido de endosos.

Del Estudio del licenciado Acevedo emana que, a pesar de

contar con un sistema de primarias obligatorias: “[l]os

principales partidos políticos han comenzado a implementar

procedimientos alternos de selección de candidatos no

contemplados en la Ley Electoral vigente”.62 Siendo así, el

Estudio del licenciado Acevedo señala que la vía óptima sería

aceptar la existencia de estos mecanismos, incentivar el uso de

las primarias según dispuestas en ley y “garantizar unos

requisitos mínimos de democracia en todos los procesos de

selección”.63 Al presente, las garantías propuestas en el Estudio

se adoptaron en el Informe de la Comisión y son las que establece

el Art. 7.11 del Código Electoral de 2020, supra.

62 Informe de la comisión especial, pág. 333. 63 Íd. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 44

En cuanto a los elementos básicos que deben regir para la

creación de los métodos alternos para la nominación de

candidatos, el licenciado Acevedo expuso a grandes rasgos que:

1) las primarias estarán disponibles para aquellos partidos que

opten por ellas; 2) los partidos políticos podrán establecer

métodos alternos siempre y cuando cumplan con las garantías

mínimas; 3) todo aspirante que compita en el método alterno,

estará sujeto a su resultado; y 4) “el proceso de primarias

quedará disponible para todo candidato que no tuvo oportunidad

de participar en el proceso de selección llevado a cabo por los

partidos”.64

Por otra parte, el licenciado Acevedo le da particular

importancia a la fecha de radicación de candidaturas.65 Según el

profesor de derecho electoral, se debe adelantar la fecha de

radicación para lograr dos propósitos. El primero, permitir un

tiempo adecuado previo a las primarias para los trámites

administrativos y para que los electores conozcan a los

aspirantes. Segundo y, de mayor importancia para la controversia

que nos ocupa:

[P]ara establecer una fecha límite para radicación de candidaturas diferente a la fecha límite para someter peticiones de endoso en forma tal que si existe solamente un candidato por un partido, de este cumplir con los demás requisitos de la ley, quede certificado como tal sin la necesidad de tener que recoger peticiones de endoso. Esta situación deberá existir en un número de casos quizás significativo dependiendo no solo de la ausencia de competencia, sino del uso de procedimientos alternos de selección por los partidos políticos.66

64 Íd., pág. 334.

65 Cabe destacar que la fecha de radicación de candidaturas se encuentra en el Art. 7.14 del Código Electoral de 2020, supra. 66 Informe de la comisión especial, pág. 336. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 45

En síntesis, el licenciado Acevedo vislumbró la fecha de

radicación de candidaturas como la fecha límite para presentar

aquellos candidatos únicos que no cuenten con competencia para

el escaño dentro de su partido, al igual que para presentar a

los candidatos que resulten victoriosos en los métodos alternos

celebrados por los partidos que opten por acogerse a ellos.

Siendo así, tal y como sugiere el profesor Acevedo, siempre y

cuando se haya celebrado el método alterno y -como resultado-

los partidos cuenten con sus candidatos únicos, se elimina la

necesidad de presentar endosos. De esta forma se disminuiría

radicalmente el trámite burocrático de innumerables candidaturas

que no tienen competencia.

Por último y no menos importante, colocar la fecha límite

de radicación de candidaturas como la fecha límite para la

presentación del candidato victorioso del método alterno también

representa gran importancia para la figura del retador del

referido método. Según mencionamos, uno de los principios básicos

es que aquellas personas que no participaron del método alterno

tengan disponible el proceso de primarias luego de que el partido

certifique el candidato único escogido para las elecciones

generales.

Es a través de ese enfoque que debemos examinar la Sec.

3.1 del Reglamento para la radicación de candidaturas, pág. 17

que, además de reconocer la figura del retador en los incisos

(3) y (4) del Art. 7.11, postula lo siguiente:

Sección 3.1 Garantías mínimas:

[…] CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 46

Las personas seleccionadas mediante un Método Alterno de Nominación no tendrán que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones de endoso para primarias para calificar como candidato(a); siempre y cuando sean escogidos y su expediente, con los documentos requeridos, sea radicado por su Partido Político como candidato único en la Comisión en o antes de las 12:00 (doce en punto) del [mediodía] del 30 de diciembre de 2023.

Todo(a) aspirante que no resultare favorecido(a) en el método alterno de selección estará impedido(a) de concurrir como aspirante en cualquier proceso de primarias para el mismo cargo para el cual aspiró.

El Partido notificará públicamente por los medios que estime pertinentes, los resultados del proceso alterno de nominación, los datos de la persona nominada, incluyendo el cargo público para el que fue seleccionada como candidato(a) .

Ningún proceso o método alterno de nominación a cargos públicos electivos impedirá que un integrante o afiliado(a) del partido, que no participó como aspirante, pueda reclamar su derecho a primarias para ese mismo cargo público electivo dentro de los términos del Código Electoral y el reglamento de primarias del Partido.

Esta disposición reglamentaria es necesario analizarla a la

luz de las disposiciones del Código Electoral respecto al

candidato único que un partido político certifique porque no

existe contrincante o en virtud de aquellos que por razón de un

cargo político que permita más de un aspirante, se puedan

certificar como candidatos oficiales.67

A su vez, hay que tener presente que el método de nominación

de candidatos, de acuerdo con el profesor Acevedo, precisamente

procura eso, la certificación de un candidato que figure en la

papeleta en los comicios generales. Por lo tanto, y para que

ello ocurra, evidentemente el partido tiene que notificar quién

es el candidato único para la fecha límite fatal, esto es, al

67 Sec. 4.1 del Reglamento para la radicación de candidaturas, pág. 19. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 47

mediodía del 30 de diciembre del año anterior a las elecciones.

Debido a que este es un término fatal, de no celebrarse el método

alterno de selección de candidatos, en realidad lo que el partido

estaría notificando son meramente aspirantes a un cargo público,

toda vez que los documentos que estarían remitiendo

electrónicamente a la CEE son los relacionados a la radicación

de solicitud de intención de candidatura, tal cual están

obligados los aspirantes primaristas y candidatos

independientes.68

Lo anterior es cónsono con el Art. 7.25(g) del Código

Electoral de 2020, supra y con la Sec. 4.11 del Reglamento para

la radicación de candidaturas, pág. 31, en donde se establece:

(g) Toda persona que desee aspirar a una candidatura para un cargo público electivo por un Partido Político deberá, además, cumplir con los requisitos que establezca su Partido Político. Estos requisitos deberán ser aplicados y exigidos uniformemente a todas las personas que presenten su intención de aspirar a una candidatura por su Partido Político y no podrán ser alterados retroactivamente luego de abrirse el período para la presentación de intenciones de candidaturas, ni podrá contravenir lo dispuesto en esta Ley.69

Esta premisa de uniformidad tiene total pertinencia en el

contexto del derecho del retador que no participó como aspirante

del método alterno de reclamar las primarias para ese mismo cargo

electivo según establece el Art. 7.11(4) del Código Electoral de

2020, supra. Nótese que en virtud de los Arts. 7.14(1) y 7.15(3)

del Código Electoral de 2020, supra, el retador estaría obligado

a cumplir con el término fatal de radicar la solicitud de

intención de candidatura al mediodía del 30 de diciembre de 2023

68 Arts. 7.2 y 7.10(1) del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4612 y sec. 4620.

69 (Énfasis suplido). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 48

y completar la presentación de los endosos al 15 de febrero de

2024.

Por lo tanto, a pesar de que la ley no refleja expresamente

una obligación a los aspirantes del método alterno al recogido

de endosos, las consecuencias de incumplir con lo establecido en

la Sec. 3.1 del Reglamento para la radicación de candidaturas,

supra, lo que procura es armonizar para extenderle efectividad

a las garantías que el partido está obligado a cumplir por ley.

En otras palabras, esta sección garantiza que si el partido no

certifica a su candidato único en el mismo término que dispone

para la culminación del término para la radicación de la

solicitud de intención de candidatura, pone a ese aspirante en

la misma posición del retador que no participó en el método

alterno, reclama su derecho a primarias y que, por ello, está

obligado a recoger endosos.

Este análisis es afín con lo expresado por el profesor

Acevedo pues, según mencionamos, tanto el candidato único de un

partido como el candidato único seleccionado por el método

alterno debe ser certificado en o antes de la fecha de

culminación de la radicación de las solicitudes de intención de

candidaturas, para evitar la burocracia y el esfuerzo que

conlleva las primarias y el recogido de endosos.

III

Para finalizar, nos es menester responder a varias

argumentaciones y teorías que se presentaron en los alegatos,

o que surgieron durante la vista oral de este caso. Pero antes

nos es necesario atender la situación particular de la Hon. Ana

Irma Rivera Lassén. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 49

La particular situación de la Hon. Ana I. Rivera Lassén

Surge del expediente que la doctora Ramírez Fort presentó

una Demanda de Intervención para suplir la legitimación activa

de los peticionarios al alegar que la CEE la descalificó por

no haber presentado el 50% de los endosos al mediodía del 31

de enero de 2024. Reclamó la desventaja legal que la CEE provocó

al mantener a la senadora Rivera Lassén en el ruedo como

aspirante al puesto de Comisionada Residente y a los recurridos

a pesar de que, en esa fecha, ninguno había presentado endoso

alguno tras no haber sido presentados como candidatos únicos

antes del 30 de diciembre de 2023. Cónsono con lo anterior,

solicitó que, en su defecto, restablecieran sus aspiraciones

para que no tuviera que recoger endosos como los recurridos.

Atendida la intervención de la doctora Ramírez Fort el

Tribunal de Primera Instancia reconoció que, en virtud del

cargo público por el cual competía y que en efecto resultó

descalificada, esta poseía legitimación activa. Sin embargo,

el foro apelativo intermedio consideró que no existía daño que

reparar pues se conocía con certeza que ella no participaría,

por lo que revocó la determinación del foro primario en cuanto

a la doctora Ramírez Fort. Según adelantamos, contrario a los

peticionarios, la doctora Ramírez Fort no recurrió de la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Por lo tanto, la

determinación del foro apelativo intermedio advino final y

firme en cuanto a la senadora Rivera Lassén.

Así las cosas, y en vista de que ninguno de los

peticionarios, como aspirantes a representantes y senadores por

acumulación, tiene un derecho adversario que se haya visto CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 50

agraviado por las actuaciones de la senadora Rivera Lassén

quien aspira al cargo de Comisionada Residente, no tienen

legitimación activa para solicitar, al amparo del Art. 7.5 del

Código Electoral de 2020, supra, la descalificación de esta.

Por lo tanto, prevalece la Sentencia del Tribunal de

Apelaciones en el caso de la Hon. Ana I. Rivera Lassén de la

cual nadie con legitimación activa recurrió ante nos.

Discusión de algunas argumentaciones y teorías que se presentaron en los alegatos

Señala el recurrido MVC que nada en el Código Electoral

de 2020 autoriza a la CEE a imponer el requisito de endosos a

sus candidatos sin el consentimiento del partido. Esto es,

argumentan que por el hecho de que MVC se acogió a un método

alterno, la imposición de endosos a sus miembros descansa en

“la única discreción del propio partido”.70

En primer lugar, y como adelantamos, es claro que la Sec.

3.1 del Reglamento para la radicación de candidaturas, supra,

no impone el requisito de recogido de endosos a los partidos

que han optado por algún método alterno como mecanismo para

escoger sus candidatos. Al contrario, el reglamento respeta la

forma y el proceso que estos escojan, incluyendo el que impongan

o no el recogido de endosos a sus aspirantes. Nótese que el PIP

se acogió también al mecanismo de método alterno, y certificó

sus candidatos a la CEE sin que ninguno de ellos tuviera que

recoger un solo endoso.

De manera que lo que le fue impuesto al MVC no fue un

requisito para que sus aspirantes recogieran endosos, sino un

70 Alegato de MVC, pág. 23. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 51

término fatal para que estos presentaran sus candidatos únicos

para los distintos puestos en las elecciones generales. Es el

incumplimiento con ese requisito, al término requerido, lo que

imponía a cada aspirante que no fuera candidato único el que,

al igual que cualquier otro aspirante primarista que no hubiera

sido certificado como candidato único, o como cualquier

aspirante de su propio partido que hubiera solicitado

primarias, o como cualquier candidato independiente, tuviera

que presentar endosos.

Pero, en segundo lugar, y como también ya discutimos, no

encontramos nada en el Código Electoral de 2020 que

expresamente prohíba el que la CEE exija el recogido de endosos

a aspirantes sometidos a los métodos alternos, de la manera en

que lo hizo en el caso de autos. Nuevamente, nótese que la CEE

no estableció un mandato o directriz para que los aspirantes

por métodos alternos recogieran endosos, sino que uniformó la

condición de todos aquellos que al momento del cierre de

candidaturas no hubieran sido certificados como candidatos

únicos de sus partidos, sin importar bajo qué mecanismo de

selección estuvieran compitiendo. Se trata de que todos

aquellos que compitan lo hagan en las mismas condiciones y bajo

los mismos requisitos.

De hecho, el relevo que otorgaba el Código Electoral de

Puerto Rico para el Siglo XXI, Ley Núm. 78-2011, en su Artículo

8.007,71 que eximía a las personas seleccionadas bajo un método

alterno el que tuvieran que recoger endosos, fue eliminado por

71 16 LPRA ant. sec 4117. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 52

el Código Electoral actual. Y aunque la recurrida argumenta

que lo que esto significa es que ahora son los partidos bajo

métodos alternos los únicos que pueden exigir endosos a sus

aspirantes, tal conclusión se fundamenta en el supuesto errado

de que los partidos que se acogen a métodos alternos funcionan

en una especie de total autonomía, con total independencia de

la CEE durante todo el proceso. Sin embargo, tal supuesto no

encuentra fundamento alguno en la letra de la ley.

Por otro lado, pero relacionado con la eliminación en el

Código Electoral de 2020 del relevo de recogido de endosos para

los aspirantes bajo los métodos alternos, la recurrida Nogales

Molinelli arguye que nos “enfrentamos al silencio de un

estatuto, [por lo que] el tribunal viene obligado a distinguir

si la omisión fue intencional o involuntaria para lo cual debe

recurrir al contexto o al historial legislativo”.72

En primer lugar, lo correcto no es identificar la acción

del legislador como un silencio, pues eso sería concluir que

este no se había expresado en torno al asunto, ni en el estatuto

vigente ni en el anterior. Pero lo cierto es que el relevo de

recogido de endosos para los aspirantes por métodos alternos

existía y fue eliminada, por lo que de lo que se trata es, no

de un silencio en el estatuto, sino de la eliminación del

referido texto.

En segundo lugar, nada en el historial legislativo ni en

el contexto del estatuto nos indica que la eliminación de tal

excepción no fuera una voluntaria, por lo que debemos

72 Alegato de la recurrida, Hon. Mariana Nogales Molinelli, pág. 34. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 53

abstenernos de añadir a lo omitido. De manera que con la

eliminación voluntaria no podemos sino concluir, como bien

determinó el Tribunal de Primera Instancia, que “[c]uando la

Asamblea Legislativa remueve una frase que se ha repetido en

varias leyes anteriores sobre el mismo tema se debe entender

que es porque estos no deseaban que se les eximiera a las

personas que escogieran un método alterno. Si la intención de

la Asamblea Legislativa hubiese sido mantener la norma igual a

los Códigos Electorales anteriores, no hubiese removido la

frase que exime del recogido de endosos”.73

En otro asunto, el Alegato de la recurrida Hon. Nogales

Molinelli argumenta la teoría de una “secuencia operacional”,

alegadamente diseñada por el legislador en el Capítulo VII del

Código Electoral de 2020 y dirigida, en síntesis, a establecer

que el Código “parte de la premisa de que el método alterno se

celebrará después de que haya culminado el proceso de

radicación el 30 de diciembre”.74 Esto va dirigido a probar que

la obligación de recoger endosos a aquellos aspirantes bajo

métodos alternos que no fueran candidatos únicos al 30 de

diciembre establecida en la Sec. 3.1 del Reglamento para la

radicación de candidaturas, supra, es contraria a lo

establecido en el Código Electoral de 2020, supra.

El problema con esa teoría, en primer lugar, es que la

manera en que el legislador ubicó estos mecanismos en el

Capítulo VII puede obedecer, no a una secuencia que excluye los

unos de los otros, sino a una razón mucho más simple: a que el

73 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 25.

74 Alegato de la recurrida, Hon. Mariana Nogales Molinelli, supra, pág. 25. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 54

legislador meramente quiso comenzar precisamente con lo más

simple, y elaborar, sin ninguna otra intención, hacia lo más

complicado. Lo más simple es la “certificación automática” que

establece el Art. 7.10(3). Esto es, si al cierre del término

de presentación de candidaturas lo que se presenta es un

aspirante para la posición, sin importar a qué mecanismo de

selección de candidaturas se acogió el partido, se certificará

como candidato a ese aspirante, simplemente porque ya no hay

nadie más; no hay competencia: ese fue el “candidato único”.

Después, el Art. 7.11 regula el mecanismo de método alterno que

se presume más simple que la primaria, pero más complicado que

la certificación automática, porque conlleva una competencia

entre aspirantes. Finalmente, el legislador reguló el mecanismo

de la primaria que, sin duda, es más democrático que cualquier

método alterno, pero, a su vez, mucho más complicado.

Como postuló el célebre pensador Guillermo de Ockham, si

dos teorías en igualdad de condiciones explican una misma cosa,

debemos escoger como la más probable o correcta la más simple.75

Así, aunque la teoría expuesta por la recurrida pudiera ser

posible, la que hemos expuesto nos parece la correcta.

En segundo lugar, y como ya habíamos explicado, es claro

que el método alterno tiene que celebrarse y el partido tiene

que certificar su candidato único antes del mediodía del 30 de

diciembre del año anterior a las elecciones generales, de

manera que cualquier retador con derecho a reclamar primarias

75B. Russell, The History of Western Philosophy, New York, Simon & Schuster Inc., 1945, pág. 452. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 55

pueda radicar oportunamente su solicitud de intención de

primarias cuyo término fatal vence en esa misma fecha y hora.

En tercer lugar, y por último, el tiempo verbal de varias

expresiones en el Art. 7.11 (Métodos Alternos de Nominación)

parecen contradecir lo señalado por la recurrida, en el sentido

de que el método alterno fue diseñado para celebrarse después

de que haya culminado el proceso de radicación el 30 de

diciembre. Por ejemplo, en el Art. 7.11(3) se señala que “[t]odo

Aspirante que no resultare favorecido en el método alterno de

nominación estará impedido de concurrir como Aspirante en

cualquier proceso de primarias para el mismo cargo durante el

mismo ciclo de Elección General”.76 Nótese que el “no resultare”

de la expresión implica que es un hecho que ya pasó.

Igual ocurre en el inciso (4) de ese mismo artículo, donde

se señala que: “[n]ingún proceso o método alterno de nominación

de candidatos a cargos públicos electivos impedirá que otro

miembro o afiliado del Partido que no participó como Aspirante,

pueda reclamar su derecho a primarias para ese mismo cargo

público electivo dentro de los términos de esta Ley y el

reglamento de primarias del partido”.77 Nuevamente, la expresión

“que no participó” denota que el hecho en el que no se participó

claramente ocurrió en el pasado.

Alegación de que la CEE, a través del Sistema de notificación de intención de aspirar a una candidatura y sistema de endosos (SIEN), indujo a error a los recurridos y que, por ello, se debe aplicar la doctrina de los actos propios.

76 (Énfasis suplido).

77 (Énfasis suplido). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 56

El Art. 7.15(2) dispone que “[a] partir del Ciclo Electoral

2024 toda petición de endoso para estos propósitos solamente se

tomará, presentará y evaluará a través del sistema SIEN dispuesto

en esta Ley”.78 Según la Exposición de Motivos del Código

Electoral de 2020, el Sistema de endoso o SIEN es parte de la

innovación tecnológica en nuestro sistema electoral. Allí,

expresamente el legislador reconoció que “toda petición de endoso

para Partidos Políticos por Petición, Aspirantes en Primarias,

Candidatos y Candidatos Independientes se realizará con métodos

electrónicos a través del Sistema de Endosos (SIEN) de la

Comisión”.79

Cuando un aspirante a una candidatura presenta la solicitud

de intención de candidatura en el Sistema de notificación de

intención de aspirar a una candidatura y sistema de endosos

(SIEN) dicho portal lo reconoce como un aspirante y no como

candidato.80 Como parte del andamiaje de la plataforma, esta

contiene una nota que lee como sigue: “Si su partido ha sido

acogido por método alterno de selección según el Código Electoral

de Puerto Rico de 2020 no es requisito presentar peticiones de

endosos”. 81 Igualmente, establece la cantidad de los endosos

requeridos y las fechas de cumplimiento establecidas por el

ordenamiento jurídico y reglamentario electoral que, de ser

78Véase Art. 7.16 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4626 y Sec. 5.2 del Reglamento para la radicación de candidaturas, supra, págs. 39-41.

79 Exposición de Motivos, del Código Electoral de 2020, supra.

80 Petición de certiorari de los Interventores, Apéndice, pág. 277. 81 Íd., pág. 278. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 57

aplicable, todo aspirante tendría la obligación de presentar.

Por su naturaleza, el SIEN no distingue ni menciona a qué

mecanismo, si primarias o método alterno, se acogió el partido

al que pertenece el aspirante.

Los recurridos señalaron que la CEE los indujo a error al

hacerles creer que, en virtud de esta nota, en efecto, no tenían

la obligación de presentar los endosos. Argumentaron que, en

vista de lo anterior, correspondía la aplicación de la doctrina

de los actos propios. Diferimos. Por ser la más completa,

evaluamos la documentación que el recurrido, Hon. Rafael

Bernabe Riefkohl, sometió a la CEE sobre su intención de

candidatura.82

Contrario a los planteamientos de los recurridos, una vez el

partido notifica que aprobó al aspirante, la colectividad informa

su decisión a la CEE y esta se limita a aceptar la notificación

de intención de candidatura que el partido le informe sobre el

aspirante. Cuando la CEE acepta la notificación de candidatura,

le indica al aspirante “usted deberá pasar por la Unidad de

Radicaciones de la [CEE] para ser orientado y recoger las

peticiones de endosos (si aplica)”, pero además le advierte la

cantidad de endosos requeridos para la candidatura en

particular.83 En otras palabras, todo aspirante está obligado a

visitar la Unidad de Radicaciones para recibir la orientación

respecto a la obligación o no de presentar los endosos antes de

82 Íd., págs. 271-279. 83 (Énfasis suplido). Íd., pág. 276. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 58

culminar el trámite de la solicitud de intención de candidatura.

En el caso del recurrido, Hon. Rafael Bernabe Riefkohl, este

estaba advertido desde el 22 de diciembre de 2023 que su

candidatura requería 1,491 peticiones de endosos.84

Sobre este particular, la CEE explicó en su Alegato y en la

vista oral que esa notificación se le dio a todos los aspirantes

que hubiesen presentado la documentación requerida en la

plataforma y que esa notificación parte de la premisa de que el

aspirante conoce plenamente las disposiciones del Reglamento

para la radicación de candidaturas, supra, por lo que la referida

nota está forzosamente supeditada al conocimiento de los términos

del ordenamiento jurídico y reglamentario electoral.85 Añadió

que todos los aspirantes de todos los partidos, incluso los del

PIP, recibieron la notificación que incluye tal nota.

Al analizar el asunto, nos resulta claro que la CEE no

cometió error alguno en la notificación. Esto es así porque tal

notificación incluye toda la información que aplica a todo tipo

de aspirante. Aun así, es alto conocido que los errores

administrativos no crean derechos y pueden ser corregidos en

cualquier momento por parte del Estado.86 Por ello, una parte no

puede pretender ampararse en una actuación administrativa

incorrecta.87

84 Íd.

85 Véanse Alegato de la CEE, págs. 14-15 y Vista oral de 23 de mayo de 2024, al tiempo 3:20:00 en adelante. https://www.youtube.com/live/qZdA6fAohF8?si=GPKjnEK-Le0PiO93 (7 de junio 2024).

86 Quiles v. Del Valle, 167 DPR 458, 477 (2006).

87González v. ELA, 167 DPR 401 (2006); Magriz v. Empresas Nativas, 143 DPR 63, 71 (1997). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 59

Ahora bien, en cuanto a la doctrina de actos propios y

estoppel, cabe señalar que hemos expresado que, de ordinario, no

aplican en contra del Estado cuando hay de por medio una cuestión

de interés público implicada.88 Asimismo, no aplica de forma

general a las relaciones de partes privadas frente al Gobierno

y se ha limitado únicamente a que un demandante pueda invocar en

contra del Estado la doctrina de los actos propios en

circunstancias apropiadas.89

Con el pasar de los años, tanto en Puerto Rico como en varias

jurisdicciones norteamericanas, se ha reconocido que en

situaciones en las que no se afecte el interés público y en las

que pueda ocurrir una clara injusticia, las doctrinas como la de

los actos propios o “equitable estoppel” pueden ser utilizadas

contra el Estado.90 Sin embargo, están excluidas las situaciones

en las que se ven lesionados el interés y la política pública

del Estado.91 Ahora bien, tal doctrina está predicada en la

existencia de un error, que ya hemos determinado que la CEE no

cometió.

La utilización de “podrá” en el Art. 7.5 del Código Electoral

Por último, durante la vista oral de este caso se discutió

la posibilidad de que el Art. 7.5 (Descalificación de Aspirantes

y Candidatos) nos otorgue discreción para conceder un remedio

distinto al de la descalificación de los recurridos. Esto está

88 Quiles v. Del Valle, supra, pág. 478.

89 OCS v. Universal, 187 DPR 164, 174 (2012). Véanse, también: Hernández, Romero v. Pol. De P.R., 177 DPR 121, 141 (2009); Berríos v. UPR, 116 DPR 88, 98 (1985).

90 Quiles v. Del Valle, supra.

91 OCS v. Universal, supra, citando a Quiles v. Del Valle, supra. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 60

basado en la posibilidad de que la palabra “podrá”, que se usa

en la primera oración del Artículo, significa que el Tribunal

posee discreción para crear un remedio distinto al de la

descalificación. Sin embargo, después de un análisis detallado

del texto nos vemos obligados a descartar esa interpretación.

Vayamos nuevamente sobre el texto íntegro del Art. 7.5, para

explicar nuestra determinación. El Art. 7.5 del Código

Electoral de 2020, supra, reza lo siguiente:

Cualquier Aspirante o Candidato nominado podrá ser descalificado como tal, por el Tribunal de Primera Instancia, cuando medie querella porque no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución o la ley, o cuando se demostrare que ha violado cualesquiera de las disposiciones de esta Ley o de sus reglamentos. El Aspirante o Candidato impugnado deberá contestar bajo juramento dicha querella, dentro de los diez (10) días siguientes de haber sido notificada.

Si el Tribunal de Primera Instancia, designado de conformidad con el Capítulo XIII de esta Ley, encontrare que de las alegaciones surge una controversia real, deberá citar a vista a ser realizada dentro de los diez (10) días de haber el querellado presentado su contestación. Dicho término podrá ser reducido por el Tribunal de Primera Instancia, según lo requieran las circunstancias del caso. (Énfasis suplido).

Aunque en muchas ocasiones la palabra “podrá” implica

discreción, tal acepción dependerá de si esta se ajusta al

sujeto a quien va dirigida o se refiere a la palabra. En el

Art. 7.5 es claro que el sujeto de la expresión, a quien va

dirigido el “podrá” de esa primera oración, es al Aspirante o

Candidato nominado (“[c]ualquiler Aspirante o Candidato

nominado podrá ser descalificado…”). Siendo así, en esta

instancia el “podrá” se está utilizando en un sentido o CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 61

significado de “ocurrencia”, de algo que pudiera ocurrir, y no

de discreción.92

De igual forma, en aquellas ocasiones en que el

legislador utiliza la palabra “podrá” en el contexto de permitir

que el tribunal ejerza su sana discreción, identifica

claramente al tribunal como el sujeto del “podrá”. Lo mismo

ocurre cuando el legislador utiliza la palabra “deberá”,

implicando que el tribunal carece de discreción. Nótese que en

el último párrafo de este Art. 7.5 se señala que “[s]i el

Tribunal […] encontrare que de las alegaciones surge una

controversia real, deberá citar a vista…”. Aquí sabemos

claramente que, de darse el caso que el Tribunal de Primera

Instancia se tope con una controversia real, no tiene discreción

para no enviar el caso a la vista requerida. Esto, porque el

sujeto de ese mandato (“deberá”) está claramente identificado

(“el Tribunal de Primera Instancia”). Lo mismo ocurre con el

“podrá” de la última oración donde se identifica claramente al

sujeto de la oración como “el Tribunal de Primera Instancia” y

es claro que la acepción es de discreción.

Lo mismo debió entonces hacer el legislador si su

intención era otorgar discreción al tribunal para encontrar

otro remedio distinto al de la descalificación. En específico,

el tribunal debió estar claramente identificado como el sujeto

de esa discreción, de ese “podrá”. Al no ser así, y para que

la oración no carezca de sentido, es evidente que el “podrá”

92 Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), una de las acepciones del término “podrá” se refiere a “[s]er contingente o posible que suceda algo”. https://dle.rae.es/poder?m=form (última visita 7 de junio de 2024). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 62

en esa oración se utiliza en el sentido de “ocurrencia”, y va

dirigido a los aspirantes o candidatos contra quienes se

presente una solicitud de descalificación. Es decir, ninguno

de ellos viene obligado a solicitar la descalificación en el

tribunal, pero puede hacerlo si así lo desea.

Asimismo, en nuestro ejercicio interpretativo de un

estatuto debemos velar celosamente por poner en vigor y hacer

efectiva la intención del legislador. En el artículo en cuestión

nada en el historial legislativo ni en la discusión del proyecto

de ley en el hemiciclo nos indica que el legislador tuvo la

intención de otorgarnos discreción para buscar una alternativa

diferente a la descalificación, en aquellos casos que se

demuestre que un aspirante o candidato hubiera fallado en alguno

de los requisitos dispuestos en la ley.

En conclusión, el Art. 7.5 del Código Electoral de 2020,

supra, dispone que cualquier Aspirante o Candidato nominado

podrá ser descalificado como tal, por el Tribunal de Primera

Instancia, cuando medie querella porque no cumple con los

requisitos impuestos por la Constitución o la ley, o cuando se

demostrare que ha violado cualesquiera de las disposiciones de

esta Ley o de sus reglamentos. Habría que forzar por fiat

judicial el texto de dicho articulado para concluir que el

mismo le brinda la alternativa al foro primario para no

descalificar a un aspirante luego de haberse probado su

incumplimiento.

En vista de lo anterior, es forzoso concluir que al

utilizar el término “podrá”, el legislador hizo referencia que,

hasta tanto no se haya demostrado que el aspirante o candidato CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 63

haya en efecto incumplido con los dispuesto en la ley, el

Tribunal no estará facultado para descalificarlo. Siendo así,

la descalificación es contingente a que se demuestre el referido

Por último, precisamos aclarar otro asunto que surgió del

trámite procesal del presente caso en el Tribunal de Primera

Instancia, el Tribunal de Apelaciones, e incluso, en este

Tribunal. Los querellantes acumularon como querellados al Sr.

Edgardo Cruz Vélez, aspirante a Comisionado Residente por MVC,

al Sr. Edwin Marrero Martínez aspirante a representante por

acumulación por MVC, al Lcdo. Olvin M. Valentín aspirante a

senador por acumulación por MVC y, luego de enmendada la

demanda, se incluyó al Sr. Ramón Cruz Díaz, aspirante a senador

por acumulación por MVC. Al igual que con los recurridos, contra

estos pesó la Sentencia de descalificación que dictó el Tribunal

de Primera Instancia, pero no apelaron la decisión ante el

Tribunal de Apelaciones. Recuérdese que, mientras se estaba

dilucidando el caso en el foro primario, este grupo de

querellados resultó derrotado en el método alterno que el MVC

decidió celebrar el 16 de marzo de 2024. Es decir, no apelaron

la decisión del foro primario porque descansaron en el resultado

del método alterno que, según resolvimos, el MVC celebró a

destiempo. Por lo tanto, para estos la descalificación que

dictaminó el foro primario es final y firme. En consecuencia,

debido al cuadro fáctico y procesal del presente caso, conforme

con los Arts. 7.2 del Código Electoral de 2020, supra, y la

Sec. 4.1 del Reglamento para la radicación de candidaturas, CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 64

pág. 19, ni siquiera cabe hablar de la posibilidad de la

existencia de una vacante en esta etapa del proceso, pues

Cuando surja una vacante previ[a] a la expiración del término para la presentación de endosos, y el número restante de aspirantes sea igual o menor de los puestos nominados por ese partido político, quienes cumplan con todos los requisitos serán considerados candidatos oficiales y no tendrán que presentar peticiones de endoso. Las razones por las que podría surgir un vacante son las siguientes: retiro de candidatura, descalificación, incumplimiento con el cincuenta (50) por ciento de endosos requeridos o muerte del aspirante.93

En consecuencia, la Sentencia del foro primario que milita

en contra de este grupo de querellados y la descalificación de

los recurridos que salieron airosos en el método alterno

celebrado luego de concluido el término para la presentación

de los endosos, el MVC ni este grupo de querellados tienen el

derecho de reclamar puesto vacante alguno. Por ende, debido a

que no existe vacante disponible para MVC, el cargo público

electivo por el cual aspiraban los recurridos descalificados

no es susceptible de sustitución.

Asimismo, los querellantes acumularon a tres aspirantes

para el Distrito representativo Núm. 38 por el Partido PD, a

saber: el Sr. Anthony Sánchez Aponte, el Sr. Stephen Gil Álamo

y el Sr. Wilfredo Pérez Torres. La Hon. Wanda del Valle Correa,

es y aspira nuevamente a cargo de Representante por el Distrito

Núm. 38, intervino en el pleito de epígrafe. Al amparo del

razonamiento discutido, el foro primario los descalificó porque

PD no celebró el método alterno de manera oportuna. En

consecuencia, al igual que el grupo antes descrito, dicha

Sentencia advino final y firme sin que estos apelaran

93 (Énfasis suplido). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 65

oportunamente al Tribunal de Apelaciones y, por ende, ante este

Tribunal. Evidentemente, la descalificación emitida por el

Tribunal de Primera Instancia tampoco da pie a que estos reclamen

la posibilidad de la existencia de una vacante, ni el cargo

público electivo para el cual aspiraban es susceptible de

sustitución.

IV

Por todo lo anterior, se declaran Ha Lugar los recursos

presentados por las partes peticionarias y, en consecuencia,

se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, se ordena

la descalificación como aspirantes para aparecer en las

papeletas para votación en las elecciones de 2024 de los

siguientes recurridos: la Hon. Mariana Nogales Molinelli y la

Sra. Gladys Myrna Conty como aspirantes a representantes por

acumulación por MVC y al Hon. Rafael Bernabe Riefkohl y al Sr.

Alejandro Santiago Calderón como aspirantes a senadores por

acumulación por MVC.

Se dictará Sentencia en conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Jorge Alfredo Rivera Segarra Representante Distrito 22; Hon. Héctor Santiago Torres Senador Distrito de Guayama; Lcda. Yulixa Paredes Albarrán Aspirante a Representante Distrito 13; y Jorge Quiles Gordillo Aspirante a Representante por Acumulación

Hon. Ana Irma Rivera Lassén Aspirante Comisionada Residente MVC; Edgardo Cruz Vélez Aspirante Comisionado Residente MVC; Alejandro Santiago Calderón Aspirante CC-2024-0266 Senador por Acumulación MVC; Ramón Cruz Díaz Aspirante cons. con Certiorari Senado por Acumulación MVC; Edwin Marrero Martínez CC-2024-0267 Aspirante Senado por Acumulación MVC; Hon. Rafael Bernabe Riefkohl Aspirante Senador por Acumulación MVC; Hon. Mariana Nogales Molinelli Aspirante Representante por Acumulación MVC; Lcdo. Olvin Valentín Rivera Aspirante Representante por Acumulación MVC; Gladys Myrna Conty Hernández Aspirante Representante por Acumulación MVC; Anthony Sánchez Aponte Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Sthephen Gil Álamo Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Wilfredo Pérez Torres Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Hon. Jessika Padilla Rivera Presidente Interina CEE; Lcda. Lilliam Aponte Dones Comisionada Movimiento Victoria Ciudadana; Lcda. Vanessa Santo Domingo Cruz Comisionada Partido Nuevo CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 2

Progresista; Lcda. Karla Angleró Comisionada Partido Popular Democrático; Roberto Iván Aponte Comisionado Partido Independentista Puertorriqueño; Lcdo. Nelson Rosario Comisionado Proyecto Dignidad; y Partido Movimiento Victoria Ciudadana

José “Pichy” Torres Zamora; Keren Riquelme Cabrera; Leyda Cruz Berríos; y Marigdalia Ramírez Fort

Hon. Jorge Alfredo Rivera Segarra Representante Distrito 22; Hon. Héctor Santiago Torres Senador Distrito de Guayama; Lcda. Yulixa Paredes Albarrán Aspirante a Representante Distrito 13; y Jorge Quiles Gordillo Aspirante a Representante por Acumulación

Hon. Ana Irma Rivera Lassén Aspirante Comisionada Residente MVC; Edgardo Cruz Vélez Aspirante Comisionado Residente MVC; Alejandro Santiago Calderón Aspirante Senador por Acumulación MVC; Ramón Cruz Díaz Aspirante Senado por Acumulación MVC; Edwin Marrero Martínez Aspirante Senado por Acumulación MVC; Hon. Rafael Bernabe Riefkohl Aspirante Senador por Acumulación MVC; Hon. Mariana Nogales Molinelli Aspirante Representante por Acumulación MVC; Lcdo. Olvin Valentín Rivera Aspirante Representante por Acumulación MVC; Gladys Myrna Conty CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 3

Hernández Aspirante Representante por Acumulación MVC; Anthony Sánchez Aponte Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Sthephen Gil Álamo Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Wilfredo Pérez Torres Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Hon. Jessika Padilla Rivera Presidente Interina CEE; Lcda. Lilliam Aponte Dones Comisionada Movimiento Victoria Ciudadana; Lcda. Vanessa Santo Domingo Cruz Comisionada Partido Nuevo Progresista; Lcda. Karla Angleró Comisionada Partido Popular Democrático; Roberto Iván Aponte Comisionado Partido Independentista Puertorriqueño; Lcdo. Nelson Rosario Comisionado Proyecto Dignidad; y Partido Movimiento Victoria Ciudadana

José “Pichy” Torres Zamora; Keren Riquelme Cabrera; Leyda Cruz Berríos; y Marigdalia Ramírez Fort

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2024.

Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se declaran Ha Lugar los recursos presentados por las partes peticionarias y, en consecuencia, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, se ordena la descalificación como aspirantes para aparecer en las papeletas para votación en las elecciones de 2024 de los siguientes recurridos: la Hon. Mariana Nogales Molinelli y la Sra. Gladys Myrna Conty como aspirantes a representantes por acumulación por el Partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y al Hon. Rafael Bernabe Riefkohl y al Sr. Alejandro Santiago Calderón como aspirantes a senadores por acumulación por MVC. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 4

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión disidente. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión disidente. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió una Opinión disidente.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Jorge Alfredo Rivera Segarra Representante Distrito 22; Hon. Héctor Santiago Torres Senador Distrito de Guayama; Lcda. Yulixa Paredes Albarrán Aspirante a Representante Distrito 13; y Jorge Quiles Gordillo Aspirante a Representante por Acumulación

Hon. Ana Irma Rivera Lassén Aspirante Comisionada Residente MVC; Edgardo Cruz Vélez Aspirante Comisionado Residente MVC; Alejandro Santiago Calderón Aspirante Senador por Acumulación MVC; Ramón Cruz Díaz CC-2024-0266 Aspirante Senado por Acumulación cons. con MVC; Edwin Marrero Martínez CC-2024-0267 Certiorari Aspirante Senado por Acumulación MVC; Hon. Rafael Bernabe Riefkohl Aspirante Senador por Acumulación MVC; Hon. Mariana Nogales Molinelli Aspirante Representante por Acumulación MVC; Lcdo. Olvin Valentín Rivera Aspirante Representante por Acumulación MVC; Gladys Myrna Conty Hernández Aspirante Representante por Acumulación MVC; Anthony Sánchez Aponte Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Sthephen Gil Álamo Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Wilfredo Pérez Torres Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Hon. Jessika Padilla Rivera Presidente Interina CEE; Lcda. Lilliam Aponte Dones Comisionada Movimiento Victoria Ciudadana; Lcda. Vanessa Santo Domingo Cruz Comisionada Partido Nuevo Progresista; Lcda. Karla Angleró Comisionada Partido Popular Democrático; Roberto Iván CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 2

Aponte Comisionado Partido Independentista Puertorriqueño; Lcdo. Nelson Rosario Comisionado Proyecto Dignidad; y Partido Movimiento Victoria Ciudadana

José “Pichy” Torres Zamora; Keren Riquelme Cabrera; Leyda Cruz Berríos; y Marigdalia Ramírez Fort

Hon. Jorge Alfredo Rivera Segarra Representante Distrito 22; Hon. Héctor Santiago Torres Senador Distrito de Guayama; Lcda. Yulixa Paredes Albarrán Aspirante a Representante Distrito 13; y Jorge Quiles Gordillo Aspirante a Representante por Acumulación

Hon. Ana Irma Rivera Lassén Aspirante Comisionada Residente MVC; Edgardo Cruz Vélez Aspirante Comisionado Residente MVC; Alejandro Santiago Calderón Aspirante Senador por Acumulación MVC; Ramón Cruz Díaz Aspirante Senado por Acumulación MVC; Edwin Marrero Martínez Aspirante Senado por Acumulación MVC; Hon. Rafael Bernabe Riefkohl Aspirante Senador por Acumulación MVC; Hon. Mariana Nogales Molinelli Aspirante Representante por Acumulación MVC; Lcdo. Olvin Valentín Rivera Aspirante Representante por Acumulación MVC; Gladys Myrna Conty Hernández Aspirante Representante por Acumulación MVC; Anthony Sánchez Aponte Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Sthephen Gil CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 3

Álamo Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Wilfredo Pérez Torres Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Hon. Jessika Padilla Rivera Presidente Interina CEE; Lcda. Lilliam Aponte Dones Comisionada Movimiento Victoria Ciudadana; Lcda. Vanessa Santo Domingo Cruz Comisionada Partido Nuevo Progresista; Lcda. Karla Angleró Comisionada Partido Popular Democrático; Roberto Iván Aponte Comisionado Partido Independentista Puertorriqueño; Lcdo. Nelson Rosario Comisionado Proyecto Dignidad; y Partido Movimiento Victoria Ciudadana

José “Pichy” Torres Zamora; Keren Riquelme Cabrera; Leyda Cruz Berríos; y Marigdalia Ramírez Fort

La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emitió una Opinión disidente.

No hay injusticia más grande que tratar de forma similar

cosas que, a todas luces, son distintas. Bajo el pretexto de

alcanzar un resultado “justo” y “uniforme”, la mayoría

predica una noción de justicia que parte de una premisa

errónea de que nuestro Código Electoral se erige sobre

elementos de igualdad para todo aspirante a un puesto

electivo. Nada más lejos de la verdad. De hecho, aun

considerando el resultado de este caso, en noviembre se

enfrentarán aspirantes que no tuvieron condiciones similares

para figurar en la papeleta. Por tal razón, es un error CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 4

pretender decir que este caso se trata de supuestos que se

encuentran en las mismas circunstancias, a saber, la figura

de las primarias vis a vis los métodos alternos de nominación

de candidatos.

En la situación en la que nos encontramos, la carencia

de rigor metodológico al ejercer muestra responsabilidad

interpretativa puede tener efectos trascendentales. Esa es,

precisamente, la realidad con la que nos confrontamos en este

caso. La decisión de una mayoría de este Tribunal, tras

realizar un ejercicio hermenéutico errado de las normas

aplicables a esta controversia, lacera los procesos

democráticos del País. Con este proceder se refrenda el

razonamiento del Tribunal de Primera Instancia, lo cual

supone despojar a los partidos políticos y a los electores de

la oportunidad de pasar juicio sobre quiénes, finalmente,

deben componer la propuesta electoral.

Ciertos integrantes de esta Curia han optado por un curso

de acción que representa un quebrantamiento de la doctrina de

separación de poderes, toda vez que adicionaron ─en un acto

de legislación judicial─ un requisito de presentación de

peticiones de endosos que no es exigible para los aspirantes

aquí impugnados. Su decisión incorrecta no llega hasta ahí,

pues también validan el contenido de un reglamento de la

Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que es ultra vires al

estar en conflicto con el mismísimo estatuto cuya

interpretación nos convoca en esta ocasión. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 5

Democracia no es eliminar a la competencia con trucos y

artimañas para ganar; es hacer el espacio para una pluralidad

de ideas y candidatos a fin de que el País se sienta

representado y tenga la oportunidad de seleccionar ─de ese

grupo amplio y diverso─ la mejor opción.

El saldo de la determinación de este Tribunal redunda en

un impacto severo a la democracia puertorriqueña. Por fíat

judicial se descalifica la plantilla legislativa que un

partido político de minoría procuró ofrecer como sus opciones

al electorado para las próximas elecciones. Así, de un

plumazo, se remueve de la papeleta a un grupo de aspirantes,

entre los que incluso se hallan varios incumbentes en la

Asamblea Legislativa.

Esta decisión es contraria a los cánones de

hermenéutica, a la intención legislativa clara y a la

tradición jurídica electoral. Me veo impedida de acompañar a

mi compañera y compañeros de estrado por semejante derrotero.

Por las razones que expongo a continuación, disiento.

No hay controversia sobre los hechos que originaron este

caso. Se trata, pues, de una disputa de estricto derecho.

En síntesis, los partidos políticos Movimiento Victoria

Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad (PD) contaban con más de

un aspirante con intención de postularse a ciertas

candidaturas. Para atender esa situación, el Código Electoral

de 2020, infra, reconoce dos mecanismos de selección de

candidatos: la primaria ─que es el mecanismo por defecto CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 6

(“default”)─ y los métodos alternos de nominación (método

alterno). Tanto el MVC como el PD decidieron que

seleccionarían a sus candidatos a través del método alterno.

Según la tesis de los aspirantes impugnados, a diferencia de

aquellos aspirantes que debían atravesar por una primaria,

los aspirantes que se sometieron al método alterno no tenían

la obligación de presentar peticiones de endosos y,

naturalmente, no estaban sujetos a la fecha límite para ello.

Una lectura desapasionada, sosegada, integrada,

estructurada y secuencial del Código Electoral de 2020,

infra, apunta inexorablemente a la conclusión de que el

requisito de peticiones de endosos no alcanza a aquellos

aspirantes sometidos al método alterno. Veamos.

Previamente he denunciado el proceder de una mayoría de

este Tribunal de fundamentar sus determinaciones en “análisis

interpretativo[s] simplista[s], incompleto[s] y somero[s]”.

UPR v. Unión Oficiales UPR, 206 DPR 140, 169 (J. Oronoz

Rodríguez, Opinión disidente). De este modo, he invitado a

que se realicen los “ejercicio[s] interpretativo[s]

riguroso[s] que se exige[n] de este Tribunal como máximo

intérprete de las leyes”. (Negrilla suplida). Íd.

En ese tono, es menester tener presente que la

adjudicación de esta controversia involucra el uso de varias

reglas de hermenéutica, las cuales interactúan entre sí y, en

su conjunto, conducen al resultado que aludí. Las “normas de

hermenéutica legal [constituyen] […] principios rectores del CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 7

ejercicio de nuestra función adjudicativa”. FCPR v. ELA et

al., 211 DPR 521 (2023). Al respecto, este Tribunal ha

expresado que

[e]l proceso de interpretar las leyes —la hermenéutica jurídica— consiste en auscultar, averiguar, precisar, determinar, cuál ha sido la voluntad legislativa, o sea, qué es lo que ha querido decir el legislador. Las reglas de hermenéutica legal no son arbitrarias o caprichosas. Todas descansan en sanos principios de lógica. (Cita depurada y negrilla suplida). Pueblo v. Zayas Rodriguez, 147 DPR 530, 537 (1999).

En primer lugar, existe el consabido mandato

interpretativo de que, cuando la ley es clara y libre de toda

ambigüedad, su texto no se debe menospreciar bajo el pretexto

de cumplir su espíritu.1 Esto es lo que se conoce como la

interpretación literal. Íd. Al echar mano de este axioma, se

ha establecido que “el primer paso al interpretar un estatuto

es remitirnos al propio texto de la ley, puesto que cuando

[la Asamblea Legislativa] se ha expresado en un lenguaje claro

e inequívoco, el propio texto de la ley es la expresión por

excelencia de la intención legislativa”. (Citas omitidas).

Martajeva v. Ferré Morris, 210 DPR 612, 626 (2022).

En segundo lugar, al interpretar una ley, ello debe

hacerse en su conjunto —íntegramente— y no por secciones

separadas. Íd., pág. 627. Véase, también, Const. José Carro

v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 126 (2012). En tal sentido,

“[t]oda ley debe ser examinada y comparadas sus partes, de

suerte que sean hechas consistentes y tengan efecto”. Rolón

Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 40–41 (2018). Así,

“deben interpretarse las diferentes secciones, las unas en

1 31 LPRA sec. 5341. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 8

relación con las otras, completando o supliendo lo que falte

o sea oscuro en una con lo dispuesto en la otra, procurando

siempre dar cumplimiento al propósito [del Poder

Legislativo]”. I ́d. Véanse, también, Pueblo v. Santana Vélez,

168 DPR 30, 43 (2006); R.E. Bernier y J.A. Cuevas

Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto

Rico, 2.a ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 315.

A. La exposición de motivos

Nuestra tarea en esta ocasión se ciñe en interpretar la

Ley Núm. 58-2020, 16 LPRA sec. 4501 et seq., mejor conocida

como el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 (Código

Electoral de 2020).2 A poco se comienza a examinar esta

legislación, se halla una sección en la Exposición de Motivos

en la que, a mi parecer, se puede atisbar la intención

legislativa de dispensar del requisito de peticiones de

endosos a los aspirantes cuyos partidos se acogieron a un

método alterno.3 En particular, allí se enuncia la innovación

que procura la nueva legislación al instaurar ciertos

sistemas tecnológicos, como el Sistema de Endosos (SIEN). A

renglón seguido, se expresa que “toda petición de endoso para

Partidos Políticos por Petición, Aspirantes en Primarias,

Candidatos y Candidatos Independientes se realizará con

métodos electrónicos a través del Sistema de Endosos (SIEN)

de la Comisión [Estatal de Elecciones]”. Exposición de

2 Específicamente, se aprobó el 20 de junio de 2020. 3 Hemos mencionado que se puede recurrir a la exposición de motivos de la ley para indagar la intención de la Asamblea Legislativa al aprobarla. Véase Pueblo v. Zayas Rodriguez, 147 DPR 530, 539 (1999). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 9

Motivos de la Ley Núm. 58-2020 (2020 [Parte 2] Leyes de Puerto

Rico 1164). Nótese que no se incluye a aquellos aspirantes de

método alterno.

B. Las definiciones que provee la ley

i. “Aspirante” o “Aspirante Primarista”

Superado este aspecto, es meritorio repasar las

definiciones del Código Electoral de 2020 sobre los términos

en controversia.

Primero, al definir “aspirante” o “aspirante

primarista”, se esboza:

“Aspirante” o “Aspirante Primarista” — Toda aquella persona natural que participe en los procesos de primarias internas o los métodos alternos de nominación de un partido político de Puerto Rico con la intención de, o que realice actividades, recaudaciones o eventos dirigidos a ocupar cualquier cargo interno u obtener una candidatura a cargo público electivo.4

Es mi lectura que, al referirse a “aspirante

primarista”, evidentemente es a quienes participan de una

primaria, mientras que “aspirante” es aquel que participa de

otro proceso que no sea una primaria. En esta tesitura, aplica

el canon hermenéutico de distribución. Este canon normativiza

que el fraseo distributivo parea cada expresión a su referente

apropiado. Reconoce que, “a veces, [c]uando una oración

contiene varios antecedentes y varios consecuentes”, los

tribunales deben “leerlas distributivamente y aplicar las

palabras a los sujetos que, por el contexto, parecen

relacionarse más apropiadamente”. (Traducción suplida).

4 16 LPRA sec. 4503 (8). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 10

Encino Motorcars, LLC v. Navarro, 584 U.S. 79, 87 433 (2018)

(citando a 2A N. Singer & S. Singer, Sutherland Statutes and

Statutory Construction § 47:26, p. 448 (rev. 7th ed. 2014)).

Además, el canon distributivo tiene mayor fuerza cuando el

estatuto permite el pareo uno a uno (one-to-one

matching). Íd.

Al aproximarme a la definición del término en cuestión,

se aprecia fácilmente que los dos antecedentes ─“aspirante”

o “aspirante primarista”─ parean razonablemente con sus

consecuentes del modo que mencioné. De esta forma, un

“aspirante” es “toda aquella persona natural que participe en

los métodos alternos de nominación de un partido político”,

mientras que un “aspirante primarista” es “toda aquella

persona natural que participe en los procesos de primarias

internas de un partido político”. Después de todo, el objetivo

es evitar resultados absurdos mediante combinaciones

forzadas.

Un ejemplo de esto se puede apreciar en lo que establece

el Art. 2.3(88) del Código Electoral de 2020. En lo

pertinente, dicha disposición define los conceptos

“plebiscito” y “referéndum” como “[m]étodo de [v]otación o

consulta para presentar al electorado una o más alternativas

para resolver el estatus político de Puerto Rico sobre asuntos

de ordenamiento constitucional, público, jurídico o político.

Ambos términos se utilizarán de manera indistinta”. (Negrilla

suplida).5 Obsérvese que una de las definiciones corresponde

5 Íd., sec. 4503 (88). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 11

al plebiscito (“consulta [de...] estatus”), mientras que la

otra corresponde al referéndum (“asuntos de ordenamiento

constitucional[...]”). Sobre esto, el MVC plantea

atinadamente, que

[a] nadie se le ocurriría plantear que los plebiscitos son para enmendar la Constitución o que el referéndum se utiliza para resolver el problema de estatus. Esto, a pesar de que ambos términos están definidos en el mismo artículo del Código Electoral. Por eso mismo [la Asamblea Legislativa] se tomó la molestia de añadir la oración “[a]mbos términos se utilizarán de manera indistinta”, pues de lo contario serían distintos. Dicho lenguaje no es utilizado en el Art. 2.3(8). (Negrilla suplida).6

Por otro lado, conviene pasar juicio sobre la evolución

que ha tenido la definición de “aspirante” si se compara con

la forma en que se definía en la Ley Núm. 78-2011, 16 LPRA

ant. sec. 4001 (derogada), conocida como el Código Electoral

de Puerto Rico para el Siglo XXI (Código Electoral de 2011).

Allí, “aspirante” se definía de la forma siguiente: “Toda

aquella persona que participe de los procesos de selección

interna de uno o más partidos políticos debidamente inscritos

con la intención de, o que realice actividades, recaudaciones

o eventos dirigidos a, ocupar cualquier cargo interno u

obtener una candidatura o cargo electivo”.7

La definición del Código Electoral de 2020, vis a vis la

del Código Electoral de 2011, evidentemente es más específica

en cuanto a la diferenciación entre los aspirantes que

participan en primarias y los de método alterno. Esto denota

la intención clara de la Asamblea Legislativa de tratar de

forma distinta ambos procesos.

6 Alegato del Movimiento Victoria Ciudadana, pág. 33. 7 16 LPRA ant. sec. 4003 (derogado). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 12

Al fin y al cabo, como expondré más adelante, una

primaria, según se define y se trata a lo largo del Código

Electoral de 2020, es un proceso concreto y delimitado. No

hay margen para entender que se refiere, por ejemplo, a los

métodos alternos de nominación de candidatos.

ii. “Primarias” vis a vis “Método Alterno”

Segundo, veamos la definición que provee el Código

Electoral de 2020 del término “Primarias”:

“Primarias” — Proceso de Votación a través del cual se seleccionan los Candidatos a cargos públicos electivos con arreglo a esta Ley y a las reglas que adopte la Comisión y el organismo directivo del Partido Político concernido.8

A su vez, el término “Método Alterno” se define de la

forma siguiente:

“Método Alterno” — Procedimiento alternativo que sustituye una Primaria o Elección Especial, según lo apruebe el organismo central de un Partido Político para la elección de candidatos a cargos públicos y que cumpla, procesalmente, con las garantías mínimas dispuestas en esta Ley.9

Partiendo de un acercamiento literal, ambos términos son

mutuamente excluyentes. En concreto, la definición de “método

alterno” indica que este “sustituye” una primaria.10 Es decir,

cuando da lugar un “método alterno” no ocurre una primaria,

pues no constituyen lo mismo. Quiérase decir también que,

cada vez que en el Código Electoral de 2020 se mencione

8 16 LPRA sec. 4503 (92). 9 Íd., sec. 4503 (60). 10 La Real Academia Española provee varias acepciones para el término

“sustituir”, entre las cuales se encuentran: (1) “Poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa”, y (2) “Dicho de una persona o una cosa: Ocupar el lugar de otra”. Diccionario de la lengua española, 2023, https://dle.rae.es/sustituir, (última visita, 22 de mayo de 2024). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 13

“primaria”, ello significa que no se puede asumir que se

refiere al “método alterno”. Esta es la única interpretación

razonable de la distinción que las propias definiciones hacen

de los términos reseñados.

Con lo anterior en mente, pasemos a examinar otras

secciones pertinentes de la ley.

C. Capítulo VII del Código Electoral de 2020: Candidaturas y primarias i. La certificación automática de candidatos únicos

Previo a si quiera recurrir a los mecanismos de

nominación de candidatos ─como lo son las primarias y el

método alterno─, hay que evaluar, como cuestión de umbral, si

en efecto surge la necesidad para ello. Es decir, si amerita

utilizar alguno de estos mecanismos para depurar el número de

personas que se nominarán a cada puesto electivo. El Art.

7.10 del Código Electoral de 2020 establece cuándo no habrá

que utilizar alguno de estos mecanismos, habida cuenta de que

la cantidad de aspirantes es igual o menor que la cantidad de

candidaturas disponibles:

(3) Certificaciones automáticas de aspirantes como candidatos únicos

(a) El Presidente de la Comisión de Primarias del partido que corresponda certificará como candidatos únicos a los aspirantes a gobernador, comisionado residente en Washington D.C. senador o representante por acumulación o senador o representante por distrito, alcalde y legislador municipal que cumplan con todos los requisitos legales y reglamentarios de sus respectivos partidos políticos para participar en primarias sin necesidad de realizarlas en los siguientes casos:

i. Si la cantidad de Aspirantes es igual o menor que la cantidad máxima de candidatos que el partido político pueda o deba postular para esos CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 14

cargos en las próximas Elecciones Generales.

ii. Si la cantidad de Aspirantes es igual o menor que once (11) para senadores o representantes por acumulación. En los casos de senadores por distrito, esta disposición aplica si la cantidad de aspirantes es igual o menor que dos (2). En los casos de gobernador, comisionado residente en Washington D.C., representantes por distrito y alcaldes, esta disposición aplica si la cantidad de aspirantes por cada partido político es igual o menor que uno (1) en la demarcación geoelectoral que correspondan. En los casos de legisladores municipales, esta disposición aplicará cuando la cantidad de aspirantes sea igual o menor a la cantidad máxima de estas candidaturas en cada municipio. (Negrilla suplida).11

Como se puede apreciar, en principio el partido político

podrá certificar automáticamente como “candidatos únicos” a

aquellos aspirantes que, esencialmente, no tengan contendor

en la misma candidatura. De haber varios aspirantes para un

mismo puesto, como surge de la ley, habrá que recurrir a las

primarias o al método alterno que el partido político

seleccione.

Sin duda, las primarias son el mecanismo por defecto

(default) para la selección de candidatos. Véase Art. 7.10

(2) del Código Electoral de 2020 (“Todo partido político

tendrá la obligación de realizar primarias en aquellos casos

donde surja más de un Aspirante calificado”).12 Ahora bien,

el Código Electoral de 2020 ofrece a los partidos políticos

la opción de establecer internamente “métodos alternos para

11 16 LPRA sec. 4620. 12 16 LPRA sec. 4620. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 15

la nominación de sus candidatos a cargos públicos

electivos”.13

ii. La regulación de los métodos alternos en el Art. 7.11 del Código Electoral de 2020

Precisamente, el Art. 7.11 del Código Electoral regula

todo lo concerniente a los métodos alternos de nominación.

Corresponde, en esta coyuntura, destacar una peculiaridad del

modo y orden de regulación en el Código Electoral de 2020,

tanto de los métodos alternos como de las primarias. Una vez

se determina que es necesario recurrir a algún método de

nominación de candidatos, la legislación ─en su Art. 7.11─

pasa a establecer, de manera genérica, unas garantías mínimas

con las que deben cumplir los métodos alternos. Tras ese

ejercicio, el resto del Capítulo VII del Código Electoral de

2020 ─del Art. 7.12 al Art. 7.23─ se dedica a regular en

detalle todo los concerniente a las primarias. Esto es cónsono

con las definiciones de estos términos en la propia ley.

Según se reseñó, estas definiciones diferencian

claramente las “primarias” de los “métodos alternos”.

Mientras que las “primarias” se realizarán “con arreglo a

[este Código Electoral] y a las reglas que adopte la [CEE] y

el organismo directivo del Partido Político concernido”,14 los

métodos alternos deberán ser “apr[obados por] el organismo

central de un Partido Político […] y […] cump[lir],

procesalmente, con las garantías mínimas dispuestas en est[e]

13 Íd., sec. 4621. 14 Íd., sec. 4503 (92). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 16

[Código Electoral]”.15 Nótese que, si bien en cuanto a las

primarias se remite, de forma general, a las disposiciones de

la ley, para los métodos alternos solo se exige que lo apruebe

el partido político y se cumplan con las garantías mínimas

que enumera la ley. Específicamente, el Art. 7.11 dispone

esas garantías mínimas y, entre estas, no hay un requisito de

presentación de peticiones de endosos.

Aquí, en lo concerniente, el MVC aprobó, mediante su

reglamento, la utilización de métodos alternos de nominación

de candidatos y no exigió el requisito de presentación de

peticiones de endosos.

iii. El requisito de peticiones de endosos

Como parte del ejercicio de examinar secuencialmente el

Código Electoral de 2020, corresponde justipreciar en este

momento el precepto que ha originado esta disputa. Se trata

del Art. 7.15, el cual, en lo pertinente, establece:

Artículo 7.15. — Peticiones de Endosos a Aspirantes Primaristas y Candidatos Independientes.

(1) Sin menoscabar lo dispuesto en esta Ley, la Comisión reglamentará todo asunto relacionado con las peticiones de endosos. El período para la presentación de peticiones de endosos para Aspirantes Primaristas y Candidatos Independientes a cargos públicos electivos comenzará a partir del 1ro. de diciembre del año anterior al de Elecciones Generales y concluirá al mediodía (12:00 p.m.) del 15 de febrero del año de Elecciones Generales. El anterior constituye un término fatal. Cuando esta fecha coincida con un día feriado o no laborable para el Gobierno de Puerto Rico, se extenderá al siguiente día laborable.

(2) A partir del Ciclo Electoral 2024 toda petición de endoso para estos propósitos solamente se tomará, presentará y evaluará a través del sistema SIEN dispuesto en esta Ley.

(3) Cualquier Elector que desee concursar en unas primarias, como aspirante o como candidato independiente, además de

15 Íd., sec. 4503 (60). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 17

cumplir con los requisitos de esta Ley y los reglamentos de su Partido y la Comisión, deberá presentar ante la Comisión la cantidad de peticiones de endoso requerida por esta Ley para el cargo público electivo al que interese aspirar.

. . . . . . . .

(Subrayado y negrilla suplidos).16

Al tomar como base lo ya discutido, y al realizar una

lectura de este artículo, surge claramente que el requisito

de peticiones de endosos es aplicable únicamente a aspirantes

primaristas y a candidatos independientes, a nadie más.17 En

ninguna parte se menciona a aspirantes cuyos partidos se

acogieron a algún método alterno de nominación. Interpretar

lo contrario es simple y llanamente una hazaña insensata y

extralimitada. Recuérdese que “un tribunal no está autorizado

a adicionar limitaciones o restricciones que no aparecen en

el texto de una ley, ni a suplir omisiones al interpretarla,

con el pretexto de buscar la intención legislativa”. Rosado

Molina v. ELA, 195 DPR 581, 589-590 (2016). Aquí, el proceder

mayoritario representa una limitación de acceso a la papeleta

al imponer el requisito inexiste de presentación de

peticiones de endosos para los aspirantes impugnados. Añadir

algo que no está en la ley es un acto burdo de legislación

judicial.

1616 LPRA sec. 4625. 17 Como bien reconoce la Opinión mayoritaria, la inclusión del término “candidato independiente” en el contexto de una primaria es improcedente, ya que este, según nuestro diseño, “nunca puede aspirar a concursar en unas primarias de una colectividad”. Véase Opinión mayoritaria, págs. 36- 37. Eso nos deja con el término “aspirante” que, en unión a lo que dice el artículo, evidentemente se refiere a un aspirante en una primaria. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 18

La discusión que elaboré en el acápite que precede

indudablemente fuerza la conclusión de que la intención de la

Asamblea Legislativa fue eximir a los aspirantes cuyos

partidos políticos se acogieron a algún método alterno del

requisito de presentación de peticiones de endosos. Esto,

según se desprende del texto del Código Electoral de 2020 al

leerlo rigurosamente junto con las normas de hermenéutica.

Además, que, en esta coyuntura, el método alterno es un asunto

cuyo diseño y reglamentación se le delegó a los partidos

políticos. Pese a que, a mi juicio, esto dispone de la

controversia, es meritorio explorar el trasfondo histórico de

los métodos alternos como mecanismo de selección de

A. Trasfondo histórico de los métodos alternos de selección de candidatos

Cuando se aprobó la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de

1977, mejor conocida como la Ley Electoral de Puerto Rico

(Código Electoral de 1977), 16 LPRA ant. sec. 3001 (derogada),

esta no contenía alusión alguna a los métodos alternos de

selección de candidatos ni a que los aspirantes sujetos a los

referidos métodos estaban exentos del requisito de recogidos

de endosos.

Ahora bien, el 2 de julio de 1981 la Asamblea Legislativa

aprobó la Resolución Conjunta Núm. 21 (Resolución), mediante

la cual creó la Comisión Especial para la Revisión del Proceso

Electoral de Puerto Rico (CERPE). Esta contaría con la CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 19

representación de los partidos políticos debidamente

inscritos a esa fecha.18 Al aprobar esta Resolución, la

Asamblea Legislativa “respondió al clamor público de que se

realizara una revisión del proceso electoral, que estaba

ampliamente justificado por las experiencias que [se

vivieron] durante el periodo eleccionario de 1980”. Informe

de las Comisiones de Gobierno, Jurídico Civil y Jurídico Penal

de la Cámara de Representantes en torno al P. del S. 719,

Expediente del P. del S. 719, pág. 1. Así pues,

[e]l propósito fundamental para […] [la] creación [de la CERPE] fue facultarla para formular propuestas concretas sobre la adaptación de nuestro sistema electoral a los últimos adelantos a la luz de las experiencias de los últimos comicios, y para estudiar, entre otras cosas[,] los mecanismos para la constitución y el nombramiento de los funcionarios electorales y de los organismos apelativos, el nombramiento y remoción de los oficiales electorales, el sistema de voto adelantado, las primarias presidenciales simultáneas, la mecanización del sistema electoral, el establecimientos de oficinas permanentes de las comisiones locales de elecciones, y el proceso de votación y recusación. Íd., pág. 2.

La labor de la CERPE desembocó en la confección de un

Informe, el cual rindió el 17 de mayo de 1982. En lo

pertinente, en este se explicaron los cambios que habían

surgido en términos de los mecanismos de selección de

candidatos que utilizaban los partidos políticos, a pesar de

que, en el Código Electoral de 1977, el sistema de primarias

era el mecanismo compulsorio. Véase Informe de la Comisión

18A tal efecto, la CERPE quedó constituida por el Prof. Charles Cuprill Oppenheimer, quien la presidió, y por los Sres. Peter Kryzanowski, Héctor Luis Acevedo y David Noriega, en representación del Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño, respectivamente. Informe de las Comisiones de Gobierno, Jurídico Civil y Jurídico Penal de la Cámara de Representantes en torno al P. del S. 719, Expediente del P. del S. 719, pág. 2. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 20

Especial para la Revisión del Proceso Electoral de Puerto

Rico, 17 de mayo de 1982, pág. 39. En particular, se esbozó:

El mecanismo de primarias ha traído consecuencias positivas y negativas para los partidos políticos. Por un lado[,] ha permitido la renovación democrática del liderato y la participación más amplia del electorado. Por otro lado[,] ha representado unas luchas internas en los partidos, las cuales han producido divisiones que debilitan [a] estos a la vez que representan una inversión de recursos considerables que afectan las posibilidades de candidatos sin esa disponibilidad material.

Los principales partidos políticos han comenzado a implementar procedimientos alternos de selección de candidatos no contemplados en la Ley Electoral vigente. Esta realidad no puede ignorarse. (Negrilla suplida). Íd., págs. 39-40.

Dada esta realidad, el Informe proveyó una serie de

recomendaciones para incorporar y regular en el ordenamiento

electoral los métodos alternos de selección. En particular,

enumeró una serie de garantías mínimas que estos debían

cumplir.19 Además, el Informe consignó que “[l]os candidatos

que hayan sido seleccionados por los mecanismos internos y

hayan cumplido con los requisitos que se establecen en la

ley, no tendrán que recoger peticiones para primarias

[(endosos)] pues ya han demostrado un nivel de respaldo

efectivo. (Negrilla suplida).20 Íd., págs. 42-43.

Así las cosas, a los efectos de acoger las

recomendaciones del Informe, en 1982 se presentó el Proyecto

del Senado 719. Según se desprende de su historial

legislativo, específicamente del Informe de las Comisiones de

Gobierno, Jurídico Civil y Jurídico Penal de la Cámara de

19 Como cuestión de hecho, esas garantías mínimas son esencialmente las mismas que se incluyeron en el Código Electoral de 1977 y en los Códigos Electorales de 2011 y 2020. 20 En el pasado, se le denominaba “peticiones de primarias” a las “peticiones de endosos”. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 21

Representantes, el interés era armonizar el mecanismo de las

primarias ─que se concebía como un derecho de los aspirantes─

con los otros métodos que adoptaran los partidos políticos

para la selección de sus candidatos. De esta forma, en este

proyecto se hacía un “reconocimiento oficial a la posibilidad

de adoptar métodos internos de selección de candidatos cuando

estos ─los candidatos─ renunci[aran] al derecho estatutario

de las primarias”. Informe de las Comisiones de Gobierno,

Jurídico Civil y Jurídico Penal de la Cámara de Representantes

en torno al P. del S. 719, Expediente del P. del S. 719, pág.

5. Entonces, “queda[ba] relevado el partido de conseguir

peticiones de endoso para sus candidatos cuando ya ha[bían]

celebrado un proceso interno de selección”. Íd.

Este informe legislativo luego pasa a discutir la

situación específica de los procesos de selección de

candidatos y la propuesta a tal efecto:

La Ley Electoral vigente provee para la celebración de primarias en todo caso en que exista más de un candidato para un puesto que los que un partido pueda o desee nominar. Esta práctica obedece al interés público de democratizar el proceso nominativo y de ampliar la participación de los electores afiliados en las decisiones fundamentales de los partidos. Sin embargo, la primaria puede significar gastos considerables y problemas muy serios para la unidad de los partidos y, en ocasiones, se convierten en empresa fútil provocada por candidaturas espurias.

Ni la Comisión Especial ni nosotros creemos propio eliminar el mecanismo de primarias. La Comisión no consideró conveniente para nuestra salud democrática la eliminación de derechos adquiridos. Con ese principio coincidimos. Es nuestro propósito firme el mantener la primaria como mecanismo predilecto.

El proyecto establece mecanismos de selección de candidatos que simplemente mejoran el sistema existente y lo regulan más rigurosamente. Bajo el estado de derecho vigente[,] nada impide que los partidos establezcan métodos de selección distintos a la primaria provista por ley. Como cuestión de realidad[,] tanto el Partido Nuevo Progresista CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 22

como el Partido Popular Democrático tiene[n] disposiciones reglamentarias sobre este asunto. De su legalidad no existen dudas.

El propuesto artículo 4.006A reconoce a los partidos políticos el derecho a establecer métodos internos para la nominación de sus candidatos siempre que así lo apruebe su organismo directivo central y se cumpla con unas garantías mínimas. […] El partido podría anunciar que la persona seleccionada es el candidato oficial y este no tendría que someter peticiones de primarias, ya que su triunfo en el proceso interno es suficiente muestra de apoyo. (Cita depurada y negrilla suplida). Íd., págs. 15-18.

La Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto del Senado

719 y el Gobernador de turno lo firmó, para convertirse en la

Ley Núm. 3 de 10 de enero de 1983. Esta enmendó el Código

Electoral de 1977 para añadir un Art. 4.006A y regular los

métodos alternos de selección de candidatos. Además de

incorporar una serie de garantías mínimas que estos debían

cumplir, casi al final de lo que allí se disponía se expresaba

que “[l]as personas seleccionadas de conformidad con el

procedimiento antes descrito no tendrán que cumplimentar los

requisitos de radicación de peticiones de primarias para

cualificar como candidato en la papeleta electoral”.

(Negrilla suplida). Ley Núm. 3 de 10 de enero de 1983 (1983

[5ta. y 6ta. sesiones ordinarias] Leyes de Puerto Rico 450).

Posteriormente, se derogó este código electoral y se

aprobó el Código Electoral de 2011. Adviértase que se mantuvo

una regulación idéntica sobre los métodos alternos en el Art.

8.007 y este, al final, contenía un lenguaje similar al del

Código Electoral de 1977: “[l]as personas seleccionadas de

conformidad con el procedimiento antes descrito no tendrán

que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 23

de endoso para primarias para calificar como candidato”.

(Negrilla suplida).21

Como vimos, históricamente, por décadas, incluso antes

de un reconocimiento formal en la legislación, los partidos

políticos han utilizado métodos alternos a la primaria como

mecanismos de selección de candidatos. Además, se ha

considerado que es innecesario requerir peticiones de endosos

a los aspirantes que sean escogidos a través de estos, ya que

su triunfo en el proceso interno es suficiente muestra de

apoyo. ¿Acaso ese entendido histórico cambió meramente porque

en el Código Electoral vigente se omitió incluir una exención

expresa al cumplimiento de recogido de endosos? ¿Esto

significa que la omisión de esa exención ahora representa la

exigencia de ese requisito? La contestación a ambas

interrogantes es que no.

B. Omisión en el Código Electoral de 2020 de la exención del requisito de recogido de endosos

Nos confrontamos con una omisión de la Asamblea

Legislativa o, como se le denomina en el ámbito hermenéutico,

un supuesto de casus omissus. R.E. Bernier y J.A. Cuevas

Segarra, op. cit., pág. 311. Esta regla postula que “las

omisiones de [la Asamblea Legislativa] no pueden ser curadas

por los tribunales”. Íd. Su razón es que el tribunal solo

interpreta y no legisla. Por lo tanto, no puede añadir nada

21 16 LPRA ant. sec. 4117 (derogado). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 24

al estatuto. Íd. Véase Andrades v. Pizza Hut Mgt. Corp., 140

DPR 950, 957 (1996).

¿Acaso esa omisión que estamos llamados a dejar

inalterada supone la instauración de una obligación

afirmativa? Claramente, no. En esta tesitura, conviene

recordar que “es un principio de derecho seguido comúnmente

por este Foro el cual, en circunstancias determinadas, se

entiende por permitido lo que no está prohibido”. (Negrilla

suplida). Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679, 687 (2011).

Véase, también Campos del Toro v. Ame. Transit Corp., 113 DPR

337, 345 (1982).22 Así como no está expreso en la ley un

requisito afirmativo de presentación de peticiones de endosos

para aquellos aspirantes cuyos partidos políticos se

acogieron a un método alterno, en igual tono, tampoco está

prohibido que estos compitan sin, precisamente, hacer acopio

de estos.

En resumen, el Código Electoral de 2020 no incorpora una

norma imperativa en cuanto a los endosos para los aspirantes

cuyos partidos políticos optaron por algún método alterno de

selección.

Son normas imperativas, o de ‘ius cogens’, aquellas cuyo mandato es de inexcusable cumplimiento, debiéndose ajustar la conducta de la persona, su comportamiento, a lo establecido por la norma para que sus actos tengan validez y eficacia jurídica. […] Mientras que las normas facultativas o dispositivas conceden a la autonomía de la voluntad privada un margen de facultades distinto del preceptuado en las propias normas, en las imperativas y prohibitivas ese margen de autonomía queda eliminado, teniéndose que acomodar la actuación de las personas a lo preceptuado concretamente en el mandato normativo. J.R. Bonet Correa, Los actos contrarios

22 Véase, además, Antonin Scalia & Bryan A. Garner, Reading Law: The Interpretation of Legal Texts, pág. 93 (2012) (comentando que no es la función del juzgador ampliar la ley o añadir prerrogativas no provistas por un estatuto). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 25

a las normas y sus sanciones, XXIX (Núms. 1-2) An. Der. Civ. 309, 317-318 (1976).

El estatuto que nos ocupa, al ser examinado en su

totalidad, no devela una norma de esa índole en cuanto al

requisito en controversia.

Gran parte de esta controversia la generó la propia CEE.

Así como su conducta errática descalabró el ciclo electoral

de 2020 al no poder llevar a cabo, adecuadamente, las

primarias que dispone la ley,23 en esta ocasión, sus

representaciones indujeron a error a los aspirantes

impugnados. La CEE, a través de una serie de actos, hizo

pensar a los aspirantes impugnados que su interpretación del

ordenamiento electoral vigente ─en cuanto a que los

aspirantes acogidos a los métodos alternos no tenían que

presentar peticiones de endosos─ era la correcta. Veamos.

A. Reglamentos internos de los partidos políticos

El Art. 7.1 del Código Electoral de 2020 establece, de

manera relevante, lo siguiente:

La Comisión aprobará un Reglamento de Primarias y Métodos Alternos de Nominación que deberá ser uniforme para todos los Partidos Políticos en los campos electorales ocupados por esta Ley; mostrando deferencia a los reglamentos aprobados por cada Partido para sus primarias internas y sus métodos alternos de nominación para cargos públicos electivos; pero siempre que estos no menoscaben o vulneren las garantías, reglas y normas protegidas por esta Ley para ambos procesos de nominación.

(Negrilla suplida).24

23 Véase Pierluisi-Urrutia v. CEE, 204 DPR 841, 869 (2020) (J. Oronoz Rodríguez, Opinión de conformidad) (“[L]a Comisión Estatal de Elecciones […] falló abismalmente”). 24 16 LPRA sec. 4611. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 26

Del expediente ante nos surge que el reglamento interno

del MVC ─sobre este particular─ disponía que se había acogido

al método alterno de nominación y que no requeriría endosos

a sus aspirantes. Además, que este lo celebraría después del

30 de diciembre de 2023. Este reglamento se presentó ante la

Secretaría de la CEE y esta, aparte de acusar recibo, no hizo

señalamiento alguno en cuanto a su contenido.

B. Sistema de Notificación de Intención de Aspirar a una Candidatura y Sistema de Endosos (SIEN)

También se desprende del expediente que del SIEN ─en el

que los aspirantes impugnados notificaron su intención de

candidatura─ surgía una nota particular. Cuando los

aspirantes veían su perfil en el referido sistema, podían

apreciar en la sección de la cantidad de endosos requerida

que, previo a informar el número de endosos que les aplicaba,

se expresaba: “Si su partido ha sido acogido por método

alterno de selección según el Código Electoral de Puerto Rico

de 2020[,] no es requisito presentar peticiones de endosos”.

Razonablemente, los aspirantes del MVC entendieron que la

cantidad de endosos que el sistema les requería no les era

aplicable porque el partido político se había acogido a un

método alterno de selección de candidatos.

Es meritorio resaltar también que del propio expediente

incluso surge que en el SIEN, en los perfiles de los

aspirantes impugnados ─particularmente en la sección del

listado de los documentos requeridos por ley para completar

la presentación de la intención de candidatura─, en el

encasillado del “[l]istado de funcionarios autorizados a CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 27

tomar las firmas de las peticiones de endosos, según aplique”,

se hizo constar que su estatus era “[no] aplica”.25

Evidentemente, al aspirante sujeto al método alterno no le

era requerido el cumplimiento de ese requisito puntual, pues,

como cuestión de umbral, no debía presentar peticiones de

endosos, por lo que obviamente no necesitaba los funcionarios

a tal efecto.

C. Reglamentos de la CEE

Es menester abordar ahora los dos reglamentos que la CEE

aprobó que repercuten en este caso.

i. Reglamento para la radicación de candidaturas de los partidos políticos y candidaturas independientes (Reglamento de candidaturas)

La CEE aprobó el Reglamento de candidaturas el 15 de

junio de 2023.26 Este es componente integral de la

controversia presente. Las partes peticionarias ampararon su

postura, no solo en el Art. 7.15 del Código Electoral de 2020,

sino también en la Sec. 3.1 del Reglamento de candidaturas.

El foro primario acogió su teoría y resolvió de conformidad.

La Sec. 3.1 del referido cuerpo dispone:

SECCIÓN 3.1: GARANTÍAS MÍNIMAS

Las personas seleccionadas mediante un Método Alterno de Nominación no tendrán que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones de endoso para primarias para calificar como candidato(a); siempre y cuando sean escogidos y su expediente, con los documentos requeridos, sea radicado por su Partido Político como candidato único en la Comisión

25Véase Apéndice la Petición de certiorari CC-2024-0267, págs. 3193-3207. 26Este reglamento se aprobó según el mandato del Código Electoral de 2020 a los efectos de que “[l]a Comisión reglamentará lo concerniente a estos procesos de presentación de aspiraciones primaristas y candidaturas a cargos públicos electivos dentro de los parámetros dispuestos en esta Ley”. Véase 16 LPRA sec. 4612. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 28

en o antes de las 12:00 (doce en punto) del medio día del 30 de diciembre de 2023. . . . . . . . .

(Subrayado y negrilla en el original).

La mayoría lee esta sección de modo que, para que un

aspirante cuyo partido se acogió a un método alterno pueda

calificar como un candidato y quede relevado de presentar

peticiones de endosos se requería que: (1) haya sido escogido

por el partido como candidato único, tras la celebración del

método alterno, y (2) que la colectividad haya presentado su

candidatura en la CEE con su expediente y los documentos

requeridos en o antes de las 12:00 (doce en punto) del medio

día del 30 de diciembre de 2023.27 Es decir, presupone la

celebración del método alterno antes de esa fecha para así

compaginar el derecho que tiene todo elector que no concursó

en el método alterno a solicitar la celebración de una

primaria.28 Cabe destacar también que, en cuanto a este

extremo, la mayoría intenta imprimirle una lectura distinta

─y, honestamente, confusa─ a esta sección reglamentaria para

defender su corrección al exponer que:

27 Se extendió hasta el 2 de enero de 2024 debido a que el 30 de diciembre de 2023 fue sábado y el lunes, 1 de enero de 2024, fue día feriado. 28 Según el Art. 7.11 del Código Electoral de 2020, entre las garantías

mínimas que los partidos políticos deben observar al utilizar métodos alternos de nominación de candidatos se encuentran:

(a) Todo Aspirante que no resultare favorecido en el método alterno de nominación estará impedido de concurrir como Aspirante en cualquier proceso de primarias para el mismo cargo durante el mismo ciclo de Elección General.

(b) Ningún proceso o método alterno de nominación de candidatos a cargos públicos electivos impedirá que otro miembro o afiliado del Partido que no participó como Aspirante, pueda reclamar su derecho a primarias para ese mismo cargo público electivo dentro de los términos de esta Ley y el reglamento de primarias del partido. (Negrilla suplida). 16 LPRA sec. 4621. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 29

Lo cierto es que lo impuesto en la Sec. 3.1 del Reglamento para radicación de candidaturas, supra, no es un requisito a los aspirantes para la presentación de endosos, sino un término fatal a los partidos para la presentación de un candidato único para las posiciones que anunciaron a la CEE. En ese sentido, huelga determinar si el término “aspirante” al que se refiere [el Art. 7.15 del Código Electoral] incluye o no a los recurridos, pues nada surge, ni del texto del artículo ni del Código en su totalidad, que prohíba expresamente a la CEE la exigencia de recogido de endosos a aspirantes bajo métodos alternos, sobre todo, cuando la exigencia es una colateral. O sea, el hecho de que el Art. 7.5(3) no incluya expresamente a los recurridos, no quiere decir que la CEE está impedida de requerir lo que aprobó en la Sec. 3.1 del Reglamento para radicación de candidaturas.29 (Negrilla en el original).

En principio, el lenguaje de la referida sección

incorpora una incoherencia conceptual insalvable que impide

su puesta en vigor. Hacer alusión a los métodos alternos de

nominación al mismo tiempo que a la figura del “candidato

único” es un sinsentido. Como ya expliqué, esta figura se

utiliza en el contexto de la certificación automática que

dispone el Art. 7.10. Precisamente, debido a la imposibilidad

de certificar automáticamente candidatos únicos a puestos

electivos ─por haber más aspirantes interesados que puestos

disponibles─ es que se recurre a algún mecanismo de nominación

de candidatos, entre los cuales están los métodos alternos.

En términos secuenciales, determinar si se certifica

automáticamente a algún aspirante como candidato único

necesariamente precede la consideración de si se utiliza

algún mecanismo de nominación de candidatos. En ese sentido,

el candidato único, por ejemplo, no tendría que atravesar

método alterno alguno.

29 Opinión mayoritaria, págs. 34-35. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 30

Por otro lado, si bien el Código Electoral de 2020 fija

una fecha para la celebración de las primarias, no ocurre lo

mismo para los métodos alternos, por lo que argüir que tal

fecha era el 30 de diciembre de 2023 es igualmente incorrecto.

Asimismo, como arguye el MVC:

No tiene sentido alguno realizar el método alterno de selección antes de saber si, en efecto, habrá más aspirantes que candidaturas disponibles para determinado puesto. El método alterno existe, precisamente, para que el partido escoja un candidato oficial entre varios aspirantes. Y no es hasta después del 30 de diciembre de 2023 que el partido sabe con certeza absoluta cuántos aspirantes [presentaron] sus intenciones de candidaturas. (Negrilla y subrayado en el original).30

En cuanto al entendido de la mayoría de que es necesario

celebrar el método alterno antes del 30 de diciembre de 2023

para preservar el derecho a primarias de quien no se acoja a

este, ello es incorrecto. Según plantea certeramente el MVC,

nada impide que una persona que radica su intención de candidatura en el periodo dispuesto durante el mes de diciembre de 2023 pida una primaria, a pesar de que el método alterno a celebrarse ─y en el cual ha decido no participar─ se celebre después del 30 de diciembre de 2023. En este caso, el desenlace es relativamente sencillo: se llevaría a cabo el método alterno entre aquellos aspirantes que se sometieron a este, y el vencedor de este proceso se enfrentaría en junio [de 2024] a las personas que hayan solicitado primaria, de estas existir y de estas haber presentado los endosos correspondientes. En otras palabras, es perfectamente compatible celebrar el método alterno posterior al 30 de diciembre de [2023] y preservar el derecho de cualquier integrante a solicitar una primaria a celebrarse en junio de 2024. (Negrilla suplida).31

Es menester puntualizar también que los reglamentos que

la CEE promulgó en el pasado, al amparo de las legislaciones

anteriores, reproducían esencialmente el texto de estas,

incluyendo la prohibición a requerir endosos a los aspirantes

30 Alegato del Movimiento Victoria Ciudadana, pág. 25. Según la ley, el 30 de diciembre de 2023 es la fecha límite para presentar candidaturas. 31 Íd., pág. 37. Como cuestión de hecho, ningún aspirante del MVC solicitó

la celebración de primarias. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 31

cuyo partido se acogió a un método alterno.

Contradictoriamente, ahora que la legislación vigente omite

esa prohibición ─pero no requiere de manera imperativa el

requisito de peticiones de endosos─, la CEE incluyó el

requisito por la vía reglamentaria. Ese proceder incoherente

no se puede sostener.

Independientemente de esto, asumiendo que esta sección

es exigible contra los aspirantes impugnados en cuanto al

requisito de presentación de peticiones de endosos, opino que

esta es ultra vires ─y, en consecuencia, nula─ toda vez que

está en conflicto directo con el propio Código Electoral de

2020.

Es harto conocido que la Asamblea Legislativa tiene la

facultad de delegar el poder de reglamentar a las agencias

administrativas. R&B Power, Inc. v. Junta de Subastas ASG,

213 DPR ___ (2024), 2024 TSPR 24. En ese sentido, “les

corresponde a los organismos administrativos adherirse

estrictamente a los poderes que les han sido delegados”. Íd.

Por tanto, “en ausencia de un mandato legislativo expreso o

implícito, aquella actuación administrativa que no obedezca

el poder conferido sería una actuación ultra vires de la

agencia y, por ende, nula”. Íd. Véase, también, FCPR v. ELA

et al., 211 DPR 521 (2023).

Es indiscutible que el Código Electoral de 2020 facultó

a la CEE a adoptar el reglamento en cuestión. Asimismo, a

reglamentar “todo asunto relacionado con las peticiones de

endosos”. 16 LPRA sec. 4625. Ahora bien, esa delegación de CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 32

poder no se extiende al rebasamiento de los linderos de la

propia ley. La CEE actuó de forma extralimitada al imponer un

requisito que el propio estatuto no dispone. En consecuencia,

debe entenderse que la porción en controversia de la Sec. 3.1

del Reglamento de candidaturas es nula, dada la actuación

ultra vires de la agencia.32

ii. Reglamento y manual de primarias y métodos alternos de nominación de 2024 (Reglamento de primarias y métodos alternos)

La CEE aprobó el Reglamento de primarias y métodos

alternos el 24 de agosto de 2023, según lo mandata el Art.

7.1 del Código Electoral de 2020 para regular estos mecanismos

de selección de candidatos. Nótese que este reglamento se

promulgó después que el Reglamento de candidaturas y regula,

con carácter de especialidad, por ejemplo, la cuestión de los

métodos alternos. Este, el cual por el principio de

especialidad prevalece sobre el Reglamento de candidaturas,

no hace alusión a requisito alguno de endosos para los métodos

alternos. La sección pertinente que aborda el particular se

32En el pasado, y casualmente en contextos electorales, he elaborado un razonamiento similar: “En fin, en la jerarquía del derecho, la ley prevalece sobre cualquier disposición reglamentaria o actuación administrativa que sea contraria a esta. Por consiguiente, si la regla o actuación administrativa contraviene el texto legal, esta es nula; sencillamente no puede prevalecer por encima de la ley”. Gautier Vega v. CEE, 205 DPR 724, 783 (2020) (J. Oronoz Rodríguez, Opinión disidente).

Por otro lado, los peticionarios plantearon que, dado que el Reglamento de candidaturas no se impugnó en el término estatutario, los aspirantes impugnados se allanaron a su validez. Es harto conocido que una persona que alegue ser afectada personalmente por la aplicación de un reglamento puede impugnar su validez ante el Tribunal de Primera Instancia. Véase Sierra Club v. Junta de Planificación, 203 DPR 596, 607 (2019); Centro Unido Detallistas v. Com. Serv. Púb., 174 DPR 174, 184– 185 (2008). Precisamente, mediante el litigio que originó estos recursos consolidados los aspirantes impugnados cuestionaron la disposición reglamentaria en controversia y aseveraron que la interpretación que le imprimen los peticionarios es ultra vires y, por tanto, sería nula. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 33

limita a reproducir lo que dispone el Art. 7.11 del Código

Electoral de 2020.

En fin, como mínimo, no se debe penalizar a los

aspirantes impugnados por descansar en las representaciones

que hizo la CEE. Recuérdese que este es el primer ciclo

electoral completo que se celebra bajo la vigencia del Código

Electoral de 2020. Además, dado que no había un precedente

que despejara esta controversia, toda vez que el entendido

histórico era la no exigencia de las peticiones de endosos a

los aspirantes sujetos a un método alterno, este Tribunal

debió considerar emitir su dictamen con efecto prospectivo.33

V

Finalizo esta exposición con enmarcar, en términos de

trascendencia, la decisión que una mayoría de este Tribunal

emite hoy. El dictamen de esta Curia debilita el ejercicio

democrático del País al privar al electorado de la propuesta

política del partido aquí concernido. No es afín a un sistema

como el nuestro que se suprima la pluralidad de opciones

disponibles para ofrecer a quienes, a fin de cuentas, ostentan

el poder de decidir sobre las personas que deben figurar en

las posiciones de liderato político.

33 Como norma general, las decisiones emitidas por esta Curia tienen carácter retroactivo. McNeil Healthcare, LLC v. Mun. Las Piedras, 2023 TSPR 135, 213 DPR ___ (2023). Ahora bien, “en el ejercicio de nuestra discreción judicial, hemos emitido opiniones con efecto prospectivo en consideración a las circunstancias fácticas del caso, la justicia, la equidad, la mejor convivencia social o para evitar dislocaciones severas en nuestro sistema económico”. Rosario Domínguez v. ELA, 198 DPR 197, 216 (2017). A los fines de dar un tratamiento realmente justo a esta controversia y evitar emitir un remedio tan drástico como la descalificación, en el ejercicio de nuestra discreción judicial, este Tribunal debió sospesar la emisión de un dictamen con efecto prospectivo. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 34

Al momento de tomar determinaciones que puedan incidir

en el derecho al voto consagrado en nuestro esquema

constitucional, corresponde, como decimos coloquialmente,

“hilar fino”. Previamente, he puntualizado que “[u]na de las

garantías fundamentales y emblemáticas de nuestro

ordenamiento democrático es el derecho al voto”. Com. PNP v.

CEE III, 196 DPR 706, 746 (2016) (J. Oronoz Rodríguez, Opinión

disidente). Este Tribunal lo ha reconocido como “la más

preciada de las prerrogativas del pueblo, porque es a través

del voto que el pueblo ejerce su poder soberano y expresa su

voluntad”. P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199,

207 (1981).

Con esto en mente, es preocupante que, a priori, una

mayoría de esta Curia se convierta en un comité evaluador y

decida que los aspirantes en cuestión no pueden acceder a la

papeleta el próximo mes de noviembre, al aplicarles un

requisito inexiste y, al así proceder, incurrir en un acto

arbitrario.

En esta coyuntura, precisa reseñar, brevemente, la

doctrina de acceso a la papeleta. En PAC v. ELA I, 150 DPR

359, 388–389 (2000), este Tribunal explicó:

En aquellos casos en que se impugna la constitucionalidad de una ley que reglamenta el acceso a la papeleta electoral, no se impone automáticamente a los tribunales el deber de aplicar un escrutinio estricto. El someter automáticamente cada disposición electoral al escrutinio estricto le ataría las manos a los estados en su interés de reglamentar para garantizar que las elecciones se lleven a cabo de forma equitativa y eficiente.

Ante un reclamo de inconstitucionalidad al amparo de la doctrina de acceso a la papeleta, corresponde al tribunal, en primer lugar, determinar si la restricción es severa, irrazonable o discriminatoria, y examinar la naturaleza y magnitud del daño alegado y la dimensión del perjuicio CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 35

ocasionado. Si se determina que la restricción es severa, irrazonable o discriminatoria, se sujeta la reglamentación al escrutinio estricto.

Al amparo de la doctrina de acceso a la papeleta se entiende que es severa aquella restricción que tiene el efecto de hacer imposible que todo nuevo candidato o asociación política pueda tener acceso a la papeleta electoral. La pregunta que debe contestarse es si un candidato que ejerce una diligencia razonable puede satisfacer los requisitos impuestos por el Estado. (Cita depurada). Íd.

A través de este crisol, aunque el estatuto en cuestión

no exige el requisito de endosos, si lo exigiera, habría que

mirarlo con sospecha. Máxime cuando “se ha utilizado con

frecuencia […] para impedir efectivamente la entrada de

nuevos jugadores al [ruedo] electoral. Tanto en Estados

Unidos como en Puerto Rico, la ley fue creada y es

regularmente modificada por legisladores que pertenecen a los

dos partidos principales”. (Negrilla suplida). A. Padilla

Babilonia & I. Molina Villarino, Las nuevas reglas del juego

electoral: un análisis constitucional del acceso a la

papeleta, 85 Rev. Jur. UPR 1143, 1147 (2016).

El requisito de presentación de peticiones de endosos

─por fíat judicial─ tornaría en superflua la distinción entre

las primarias y los métodos alternos, y despojaría a los

partidos políticos que se acogieron a estos últimos de las

facultades que se les confiere por ley y daría al traste con

la deferencia debida a sus procesos internos. Lo resuelto por

una mayoría es aún más dramático, pues redundará en que los

encasillados ─de los aspirantes descalificados─ en las

papeletas de las elecciones de noviembre de 2024 aparecerán

en blanco. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 36

Resulta contradictorio que, por un lado, la mayoría

pregone la importancia de la “uniformidad” para mantener el

orden en el proceso electoral, a la vez que, por el otro, el

propio Código Electoral de 2020 no trata de manera uniforme

a quienes logran acceso a la papeleta electoral en noviembre.

En dicha papeleta figurarán tanto candidatos que no tuvieron que

presentar peticiones de endosos ─por múltiples razones─ como

aquellos que tuvieron la obligación de cumplir con ese

requisito. Ese esquema lo delineó la propia Asamblea Legislativa

y es, de por sí, heterogéneo y da al traste con el argumento de

la presunta uniformidad.

VI

La disposición correcta de esta controversia debió conducir

a la mayoría del Tribunal a resolver, sin más, que la legislación

electoral vigente ─interpretada de la forma correcta y con

particular atención a los delicados intereses involucrados─, en

modo alguno instituye un requisito de endosos para los

aspirantes cuyos partidos políticos se acogieron a un método

alterno. Además, de considerar que esa exigencia surge de un

reglamento, este es, sin duda, nulo. Debió pesar también en su

análisis los efectos trascendentales de su decisión sobre los

procesos democráticos y el derecho fundamental al voto, pues

súbitamente se despoja de toda oportunidad a los aspirantes

impugnados.34

34 A su vez, el dictamen constituye de cortapisa a lo que dispone el Art. 7.9 del Código Electoral de 2020, a los efectos de que “cada [p]artido [p]olítico tendrá derecho a nominar un candidato para cada cargo público electivo objeto de votación en una Elección General”. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 37

En vista de que ese no fue el curso de acción adoptado, es

mi obligación consignar mi total inconformidad con lo resuelto.35

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta

16 LPRA sec. 4619. En este caso, se limita la oportunidad de nominar candidatos a la papeleta legislativa. 35 Aclaro que con el único aspecto con el que concurro con la decisión mayoritaria, aunque por los fundamentos que he expuesto en esta ponencia, es el de permitir que la Hon. Ana Irma Rivera Lassén figure en la papeleta de noviembre de 2024, pues es lo que procede en derecho. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Jorge Alfredo Rivera Segarra Representante Distrito 22; Hon. Héctor Santiago Torres Senador Distrito de Guayama; Lcda. Yulixa Paredes Albarrán Aspirante a Representante Distrito 13; y Jorge Quiles Gordillo Aspirante a Representante por Acumulación

Recurridos CC-2024-0266 v. cons. con Hon. Ana Irma Rivera Lassen Aspirante CC-2024-0267 Comisionada Residente MVC; Edgardo Cruz Vélez Aspirante Comisionado Residente MVC; Alejandro Santiago Calderón Aspirante Senador por Acumulación MVC; Ramón Cruz Díaz Aspirante Senado por Acumulación MVC; Edwin Marrero Martínez Aspirante Senado por Acumulación MVC; Hon. Rafael Bernabé Riefkohl Aspirante Senador por Acumulación MVC; Hon. Mariana Nogales Molinelli Aspirante Representante por Acumulación MVC; Lcdo. Olvin Valentín Rivera Aspirante Representante por Acumulación MVC; Gladys Myrna Conty Hernández Aspirante Representante por Acumulación MVC; Anthony Sánchez Aponte Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Sthephen CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 2

Gil Álamo Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Wilfredo Pérez Torres Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Hon. Jessika Padilla Rivera Presidente Interina CEE; Lcda. Lilliam Aponte Dones Comisionada Movimiento Victoria Ciudadana; Lcda. Vanessa Santo Domingo Cruz Comisionada Partido Nuevo Progresista; Lcda. Karla Angleró Comisionada Partido Popular Democrático; Roberto Iván Aponte Comisionado Partido Independentista Puertorriqueño; Lcdo. Nelson Rosario Comisionado Proyecto Dignidad; y Partido Movimiento Victoria Ciudadana

José “Pichy” Torres Zamora; Keren Riquelme Cabrera; Leyda Cruz Berríos; y Marigdalia Ramírez Fort

Hon. Jorge Alfredo Rivera Segarra Representante Distrito 22; Hon. Héctor Santiago Torres Senador Distrito de Guayama; Lcda. Yulixa Paredes Albarrán Aspirante a Representante Distrito 13; y Jorge Quiles Gordillo Aspirante a Representante por Acumulación

Peticionarios CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 3

Hon. Ana Irma Rivera Lassen Aspirante Comisionada Residente MVC; Edgardo Cruz Vélez Aspirante Comisionado Residente MVC; Alejandro Santiago Calderón Aspirante Senador por Acumulación MVC; Ramón Cruz Díaz Aspirante Senado por Acumulación MVC; Edwin Marrero Martínez Aspirante Senado por Acumulación MVC; Hon. Rafael Bernabé Riefkohl Aspirante Senador por Acumulación MVC; Hon. Mariana Nogales Molinelli Aspirante Representante por Acumulación MVC; Lcdo. Olvin Valentín Rivera Aspirante Representante por Acumulación MVC; Gladys Myrna Conty Hernández Aspirante Representante por Acumulación MVC; Anthony Sánchez Aponte Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Sthephen Gil Álamo Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Wilfredo Pérez Torres Aspirante a Representante por Distrito 38 PD; Hon. Jessika Padilla Rivera Presidente Interina CEE; Lcda. Lilliam Aponte Dones Comisionada Movimiento Victoria Ciudadana; Lcda. Vanessa Santo Domingo Cruz Comisionada Partido Nuevo Progresista; Lcda. Karla Angleró Comisionada Partido Popular Democrático; Roberto Iván Aponte Comisionado Partido Independentista Puertorriqueño; Lcdo. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 4

Nelson Rosario Comisionado Proyecto Dignidad; y Partido Movimiento Victoria Ciudadana

José “Pichy” Torres Zamora; Keren Riquelme Cabrera; Leyda Cruz Berríos; y Marigdalia Ramírez Fort

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor ESTRELLA MARTÍNEZ.

“Si su partido ha sido acogido por método alterno de selección según el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 no es requisito presentar peticiones de endosos”.

- Notificación que recibieron los candidatos descalificados por parte del Sistema de Notificación de Intención de Aspirar a una Candidatura y Sistema de Endosos operado por la Comisión Estatal de Elecciones.

Hoy, teníamos la oportunidad de ponerle un detente a la

improvisación, desorganización y contradicciones que

recientemente ha exhibido la dirección administrativa de la

Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Específicamente, en el

contexto de la intervención unilateral de la Presidencia de

la CEE en los métodos alternos para selección de candidatos

del Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. En su

lugar, hoy se valida una acción administrativa que atenta CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 5

directamente contra lo dispuesto en el Código Electoral de

2020, Ley Núm. 58-2020, 16 LPRA sec. 4501 et seq. (Código

Electoral de 2020), la interpretación integral de sus

reglamentos y, sobre todo, las protecciones y derechos que

garantiza la Constitución de Puerto Rico.

El resultado es que la igualdad electoral real se vio

reducida por una igualdad artificialmente creada para

equiparar distintos métodos de acceder a una papeleta

electoral. Como no puedo avalar que se laceren estas

garantías de gran envergadura y, mucho menos, que se instaure

un método alterno selectivo ―disfrazado de una falsa

igualdad― que tiene el efecto de excluir que ciertos

candidatos participen de las elecciones generales del 2024,

disiento.

Nuestro rol en esta controversia se centraba en

contestar si ciertos aspirantes que presentaron su intención

de candidatura para las elecciones generales de 2024 bajo el

método alterno delineado por sus partidos políticos y que

cumplieron con todos los requisitos dispuestos en el Código

Electoral de 2020 tenían que, además, recoger peticiones de

endosos.

La respuesta a tal interrogante es de consecuencias

trascendentales para la credibilidad de la Comisión Estatal

de Elecciones (CEE) como institución con la responsabilidad

de llevar a cabo los procesos y eventos electorales en un

ambiente de absoluta pureza e imparcialidad y, en CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 6

específico, para la integridad de nuestras instituciones,

incluyendo al Poder Judicial. De ahí la importancia de que

esta controversia fuese resuelta con el máximo rigor

Pese a lo anterior, en la tarea de brindar una

contestación, este Tribunal interpreta erróneamente el

Código Electoral de 2020 y concluye que el recogido de

endosos era indispensable para que estos aspirantes pudiesen

ser certificados. Con esta interpretación equivocada,

ciertos candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana y el

Proyecto Dignidad quedarán fuera de la papeleta,

infringiéndose así el axioma constitucional de la igualdad

electoral, el derecho a la libre asociación y al ejercicio

del voto del electorado puertorriqueño.

Expuesta la médula de la controversia, adelanto, como

punto de partida, que mi disenso tiene como fundamentos los

postulados siguientes:

Postulado #1:

El Código Electoral de 2020 no exige que los aspirantes

de un partido que se acogió al método alterno para la

nominación de sus candidatos tengan que recoger endosos como

parte del proceso de presentación de su candidatura. De

hecho, no cabe hablar de este requisito en la selección de

aspirantes a través del método alterno debido a que el

recogido de endosos exigido para la primaria de ley y el CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 7

procedimiento alterno son mutuamente excluyentes e

independientes entre sí.

Postulado #2:

La eliminación en el Código Electoral de 2020 de la

exención contenida en las leyes electorales predecesoras

que expresamente disponía que los partidos políticos

acogidos a un método alterno no pueden exigir a los

aspirantes recoger endosos, no implica que el legislador

tipificó el requerimiento obligatorio de endosos para este

procedimiento. Es decir, la ausencia de tal exención no

puede entenderse como que actualmente sí es necesario el

recogido de endosos, pues de haber sido esa la intención de

la Asamblea Legislativa, así debió hacerlo constar

expresamente en el Código Electoral de 2020. Sin embargo,

no lo hizo.

Postulado #3:

El Código Electoral de 2020 reafirma que los partidos

políticos tienen el poder de reglamentar cómo se conducirán

sus procesos internos relacionados con la selección de sus

candidatos, siempre y cuando cumplan con ciertas garantías

mínimas. No siendo los endosos una de esas garantías mínimas

requeridas dispuestas en la ley, la forma en que los partidos

políticos manejan internamente el método alterno para la

nominación de sus candidatos es una cuestión en la que los

tribunales están limitados de inmiscuirse. Sobretodo cuando

el efecto de esa intromisión es para dictaminar un CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 8

requerimiento adicional no legislado que tiene la

consecuencia de vetar irrazonablemente el acceso a la

papeleta electoral, coartando múltiples garantías

constitucionales.

Postulado #4:

La Sección 3.1 del Reglamento para la radicación de

candidaturas de los partidos políticos y candidatos

independientes del 15 de julio de 2023, pretende imponerle

el requisito de recogido de endosos a los aspirantes que

participaron del proceso de método alterno. No obstante,

esta disposición debe declararse nula por añadir

requisitos que no fueron contemplados en su ley

habilitadora: el Código Electoral de 2020. Ello,

particularmente, dado que la Asamblea Legislativa así pudo

requerirlo, mas, según adelantado, optó por no incluir tal

exigencia.

Postulado #5:

Es incorrecta jurídicamente la conclusión de que la

celebración del método alterno posterior a la fecha

establecida reglamentariamente violentaría la prerrogativa

de las personas afiliadas y los miembros del partido a

reclamar su derecho a solicitar primarias. Lo anterior es

más crucial todavía dado que, en este caso, en ningún momento

un elector del Movimiento Victoria Ciudadana o el Proyecto

Dignidad ejerció esta prerrogativa, por lo cual tal premisa

resulta totalmente especulativa. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 9

Igualmente, tal y como anticipé, la introducción de tal

limitación por la vía reglamentaria, en ausencia de una

autorización por parte del Código Electoral de 2020, es ultra

vires. En todo caso, la falta de designación de una fecha

cierta anterior para que en el supuesto de que se solicite

primaria de ley en alguno de los escaños donde los aspirantes

fueron seleccionados mediante el método alterno, de modo que

finalmente todos los aspirantes tengan la misma fecha

límite, es un vacío provocado por la Asamblea Legislativa

que no puede tener el efecto de perjudicar los derechos

garantizados en el Código Electoral y en la Constitución de

Puerto Rico. Más que todo, cuando existen remedios en equidad

que no lesionarían garantías constitucionales y que la

Mayoría ha descartado para echar mano simplemente a la opción

más drástica.

Postulado #6:

La descalificación ordenada por este Tribunal vulnera

el axioma de la igualdad electoral, el derecho a la libre

asociación y el ejercicio al voto garantizado por la

Constitución de Puerto Rico. Ello cobra una importancia

mayor en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, ya que

estos llevaron a cabo asambleas distritales y una asamblea

nacional en la que los miembros de esta colectividad

seleccionaron con su voto a los candidatos de su preferencia

para los próximos comicios electorales. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 10

Postulado #7:

Finalmente, la CEE notificó expresamente a las y los

aspirantes que, toda vez que sus partidos se acogieron al

método alterno, no tenían que presentar peticiones de

endosos. Cónsono con ello, desde el inicio y hasta la

culminación del procedimiento administrativo, la CEE no

rebatió la corrección de la notificación expresa que les

representó a esos efectos. Por tanto, aún si se concluyera

que se debían recoger los endosos en cuestión ―lo cual

reafirmo, no era necesario―, los tribunales tenían el deber

de proveer un remedio justo a todas las partes. Como mínimo,

ese remedio requería la concesión de un tiempo razonable

para que los aspirantes cumplieran con la presentación de

los endosos en controversia.

Indudablemente, la aplicación de estos postulados

resultaba esencial para impartirle confianza a nuestro

sistema electoral. No podíamos decidir en abstracción de lo

que realmente ocurrió.

En vista de que con la descalificación dictada por este

Tribunal hubo un sesgo impermisible del Derecho aplicable,

desafortunadamente ciertos candidatos de los partidos

Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad no podrán

competir en las próximas elecciones generales. Como disiento

de este derrotero, procedo a exponer el marco legal en el

que se fundamenta mi postura. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 11

La controversia ante nuestra consideración exige

precisar si bajo nuestro sistema electoral es necesario el

recogido de endosos por parte de un grupo de aspirantes

pertenecientes a un partido político que se acogió al

mecanismo alterno para la selección de sus candidatos.

Por un lado, ciertos querellantes e interventores

afiliados al Partido Popular Democrático (PPD) y al Partido

Nuevo Progresista (PNP) (en conjunto, Querellantes)

presentaron una Demanda en la que arguyeron que determinados

aspirantes pertenecientes a los partidos Movimiento Victoria

Ciudadana y Proyecto Dignidad no radicaron al 30 de diciembre

de 2023 ante la CEE los expedientes de aquellas personas que

fueron seleccionadas como candidatos únicos.

El grupo de aspirantes está compuesto por doce (12)

personas que buscan ocupar diversos escaños en la comisaría

residente, el Senado y la Cámara de Representantes.

Específicamente, estos son: la Hon. Ana Irma Rivera Lassen;

el Sr. Edgardo Cruz Vélez; el Sr. Alejandro Santiago

Calderón; el Sr. Ramón Cruz Díaz; el Sr. Edwin Marrero

Martínez; el Hon. Rafael Bernabe Riefkohl; la Hon. Mariana

Nogales Molinelli; el Lcdo. Olvin Valentín Rivera; la Sra.

Gladys Myrna Conty Hernández; el Sr. Anthony Sánchez Aponte;

el Sr. Sthephen Gil Álamo, y el Sr. Wilfredo Pérez Torres

(Querellados). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 12

Los Querellantes expresaron que los Querellados estaban

obligados a recoger peticiones de endosos como condición

para poder participar de los próximos comicios electorales.

Toda vez que no lo hicieron, solicitaron que estos fuesen

descalificados al amparo del Art. 7.5 del Código Electoral

de 2020, supra.

En respuesta, los Querellados contestaron la demanda y

presentaron sendas mociones dispositivas. De entrada,

plantearon que los Querellantes carecían de legitimación

activa, pues no se cumplían los requisitos doctrinales

exigidos. En los méritos, expusieron una diversidad de

razones por las cuales entendían que el recogido de endosos

no operaba contra ellos, ya que sus partidos se habían

acogido al método alterno de selección de candidatos en lugar

de las primarias de ley.

Luego de varios trámites, los cuales incluyeron una

vista argumentativa, el Tribunal de Primera Instancia emitió

una Sentencia en la que estableció que algunos de los

Querellantes sí contaban con legitimación activa para llevar

la causa de acción. Seguido de ello, evaluó el reclamo de

los Querellantes en los méritos.

En principio, el foro primario analizó el Art. 7.15 del

Código Electoral de 2020, supra, y determinó que la única

interpretación lógica de tal disposición es que esta

“establece [tres] (3) categorías de electores que están

obligados a recoger endosos, a saber: 1) el que desee CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 13

concursar en primarias; 2) el que desee ser aspirante; y 3)

los candidatos independientes”.1 Fundamentado en ello,

concluyó que, como “aspirantes”, los Querellados tenían la

obligación de recoger endosos.

Amparado en que aún si se entendiera que el texto del

Art. 7.15 no fuese claro, el foro primario articuló que la

intención legislativa al aprobar el Código Electoral de 2020

es que todos los aspirantes deben cumplir con tal requisito,

ya que se eliminó la exención al recogido de endosos

contenida en las leyes electorales predecesoras para quienes

se regían bajo un método alterno. Sentenció que “[s]i la

intención de la Asamblea Legislativa hubiese sido mantener

la norma igual a los Códigos Electorales anteriores, no

hubiese removido la frase que exime del recogido de

endosos”.2

Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia acudió

al Art. 7.11 del Código Electoral de 2020, supra, y señaló

que celebrar un método alterno posterior al término

establecido reglamentariamente violentaría la prerrogativa

de otros miembros o afiliados del partido de reclamar el

derecho a primaria bajo el Art. 7.11 del Código Electoral de

2020, 16 LPRA sec. 4621(4), ya que no se tendría tiempo para

el recogido de endosos. Por último, se amparó en la Sección

1Sentencia [del Tribunal de Primera Instancia], pág. 24.

2Íd., pág. 25. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 14

3.1 del Reglamento para la radicación de candidaturas de los

partidos políticos y candidaturas independientes, supra,

para finiquitar la necesidad de la recolección de endosos

antes del mediodía del 30 de diciembre de 2023.

Inconformes, los Querellados pertenecientes al

Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad acudieron

al Tribunal de Apelaciones. Tras la celebración de, incluso,

una vista oral, el foro apelativo intermedio determinó,

en esencia, que el reconocimiento de legitimación activa

realizado por el foro primario en cuanto a ciertos

Querellantes fue erróneo. Así, y tras estimar que ninguno

de los Querellantes había sufrido un daño real, revocó el

dictamen recurrido con la consecuencia de dejar sin efecto

la descalificación de los candidatos impugnados.

Tras ello, los Querellantes recurrieron a este

Tribunal. Luego de la emisión de una multiplicidad de

Resoluciones para señalar una vista oral, ordenar la

presentación de alegatos, así como el otorgar el permiso

parcial a solo ciertas partes para argumentar, una mayoría

de este Tribunal determina que los Querellantes ostentan

legitimación activa y, acto seguido, revocan al foro

apelativo intermedio en sus méritos. Esto último con la

consecuencia de descalificar a varios candidatos del

Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad,

impidiéndoles que aparezcan en la papeleta de las elecciones

generales del 2024. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 15

Ahora bien, previo a adentrarnos en el Derecho

sustantivo de la controversia, puntualizaré varios aspectos

sobre el asunto de umbral de la legitimación activa.

A. Legitimación activa estatutaria

e interés público

En primer lugar, destaco que, consecuente con mi visión

de acceso a la justicia, la legitimación activa como parte

de una de las doctrinas de autolimitación judicial bajo el

principio de justiciabilidad debe evaluarse como una norma

de prudencia en cuanto a la intervención judicial en una

controversia en particular.3 Esto es así debido a que en el

caso de Puerto Rico, la legitimación activa ―la cual, en

esencia, procura que el pleito sea tramitado a nombre de

quien por ley tenga el derecho de lo que se reclama― fue

creada jurisprudencialmente.

De ahí que, al examinar quién es esa persona con

capacidad para ser demandante, este Tribunal ha concluido

inequívocamente que, “en ausencia de un estatuto que

expresamente confiera legitimación activa a ciertas

3(Énfasis en el original omitido). Amadeo Ocasio et al. v. Gobernador et al., 211 DPR 278, 320 (2023) (Opinión de conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez) (citando a J. M. Farinacci Fernós, Cualquier persona: La facultad plenaria de la Asamblea Legislativa para otorgar legitimación activa por la vía estatutaria, 84 Rev. Jur. UPR 359, 366 (2015)). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 16

personas”,4 es que entraría en función que el litigante

demuestre su capacidad bajo los criterios de la legitimación

activa ordinaria. Por tanto, como primer paso al examinar la

existencia y el alcance de la legitimación codificada, los

tribunales deben auscultar si alguna disposición legal le

confiere una causa de acción a determinada persona.5

En caso de que determinada ley conceda legitimación

estatutariamente, la persona designada estará capacitada

para presentar su reclamo por pura voluntad legislativa

sujeto únicamente a las exigencias dispuestas en la ley

correspondiente.6 En estos casos, “el elemento decisivo será

determinar el juicio legislativo en cuanto a las

circunstancias que deben existir para que una parte pueda

presentar un asunto para la consideración del tribunal”.7 Es

decir, lo esencial para viabilizar la capacidad para

4Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 835 (1992).

5B-Billboard BG, LLC v. Out of Home Media, LLC, 2024 TSPR 51 (Opinión disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez). En síntesis, la legitimación activa estatutaria cobra eficacia “cuando una ley, ya sea de manera expresa o implícita, otorga a una persona legitimación activa para instar una acción judicial, independientemente de que esta haya sufrido un daño particular, más allá del mero hecho de la violación de la ley”. Farinacci Fernós, La justiciabilidad en Puerto Rico, 1ra ed., Interjuris, 2024, pág. 139.

6Íd.

7Farinacci Fernós, La justiciabilidad en Puerto Rico, supra, pág. 132. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 17

demandar es cumplir con aquellos requisitos consignados en

el estatuto.8

Por otra parte, es en caso de que no exista una

disposición legal concediendo legitimación activa por la vía

estatutaria que entra en función la legitimación ordinaria,

la cual generalmente exige que la parte demandante acredite:

“(1) que ha sufrido un daño claro y palpable; (2) que el

daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto o

hipotético; (3) que existe una conexión entre el daño sufrido

y la causa de acción ejercitada, y (4) que la causa de acción

surge bajo el palio de la Constitución o de una ley”.9

Ahora bien, un examen del Código Electoral de 2020

revela que, dada la importancia del voto y en beneficio de

la protección existente contra toda coacción, se le confirió

legitimación estatutaria a los electores que procuren

vindicar este derecho. Por ser el sufragio la más clara

expresión y representar la intención de la voluntad

democrática del Pueblo, mediante el Art. 5.1 del Código antes

aludido:

[s]e concede a los electores la legitimación activa para iniciar o promover cualquiera acciones legales al amparo de este Artículo, ante el Tribunal de Primera Instancia que corresponda de

8Enfatizo,los rigorismos característicos de la legitimación ordinaria son ajenos a la legitimación estatutaria. B-Billboard BG, LLC v. Out of Home Media, LLC, supra.

9TorresMontalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 767 (2016) (citando a Hernández Torres v. Gobernador, supra, pág. 836). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 18

conformidad con el Capítulo XIII de esta Ley.10

Siendo ello así, una las instancias que habilita que

los electores acudan a los tribunales bajo la carta de

derechos codificada en el Art. 5.1 del Código Electoral de

2020, supra, es cuando lo que se cuestiona es que se le ha

otorgado primacía a los derechos y las prerrogativas de los

partidos políticos sobre los derechos electorales

individuales de los ciudadanos electores.11

El Código Electoral de 2020 viabiliza diversas formas

en la que los electores podrán guiar sus reclamos

electorales. Una de ellas se estableció mediante el Art.

7.5, el cual dispone que

Cualquier Aspirante o Candidato nominado podrá ser descalificado como tal, por el Tribunal de Primera Instancia, cuando medie querella porque no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución o la ley, o cuando se demostrare que ha violado cualesquiera de las disposiciones de esta Ley o de sus reglamentos. El Aspirante o Candidato impugnado deberá contestar bajo juramento dicha querella, dentro de los diez (10) días siguientes de haber sido notificada. Si el Tribunal de Primera Instancia, designado de conformidad con el Capítulo XIII de esta Ley, encontrare que de las alegaciones surge una controversia real, deberá citar a vista a ser realizada dentro de los diez (10)

1016 LPRA sec. 4561.

11Concretamente, lo que protege el Art. 5.1(2) es “[l]a supremacía de los derechos electorales individuales del ciudadano sobre los derechos y las prerrogativas de los Partidos Políticos, Candidatos Independientes y agrupaciones políticas”. 16 LPRA sec. 4561. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 19

días de haber el querellado presentado su contestación. Dicho término podrá ser reducido por el Tribunal de Primera Instancia, según lo requieran las circunstancias del caso.

Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que todo

elector está legitimado estatutariamente para solicitar la

descalificación de cualquier aspirante o candidato, siempre

y cuando medie querella afirmando que estos incumplieron con

los requisitos impuestos en la Constitución, el Código

Electoral de 2020 o sus reglamentos. Destaco que no se exige

la consumación del daño claro y palpable característico de

la legitimación activa ordinaria, sino que basta con una

alegación a los efectos de que existe un incumplimiento con

la ley electoral para que los tribunales se vean obligados

a dilucidar el reclamo.

Sobre el alcance de la legitimación activa estatutaria,

el Profesor Farinacci Fernós comenta lo siguiente:

[E]sto explica por qué una persona que no ha sido directamente agraviada puede, de todos modos, recurrir al foro judicial si la Asamblea Legislativa ha autorizado tal accionar mediante la otorgación de legitimación activa por la vía estatutaria. En esos casos, la parte promovente está autorizada ―o legitimada― para presentar su acción por pura voluntad legislativa. Precisamente, la existencia de esa alternativa es indicativa de que la doctrina de legitimación activa no implica directamente el principio de separación de poderes, sino que surge mayormente del requisito de autolimitación judicial de caso o controversia […].12

12 Farinacci Fernós, supra, pág. 132. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 20

Aquí, no existe duda de que los Querellantes aspirantes

son, a su vez, electores13 que válidamente presentaron su

reclamo al amparo del Art. 7.5 por, entre otros fundamentos,

alegar que los respectivos partidos políticos de los

Recurridos, mediante sus reglamentos internos, establecieron

que sus aspirantes no tenían que recoger endosos.14

Por lo anterior, los Querellante teorizaron que esta

disposición contravenía el Código Electoral de 2020 y sus

reglamentos, los cuales, supuestamente, exigen el recogido

de endosos luego de cierta fecha.15

13Véase, en lo particular, que el Art. 5.2 del Código Electoral de 2020, supra, establece que un elector “es todo ciudadano que haya cumplido con todos los requisitos de inscripción y la actualización de sus datos en el registro General de Electores […]. 16 LPRA sec. 4562.

14Particularmente, en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, reglamentariamente se dispuso lo siguiente:

[L]as personas que se sometan al presente proceso de nominación y elección de candidaturas, no tendrán que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones de endoso para Primarias de Ley para calificar como candidata o candidato del Movimiento.

Sección 2.1 del Reglamento para la elección de candidaturas para las elecciones Generales de 2024 del Movimiento Victoria Ciudadana, pág. 7.

15La Sección 3.1 del Reglamento para la radicación de candidaturas de los partidos políticos y candidatos independientes, es la que establece tal requerimiento:

Las personas seleccionadas mediante un Método Alterno de Nominación no tendrán que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones de endoso para primarias para calificar como CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 21

A la luz del Art. 5.1, el cual, tal y como expuse, le

otorga primacía a los derechos individuales de los electores

sobre los de los partidos políticos, un elector que

manifieste que la reglamentación interna de su partido, o el

de su opositor, vulnera los derechos contenidos en el Código

Electoral de 2020 o sus reglamentos, es suficiente en Derecho

para abrir las puertas del Poder Judicial. Habida cuenta de

que estamos ante la figura de la legitimación estatutaria,

no se puede exigir más.

En segundo lugar, resalto que, consecuentemente, este

Tribunal ha reconocido legitimación activa, aunque no se

configuren los requisitos doctrinales tradicionales, en

controversias donde media un alto interés público y existen

cuestiones constitucionales de gran envergadura. Fuster v.

Busó, 102 DPR 327 (1974);16 Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR

candidato(a); siempre y cuando sean escogidos y su expediente, con los documentos requeridos, sea radicado por su Partido Político como candidato único en la Comisión en o antes de las 12:00 (doce en punto) del medio día del 30 de diciembre de 2023.

Íd., págs. 15-16.

16“Decimos que es controvertible la capacidad jurídica de los demandantes porque este pleito tiene el propósito nominal de sentar en la Cámara de Representantes de Puerto Rico al señor Roberto Sánchez Vilella pero el señor Sánchez Vilella quien sería la persona realmente interesada no es demandante ni es parte en el litigio. Sin embargo, debido al interés público del asunto y a que están envueltas en él varias disposiciones constitucionales, una disposición de la Ley Electoral y una actuación de la Junta Estatal de Elecciones, hemos decidido entrar en los méritos”. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 22

875 (2005);17 Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760

(2016).18

Toda vez que la Querella incoada procura la

descalificación de ciertos candidatos de diversos partidos

opositores por el presunto incumplimiento con la ley

electoral, asunto que implica uno de los más altos intereses

existentes en cualquier democracia y con el potencial de

infringir el derecho fundamental al voto y a la libre

asociación, así como el axioma de la igualdad electoral, se

justifica, por este otro fundamento, la concesión de

legitimación activa.

(Negrillas suplidas). Fuster v. Busó, 102 DPR 327, 328 (1974).

17“Ahora bien, y con el propósito de que no quede duda en la mente de persona alguna sobre la validez de los actos de la Cámara de Representantes en una controversia de tanta importancia pública como la de autos, aun aceptando —a los fines de la argumentación— que los peticionarios tuvieran acción legitimada (“standing”) para instar el recurso de “mandamus”, el resultado sería el mismo”. (Negrillas suplidas y énfasis en el original). Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875, 889-890 (2005).

18“Esto nos lleva a concluir que el licenciado Torres no posee legitimación activa, lo que de ordinario nos conduciría a abstenernos, prudencialmente, de entrar en los méritos de este asunto. Véanse, por ejemplo: Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875 (2005); Fuster v. Busó, 102 DPR 327 (1974).

No obstante, tal y como hicimos en Nieves Huertas et al. v. ELA I, supra, donde también se cuestionó, entre otros, la legitimidad de unos puestos judiciales, y en consideración al alto interés público que reviste el asunto ante nos, entendemos necesario adentrarnos finalmente en los méritos de esta controversia de manera inmediata”. (Negrillas suplidas). Torres Montalvo v. Gobernador ELA I, 194 DPR 760, 767–68 (2016). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 23

Aclarado ese extremo, si bien es cierto que los

Querellantes tienen legitimación para cuestionar si ha

habido una violación de reglamento o ley ―aunque, como

veremos a continuación, ello no ha ocurrido― destaco que,

desde el prisma del razonamiento mayoritario, resulta obvio

que el verdadero carácter adversativo de esta controversia

sería si un afiliado de uno de los partidos que celebró

método alterno hubiese invocado su derecho a celebrar

primarias de ley. Sin embargo, en realidad, ninguna persona

perteneciente al Movimiento Victoria Ciudadana o al Proyecto

Dignidad solicitó participar en las primarias de ley para

este ciclo electoral.

En ese sentido, la Mayoría obvia que la supuesta

necesidad de requerir endosos a partir de determinado

momento está predicada en alegadamente procurar que se pueda

celebrar una primaria que en este ciclo electoral ni siquiera

se solicitó.

Superado el asunto jurisdiccional de umbral,

corresponde analizar la controversia en sus méritos.

Veamos.

Al aprobarse el Código Electoral de 2020 se reafirmaron

las virtudes de que el electorado puertorriqueño pueda

asociarse con su partido o candidato de preferencia y así

elegirlo mediante su voto directo, de manera que estos

últimos puedan tramitar los reclamos de los constituyentes CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 24

frente al Gobierno.19 Claro está, previo a aparecer en la

papeleta electoral, una o un candidato debe cumplir con

ciertos requisitos, los cuales, en el caso de los partidos

políticos, dependerán de si estos optan por celebrar unas

primarias de ley o si se acogen a un método alterno para la

selección de sus candidatos.

En virtud del Art. 7.1 del Código Electoral de 2020, 16

LPRA sec. 4611, se creó una Comisión de Primarias para cada

partido político y, adicionalmente, se dispuso que la

Comisión Estatal de elecciones aprobará un reglamento y

manual de primarias y métodos alternos de nominación.

Naturalmente, la aprobación de tales normas debe obedecer

las garantías mínimas dispuestas en el Código Electoral para

ambos procesos de nominación. Íd.

Así las cosas, el Art. 7.10 del Código Electoral, 16

LPRA sec. 4620, regula lo concerniente a la determinación y

celebración de primarias. Como veremos, esta disposición

establece la obligación de celebrar primarias en aquellos

casos en que surja más de un aspirante calificado, salvo que

la cantidad de aspirantes sea igual o menor que las

candidaturas que el partido postuló, en cuyo caso se

certifica automáticamente como candidato único.

Por otra parte, en el Art. 7.11 del Código antes citado,

16 LPRA sec. 4621, se otorga a los partidos políticos la

1916 LPRA sec. 4502. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 25

potestad de estructurar internamente un método alterno a las

primarias de ley para la nominación de sus candidatos,

siempre y cuando cumplan con una serie de garantías mínimas,

las cuales examinaremos más adelante.

Ahora bien, el Art. 7.15, 16 LPRA sec. 4625, dispone

que la Comisión Estatal de Elecciones reglamentará todo

asunto relacionado con las peticiones de endosos. Asimismo,

añade que “el periodo para la presentación de peticiones de

endosos para Aspirantes Primaristas y Candidatos

Independientes a cargos públicos electivos comenzará a

partir del 1ro. de diciembre [del 2023] y concluirá al

mediodía (12:00p.m.) del 15 de febrero [del 2024]”.

(Negrillas y énfasis suplido). Íd. Más adelante, dictamina

que “[c]ualquier Elector que desee concursar en unas

primarias, como aspirante o como candidato independiente,

además de cumplir con los requisitos de esta Ley y los

reglamentos de su Partido y la Comisión, deberá presentar

ante la Comisión la cantidad de peticiones de endoso

requerida” por el Código Electoral de 2020 para el cargo

público aplicable. Íd.

En acorde con el mandato estatuido en el Art. 7.1 del

Código Electoral de 2020, supra, la Comisión Estatal de

Elecciones aprobó el Reglamento para la radicación de

candidaturas de los partidos políticos y candidaturas

independientes, supra. Este, en lo aquí pertinente,

estableció en su Sección 3.1 que las personas seleccionadas CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 26

mediante un método alterno no tendrán que presentar

peticiones de endosos, siempre y cuando sean certificadas

como candidatos únicos en o antes de las 12:00 del medio día

del 30 de diciembre de 2023. Íd., pág. 17.

Es al amparo del Art. 7.15 del Código Electoral de 2020

y de la Sección 3.1 del Reglamento antes aludido que este

Tribunal concluye que los Recurridos debían recoger endosos

si, a cierta fecha, no eran presentados como candidatos

únicos.

A continuación, expongo los múltiples errores que

condujeron a esta conclusión, la cual tiene el efecto de ir

en contra del Derecho electoral y de las garantías de la

Carta Magna de Puerto Rico.

A. El Código Electoral de 2020 particulariza que la

recolección de endosos le aplica únicamente a los

aspirantes primaristas y a los candidatos independientes.

De inicio, preciso que el Art. 2.3 del Código Electoral

de 2020 define el término “‘Aspirante’ o ‘Aspirante

Primarista’” como “[t]oda persona natural que participe en

los procesos de primarias internas o los métodos alternos de

nominación de un partido político […]”. (Negrillas y énfasis

suplido). 16 LPRA sec. 4503(8). Asimismo, establece que las

“primarias” son el “[p]roceso de Votación a través del cual

se seleccionan los Candidatos a cargos públicos electivos

con arreglo a esta Ley y a las reglas que adopte la Comisión CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 27

y el organismo directivo del Partido Político concernido”.

Íd., sec. 4503(92).

Ahora bien, ¿cuándo se deben celebrar las primarias?

Eso, por supuesto, lo contesta la ley electoral vigente.

Al respecto, el Art. 7.10 del Código Electoral de 2020,

titulado “Determinación y realización de primarias”,

preceptúa lo siguiente:

(1) Todo Elector afiliado y miembro de un partido político tendrá derecho a que se le considere por el organismo directivo para ser nominado como Aspirante en primaria a cualquier cargo público electivo, siempre que sea un Aspirante calificado porque cumple con los requisitos de esta Ley, sus reglamentos y los reglamentos del partido. (2) Todo partido político tendrá la obligación de realizar primarias en aquellos casos donde surja más de un Aspirante calificado. (3) Certificaciones automáticas de aspirantes como candidatos únicos (a) El Presidente de la Comisión de Primarias del partido que corresponda certificará como candidatos únicos a los aspirantes a gobernador, comisionado residente en Washington D.C. senador o representante por acumulación o senador o representante por distrito, alcalde y legislador municipal que cumplan con todos los requisitos legales y reglamentarios de sus respectivos partidos políticos para participar en primarias sin necesidad de realizarlas en los siguientes casos: i. Si la cantidad de Aspirantes es igual o menor que la cantidad máxima de candidatos que el partido político pueda o deba postular para esos cargos en las próximas Elecciones Generales. ii. Si la cantidad de Aspirantes es igual o menor que once (11) para senadores o representantes por acumulación. En los casos de CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 28

senadores por distrito, esta disposición aplica si la cantidad de aspirantes es igual o menor que dos (2). En los casos de gobernador, comisionado residente en Washington D.C., representantes por distrito y alcaldes, esta disposición aplica si la cantidad de aspirantes por cada partido político es igual o menor que uno (1) en la demarcación geoelectoral que correspondan. En los casos de legisladores municipales, esta disposición aplicará cuando la cantidad de aspirantes sea igual o menor a la cantidad máxima de estas candidaturas en cada municipio.

De lo anterior surge que el proceso de selección de

candidaturas dispone que, como norma general, esto puede

ocurrir de dos (2) modos distintos.20 El primero entra en

función cuando la cantidad de aspirantes es igual o menor

que las candidaturas que el partido pueda o deba postular

para esos cargos, lo cual provoca su certificación

automática como candidato único. En este escenario resulta

innecesario recurrir a otras opciones para seleccionar los

candidatos.21 El segundo cobra eficacia cuando la cantidad

de aspirantes calificados es mayor que las candidaturas, lo

que activa el mecanismo clásico de la celebración de

2016 LPRA sec. 4620.

2116 LPRA sec. 4620 (3). Destacamos que esto no fue lo que ocurrió en el caso de autos. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 29

primarias.22 Es decir, habrá primarias cuando haya más

aspirantes que escaños disponibles.

Ahora bien, el Código Electoral de 2020 le confiere

a los partidos políticos la facultad de seleccionar a sus

candidatos, no mediante primarias de ley, sino a través

de un mecanismo alterno. Pero realmente, ¿qué es un método

alterno?

Según la ley electoral vigente, un método alterno es un

[p]rocedimiento alternativo que sustituye una Primaria o Elección Especial, según lo apruebe el organismo central de un Partido Político para la elección de candidatos a cargos públicos y que cumpla, procesalmente, con las garantías mínimas dispuestas en esta Ley.23

De acuerdo con lo expuesto, un mecanismo alterno es un

método de selección de candidatos que sustituye las

primarias de ley. Por tanto, cuando un partido se acoge al

método alterno de su preferencia, las disposiciones

referentes a las primarias quedan desplazadas y, en

consecuencia, son inaplicables. A diferencia de las

primarias de ley, el proceso alterno se guiará por los

lineamientos que apruebe el partido político, los cuales

tienen que ir en acorde con las garantías mínimas

establecidas en el propio Código Electoral de 2020.

2216 LPRA sec. 4620 (2).

23(Negrillasy énfasis suplidos). 16 LPRA sec. 4503(60). Véase, además la Secc. 1.4 (30) del Reglamento para la radicación de candidaturas de los partidos políticos y candidaturas independientes, supra, pág. 7. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 30

Más adelante, en el Art. 7.11 del Código Electoral de

2020, se fijan cuáles son tales garantías mínimas exigidas:

(1) Los Partidos Políticos podrán establecer internamente métodos alternos para la nominación de sus candidatos a cargos públicos electivos, siempre que así lo apruebe su organismo directivo central y se cumplan con las siguientes garantías mínimas: (a) Que el método de nominación que se establezca garantice la más amplia participación y la expresión del voto directo y secreto de: i. los miembros y afiliados que formen parte del Registro de Electores Afiliados del Partido y aquellos que se inscriban en el mismo inmediatamente antes de ejercer su voto; o ii. los delegados de un organismo reglamentario de ese partido previamente seleccionados en proporción con la población electoral de la demarcación geoelectoral correspondiente al cargo público electivo sujeto a nominación; o en proporción con la cantidad de votos obtenidos por el partido político para ese cargo público electivo en la Elección General anterior. (b) Que el procedimiento para el método alterno de nominación haya sido formalmente aprobado por el organismo directivo central del Partido Político, no menos de sesenta (60) días antes de la realización de la votación; y que esté por escrito y disponible para todos los miembros de ese Partido Político. Este procedimiento, además, deberá ser ampliamente divulgado por el partido y entregado a los Aspirantes y potenciales Aspirantes de los que se tenga conocimiento. Las reglas que han de regir el proceso incluirán los lugares, fechas y horas donde se han de realizar los mismos. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 31

(c) Que todo Aspirante tenga acceso, con no menos de sesenta (60) días de anticipación a la realización de la votación, a la lista de electores, afiliados o delegados, según corresponda, incluyendo los datos de contacto que tenga el partido de cada uno de estos, como por ejemplo, direcciones, teléfonos y correos electrónicos, entre otros. (d) Que a los Aspirantes se les provea un foro adecuado para impugnar las reglas del procedimiento aprobado por el organismo directivo central del Partido y el contenido de la lista descrita en el apartado (c) de este Artículo. (e) Que todos los Aspirantes tengan derecho a representación efectiva y proporcional en las etapas críticas del proceso de nominación, tales como la elección de delegados, el registro de los participantes y el proceso de votación y de escrutinio. (f) Que las posiciones en que ha de figurar el nombre de cada Aspirante en la papeleta de votación sean seleccionadas mediante sorteo, en presencia de los Aspirantes o sus representantes. (g) Que se garantice el derecho a recusar a los participantes por las razones que se disponen en esta Ley y las que se dispongan en el reglamento de su partido político. (h) Que haya igual acceso y protección a los participantes en todas las etapas del proceso de nominación. (i) Que la votación sea libre y secreta. (j) Que haya mecanismos internos eficaces para impugnar la violación de estas normas y agotado ese foro, el derecho de recurrir en apelación al Tribunal de Primera Instancia, designado de conformidad con el Capítulo XIII de esta Ley, y dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la determinación final del Partido Político. (2) El Partido notificará públicamente por los medios que considere pertinentes sobre los resultados del proceso alterno de nominación, los datos de la persona nominada, CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 32

incluyendo el cargo público electivo para el que fue nominado como Candidato. (3) Todo Aspirante que no resultare favorecido en el método alterno de nominación estará impedido de concurrir como Aspirante en cualquier proceso de primarias para el mismo cargo durante el mismo ciclo de Elección General. (4) Ningún proceso o método alterno de nominación de candidatos a cargos públicos electivos impedirá que otro miembro o afiliado del Partido que no participó como Aspirante, pueda reclamar su derecho a primarias para ese mismo cargo público electivo dentro de los términos de esta Ley y el reglamento de primarias del partido. 16 LPRA sec. 4621.

Del precitado artículo surge diáfanamente que ninguna

de las garantías mínimas exigidas a los aspirantes bajo el

método alterno es el recogido de endosos. Por esta razón,

los organismos centrales de los partidos políticos que no

celebrarán las primarias de ley pueden dispensar del

requisito de endosos, pues este no es parte de la lista

taxativa de garantías mínimas ordenada en el Art. 7.11 del

Código Electoral de 2020, supra.24

Conforme a lo expuesto, las primarias de ley se regirán

por lo dispuesto en el Código Electoral de 2020, las reglas

que adopte la CEE y el correspondiente partido político. Sin

embargo, el mecanismo alterno goza de una deferencia mayor

24Dicho de otro modo, el diseño del método alterno solo estará limitado por las garantías mínimas, lo cual incluye el hecho de que un miembro del partido que no haya sido aspirante exija la celebración de una primaria, independientemente de que el partido haya decidido acogerse al método alterno. Empero, nuevamente, no exige el recogido y la presentación de endosos, así como tampoco ningún miembro de los partidos Recurridos exigió la celebración de primarias. 16 LPRA sec. 4621(4). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 33

puesto que este proceso se llevará a cabo con sujeción

únicamente del reglamento interno que apruebe, no la CEE,

sino el organismo central del partido político en cuestión.

El Movimiento Victoria Ciudadana, al igual que Proyecto

Dignidad, se acogieron al mecanismo alterno para la

selección de sus candidatos. Por ello, la aprobación de sus

reglamentos internos eximiendo del recogido de endosos, el

cual es exigido a quienes participarán de las primarias de

ley, cumplió cabalmente con lo dispuesto en el estatuto por

no ser tal recolección una de las garantías mínimas acorde

al Art. 7.11 del Código Electoral de 2020, supra.

Esta interpretación es consecuente, además, con el Art.

7.15 del Código Electoral de 2020, supra, el cual preceptúa

(1) Sin menoscabar lo dispuesto en esta Ley, la Comisión reglamentará todo asunto relacionado con las peticiones de endosos. El período para la presentación de peticiones de endosos para Aspirantes Primaristas y Candidatos Independientes a cargos públicos electivos comenzará a partir del 1ro. de diciembre del año anterior al de Elecciones Generales y concluirá al mediodía (12:00 p.m.) del 15 de febrero del año de Elecciones Generales. El anterior constituye un término fatal. Cuando esta fecha coincida con un día feriado o no laborable para el Gobierno de Puerto Rico, se extenderá al siguiente día laborable. (2) A partir del Ciclo Electoral 2024 toda petición de endoso para estos propósitos solamente se tomará, presentará y evaluará a través del sistema SIEN dispuesto en esta Ley. (3) Cualquier Elector que desee concursar en unas primarias, como aspirante o como candidato independiente, además de cumplir CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 34

con los requisitos de esta Ley y los reglamentos de su Partido y la Comisión, deberá presentar ante la Comisión la cantidad de peticiones de endoso requerida por esta Ley para el cargo público electivo al que interese aspirar.

[…]

(6) Las peticiones de endosos para primarias y candidaturas independientes deberán tener completada la siguiente información del Elector endosante: [lista de requisitos que debe contener cada endoso].

A pesar de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia

e, igualmente, este Tribunal, interpretaron que en esta

disposición se establecieron tres (3) categorías de

electores que estaban obligados a recoger endosos: (1) el

que interese concursar en primarias; (2) el que desee ser

aspirante, y (3) los candidatos independientes.

Empero, contrario a lo determinado, sostengo que cuando

el texto de la ley se refiere a “[c]ualquier elector que

desee concursar en unas primarias, como aspirante o como

candidato independiente”, solo establece una dupla de

categorías: (1) los electores que deseen concursar como

aspirantes primaristas dentro de un partido, o (2) los

electores que correrán como candidatos independientes. Esta

es la única interpretación lógica, puesto que “cualquier

elector” no es una categoría independiente, sino que

representa una condición general de todas las personas que

deseen ser aspirantes. Ambas categorías están definidas por

la intención del elector ―de aspirar, ya sea dentro de un CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 35

partido o independientemente―, quienes necesariamente

tendrán que cumplir por igual con el requisito general de

ser electores.

Esta interpretación está respaldada por el primer

inciso del Art. 7.15, el cual claramente presupone que la

reglamentación que promulgará la Comisión sobre las

peticiones de endoso solo le aplicará a los “Aspirantes

Primaristas” y “Candidatos Independientes". En sintonía, el

tercer inciso requiere únicamente el recogido de endosos por

parte de aspirantes que participarán en el proceso de

primarias, así como a los candidatos independientes, pero no

hace mención alguna sobre los aspirantes bajo un método

alterno.

En conclusión, un análisis jurídico integral de los

Arts. 7.11 y 7.15 del Código Electoral de 2020 demuestra que

el primer fundamento utilizado por este Tribunal para

concluir que el recogido de endosos también le aplicaba a

los Querellados es incorrecto en Derecho. No cabe duda, pues,

que lo que este Tribunal hoy precisa como un problema

existente en la redacción del Art. 7.15(3) del Código

Electoral de 2020, supra, es, en realidad, acoger la teoría

de los Querellantes que descansa en una falla de la lectura

del articulado, con el fin de desarrollar un argumento en

apoyo de su conclusión.25

25Véase, Opinión mayoritaria, págs. 36-38. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 36

B. La eliminación de la exención al recogido de endosos que

disponían las leyes predecesoras no representa la intención

legislativa del Código Electoral de 2020 ni su ausencia

tiene el efecto de entenderse como que ahora ese requisito

es exigible.

En segundo lugar, el foro primario y, también, una

mayoría de este Tribunal, recurrieron a la supuesta

intención legislativa para sustentar la descalificación

decretada. Particularmente, la Mayoría se basó en que con la

aprobación del Código Electoral de 2020 se eliminó la frase

“[l]as personas seleccionadas de conformidad con el

procedimiento antes descritos [sobre métodos alternos de

selección] no tendrán que cumplir con los requisitos de

presentación de peticiones de endoso para primarias para

calificar como candidato”. Art. 8.007 del Código Electoral

de Puerto Rico para el Siglo XXI, 16 LPRA ant. sec. 4117 y

Art. 4.007 de la Ley Electoral de 1977, 16 LPRA ant. sec.

3156a. En consecuencia, refrendaron que “[s]i la intención

de la Asamblea Legislativa hubiese sido mantener la norma

igual a los Códigos Electorales anteriores, no hubiese

removido la frase que exime del recogido de endosos”.26

Ahora bien, ¿la eliminación de un lenguaje expreso

dispensando el recogido de endosos tiene el efecto de exigir

que los aspirantes de un partido que se acogió al método

26Véase, Opinión mayoritaria, pág. 53. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 37

alterno deban recolectar los endosos en cuestión?

Evidentemente no.

Históricamente, las leyes electorales en Puerto Rico

han exonerado de la recolección de endosos a los aspirantes

de partidos políticos que optaron por seleccionar a sus

candidatos mediante un método alterno. Según consta en el

Informe de la comisión especial para la revisión del proceso

electoral de Puerto Rico de 17 de mayo de 1982 (Informe de

la Comisión), la inclusión expresa de esta exención obedeció

al reconocimiento de que, a esa época, “[l]os principales

partidos políticos ha[bían] comenzado a implementar

contemplados en la Ley Electoral vigente”. Véase, Anejo 16

del Informe de la Comisión, pág. 40.

La implementación de los métodos alternos por parte de

los gremios políticos constituyó una alternativa a las

primarias tradicionales, las cuales “representan una

inversión de recursos considerables que afectan las

posibilidades de candidatos sin esa disponibilidad

material”. Íd., págs. 39-40. Dado este fenómeno, la Comisión

finalmente recomendó la adopción formal de los métodos

alternos de selección de candidatos con la intención de

proveer una alternativa a las primarias de ley. Id., págs.

41-42.

Concretamente, las motivaciones para la promulgación

expresa de los métodos alternos respondió a que CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 38

[l]os candidatos que hayan sido seleccionados por los mecanismos internos y hayan cumplido con los requisitos que se establecen en la ley, no tendrán que recoger peticiones para primarias pues ya han demostrado un nivel de respaldo efectivo. Uno de los problemas del proceso de selección a través de las primarias es la gran cantidad de trámites burocráticos que se requieren aún en casos en que no hay competencias para algunas posiciones.

De esta forma se disminuiría radicalmente el trámite burocrático de innumerables candidaturas […], así como los costos al erario público.

Como vemos, las razones principales que sustentan el

que no se recojan endosos bajo un método alterno son: (1)

que ya estos candidatos han demostrado un respaldo efectivo

por parte de los integrantes de su partido; (2) eliminar el

exceso de trámites requeridos en las primarias de ley; (3)

disminuir el trámite oneroso de innumerables candidaturas,

y (4) dispensar al erario de los gastos relacionados a la

celebración de una primarias de ley.

Según anticipé, como el actual Art. 7.11 del Código

Electoral de 2020, supra, no contiene expresamente el

lenguaje de las leyes predecesoras, este Tribunal valida que

entonces la intención de la Asamblea Legislativa fue exigir

el recogido de endosos.

No obstante, como cuestión hermenéutica, al interpretar

una disposición legal antes debemos “remitirnos al propio

texto de la ley, puesto que cuando el legislador se ha CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 39

expresado en un lenguaje claro e inequívoco, [...] es la

expresión por excelencia de la intención legislativa”.

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 456 (2012)

(citado en Rosado Molina v. ELA y otros, 195 DPR 581, 589

(2016). “Reiteradamente hemos enfatizado que ‘el tribunal no

está autorizado a adicionar limitaciones o restricciones que

no aparecen en el texto de la ley, ni a suplir omisiones al

interpretarla con el pretexto de buscar la intención

legislativa”. (Negrillas suplidas). (Gautier Vega v. CEE,

205 DPR 724, 755 (2020) (citando a Rosado Molina v. ELA y

otros, supra, págs. 589–590. Véanse: Román v.

Superintendente de la Policía, 93 DPR 685, 690 (1966);

Meléndez v. Tribunal Superior, 90 DPR 656, 662 (1964)).

Lo anterior se debe a que la doctrina de hermenéutica

legal casus omissus generalmente restringe que las omisiones

de la Asamblea Legislativa sean curadas por los tribunales.

R. E. Bernier y J. A. Cuevas Segarra, Aprobación e

interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San

Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, pág. 311. Máxime cuando lo

eliminado en la ley anterior no se prohibió expresamente en

la nueva ley, tal y como ocurrió en el caso de autos.

Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 879, 687 (2011); Campos

del Toro v. Ame. Transit Corp., 113 DPR 337, 345 (1982);

Victoria Iturralde Sesma, Consideración crítica del

principio de permisión según el cual “lo no prohibido está CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 40

permitido”, pág. 211, País Vasco, España (1998) (citas

omitidas).

Como señalamos, el Art. 7.11 del Código Electoral de

2020, supra, regula todo lo concerniente a los métodos

alternos y en ninguna parte exige la presentación de endosos

a los candidatos seleccionados bajo dicho mecanismo. Esto

cobra mayor importancia dado que, a diferencia de las

primarias de ley, un método alterno que cumpla con las

garantías mínimas está sujeto únicamente a lo que disponga

internamente el partido político y no a requisitos

adicionales impuestos unilateralmente por la Comisión

Estatal de Elecciones.

Según lo expuesto, el Código Electoral de 2020 le otorga

a los partidos políticos el derecho a “establecer

internamente métodos alternos para la nominación de sus

candidatos a cargos públicos electivos” siempre y cuando “se

cumplan con las […] garantías mínimas” allí estatuidas

taxativamente. Art. 7.11, supra. Si la intención legislativa

hubiese sido imponer el requisito de endosos en este

escenario, tenía que incluirlo expresamente y de manera

inequívoca como una de las garantías mínimas exigidas a los

partidos políticos en la promulgación de sus procesos

internos. Especialmente, ante la onerosidad y la carga

sustancial que impone la recolección de endosos sobre los

aspirantes. La Asamblea Legislativa sabía cómo hacerlo, pero

no lo hizo y eso no debe ser tomado livianamente. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 41

Ante ello, no puedo avalar la imposición de requisitos

que afecten los derechos constitucionales de la ciudadanía.

Lo contrario está reñido con las disposiciones del Código

Electoral de 2020 que obligan a la CEE a salvaguardar

el derecho al voto, sin sujeción a cortapisas

injustificadas. Véase el Art. 5.1 del Código Electoral

En fin, aún cuando la ley electoral vigente no incluyó

la exención en cuestión contenida en las leyes electorales

predecesoras, tampoco lo legisló expresamente dentro de los

requisitos que enmarcan el uso del método alterno. Además,

el historial legislativo no derrota el entendido histórico

de que cuando un candidato es seleccionado mediante un método

alterno, este ya ha demostrado un respaldo efectivo por el

partido político al que pertenece, lo cual torna

innecesarios los gastos sustanciales del erario y la

burocracia exigida a los candidatos que participarán de las

primarias de ley. No menos importante, las normas de

hermenéutica discutidas y los postulados constitucionales

prohíben validar la tipificación de una exclusión de acceso

a la papeleta mediante la inclusión de un requisito no

contemplado en ley. Por tanto, la interpretación que realizó

este Tribunal bajo este fundamento, refrendando al foro

primario, es también incorrecta jurídicamente y la más

drástica. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 42

C. La Sección 3.1 del Reglamento para la radicación de

independientes contraviene el Código Electoral del 2020, por

lo cual es ultra vires y, por consiguiente, nula.

En tercer lugar, este Tribunal precisa que la

celebración del método alterno luego del término establecido

reglamentariamente infringe sobre la prerrogativa de las

personas de reclamar el derecho a primaria, ya que no se

tendría tiempo para el recogido de endosos. Por su estrecha

relación, discutiremos lo erróneo de este argumento junto

con la invalidez de la imposición del requerimiento fatal de

presentación de endosos antes de una fecha cierta por la vía

administrativa sin que la ley habilitadora así lo haya

autorizado.

De conformidad con la Sección 3.1 del Reglamento para

la radicación de candidaturas de los partidos políticos y

candidatos independientes, supra:

Las personas seleccionadas mediante un Método Alterno de Nominación no tendrán que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones de endoso para primarias para calificar como candidato(a); siempre y cuando sean escogidos y su expediente, con los documentos requeridos, sea radicado por su Partido Político como candidato único en la Comisión en o antes de las 12:00 (doce en punto) del medio día del 30 de diciembre de 2023.27

Sin duda, la disposición reglamentaria antes citada

impone un requisito no contemplado en el Código Electoral de

27(Énfasis suplido). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 43

2020, a saber: la exigencia de que las personas escogidas

mediante un método alterno tengan que ser presentados como

candidatos únicos antes de una fecha cierta, so pena de que

tengan que recoger endosos. Según discutimos, absolutamente

en ninguna parte de la ley electoral vigente se establece

tal requisito en el contexto de métodos alternos de

nominación de candidaturas. Ello, en lugar de complementar,

provoca un conflicto directo con múltiples disposiciones del

Código Electoral de 2020.

En abstracción de lo anterior, este Tribunal concluye

que nada “prohíb[e] expresamente a la CEE la exigencia de

recogido de endosos a aspirantes bajo métodos alternos,

sobre todo, cuando tal exigencia es una colateral. O sea, el

hecho de que el Art. 7.15(3) no incluya expresamente a los

recurridos, no quiere decir que la CEE está impedida de

aprobar lo que aprobó en la Sec. 3.1 del Reglamento para

radicación de candidaturas”.28 Al respecto, la Mayoría

entiende que “lo que le fue impuesto al MVC no fue un

requisito para que sus aspirantes recogieran endosos, sino

un término fatal para que estos presentaran sus candidatos

únicos”.29

Para comenzar, el Art. 7.15 del Código Electoral de

2020, supra, solamente exige la presentación de endosos en

28(Negrillas y énfasis suplidos en el original). Opinión mayoritaria, pág. 35.

29(Negrillas y énfasis suplidos en el original). Íd., pág. 51. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 44

los casos de aspirantes primaristas y aspirantes que sean

candidatos independientes y, de ningún modo, establece como

una de las garantías mínimas exigidas que el aspirante bajo

un método alterno recoja endosos, como tampoco estipula una

“fecha fatal” para llevar a cabo tal proceso. Por tanto,

esto debería darse por no puesto, sin más, dado que por la

la vía reglamentaria no pueden establecerse “exigencias

colaterales” que, a todas luces, son condiciones sustantivas

adicionales a las contempladas en la ley con efectos

cualitativos adversos para los Recurridos.

Ello también choca con el hecho de que, según el propio

Art. 7.1 del Código Electoral de 2020, supra, los reglamentos

que apruebe la CEE relacionados con los métodos alternos de

nominación deben mostrar deferencia a la reglamentación

interna aprobada por cada partido político. Bajo este marco

legal, el 12 de noviembre de 2023, el partido Movimiento

Victoria Ciudadana aprobó el Reglamento para la elección de

candidaturas para las elecciones Generales de 2024 del

Movimiento Victoria Ciudadana. Este, en su Sección 2.1,

señala que

las personas que se sometan al presente proceso de nominación y elección de candidaturas, no tendrán que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones de endoso para Primarias de Ley para calificar como candidata o candidato del Movimiento.30

30(Negrillas y énfasis suplidos). Íd., pág. 7. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 45

Según surge de las determinaciones de hechos realizadas

por el foro primario, el Secretario de la CEE emitió una

Certificación en donde certificó que “de conformidad con el

Artículo 7.14(3) del Código Electoral de Puerto Rico de 2020

y el Reglamento de Radicación de Candidaturas de los Partidos

Políticos y Candidaturas Independientes, aprobado por la

CEE, [el MVC] cumplió con la entrega de su correspondiente

reglamento”.31 A pesar de que este reglamento eximía del

recogido de endosos, el foro primario, apoyado en las

declaraciones juradas provistas por los Querellados, validó

que “[n]ingún funcionario de la Comisión Estatal de

Elecciones hizo señalamiento alguno respecto al Reglamento

de Método Alterno” del Movimiento Victoria Ciudadana.32

Entiéndase, durante todo el procedimiento administrativo, la

CEE nunca informó de manera alguna a los Querellados que

debían recoger los endosos si el método alterno se realizaba

luego del 30 de diciembre de 2023.

En consecuencia, al analizar la validez de la Sección

partidos políticos y candidatos independientes, no cabe duda

de que esta impone el requisito de recolección de endosos en

una fecha fatal no legislada a los candidatos acogidos al

método alterno a pesar de que esto no se contempló en el

31(Negrillas suplidas). Sentencia [del Tribunal de Primera Instancia], pág. 6, Determinación de hecho #7.

32Íd., Determinación de hecho #8. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 46

Código Electoral de 2020. Tal disposición reglamentaria está

en conflicto, al mismo tiempo, con una de las garantías

mínimas establecidas para los aspirantes bajo los métodos

alternos, a quienes se les debe garantizar acceso a la lista

de todos los electores, afiliados o delegados con al menos

sesenta (60) días de anticipación a la fecha de la elección.

16 LPRA sec. 4621(c).

De acuerdo con el Art. 7.15 del Código Electoral de

2020, supra, esto es procesalmente imposible, pues la

presentación de candidaturas comenzó el 1 de diciembre de

2023, lo que ocasionó que los aspirantes solo tuviesen

treinta (30) días, en lugar de los sesenta (60) días

estipulados como mínimo, para tener el acceso al listado de

electores. En todo caso, correspondía que la Asamblea

Legislativa designara una fecha anterior para este tipo de

escenarios y el que fallaran en así hacerlo no puede obrar

en perjuicio de los candidatos en cuestión.

En definitiva, tal proceder se inmiscuye en la

deferencia exigida a los reglamentos de los partidos

políticos sobre la forma en que regulan sus mecanismos

internos de nominación de candidatos.33 Por lo cual, este

33“La Comisión aprobará un Reglamento de Primarias y Métodos Alternos de Nominación que deberá ser uniforme para todos los Partidos Políticos en los campos electorales ocupados por esta Ley; mostrando deferencia a los reglamentos aprobados por cada Partido para sus primarias internas y sus métodos alternos de nominación para cargos públicos electivos; pero siempre que estos no menoscaben o vulneren las garantías, reglas y normas protegidas por esta Ley para CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 47

Tribunal erró al no dejar sin efecto la disposición

reglamentaria que requería la presentación de endosos si, a

una fecha fatal, no se había informado quiénes finalmente

serían los candidatos únicos del partido político.

D. El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones

no podía legislar por fiat reglamentario un término fatal

que, por su carácter jurisdiccional, únicamente podía ser

incluído en el Código Electoral de 2020 por la Asamblea

Legislativa.

Como es consabido, reiteradamente “este Tribunal ha

advertido que ‘las agencias carecen de facultad para adoptar

reglamentación que imponga requisitos adicionales a aquellos

establecidos por los estatutos que rigen la revisión de la

agencia’”. Vitas Health Care Corp. v. Hosp. La Fe, 190 DPR

56, 67, (2014) (citando a Franco v. Depto. de Educación, 148

DPR 703, 712 (1999)). Por ello, si la reglamentación

administrativa está en conflicto con la ley, la disposición

reglamentaria debería ser declarada ultra vires y, como

consecuencia, nula. Puerto Rico Tel. Co. v. Junta

Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, 151 DPR

269, 281 (2000).

Hoy, este Tribunal debía resolver que el principio antes

discutido se torna más significativo aún cuando la actuación

administrativa establece, como en el caso de autos, una

ambos procesos de nominación”. (Negrillas y énfasis suplidos). 16 LPRA sec. 4611. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 48

“fecha fatal” que, en todo caso, debió ser añadida en la ley

por quien tiene la facultad de establecer términos

jurisdiccionales: la Asamblea Legislativa.

Por tal razón, en la vista oral celebrada enfaticé que

este Tribunal reiteradamente ha resuelto que los términos

jurisdiccionales tienen que ser declarados expresamente por

el legislador. Además, planteé que, toda vez que la norma

impugnada tiene el efecto de establecer, como lo reconoce la

Mayoría, un término fatal ―o sea, jurisdiccional―, tal fecha

con efectos no meramente procesales, sino sustantivos por

cambiar el alcance cualitativo del método alterno, no podía

ser aprobada por fiat reglamentario.

Adviértase, también es contrario a la voluntad

legislativa dado que, en todo caso, las fechas fatales para

la presentación de endosos en el contexto de un candidato

perteneciente a un partido que participa de primarias fueron

fijadas expresamente en el Código Electoral de 2020. ¿Ello

no hacía eso necesario, de por sí solo, que también constara

diáfanamente tal fecha límite en el caso de los aspirantes

bajo un método alterno? Desde luego que sí.

Fíjese que en la Sección 2.2, intitulada como Calendario

(Fechas Límites) en el Reglamento para la radicación de

independientes, se recogen todas las fechas fatales

instituidas en el Código Electoral de 2020. A esos efectos,

la tabla, en lo pertinente, dispone lo siguiente: CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 49

[A] viernes, 1 Período para la radicación de de diciembre candidaturas para los aspirantes de los al sábado, 30 partidos políticos y candidatos de diciembre independientes. La hora límite será a de 2023 las 12:00 del mediodía del sábado, 30 . de diciembre de 2023.

viernes, 1 de A partir de esta fecha comienza el diciembre de período para la presentación de 2023 peticiones de endosos para aspirantes primaristas y candidatos independientes a cargos públicos electivos que hayan radicado su expediente en la Oficina de Radicaciones de la Secretaría. [B] lunes, 29 Fecha límite para que los aspirantes a de enero de candidatos, que entregaron evidencia de 2024 haber solicitado los documentos necesarios para formalizar su aspiración, entreguen a la Comisión las copias y certificaciones requeridas. [C] miércoles, Fecha límite para presentar el 50% de 31 de enero de las peticiones de endoso para primarias 2024 de todos los aspirantes de los partidos políticos y candidaturas independientes. [D] jueves, 15 Fecha límite para la presentación del de febrero de 100% de las peticiones de endoso para 2024 primarias de todos los aspirantes de los partidos políticos y candidaturas independiente.34

Discutiré punto por punto cada una de las fechas límites

aquí incluídas.

[A]: La primera es cónsona con el Art. 7.14 (1) del

Código Electoral de 2020, supra, el cual dicta que “[l]a

Comisión y los Partidos Políticos abrirán el proceso de

presentación de candidaturas el día 1ro. y hasta 30 de

diciembre del año anterior al que deba realizarse la próxima

Elección General”.

34(Negrillas y énfasis suplidos). Sección 2.2 del Reglamento para la radicación de candidaturas de los partidos políticos y candidaturas independientes, pág. 13. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 50

[B]: La segunda coincide con el Art. 7.2 (5)(e) del

Código Electoral de 2020, supra, en la medida que establece

que

[e]n caso de que el Aspirante o Candidato solicitante de los documentos y las certificaciones requeridas en este Artículo no las reciba al momento de la presentación de su intención como Aspirante o Candidato, deberá presentar evidencia expedida por las agencias correspondientes de que las certificaciones han sido debidamente solicitadas antes de las fechas límites dispuestas por la Comisión para su entrega. No obstante, la persona tendrá que presentar las copias y las certificaciones requeridas en o antes de los treinta (30) días posteriores al cierre de candidaturas.

[C]: La tercera coincide con el Art. 7.15 (5) del Código

Electoral del 2020, supra, el cual fija que “[d]urante los

últimos quince (15) días del periodo de presentación de

peticiones de endosos, nadie podrá presentar más del

cincuenta por ciento (50%) del total de las peticiones

requeridas para su aspiración o candidatura”.

[D]: La cuarta se alínea con el Art. 7.15 (5) del Código

Electoral del 2020, supra, al disponerse que “[l]os endosos

requeridos por esta Ley deberán ser recibidos y remitidos a

la Comisión desde la certificación de la candidatura por el

partido político o desde que se solicita una candidatura

independiente hasta el 15 de febrero del año de las

Elecciones Generales”.

Vemos, entonces, que una lectura de las fechas límites

recogidas en la Sección 2.2 del Reglamento para la radicación CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 51

de candidaturas de los partidos políticos y candidaturas

independientes, está respaldada por el propio Código

Electoral de 2020. Lo que es más, al hacer referencia a la

fecha del viernes 1 de diciembre de 2023 como el punto de

partida para el recogido de endosos, se preceptúa que esto

le aplica únicamente a los aspirantes primaristas y a los

candidatos independientes. Ello queda demostrado por el

lenguaje siguiente: “A partir de esta fecha comienza el

período para la presentación de peticiones de endosos para

aspirantes primaristas y candidatos independientes a cargos

públicos electivos que hayan radicado su expediente en la

Oficina de Radicaciones de la Secretaría”. Íd. En todo caso,

esto es cónsono con el Art. 7.15 del Código Electoral del

2020, supra, el cual, según fue analizado, exige la

recolección de endosos solamente para los “Aspirantes

Primaristas y Candidatos Independientes”.35

Para concluir, toda vez que lo añadido unilateralmente

en la Sección 3.1 por la CEE atenta contra lo establecido

por la Asamblea Legislativa en el Código Electoral de 2020,

es ultra vires y, por consiguiente, nulo. Queda claro que la

inclusión vía fiat reglamentario de una fecha que no

encuentra apoyo alguno en la ley electoral es un acto

autocrático de la CEE que excede los poderes que se le

delegaron e innecesariamente lacera garantías a los

35Véase discusión al respecto en esta Opinión disidente, págs. 33-36. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 52

candidatos descalificados, los delegados que votaron por

ellos en un método alterno válido y a los partidos políticos

afectados. Este Tribunal fracasa en su labor al no

reconocerlo, máxime cuando se desconecta de la realidad de

que las primarias de ley del 2 de junio de 2024

transcurrieron y nadie perteneciente al Movimiento Victoria

Ciudadana ni Proyecto Dignidad solicitó primarias. Por

tanto, no hay un interés público en controversia que amerite

un dictamen tan drástico.

Más allá del accionar equívoco en la interpretación

del Código Electoral de 2020, este Tribunal pasó por alto

las implicaciones constitucionales que acarreaba su

determinación. Y es que, aun si partiéramos de la premisa de

que de la ley electoral actual se dedujera que era

indispensable que los Querellados recogieran endosos, la

validez de la norma reglamentaria debía evaluarse a la luz

de las protecciones constitucionales de la Carta Magna de

Puerto Rico. Ello teniendo como norte la máxima de que las

leyes deben interpretarse de manera que se evite, en lo

posible, la declaración de su inconstitucionalidad.36

36Véanse, Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386, 421 (1997) Domínguez Maldonado v. E.L.A., 137 DPR 954(1995); Molina v. C.R.U.V., 114 DPR 295, 297 (1983) P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 DPR 199, 243 (1981); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 596 (1958). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 53

A. Derecho al voto

Como es consabido, la Constitución de Puerto Rico

establece que el “poder político emana del pueblo y se

ejercerá con arreglo a su voluntad […]”. Art. I, Sec. 1,

Const. PR, LPRA Tomo 1. Dado que es mediante el voto que se

concretiza tal voluntad democrática, nuestra Carta Magna

exige que la promulgación de las leyes electorales

“garanti[cen] […] el sufragio universal, igual, directo y

secreto, y [que] prote[jan] al ciudadano contra toda

coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral”. Art.

II, Sec. 2, Const. PR, supra. De lo anterior se desprende de

manera prístina que al Estado se le impone una

responsabilidad dual: la de abstenerse, por un lado, de

interferir con el ejercicio del derecho al voto; por otro,

la de proteger al ciudadano en el ejercicio de esta

prerrogativa electoral.37

Dentro de la facultad que posee la Asamblea Legislativa

para regular el proceso eleccionario, hemos reconocido la

validez del establecimiento de normas y reglas uniformes que

propicien la estabilidad, confianza y certeza en la

democracia, siempre y cuando estas no obstaculicen

37Complementaneste mandato las disposiciones sobre igual protección de las leyes, la prohibición contra discrimen político y la facultad que posee la Asamblea Legislativa para regular por ley todo lo concerniente al proceso eleccionario. Art. VI, Sec. 4, Const. PR, supra. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 54

innecesariamente el voto y propendan a la realización de un

esquema electoral justo, honesto e íntegro.38 Esto es así,

pues, “[n]i la potestad legislativa de reglamentar como

tampoco el derecho al sufragio pueden operar bajo un esquema

de disposiciones legislativas arbitrarias o en

irrestringidos reclamos de electores; [ambos] no son valores

que se implementan en términos absolutos”.39

Naturalmente, la delegación sobre la Asamblea

Legislativa del deber de disponer todo lo concerniente al

proceso eleccionario está subordinada a las garantías

constitucionales en protección al sufragio. Corresponde a

los tribunales la delicada labor de asegurar que los

estatutos aprobados por la Asamblea Legislativa cumplan con

el mandato del Art. II, Sec. 2 de la Constitución de Puerto

Rico, supra.

En esa tarea de conciliar ambos aspectos de nuestra

democracia, este Tribunal ha determinado que cuando se

cuestiona un estatuto que impacta los derechos al voto y a

la libertad de asociación, corresponde a los foros

judiciales realizar un análisis de dos (2) pasos para

determinar cuál será el escrutinio aplicable: (1) primero,

debe determinarse la naturaleza y la magnitud de la carga

38P.S.P.v. Com. Estatal de Elecciones, 110 DPR 400, 405-406 (1980).

39(Negrilla suplida). Íd., pág. 406 (1980). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 55

que la ley impugnada impone sobre los derechos

constitucionales y, (2) segundo, aplicarse el nivel de

escrutinio correspondiente a esa carga. Sánchez y Colón v.

E.L.A. II, 134 DPR 503, 509 (1993).

En aquellos casos en que la restricción impuesta

cuestionada es razonable y no discriminatoria, se aplica el

estándar de balance de intereses. En este escenario, lo

crucial es sopesar la envergadura de la restricción

constitucional frente a los intereses legítimos y

justificantes aducidos por el Estado. Luego, debe

determinarse si la carga impuesta justifica la imposición de

la reglamentación impugnada. P.A.C. v. E.L.A. I, 150 DPR

359, 388-389 (2000) (citando a Burdick v. Takushi, 504 US

428 (1992) y Anderson v. Celebrezze, 460 US 780 (1983)).

No obstante, si la restricción en cuestión conlleva una

carga severa, irrazonable o discriminatoria, la

reglamentación debe evaluarse bajo el tradicional escrutinio

estricto. P.A.C. v. E.L.A. I, supra, págs. 388-389. A tenor

con la doctrina de acceso a la papeleta, generalmente se

entiende que “es severa aquella restricción que tiene el

efecto de hacer imposible que todo nuevo candidato o

asociación política pueda tener acceso a la papeleta

electoral. La pregunta que debe contestarse es si un

candidato que ejerce una diligencia razonable puede

satisfacer los requisitos impuestos por el Estado”.

(Negrillas y énfasis suplidos). Íd., pág. 389. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 56

Es ampliamente reconocido que el crisol del escrutinio

estricto exige que, para que se sostenga su validez, el

Estado demuestre que la afronta a los derechos afectados

responde a un interés apremiante y que no existe un medio

menos oneroso para cumplirlo. Íd.

Por su estrecha relación con el derecho al sufragio,

conviene repasar la preeminencia del derecho a la libre

asociación en Puerto Rico.

B. Derecho a la libre asociación

En la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto

Rico se establece expresamente que “[l]as personas podrán

asociarse y organizarse libremente para cualquier fin

lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi

militares”. Art. II, Sec. 6, Const. PR, supra.40

En armonía con esta protección constitucional, “hemos

expresado que la libertad de asociación es un derecho

fundamental que conlleva el derecho a formar agrupaciones y

proponer candidatos de su predilección para participar en el

proceso electoral”.41 En concordancia, el derecho

40Apesar de que esta garantía se plasmó en nuestra Carta Magna en su vertiente positiva, no cabe duda de que de esta se deriva su sentido negativo ―esto es, el derecho a no asociarce―. Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, 112 DPR 540, 549 (1982). No obstante, el escrutinio aplicable no varía en consideración a su acepción.

41(Negrillas y énfasis suplidos). P.N.P. v. De Castro Font II, 172 DPR 883, 892 (2007) (citando a P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, supra; García Passalacqua v. Tribunal Electoral, 105 DPR 49 (1976)). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 57

constitucional a asociarse y organizarse a su discreción que

gozan los partidos políticos parte de la premisa de que estos

constituyen un elemento integral de nuestro ordenamiento

constitucional democrático.42

La importancia de los partidos políticos estriba en que

son estas asociaciones las “que, [como norma general],

dirigen el debate sobre los asuntos públicos frente a las

contiendas electorales, presentando sus respectivos

programas de gobierno y nominando candidatos para ocupar los

cargos públicos principales que ofrecen gobernar en

consonancia con esos programas”.43 Dado lo anterior, “el

derecho a formar asociaciones políticas para propósitos

electorales [es un] derech[o] de carácter fundamental”.44

Según expuse, al igual que el derecho al voto, el

derecho a la libertad de asociación no es absoluto, por lo

que el Estado puede actuar o regularlo en determinadas

42P.N.P. v. De Castro Font II, supra, pág. 892. Para un examen prima facie de la función protagónica que les brinda la Constitución de Puerto Rico a los partidos políticos en nuestro sistema electoral, véase, Art. III, Secs. 4, 7 y 8; Art. V, Sec. 12, y Art. VI, Sec. 4, Const. PR, supra.

43(Negrillasuplida). P.N.P. v. De Castro Font II, supra, pág. 892 (citando a McClintock v. Rivera Schatz, 171 DPR 584, 605 (2007); P.A.C. v. P.I.P., 169 DPR 775 (2006); P.R.P. v. E.L.A., 115 DPR 631, 638 (1984); Fuster v. Busó, 102 DPR 327, 347 (1974)).

44P.N.P. v. De Castro Font II, supra, pág. 893. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 58

circunstancias.45 Previo a discutir cuál es el estándar

aplicable al evaluar la intervención con esta garantía,

destaco que un examen del proceso de redacción de nuestra

Carta Magna denota que la intención de la delegada y los

delegados de la Convención Constituyente fue reconocer el

derecho a la libre asociación como uno de gran preeminencia,

distinto y de mayor amplitud que el contemplado bajo la

Constitución federal.46

A esos efectos, el delegado Jaime Benitez puntualizó

que el derecho de asociación y libre organización adoptado

“pasa[ba] a incorporar un nuevo aspecto del derecho y de la

libertad […] que no aparece tradicionalmente en las

constituciones clásicas […]”.47 Así pues, su inclusión

expresa en la Constitución local es una muestra de que “la

garantía de ese derecho era un principio de la libertad

45P.A.C. v. E.L.A. I, supra, pág. 372; P.N.P. v. De Castro Font II, supra, págs. 893-894.

46Téngase en cuenta que el derecho a la libertad de asociación no fue incluido expresamente en la Constitución federal, sino que este se deriva del derecho a la libertad de expresión. Rotunda & Nowak, Treatise on Constitutional Law. Substance and Procedure, Sec. 20.41(a) (5ta ed. 2013), págs. 403–404 (citas omitidas).

47Diariode Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 1343 (versión digital, https://www.oslpr.org/_files/ugd/5be21a_c86b5a049e3a489fb5 3e44cdeb4734d2.pdf (última visita, 10 de junio de 2024). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 59

humana, y por lo tanto inherente a la democracia […]

puertorriqueña”.48

Fue precisamente esta factura más ancha lo que conllevó

que en Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791

(2014), una controversia en la que se abolió la colegiación

compulsoria de la abogacía por infringir sobre nuestro poder

inherente para regular la profesión,49 este Tribunal, además,

concluyera que una intervención sustancial con el derecho

a la libre asociación consagrado en la Constitución de

Puerto Rico debe evaluarse bajo el estándar de escrutinio

estricto.

Por tanto, bajo la Constitución de Puerto Rico, cuando

se interfiere con el derecho fundamental a la libre

asociación, deberá superarse un escrutinio constitucional

estricto. Ello presupone que la medida impugnada es

inconstitucional y, para que sobreviva, le corresponde al

Estado establecer cuál es el interés apremiante que se

persigue y que no existe un medio menos oneroso para

lograrlo. Rodríguez Casillas v. Colegio de Técnicos y

48(Negrilla suplida). Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, La nueva Constitución de Puerto Rico, Río Piedras, EDUPR, 1954, págs. 224–225.

49Véase, Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra, pág. 824 (Opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 60

Mecánicos Automotrices de Puerto Rico, 202 DPR 428, 449-450

(2019).50

Fíjese que el estándar del escrutinio estricto ha sido

empleado consecuentemente por este Tribunal al analizar

controversias sobre el derecho a la libre asociación.

Refiérase a, Román Negrón y otros v. Colegio de Contadores

Públicos Autorizados y otros, 212 DPR 509 (2023); Vélez Colón

v. Colegio de Optómetras de P.R., 212 DPR 293 (2023); Reyes

Sorto y otros v. ELA, 212 DPR 109 (2023) (Sentencia); Colegio

de Médicos Veterinarios de Puerto Rico v. Veterinario

Express y otros, 210 DPR 527 (2022) (Sentencia). Y es que es

únicamente de acuerdo con el análisis exigido por el

escrutinio estricto que se protege cabalmente un derecho

fundamental tan trascendental como el de la libertad de

asociación y se respeta la preeminencia que los

constituyentes le impartieron al incluirlo expresamente en

nuestra Constitución.

Por otro lado, recuérdese que la validez de la

reglamentación del proceso electoral también se rige por el

axioma de igualdad inmerso en nuestra Constitución.51 El

axioma constitucional de igualdad electoral tiene como fin

50Sobre el particular, véase, Rodríguez Casillas v. Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico, supra, págs.. 456-457 (Expresión concurrente emitida por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez).

51P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643, 670 (1995). Este principio es de carácter continuo y, por su naturaleza dinámica, es susceptible que se manifieste en una CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 61

disuadir que en determinada época un partido, que controla mayoritariamente los poderes ejecutivo o legislativo, o lo comparta con otro ―mediante anuencia o consenso― […] agrave la situación de los partidos de oposición existentes, o introduzca cambios de cualesquiera forma en las leyes y reglas que rigen la contienda electoral en beneficio y ventaja de determinado partido, en perjuicio de aquellos existentes o por inscribirse. 52

En este contexto, hemos establecido como principio

general que “son susceptibles de impugnación constitucional

las actuaciones que hacen onerosa o afectan negativa y

sustancialmente el potencial de los partidos contrarios

minoritarios o nuevos, así como cuando se crean situaciones

que los colocan en una posición de inferioridad”.53 Si

tomamos en cuenta que “el derecho al voto, al igual que la

libertad de asociación, comprende el derecho a formar y a

afiliarse a agrupaciones políticas con la intención de

participar en el proceso electoral”, resulta imprescindible

la protección de ese principio igualitario entre los

partidos políticos.54

multiplicidad de dimensiones. Véase, además, P.R.P. v. E.L.A., supra, pág. 633.

52(Negrilla y énfasis suplidos). P.R.P. v. E.L.A., págs. 637-638.

53P.P.D.v. Gobernador I, supra, pág. 667 (citando a P.R.P. v. E.L.A, supra, pág. 638).

54P.N.P. v. De Castro Font II, supra, pág. 893. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 62

Al escudriñar la Opinión de este Tribunal, enfatizo que

su dictamen pasó por alto la preeminencia del derecho

fundamental al voto y a la libre asociación, así como el

axioma de igualdad electoral.

Ello se recrudece ante el hecho de que el Movimiento

Victoria Ciudadana seleccionó sus candidatos mediante

asambleas distritales llevadas a cabo el 10 de marzo de 2024

y en virtud de una asamblea nacional celebrada el 16 de marzo

de 2024.55 En específico, los electores de tal colectividad

seleccionaron a la Hon. Ana Irma Rivera Lassén para la

candidatura de Comisionada Residente; a la Hon. Mariana

Nogales Mollinelli y a la Sra. Gladys Myrna Conty para los

escaños de Representantes por Acumulación; el Hon. Rafael

Bernabe Riefkohl y el Sr. Alejandro Santiago Calderón para

Senadores por Acumulación.

No reconocer la validez de ese método alterno violenta

el derecho al voto y a la libre asociación de las y los

electores que participaron de la asamblea nacional y las de

distrito, imponiendo sobre tales garantías una carga

55Es pertinente señalar que en ninguna de estas fechas en las que sus afiliados escogieron a quiénes serán sus representantes en la papeleta del 2024, la CEE objetó incumplimiento alguno con el Código Electoral de 2020 o los reglamentos internos e la colectividad. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 63

sustancial sin que se haya precisado cuál es el interés

apremiante del Estado que así lo justifica.56

Debido a que el derecho al voto y a la libertad de

asociación son parte de la médula de la democracia electoral,

no debemos perder de perspectiva que aunque el Estado tiene

un interés legítimo en la regulación de las elecciones, este

no es un ente completamente independiente o neutral. En

cambio, es controlado por la partidocracia de las

organizaciones políticas incumbentes que presumiblemente

tienen un interés particular en moldear los estatutos

electorales para su propio beneficio. Por tanto, no es un

misterio el motivo subyacente pretendido con el

requerimiento de endosos en cuestión. Según adelantado, hoy

la igualdad electoral real se vio reducida por el filo de

una igualdad artificialmente creada para paradójicamente

instaurar un trato desigual.

56Destáqueseque, entre los derechos y las prerrogativas de los electores, se encuentra; (1) “[e]l derecho a la libre emisión del voto y a que este se cuente y se adjudique conforme a la intención del Elector al emitirlo”; “[e]l derecho del Elector a que el sistema y los procedimientos electorales estén fundamentados en su más amplia participación y accesibilidad, tomando en consideración su dignidad y su credibilidad personal, y no en la desconfianza de los Partidos Políticos”; “[e]l derecho fundamental del Elector a la libertad de asociación mediante la inscripción de Partidos Políticos, así como el derecho de afiliarse al Partido de su preferencia y a endosar las candidaturas de aspirantes apelantes a cargos electivos por su Partido, conforme se define en esta Ley”. 16 LPRA sec. 4561 (1), (5), (11). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 64

El Poder Judicial no puede operar en abstracción de esa

realidad fáctica, especialmente cuando las restricciones

promulgadas en las leyes electorales y sus reglamentos son

tan severas que tienen el efecto de crear muros

infranqueables a la competencia electoral en detrimento del

axioma de la igualdad electoral. En tales casos, la

utilización de un escrutinio estricto ayuda a garantizar que

esas limitaciones estén verdaderamente justificadas y que

los intereses del Estado, si algunos, no sean simplemente

pretextos para lograr colar restricciones que promueven una

competencia discriminatoria e inconstitucional en detrimento

de las garantías de la Constitución de Puerto Rico.57

Lamentablemente, el Poder Judicial ignoró esa realidad.

Ante ello, a lo menos, resultaba imprescindible rechazar

cualquier interpretación de la ley que tuviera el efecto de

violentar el acceso a la papeleta, la libre selección y el

voto de un elector. Así como nada en la ley exige el recogido

de endosos bajo un método alterno, pues ni tan siquiera

establece tal requerimiento, no existe impedimento alguno

para la concesión de una prórroga para la subsanación del

requerimiento ahora pretendido. Es más, todo lo contrario,

pues incluso otras disposiciones del Código Electoral de

2020 exigen que la Comisión Estatal de Elecciones establezca

“procedimientos para subsanar o corregir, de la manera más

57Clingmanv. Beaver, 544 US 581, 603 (2005) (Opinión concurrente de Justice O’Connor). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 65

expedita y sencilla posible para los electores, cualquier

error, omisión o discrepancia que surja en todo tipo de

transacción electoral”. 16 LPRA sec. 4575.

Como agravante, recuérdese que la Comisión Estatal de

Elecciones le notificó y representó a los aspirantes que

[S]i su partido ha sido acogido por método alterno de selección según el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 no es requisito presentar peticiones de endosos.

Esta notificación nunca fue rebatida de modo alguno

durante los procedimientos administrativos ni ante el foro

primario, pues hasta el foro primario la acogió en múltiples

de sus determinaciones de hechos.58 Adviértase que todas

estas representaciones fueron realizadas mediante la

plataforma de SIEN, la que, tal y como recoge la

determinación de hecho #9 del Tribunal de Primera Instancia,

es “[l]a Comisión Estatal de Elecciones [quien] maneja la

presentación de candidaturas mediante el Sistema de

Notificación de Intención de Aspirar a una Candidatura y

Sistema de Endosos (SIEN)”.59

Al pretender validar la exigencia de presentación de

los endosos luego de que la CEE le representara a los

candidatos seleccionados bajo el método alterno durante todo

58Véanse las Determinaciones de Hecho #10-17 y #31 en la Sentencia del TPI.

59Íd.,pág. 9. Véanse además los Art. 3.13(3), Art. 6.4 (a) y (e), Art. 7.15(2), Art. 7.16 del Código Electoral de 2020. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 66

el procedimiento administrativo que ello no era necesario,

exigía, como mínimo, la oportunidad de subsanar o pautar

prospectivamente.60 Sin embargo, una mayoría de este Tribunal

rechaza múltiples opciones razonables y no lesivas a

garantías constitucionales, acudiendo a la alternativa más

drástica, lo cual rechazo tajantemente.

En definitiva, ninguna disposición del Código Electoral

de 2020 exige que un aspirante que pertenece a un partido

político que se acogió al método alterno interno presente

los endosos que son exigidos en los casos de primarias de

ley. Tampoco la intención legislativa de la ley electoral

actual es que estas y estos presenten endosos como condición

para la candidatura a un escaño político. La única

disposición que exige tal requerimiento a una fecha fatal es

el Reglamento para la radicación de candidaturas de los

partidos políticos y candidatos independientes, el cual,

según demostrado, es ultra vires y nulo porque no complementa

el Código Electoral de 2020, sino que lo contradice al

desnaturalizar lo alterno de un método que es distinto a una

primaria.

60Nótese que la única intervención que tuvo la CEE ante el foro primario fue relacionada a la presentación de una moción asumiendo representación legal. Si alguna omisión debe tener gran peso y generar suspicacia es el silencio de la CEE luego de que les notificara a los aspirantes que no era necesario el recogido de los endosos ahora pretendido. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 67

Más allá de que erróneamente se concluyó que era necesaria

la recolección de endosos, este Tribunal prescindió de

auscultar la validez de ese requerimiento a partir de las

garantías constitucionales aplicables. Lo anterior, a pesar

de que el derecho constitucional a la libre asociación para

la elección de candidatos, el cual cobra eficacia en virtud

del derecho al sufragio, es fundamental para la operación de

nuestro sistema político electoral.

Para justificar su determinación, la Mayoría, además,

echa mano a la “navaja de Ockham”.61 Al no profundizar en

lo que realmente planteaba Ockham, se quedan en el análisis

superficial de que, ante dos (2) posibles soluciones, debe

optarse por la más simple. Indistintamente, la controversia

compleja y de alto interés público ante nuestra consideración

no se resuelve con alguna de las variantes interpretativas

de la “navaja de Ockham”, sino con el Derecho Electoral, el

Derecho Constitucional puertorriqueño, los postulados

básicos del Derecho Administrativo y las normas de

hermenéutica que rigen en nuestro ordenamiento jurídico

electoral.62 Una aplicación correcta del Derecho nos conduce

61Véase, Opinión mayoritaria, pág. 54.

62La navaja de Ockham no es una recomendación de que la teoría más simple sea la más válida, sino que en, igualdad de condiciones, sean preferidas las teorías más simples. La improcedencia de utilizarla en esta controversia estriba, precisamente, en que no todo tipo de acceso a la papeleta es igual. Existen diversas variantes válidamente democráticas y quitarle lo “alterno” al método alterno va dirigido a equipararlo indebidamente a la rigurosidad de una primaria de ley. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 68

a reconocer que, ante las opciones provistas por las partes,

resulta inaceptable optar por la más drástica ―en este caso,

la exclusión de los candidatos impugnados―, tal y como lo ha

hecho la Mayoría.

Las garantías constitucionales que protegen a los

electores, partidos políticos y candidatos electos en

métodos alternos obligan a reconocer que sacar a opositores

de la papeleta no es la opción que promueve el mejor balance

de los intereses públicos. La medida drástica promovida por

una Mayoría, y respaldada ante este Tribunal por una Comisión

Estatal de Elecciones que cada vez más destila menos

confianza en la ciudadanía, simple y sencillamente se asemeja

a las determinaciones de inhabilitación de opositores

avaladas por foros judiciales de jurisdicciones extranjeras,

lo cual ha sido objeto de un contundente rechazo por parte

de la comunidad internacional.

Cualquier acción del Estado que pretenda lacerar

cualesquiera de los derechos constitucionales aquí

implicados tiene que cumplir con la pesada carga del

escrutinio estricto para que se justifique su validez. Esto,

máxime, cuando este Tribunal ha sentenciado que “el derecho

al voto no tan sólo comprende el derecho del elector a votar

en las elecciones, sino que abarca el derecho a que se

incluyan en las papeletas las opciones que reflejan las

corrientes políticas contemporáneas del elector”.63 Empero,

63P.N.P. v. De Castro Font II, supra, pág. 893. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 69

hoy, la posibilidad de que la papeleta electoral de los

próximos comicios electorales refleje esas corrientes

modernas fue drásticamente cercenada.

Ante ese cuadro, al brindársele una deferencia indebida

a una determinación que pasó por alto argumentos jurídicos

trascendentales, se laceran insosteniblemente los derechos

fundamentales al sufragio y a la libertad de asociación

garantizados expresamente en la Constitución de Puerto Rico.

La mayoría de este Tribunal comete un gran error histórico

al vetar judicialmente la aparición de candidatos que no

tienen impedimento legal para figurar en la papeleta de las

elecciones generales del 2024. DISIENTO.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hon. Jorge Alfredo Rivera Segarra y otros Recurridos

Hon. Ana Irma Rivera Lassen, y otros CC-2024-0266 cons. con Certiorari Recurridos CC-2024-0267

Hon. José “Pichy” Torres Zamora, y otros

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR COLÓN PÉREZ.

Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el Estado Libre Asociado que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América.

Al así hacerlo declaramos:

Que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña;

Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas;

[...]

Preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (Énfasis suplido). CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 2

Le toca ahora al Pueblo, -- con su voto, en las urnas

de la democracia --, silenciar a quienes le han silenciado.

No queda más.

Y es que hoy, en lo que puede catalogarse como una

lamentable página en la historia de este Alto Foro, una

mayoría de mis compañeros y compañera de estrado, de golpe

y porrazo, y con solo una contada excepción, han dejado

fuera del espectro político del País a una colectividad

que, -- a través del voto igual, directo, secreto y libre

emitido por miles de puertorriqueños y puertorriqueñas en

las elecciones generales de 2020 --, ya se había ganado su

espacio en el referido entorno. Al así proceder, una

mayoría de este Tribunal le limita a los puertorriqueños y

a las puertorriqueñas el derecho fundamental de decidir

quiénes son las personas llamadas a formar gobierno.

La voluntad del Pueblo como fuente del poder público,

principio que se recoge con meridiana claridad en el

preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, ha quedado a un lado. Olvida una mayoría de

mis compañeros y compañera de estrado que en ese preámbulo

constitucional se embarcan los objetivos del pacto de

organización política que se dio en nuestro País allá para

el año 1952; objetivos que son guía obligatoria para los

órganos del Estado, y que van por encima de cualquier ley,

reglamento u ordenanza que aquí se apruebe. Máxime, cuando

se trata de una disposición legal tan cuestionada como lo CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 3

ha sido, -- desde su aprobación --, el Código Electoral de

2020, infra.

Si bien reconocemos que, en lo que respecta a la causa

de epígrafe, una mayoría de este Tribunal, a grandes

rasgos, pudo haber hecho un acercamiento correcto en

derecho a la controversia que tenía ante su consideración,

el remedio concedido en este caso, -- entiéndase,

descalificar a ciertos candidatos y candidatas a puestos

electivos, bajo la bandera del Movimiento Victoria

Ciudadana --, se aparta de esas nociones más básicas de la

vida en democracia que hemos reseñado. Por ello,

disentimos.

Al disentir destacamos que, con tan solo adentramos

en un estudio, cuidadoso y desapasionado, de los hechos que

dieron margen al presente litigio, de inmediato notamos que

las continuas representaciones hechas al Movimiento

Victoria Ciudadana por parte de la Comisión Estatal de

Elecciones, -- a los fines de que ésta organización

política no tenía que recoger endosos si optaba por el

método alterno de selección de sus candidatos y candidatas

para las elecciones generales del año 2024 --, eran razón

suficiente para que aplicase aquí la doctrina de actos

propios y, en consecuencia, se concediese un remedio en

equidad. Remedio que no fuese uno tan severo como la

descalificación de determinados candidatos y candidatas a

puestos electivos, como erróneamente hizo una mayoría de

mis compañeros y compañera de estrado. El Art. 7.5 del CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 4

Código Electoral de 2020, infra, -- al solo sugerir una

autorización para descalificar en situaciones como éstas,

sin la obligación de llevar a cabo dicha acción --, así lo

permitía.1

Ordenar el recogido de endosos, y, posteriormente, el

que se pase a la selección de candidatos o candidatas

mediante el método que se elija en el referido partido

político, era el remedio en equidad para un caso como el

de marras, donde está envuelto el derecho fundamental al

voto.2 Los otros remedios sobre la mesa, que hoy, y con

solo una contada excepción, avala una mayoría de este

Tribunal, constituyen, -- extrapolando terminología de

otras áreas del derecho, solo para fines ilustrativos --,

un castigo cruel e inusitado a la democracia y a la voluntad

política del Pueblo de Puerto Rico. Veamos.

I.

El pasado 1 de febrero de 2024, el Hon. Jorge A. Rivera

Segarra, miembro de la Cámara de Representantes de Puerto

Rico por el Distrito 22, -- el cual agrupa los pueblos de

Lares, Utuado, Adjuntas y Jayuya --, bajo la insignia del

1 Dicho artículo dispone, en lo pertinente, que: “Cualquier Aspirante o Candidato nominado podrá ser descalificado como tal, por el Tribunal de Primera Instancia, cuando medie querella porque no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución o la ley, o cuando se demostrare que ha violado cualesquiera de las disposiciones de esta Ley o de sus reglamentos.”. (Énfasis suplido). Art. 7.5 del Código Electoral de 2020, infra, 16 LPRA sec. 4615.

2 Recordemos que este partido político ya celebró una Asamblea General, válida en ley, donde tuvo la oportunidad de seleccionar los candidatos y candidatas a los puestos electivos aquí en controversia, por lo que bien, luego del recogido de endosos de rigor, pudiesen ratificarse los mismos. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 5

Partido Popular Democrático (en adelante, “PPD”) y otros3

(en adelante y en conjunto, “los querellantes”),

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia una

Querella, de conformidad con el Art. 7.5 de la Ley Núm. 58-

2020, también conocida como el Código Electoral de Puerto

Rico de 2020 (en adelante, “Código Electoral de 2020”),

infra, en contra de la Hon. Ana Irma Rivera Lassen, Senadora

por Acumulación y aspirante a Comisionada Residente por el

Movimiento Victoria Ciudadana (en adelante, “MVC”) y otros4

(en adelante y en conjunto, “los querellados”). En la

mencionada Querella, los querellantes explicaron que, --

de cara a las elecciones generales de 2024 --, tanto el

MVC, como Proyecto Dignidad, habían optado por acogerse al

proceso de método alterno para la selección de sus

3 Específicamente, el Hon. Héctor L. Santiago Torres, Senador del Distrito de Guayama por el PPD; la Lcda. Yulixa Paredes Albarrán, aspirante a Representante del Distrito 13 por el PPD; y el Sr. Jorge Quiles Gordillo, aspirante a Representante por Acumulación por el PPD.

4 En particular, el Sr. Edgardo Cruz Vélez, aspirante a Comisionado Residente por el MVC; el Sr. Alejandro Santiago Calderón, aspirante a Senador por Acumulación por el MVC; el Sr. Edwin Marrero Martínez, aspirante a Senador por Acumulación por el MVC; la Hon. Mariana Nogales Molinelli, Representante por Acumulación y aspirante a dicho puesto por el MVC; el Lcdo. Olvin Valentín Rivera, aspirante a Representante por Acumulación por el MVC; la Sra. Gladys Myrna Conty Hernández, aspirante a Representante por Acumulación por el MVC; el Sr. Anthony Sánchez Aponte, aspirante a Representante por el Distrito 38 por Proyecto Dignidad; el Sr. Stephen D. Gil Álamo, aspirante a Representante por el Distrito 38 por Proyecto Dignidad; y el Sr. Wilfredo Pérez Torres, aspirante a Representante por el Distrito 38 de Proyecto Dignidad.

La Querella también se presentó en contra de la Hon. Jessika Padilla Rivera, Presidenta Interina de la Comisión Estatal de Elecciones; la Lcda. Lilliam Aponte Dones, Comisionada Electoral del MVC; la Lcda. Vanessa Santo Domingo Cruz, Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista; la Lcda. Karla Angleró, Comisionada Electoral del PPD; el Sr. Roberto Iván Aponte, Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño; y el Lcdo. Nelson Rosario Rodríguez, Comisionado Electoral de Proyecto Dignidad. Eventualmente, los querellantes incluyeron en el pleito al MVC, como partido político, al Sr. Ramón Cruz Díaz, aspirante a Senador por el MVC y al Hon. Rafael Bernabe Riefkohl, Senador por Acumulación y aspirante al mismo puesto por el MVC. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 6

candidatos. Asimismo, indicaron que ninguno de estos

partidos políticos presentó ante la Comisión Estatal de

Elecciones (en adelante, “CEE”), en o antes del 30 de

diciembre de 2023 a las 12:00 del mediodía, los expedientes

y demás documentos requeridos por ley de los candidatos y

candidatas que habían sido escogidos como candidatos

únicos, bajo el antes mencionado método de selección.

En consecuencia, arguyeron que los querellados, -- de

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para la

radicación de candidaturas de los partidos políticos y

candidaturas independientes, infra, de dicha agencia

gubernamental --, venían obligados a recoger, dentro del

término previsto por ley para realizar tal actuación, las

correspondientes peticiones de endosos para poder

participar de las próximas elecciones. Al no hacerlo así,

sostuvieron que estos debían ser descalificados como

aspirantes a cargos electivos en las próximas elecciones

Presentada la referida Querella, el foro primario

emitió una Orden de señalamiento de vista para el 12 de

febrero de 2024. En igual fecha, -- entiéndase, el 12 de

febrero de 2024 --, el Hon. José Torres Zamora,

Representante por Acumulación por el Partido Nuevo

Progresista (en adelante, “PNP”) y otros5 (en adelante y en

5 A saber, la Hon. Keren L. Riquelme Cabrera, Senadora por Acumulación por el PNP; la Sra. Leyda Cruz Berríos, aspirante a Senadora por Acumulación por el PNP; y la Hon. Wanda del Valle Correa, Representante del Distrito 38 por el PNP. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 7

conjunto, “partes interventoras”) presentaron una Demanda

de intervención ante el Tribunal de Primera Instancia. En

su escrito, y en esencia, estos alegaron que la resolución

del pleito sin su presencia les afectaría, pues los

querellados compiten por los mismos puestos a los que estos

aspiran en las elecciones generales, y que, distinto a

ellos, estos últimos no habían cumplido con el requisito

de entrega de peticiones de endosos impuesto por ley.

Así las cosas, en la vista pautada para el 12 de febrero

de 2024, todas las partes en el litigio argumentaron sobre

la procedencia de la referida Demanda de intervención y

otros asuntos de naturaleza procesal. De igual forma, el

foro primario emitió varias órdenes con miras a agilizar la

resolución del caso. Eventualmente, se señaló una vista

argumentativa para el 8 de marzo de 2024.

Por su parte, el 16 de febrero de 2024 la Dra.

Marigdalia Ramírez Fort (en adelante, “doctora Ramírez

Fort”), -- quien fue aspirante a Comisionada Residente por

el PNP hasta el 31 de enero de 2024, cuando fue

descalificada por no cumplir con el requisito de las

peticiones de endosos --, presentó una Demanda de

intervención ante el Tribunal de Primera Instancia. En

ésta, alegó que una determinación favorable para los

querellados tendría implicaciones directas en su persona,

pues, a su entender, ello significaría exceptuar del

requerimiento legal de las peticiones de endosos a

determinados competidores. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 8

Enterados de lo anterior, y, en respuesta, varios de

los querellados se opusieron a la Demanda de intervención

de la doctora Ramírez Fort. No obstante, el 20 de febrero

de 2024 el foro primario autorizó la intervención de ésta

en el pleito.

Así pues, el 20 de febrero de 2024 los querellados, -

- algunos por su cuenta y otros en conjunto --, presentaron

sus respectivas alegaciones responsivas ante el Tribunal

de Primera Instancia. Entre éstas, presentaron varias

mociones solicitando la desestimación del pleito y/o su

resolución sumaria.

En esencia, los querellados del MVC sostuvieron que,

para la fecha en que cerró el proceso de presentación de

candidaturas ante la CEE, estos habían cumplido con la

entrega oportuna de los documentos requeridos para figurar

como aspirantes. A su vez, arguyeron que la posición del

MVC, -- y de la propia CEE --, era que estos no tenían que

recoger peticiones de endosos, toda vez que dicho partido

se había acogido al método alterno para la selección de

candidaturas.

Para sustentar sus planteamientos, expusieron que el

MVC había aprobado su Reglamento para la elección de

candidaturas para las elecciones generales de 2024 del MVC,

el cual establecía, entre otras cosas, que las personas que

se sometiesen al proceso de nominación y elección dispuesto

en éste no tendrían que cumplir con los requisitos de

presentación de peticiones de endosos para calificar como CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 9

candidatas o candidatos del partido. Enfatizaron que dicho

reglamento había sido evaluado por la CEE y que la

mencionada entidad no había realizado señalamiento alguno

al respecto.

De igual forma, argumentaron que la CEE no le advirtió

o comunicó al MVC, ni a sus aspirantes, sobre la necesidad

de recoger las peticiones de endosos en caso de que el

método alterno no se celebrara antes del 30 de diciembre

de 2023. Además, señalaron que, al someter a la CEE, --

mediante el Sistema de Notificación de Intención de Aspirar

a una Candidatura y Sistema de Endosos (en adelante,

“SIEN”)6 --, los documentos requeridos para figurar como

aspirantes a determinados cargos electivos, recibieron el

siguiente mensaje: “Si su partido ha sido acogido por

método alterno de selección según el Código Electoral de

Puerto Rico de 2020 no es requisito presentar peticiones

de endosos”.7

Asimismo, al evaluar la legislación y reglamentación

pertinente, los querellados del MVC señalaron que, en

virtud de las reglas de hermenéutica legal, era forzoso

concluir que el método alterno de selección de candidatos

estaba exento de cumplir con el requisito de presentación

de peticiones de endosos. Esto pues, a su entender, el

6 Según el Código Electoral de 2020, infra, SIEN es “un sistema informático y con acceso cibernético para el acopio, presentación, evaluación y validación o rechazo de toda petición de endoso requerida por [dicho estatuto]”. Art. 3.13, 16 LPRA sec. 4523.

7 (Énfasis suplido). Véase Determinaciones de hechos núms. 10-17 de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, págs. 6-8. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 10

Código Electoral de 2020, infra, no le imponía tal

requisito a aspirantes de un partido político acogido a un

método alterno de selección, ni tampoco autorizaba a la CEE

a así hacerlo.

El MVC, como partido político, por su parte, argumentó

ante el foro primario que el Código Electoral de 2020,

infra, no permitía la descalificación de un aspirante por

no entregar las peticiones de endosos correspondientes

cuando su partido había optado por acogerse al método

alterno de selección de candidaturas. En ese sentido,

enfatizó que el diseño de un método alterno le correspondía

exclusivamente al partido y no a la CEE. Además, arguyó que

el recogido de peticiones de endosos era obligatorio para

las primarias, pero optativo en el método alterno.

Evaluados los anteriores documentos, el 21 de febrero

de 2024 el Tribunal de Primera Instancia ordenó a los

querellantes a replicar en conjunto los escritos

presentados por los querellados. De igual forma, le ordenó

a las partes interventoras a replicar las mociones

dispositivas presentadas.

En cumplimiento con lo anterior, el 23 de febrero de

2024 las partes interventoras presentaron una Oposición a

sentencia sumaria y moción de desestimación solicitud de

determinación ante falta de controversia sobre hechos

materiales y pertinentes. Asimismo, el 24 de febrero de

2024 los querellantes presentaron una Moción en

cumplimiento de orden y oposición a solicitudes de CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 11

desestimación y solicitudes de sentencia sumaria y

solicitud para que se conceda remedio por no existir

controversia de hechos materiales. De igual forma, y para

esa misma fecha, la doctora Ramírez Fort presentó una

Moción en cumplimiento de orden.

Luego de presentadas otras mociones en respuesta a los

escritos aludidos en el párrafo anterior, el 28 de febrero

de 2024 el foro primario notificó a todas las partes que

no se aceptarían más escritos. Así pues, el caso quedó

sometido y se realizó la correspondiente vista de

argumentación el 8 de marzo de 2024.

Celebrada la vista argumentativa de rigor, en la cual

el Tribunal de Primera Instancia tuvo la oportunidad de

examinar los argumentos de todas las partes con interés en

el pleito, el 21 de marzo de 2024 dictó Sentencia. Al así

hacerlo, declaró no ha lugar a las mociones de

desestimación presentadas por los querellados y ha lugar a

la Querella instada por los querellantes. En consecuencia,

luego de concluir que, –- pasado el 30 de diciembre de 2023

–-, los aquí querellados debían recoger peticiones de

endosos como condición para participar del proceso

eleccionario que se avecina, descalificó a estos de poder

competir en los comicios a celebrarse en noviembre de 2024.

Inconforme con la determinación del foro primario, el

1 de abril de 2024 los querellados presentaron ante el CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 12

Tribunal de Apelaciones una Apelación civil.8 En ésta,

sostuvieron, entre otras cosas, que: (1) las partes que

incoaron el presente litigio no poseen legitimación activa

para instar el mismo; (2) el Código Electoral de 2020,

infra, no requiere el recogido de peticiones de endosos

para los aspirantes de partidos políticos que se acogen a

un método alterno de nominación; (3) la precitada

disposición legal no faculta a la CEE a adoptar reglas para

los métodos alternos como sí lo está para hacerlo en el

contexto de primarias; (4) dicho estatuto de naturaleza

electoral tampoco establece fecha cierta o final para

celebrar los métodos alternos de nominación; y que (5) la

imposición de un deber de presentar peticiones de endosos,

como paso previo a presentarse en un evento eleccionario,

vulneraría los derechos a la libertad de asociación y al

voto de los querellados.

A dicha solicitud, el 1 de abril de 2024 los

querellantes se opusieron bajo fundamentos similares a los

expuestos ante el Tribunal de Primera Instancia.9

Así las cosas, el 30 de abril de 2024 el foro apelativo

intermedio (panel compuesto por el Juez Figueroa Cabán, el

Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza

8 Es importante mencionar que los querellados Edwin Marrero Martínez, Olvin M. Valentín Rivera y Ramón Cruz Díaz no apelaron la determinación del Tribunal de Primera Instancia al Tribunal de Apelaciones.

9 Conviene señalar que el Tribunal de Apelaciones celebró una vista oral para evaluar los argumentos de las partes el pasado 24 de abril de 2024. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 13

Prats Palerm)10 emitió una Sentencia mediante la cual revocó

la determinación del foro primario.11 En particular, el

Tribunal de Apelaciones concluyó que los querellantes y

partes interventoras carecían de legitimación activa, pues,

según su análisis, estos no pudieron demostrar haber

sufrido un daño claro y palpable.

Inconformes con dicha determinación, el 2 de mayo de

2024 los querellados presentaron una Petición de certiorari

ante este Tribunal. En ésta, y, en síntesis, sostienen que

el foro apelativo intermedio erró al determinar que estos

carecían de legitimación activa para instar el presente

litigio, ignorando, a su entender, la legitimación

estatutaria que confiere a todo elector el Art. 5.1 del

Código Electoral de 2020, infra.

Por su parte, para esa misma fecha, las partes

interventoras presentaron ante esta Curia un Recurso de

certiorari. En éste, también argumentan que les es de

aplicación la legitimación estatutaria del referido Art.

5.1 del Código Electoral de 2020, infra. En la alternativa,

arguyen que cumplen con los requisitos generales de

legitimación activa, toda vez que el hecho de que los

querellados puedan figurar en las próximas elecciones como

candidatos, sin cumplir con el requisito reglamentario

10 ElJuez Figueroa Cabán, por su parte, emitió un voto conforme en cuanto al caso KLAN202400359, pero un voto disidente con opinión escrita en el caso KLAN202400304.

11 Es menester indicar que el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de los aspirantes por el Proyecto Dignidad por falta de jurisdicción al entender que estos recurrieron ante dicho foro a destiempo. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 14

cuestionado, implica un daño claro y palpable para éstos y

éstas.

Trabada así la controversia, -- y en lo que, sin lugar

a duda, representa un peligroso precedente para nuestro

País --, una mayoría de este Tribunal, al revocar al

Tribunal de Apelaciones, mediante el más severo de los

remedios, y salvo una contada excepción, despoja a los

querellados de la oportunidad de poder participar del

proceso eleccionario a celebrarse en el País el próximo 5

de noviembre de 2024. Ello, sin tomar en consideración las

lagunas en la ley respecto al requisito cuestionado, --

objeto de estudio en el presente litigio --, y las

representaciones hechas por la CEE que, evidentemente,

indujeron a error a estos últimos.

Con esta determinación, como ya mencionamos, este Alto

Foro violenta los derechos constitucionales más básicos que

le asisten a los querellados, pero aún más preocupante,

transgrede el derecho del Pueblo a votar por aquellas

personas que considera representan sus intereses. Ante tal

escenario, no nos queda más remedio que disentir

energéticamente. Explicamos por qué.12

12 Cabe mencionar que la doctrina de justiciabilidad es una norma de autolimitación judicial que “busca evitar la obtención de un fallo sobre una controversia que en verdad no existe, una determinación sobre un derecho que no ha sido reclamado, o una sentencia que, en el momento en que se dicta, no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia”. Ramos, Méndez v. García García, 203 DPR 379, 435 (2019) (Colón Pérez, opinión disidente). En ese sentido, -- y como parte de las vertientes de la referida doctrina --, el concepto de legitimación activa requiere que la persona que inste una acción judicial demuestre que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño en cuestión sea real, inmediato y preciso, no abstracto ni hipotético; (3) existe una relación causal razonable entre la acción ejercitada y el daño alegado; y que (4) la causa de acción instada surja al amparo de la Constitución o de CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 15

II.

A.

Como es sabido, -- a diferencia de la Constitución de

los Estados Unidos de América --, la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Art. II, Sec.

2, le garantiza, a toda persona que aquí habita, el derecho

fundamental al voto. Art. II, Sec. 2, Const. ELA, LPRA,

Tomo 1. En específico, el texto de la precitada cláusula

constitucional sostiene que “[nuestras] leyes garantizarán

la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio

universal, igual, directo y secreto, y protegerán al

ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la

prerrogativa electoral”. Íd.

Así pues, y como se puede apreciar, del Art. II, Sec.

II de nuestra Carta Magna, emana la responsabilidad dual

que, en cuanto a este asunto, tiene el Estado. En primer

lugar, nuestro órgano gubernamental tiene el deber de

abstenerse de interferir con el libre ejercicio del voto

por parte de las ciudadanas y los ciudadanos de Puerto

Rico. Com. CNP v. C.E.E., 197 DPR 914, 985 (2017) (Colón

alguna ley. Hernández, Santa v. Srio. De Hacienda, 208 DPR 727, 739 (2022); Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 917 (2012); Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 572 (2010). Si un tribunal, al emplear el análisis anterior, determina que la persona que reclama ante sí un remedio no posee legitimación activa, deberá rehusar adentrarse a considerar el asunto y desestimar el pleito.

En el caso de autos, basta con señalar que, contrario a lo sentenciado por el Tribunal de Apelaciones, somos del criterio de que los aquí peticionarios sí tenían legitimación activa para instar la Querella en cuestión. Ello, pues estos sufrirían un daño claro y palpable al verse obligados a competir para los mismos puestos electivos con personas que, distinto a ellos, no cumplieron con el requisito de presentar las peticiones de endosos. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 16

Pérez, opinión disidente); P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR

643, 670 (1995). Véase también, Sánchez y Colón v. E.L.A.

I, 134 DPR 445, 449-450 (1993). En segundo lugar, tiene el

deber afirmativo de proteger a estos últimos, entiéndase

nuestros ciudadanos y ciudadanas, contra cualquier coacción

que pretenda interferir con el ejercicio de su prerrogativa

electoral. Íd.

Sobre el particular, y según se desprende del Diario

de Sesiones de la Convención Constituyente, los forjadores

y las forjadoras de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico consideraron imprescindible

otorgarle rango constitucional al derecho al voto y

revestirlo de la mayor protección. Ramírez de Ferrer v.

Mari Brás, 144 DPR 141, 173 (1997). Véase también, Diario

de Sesiones de la Convención Constituyente, págs. 1739-

1740, 2960 (1952) (versión digital). Todo esto, con la

finalidad de “asegurar que las decisiones colectivas y el

poder público en Puerto Rico respondiesen a cabalidad a la

voluntad del [P]ueblo”. Ramírez de Ferrer v. Mari Brás,

supra, pág. 173.

Cónsono con ello, en innumerables ocasiones, este

Tribunal ha sentenciado que, en nuestro ordenamiento

jurídico, el derecho al voto se considera una de las

prerrogativas más importantes del Pueblo. Pierluisi et al.

v. C.E.E. et al., 204 DPR 841, 854 (2020); Ramírez de Ferrer

v. Mari Brás, supra, pág. 173; P.P.D. v. Admor. Gen. De

Elecciones, 111 DPR 199, 207 (1981). Lo anterior, pues el CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 17

voto representa el mecanismo principal mediante el cual

nuestras ciudadanas y ciudadanos ejercen su poder soberano

y expresan su voluntad. Íd.

B.

Establecido lo anterior, y por considerarlo en extremo

importante para la correcta disposición de las

controversias ante nuestra consideración, conviene

mencionar también que el derecho al voto está directamente

ligado a otros derechos constitucionales fundamentales que

el Pueblo se reservó frente al Estado, tales como el derecho

a la libertad de expresión y a la libertad de asociación.

En específico, el voto se considera uno de los instrumentos

en virtud de los cuales se garantiza la expresión libre de

la voluntad ciudadana. Art. II, Sec. 2, Const. ELA, LPRA,

Tomo 1. Véase, Suárez Cáceres v. Com. Estatal de

Elecciones, 176 DPR 31, 70-71 (2009); Ramírez de Ferrer v.

Mari Brás, supra, pág. 221 (Negrón García, opinión

concurrente).

En esa dirección, en el pasado, hemos señalado que el

derecho al sufragio, como instrumento de la libertad de

expresión, comprende “la prerrogativa del ciudadano de

votar por el candidato o las opciones de su predilección”.

Suárez Cáceres v. Com. Estatal de Elecciones, supra, pág.

71. Y, por ser una garantía tan abarcadora y fundamental,

comprende también “el derecho a acudir a las urnas y

depositar la papeleta en blanco o dañarla, si ese es su

deseo o empeño”. Íd. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 18

De otra parte, y en cuanto a su relación con el derecho

a la libertad de asociación, este Tribunal ha sostenido que

el derecho al voto incluye el derecho a formar agrupaciones

políticas para participar en los eventos electorales.

McClintock v. Rivera Schatz, 171 DPR 584, 597 (2007);

P.N.P. v. De Castro Font II, 172 DPR 883, 893 (2007); P.A.C.

v. E.L.A, 150 DPR 359, 372 (2000). Tal es el caso de los

partidos políticos.

Como corolario de lo anterior, hemos enfatizado que

los partidos políticos constituyen un agente fundamental

de la democracia moderna, pues funcionan como vías para

canalizar las distintas tendencias políticas de la

sociedad. McClintock v. Rivera Schatz, supra, pág. 597;

P.R.P. v. E.L.A., 115 DPR 631, 638 (1984); P.S.P. v. E.L.A.,

107 DPR 590, 610 (1978). En ese sentido, el derecho al voto

comprende la garantía de que se incluyan en las papeletas

que se utilizan el día del evento eleccionario las opciones

que reflejan las corrientes políticas contemporáneas del

elector. McClintok v. Rivera Schatz, supra, pág. 605;

P.N.P. v. De Castro Font II, supra, pág. 893; P.A.C. v.

E.L.A. I, supra, pág. 372. Esto, pues, “[p]ara que la

democracia funcione y alcance su más alto potencial es

menester que los electores puedan considerar y deliberar

todas sus opciones en un espíritu de libertad de

conciencia, de pensamiento y de expresión [...][n]o puede

haber consentimiento democrático cuando no se pueden

expresar opiniones contrarias, disidentes o heterodoxas.” CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 19

Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, supra, págs. 222-223

(Negrón García, opinión concurrente).

Dicho ello, con este marco constitucional en mente,

pasemos ahora a evaluar aquellas disposiciones del Código

Electoral de 2020, infra, y la reglamentación que de ellas

emana, que son de particular importancia para comprender

la naturaleza y el alcance de las interrogantes que estamos

llamados a responder.

III.

Sobre este extremo, de entrada, cabe mencionar que,

de conformidad con lo dispuesto en nuestra Carta Magna, es

la Asamblea Legislativa del País la llamada a regular “todo

lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de

electores, así como lo relativo a los partidos políticos y

candidaturas”. Art. VI, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

Sin embargo, aunque la referida rama de gobierno tiene

amplia facultad para reglamentar los procesos electorales,

le corresponde a los tribunales, en última instancia,

asegurar que la legislación promulgada a esos fines cumpla

con las garantías constitucionales establecidas en la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Aponte Rosario v. Pres. CEE II, 205 DPR 400, 475-476 (2020)

(Colón Pérez, opinión disidente); Sánchez y Colón v. ELA

II, 134 DPR 503, 530 (1993) (Hernández Denton, opinión de

conformidad); P.P.D. v. Admor. Gen. De Elecciones, supra,

pág. 221. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 20

Al respecto, y para adentrarse en la anterior tarea,

según ha sido previamente señalado por este Tribunal, es

necesario que nuestros jueces y juezas realicen “[u]n

delicado balance entre el derecho fundamental al sufragio

y el interés del Estado en reglamentar su ejercicio para

que el proceso se conduzca ordenadamente con la mayor

participación de electores en igualdad de condiciones”.

Sánchez y Colón v. E.L.A. I, supra, págs. 449-450. Véase,

además, Com. PNP v. CEE et al., 197 DPR 914, 986 (2017)

(Colón Pérez, opinión disidente). Esto, pues, “[e]l Derecho

Electoral concierne los derechos básicos de una democracia

y la legitimidad de sus elecciones, lo cual requiere un

especial celo en actuar con el mayor cuidado y estudio”.

H. L. Acevedo, La democracia puertorriqueña y su sistema

electoral, en Puerto Rico y su gobierno: estructura, retos

y dinámicas, Puerto Rico, Ed. SM, 2016, pág. 297. En ese

sentido, ante cualquier posible vaguedad o laguna en las

disposiciones estatutarias o reglamentarias que regulan el

ejercicio del voto, la interpretación adoptada debe dar

primacía a la máxima protección de la expresión electoral.

Guadalupe v. CEE, 165 DPR 106, 117 (2005); Suárez v. CEE

V, 163 DPR 541, 542 (2004); Suárez v. CEE I, 163 DPR 347,

355 (2004).

Así pues, y de conformidad con el mandato

constitucional antes reseñado -- entiéndase, el de regular

todo lo relacionado a los eventos electorales --, la CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 21

Asamblea Legislativa aprobó el Código Electoral de 2020,

16 LPRA sec. 4501 et seq., estatuto legal hoy aquí en

disputa. Es, precisamente, esa disposición estatutaria de

naturaleza electoral la que procederemos a analizar con

detenimiento.

Como cuestión de umbral, y en lo relacionado a las

controversias ante nuestra consideración, debemos tener

presentes que, de conformidad con lo dispuesto en el Código

Electoral de 2020, supra, en nuestra jurisdicción existen

dos mecanismos o procedimientos mediante los cuales un

partido político puede seleccionar a sus candidatos o

candidatas. El primero de estos, y tal vez el más conocido

por la ciudadanía en general, es el de primarias. La

precitada disposición legal define el concepto de primarias

como el proceso de votación a través del cual se seleccionan

a los candidatos a cargos públicos electivos con arreglo a

dicha ley, y a las reglas que adopte la CEE y el organismo

directivo del partido político en cuestión. Art. 2.3(92)

del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4503.

El segundo mecanismo disponible para la selección de

candidatas o candidatos a participar de un evento

eleccionario se denomina método alterno. Éste se define en

el Código Electoral de 2020, supra, como el procedimiento

alternativo para la elección de candidatos a cargos

públicos que sustituye una primaria o elección especial.

Art. 2.3(60) del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec.

4503. Dicho método alterno tiene que: (1) ser aprobado por CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 22

el organismo central del partido político en cuestión, y

(2) cumplir, procesalmente, con las garantías dispuestas

en la normativa electoral puertorriqueña. Íd.

De igual forma, el Código Electoral de 2020, supra,

define el término de aspirante o aspirante primarista como

toda persona natural que participe en los procesos de

primarias internas o en los métodos alternos de nominación

de un partido político de Puerto Rico, o que realice

actividades, recaudaciones o eventos, con la intención o

dirección de ocupar cualquier cargo interno u obtener una

candidatura a un cargo público electivo. Art. 2.3(8) del

Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4503. En otras

palabras, el concepto de aspirante o aspirante primarista

se refiere a toda persona natural que: (1) participe de

primarias; (2) participe de un método alterno de

nominación; o (3) que realice actividades, recaudaciones o

eventos dirigidos a ocupar cualquier cargo interno u

obtener una candidatura a cargo público electivo.

C.

Aclarada la anterior terminología, pasemos, pues, a

evaluar las disposiciones del Código Electoral de 2020,

supra, pertinentes a los asuntos aquí bajo estudio. Al

realizar ese ejercicio, prestaremos particular atención a

aquellos articulados de nuestra normativa electoral que

regulan tanto la selección de candidatos mediante los

procesos de primarias, como a través de los métodos

alternos. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 23

Habiendo delimitado las coordenadas de los asuntos a

atender, comenzamos señalando que es el Capítulo VII del

Código Electoral de 2020, supra, el que regula todo lo

concerniente a las candidaturas a cargos electivos en las

elecciones generales y al proceso de primarias. Arts. 7.1-

7.23 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4611-4633.

En el mismo, y para trabajar en lo anterior, se dispone la

creación de una Comisión de Primarias para cada partido

político, compuesta por la o el Presidente de la CEE y por

la o el Comisionado Electoral del partido político en

cuestión. Íd. Esta Comisión, -- la cual estará encargada

de dirigir el evento primarista si un partido político

decide acogerse a dicho proceso --, no será un organismo

de operación continua, sino que quedará activada de forma

automática una vez se determine que el partido político

debe realizar primarias y hasta que se certifiquen los

resultados finales de dicho proceso en escrutinio general

o recuento. Íd.

Constituida la referida Comisión, el Código Electoral

de 2020, supra, mandata que cada partido político presente

a su respectiva Comisión de Primarias copia de su

reglamento de primarias, debidamente certificado por la o

el Presidente y la o el Secretario del partido. Íd. Dicho

reglamento, claro está, no podrá confligir con las

disposiciones del Código Electoral de 2020, supra. Íd.

Ya más en lo relacionado al proceso primarista en sí,

si bien un partido político tiene derecho a nominar a CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 24

determinada cantidad de candidatos para cada cargo público

electivo objeto de votación en una elección general, Art.

7.9 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4619,13 en

aquellos casos en que surja una cantidad de aspirantes

mayor a la permitida, el referido partido, como regla

general, tendrá la obligación de realizar primarias. Art.

7.10 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4620. En

el caso de las candidatas o los candidatos únicos, la o el

Presidente de la Comisión de Primarias del partido político

certificará como candidatos únicos a los aspirantes a los

puestos que cumplan con todos los requisitos legales y

reglamentarios de sus respectivos partidos políticos para

participar en primarias, sin necesidad de celebrar dicho

proceso. Íd.

Ahora bien, no empece a la existencia de los procesos

primaristas, el Código Electoral de 2020, supra, también

permite que un partido político, en lugar de realizar dicho

proceso, se acoja a un método alterno para la nominación

de sus candidatos. Art. 7.11 del Código Electoral de 2020,

16 LPRA sec. 4621. Para ello, es necesario que el organismo

directivo central del partido en cuestión así lo determine

y que se cumplan con ciertas garantías mínimas que

13A saber, una cantidad igual o menor que once (11) para senadores o representantes por acumulación. En los casos de senadores por distrito, una cantidad igual o menor que dos (2). En los casos de gobernador, comisionado residente en Washington D.C., representantes por distrito y alcaldes, la cantidad de aspirantes por cada partido político tiene que ser igual o menor que uno (1) en la demarcación geoelectoral que correspondan. En los casos de legisladores municipales, la cantidad de aspirantes debe ser igual o menor a la cantidad máxima de estas candidaturas en cada municipio. Art. 7.10(3)(a)(ii) del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4620. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 25

establece la precitada disposición legal. Art. 7.11(1) del

Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4621. Sin embargo,

es importante señalar que ningún proceso o método alterno

de nominación de candidatos impedirá que otro miembro

afiliado del partido, que no participó como aspirante en

dicho proceso, pueda reclamar su derecho a primarias para

ese mismo cargo público electivo dentro de los términos que

el Código Electoral de 2020, supra, y el reglamento de

primarias del partido político correspondiente disponen.

Art. 7.11(4) del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec.

4621.

D.

Por otra parte, pero también en lo relacionado a los

procesos primaristas aquí bajo estudio, es menester llamar

la atención a lo dispuesto en el Art. 7.15 del Código

Electoral de 2020, supra, articulado que regula lo

concerniente a las peticiones de endosos. 16 LPRA sec.

4625. Según contemplado en el Art. 7.15 del Código

Electoral de 2020, supra, las peticiones de endosos se le

requerirán a aspirantes primaristas y a candidatos

independientes. Art. 7.15(1) del Código Electoral de 2020,

16 LPRA sec. 4625.

De igual forma, el mencionado articulado faculta a la

CEE a reglamentar todo asunto relacionado a este proceso.

Íd. A su vez, establece que la fecha y hora límite para

someter las referidas peticiones será el 15 de febrero del CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 26

año de elecciones generales. Íd. Dicho término es

catalogado como fatal. Íd.

Así pues, notemos que estas disposiciones legales nada

establecen sobre el requisito de las peticiones de endosos

en lo relacionado a las personas que participarán de los

métodos alternos de selección de candidatos o candidatas.

Más bien, el articulado hace referencia únicamente a los

Sin embargo, el inciso 3 del Art. 7.15 del Código

Electoral de 2020, supra, establece lo siguiente:

“[c]ualquier Elector que desee concursar en unas primarias,

como aspirante o como candidato independiente, además de

cumplir con los requisitos de esta Ley y los reglamentos

de su Partido y la Comisión, deberá presentar ante la

Comisión la cantidad de peticiones de endoso requerida por

esta Ley para el cargo público electivo al que interese

aspirar.”. (Énfasis suplido). 16 LPRA sec. 4625. A pesar

de que en este inciso tampoco se hace referencia

expresamente a los aspirantes que participarán de un método

alterno de selección, su lenguaje confuso, -- al añadir el

término aspirante --, posibilita el que se pudiese

interpretar que éstos están incluidos en el término en

cuestión.

En esa dirección, y entre otras consideraciones que

también nos pudiesen mover a concluir que nuestra Asamblea

Legislativa no excluyó, del todo, a estos últimos

aspirantes del requisito de recoger peticiones de endosos CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 27

como paso previo a participar de un evento electoral, se

encuentra un análisis exhaustivo que, -- sobre el mismo

tema --, realizamos de lo dispuesto en el Código Electoral

para el Siglo XXI, infra, estatuto que, previo a la

aprobación del Código Electoral de 2020, supra, regulaba

en nuestra jurisdicción los procesos eleccionarios.

En lo pertinente, el Art. 8.007 del Código Electoral

para el Siglo XXI, en cuanto a los métodos alternos de

selección, establecía, de forma expresa, que las personas

seleccionadas de conformidad con dicho procedimiento no

tenían que cumplir con los requisitos de presentación de

peticiones de endosos para primarias para calificar como

candidatos. 16 LPRA sec. 4117 (derogada). Dicha disposición

fue eliminada del Código Electoral de 2020, supra, por lo

que se pudiese inferir que fue la voluntad del legislador

permitir la posibilidad de requerir a las personas

participantes de un método alterno de selección la

En fin, los cambios a la normativa electoral antes

relacionada pudiesen sugerir que los aspirantes que se

sometan a un método alterno de selección pueden, en ciertas

circunstancias, verse obligados a tener que presentar

peticiones de endosos. Veamos, entonces, qué disponen los

reglamentos aplicables en cuanto a este asunto.

E.

En primera instancia, es importante señalar que el

Código Electoral de 2020, supra, faculta a la CEE a aprobar CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 28

un reglamento de primarias y métodos alternos de nominación

que sea uniforme para todos los partidos políticos en los

campos electorales ocupados por el referido estatuto. Art.

7.1 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4611. A su

vez, la mencionada disposición legal requiere que dicho

reglamento muestre deferencia a los reglamentos aprobados

por cada partido político para sus primarias y métodos

alternos de nominación, siempre que estos no menoscaben o

vulneren las garantías, reglas y normas protegidas por el

referido Código para ambos procesos de nominación. Íd.

Así pues, y de conformidad con lo anterior, la CEE

aprobó dos reglamentos que son importantes aquí examinar.

En específico, dicha entidad aprobó el Reglamento para la

candidaturas independientes,14 y el Reglamento y manual de

primarias y métodos alternos de nominación 2024.15

El primero de ellos, el Reglamento para la radicación

independientes, por una parte, establece en su Título III,

todo lo relacionado a los métodos alternos de nominación

para la selección de candidatos o candidatas a cargos

14 Reglamento para la radicación de candidaturas de los partidos políticos y candidaturas independientes, CEE, 15 de junio de 2023, disponible en: https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es- pr/Secretaria/Documents/20230615-Reglamento-para-la-radicacion-de- candidaturas-de-los-partidos-politicos-y-candidaturas- independientes.pdf.

15Reglamento y manual de primarias y métodos alternos de nominación 2024, CEE, 24 de agosto de 2023, https://ww2.ceepur.org/sites/ComisionEE/es- pr/Secretaria/Documents/20230824-Reglamento-y-manual-de-Primarias-y- metodos-alternos-de-nominacion-2024.pdf. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 29

electivos. Sec. 3.1, pág. 17. En lo aquí pertinente, se

dispone que los partidos políticos podrán establecer, de

forma interna, métodos alternos de selección para la

nominación de sus candidatos o candidatas a cargos

electivos, siempre que así lo apruebe su organismo

directivo central. Íd. De igual forma, se establece que la

CEE deberá aprobar un reglamento de primarias y métodos

alternos uniforme para todos los partidos políticos,

mostrando deferencia a los reglamentos aprobados por cada

partido. Íd.

En cuanto a la presentación de peticiones de endosos

para los aspirantes a cargos electivos a seleccionarse

mediante un proceso de método alterno, -- asunto aquí bajo

estudio --, el referido reglamento establece que estos no

tendrán que cumplir con tal requisito, siempre y cuando

sean escogidos y su expediente, con los documentos

requeridos, sea radicado por su partido político como

candidato único en la CEE, en o antes de las 12:00 del

mediodía del 30 de diciembre de 2023. Íd. Es decir, y

conforme a este reglamento, pasada dicha fecha y horario

sin celebrarse el método de selección alterno, -- y, por

consiguiente, sin seleccionarse a los candidatos únicos --

, los aspirantes a participar del mismo vienen obligados a

presentar las correspondientes peticiones de endosos.

Nótese que, con la aprobación de este reglamento, la

CEE aclaró que los aspirantes a cargos electivos a

seleccionarse mediante un método alterno de selección no CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 30

estaban necesariamente excluidos del recogido y

presentación de peticiones de endosos. Más bien, lo

determinante para requerirle a estos cumplir con dicho

requisito es el periodo dentro del cual se lleva a cabo el

método alterno de selección.

Por otra parte, y como adelantamos, la CEE también

aprobó el Reglamento y manual de primarias y métodos

alternos de nominación 2024. El Título VI de dicho

reglamento regula lo concerniente a los métodos alternos

de nominación. En particular, en el mismo se repite la

normativa esbozada en el Art. 7.11 del Código Electoral de

2020, supra. Sec. 6.1, págs. 46-48.

F.

Para finalizar el análisis de las disposiciones del

Código Electoral de 2020, supra, que guardan estrecha

relación con las controversias ante nuestra consideración,

es menester destacar, -- por ser particularmente importante

para la correcta, adecuada y justa disposición de los

asuntos que hoy nos ocupan --, que el Art. 7.5 de dicha ley

establece que “cualquier [a]spirante o [c]andidato nominado

podrá ser descalificado como tal, por el Tribunal de

Primera Instancia”. (Énfasis suplido). 16 LPRA sec. 4615.

Esto, cuando medie querella por razón de que el aspirante

o candidato no cumple con los requisitos impuestos por la

Constitución o la ley, o cuando se demostrare que ha violado CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 31

cualesquiera de las disposiciones del referido Código o de

sus reglamentos.16 Íd.

Sobre esta facultad de descalificar, llamamos la

atención del lector o lectora al uso de la palabra podrá

como palabra que antecede a la acción. Según los cánones

de interpretación jurídica, dicho término “sugiere

autorización para actuar, sin obligación de llevar a cabo

dicha acción”. (Énfasis suplido). J. Farinacci Fernós,

Hermenéutica Puertorriqueña: Cánones de Interpretación

Jurídica, San Juan, Editorial InterJuris, 2020, pág. 133.

Es decir, su uso sugiere, de ordinario, que se trata de un

asunto dejado a la discreción de la persona o entidad en

cuestión, en este caso, el Tribunal de Primera Instancia.17

Íd.

16Cabe mencionar que la Sec. 4.2 del Reglamento para la radicación de candidaturas de los partidos políticos y candidaturas independientes de la CEE detalla que la querella deberá ser contestada bajo juramento, dentro de los diez (10) días siguientes de haber sido notificada. Sec. 4.2, pág. 22. De igual forma, se dispone que, si el Tribunal de Primera Instancia encontrare que de las alegaciones surge una controversia real, deberá citar a vista pública a ser celebrada dentro de los diez (10) días a partir de que la persona querellada haya presentado su contestación. Íd. Dicho término podrá ser reducido por el foro primario, si lo requieren las circunstancias del caso. Íd.

17 Una mayoría de este Tribunal, -- con pretensiones lingüísticas totalmente acomodaticias --, intentan hacer creer que la utilización del término “podrá” está anclada en la ocurrencia de un evento y no en la otorgación de una facultad discrecional al Tribunal de Primera Instancia. Argumentan que, dada la sintaxis de la oración, dicho término está atado al aspirante o candidato nominado, y no al referido foro judicial. En específico, expresan que “el ‘podrá’ […] va dirigido a los aspirantes o candidatos contra quienes se presente una solicitud de descalificación. Es decir, ninguno de ellos viene obligados a solicitar la descalificación en el tribunal, pero puede hacerlo si así lo desea”. Véase pág. 58 de la Opinión mayoritaria. Tal razonamiento no nos persuade. De una lectura literal de la oración en cuestión se desprende inequívocamente que la palabra “podrá” se refiere al poder, de naturaleza discrecional, que tiene el Tribunal de Primera Instancia para descalificar al aspirante o candidato nominado, de entender que ello procede. Claramente, el sentido de “ocurrencia” existe solo en cuanto a que el foro primario “podrá”, en su momento, decidir si descalifica o no a los aspirantes o candidatos querellados. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 32

Dado el uso que se le ha dado a la palabra podrá, --

y ante las particularidades de este caso, donde ciertos

candidatos y candidatas a diversos puestos electivos bajo

la bandera del MVC al parecer fallaron en el recogido de

las peticiones de endosos --, cabe preguntarnos, ¿era la

descalificación de los querellados el remedio más

apropiado? A nuestro juicio, y conforme al principio de

equidad, es forzoso contestar dicha interrogante en la

negativa. Veamos porqué.

IV.

Sabido es que la Ley Núm. 55-2020, también conocida

como el Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec.

5311 et seq. (en adelante, “Código Civil de 2020”),

identifica, como fuentes de derecho en el ordenamiento

jurídico puertorriqueño, la Constitución, la ley, la

costumbre y los principios generales del Derecho. Art. 2

del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 5312. En lo que nos

atañe, los principios generales del Derecho aplican en

ausencia de ley o costumbre, y sin perjuicio de su carácter

informador del ordenamiento jurídico. Art. 5 del Código

Civil de 2020, 31 LPRA sec. 5315.

De igual forma, el Art. 6 del Código Civil de 2020

dispone que los tribunales tienen el deber inexcusable de

resolver diligentemente los asuntos ante su consideración,

ateniéndose al sistema de fuentes del ordenamiento jurídico

establecido. 31 LPRA 5316. Así pues, aquel tribunal que CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 33

rehúse fallar a pretexto de silencio, obscuridad o

insuficiencia de la ley, o por cualquier otro motivo,

incurrirá en responsabilidad. Art. 6 del Código Civil de

2020, 31 LPRA sec. 5316.

En sintonía con lo anterior, en reiteradas ocasiones

este Tribunal ha resuelto que, en nuestro ordenamiento

jurídico, “permean los principios de equidad, buena fe y

razonabilidad”. O.E.G. v. Rivera, Cintrón, 153 DPR 184, 193

(2001). A tales efectos, esta Curia ha sentenciado que,

cuando no hay ley aplicable al caso, -- o cuando existe una

laguna en la misma --, el tribunal viene obligado a resolver

conforme a la equidad, lo cual quiere decir “que se tendrá

en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios

generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y

establecidos”. CMI Hosp. v. Depto. Salud, 171 DPR 313, 324

(2007). Véase, también, Asociación de Condomines v. Los

Frailes, S.E., 154 DPR 800, 816 (2001).

En específico, la equidad, en términos generales, se

refiere a resolver “algo que es justo”. Silva v. Comisión

Indus., 91 DPR 891, 898 (1965). Tal concepto nació “de la

necesidad de atemperar el rigor de la norma mediante

recurso a la conciencia del juzgador”. Banco Metropolitano

v. Berríos, 110 DPR 721, 725, (1981).

Uno de los principios elementales de la equidad es la

prohibición de ir contra los actos propios. Díaz v.

Transporte, 163 DPR 759, 772 (2005) (Rebollo López, opinión CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 34

disidente); Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 DPR 1, 33

(2001); Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR

871, 878 (1976). Esta doctrina se fundamenta en el

principio general de Derecho que ordena proceder de buena

fe en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las

obligaciones. O.C.S. v. Universal, 187 DPR 164, 172 (2012);

Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 DPR 990, 1010 (2010);

Int. General Electric v. Concrete Builders, supra, pág. 876

esc. 4 (1976). La misma supone que a nadie le es lícito ir

ni obrar contra sus propias actuaciones. Alonso Pinero v.

UNDARE, Inc., 199 DPR 32, 55 (2017); O.C.S. v. Universal,

supra, pág. 172; Int. General Electric v. Concrete

Builders, supra, pág. 876.

En ese sentido, en virtud de la doctrina de actos

propios, se impide que una persona asuma una conducta

contradictoria a una actuación previa que generó

expectativas en quien confió en su obrar. Domenech v.

Integration Corp., 187 DPR 595, 621 (2013); Santiago et al.

v. Rodríguez et al., 181 DPR 204, 217 (2011); Int. General

Electric v. Concrete Builders, supra, pág. 876. Cabe

destacar que, en estos casos, el efecto se produce de forma

objetiva, pues en “nada cuenta la verdadera voluntad del

autor de los actos”. Int. General Electric v. Concrete

Ahora bien, este Tribunal, en innumerables ocasiones,

ha señalado que, para que sea de aplicación la referida CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 35

doctrina, es necesario que concurran tres (3) requisitos,

a saber: (1) determinada conducta de un sujeto; (2) que

dicha conducta haya engendrado una situación contraria a

la realidad, susceptible de influir en la conducta de los

demás; y (3) que ésta sea la base de la confianza de la

otra parte que haya procedido de buena fe y que, por ello,

haya obrado de manera que le causaría perjuicio si su

confianza quedara defraudada. O.C.S. v. Universal, supra,

pág. 173-174; Vivoni Farage v. Ortiz Carro, supra, págs.

1010-1011; Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of Puerto Rico,

Inc., 129 DPR 521, 555 (1991).

No empece a lo anterior, hemos reiterado que la

doctrina de actos propios, de ordinario, no aplica frente

al Gobierno. Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica

v. Cabral Jiménez, 201 DPR 157, 169 (2018); Mendoza

Aldarondo v. Asociación Empleados, 94 DPR 564, 579 (1967);

Infante v. Tribl. Examinador Médicos, 84 DPR 308, 316–317

(1961). En específico, la misma no es de aplicación cuando

se ven lesionados el interés y la política pública del

Estado. O.C.S. v. Universal, supra, pág. 174; Mendoza

Aldarondo v. Asociación Empleados, supra, pág. 579; Quiles

v. Del Valle, 167 DPR 458, 478 (2006). Ahora bien, “en

situaciones en las que no se afecte el interés público y

en las que pueda ocurrir una clara injusticia, las

doctrinas como la de los actos propios o ‘equitable

estoppel’ pueden ser utilizadas contra el Estado”. Quiles

v. Del Valle, supra, pág. 478. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 36

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta,

que, -- desde la disidencia --, procedemos a disponer de

la controversia ante nuestra consideración.

Como mencionamos anteriormente, en el presente caso,

los peticionarios plantean que el Tribunal de Apelaciones

erró al revocar determinada Sentencia emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, mediante la cual se

descalifica a ciertos candidatos y candidatas que, en las

próximas elecciones generales, aspirarían bajo la bandera

del MVC, por estos no haber entregado las peticiones de

endosos requeridas por ley. Si bien éstos pudiesen tener

la razón en lo relacionado a los argumentos que esgrimen,

aun así entendemos que no procede aquí el remedio de

descalificación solicitado.

Y es que, según reseñamos en la exposición del derecho

aplicable, en efecto, el Código Electoral de 2020, supra,

y, principalmente el Reglamento para la radicación de

independientes, supra, establece que los aspirantes a

seleccionarse mediante un proceso de método alterno debían

cumplir con la presentación de las peticiones de endosos

cuando dicho proceso alterno, -- y, por consiguiente, la

selección y notificación a la CEE de los candidatos únicos

--, no fuese realizado en o antes de las 12:00 del mediodía

del 30 de diciembre de 2023. En este caso, los querellados

no cumplieron con dicha disposición. No obstante, ello, en CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 37

gran parte, es atribuible a las actuaciones de la propia

CEE.

Para llegar a la anterior conclusión, basta con

señalar, primero, que la CEE recibió y evaluó el reglamento

sometido por el MVC sobre los procesos de métodos alternos

de nominación, en el cual se excluía el requisito de las

peticiones de endosos para los aspirantes participantes del

mismo, y nada dijo sobre el particular. Es decir, a pesar

de que dicho reglamento, aparentemente, confligía con las

disposiciones del Código Electoral de 2020, supra, la CEE

no hizo señalamiento alguno al respecto.

Por otro lado, y, en segundo lugar, es menester

señalar también que, en lo que respecta a la causa de

epígrafe, es un hecho probado, en al menos ocho (8)

determinaciones de hechos del Tribunal de Primera de

Primera Instancia, que cuando los querellados presentaron

los documentos requeridos para figurar como aspirantes, el

SIEN, -- la plataforma digital de la CEE --, les notificaba:

“Si su partido ha sido acogido por método alterno de

selección según el Código Electoral de Puerto Rico de 2020

no es requisito presentar peticiones de endosos”.18

Ante estas circunstancias, entendemos que, en el

presente caso, concurren todos los requisitos para aplicar

la doctrina de actos propios, según definida en la

normativa que antecede. Cabe recalcar que la doctrina de

18(Énfasis suplido). Véase, Determinaciones de hechos núms. 10-17 de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, págs. 6-8. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 38

actos propios puede ser de aplicación, contra el Estado,

en situaciones en las que no se afecte el interés público

y en las que pueda ocurrir una clara injusticia.

No debe haber duda de que estamos ante un escenario

en el concurren ambas de estas excepciones. Lo anterior,

toda vez que, no aplicar esta doctrina constituiría,

precisamente, una laceración al interés público del Estado

de garantizar el derecho al sufragio igual, directo,

secreto y libre y, a su vez, una situación claramente

injusta, tanto para el Pueblo puertorriqueño, como para los

hoy querellados.

Por consiguiente, la drástica sanción de la

descalificación de los candidatos del MVC no era el remedio

adecuado para disponer de la controversia de epígrafe. Más

bien, entendemos que lo procedente aquí era ordenar el

recogido de endosos, en determinado periodo de tiempo, y,

posteriormente, la celebración de una votación.

Como mencionamos, ordenar el recogido de endosos, y,

posteriormente, el que se pase a la selección de candidatos

o candidatas mediante el método que se elija en el referido

partido político, era el remedio en equidad para un caso

como el de marras, -- uno muy particular, matizado de

errores de parte y parte --, donde está envuelto el derecho

fundamental al voto.19 Los otros remedios sobre la mesa,

19Recordemos que este partido político ya celebró una Asamblea General, válida en ley, donde tuvo la oportunidad de seleccionar los candidatos y candidatas a los puestos electivos aquí en controversia, por lo que bien, luego del recogido de endosos de rigor, pudiesen ratificarse los mismos. CC-2024-0266 cons. con CC-2024-0267 39

que hoy, y con solo una contada excepción, avala una mayoría

de este Tribunal, constituyen, -- extrapolando terminología

de otras áreas del derecho, solo para fines ilustrativos -

-, un castigo cruel e inusitado a la democracia y a la

voluntad política del Pueblo de Puerto Rico.20

VI.

Por no ser éste el curso seguido por una mayoría de

este Tribunal en el día de hoy, disentimos.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado

20Después de todo, no podemos olvidarnos que “cuando de hacer justicia se trata, no puede haber moldes técnicos que aprisionen los remedios justos”. Sucesión Bravo v. Srio. De Hacienda, 106 DPR 672 (1978). Lo anterior, máxime cuando el “molde técnico” al que alude la Mayoría es nada más y nada menos que el ambiguo y harto controversial Código Electoral de 2020, supra.