Dalmau Ramírez y otros v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

2024 TSPR 95

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: August 28, 2024
• Docket: MC-2024-0035
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lcdo. Juan Dalmau Ramírez, como Secretario General y en representación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y sus miembros individuales; Hon. María De Lourdes Santiago Negrón, Senadora y Portavoz del PIP en el Senado; Hon. Denis Márquez Lebrón, Representante y Portavoz del PIP, Cámara de Representantes; Roberto Iván Aponte Berríos, Comisionado Electoral del PIP

Peticionarios

v. 2024 TSPR 95 Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, Gobernador de Puerto 214 DPR ___ Rico; Comisión Estatal de Elecciones (CEE); Hon. Jessika D. Padilla Rivera, Presidenta Interina de la CEE; Lcdo. Aníbal Vega Borges, Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP); Lcda. Karla Angleró González, Comisionada Electoral del Partido Popular Democrático (PPD); Lillian Aponte Dones, Comisionada Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Lcdo. Juan Manuel Frontera Suau, Comisionado Electoral del Proyecto Dignidad (PD); Hon. Nelson Pérez Méndez, Secretario del Departamento de Hacienda; Lcdo. Juan Carlos Blanco Urrutia, Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

Demandados

Número del Caso: MC-2024-0035

Fecha: 28 de agosto de 2024

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcdo. Carlos Iván Gorrín Peralta Lcdo. Juan Manuel Mercado Nieves Lcdo. José Edgardo Torres Valentín Lcdo. Krénly Cruz Ramírez de Arellano MC-2024-0035 2

Representantes legales de la parte demandada:

Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista

Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz Lcda. Rosa Campos Silva Lcdo. Claudio Aliff Ortiz Lcdo. Eliezer Aldarondo López Lcdo. Simone Cataldi Malpica

Comisionada Electoral del Partido Movimiento Victoria Ciudadana

Lcdo. Frank Torres Viada Lcda. Alessandra N. Torres García

Comisionado Electora del Partido Proyecto Dignidad

Lcda. Chery M. Negrón Rosario

Comisionada Electoral del Partido Popular Democrático

Lcdo. Gerardo De Jesús Annoni

Oficina del Procurador General

Hon. Fernando Figueroa Santiago Procurador General

Lcdo. Omar Andino Figueroa Subprocurador General

Lcda. Mariola Abreu Acevedo Procuradora General Auxiliar

Materia: Derecho Constitucional – Constitucionalidad de la Ley Núm. 165-2020 y la Orden Ejecutiva OE-2024-016.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lcdo. Juan Dalmau Ramírez, como Secretario General y en representación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y sus miembros individuales; Hon. María De Lourdes Santiago Negrón, Senadora y Portavoz del PIP en el Senado; Hon. Denis Márquez Lebrón, Representante y Portavoz del PIP, Cámara de Representantes; Roberto Iván Aponte Berríos, Comisionado Electoral del PIP

v. MC-2024-0035

Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, Gobernador de Puerto Rico; Comisión Estatal de Elecciones (CEE); Hon. Jessika D. Padilla Rivera, Presidenta Interina de la CEE; Lcdo. Aníbal Vega Borges, Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP); Lcda. Karla Angleró González, Comisionada Electoral del Partido Popular Democrático (PPD); Lillian Aponte Dones, Comisionada Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Lcdo. Juan Manuel Frontera Suau, Comisionado Electoral del Proyecto Dignidad (PD); Hon. Nelson Pérez Méndez, Secretario del Departamento de Hacienda; Lcdo. Juan Carlos Blanco Urrutia, Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

Demandados MC-2024-0035 2

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2024.

Nos solicitan que declaremos la inconstitucionalidad de

la Ley Núm. 165-2020, infra, y de la Orden Ejecutiva OE-2024-

016, infra, mediante las que se convoca a los electores de

Puerto Rico a participar de un plebiscito pautado para el 5

de noviembre de 2024. Este plebiscito ofrecerá a los votantes

elegibles la ocasión de escoger una (1) de las tres (3)

alternativas de estatus definidas en el proyecto de ley

federal Puerto Rico Status Act, HR 8393.

Como foro al que se le ha delegado la jurisdicción

original y la competencia exclusiva para atender las

controversias presentadas, debemos examinar la Ley Núm. 165-

2020, infra, y especialmente la autorización sobre el uso de

la Orden Ejecutiva como mecanismo para convocar este evento

electoral. Luego de un examen detallado de las disposiciones

cuestionadas y de las alegaciones presentadas por la parte

peticionaria, concluimos que la Asamblea Legislativa proveyó

al Ejecutivo criterios y principios inteligibles para

delegarle la facultad de convocar el plebiscito. Asimismo,

concluimos que el Gobernador se ajustó a la delegación

concedida, no excedió el mandato de ley ni actuó de forma

arbitraria o caprichosa al proclamar la Orden Ejecutiva OE-

2024-016, infra.

I

El 11 de julio de 2024, la parte peticionaria presentó

ante nos una Demanda sobre Sentencia Declaratoria e MC-2024-0035 3

Injunction (Demanda). Amparó su petición en la jurisdicción

original del Tribunal Supremo dispuesta en el Art. 3.002 de

la Ley Núm. 201-2003, conocida como Ley de la Judicatura de

Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24s; el Art. 8.1 de la Ley

Núm. 165-2020, conocida como Ley para Implementar la Petición

de Estadidad del Plebiscito de 2020, 16 LPRA sec. 984, y la

Regla 16 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap.

XXI-B.

La parte peticionaria sostiene como primera causa de

acción que la Ley Núm. 165-2020, supra, y la Orden Ejecutiva

Núm. OE-2024-016 violentan la Doctrina de Separación de

Poderes al autorizar la celebración de un plebiscito mediante

Orden Ejecutiva.1 Específicamente, arguye que tal

autorización conlleva una delegación indebida de las

funciones del Poder Legislativo al Ejecutivo. Expresa que

esta:

[p]retende ser una delegación al ejecutivo sin estándares relativos al qué, el cuándo y el cómo de una votación realmente legislada por el gobernador. Se trata de una usurpación ejecutiva de un poder claudicado por el poder legislativo, en violación de la separación de poderes que debe haber en este país, y reorientado a Puerto Rico en la dirección del autoritarismo y el totalitarismo.2

Como segunda causa de acción, la parte peticionaria sostiene

que la Orden Ejecutiva Núm. OE-2024-016 usurpa el poder de

1 Boletín Administrativo Núm. OE-2024-016 de 1 de julio de 2024, conocida como Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi, para convocar la celebración de una consulta electoral a los fines de implementar la petición de estadidad del plebiscito de 2020, https://docs.pr.gov/files/Estado/OrdenesEjecutivas/2024/OE-2024- 016.pdf (última visita, 17 de agosto de 2024). 2 Demanda, pág. 11. MC-2024-0035 4

la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto de esta

consulta, pues “[p]resumiblemente, el proyecto [de plan

presupuestario ordenado por el Art. 3.1 de la Ley Núm. 165-

2020] tendría que ser aprobado por el receptor, es decir, el

gobernador”.3 Por otro lado, expresa como tercera causa de

acción que las disposiciones que ordenan al Presidente de la

Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) a

preparar el borrador de la papeleta de votación, los

proyectos de reglamentos, el plan presupuestario, entre

otros, despojan a la CEE de sus facultades reglamentarias en

violación a la Ley Núm. 58-2020, conocida como Código

Electoral de Puerto Rico de 2020, 16 LPRA sec. 4501 et seq.

(Código Electoral). Añade como cuarta y quinta causa de

OE-2024-016 violan la libertad de expresión e igual

protección de las leyes al limitar “la capacidad de realizar

actividades proselitistas, para promover la abstención

electoral, o para realizar alguna modalidad de expresión

electoral sobre otras opciones de estatus” y que, a su vez,

anulan el valor del derecho al voto. Finalmente, como sexta

causa de acción expresa que la Ley Núm. 165-2020, supra,

viola la Constitución “al no contemplar en su título

delegación alguna al gobernador ni la convocatoria y

celebración de una votación plebiscitaria”.4

3 Demanda, pág. 11. 4 Alegato de la Parte Demandante Peticionaria, pág. 10. MC-2024-0035 5

Por todo lo anterior, la parte peticionaria solicita

que declaremos inconstitucional la Ley Núm. 165-2020, supra,

y que determinemos que la Orden Ejecutiva OE-2024-016 usurpa

facultades legislativas y reglamentarias. De igual forma,

solicita que dictemos una orden de injunction dirigida a los

demandados para impedir la implantación de la Ley Núm. 165-

2020, supra, y la Orden Ejecutiva OE-2024-016.

El 16 de julio de 2024, acogimos la petición presentada

en jurisdicción original, y ordenamos a la parte

peticionaria a que en un término improrrogable de quince

(15) días presentara su alegato. Transcurrido este término,

concedimos quince (15) días a la parte demandada para que

presentara su posición. Así las cosas, el 15 de agosto de

2024 el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista

(PNP), Lcdo. Aníbal Vega Borges, compareció mediante Moción

de desestimación por falta de jurisdicción5 y Alegato en

oposición. El 16 de agosto de 2024, presentaron sus alegatos

la Comisionada Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana

(MVC), Lillian Aponte Dones; la Comisionada Electoral del

Partido Popular Democrático (PPD), Lcda. Karla Angleró

González; el Comisionado Electoral del Proyecto Dignidad

(PD), Lcdo. Juan Manuel Frontera Suau; y el Gobierno de

Puerto Rico, por sí y en representación del Gobernador de

Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia, la Comisión

Estatal de Elecciones (CEE) y la Presidenta Alterna de la

5 En cuanto a la Moción de desestimación por falta de jurisdicción, proveemos no ha lugar. MC-2024-0035 6

CEE, Hon. Jessika D. Padilla Rivera, el Secretario del

Departamento de Hacienda, Hon. Nelson Pérez Méndez, y el

Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Lcdo. Juan

Carlos Blanco Urrutia.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes

estamos en posición de resolver.

II

Como expresamos, la Demanda se presentó al amparo de la

jurisdicción original de este foro. A pesar de no haber

cuestionamiento alguno sobre el particular, como parte de la

obligación que tenemos de auscultar nuestra propia

jurisdicción, examinaremos nuestra facultad para atender el

recurso de autos previo a atender en los méritos la

impugnación de la celebración del plebiscito.

Sobre este aspecto, la Sec. 5 del Art. V de la

Constitución de Puerto Rico establece que “[e]l Tribunal

Supremo, cada una de sus salas, así como cualquiera de sus

jueces, podrán conocer en primera instancia de recursos de

hábeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que se

determinen por ley”. (Negrillas suplidas). Art. V, Sec. 5,

Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2023, págs. 434-435. Asimismo,

el Art. 3.002(a) de la Ley Núm. 201-2003, supra, recoge la

facultad constitucional anteriormente expuesta y añade, en

lo pertinente, que el Tribunal Supremo o cada una de sus

Salas conocerá “[e]n primera instancia[…] de aquellos otros

recursos y causas que se determinen por ley”. (Negrillas

suplidas). El procedimiento a seguir en los casos de MC-2024-0035 7

jurisdicción original está recogido en la Regla 16 del

Reglamento del Tribunal Supremo, supra.

Al amparo de estas disposiciones, la Ley Núm. 165-2020,

supra, nos confirió jurisdicción original para atender

aquellas acciones legales que tengan como fin evitar la

celebración de una votación bajo ese estatuto. Sobre el

particular, el Art. 8.1(a) de la Ley Núm. 165-2020, supra,

establece que:

Toda controversia, demanda, litigio o impugnación relacionada con este capítulo que sea ventilada en un tribunal de justicia, se tramitará y considerará bajos los términos y las condiciones dispuestas en el Código Electoral de Puerto Rico. Cuando alguna impugnación, controversia o acción legal plantee directamente, o conlleve en alguna de sus consecuencias, la paralización de los procesos conducentes a la celebración de la votación en la fecha y horario dispuestos según esta Ley, será considerada y resuelta directamente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. (Negrillas suplidas).

En Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, 205 DPR 407

(2020), examinamos una disposición idéntica a la citada y

reconocimos la jurisdicción original y competencia exclusiva

de este Tribunal para atender la impugnación de la Ley Núm.

51-2020, conocida como Ley para la Definición Final del

Estatus Político de Puerto Rico, 16 LPRA sec. 939, et seq.

En esa ocasión, expresamos de forma detallada que, ante el

andamiaje constitucional y legal que nos autoriza a examinar

aquellas causas que se determinen por ley, “somos el único

tribunal en el sistema local de justicia que puede atender

la impugnación a la Ley Núm. 51-2020 y, por eso, nos toca MC-2024-0035 8

resolver y emitir mediante Sentencia lo que proceda en los

méritos”.6 Íd., pág. 427. De manera similar, la Ley Núm. 165-

2020, supra, nos delega el poder de atender, en jurisdicción

original y competencia exclusiva, la impugnación de este

estatuto y de cualquier Orden Ejecutiva proclamada a su

amparo, que conlleve la paralización de la votación en ella

contemplada. Por lo tanto, resulta forzoso concluir que

podemos atender el recurso de autos en sus méritos.

Procederemos entonces a examinar el derecho aplicable

a las causas de acción presentadas por la parte peticionaria.

III

A. Separación de Poderes

La Sec. 2 del Art. I de la Constitución de Puerto Rico,

supra, pág. 275, consagra la Doctrina de Separación de

Poderes al disponer que:

[e]l gobierno del Estado Libre Asociado tendrá forma republicana y sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establecen por esta Constitución, estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico.

Esta distribución tripartita del poder público, garantiza la

independencia de cada rama estableciendo sus

responsabilidades y ámbito de acción. A su vez, busca evitar

6 En específico, expusimos que: Se trata de un mecanismo especial creado por ley, análogo al de sentencia declaratoria de la Regla 59.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., pero para que sea este Foro —y no el Tribunal de Primera Instancia— quien lo atienda y adjudique lo que corresponda. En otras palabras, somos el único tribunal en el sistema local de justicia que puede atender la impugnación a la Ley Núm. 51-2020 y, por eso, nos toca resolver y emitir mediante Sentencia lo que proceda, en los méritos. Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, 205 DPR 407, 427 (2020). MC-2024-0035 9

la concentración de poderes en una sola, o el abuso de poder

de parte de otra, de forma que se preserven las libertades

del Pueblo y un sistema democrático de gobierno. Senado v.

Tribunal Supremo y otros, 208 DPR 115, 135 (2021); Domínguez

Castro et al. v. ELA I, 178 DPR 1, 91 (2010). Sin embargo,

cada uno de estos poderes es soberano e independiente

respecto al ejercicio del poder conferido, y a la vez, se

interrelaciona con los otros mediante un sistema de pesos y

contrapesos que permite que las tres ramas ostenten algún

grado de poder compartido que opere como freno para evitar

la acumulación desmedida de poder en una sola rama. Rivera

Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 802 (2014);

Domínguez Castro et al. v. ELA I, supra.

Históricamente, la aprobación del Presupuesto General

ha presentado un claro ejemplo de la coordinación de los

poderes constitucionales entre las ramas legislativa y

ejecutiva. Por mandato constitucional, este trámite conlleva

el Mensaje sobre la Situación del Estado del Gobernador a la

Asamblea Legislativa, así como la presentación del

Presupuesto Anual de Gastos Operacionales y Mejoras

Permanentes del Gobierno de Puerto Rico para el estudio,

análisis, enmienda y aprobación por ambas Cámaras

Legislativas.7 Todo ello tiene el objetivo de que se “cumpla

con la obligación constitucional de que las asignaciones

propuestas no excedan el cálculo de los recursos totales”.

7 Art. IV, Sec. 4, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2023, pág. 424. Véase, Herrero y otros v. ELA, 179 DPR 277(2010). MC-2024-0035 10

Herrero y otros v. ELA, 179 DPR 277, 303 (2020). Ciertamente,

desde el 2016 en este trámite participa la Junta de

Supervisión y Administración Financiera, ente que evalúa y

certifica el presupuesto (presupuesto certificado)

considerado por la Asamblea Legislativa de conformidad con

la Ley Pública 114-187 (2016), conocida como Puerto Rico

Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA).

No obstante, el Presupuesto General representa un importante

ejercicio de coordinación entre ambas ramas.

En cuanto a esta interrelación entre los poderes de

gobierno, examinemos entonces las particularidades del Poder

Legislativo y el alcance de la delegación de poderes cuasi-

legislativos a la Rama Ejecutiva.

B. El Poder Legislativo y la delegación de poderes

En el Poder Legislativo recae la entera facultad de

aprobar, enmendar o derogar leyes. Art. III, Sec. 1, Const.

PR, supra, pág. 401. Véase, Gobierno Ponce v. Caraballo, 166

DPR 723, 736 (2006). Entre otras facultades de particular

pertinencia al caso de autos, la Sec. 4 del Art. VI de la

Constitución de Puerto Rico, supra, le otorga al Poder

Legislativo “la potestad de establecer y reglamentar el

proceso electoral”. Santini Gaudier v. CEE, 185 DPR 522, 531

(2012) (Sentencia). Además, la Asamblea Legislativa tiene la

responsabilidad de promulgar las leyes que garanticen la

expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio y

que protejan al ciudadano contra toda coacción en el

ejercicio de la prerrogativa electoral. Art. II, Sec. 2, MC-2024-0035 11

Const. PR, supra, pág. 285. Véase, McClintock v. Rivera

Schatz, 171 DPR 584 (2007).

En atención a esta encomienda constitucional, la

Asamblea Legislativa aprobó el Código Electoral de Puerto

Rico. En todo lo concerniente a los procesos electorales,

este representa una legislación básica de aplicación

general, mediante la cual se habilita a la CEE a planificar,

organizar, coordinar y supervisar los procedimientos de

naturaleza electoral. Art. 1.5 de la Ley Núm. 165-2020,

supra; Art. 3.2 de la Ley Núm. 58-2020, supra. Véase, Santini

Gaudier v. CEE, supra, págs. 531-532. Por ello, el propio

Art. 11.1(1) del Código Electoral, 16 LPRA sec. 4781, dispone

que “[t]odo referéndum, consulta o plebiscito que se realice

en Puerto Rico, se regirá por una ley habilitadora y por las

disposiciones de[l Código] en todo aquello necesario o

pertinente para lo cual dicha ley habilitadora no disponga

de manera específica”. (Negrillas y subrayado suplidos).

A pesar de ser facultades propias del Poder Legislativo,

nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido la validez de la

delegación de poderes de la Asamblea Legislativa al Ejecutivo

o a una entidad ejecutiva, aunque no de forma absoluta.8

Hemos validado tales delegaciones, siempre y cuando la ley

“establezca normas adecuadas, pautas, estándares, criterios,

8 Con relación a la “discreción judicial”, hemos expresado que “[s]e puede establecer como principio invariable, que cualquier delegación de poder legislativo concediendo discreción absoluta, resultaría inconstitucional, pues ello equivaldría a una delegación in toto del poder legislativo, actuación contraria a los cánones constitucionales de una democracia”. Pueblo v. Marrero Ramos, Rivera López, 125 DPR 90, 92 (1990), citando a Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964). MC-2024-0035 12

o principios inteligibles o aquellas garantías o

salvaguardas procesales y sustantivas que sirvan de guía a

la delegación y que delimiten sus facultades, para evitar

que las actuaciones de los entes administrativos resulten

arbitrarias o caprichosas”. Domínguez Castro et al. v. ELA

I, supra, pág. 93. Véase, Sánchez et al. v. Depto. Vivienda

et al., 184 DPR 95, 122 (2011). Véanse además, E.

Chemerinsky, Constitutional Law: principles and policies,

5th ed., New York, Wolters Kluwer, 2015, págs. 343-345; L.

Fisher y K.J. Harriger, American Constitutional Law, 10th

ed., North Carolina, Carolina Academic Press, 2013, Vol.I,

pág. 207. Estos criterios no tienen que ser expresos; pueden

surgir del historial legislativo y pueden ser amplios y

generales. Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR

670, 693 (1953)(“Tales normas no necesitan expresarse con

precisión o exactitud matemática y pueden ser tan generales

que justifiquen más de una conclusión y, a menos que la norma

no se exprese o sea tan sumamente vaga que como cuestión de

hecho no exista, la presunción de constitucionalidad que

conlleva toda ley basta para sostener su validez”). Asimismo,

por lo general es suficiente justificación que tenga un fin

o interés público para que se sostenga la delegación.

Domínguez Castro et al. v. ELA I, supra, pág. 93.

La determinación de si la ley cuestionada contiene un

principio inteligible o normas adecuadas conlleva un

análisis caso a caso. En este, los tribunales auscultamos la

delegación conferida y los criterios establecidos por la MC-2024-0035 13

Asamblea Legislativa. Sánchez et al. v. Depto. Vivienda et

al., supra, pág. 122. Véase, Rodríguez v. Bco. Gub. de Fom.

P.R., 151 DPR 383, 400 (2000). Además, ante el

cuestionamiento de una delegación “debemos analizar si ‘en

la operación real del sistema y en un contexto histórico

determinado el poder delegado tiende a desembocar en una

concentración de poder indebida en una de las ramas o en una

disminución indeseable de la independencia que sea

incompatible con el ordenamiento político de la

Constitución’”. (Énfasis suprimido). Senado v. Tribunal

Supremo y otros, supra, págs. 135-136, citando a Nogueras v.

Hernández Colón, 127 DPR 405, 426 (1990).

Aún cumplidos todos estos elementos, la Asamblea

Legislativa mantiene la autoridad para revocar cualquier

delegación de competencia que haya concedido. Gobierno Ponce

v. Caraballo, supra. De igual forma, la Asamblea Legislativa

cuenta con otros métodos para mantener el control sobre las

delegaciones concedidas a otra rama.9

Sobre lo anterior, resume el profesor Farinacci Fernós

que:

“Para que una delegación sea constitucionalmente válida, esta debe cumplir con ciertas exigencias. Entre estas podemos identificar: (1) que se trate de un poder delegable, (2) que, en efecto, se haya

9 Con relación a los controles sobre los poderes delegados que se han identificado en la jurisdicción federal, ver L. Fisher y K.J. Harriger, American Constitutional Law, 10th ed., North Carolina, Carolina Academic Press, 2013, Vol.I, pág. 213(“Congress maintains control over delegated power through a variety of methods: the power to appropriate funds, changes in authorization language, reliance on nonstatutory controls, and different forms of the “legislative veto” (which retains some vitality even after the Supreme Court declared it unconstitutional in 1983). Another form of control, the power to investigate…”). MC-2024-0035 14

llevado a cabo la delegación, (3) que se acompañen suficientes principios inteligibles para guiar el ejercicio del poder cuasi-legislativo delegado, (4) que la entidad a la que se le otorga el poder actúe dentro de los límites establecidos por la ley, y (5) que el ejercicio de dicho poder no sea arbitrario o caprichoso. Típicamente, el resultado de este ejercicio de poder es la adopción de un reglamento legislativo que genera derechos u obligaciones y tiene fuerza de ley”. J.M. Farinacci Fernós, Las Órdenes Ejecutivas, el Poder Legislativo y las Emergencias, 3 Amicus, Rev. Pol. Púb. Y Leg. UIPR 190, 192 (2020).

C. Órdenes ejecutivas

La Orden Ejecutiva es uno de los mecanismos con los que

cuenta el gobernador para expresar el ejercicio de los

poderes que le confieren las leyes, la Constitución o

aquellos inherentes a su cargo. Hernández, Romero v. Pol. de

P.R., 177 DPR 121 (2009); Otero de Ramos v. Srio. De

Hacienda, 156 DPR 876 (2002). Esta conlleva un mandato

dirigido a uno de los brazos auxiliares de la Rama Ejecutiva

para que proceda de conformidad con la Orden emitida.

Hernández, Romero v. Pol. de P.R., supra, pág. 138. Véanse,

W. Vázquez Irizarry, Los poderes del Gobernador de Puerto

Rico y el uso de órdenes ejecutivas, 76 Rev. Jur. UPR 951,

1020 (2007); J.M. Farinacci Fernós, supra. Véase además, Op.

Sec. Just. 1968-2. Por lo tanto, cuando se emite una Orden

Ejecutiva dentro del marco constitucional y legal apropiado,

esta es aceptada como un instrumento de acción gubernamental, MC-2024-0035 15

y tiene fuerza y efecto de ley.10 Hernández, Romero v. Pol.

de P.R., supra, pág. 138. Véase, Op. Sec. Just. 1981-22.

(“En cuanto al alcance de la Orden Ejecutiva, está

establecido que se presume su validez y

constitucionalidad”).

Como cualquier acto de una rama de gobierno, las Órdenes

Ejecutivas están sujetas a ser cuestionadas e interpretadas.

Hernández, Santa v. Srio. de Hacienda, 208 DPR 727, 741

(2022). A pesar de que las controversias relacionadas a estas

se vinculan en muchas ocasiones a la relación entre los

poderes constitucionales y se atienden dentro del ámbito

político, las Órdenes Ejecutivas no están exentas del examen

y control de los Poderes Legislativo y Judicial. El primero

por los distintos métodos de control con los que cuenta, y

el segundo por la responsabilidad de los tribunales de

interpretar la Constitución y las leyes.

Así, la impugnación de una Orden Ejecutiva puede

responder principalmente a planteamientos sobre “1) su

invalidez o inconstitucionalidad por carecer el Gobernador

de poder para emitirla, 2) su inconstitucionalidad por

infringir alguna disposición de la Constitución, y 3) su

invalidez por ser contraria a alguna ley”. W. Vázquez

Irizarry, supra, pág. 1057. En tales casos, la Orden

10 J.M. Farinacci Fernós, Las Órdenes Ejecutivas, el Poder Legislativo y las Emergencias, 3 Amicus, Rev. Pol. Púb. Y Leg. UIPR 190, 193 (2020)(“Si, en efecto, la Asamblea Legislativa le ha delegado debidamente al o a la Gobernador(a) poderes cuasi-legislativos, este(a) puede ejercerlos a través de una orden ejecutiva. Se trata del equivalente de un reglamento legislativo adoptado por una agencia administrativa.”). MC-2024-0035 16

Ejecutiva debe ser interpretada dentro de las leyes

aplicables de ser susceptible a ello, y ante la posibilidad

de dos interpretaciones prevalecerá la que sostenga su

validez. Op. Sec. Just. 1981-22 y Op. Sec. Just. 1991-25.

Aunque no existe referencia constitucional o

estatutaria que regule este mecanismo, su uso en Puerto Rico

ha seguido la costumbre federal. Ramos et al. v. ELA et al.,

190 DPR 448, 463-464 (2014); Hernández, Romero v. Pol. de

P.R., supra, págs. 137-138. Véanse, J.J. Álvarez González,

Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones

constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis,

Tomo 1, 2009, pág. 257; W. Vázquez Irizarry, supra, pág.

1019; G. Igartúa de la Rosa, Aspectos legales: Promulgaciones

de órdenes ejecutivas y proclamas por el Gobernador de Puerto

Rico, 21 Rev. Der. P.R. 271 (1981). De importante influencia

en la esfera federal ha sido la Opinión Concurrente del Juez

Jackson en Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 US 579

(1952). En esta Opinión, el Juez Jackson encuadra el uso de

las Órdenes Ejecutivas por el Poder Ejecutivo en tres (3)

escenarios generales: (1) cuando actúa conforme a una

autorización legislativa expresa o implícita; (2) cuando

actúa sin una autorización o denegatoria legislativa y, por

lo tanto, solo se fundamenta en sus propias prerrogativas,

y (3) cuando actúa de forma incompatible con la voluntad

legislativa expresa o implícita.

El primer escenario es de particular importancia al

caso de autos en el que se alega que hubo una delegación MC-2024-0035 17

indebida de poderes de la Rama Legislativa a la Rama

Ejecutiva y no se cuestiona que actuara sin autorización o

de forma contraria a la voluntad legislativa. En tales

casos, sostiene el Juez Jackson que cuando existe una

delegación expresa o implícita del Poder Legislativo, la

autoridad del Poder Ejecutivo está en su máxima expresión

por incluir la que posee por sí mismo, así como las delegadas

por el Poder Legislativo.11 Bajo estas circunstancias, indica

que existe una fuerte presunción de que los actos del

Ejecutivo son válidos, que la interpretación por los

tribunales puede ser menos estricta, y que el peso de la

prueba descansa sobre quien la impugna.12 Íd. Véase además,

W. Vázquez Irizarry, supra, pág. 67. Sin embargo, por existir

una autorización legislativa en este tipo de escenario, la

controversia gira principalmente sobre la constitucionalidad

de la ley. E. Chemerinsky, op. cit., pág. 355.

11 “When the President acts pursuant to an express or implied authorization of Congress, his authority is at its maximum, for it includes all that he possesses in his own right plus all that Congress can delegate.” Op. Conformidad Jackson en Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 US 579, 635 (1952).

12Un ejemplo reciente de este escenario es Trump v. Hawaii, 138 S.Ct. 2392 (2018). La Immigration and Nationality Act (INA) delegó en el Presidente amplios poderes para suspender la inmigración, entre ellos, decidir cuándo, a quienes, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones lo haría de ser detrimental a los intereses nacionales. Amparado en esa ley, el Presidente Trump emitió dos Órdenes Ejecutivas y posteriormente emitió una Proclama limitando la inmigración de ciertos países. Esta última fue impugnada. El Tribunal Supremo Federal determinó que la ley confería amplia discreción al Presidente para ello y que sus acciones estuvieron dentro de los poderes delegados y sus propósitos fueron legítimos. MC-2024-0035 18

IV

A. Ley Núm. 165-2020

En Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, supra, hicimos

un recuento detallado de las distintas consultas sobre el

estatus político que se han presentado al Pueblo de Puerto

Rico.13 También reconocimos la constitucionalidad de la Ley

Núm. 51-2020, supra, al autorizar la celebración del

Plebiscito de 3 de noviembre de 2020, y el fin público que

perseguía: ratificar y “hacer valer la expresión sobre la

autodeterminación de los puertorriqueños” en los Plebiscitos

de 2012 y 2017, así como, promulgar e impulsar un proceso de

transición en el Congreso Federal de resultar favorecida la

alternativa correspondiente. Así pues, aceptamos que la

decisión de realizar este tipo de consultas es prerrogativa

de las ramas políticas de gobierno y que “la decisión

legislativa de cómo poner en vigor e[l] mandato electoral

[resultante] merece deferencia” siempre que esté enmarcada

en el esquema constitucional. Íd. págs. 436. Luego de nuestra

decisión en Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, supra, se

celebró el Plebiscito de 2020 contemplado en la Ley Núm. 51-

2020, supra.

El 30 de diciembre de 2020, se promulgó la Ley Núm.

165-2020, supra. Expresa que tiene el fin de hacer valer la

voluntad electoral del Plebiscito de 3 de noviembre de 2020

y autorizar al Gobernador a tomar las medidas necesarias

13Sobre los plebiscitos de 1967 al 2017, véase Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, supra. MC-2024-0035 19

para ello, incluyendo “agilizar y garantizar que el pueblo

de Puerto Rico pueda volver a votar, en caso de ser

necesario, para hacer valer su voluntad electoral”.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 165-2020 (2020[Parte 4]

Leyes de Puerto Rico 3788-3790). Es pues, la ley habilitadora

de las Consultas Electorales que puedan surgir en consecución

de ese propósito.14 Expresa el Art. 1.3 de la Ley Núm. 165-

2020, 16 LPRA sec. 977a, que este estatuto:

dispone los procedimientos y los parámetros que regirán la celebración de toda consulta electoral cuyo propósito sea hacer valer la voluntad electoral de la mayoría absoluta de los electores en el plebiscito de 3 de noviembre de 2020, incluyendo cualquier petición, propuesta, respuesta o ratificación electoral relacionada con el estatus político de Puerto Rico que sea presentada o solicitada por una o ambas cámaras legislativas del Congreso, el Presidente de Estados Unidos de América o ambos.

Específicamente, la Ley Núm. 165-2020, supra, faculta

al primer oficial electo del Pueblo, “para hacer cumplir

todos los propósitos de esta Ley mediante Orden Ejecutiva”.

Art. 8.3, Ley Núm. 165-2020, supra. Para ello, lo autoriza

a convocar una Consulta y establecer la fecha y las

alternativas que se presentarán en la papeleta de votación.

14 Art. 11.1 de la Ley Núm. 58-2020, conocida como Código Electoral de Puerto Rico de 2020, 16 LPRA sec. 4781. Cabe señalar, que el Art. 8.2 de la Ley Núm. 165-2020, conocida como Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020, 16 LPRA sec. 948a, establece que “[n]o se aplicará y tampoco se utilizará o interpretará ninguna ley, parte de ley, reglamento, plan, orden ejecutiva o administrativa que sea inconsistente con los propósitos de esta Ley”. No obstante, el Art. 1.6 de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 977d, autoriza el uso supletorio de varias leyes, incluyendo el Código Electoral a fines de implantar sus disposiciones. MC-2024-0035 20

Estas facultades delegadas al Gobernador están sujetas al

cumplimiento de los propósitos de la ley. Íd.

Por otro lado, el Art. 5.11 de la Ley Núm. 165-2020,

supra, recoge los deberes de la CEE,15 y el Art. 3.1 detalla

las tareas de coordinación inicial para la votación que debe

realizar el Presidente de la CEE:

No más tarde de los quince (15) días posteriores a la proclama de convocatoria publicada por el Gobernador para una votación relacionada con los propósitos de este capítulo, el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones deberá presentarle al Gobernador: (a) El borrador de la papeleta de votación. (b) El proyecto de reglamento para la votación y su escrutinio general. (c) Un proyecto o propuesta para el diseño general de la campaña de educación masiva a los electores, la cual será objetiva y no partidista sobre las alternativas en la papeleta de votación. (d) Un proyecto de plan presupuestario de los gastos de la votación, incluyendo la campaña educativa a los electores. 16 LPRA sec. 979.

Como podemos observar de la disposición aprobada con

relación al presupuesto, la ley requiere al Presidente de la

CEE a presentarle al Gobernador “un proyecto de plan

presupuestario de los gastos de la votación, incluyendo la

campaña educativa a los electores”. Art. 3.1 de la Ley 165-

2020, supra. Asimismo, el Art. 1.7 de la ley, 16 LPRA sec.

977e, especifica que:

No se podrá invocar disposición de ley general o especial, reglamento, orden ejecutiva o administrativa, y ningún plan para alterar o posponer las transferencias presupuestarias y las asignaciones económicas que sean necesarias para que el Gobernador, la Comisión Estatal de

15 El Art. 1.5 de la Ley Núm. 165-2020, supra, expresa que en “las sesiones y trabajos de la Comisión Estatal relacionadas con estas votaciones podrán votar los miembros propietarios de esta”. MC-2024-0035 21

Elecciones y otros funcionarios puedan cumplir con las votaciones aquí autorizadas y con todos los propósitos de este capítulo, de las secs. 939 et seq. de este título, las secs. 1721 et seq. del Título 3, y las secs. 621 et seq. de este título, en lo relacionado con el derecho de los ciudadanos americanos de Puerto Rico a determinar su estatus político.

El Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Secretario de Hacienda y el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal tienen el deber ministerial de priorizar, identificar y hacer disponibles los recursos económicos necesarios para cumplir con todos los propósitos de las mencionadas leyes. Los desembolsos de las transferencias presupuestarias y de las asignaciones económicas nunca excederán de los treinta (30) días naturales, contados a partir de la petición presentada a esos fines. (Negrillas suplidas).

Por otro lado, los Arts. 6.1 y 6.2 de la Ley Núm. 165-

2020, supra, detallan el proceso y los requisitos de

certificación ante la CEE para representar una alternativa

de estatus político, incluyendo promover la abstención

electoral o alguna modalidad de expresión electoral u otra

alternativa de estatus político. Para ello, el interesado

“deberá cumplir con los requisitos de registro y

certificación en la Oficina del Contralor Electoral como

requisito previo a sus actividades proselitistas o su

certificación en la Comisión” cuando “reciba o utilice

donaciones, incurra en recaudaciones y/o gastos de campaña

en medios publicitarios o cualquier tipo de actividad

proselitista”. En cambio, en aquellas instancias en las que

no necesariamente media el proceso de certificación MC-2024-0035 22

dispuesto en los Arts. 6.1 y 6.2 para representar una

alternativa de estatus político, el Art. 7.1 de la Ley Núm.

165-2020, supra, requiere “cumplir con la presentación de

los informes financieros que le requiera la Oficina del

Contralor Electoral por virtud de esta Ley y de la Ley 222-

2011” de solicitarse, recibirse o utilizarse donaciones,

incurrir en recaudaciones y/o gastos de campaña en medios

publicitarios o en cualquier tipo de actividad proselitista.

En resumen, la Ley Núm. 165-2020, supra, requiere que

todo partido político, agrupación de ciudadanos, comité de

acción política y persona natural o jurídica que para sus

actividades proselitistas relacionadas a una Consulta

plebiscitaria a su amparo, ya sea como representante o no de

las alternativas de estatus político, y que recaude o utilice

donaciones de un tercero, deberá rendir cuentas a la Oficina

del Contralor Electoral. Lo anterior es cónsono con la

política pública a favor de que el financiamiento de las

campañas políticas sea un proceso público y transparente.

Véase Arts. 2.001-2.003 de la Ley Núm. 222-2011, conocida

como Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas

Políticas en Puerto Rico, 16 LPRA sec. 621 nota.

B. Orden Ejecutiva OE-2024-016

Amparado en el mandato legislativo expresado en la Ley

Núm. 165-2020, supra, el Gobernador emitió la Orden Ejecutiva

OE-2024-016, mediante la que proclamó la celebración de un

plebiscito el 5 de noviembre de 2024. Esta Consulta recoge

tres (3) alternativas: Estadidad, Independencia y Soberanía MC-2024-0035 23

en Libre Asociación con los Estados Unidos, tal cual fueron

definidas en el proyecto de ley federal Puerto Rico Status

Act, HR 8393.16

Reseña la Orden Ejecutiva OE-2024-016 que estas opciones

han sido presentadas y examinadas en los cuerpos legislativos

federales con el objetivo de ofrecer a los electores un

referéndum y sin alternativas coloniales y vinculante al

Congreso de los Estados Unidos. Así, el H.R. 8393 fue

presentado en la segunda sesión del 117mo Congreso Federal

(2021-2022). El 15 de diciembre de 2022, esta medida contó

con la aprobación de la Cámara de Representantes y con el

apoyo del Ejecutivo federal.17 No obstante, llegado el fin de

la sesión legislativa sin haber sido evaluado por el Senado,

el proyecto fue presentado nuevamente ante la sesión

legislativa actual. Se presentó en la Cámara de

Representantes federal como el H.R. 2757, y una versión

homóloga en el Senado federal, clasificada como el S. 3231.18

Además de las alternativas y definiciones indicadas, la

Orden Ejecutiva OE-2024-016 copia íntegramente los

procedimientos y parámetros de la Ley Núm. 165-2020, supra.

Específicamente, con relación al presupuesto la Orden

Ejecutiva OE-2024-016 recoge las disposiciones pertinentes

del Art. 3.1, así como la del Art. 1.7 de la Ley Núm. 165-

16 H.R.8393, Gongress.gov, https://www.congress.gov/bill/117th- congress/house-bill/8393 (última visita 18 de agosto de 2024). 17 Executive Office of the President, Office of Management and Budget,

Statement of Administration Policy, H.R. 8393-Puerto Rico Status Act (15 de diciembre de 2022) disponible en https://www.whitehouse.gov/wp- content/uploads/2022/12/HR8393-SAP.pdf. 18 Véase, H.R.2757, 118th Cong. (1st Sess. 2023) y S.3231, 118th Cong.

(1st Sess. 2023). MC-2024-0035 24

Discutida la normativa aplicable, procedamos a su

aplicación.

V

La Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 165-2020,

supra, en el ejercicio de su facultad de aprobar leyes que

garanticen la expresión del Pueblo mediante el voto. Al

hacerlo, expresó que el propósito de la ley es hacer valer

la voluntad electoral mayoritaria expresada en el Plebiscito

de 3 de noviembre de 2020. Para ello, autorizó al Gobernador

a convocar una votación mediante Orden Ejecutiva.

Como adelantáramos, la parte peticionaria impugna el

mecanismo utilizado para convocar la Consulta electoral y

asignar los recursos económicos necesarios: la Orden

Ejecutiva. Sostiene que la Orden Ejecutiva OE-2024-016 es

inconstitucional porque carece de una autorización

legislativa válida. Expresa que la Ley Núm. 165-2020, supra,

que habilita la celebración del Plebiscito delega

indebidamente funciones legislativas al Poder Ejecutivo por

dejar a su discreción la celebración de la votación, la fecha

y el contenido de lo que se sometería a la consideración del

electorado. Por lo tanto, aunque la parte peticionaria acepta

que nuestro ordenamiento jurídico permite la delegación de

poderes mediante el establecimiento de criterios

inteligibles, arguye que la Ley Núm. 165-2020, supra,

constituye una delegación al ejecutivo sin estándares.

En primer lugar, en Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE

II, supra, pág. 446, reconocimos que ante una ley promulgada MC-2024-0035 25

por la Asamblea Legislativa en respuesta al mandato del

electorado, no debemos intervenir con la facultad

legislativa de hacer valer ese mandato mediante aquellos

mecanismos que estime convenientes y que caigan dentro del

marco constitucional. A través de la Ley Núm. 165-2020,

supra, la Asamblea Legislativa optó por delegar ciertas

facultades al Gobernador y que este las ejercitara mediante

el mecanismo de la Orden Ejecutiva. Tal delegación de poderes

se sostendrá de haberse establecido en la ley aquellos

estándares o principios inteligibles o salvaguardas

procesales y sustantivas que delimiten las facultades así

delegadas, de forma tal que se eviten actuaciones ejecutivas

arbitrarias o caprichosas. Debemos analizar, además, si el

poder delegado puede desembocar en una concentración

indebida en una de las ramas o en una disminución indeseable

de la independencia que sea incompatible con el ordenamiento

político de la Constitución.

Con estas normas en mente, examinemos la Ley Núm. 165-

2020, supra. El estatuto faculta al Gobernador a convocar

una Consulta e incluir la fecha y las alternativas que se

presentarán en la papeleta de votación. Otros asuntos a

incluirse en la Orden Ejecutiva fueron especificados por la

ley.19 Al examinar las facultades delegadas, concluimos que

estas fueron claramente sujetas al cumplimiento de los

19Por ejemplo, véase, el Art. 2.2 de la Ley Núm. 165-2020, supra, sobre el texto de la Proclama del Gobernador para cada votación convocada por virtud de la ley, el Art. 4.4 sobre las instrucciones en la papeleta de votación, y el Capítulo V sobre votación y escrutinio general. MC-2024-0035 26

propósitos de la ley de hacer prevalecer el reclamo electoral

del Pueblo de Puerto Rico, incluyendo el que los electores

vuelvan a votar para responder a cualquier propuesta

relacionada con el estatus político de Puerto Rico que sea

planteada o solicitada por una o ambas cámaras legislativas

del Congreso, el Presidente de Estados Unidos de América o

ambos. Arts. 1.3, 2.1 y 8.3 de la Ley Núm. 165-2020, supra.

Lo anterior, delimita la Consulta electoral que el Gobernador

puede convocar al amparo de la Ley Núm. 165-2020, supra. Por

lo tanto, concluimos que la Asamblea Legislativa proveyó los

criterios suficientes para delegar el poder legislativo

requerido para que el Gobernador emitiera la Orden Ejecutiva.

Asimismo, concluimos que el Gobernador emitió la Orden

Ejecutiva OE-2024-016 sujeto a tales criterios y

salvaguardas por lo que tampoco se excede del mandato de

ley. Veamos.

En cuanto a la fecha del evento electoral, el Art. 2.1

de la Ley Núm. 165-2020, supra, reconoció que la votación a

ser convocada podía coincidir en fecha con eventos

electorales convocados por otras leyes, e incluso con las

Elecciones Generales. A tenor con eso, la Orden Ejecutiva

establece que el plebiscito se celebrará el día de las

Elecciones Generales, el 5 de noviembre de 2024.

En cuanto a las alternativas a presentarse al electorado

y sus respectivos significados, el Gobernador incluyó

aquellas que se han presentado y considerado por el Congreso

y el Presidente de los Estados Unidos mediante proyectos de MC-2024-0035 27

ley, en total conformidad con las consideraciones de la

Asamblea Legislativa al promulgar la Ley Núm. 165-2020,

supra. No podemos perder de perspectiva que las tres (3)

fórmulas de estatus político presentadas en la Orden

Ejecutiva OE-2024-016 se circunscriben a lo dispuesto en el

Art. 1.3 de la Ley Núm. 165-2020, supra, de someter ante el

electorado cualquier propuesta relacionada con el estatus

político de la Isla “que sea presentada o solicitada por una

o ambas cámaras legislativas del Congreso, el Presidente de

Estados Unidos de América o ambos”.

Además, la parte peticionaria señala que la Ley Núm.

165-2020, supra, no asigna fondos para la votación y que la

Orden Ejecutiva OE-2024-016 permite que se modifique el

presupuesto aprobado el 30 de junio de 2024, sin intervención

alguna de la Asamblea Legislativa.20

La Asamblea Legislativa autorizó expresamente las

transferencias presupuestarias y las asignaciones económicas

que sean necesarias para cumplir con las votaciones a

convocarse bajo la Ley Núm. 165-2020, supra, bajo las mismas

condiciones y a través de los mismos funcionarios que dispone

para toda otra votación en el Código Electoral de Puerto

Rico. Compare el Art. 1.7 de la Ley Núm. 165-2020, supra,

con el Art. 3.1(3) del Código Electoral de Puerto Rico,

supra. Además, la Orden Ejecutiva especifica que tales

transferencias “deberán mantenerse dentro de los parámetros

del presupuesto certificado aplicable”.

20 Demanda, págs. 11-13. MC-2024-0035 28

En nuestro ordenamiento jurídico la Asamblea

Legislativa puede delegar al Ejecutivo la facultad de

realizar ciertas transferencias dentro de un presupuesto

aprobado. Por lo tanto, no es correcto lo aseverado por la

parte peticionaria. Las transferencias presupuestarias

requeridas por la Orden Ejecutiva OE-2024-016 no se hacen a

espaldas del poder legislativo, sino que han sido aprobadas

por ley. Además, estas se han limitado a que el Gobernador

las realice dentro de los parámetros establecidos en el

presupuesto vigente. Por lo tanto, podemos concluir que el

ejercicio de los poderes delegados mediante el uso de la

Orden Ejecutiva no fue arbitrario ni caprichoso y que este

se ajustó a los parámetros delineados.

Por otro lado, la parte peticionaria argumenta que,

ante la alegada inconstitucionalidad de la Ley Núm. 165-

2020, supra, las disposiciones que ordenan a la Presidencia

de la CEE a llevar a cabo ciertas funciones que recaen en

las Comisionadas y los Comisionados de conformidad con el

Código Electoral de Puerto Rico, les despojarían de sus

facultades reglamentarias. Reconocemos la pericia electoral

de la CEE. No obstante, el Poder Legislativo tiene la

potestad de establecer y reglamentar el proceso electoral.

Bajo esa potestad promulgó el Código Electoral, el cual

representa una legislación básica de aplicación general en

todo lo concerniente a los procesos electorales.

Posteriormente emitió la Ley Núm. 165-2020, supra, ley

especial y habilitadora del Plebiscito convocado para el 5 MC-2024-0035 29

de noviembre de 2024. Esta ley especial identifica al

Presidente de la CEE como un funcionario capacitado que

también tiene la responsabilidad de dirigir y supervisar los

trabajos de naturaleza electoral. Por lo tanto, los

argumentos de la parte peticionaria no nos convencen ante la

expresión clara de la Asamblea Legislativa.

Como cuarta causa de acción, la parte peticionaria

sostiene que varias disposiciones de la Ley Núm. 165-2020,

supra, persiguen controlar el contenido de la expresión a

favor o en contra de las alternativas incluidas en la

papeleta. Sin embargo, no ha sometido propiamente una

controversia real, genuina y seria de derecho constitucional

en sus argumentos que nos suscite una duda seria sobre la

constitucionalidad de la misma por violación a su derecho de

expresión. Véase, ELA v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958) (citando

a Ashwander v. Tennessee, 297 US 288, 346 (1935)). Véase

además, Hernández, Santa v. Srio. de Hacienda, supra, pág.

741. (“El sujeto activo en la impugnación no puede valerse

de una mera alegación de inconstitucionalidad”).

Recordemos que este Foro, como intérprete de la ley,

está afecto por la doctrina de autolimitación ante el

cuestionamiento de la validez o constitucionalidad de un

estatuto, por lo que “es un principio cardinal que esta Corte

primero se asegurará de si existe una interpretación

razonable de la ley, que le permita soslayar la cuestión

constitucional”. Íd. Véase, además, Senado v. Tribunal

Supremo y otros, supra, págs. 134-135. Tampoco “se MC-2024-0035 30

considerará el aspecto constitucional de una medida

legislativa cuando se pueda resolver el asunto mediante un

análisis estatutario”. Senado v. Tribunal Supremo y otros,

supra, pág. 135 (citando a Nadal v. Depto. Rec. Nat., 150

DPR 715, 721 (2000)).

Las disposiciones que identifica la parte peticionaria

en la Demanda son los Arts. 5.10 y 6.1 de la Ley Núm. 165-

2020, supra. Al respecto, abunda en el Alegato presentado

El Artículo 5.10 de la ley dispone lo siguiente:

(a) La alternativa impresa en la papeleta de votación que resulte con la mayoría del cien por ciento (100%) de los votos válidos y definidos como “Papeletas Adjudicadas” a su favor, será la alternativa certificada por la comisión como la ganadora y la legítima expresión mayoritaria de los electores…

Es lamentable la chapusería legislativa de la redacción de esta disposición incomprensible. Literalmente significa que solo se certificará una alternativa en la papeleta si logra “la mayoría del cien por ciento (100%) de los votos” emitidos. Es de suponer que si hay tres alternativas, como luego dispone el gobernador en su inválida orden ejecutiva, ninguna alternativa lograría esa ambiciosa meta de unanimidad. La redacción sugiere que si no hay unanimidad, la comisión no va a poder certificar ninguna alternativa ganadora. Se habría perdido todo el esfuerzo e inversión económica para viabilizar esta votación. Dándole el beneficio de la duda, lo que habrán querido decir con esta descuidada redacción debe referirse a la alternativa que hubiere logrado la mayoría de las “papeletas adjudicadas” emitidas por quienes hubieran votado por las alternativas ofrecidas por el gobernador. Por supuesto, tampoco se define qué significa “mayoría”. Habiendo tres alternativas en la papeleta, existe la posibilidad de que solo MC-2024-0035 31

prevalezca alguna alternativa por pluralidad, sin alcanzar el 50% de mayoría simple. ¿Qué significa esta enigmática redacción? Ciertamente luce bastante ambigua o vaga la redacción. (Negrillas suplidas). Alegato de la Parte Demandante Peticionaria, págs. 24-25.

De una lectura de esta disposición y del examen de las

interpretaciones razonables de la misma, no podemos concluir

que la frase “la mayoría del cien por ciento (100%) de los

votos válidos y definidos como ‘Papeletas Adjudicadas’”

conlleve el requisito de “unanimidad” y por lo tanto, haga

de esta disposición una ambigua. La redacción cuestionada

es la misma que se ha contemplado para procesos electorales

previos.21 Incluso, la parte peticionaria reconoce que la

disposición citada cuenta con una interpretación razonable

por lo que constituye una “alternativa ganadora” aquella

“que hubiere logrado la mayoría de las “papeletas

adjudicadas”. Véase, Demanda, pág. 15, n.2. Por lo tanto,

existiendo una interpretación razonable, no vemos méritos en

el planteamiento constitucional que se nos presenta sobre

este asunto.

La parte peticionaria también expresa que el Art. 6.1

de la Ley Núm. 165-2020, supra, requiere:

que si una persona o partido político realiza actividades en ejercicio de su libertad de palabra en relación con esta votación habiendo recaudado fondos que emplea para su actividad proselitista, tiene que registrarse con la CEE informar al

21Véase, Sec. 3(d) de la Ley 7-2017, según enmendada, conocida como Ley para la Desconolización Inmediata de Puerto Rico, 16 LPRA sec. 975i.(“La alternativa de estatus político impresa en la papeleta de votación que resulte con la mayoría del cien por ciento (100%) de los votos definidos como “Papeletas Adjudicadas” a su favor, será la alternativa certificada por la Comisión como la ganadora”). MC-2024-0035 32

Contralor electoral sobre sus actividades, y si no lo hace puede ir a la cárcel o tener que pagar una severa multa por ejercer sus derechos constitucionales.

Como si eso fuera poco, un partido o persona o agrupación que interese certificarse para participar en la campaña relativa a esta votación tiene que certificar que no va a promover abstención electoral. Si no lo hace, no puede obtener su certificación. Es decir que la ley discrimina contra ciertas personas por razón del contenido de su expresión. Conforme a una larga lista de decisiones judiciales tanto de la corte Suprema de los Estados Unidos como del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la igual protección de las leyes prohíbe penalizar el ejercicio de un derecho fundamental como la libertad de palabra, especialmente la expresión política, a menos que, bajo un escrutinio judicial muy estricto, sea necesario el discrimen y no haya otras alternativas para lograr intereses apremiantes del estado. Demanda, págs. 15-16.

Como expresáramos anteriormente, el texto claro de la

Ley Núm. 165-2020, supra, permite a toda persona o entidad

ser certificado como representante de una alternativa cuando

este lo solicite y cumpla con los requisitos de la ley. A

esos efectos, el Art. 6.2 de la Ley 165-2020, supra, indica

los requisitos que se deben cumplir para ello. Además, el

Art. 6.1(f) de la Ley Núm. 165-2020, supra, dispone que,

Todo partido político, por petición, agrupación de ciudadanos, comité de acción política y persona natural o jurídica que sea certificado como representante de alguna de las alternativas impresas en la papeleta de votación, y que reciba o utilice donaciones, incurra en recaudaciones y/o gastos de campaña en medios publicitarios o cualquier tipo de actividad proselitista para favorecer u oponerse a alguna de las alternativas; incluyendo promover la abstención electoral o alguna modalidad de expresión electoral u otra MC-2024-0035 33

alternativa de estatus político, deberá cumplir con los requisitos de registro y certificación en la Oficina del Contralor Electoral como requisito previo a sus actividades proselitistas o su certificación en la Comisión.

La parte peticionaria omite hacer referencia al Art.

7.1 de la Ley Núm. 165-2020, supra, el cual no hace alusión

al concepto de “representantes de alguna de las

alternativas”. Por el contrario, dispone que quien participe

en actividades proselitistas durante la campaña de alguna de

las votaciones autorizadas por la ley deberá sufragar sus

gastos de campaña con sus propios recursos económicos. No

obstante, si solicita, recibe o utiliza donaciones, incurre

en recaudaciones y/o gastos de campaña en medios

publicitarios para favorecer u oponerse a alguna de las

alternativas en la papeleta; incluyendo la abstención

alternativa, “tendrán que cumplir con la presentación de los

informes financieros que le requiera la Oficina del Contralor

Electoral por virtud de la ley y de la Ley 222-2011”.22

Nuestro ordenamiento jurídico establece la obligación

de informar los recaudos y gastos relacionados a las

actividades proselitistas, así como las penalidades de

22 La Ley Núm. 165-2020, supra, reconoce como ley supletoria a la Ley Núm. 222-2011, según enmendada, conocida como Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, 16 LPRA sec. 621, et seq. El Art. 2.002 de la Ley Núm. 222-2011, supra, dispone que es de aplicación a “toda persona, natural o jurídica, que recaude, gaste, contribuya o de alguna forma reciba recaudos o donativos o participe en el financiamiento de una campaña eleccionaria relacionada con puestos electivos, fórmulas de status, o alternativas para evaluación y selección de los electores en un referéndum, plebiscito o consultas que se establezcan a través de legislación a ese respecto”. La ley requiere la presentación de informes y tipifica como delito su incumplimiento. MC-2024-0035 34

incumplir con esta, con el fin de brindarle transparencia al

sistema electoral de Puerto Rico. Véase, Exposición de

Motivos de la Ley Núm. 222-2011, supra(2011[Parte 2] Leyes

de Puerto Rico 2375-2379). A la luz de lo anterior,

concluimos que la parte peticionaria no nos ha presentado

cómo la Ley Núm. 165-2020 vincula o distingue el contenido

de la expresión a las obligaciones y penalidades que

establece de forma que active las protecciones

constitucionales que reclama.

Por otro lado, la parte peticionaria expresa que quien

“interese certificarse para participar en la campaña

relativa a esta votación tiene que certificar que no va a

promover abstención electoral”.(Negrillas suplidas).

Demanda, pág. 16. Sin embargo, más allá de presentar ese

argumento general, no alude a disposición legal alguna que

sustente su planteamiento ni tampoco abunda con fundamentos

jurídicos sobre ese asunto. Por lo tanto, no hemos sido

puestos en posición para hacer una determinación al

respecto.23

23 La Regla 16 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, requiere que cuando se presente una petición en jurisdicción original se incluya “un señalamiento breve y conciso de las cuestiones de derecho planteadas en la petición, y la argumentación de [estas]”. Además, la parte peticionaria cuenta -como norma general- con un término para presentar un alegato que debe ajustarse a las disposiciones de la Regla 33 de nuestro Reglamento, supra, en el que debe proveer una discusión a fondo de los méritos de la petición. Como hemos expresado, el alegato es un instrumento fundamental porque trae a la atención del foro judicial las normas de derecho y la jurisprudencia aplicable, y sirve para discutir a fondo las alegaciones y para exponer de forma adecuada los fundamentos del recurso. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366-367 (2005). Siendo ello así, nos hemos negado a atender aquellos planteamientos presentados sin discutir y fundamentar apropiadamente dado a que una escasa discusión no pone a este foro en posición de aquilatar y justipreciar el planteamiento anotado. U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001, 1009 n. 5 (2012). MC-2024-0035 35

Como quinta causa de acción la parte peticionaria

sostiene que las disposiciones impugnadas anulan el valor

del derecho al voto, pues al “[n]o contabilizar las papeletas

en blanco o dañadas, ni identificar su número para fines de

la certificación de los resultados, menoscaba severamente la

expresión de los electores en cuanto al proceso y las

alternativas, en violación del derecho constitucional al

voto libre y sin coacción”. Alegato de la Parte Demandante

Peticionaria, pág. 34. En esencia, su argumento conlleva que

reconsideremos o distingamos nuestra decisión en Suárez

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31 (2009), del

caso de autos y que adoptemos nuevamente la expresada en

Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR 445 (1993).

El Art. II, Sec. 2 de la Constitución de Puerto Rico

dispone que: “[l]as leyes garantizarán la expresión de la

voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual,

directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda

coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral”. Sobre

lo anterior, en Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones,

supra, pág. 71, dispusimos que “el derecho al voto, como

instrumento del derecho a la libre expresión, comprende no

solo la prerrogativa de un ciudadano de votar por los

candidatos o las opciones de su predilección, sino el derecho

de acudir a la urna y depositar la papeleta en blanco o

dañarla”. Íd. Además, añadimos que “la intención de un

elector que deposita su papeleta en blanco, que anula

voluntariamente su papeleta o que vota por un personaje MC-2024-0035 36

ficticio, es expresar su inconformidad, ya sea con las

propuestas presentadas o con los candidatos disponibles en

[e]sta”. Íd., pág. 74. No obstante, aclaramos de manera

tajante que este tipo de voto “de ninguna manera puede ser

contado para efectos de influir o afectar el resultado de

una elección, referéndum o plebiscito, entre otros eventos

electorales”. Íd. Lo anterior se debe a que, en todo evento

electoral, lo justo es que quienes finalmente elijan sean

aquellos que tuvieron la intención, clara e inequívoca, de

votar por unos de los candidatos o de las propuestas que

fueron presentadas en la papeleta. Íd., pág. 73.

En esa misma línea y en el contexto de una controversia

que buscaba impedir la celebración de una Consulta de estatus

político, en Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, supra,

pág. 436, expresamos que resulta “particularmente nocivo y

contrario al mandato de neutralidad inyectar un elemento

totalmente subjetivo y especulativo en la adjudicación de

los votos”.24 En particular, detallamos que:

La adjudicación de las papeletas en blanco como si fueran votos en contra de la fórmula ganadora amplía de manera artificial el universo electoral y diluye la proporción de votos válidos emitidos por las fórmulas en contienda. Esto dificulta e impide que se verifique en el escrutinio el mandato mayoritario y concede una ventaja electoral indebida a la condición territorial actual[…]. Es decir, ‘la inercia concedería ventaja solamente a la condición existente, que prevalecería vigente al frustrarse por un escrutinio engañoso la voluntad mayoritaria de cambio’. Ese favoritismo

24 Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, supra, pág. 436, citando a Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 91 (2009)(Opinión de Conformidad del Juez Asociado señor Martínez Torres, a la cual se unieron el Juez Asociado señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada señora Pabón Charneco). MC-2024-0035 37

es contrario al principio de neutralidad de la Constitución en materia de estatus político. (Citas omitidas). Íd., págs. 436-437.

En vista de lo anterior, hemos colegido que no podemos

utilizar la decisión voluntaria de los votantes que no

participaron en un evento electoral para ir precisamente en

contra de la expresión popular. Íd., pág. 437. Lo único que

podemos hacer es concluir que quien no votó o depositó su

papeleta en blanco dejó la decisión en manos de aquellas

personas que sí optaron por participar del evento electoral.

Íd. No vemos razones para variar esta norma hoy.

Por último, la parte peticionaria sostiene que el título

de la Ley Núm. 165-2020, supra, no contempla delegación

alguna al gobernador ni la convocatoria y celebración de una

votación plebiscitaria. Debido a ello, entiende que esta

violenta el Art. III, Sec. 17, Const. PR, supra, pág. 417,

el cual dispone, en lo pertinente, que:

“[n]o se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula”.

Con respecto a esta disposición, hemos expresado en el

pasado que su propósito es asegurar que se informe al público

en general y a los legisladores en particular del asunto del

cual es objeto de legislación, de manera que se impida la

inclusión de materia incongruente y extraña. Bomberos

Unidos v. Cuerpo Bomberos et al., 180 DPR 723, 746-747

(2011). Esa disposición no “requiere que el título constituya MC-2024-0035 38

un índice detallado del contenido de la ley, sino meramente

que sea un hito indicador del asunto cubierto por la misma”.

Íd., pág. 747 (citando a Herrero y otros v. ELA, supra, pág.

295). Tampoco exige que los detalles o los procedimientos

estatuidos en las leyes aparezcan relacionados en sus

títulos, bastando que el asunto —el tema o la materia—

sobre el cual una ley trata aparezca claramente expresado en

su título. Pueblo v. Vázquez Bruno, 93 DPR 540, 542-543

(1966); Pueblo v. Díaz Torres, 89 DPR 720, 724-725 (1963).

El título de la Ley Núm. 165-2020, supra, dispone que

la misma es: “Para establecer la “Ley para Implementar la

Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020”; […], a los

fines de establecer la política pública del Gobierno de

Puerto Rico para la implementación para la petición de

Estadidad […]; y para otros fines relacionados”. Concluimos

que esta informa de manera suficiente, tanto al público como

a los legisladores, sobre los asuntos que son objeto de

legislación. Por lo cual, consideramos que la autorización

realizada al Gobernador para convocar a la Consulta no es

materia incongruente o extraña a la Ley Núm. 165-2020, supra,

y es parte del asunto objeto de la misma. Véase Parte V,

pág. 25 de esta Opinión.

VI

Atendidos todos los asuntos presentados y por todo lo

antes discutido, se provee no ha lugar a la Demanda

presentada por la parte peticionaria, y se sostiene la

constitucionalidad de la Ley Núm. 165-2020, supra, y de la MC-2024-0035 39

Orden Ejecutiva OE-2024-016 conducentes a la celebración del

Plebiscito convocado para el 5 de noviembre de 2024.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lcdo. Juan Dalmau Ramírez, como Secretario General y en representación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y sus miembros individuales; Hon. María De Lourdes Santiago Negrón, Senadora y Portavoz del PIP en el Senado; Hon. Denis Márquez Lebrón, Representante y Portavoz del PIP, Cámara de Representantes; Roberto Iván Aponte Berríos, Comisionado Electoral del PIP

Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, Gobernador de Puerto Rico; Comisión Estatal de Elecciones (CEE); Hon. Jessika D. Padilla Rivera, Presidenta Interina de la CEE; Lcdo. Aníbal Vega Borges, Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP); Lcda. Karla Angleró González, Comisionada Electoral del Partido Popular Democrático (PPD); Lillian Aponte Dones, Comisionada Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Lcdo. Juan Manuel Frontera Suau, Comisionado Electoral del Proyecto Dignidad (PD); Hon. Nelson Pérez Méndez, Secretario del Departamento de Hacienda; Lcdo. Juan Carlos Blanco Urrutia, Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

SENTENCIA

Atendidos todos los asuntos presentados y por todo lo discutido en la Opinión que antecede, se provee no ha lugar a la Demanda presentada por la parte peticionaria, y se sostiene la constitucionalidad de la Ley Núm. 165- 2020, conocida como Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020, 16 LPRA sec. 984, y de la Orden Ejecutiva OE-2024-016 conducentes a la celebración del Plebiscito convocado para el 5 de noviembre de 2024.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió Opinión de Conformidad. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez disienten con Opinión escrita.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lic. Juan Dalmau Ramírez, como Secretario General y en representación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y sus miembros individuales; Hon. María De Lourdes Santiago Negrón, Senadora y Portavoz del PIP en el Senado; Hon. Denis Márquez Lebrón, Representante y Portavoz del PIP, Cámara de Representantes; Roberto Iván Aponte Berríos, Comisionado Electoral del PIP

Peticionarios MC-2024-0035 v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, Gobernador de Puerto Rico; Comisión Estatal de Elecciones (CEE); Hon. Jessika D. Padilla Rivera, Presidenta Interina de la CEE; Lic. Aníbal Vega Borges, Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP); Lic. Karla Angleró González, Comisionada Electoral del Partido Popular Democrático (PPD); Lillian Aponte Dones, Comisionada Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MCV); Lic. Juan Manuel Frontera Suau, Comisionado Electoral del Proyecto Dignidad (PD); Hon. Nelson Pérez Méndez, Secretario del Departamento de Hacienda; Lic. Juan Carlos Blanco Urrutia, Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado Señor ESTRELLA MARTÍNEZ.

“Mientras alguien ejerza poder sobre nosotros a su arbitrio en parte alguna de nuestras vidas, dicte una ley sin nuestra participación o consentimiento o reclame soberanía o superioridad sobre nosotros con visos de legalidad, no somos libres ni iguales. El consentimiento a que se nos trate así no salva. El consentimiento a la esclavitud o la desigualdad ni libera ni equipara.” [Énfasis suplido]

Hon. José Trías Monge “Un centenario y una denuncia”, Diálogo, diciembre de 1998, pág. 24. (1998).

*

The perpetuation of this colonial condition runs against the very principles upon which this Nation was founded. Indefinite colonial rule by the United States is not something that was contemplated by the Founding Fathers nor authorized per secula seculorum by the Constitution. See Downes, 182 U.S. at 380, 21 S.Ct. 770 (Harlan, J., dissenting) (“The idea that this country may acquire territories anywhere upon the earth, by conquest or treaty, and hold them as mere colonies or provinces,— the people inhabiting them to enjoy only those rights as Congress chooses to accord to them,— is wholly inconsistent with the spirit and genius, as well as with the words, of the Constitution.”). And far from being a matter of local concern to the United States citizens in Puerto Rico only, the inequality to which these citizens are subjected is an injury to every American, because as surely as the current situation causes irreparable harm to United States citizens residing in Puerto Rico, it just as powerfully denigrates the entire Nation and the Constitution.

Hon. Juan R. Torruella, Opinión Concurrente en Igartua de la Rosa v. US, 229 F.3d 80, pág. 90 (2000).

I MC-2024-0035 3

Cuando tuve el honor de presentar el libro titulado

The Constitutional Evolution of Puerto Rico and Other U.S.

Territories de la autoría del Hon. Gustavo A. Gelpí,

expresé que:

Una relación colonial genera desigualdades y controversias en muchos ámbitos de la sociedad. En todas esas dimensiones existe el potencial de que permeen planteamientos, fundamentos, argumentos y soluciones jurídicas. Es por ello que los miembros de la Judicatura federal y local no estamos exentos, como juristas y ciudadanos, de enfrentarnos a controversias civiles y criminales, entre otras, en las que se cuestionen desigualdades, tensiones sociales y, más relevante aun, quién tiene el poder para realizar determinada acción.1

Ciertamente, hoy nos enfrentamos a una controversia

de alto interés público cuya cuestión medular es si el

Pueblo tiene el poder para expresarse en las urnas con

respecto al estatus de Puerto Rico a través de un mecanismo

delineado por la Asamblea Legislativa e instrumentado por

el Poder Ejecutivo. La contestación es en la afirmativa.

Por ello, estoy conforme con que este Tribunal haya

validado el ejercicio de la libertad de expresión del

Pueblo de Puerto Rico a través de un plebiscito. Me

explico.

Como sabemos, bajo el esquema constitucional federal

Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos sujeto

a los poderes plenarios del Congreso por virtud de la

1L. F. Estrella Martínez, Puerto Rico la Evolución de un Apharteid Territorial, 52 Rev. Jurídica U. Inter. P.R. 425 (2018). MC-2024-0035 4

Cláusula Territorial de la Constitución federal. Artículo

IV, Sec. 3, Cl. 2, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1. Harris v.

Rosario, 446 US 651 (1980); Franklin California Tax-Free

v. Puerto Rico, 2015 WL 4079422 (1er Cir. 2015); Pueblo

v. Sánchez Valle et al., 192 DPR 594 (2015). Al amparo de

este mismo esquema constitucional federal, la llamada

“Admissions Clause” faculta al Congreso a admitir nuevos

estados a la Unión. En específico, esta dispone que:

New States may be admitted by the Congress into this Union; but no new State shall be formed or erected within the Jurisdiction of any other State; nor any State be formed by the Junction of two or more States, or Parts of States, without the Consent of the Legislatures of the States concerned as well as of the Congress. Artículo IV, Sec. 3, Cl. 1, Const. EE.UU.

Tal cláusula sobre el poder del Congreso para admitir

nuevos estados ha desempeñado un papel significativo en

la historia estadounidense, puesto que treinta y siete

(37) de los estados han sido admitidos de conformidad con

este. (Traducción suplida). E. Biber & T. B Colby,

National Constitution Center, The Admissions Clause. Ahora

bien, se reconoce que no hay un marco regulatorio uniforme

en lo que atañe a la aplicación de esta disposición

constitucional. En consecuencia, se ha precisado que:

the Constitution provides almost no guidance as to how Congress should exercise it, nor does the Constitution impose any other express limits on it. Neither is there much guidance in the Framing history about its meaning or scope. Accordingly, much of the practical meaning of the Admissions Clause must be drawn either from caselaw interpreting the Clause or from the practice of Congress in admitting states, beginning with Vermont in 1791 and ending with Alaska and Hawaii in 1959. Íd. MC-2024-0035 5

Entiéndase, el conocer la experiencia histórica en

los procesos de autodeterminación de los territorios es

indispensable para examinar y contextualizar la

controversia ante nos. Por lo tanto, debemos tener

presente que el camino hacia la autodeterminación de los

pueblos no es lineal ni se logra por medio de un método

exclusivo. Se ha demostrado históricamente que no hay un

proceso único o uniforme para la admisión como estado y

que, por el contrario, este ha sido uno flexible y

adaptable a las particularidades de cada territorio.

Aponte Rosario v. Presidente Comisión Estatal de

Elecciones, 205 DPR 407, 442 (2020); Comptroller General

of the United States, Experiences of Past Territories Can

Assist Puerto Rico Status Deliberations, General

Accounting Office, 1980, Capo. 2, pág. 3.2

Al revisar el acercamiento de los antiguos

territorios a sus reclamos en esta materia, se han

reconocido varios métodos, a saber: 1) las asambleas de

pueblo; 2) las encuestas; 3) los censos y las convenciones

regionales; 4) la elección de diputados territoriales

afines a la causa estadista, y 5) la celebración de

referéndums o plebiscitos. Aponte Rosario v. Presidente

Comisión Estatal de Elecciones, supra, pág. 443 citando a

“The history of statehood admissions is one of both 2

tradition and flexibility. While emphasizing the traditional principles of democracy, economics capability, and an adherence to the electorate’s choice of self-government, the Congress has also considered each State’s unique characteristics”. Íd., pág .20 MC-2024-0035 6

Grupo de Investigadores Puertorriqueños, Breakthrough

from Colonialism: An Interdisciplinary Study of Statehood,

San Juan, Ed. UPR, 1984, Vol. I, pág. 1182.

Tal como lo ha reconocido el Congressional Research

Office, “some states took similar paths to admission,

though, in general, those paths have varied

considerable.”3 Por ello, resulta inescapable reconocer

que el voto directo de los electores de los territorios

en un plebiscito constituye un mecanismo válido para

utilizarse. Incluso, la historia revela que múltiples

territorios celebraron más de una consulta para continuar

reclamando su admisión a la Unión Americana. A modo de

ejemplo, ese fue el caso de Florida, Alaska4 y Hawaii,

siendo estos dos (2) últimos los territorios que más

recientemente fueron admitidos a la Unión. Congressional

Research services, supra, págs. 11-13.

3Congressional Research Office, Admission of States to the Union: A Historical Reference Guide, Congressional Research Service, pág. 1 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47747/2 (última visita el 23 de agosto de 2024).

4Véase,Michael Schwaiger, Understanding the Unoriginal: Indeterminant Originalism and Independent Interpretation of the Alaska Constitution, 22 Alaska L. Rev. 293, 305–06 (2005); G. Alan Tarr, Of Time, Place, and the Alaska Constitution, 35 Alaska L. Rev. 155, 172 (2018); Michael J. Kelly, Quiescent Sovereignty of U.S. Territories, 105 Marq. L. Rev. 501, 537 (2022); Thomas Metzloff, Preparing the Way: Tom Stewart's Recollections on the Alaska State Constitutional Convention, 35 Alaska L. Rev. 289, 305–06 (2018). MC-2024-0035 7

Ante ese cuadro, hoy nuestra tarea no es seleccionar

el mecanismo que mejor creamos conveniente, sino evaluar

si la Orden Ejecutiva aquí impugnada instrumenta un

mecanismo que es válido dentro de los principios que rigen

la realidad jurídica entre la relación de Estados Unidos

y Puerto Rico, y los contornos del sistema constitucional

federal y local.

Para iniciar esta tarea, debemos contextualizar que,

en términos sustantivos, el presente caso bien podría

considerarse una secuela de Aponte Nazario v. Presidente

Comisión Estatal de Elecciones, 205 DPR 407 (2020). En

apretada síntesis, allí se declaró la finalidad pública

y, con ello, la constitucionalidad de la Ley Núm. 51-2020,

conocida como la Ley para la definición final del estatus

político de Puerto Rico (Ley Núm. 51-2020), 16 LPRA sec.

939 et seq. (la cual disponía para la celebración de una

consulta de estatus político en las elecciones generales

de 2020)5, y del Subcapítulo VIII-B de la Ley Núm. 58-

2020, conocida como el Código Electoral de Puerto Rico de

2020 (relacionada con el ejercicio del voto presidencial).

Sin ánimo de reproducir todo lo allí discutido, resulta

5En dicho plebiscito de 2020 se le consultó al electorado la pregunta siguiente: ¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado? Sí o No. De los 1,190,399 votos, el “Sí” obtuvo un 52% y el “No” obtuvo un 48%. Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 165-2020. MC-2024-0035 8

material que tengamos presente ciertos enunciados por su

vínculo con la controversia de autos.

En específico, que el Pueblo de Puerto Rico ostenta

el poder de expresarse para ejercer su derecho a la

autodeterminación. Íd., pág. 420. Particularmente porque

nuestra Constitución es neutral en materia de estatus

político, con la consecuencia de no cerrarle la puerta a

la autodeterminación de nuestro pueblo. Íd., págs. 420 y

448. En otras palabras, en la Constitución de Puerto Rico

no se comprometió el futuro político del territorio, sino

que este pertenece al Pueblo, y por esto las aspiraciones

que se plantearon en la Constitución no están sujetas a

alguna fórmula de estatus político. Íd., pág. 459.

En vista de lo anterior, fundamentamos que los

resultados de los plebiscitos de 2012 y 2017 constituyen

un ejercicio de autodeterminación donde la fórmula de la

estadidad obtuvo la mayoría de los votos. Íd., pág. 434.

Así determinamos que estos resultados establecieron un

mandato electoral al gobierno por parte del pueblo para

la descolonización conforme a la voluntad mayoritaria.

Íd., págs. 421 y 457. Muy particularmente, resolvimos que

la expresión popular constituye en sí misma un fin público

cuya consecuencia es que la legislación que se apruebe al

amparo de este mandato tendrá esa finalidad siempre que,

claro está, se enmarquen en el esquema constitucional.

Íd., págs. 422 y 439. En consecuencia, entre varios

asuntos, se validó la finalidad pública de la Ley Núm. 55- MC-2024-0035 9

2020, la cual disponía para la celebración de un

plebiscito en las pasadas elecciones generales del 2020.

Así las cosas, cuando la legislación impugnada cumpla

con nuestro ordenamiento constitucional debemos ser

deferentes con las actuaciones de las otras ramas de

gobierno, indistintamente de que como jueces y juezas en

nuestro carácter personal discrepemos o coincidamos con

sus bondades o sabiduría. Íd., págs. 422 y 446. Véanse,

P.I.P. v. C.E.E., 120 DPR 580 611 (1988); McCormick v.

Marrero Juez, 64 DPR 260, 267 (1944). Pues, al final de

cuentas, no podemos ser selectivos al aceptar la voluntad

del pueblo y no reconocer que la decisión de realizar una

consulta de estatus político es una prerrogativa que recae

primariamente en las ramas políticas de gobierno. Íd.,

pág. 434 y 436.

En este punto, no cabe duda de que llevar a cabo una

consulta de estatus o plebiscito constituye un mecanismo

legítimo de las ramas políticas para conocer la voluntad

actual del pueblo en lo que concierne a su futuro político.

Ahora bien, lo que está aquí en controversia es

precisamente identificar cuáles son las prerrogativas de

cada una de estas ramas políticas, entiéndase del poder

legislativo y del poder ejecutivo, al momento de diseñar,

convocar e implementar esta consulta. En específico, si

mediante la Ley Núm. 165-2020, infra, aquí impugnada, el

poder legislativo violó el principio axiomático de

separación de poderes al delegarle al Gobernador ciertas MC-2024-0035 10

facultades relacionadas con este mecanismo electoral y su

sujeción por medio de una orden ejecutiva. Para responder

a esto, procedemos a reseñar la normativa aplicable.

A.

La Constitución de Puerto Rico estableció un sistema

republicano de gobierno por medio de tres (3) poderes

subordinados todos a la soberanía del Pueblo de Puerto Rico.

Art. I, Sec. 2, Const. P.R. LPRA, Tomo 1. De ordinario,

mediante esta forma de gobierno, el Poder Legislativo

aprueba las leyes a través de la Asamblea Legislativa, el

Poder Ejecutivo las implementa y pone en vigor mediante la

figura central del Gobernador(a), y el Poder Judicial las

interpreta. Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 458

(1994); Véase, además, Art. III, IV y V, Sec. 1, Const.

ELA, supra. Cada uno de estos Poderes, aunque soberano e

independiente con respecto al ejercicio del poder

conferido, se interrelaciona con los otros, manteniendo

íntegra la autoridad de cada cual. Santana v. Gobernadora,

165 DPR 28 (2005); Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 DPR

361, 420 (1995).

Por ello, el principio de separación de poderes procura

establecer el ámbito de acción de cada una de las ramas

mediante un sistema de pesos y contrapesos para evitar que

las actuaciones de una de las ramas de gobierno causen

detrimento a otra. Dalmau Santiago v. Oronoz Rodríguez, 208

DPR 115, 135 (2021); Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR. II, MC-2024-0035 11

191 DPR 791, 802 (2014), Díaz Carrasquillo v. García

Padilla, 191 DPR 97, 110 (2014); Domínguez Castro v. ELA,

178 DPR 1, 93 (2010).

Como resultado, este principio de separación de

poderes salvaguarda la independencia de cada rama de

gobierno. Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875 (2005).

Ello resulta fundamental para nuestro esquema democrático

de gobierno, por lo que no constituye una mera conveniencia

o mecanismo de organización gubernamental. Córdova y Otros

v. Cámara Representantes, 171 DPR 789, 800, (2007) citando

a Colón Cortés v. Pesquera, 150 DPR 724 (2004).

Al resolver una controversia que requiere un

pronunciamiento sobre la aplicabilidad de la doctrina de

separación de poderes, debemos analizar si “en la

operación real del sistema y en un contexto histórico

concentración de poder indebida en una de las ramas o en

una disminución indeseable de la independencia que sea

Constitución”. Dalmau Santiago v. Oronoz Rodríguez, 208

DPR 115, 136 (2021) (citando a Nogueras v. Hernández Colón

I, 127 DPR 405, 426 (1990)).

En una de las decisiones judiciales más importantes

de este Tribunal en torno a la separación de poderes, la

cual contó con el criterio unánime de sus miembros,

reiteré que “la doctrina de separación de poderes … tiene

como propósito fungir como un sistema de pesos y MC-2024-0035 12

contrapesos entre las tres (3) Ramas o Poderes, con el fin

de que se garantice que cada una ejerza un ejercicio cabal,

legítimo y adecuado de sus funciones”. Dalmau Santiago v.

Oronoz Rodríguez, supra, pág. 174 (Op. de conformidad del

Juez Asociado señor Estrella Martínez)(cita omitida).

Conviene aquí puntualizar que el tema de separación

y delegación de poderes ha sido objeto de un extenso

análisis en el contexto del Derecho Administrativo. En

específico, se ha discutido ampliamente la delegación de

poderes reglamentarios y adjudicativos por parte de la

Asamblea Legislativa a los organismos administrativos por

virtud de sus leyes orgánicas. Véanse, Departamento de

Justicia v. Jiménez, 199 DPR 293 (2017); Danosa v.

Negociado, 185 DPR 1008 (2012); M.& B. S., Inc., v. Depto.

De Agricultura, 118 DPR 319, 326 (1987); López v. Junta

de Planificación, 80 DPR 646 (1958); Hilton Hotels v.

Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670 (1953); Luce & Company,

S. en C. V. Junta de Salario Mínimo de P.R., 62 DPR 452

(1943).

De este modo, hemos expresado que, tanto en la

jurisdicción federal como en la nuestra, es incuestionable

la validez de la delegación de poderes a un organismo

administrativo siempre y cuando mediante ley se

establezcan normas adecuadas, pautas, estándares,

criterios o principios inteligibles, así como aquellas

garantías o salvaguardas procesales y sustantivas que

sirvan de guía a la delegación y que delimiten sus MC-2024-0035 13

facultades. Ello para así evitar que las actuaciones de

los entes administrativos resulten arbitrarias o

caprichosas. Véanse, Sánchez Collazo v. Departamento de

la Vivienda, 184 DPR 95 (2011); Bomberos Unidos v. Cuerpo

Bomberos, 180 DPR 723, 742 (2011); Domínguez Castro v.

ELA, supra, pág. 93; Rodríguez v. Bco. Gub. De Fom., 151

DPR 383, 400 (2000).6 En el contexto administrativo, el

“principio inteligible” tendría el efecto real de

establecer límites a la jurisdicción de una agencia

administrativa. M. Izquierdo Encarnación, Introducción al

derecho administrativo, Ed. Situm, San Juan, 2019, pág.

33.7

Véase, Mistreta v. U.S., 488 U.S. 361, 372-373 6

(1989), el cual resume perfectamente la doctrina federal de delegación de poderes y el “principio inteligible”. (“So long as Congress “shall lay down by legislative act an intelligible principle to which the person or body authorized to [exercise the delegated authority] is directed to conform, such legislative action is not a forbidden delegation of legislative power.” Íd., pág. 372 (citas omitidas).

Véase, J.W. Hampton & Co. v. United States, 276 7

U.S. 394, 409 (1928), el cual acuñó la norma del principio inteligible: “[I]f Congress shall lay down by legislative act an intelligible principle to which the person or body authorized to fix such rates is directed to conform, such legislative action is not a forbidden delegation of legislative power.” Asimismo, en Whitman v. American Trucking, 531 U.S. 457, 474-475 (2001), se validó la delegación de poder hecha a la Environmental Protection Agency (EPA) para adoptar regulación siempre y cuando fuera en protección de la salud pública. Es decir, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos validó como principio inteligible el requisito de que la regulación adoptada fuera para proteger la salud pública. Dicho foro judicial ha sido extremadamente deferente con las delegaciones hechas por el Congreso al Ejecutivo para ejecutar la política pública. MC-2024-0035 14

No obstante, la determinación de si la legislación

en cuestión contiene un principio inteligible o normas

adecuadas va a depender de un análisis caso a caso en el

que se ausculten la delegación conferida y los criterios

establecidos por el legislador. Sánchez V. Depto.

Vivienda, 184 DPR 95, 122 (2011) (cita omitida). Véase,

Amadeo Ocasio v. Pierluisi Urrutia, supra, pág. (Op. de

conformidad Juez Asociado señor Estrella Martínez).

Sin embargo, estos criterios, pautas o principios no

tienen que ser expresos, pues pueden surgir, inclusive,

del historial legislativo y podrían ser amplios y

generales; si tiene un fin o interés público, por lo

general es suficiente justificación para que se sostenga

la delegación. (Negrillas suplidas). Domínguez Castro v.

ELA, supra, pág. 93 (citas omitidas); Rodríguez Román v.

Bco. Gub. De Fom., supra, pág. 400. Según hemos

consignado,

nada impide que la Legislatura establezca normas generales que sean amplias y que dejen al administrador un adecuado margen de libertad para complementar las normas legislativas mediante la utilización de un juicio especializado, que se pueda desarrollar conforme a un análisis, apreciación y discreción administrativa que tenga una base de razonabilidad. (Negrillas suplidas). Domínguez Castro v. ELA, supra, pág. 94; Debién v. Junta de Contabilidad, 76 DPR 96, 104 (1954).

En ese contexto, hemos reconocido que la delegación

de poderes puede hacerse constitucionalmente a base de

normas amplias y generales. López v. Junta de

Planificación, 80 DPR 646, 661 (1958) (citas omitidas). MC-2024-0035 15

B.

En lo aquí pertinente, es norma reiterada que, como

parte del principio de separación de poderes en nuestro

ordenamiento jurídico, al Poder Ejecutivo se le reconoció,

entre otros deberes, las funciones, atribuciones y el

poder expreso de “[c]umplir y hacer cumplir las leyes”,

así como el de “[e]jercer las otras facultades y

atribuciones y cumplir con los demás deberes que se le

señalen por esta Constitución o por ley”. Art. IV, Secc.

4, Const. PR, LPRA, Tomo 1.8

De ordinario, el Gobernador no posee poderes

legislativos inherentes, los cuales, por arreglo

constitucional, pertenecen al Poder Legislativo. Véase,

Art. III, Secc. 17 y Art. II, Secc. 19 de la Const. PR,

LPRA, Tomo 1. Por esta razón, la única manera en la que

el Poder Ejecutivo podría ejercer poderes legislativos es

mediante la doctrina de la delegación de poderes. Esto

ocurre cuando la Asamblea Legislativa, por medio de un

estatuto, le confiere la facultad de ejercer ciertos

poderes de naturaleza cuasi-legislativa sujetos a las

8Véase, además, el Artículo 48 del Código Político de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 1. (“El Gobernador ejercerá las facultades y cumplirá las obligaciones enumeradas a continuación:… (14) Expedirá y trasmitirá las proclamas electorales. (15) Ejercerá las facultades y cumplirá las obligaciones que le están además asignadas por las leyes de los Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico”. (Negrillas suplidas). Íd. Véase también la Ley Núm. 104 de 28 de junio de 1956, conocida como la Ley para facultar al Gobernador la delegación de ciertas funciones y deberes, 3 LPRA sec. 1ª inciso (a) et seq. MC-2024-0035 16

exigencias constitucionales. Véase, J.M. Farinacci Fernós,

Las órdenes Ejecutivas, el poder legislativo y las

emergencias, 3 Amicus, Rev. Pol. Púb. y Leg. UIPR, (2020),

págs. 2-3.

Ahora bien, el Gobernador tiene a su alcance el uso

de las órdenes ejecutivas como un instrumento para

ejecutar sus funciones, facultades y deberes. Asunto que

nos conduce a auscultar la naturaleza, utilidad y alcance

de las órdenes ejecutivas en nuestro ordenamiento

jurídico.

C.

Si bien no existe referencia constitucional o

estatutaria que explique o regule el poder del Gobernador

para emitir órdenes ejecutivas, estas se han definido como

un mandato que el primer ejecutivo da a los componentes

de la Rama Ejecutiva en virtud del poder inherente del

Gobernador como administrador de esta rama. W. Vázquez

Irizarry, Los poderes del Gobernador de Puerto Rico y el

uso de órdenes ejecutivas, 76 Rev. Jur. UPR 951, 953, 988

y 1020 (2007).9 Véase, Hernández Romero v. Pol. De P.R.

177 DPR 121, 167 (2009) (Hernández Denton, Op. disidente).

El Secretario de Justicia también ha emitido varias 9

Opiniones sobre las órdenes ejecutivas. Véanse, Op. Sec. Just. Núm. 1968-2; 1984-31; 1985-5; 1985-10; 1991-25; 1994-3; entre otras. Por otra parte, el Profesor W. Vázquez Irizarry define poder inherente como aquel que un funcionario reclama poseer independientemente de que no exista base textual alguna, directa o indirecta que lo valide o sostenga. W. Vázquez Irizarry, Los poderes del Gobernador de Puerto Rico y el uso de órdenes ejecutivas, 76 Rev. Jur. UPR 951, 961 (2007). MC-2024-0035 17

En ese sentido, representan un mandato dirigido a uno de

los brazos auxiliares del Poder Ejecutivo conforme a

nuestra Constitución y el ordenamiento jurídico

estatutario. Hernández Romero v. Pol. De P.R., supra, pág.

138.

En particular, existen leyes que sujetan determinadas

actuaciones a su autorización mediante órdenes ejecutivas.

(Negrillas suplidas). W. Vázquez Irizarry, op. cit., pág.

1020. Así, consecuentemente, este Tribunal ha expresado

que un Gobernador tiene el poder inherente de emitir

órdenes ejecutivas, pero que ese poder estará limitado por

las leyes aplicables. (Negrillas suplidas). Otero De Ramos

v. Srio. De Hacienda, 156 DPR 876, 892 (2002). A su vez,

enunciamos que una orden ejecutiva no puede ir por encima

y derrotar los objetivos pretendidos por la Asamblea

Legislativa al aprobar las leyes. (Negrillas suplidas) Íd.

Similarmente, hemos reconocido que el uso de las

órdenes ejecutivas responde a una actuación consustancial

a las facultades delegadas por la Constitución de Puerto

Rico al Poder Ejecutivo. Hernández, Romero v. Pol. de

P.R., 177 DPR 121, 138 (2009); Otero De Ramos v. Srio. De

Hacienda, 156 DPR 876, 892 (2002). Como resultado, el

Gobernador tiene el poder de emitir órdenes ejecutivas y

estas tendrán fuerza de ley siempre que su promulgación

sea a tenor con los poderes explícitos conferidos por la

Constitución o por un poder delegado por la Asamblea MC-2024-0035 18

Legislativa mediante una ley.10 Rodríguez Ramos et al. v.

ELA et al., 190 DPR 448, 463-464 (2014); Otero de Ramos

v. Srio. de Hacienda, 156 DPR 876, 892 (2002).

En otras palabras, el Gobernador puede dictar órdenes

ejecutivas tanto para ejercer algún poder cuasi-

legislativo debidamente delegado por la Asamblea

Legislativa como para ejercer sus poderes de naturaleza

ejecutiva. J.M. Farinacci Fernós, Las órdenes Ejecutivas,

el poder legislativo y las emergencias, 3 Amicus, Rev.

Pol. Púb. y Leg. UIPR, (2020), pág. 3 (citas omitidas).

Como norma general, las órdenes ejecutivas solo

aplican a los componentes de la Rama Ejecutiva, es decir,

no le aplican a la ciudadanía en general. W. Vázquez

Irizarry, op. cit., págs. 1029-1030. En vista de lo

anterior, para que una orden ejecutiva pueda tener fuerza

de ley, aplicar de forma general a la ciudadanía y tener

efecto normativo, “debe tratarse del ejercicio de algún

poder cuasi-legislativo debidamente delegado por la

Asamblea Legislativa. De lo contrario, estaríamos ante un

acto patentemente inconstitucional, por violar el

Véase, 10 W. Vázquez Irizarry, Los poderes del Gobernador de Puerto Rico y el uso de órdenes ejecutivas, 76 Rev. Jur. UPR 951, 1029 (2007).(“La orden ejecutiva emitida conforme a una facultad dispuesta en ley constituye, al igual que la adopción de un reglamento por una agencia, un ejercicio de poderes delegados por la Asamblea Legislativa. En cambio, la orden adoptada al amparo de facultades constitucionales, aunque también responde a una delegación, posee un sentido más general y quizás menos limitado al provenir del poder constituyente”). Íd., pág. 1052. MC-2024-0035 19

principio de separación de poderes”. J.M. Farinacci

Fernós, op. cit., pág.3.

En ese contexto, surgirán controversias jurídicas

como la de autos en la que se procure examinar si la orden

ejecutiva emitida por el Poder Ejecutivo está usurpando

el poder de legislar de la Asamblea Legislativa. Así, por

ejemplo, se podría alegar que la orden ejecutiva es

inválida o inconstitucional por el Gobernador carecer de

poder para emitirla, que es inconstitucional por infringir

alguna disposición de la Constitución o que es inválida

por ser contraria a alguna ley. Véanse, W. Vázquez

Irizarry, op. cit., pág. 1057. A causa de ello, la orden

ejecutiva impugnada estará sujeta a revisión judicial y

podría ser declarada inválida o inconstitucional. Véanse,

W. Vázquez Irizarry, op. cit., págs. 1061-106211; Regla

21.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. VI.

Sin embargo, han sido pocas las ocasiones en que la

jurisprudencia de este Tribunal ha tenido ante sí o

mencionado órdenes ejecutivas específicas en circunstancias

que no presentan problemas de separación de poderes por

existir una delegación legislativa o por canalizar el

ejercicio de poder que la Constitución le brinda al Primer

Ejecutivo. J. J. Álvarez González, Derecho constitucional

11“Aunque no toda acción judicial de impugnación de una orden [ejecutiva] tiene que conllevar un planteamiento constitucional, el remedio adecuado para llevar un caso ante los tribunales es uno que se utiliza tradicionalmente en el litigio público. Nos referimos a una solicitud de sentencia declaratoria acompañada de una petición para la expedición de un interdicto”. Íd., pág. 1061. MC-2024-0035 20

de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los

Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, Tomo 1, 2009, pág. 257

(citas omitidas).

Por ello, cuando se discute la impugnación de una orden

ejecutiva es conveniente recurrir de modo ilustrativo a la

esfera federal, en particular a lo resuelto por el Tribunal

Supremo de Estados Unidos en el caso normativo Youngstown

Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 US 579 (1952). En apretada

síntesis, tal caso tuvo su génesis cuando el Congreso

cuestionó si el entonces presidente Truman tenía el poder

constitucional como primer ejecutivo de la Nación y

comandante en jefe de las fuerzas armadas para emitir la

Orden Ejecutiva núm. 10340. En esta, se instruyó al

Secretario de Comercio a incautar las fábricas de acero del

país con el propósito de asegurar la producción de

armamentos y municiones para la Guerra de Corea (dado el

inminente aviso de huelga de los trabajadores unionados).

Las compañías de acero impugnaron la orden ejecutiva y, en

una votación de seis (6) a tres (3) con siete (7) opiniones

distintas, el alto foro federal declaró la orden

inconstitucional por violar el principio de separación de

poderes, en particular por haber constituido un acto

legislativo no autorizado ni constitucional ni

estatutariamente. En concreto, determinó que:

The President's power, if any, to issue the order must stem either from an act of Congress or from the Constitution itself. There is no statute that expressly authorizes the President to take possession of property as he did here. Nor is there any act of Congress to which our attention has MC-2024-0035 21

been directed from which such a power can fairly be implied. Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, supra, pág. 585.

En lo aquí material, la opinión concurrente del Juez

Asociado Robert Jackson elaboró un análisis de tres (3)

escenarios prácticos para determinar la validez de la

actuación del ejecutivo y con ello distinguir entre las

posibles consecuencias legales. En el primer escenario, que

veremos es el mismo que se presenta en el caso ante nos,

el presidente actúa conforme a una autorización expresa o

implícita del Congreso. Íd., pág. 635. Bajo este escenario,

la autoridad del primer ejecutivo es máxima, pues incluye

la suma del poder que posee por sí mismo como presidente

más todo aquel que el Congreso le pueda delegar. De esta

forma, una actuación bajo este escenario gozaría de una

presunción sólida y una amplia libertad de interpretación

judicial, y la carga de persuadir recaería pesadamente

sobre aquel que intente atacarla. Íd., págs. 636-637.12

En el segundo supuesto, el presidente actúa en ausencia

de autorización o prohibición del Congreso y solo se

fundamenta en sus poderes inherentes. Aquí se crea un área

de penumbra, puesto que tanto el presidente como el Congreso

pudieran tener autoridad concurrente o la distribución

entre ambos pudiera ser incierta. Íd. En este escenario,

El profesor J. J. Álvarez González comenta que, en 12

este escenario, para que la actuación se decrete inválida tiene que haber violado la doctrina de poderes enumerados, las prerrogativas de los estados o un derecho individual. J.J. Álvarez González, Notas sobre derecho constitucional, Ed. Situm, San Juan, 2022, pág.20. MC-2024-0035 22

será una cuestión práctica evaluar la inercia, indiferencia

o la quietud del Congreso en cuanto a si permitieron o

invitaron a la actuación presidencial.

Por último, en el tercero de los escenarios, el

presidente actúa tomando medidas que son contrarias a la

voluntad legislativa expresa o implícita. Aquí su autoridad

está en el punto más bajo porque solo depende de sus propios

poderes constitucionales en contraposición a los poderes

del Congreso sobre el asunto. Un reclamo presidencial en

este escenario requiere un escrutinio cuidadoso porque lo

que está en juego es el equilibrio del sistema

constitucional. Íd., pág. 637-368.13

Según adelantado, comenta el Profesor

constitucionalista J.J. Álvarez González que la

jurisprudencia puertorriqueña está prácticamente huérfana

de análisis sobre las fronteras entre aquellos asuntos que

son competencia del poder ejecutivo y aquellos que

requieren actuación legislativa, toda vez que no tenemos

en nuestro ordenamiento jurídico una decisión análoga a

Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, supra. J. J. Álvarez

González, Derecho constitucional de Puerto Rico y

13Al Juez Jackson aplicar su modelo tripartito de análisis a la orden ejecutiva del Presidente Truman, resolvió que se trató de una actuación bajo el tercero de los escenarios. En apretada síntesis, concluyó que el presidente no tiene el poder legislativo, que su acción se originó de su propia voluntad individual, contrario a la voluntad del Congreso, y que, por ello, representó un ejercicio de autoridad sin ley. MC-2024-0035 23

relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá,

Ed. Temis, Tomo 1, 2009, pág. 256.

Si bien el marco de análisis de Youngstown aún no ha

sido aplicado de forma expresa por este Tribunal, sí ha

sido empleado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

y algunas cortes inferiores en instancias donde resultó

necesario analizar si el Presidente tenía el poder para

actuar cuando la autoridad constitucional entre este y el

Congreso estaba en disputa. Véase, A. A. Graber, Executive

Orders: An Introduction, U.S. Congressional Research

Service, (R46738, Mar. 29, 2021), pág. 8.14 Del mismo modo,

se debe tener presente que, aunque este modelo de Youngstown

es práctico y conveniente para evaluar la delegación de

poderes constitucionales entre el Congreso y el Presidente,

existen limitaciones adicionales a la acción del primer

14 Véase, City and County of San Francisco v. Trump, 897 F.3d 1225 (9th Cir. 2018); Zivotofsky v. Kerry, 576 US 1 (2015); Kaplan v. Conyers, 733 F.3d 1148 (Fed. Cir. 2013), cert. denied, 134 S. Ct. 1759, 188 L. Ed. 2d 592 (2014); Dames & Moore v. Regan, 453 US 654 (1981).

Por otra parte, tenemos presente que, recientemente en Amadeo Ocasio v. Pierluisi Urrutia, 211 DPR 278 (2023) (Sentencia), se impugnó la autoridad del Gobernador Hon. Pedro Pierluisi Urrutia para emitir órdenes ejecutivas para declarar una emergencia y delegar en el Secretario de Salud la facultad de establecer ciertas medidas relacionadas con el COVID-19. No obstante, recordemos que, tras divergencias de criterios, el caso se resolvió mediante una Sentencia breve, con varias opiniones de conformidad y, por ello, no hubo una opinión mayoritaria que entrara en los méritos respecto al análisis del poder del Gobernador para emitir órdenes ejecutivas en el contexto de una emergencia, así como el alcance y la validez de las referidas órdenes. Véase, Amadeo Ocasio v. Pierluisi Urrutia, supra (Op. de conformidad del Juez Asociado señor Estrella Martínez). MC-2024-0035 24

ejecutivo como, por ejemplo, que este no podría ejercer una

acción patentemente inconstitucional aun cuando el Congreso

le autorizara a realizarla. A. A. Graber, supra, pág. 11

citando a Clinton v. New York, 524 U.S. 417, 436 (1998).

En ese sentido, debo advertir que este no es el único

modelo de análisis existente al cual los tribunales

podemos recurrir al momento de revisar una actuación

ejecutiva.15

Ahora bien, según se adelantado, soy del criterio que

este pleito se enmarca en el primero de los escenarios del

esquema de Youngstown, en el cual existe una delegación

estatutaria al poder ejecutivo. Ante ello, debemos

evaluar, además, el alcance de dicha delegación

estatutaria y el alcance de la orden ejecutiva impugnada.

En la esfera federal para este análisis, los tribunales

generalmente pudieran: (1) evaluar el texto del estatuto

para determinar el alcance de la delegación de poder; (2)

15 Por ejemplo, a nivel federal se reconoce que:

[…]In other cases, a reviewing court may determine the scope of Congress’s delegation of power to the President. To perform that analysis, courts will generally use traditional tools of statutory interpretation. Courts may also be required to determine the scope of the President’s action in the executive order. Courts will begin with the text of the executive order, and may defer to agency interpretations of that order (depending on the circumstances of the particular case). Separately, courts may also review other constitutional issues raised by the executive order (for example, whether the order violates the First Amendment to the U.S. Constitution). A. A. Graber, supra. MC-2024-0035 25

considerar la cantidad de poder que normalmente se le

otorga al poder ejecutivo en la materia en cuestión, y (3)

considerar si el poder legislativo no ha actuado después

de acciones ejecutivas tomadas conforme al estatuto (la

acción o inacción para concluir si hubo aceptación al

poder conferido).16 A. A. Graber, supra., pág. 12 (citas

omitidas).17

En síntesis, ante una controversia como la de autos,

el Tribunal evaluará si la actuación ejecutiva, como la

16Para un caso en que se evaluó el alcance del poder delegado por el Congreso, véase, Trump v. Hawaii, 585 U.S. 667 (2018).

17 El Profesor Farinacci-Fernós propone un análisis similar para evaluar la validez del contenido legislativo de las órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador, el cual dependerá de dos (2) factores a considerarse. En primer lugar, si cumple con los requisitos constitucionales de la doctrina de la delegación de poderes. Es decir: (1) si se trata de un poder delegable; (2) si, en efecto, se llevó a cabo la delegación; (3) si se acompañaron suficientes principios inteligibles para guiar el ejercicio del poder cuasi-legislativo delegado; (4) si las órdenes ejecutivas están dentro de los límites establecidos por la ley, y (5) si el ejercicio de dicho poder no es arbitrario o caprichoso. Luego propone que se debe evaluar el componente sustantivo, que la referida orden ejecutiva no puede violar los derechos consagrados en la Constitución, particularmente que “[d]ado que las órdenes ejecutivas interfieren directamente con derechos fundamentales como la expresión, la asociación y la libertad de movimiento, el contenido de las órdenes ejecutivas debe analizarse a través de un escrutinio estricto”. J.M. Farinacci Fernós, Las órdenes Ejecutivas, el poder legislativo y las emergencias, 3 Amicus, Rev. Pol. Púb. Y Leg. UIPR, (2020), pág. 5. Nótese que este modelo se asemeja al utilizado al evaluar la delegación de poder de reglamentación y adjudicación a las agencias administrativas por parte de la Asamblea Legislativa en las leyes habilitadoras. Según apreciado, este Tribunal observó esos criterios y examinó con detenimiento los planteamientos de alegadas violaciones de derechos fundamentales de los demandantes. MC-2024-0035 26

aquí impugnada, constituye un ejercicio legítimo de poder

por existir una delegación con base legal al amparo del

esquema constitucional que sustente la facultad o

prerrogativa pretendida, o si, por el contrario,

representa una usurpación de las facultades legislativas.

Indistintamente del modelo de análisis, ello sin duda

alguna requiere una evaluación e interpretación judicial

tanto del texto del estatuto como de la actuación del

Primer Ejecutivo, todo esto enmarcado en nuestro

ordenamiento constitucional y en la doctrina de delegación

de poderes.

Así las cosas, la controversia se circunscribe a

revisar judicialmente la validez de la Ley Núm. 165-2020

y de la OE-2024-016 bajo el principio de separación de

poderes y la doctrina de delegación de poderes. Para esto,

como punto de partida, es necesario examinar tanto el texto

de la Ley Núm. 165-2020, por tratarse del estatuto en el

que el Gobernador sustenta el ejercicio de su autoridad,

así como de la OE-2024-016 y la Proclama del Gobernador

Boletín Administrativo Núm.: P.2024-277 del 1 de julio de

2024, por constituir la acción ejecutiva impugnada.

Veamos.

La Ley Núm. 165-2020 reconoció como política pública

del Gobierno de Puerto Rico lo siguiente:

Conforme a la Ley 51-2020, conocida como “Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico”, y los resultados del Plebiscito de Estadidad Sí o No que por virtud MC-2024-0035 27

de dicha ley se realizó el 3 de noviembre de 2020, una mayoría absoluta de los electores reclamó la igualdad de deberes y derechos como ciudadanos americanos con la estadidad. Este reclamo electoral del pueblo de Puerto Rico constituye un mandato a su gobierno y un fin público con la más alta prioridad.

[…]

Esta Ley [165-2020] dispone los procedimientos y los parámetros que regirán la celebración de toda consulta electoral cuyo propósito sea hacer valer la voluntad electoral de la mayoría absoluta de los electores en el plebiscito de 3 de noviembre de 2020, incluyendo cualquier petición, propuesta, respuesta o ratificación electoral relacionada con el estatus político de Puerto Rico que sea presentada o solicitada por una o ambas cámaras legislativas del Congreso, el Presidente de Estados Unidos de América o ambos.

En Orlando José Aponte Rosario v. Presidente Comisión Estatal de Elecciones (2020 TSPR 119) el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de escoger mecanismos legítimos para adelantar su objetivo y registrar la expresión del pueblo. La sabiduría o conveniencia de esa determinación legislativa es una cuestión política no justiciable. Por lo tanto, conforme al mandato del pueblo, en los plebiscitos de 2012 y 2017, el Subcapítulo VII-B de la Ley 58- 2020, conocida como Código Electoral de Puerto Rico de 2020 y la Ley 51-2020, conocida como la Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico tienen un fin público conforme al Sec. 9 del Art. VI de la Constitución de Puerto Rico.18

Esta Ley, por lo tanto, cumple cabalmente en todos sus alcances y propósitos con el principio de “fin público” dispuesto en nuestra Constitución y con las interpretaciones del Tribunal Supremo. (Negrillas suplidas) Artículo 1.3 de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 977a.

18 “Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del estado, y en todo caso por autoridad de ley”. Art. VI, Sec. 9, Const. P.R. LPRA, Tomo 1. MC-2024-0035 28

Nótese que la Ley Núm. 165-2020 constituyó un

ejercicio del Poder Legislativo para institucionalizar

como política pública el mandato del pueblo reiterado

consistentemente en las tres (3) últimas consultas de

estatus político (2012, 2017 y 2020). Como reconocimos en

Aponte Nazario, “[e]xiste un fin público en la legislación

aprobada por mandato de los electores de Puerto Rico para

ejercer su derecho de autodeterminación.” Aponte Nazario

v. Presidente Comisión Estatal de Elecciones, supra, pág.

422.

En lo aquí pertinente, y relacionado con nuestra

discusión previa sobre la formulación del principio de

inteligibilidad, el estatuto enumeró en su Exposición de

Motivos seis (6) propósitos principales:

1. Establecer que las acciones y las gestiones dirigidas a hacer valer la petición de la estadidad por la mayoría absoluta de los electores en el Plebiscito de 3 de noviembre de 2020, constituye un fin público de la más alta prioridad y también un mandato del pueblo a su gobierno.

2. Garantizar la protección del derecho fundamental protegido por la Primera Enmienda de la Constitución federal que tienen los ciudadanos americanos de Puerto Rico para reclamar al Gobierno federal la reparación del agravio que representa la actual condición territorial establecida hace 122 años.

3. Autorizar al Gobernador a tomar las medidas que sean necesarias dentro del marco de un “fin público” para hacer valer la voluntad electoral mayoritaria del Plebiscito de 2020.

4. Implementar y apoyar los propósitos de la Ley 51-2020, conocida como “Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico”, MC-2024-0035 29

incluyendo la coordinación y la ejecución de la transición a la estadidad ordenada en esta.

5. Fortalecer a la Comisión para la Igualdad de Puerto Rico, creada por la Ley 30-2017, según enmendada, a los fines de facilitar el cumplimiento de sus funciones y deberes legales.

6. Establecer las reglas para agilizar y garantizar que el pueblo de Puerto Rico pueda volver a votar, en caso de ser necesario, para hacer valer su voluntad electoral expresada en el Plebiscito de 2020, incluyendo cualquier votación que sea necesaria para responder a cualquier petición, propuesta, respuesta o ratificación electoral relacionada con el estatus político de Puerto Rico que sea planteada o solicitada por una o ambas cámaras legislativas del Congreso, el Presidente de Estados Unidos de América o ambos. (Negrillas suplidas). Íd., Exposición de Motivos.

Obsérvese que, desde la Exposición de Motivos, se

reconoce que el Gobernador posee poderes amplios delegados

para implementar la política pública, lo que incluye tomar

aquellas medidas que la adelanten y que se enmarquen en

un fin público. Cónsono con ello y lo enunciado en el

tercero de los propósitos, el estatuto define al

“Gobernador” como la persona autorizada por esta Ley para:

tomar las medidas que sean necesarias dentro del marco de un “fin público”, como contratar, asignar, reasignar, obligar o dedicar recursos públicos para hacer valer, dentro o fuera de Puerto Rico, la voluntad electoral mayoritaria del Plebiscito de 3 de noviembre de 2020; incluyendo convocar las votaciones que sean necesarias para hacer valer esa voluntad electoral”. (Negrillas suplidas). Artículo 1.4(o) de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 977b.

Similarmente, mediante el Artículo 8.3, siendo este

el origen de este pleito, se dispuso expresamente que MC-2024-0035 30

[l]a Asamblea Legislativa faculta al Gobernador de Puerto Rico para hacer cumplir todos los propósitos de esta Ley mediante Orden Ejecutiva.

Esta facultad discrecional que se le confiere al Gobernador, siempre se ejercerá haciendo prevalecer la voluntad electoral de la mayoría absoluta de los ciudadanos americanos de Puerto Rico en favor de la igualdad con la estadidad, según expresada en el plebiscito de 3 de noviembre de 2020. (Negrillas suplidas). Artículo 8.3 de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 984b.

Consecuente con dicha facultad delegada, y muy

similarmente a lo que serían las Proclamas de otros

eventos electorales, el Artículo 2.1 a su vez delimitó los

principios o parámetros de la actuación autorizada al

Gobernador al específicamente facultarle a convocar

mediante orden ejecutiva, cuando lo considere necesario:

a. Una votación o proceso electoral para hacer valer la voluntad electoral de la mayoría absoluta de los ciudadanos americanos de Puerto Rico en favor de la estadidad, según los resultados del Plebiscito de 3 de noviembre de 2020.

b. Esa facultad del Gobernador también podrá ser ejercida para convocar e instrumentar una votación cuando medie alguna petición, propuesta, respuesta o ratificación electoral relacionada con el estatus político de Puerto Rico que sea presentada o solicitada por una o ambas cámaras legislativas del Congreso, el Presidente de Estados Unidos de América o ambos.

c. El Gobernador podrá llevar a cabo una consulta electoral con una papeleta avalada por el Departamento de Justicia Federal conforme a la P.L. 113-76.

d. Una consulta para una ratificación de la voluntad del Pueblo de Puerto Rico.

e. Una votación para resolver el estatus político futuro de Puerto Rico. (Negrillas suplidas) Artículo 2.1 de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 978. MC-2024-0035 31

Ahora bien, esta autorización al Gobernador para

dictar una Proclama de convocatoria para cada votación que

convoque por virtud de la Ley Núm. 165-2020 debe

circunscribirse a ciertos criterios de forma y

notificación muy puntuales.19 Íd., Artículo 2.2, infra.

Precisamente, el Artículo 2.2 dispone tanto de elementos

procesales como sustantivos que deberán incluirse en la

Proclama en conjunto con aquellas facultades cuasi-

legislativas delegadas al Gobernador. Al respecto, de

manera detallada se establece: el horario de la votación;

el proceso para certificar los resultados conforme a la

doctrina de Suarez Cáceres v. Com. Estatal de Elecciones,

176 DPR 31 (2009); el sistema de escrutinio a utilizarse

por la Comisión Estatal de Elecciones; el proceso para

identificar a los electores calificados; la garantía del

derecho al voto, incluyendo el voto ausente y adelantado;

los mecanismos de educación y divulgación al electorado;

19 En particular: Las votaciones convocadas por el Gobernador, en cumplimiento con los propósitos de esta Ley, podrán coincidir en fecha con eventos electorales convocados por otras leyes, e incluso con las Elecciones Generales.

El Gobernador deberá proclamar la convocatoria de esas votaciones no más tarde de los noventa (90) días previos a la fecha seleccionada para su celebración. Deberá publicar la proclama de convocatoria en por lo menos dos (2) periódicos de circulación general en Puerto Rico en los idiomas español e inglés. Además del sello de la gobernación en el encabezamiento de la proclama, se incluirá la fecha y el título “Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020”. Íd. MC-2024-0035 32

y el reconocimiento a las leyes supletorias aplicables en

todo aquello que no contradiga la Ley Núm. 165-2020

(incluyendo el Código Electoral de 2020). Véase, Artículo

2.2 de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 978a. Del mismo

modo, el contenido sustantivo de todos esos temas también

se elabora en los capítulos y artículos subsiguientes de

la Ley Núm. 165-2020. Véanse los Capítulos II en adelante

de la Ley Núm. 165-2020.

Además, el Artículo 2.2 también particulariza

aquellas prerrogativas delegadas exclusivamente al Primer

Ejecutivo “en el ejercicio de las facultades y los deberes

que esta Ley le confiere al Gobernador”. Íd. Así, sobre

la convocatoria, se reconoce que el Gobernador determinará

en su Proclama: (1) la fecha de la votación convocada,20

(2) las alternativas que se le presentarán a los electores

en la papeleta de votación y la pregunta, si alguna, que

se les planteará a los electores en la misma papeleta, y

(3) el significado de cada alternativa impresa en la

papeleta que se le presentarán a los electores. Íd., 16

LPRA sec. 978a.

Con relación a la fecha de la consulta, el propio

estatuto reconoce que la selección de la fecha de la

votación pudiese “coincidir en fecha con eventos

elecciones generales”. Artículo, 2.1 de la Ley Núm. 165-

Véase, además, el Artículo 5.1 de la Ley Núm. 165- 20

2020, 16 LPRA sec. 981. MC-2024-0035 33

2020, supra. Ello precisamente fue lo que ocurrió aquí,

pues surge tanto de la OE-2024-016 como de la Proclama en

controversia que el Gobernador seleccionó el 5 de

noviembre de 2024 como la fecha del plebiscito, misma

fecha de las elecciones generales. Véase, Proclama del

Gobernador Boletín Administrativo Núm.: P.2024-277 del 1

de julio de 2024, pág. 2.

Por otro lado, en cuanto a las alternativas que se

les presentarán a los electores y su significado,

adviértase que el Artículo 4.1 delimita el alcance de esta

facultad. Artículo 4.1 de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA

sec. 980. Asimismo, conviene recordar que, en virtud de

la doctrina de delegación de poderes, los criterios,

pautas y principios no tienen que ser expresos, pues como

vimos, podrían ser amplios y generales y si tienen un fin

o interés público, por lo general será suficiente

justificación para sostener la delegación. (Negrillas

suplidas). Domínguez Castro v. ELA, supra, pág. 93 (citas

omitidas); Rodríguez Román v. Bco. Gub. De Fom., supra,

pág. 400.

De esta forma, la Asamblea Legislativa facultó al

Gobernador, como en efecto ocurrió, a identificar y

definir las alternativas. Claramente, estas alternativas

tendrían que guiarse y ser consistentes con el propósito

e interés público primordial de la Ley Núm. 165-2020, que

es, entre otras, la celebración de toda consulta electoral

o votación cuyo propósito sea hacer valer la voluntad MC-2024-0035 34

electoral de la mayoría absoluta de los electores,

reiterada en los pasados plebiscitos de 2020, 2017 y 2012.

Dicho esto, aunque la Ley Núm. 165-2020 confiere al

Gobernador el poder cuasi-legislativo de identificar y

definir las alternativas o pregunta de estatus político

que se incluirán en la papeleta, -lo que a todas luces

implica una delegación amplia y general sobre las opciones

de la consulta-, la propia ley establece ciertos

parámetros al ejercicio de la discreción y potestad que

pueda tener el Gobernador sobre el asunto. Ciertamente,

esta discreción cedería ante la eventualidad de que fuese

el gobierno federal de los Estados Unidos el que

estableciera la pregunta que se les hará a los electores,

si alguna, y las alternativas a incluirse en la papeleta

de votación. Obsérvese que tal excepción no ocurrió en

este caso.

Sin embargo, se desprenden tanto de la OE-2024-016

como de la Proclama del Gobernador las tres (3)

alternativas identificadas para la consulta

plebiscitaria, a saber: la independencia, la soberanía en

libre asociación con los Estados Unidos o la estadidad,

así como las definiciones de cada una de estas opciones

según surgieron del texto propuesto por la Cámara de MC-2024-0035 35

Representantes de los Estados Unidos para el proyecto de

ley “Puerto Rico Status Act, H.R. 8393”.21

Ante este panorama, opino que muy difícilmente podría

sostenerse con éxito que las alternativas seleccionadas y

definidas en virtud del poder cuasi-legislativo delegado

por la Ley Núm. 165-2020 y su política pública son

arbitrarias, caprichosas, irrazonables o representan una

usurpación a la facultad de la Asamblea Legislativa de

legislar. Por el contrario, sostengo que tienen apoyo en

una base de razonabilidad y en el ámbito de discreción y

autoridad delegada estatutariamente al Primer Ejecutivo.

Similarmente, relacionado con los límites del poder

delegado, es pertinente clarificar que la Ley Núm. 165-

2020 también le reconoce un rol concomitante a la Comisión

Estatal de Elecciones. A causa de ello, y cónsono con

nuestro Código Electoral de 2020, infra, la identifica

como la agencia con la obligación primaria de planificar,

21Dicho Proyecto de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos se presentó el 15 de julio de 2022 con el propósito de “[t]o enable the people of Puerto Rico to choose a permanent, nonterritorial, fully self-governing political status for Puerto Rico and to provide for a transition to and the implementation of that permanent, nonterritorial, fully self-governing political status, and for other purposes”. H.R. 8393. Este proyecto no culminó su trámite legislativo para convertirse en ley. En lo aquí pertinente, proponía para la realización de un plebiscito en Puerto Rico el 5 de noviembre de 2023 con las siguientes alternativas: independencia, soberanía en libre asociación con los Estados Unidos y estadidad. Véase, H.R. 9393, Congress.Gov, Text - H.R.8393 - 117th Congress (2021-2022): Puerto Rico Status Act | Congress.gov | Library of Congress (última visita el 23 de agosto de 2024). MC-2024-0035 36

coordinar y realizar toda votación o proceso electoral

autorizado por virtud de dicha Ley, como lo sería el

plebiscito aquí impugnado, incluyendo el escrutinio

general y la certificación de sus resultados. Artículo 1.5

de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 977c. Véase, además,

los Artículos 5.11 y 5.12, de la Ley Núm. 165-2020, 16

LPRA sec. 981j-981k.

Por ejemplo, en el Capítulo III de la Ley Núm. 165-

2020 se especifican los trámites requeridos por la

Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.)

previo a la votación; en el Capítulo IV se detallan las

instrucciones a los electores que deben incluirse en las

papeletas de votación y la campaña de educación que deberá

llevar a cabo la C.E.E.; en el Capítulo V, entre varios

asuntos, se incluye una lista de los deberes específicos

de la C.E.E. para la votación; en el Capítulo VI se aborda

el procedimiento para certificar como representantes de

las alternativas de las papeletas, entre otras

disposiciones que limitan el alcance de la delegación de

poder. Ley Núm. 165-2020, supra.

Adviértase que ello es consistente con el Capítulo

XI del Código Electoral de Puerto Rico relacionado con el

rol de la C.E.E. ante un referéndum, consulta o plebiscito

en virtud de la ley habilitadora que lo instrumente.

Artículos 11.1-11.11 de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec.

4781-4791. Además, recuérdese que nos encontramos ante una

ley especial y, por reconocimiento expreso, el Código MC-2024-0035 37

Electoral de 2020 aplica supletoriamente en todo aquello

que no fuese campo ocupado o le contradiga. Artículo 1.6

de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPR A sec. 977d.22

Hasta este punto queda claro que, a través de la Ley

Núm. 165-2020, la Asamblea Legislativa delegó en el

Gobernador la facultad discrecional de convocar, mediante

orden ejecutiva y proclama, una votación o proceso

electoral para hacer valer la voluntad de la mayoría

absoluta de los ciudadanos de Puerto Rico, según los

resultados del Plebiscito del 3 de noviembre de 2020 como

pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Como resultado, el plebiscito convocado para el 5 de

noviembre de 2024 constituye una implementación de la

delegación de poderes cuasi-legislativos expresamente

conferidos al Gobernador por la Ley Núm. 165-2020. Por

“Todo referéndum, consulta o plebiscito que se 22

realice en Puerto Rico, se regirá por una ley habilitadora y por las disposiciones de esta Ley [Código Electoral] en todo aquello necesario o pertinente para lo cual dicha ley habilitadora no disponga de manera específica” (Negrillas suplidas). Artículo 11.1 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4781.(1). A su vez, el inciso subsiguiente clarifica el rol supletorio de los Comisionados ante la eventualidad que la ley habilitadora del plebiscito no lo disponga: “[c]uando cualquier ley o ley habilitadora no disponga de manera específica sobre el diseño y la ejecución de la campaña educativa objetiva y no partidista de la o las alternativas en un referéndum, consulta o plebiscito y la orientación sobre los aspectos electorales de la misma, serán los miembros propietarios de la Comisión quienes deberán realizar ese diseño y ejecución”. Íd., (2). Nótese que esta disposición desvanece la alegación de los demandantes peticionarios sobre la usurpación de las facultades de los Comisionados Electorales en el plebiscito, pues todos estos asuntos se atendieron en la Ley Núm. 165-2020. MC-2024-0035 38

ello, al dictar la referida orden ejecutiva, el Gobernador

se circunscribió a un poder expresamente delegado por

virtud de ley.

Por demás, el Gobernador está ejerciendo

simultáneamente su función constitucional de cumplir y

hacer cumplir las leyes y aquellos deberes que se le

señalen mediante ley. Art. IV, Secc. 4, Const. PR, LPRA,

Tomo 1. En ese escenario, y según la normativa antes

reseñada, la OE-2024-016 tiene fuerza de ley, pues su base

legal está arraigada en la autoridad y en los parámetros

conferidos estatutariamente.

En consecuencia, al considerar los escenarios

planteados en Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, supra,

la actuación del Gobernador se enmarca en el primer

escenario. Es evidente que, al dictar la OE-2024-016, el

Gobernador actuó conforme a una autorización expresa de la

Asamblea Legislativa. A tales efectos, su autoridad es

máxima, ya que incluye la suma del poder que posee por su

rol como Primer Ejecutivo más todo aquel que la Asamblea

Legislativa le delegó. De esta forma, su actuación bajo

este escenario goza de una presunción sólida que merece una

amplia libertad de interpretación judicial y, por ende, la

carga de persuadir recae pesadamente sobre aquella parte

que pretende atacarla. Véase, Youngstown Sheet & Tube Co.

v. Sawyer, supra (Op. concurrente del Juez Jackson).

Igualmente importante, la Constitución de Puerto Rico

no presenta algún impedimento ni limita la delegación de MC-2024-0035 39

poder que la Asamblea Legislativa otorgó al Gobernador para

convocar e instrumentar un plebiscito conforme a la

política pública establecida en la Ley Núm. 165-2020. Por

el contrario, la propia Constitución de Puerto Rico

establece que se dispondrá por ley todo lo concerniente al

proceso electoral, tal como ocurrió aquí. Véase, Art. VI,

Sec. 4, Const. P.R. LPRA, Tomo 1. Así, en asuntos de materia

electoral, la Asamblea Legislativa posee un amplio margen

de autoridad para legislar. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v.

Romero Barceló, 110 DPR 248, 256 (1980).

En el contexto de una controversia sobre la

separación de poderes, donde la adjudicación se centra en

el derecho al voto como herramienta para reclamar la

reparación de agravios al Gobierno federal, y con el fin

de obtener una solución acerca del estatus jurídico-

político de Puerto Rico, es pertinente recordar las

palabras del Delegado Figueroa en la Asamblea

Constituyente:

“Vamos a llevar principios a la constitución. Acordémonos que la constitución en su parte dogmática garantiza los derechos del ciudadano. Y acordémonos también que en su parte orgánica debe establecer el funcionamiento de los tres poderes del gobierno dentro del equilibrio balanceado que ha establecido como una norma brillante y admirable la nación americana.” Diario de Sesiones de la Convención Constituyen, pág. 1299.

Precisamente, el balance requerido en nuestro

ordenamiento constitucional exige reconocer que la

Asamblea Legislativa delineó una política pública que es

válidamente ejecutable por las acciones administrativas MC-2024-0035 40

de diversos componentes del Poder Ejecutivo. La separación

de poderes busca el balance adecuado para que,

primordialmente, no se vulneren los derechos de la

ciudadanía. Sin embargo, la parte demandante nos invita a

una interpretación del concepto de separación de poderes

que establecería una independencia formalista y rígida

entre poderes que, a fin de cuentas, provocaría un

obstáculo mayor a la expresión del Pueblo de Puerto Rico

a través del ejercicio democrático del derecho al voto.

Por lo tanto, contrario a lo alegado por los

demandantes peticionarios, no nos hallamos ante una

delegación de poder irrestricta ni ante una actuación

unilateral del Gobernador que viole el principio de

separación de poderes. Esta delegación al Poder Ejecutivo

no constituye, por sí sola, un menoscabo a las facultades

legislativas. La OE-2024-016 no representa una acción

arbitraria o caprichosa por parte del Gobernador, sino que

tiene base en la Ley Núm. 165-2020 y su alcance se

circunscribe al poder cuasi-legislativo delegado.

VII

Dicho todo esto, me es preciso señalar que tampoco

tiene méritos el reclamo de los demandantes peticionarios

de que tanto la Ley Núm. 165-2020 como la OE-2024-016

violan el derecho a la libertad de expresión en su

modalidad de reglamentación de contenido y que, por ello,

se infringe la cláusula constitucional de igual protección MC-2024-0035 41

de las leyes.23 Para resolver esto, conviene reseñar la

normativa y estándar aplicable ante un reclamo de

violación constitucional por control gubernamental en el

contenido de la expresión.

La Sección Cuarta de la Carta de Derechos de la

Constitución de Puerto Rico consagra el derecho

fundamental de los ciudadanos a la libertad de expresión

como uno de los valores de más alta jerarquía

constitucional, al disponer que “[n]o se aprobará ley

alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o

el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a

pedir al gobierno la reparación de agravios”. Art. II,

Sec. 4, Const. P.R. LPRA, Tomo 1. ELA v. Northwestern

Selecta, 185 DPR 40 (2012); Vigoreaux Lorenzana v.

En lo que atañe a la alegación que el Artículo 5.10 23

(a) de la Ley Núm. 165-2020 es ambiguo por establecer que resultará ganadora la alternativa que obtenga el 100% de los votos válidos, es evidente que se trató de una inadvertencia en su redacción. Acoger lo sugerido por los demandantes peticionarios daría al traste con el sistema electoral democrático representativo donde siempre resulta ganador el candidato o asunto que obtenga la mayor cantidad de votos válidos de los electores. Véase, además, el Artículo 20 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 5342. (“Para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son ambiguas, se considerará su razón y su espíritu, mediante la atención a los objetivos del legislador, a la causa o el motivo para dictarla”. Íd.) Véase, además, Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31 (2009). MC-2024-0035 42

Quizno’s, 173 DPR 254 (2008); Muñiz v. Admor. Deporte

Hípico, 156 DPR 18 (2002).24

El derecho a la libertad de expresión abarca el

ámbito general de la libertad de conciencia, de

pensamiento, de expresión y las actividades propias para

ejercitar a plenitud dentro de la más dilatada libertad

la totalidad de esos derechos. Oficina del Comisionado de

Seguros de P.R. v. Point Guard Ins. Co. Inc., 205 DPR

1005, 1018 (2020); U.P.R. v. Laborde Torres, 180 DPR 253,

286 (2010); Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, supra, pág.

23 (citando a 4 Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente 2564 (1951)).

Este derecho fue concebido no solamente como una

garantía de la expresión política, sino también para

facilitar el desarrollo pleno del individuo y estimular

el libre intercambio y la diversidad de ideas, elementos

vitales del proceso democrático. Izquierdo II v. Cruz,

2024 TSPR 20 (2024); U.P.R. v. Laborde Torres, supra, pág.

286; Velázquez Pagán v. A.M.A., 131 DPR 568, 576 (1992).

En vista de ello, esta garantía constitucional es raíz

indiscutible de nuestro sistema democrático de gobierno

y, en consecuencia, los tribunales estamos llamados a su

24 Esta protección se extiende tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Véase, Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, 156 DPR 754 (2002); Colegio de Abogados v. Schneider, 112 DPR 540 (1982) citando a First National Bank of Boston v. Belloti, 435 US 765 (1978). Véase, además, Citizens United v. Federal Election Com’n, 558 US 310 (2010). MC-2024-0035 43

más cautelosa protección. U.P.R. v. Laborde, supra, págs.

286-87; Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s, supra, pág. 260.

En lo aquí material, esta garantía constitucional a

la libertad de expresión no constituye un derecho

absoluto, pues puede subordinarse a otros intereses cuando

la necesidad y conveniencia pública lo requieran. Oficina

del Comisionado de Seguros de P.R. v. Point Guard Ins. Co.

Inc., supra, pág. 1019; U.P.R. v. Laborde, supra; Asoc.

de Maestros v. Srio. de Educación, supra, pág. 768; Mari

Brás v. Casañas, 96 DPR 15, 20-21 (1968). En consecuencia,

es norma reiterada que este derecho está sujeto a la

imposición de limitaciones, siempre y cuando las mismas

sean interpretadas restrictivamente, de manera que no

abarquen más de lo necesario. Oficina del Comisionado de

Seguros de P.R. v. Point Guard Ins. Co. Inc., supra, pág.

1019; U.P.R. v. Laborde Torres, supra; Muñiz v. Admor.

Deporte Hípico, supra, pág. 24; Velázquez Pagán v. A.M.A.,

131 DPR 568, 577 (1992).

La precitada Sección Cuarta de nuestra Carta de

Derechos tiene su origen en la Primera Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos. Emda. I, Const. EE.UU.,

LPRA, Tomo 1. Véase, U.P.R. v. Laborde Torres, supra,

(citando a J. Trías Monge, Historia Constitucional de

Puerto Rico, San Juan, Ed. U.P.R., 1982, T. 3, pág. 181).25

25Véanse, Balzac v. People of Porto Rico, 258 US 298, 314 (1922). Véanse, además: Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 147 (2011); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, pág. 288; Izquierdo II v. Cruz, supra. MC-2024-0035 44

Por esa razón, en nuestro ordenamiento jurídico hemos

adoptado el análisis utilizado por el Tribunal Supremo de

los Estados Unidos al momento de resolver controversias

que involucren el derecho a la libertad de expresión,

entiéndase, la distinción entre la reglamentación

gubernamental del contenido de la expresión vis a vis la

reglamentación gubernamental del tiempo, lugar y manera

de la expresión. Íd. en la pág. 288; Muñiz v. Admor.

Deporte Hípico, supra, (citando a R. Serrano Geyls,

Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico,

San Juan. Ed. C. Abo. P.R., 1988, Vol. II, pág. 1278);

Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, supra, pág. 769.

En lo que aquí nos concierne, las reglamentaciones

de contenido son especialmente desfavorecidas y suelen

someterse a un escrutinio estricto, el cual requiere que

exista un propósito gubernamental apremiante y que la

medida sea necesaria para alcanzarlo. J. J. Álvarez

relaciones constitucionales con los Estados Unidos,

Bogotá, Ed. Temis, Tomo 1, 2009, pág. 972. Sin embargo,

“algunas reglamentaciones de contenido se permiten cuando

conciernen a ciertos tipos de contenido que no se

consideran protegidos por la libertad de expresión o cuya

protección es de menor grado”. Íd.

Ante una controversia donde se alegue una

intervención gubernamental con el contenido de cierta

expresión, el tribunal tendrá que determinar si la MC-2024-0035 45

reglamentación impugnada es neutral o no en cuanto al

contenido de la expresión que se pretende prohibir o

restringir, indistintamente del foro donde se haya

realizado la expresión. Asoc. de Maestros v. Srio. de

Educación, supra, pág. 769; Muñiz v. Admor. Deporte

Hípico, supra, pág. 25. En cuanto esto último, se

entenderá que una medida procura limitar el contenido de

una expresión cuando la prohibición va dirigida

precisamente a las ideas o a la información que se quiere

diseminar, por el mensaje o punto de vista específico de

la expresión, o por el efecto que esa información o idea

pueda tener. Íd. Ante ello, como norma general, una

reglamentación limita el contenido de una expresión cuando

favorece cierta expresión sobre otra, por las ideas o los

puntos de vista que se transmiten. Asoc. De Maestros v.

Srio. De Educación, supra, pág. 769 citando a Turner

Broadcasting System Inc. v. FCC, 512 U.S. 622 (1994).

Asimismo, se entiende que el propósito es restringir el

contenido de la expresión si la reglamentación no puede

justificarse sin hacer referencia a este. Íd., citando a

Bartnicki v. Vopper, 532 U.S. 514 (2001).

En lo pertinente, los Artículos 6.1 y 6.2 de la Ley

Núm. 165-2020 establecen los requisitos para certificarse

como representante de una de las alternativas que se

presentarán a la consideración de los electores en el

plebiscito. De entrada, se indica que no se certificará a MC-2024-0035 46

organización alguna que incumpla con los requisitos allí

dispuestos, con los de la C.E.E. o los de la Ley Núm. 222-

2011, conocida como Ley para la Fiscalización del

Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, (Ley

Núm. 222-2011) 16 LPRA secs. 621 et seq. Artículo 6.1(a)

de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 982ª.

Por ello, previo a la certificación, el partido

político, la agrupación de ciudadanos o el comité de

acción deberán demostrar que están registrados según lo

requerido por la Ley Núm. 222-2011, independientemente de

que su participación sea individual, en alianza o

coalición. Artículo 6.2(a) de la Ley Núm. 165-2020, 16

LPRA sec. 982ª. El siguiente inciso añade, entre varios

asuntos, que al presentar su solicitud también deberán

informar a la C.E.E. si su certificación tiene el

propósito de solo favorecer u oponerse a alguna de las

alternativas impresas en las papeletas de votación,

promover la abstención electoral, alguna modalidad de

expresión electoral u otra alternativa. (Negrillas

suplidas). Íd., (b). En lo aquí material, el Artículo

6.1(f) dispone que:

Todo partido político, por petición, agrupación de ciudadanos, comité de acción política y persona natural o jurídica que sea certificado como representante de alguna de las alternativas impresas en la papeleta de votación, y que reciba o utilice donaciones, incurra en recaudaciones y/o gastos de campaña en medios publicitarios o cualquier tipo de actividad proselitista para favorecer u oponerse a alguna de las alternativas; incluyendo promover la abstención electoral o alguna modalidad de expresión electoral u otra alternativa de estatus MC-2024-0035 47

político, deberá cumplir con los requisitos de registro y certificación en la Oficina del Contralor Electoral como requisito previo a sus actividades proselitistas o su certificación en la Comisión. Artículo 6.1(f) de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 982ª

En lo que concierne a la penalidad por

incumplimiento, tanto el Artículo 6.1(h) como el 6.2(d)

reconocen que toda persona natural o jurídica que,

fraudulentamente, obrare en contravención a cualesquiera

de las disposiciones de esta sección o que, teniendo una

obligación impuesta por éste, voluntariamente dejare de

cumplirla, o se negare a ello, será culpable de delito

electoral y, convicta, será sancionada con pena de

reclusión que no excederá de dos (2) años o multa que no

excederá de diez mil dólares ($10,000) por cada

infracción, o ambas penas a discreción del tribunal. Íd.

Los demandantes sostienen que el precitado Artículo

6.1(f) no deja claro si el requisito de certificación es

aplicable a personas o entidades que no han solicitado

representar una de las alternativas de la papeleta o si

incurren en gastos con fondos propios no solicitados

mediante recaudos. Sostienen que el Artículo provoca

ambigüedad ya que, si una persona, grupo o partido realiza

actividades en el ejercicio de su libertad de palabra en

relación con la votación, lo haría sin tener claro si

incurrirá o no en la conducta punible penalmente, lo que

sería contrario a su derecho a la libertad de palabra y

al voto. Argumentan que la ley discrimina por razón del

contenido de la expresión al requerir que la persona o MC-2024-0035 48

entidad a certificarse “tiene que certificar que no va a

promover abstención electoral. Si no lo hace, no puede

obtener su certificación”.26 Además, sostienen que

discrimina entre las personas que interesan promover las

alternativas y aquellas que no están de acuerdo con alguna

o que desean ejercer su derecho al voto para hacer constar

su oposición, lo que constituye una violación a la igual

protección de las leyes. No les asiste la razón.

Ante el planteamiento de los demandantes

peticionarios, debemos responder si el Artículo 6.1(f)-

(h) y el Artículo 6.2(d) contienen disposiciones

estrictamente necesarias para adelantar un interés

gubernamental apremiante. Ciertamente, el interés

apremiante del Estado es proteger la pureza e integridad

de los procesos electorales y su adecuada fiscalización,

todo esto de conformidad con la propia Ley Núm. 222-2011.

En esencia, dicho cuerpo estatutario establece el marco

regulatorio para el financiamiento de las campañas

políticas, incluyendo aquellos provenientes del Fondo

Especial para el Financiamiento de Campañas y el Manejo

de las Donaciones y Aportaciones.

Esta ley procura que nuestro sistema electoral se

fundamente en guías y procedimientos que estimulen el

ejercicio del derecho al voto y donde cada elector tenga

la seguridad de que existen unas reglas uniformes que

Véase, Alegato de la parte demandante 26

peticionaria, pág. 26. MC-2024-0035 49

serán implementadas de manera equitativa a todos los

participantes de cada evento. Exposición de motivos, Ley

Núm. 222-2011. Esto es particularmente importante cuando

el sistema electoral conlleva el financiamiento de

campañas políticas y el manejo de donativos y gastos de

campaña. En lo aquí material, se dispone que:

Los donativos y gastos con fines electorales componen una parte esencial del complejo aparato electoral. Estos conceptos operan en una zona constitucionalmente sensitiva de principios y derechos fundamentales de expresión y de asociación. Coinciden con esos derechos el interés gubernamental de carácter apremiante, de proteger la integridad del proceso electoral. A través de los años, este balance ha sido objeto de evaluación legislativa, lo que ha resultado en medidas diseñadas para mantener un sistema electoral íntegro y responsivo a las necesidades institucionales del Pueblo, de forma consistente con los imperativos constitucionales que le guían y sirven de referencia.

La ciudadanía tiene un interés particular en conocer quién contribuye a las campañas electorales, y el Estado tiene un interés apremiante en asegurarse que dicha libertad de expresión sea debidamente reconocida, respetada, canalizada y protegida. De esta manera, se alerta y previene contra la corrupción e ilegalidades que en algunos momentos han flagelado al sistema electoral, promoviendo decisiones informadas para el beneficio de presentes y futuras generaciones. Esta legislación le brindará al sistema electoral de Puerto Rico la transparencia que requiere. Es menester que el sistema electoral de Puerto Rico tenga las guías y requisitos necesarios para asegurar que el pueblo conozca quién financia las expresiones que intentan influenciarlo mediante actividades y anuncios de campaña. (Negrillas suplidas). Exposición de motivos, Ley Núm. 222-2011. MC-2024-0035 50

Para lograr este propósito, y cumplir con la política

pública de transparencia y fiscalización de las campañas

políticas, la Ley Núm. 222-2011 creó la Oficina del

Contralor Electoral como la entidad a cargo de velar por

su cumplimiento.27 Para ello, esta ley le es aplicable a

toda persona, natural o jurídica, que recaude, gaste,

contribuya o de alguna forma reciba recaudos o donativos

o participe en el financiamiento de una campaña

eleccionaria relacionada con puestos electivos, fórmulas

de estatus, o alternativas para la evaluación y selección

de los electores en un referéndum, plebiscito o consultas

que se establezcan a través de legislación a tales fines.

(Negrillas suplidas). Artículo 2.002 de la Ley Núm. 222-

2011, 16 LPRA sec. 621 nota.

Así, por ejemplo, el mencionado estatuto exige a los

distintos comités (de campaña, de acción política,

autorizado o de partido político) presentar una

declaración de organización ante la Oficina del Contralor

Electoral (Registro de Comités) y radicar informes

trimestrales donde detallen la contabilidad de todo

donativo o contribución recibida y de todo gasto

incurrido, incluyendo aquellos con cargo al Fondo Especial

para el Financiamiento de Campañas Electorales (entre

27 El estatuto impone ciertas penas por el incumplimiento con sus disposiciones, las cuales incluyen multas o pena de reclusión bajo ciertos delitos electorales allí reconocidos. Véase, Capítulo XIII de la Ley Núm. 222-2011. MC-2024-0035 51

estos informes se incluyen los de ingresos y gastos,

donativos tardíos, usos de medios de difusión, divulgación

de comunicaciones electorales,28 recaudos, entre otros).

Véase el Capítulo VII de la Ley Núm. 222-2011; Artículo

7.000, 16 LPRA sec. 627.

Retomando el texto del Artículo 6.1 (f) de la Ley

Núm. 165-2020, adviértase que lo único que requiere es que

todo partido político, persona (natural o jurídica) o

comité de acción política que fuese certificado como

representante de una de las alternativas y reciba o

utilice donaciones, o lleve a cabo recaudaciones y/o

gastos de campaña en medios publicitarios o cualquier

actividad proselitista (sea para favorecer u oponerse a

alguna de las alternativas, incluyendo la abstención

electoral o alguna modalidad de alternativa de estatus

político), deberá cumplir con el requisito de registro en

la Oficina del Contralor Electoral, previo a incurrir en

dichas actividades proselitistas. En otras palabras, tanto

los favorecedores como los detractores de las alternativas

de consulta que incurran en gastos de campaña deberán

28 Véase, Artículo 2.004(20) de la Ley Núm. 222-2011, 16 LPRA sec. 621. (Comunicación electoral o con fines electorales: “toda comunicación que: (a) se refiere a un partido político, ideología política, aspirante o candidato, y (b) aboga expresamente por la elección o derrota de dicho partido político, ideología política, aspirante o candidato, lo que ocurre cuando contiene palabras, tales como, pero sin que se entienda que excluye otras expresiones con idéntico resultado: vota por, vota en contra de, apoya a, rechaza o repudia a, trabaja por la elección de, trabaja por la derrota de, elige a, derrota a, ayúdanos a elegir a, ayúdanos a derrotar o a sacar, entre otras”.[…].) Íd. MC-2024-0035 52

registrarse en la Oficina del Contralor Electoral. Tal

cuestión es la norma en todos los eventos electorales de

nuestra historia moderna.

Nótese que contrario a lo alegado, el texto de esta

disposición no le niega a persona o entidad alguna el

derecho a la libertad de expresión por tener que confirmar

que no promoverá la abstención electoral como requisito

para ser certificada por la C.E.E. como representante de

una de las alternativas. Su único alcance se circunscribe

a procurar que se cumpla con la Ley Núm. 222-2011 y la

política pública de transparencia y fiscalización de los

donativos políticos, el financiamiento y los gastos de

campaña, aunque se trate de un plebiscito.29 Esta

disposición no está favoreciendo una expresión sobre otra.

Por lo tanto, su aplicabilidad es neutral y responde

estrictamente a la necesidad de proteger un interés

público apremiante. Por ello, no constituye una

reglamentación discriminatoria en el contenido de su

expresión. Véase, Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación,

29Véase, Berríos Martínez v. Gobernador II, 137 DPR 185 (1994) (donde se validó la imposición de restricción a contribuciones en el contexto de un referéndum sobre enmienda constitucional). (“En resumen, en la jurisprudencia federal se ha reconocido la validez de los estatutos dirigidos a preservar la integridad del proceso electoral y la confianza del ciudadano en su Gobierno, mediante mecanismos que eviten tanto la realidad como la apariencia de corrupción, así como las influencias indebidas. First National Bank of Boston v. Bellotti, 435 U.S. 765, 788789 (1978); Buckley v. Valeo, 424 us 1, 48(1976)”). Íd., pág. 235. MC-2024-0035 53

supra, pág. 770; Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, supra,

pág. 26.

A su vez, los peticionarios parecen pasar por alto

que en el Capítulo 7, que trata de las recaudaciones y

gastos de campaña, el Artículo 7.1 de la Ley Núm. 165-

2020 vuelve a clarificar el requisito de cumplir con la

presentación de los informes ante la Oficina del Contralor

cuando se soliciten, reciban o utilicen donaciones, se

incurran en recaudaciones y/o gastos de campaña en medios

publicitarios o en cualquier tipo de actividad

proselitista para favorecer u oponerse a alguna de las

alternativas en la papeleta. En específico, que:

Cada partido político, por petición, agrupación de ciudadanos, comité de acción política y persona natural o jurídica que participe en actividades proselitistas durante la campaña de alguna de las votaciones autorizadas por este capítulo, deberá sufragar sus gastos de campaña con sus propios recursos económicos. No obstante, si éstos solicitan, reciben o utilizan donaciones, incurren en recaudaciones y/o gastos de campaña en medios publicitarios o en cualquier tipo de actividad proselitista para favorecer u oponerse a alguna de las alternativas en la papeleta; incluyendo promover la abstención electoral o alguna modalidad de expresión electoral u otra alternativa, tendrán que cumplir con la presentación de los informes financieros que le requiera la Oficina del Contralor Electoral por virtud de este capítulo y de las secs. 621 et seq. de este título, conocidas como ‘Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico.[…] (Negrillas suplidas). Artículo 7.1 de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 983.

En fin, es evidente que el propósito ulterior de las

disposiciones aquí impugnadas es prevenir la corrupción y

las ilegalidades en el sistema electoral y a su vez MC-2024-0035 54

promover las decisiones electorales informadas. Véase,

Exposición de Motivos, Ley Núm. 222-2011. Así las cosas,

se trata de un balance entre el interés en la fiscalización

y la prevención de la corrupción mediante restricciones

razonables y adecuadas, sin que estas representen una

limitación a los derechos constitucionales de libertad de

expresión y derecho al voto.

Precisamente, tanto la Constitución de los Estados

Unidos de América como la Constitución de Puerto Rico

consagran como garantía fundamental el derecho al voto.

Rodríguez Ramos v. Comisión Estatal de Elecciones, 205 DPR

16, 54 (2021) (Op. de conformidad el Juez Asociado señor

Estrella Martínez). Como muestra del arraigo de estos

preceptos, la Constitución de Puerto Rico impuso una

restricción a la intervención de este derecho al

establecer que las leyes aprobadas por la Asamblea

Legislativa siempre “garantizarán la expresión de la

voluntad del [P]ueblo mediante el sufragio universal,

igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra

toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa

electoral”. Art. II, Sec. 2, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

En ese sentido, la Constitución facultó a la Asamblea

Legislativa a regular todo lo concerniente a nuestro

ordenamiento electoral, teniendo en cuenta la ineludible

dimensión constitucional de la cual goza el derecho al

voto. Art. VI, Sec. 4, Const. PR, supra; Pierluisi et al.

v. C.E.E. et al., supra, pág. 855 (citando a McClintock MC-2024-0035 55

v. Rivera Schatz, 171 DPR 584, 597 (2007)). En atención a

esto, el Código Electoral de 2020 reconoce a los Electores

ciertos derechos y prerrogativas individuales, a saber:

(2) La supremacía de los derechos electorales individuales del ciudadano sobre los derechos y las prerrogativas de todos los Partidos, Candidatos Independientes y agrupaciones políticas; (3) La administración de los organismos electorales de Puerto Rico dentro de un marco de estricta imparcialidad, uniformidad, pureza, transparencia y justicia. […] (9) El derecho del Elector a participar y votar hasta resolver de manera final y concluyente el estatus jurídico-político de Puerto Rico. (Negrillas suplidas). Artículo 5.1 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec 4561.

Ante este panorama, queda claro que mediante la Ley

Núm. 165-2020 no hubo una indebida delegación de poder al

Poder Ejecutivo, por lo que no se incurrió en una violación

al principio constitucional de separación de poderes. Esta

delegación tiene un fin e interés público bien delimitado,

fundamentado en cumplir la política pública reiterada por

la mayoría de los electores en las pasadas consultas de

estatus. Como señalamos, ese interés público es suficiente

para sostener la delegación. Además, la delegación de

poder que realizó la Asamblea Legislativa es

constitucionalmente válida al proveer unas guías adecuadas

que orientaron la utilización de ese poder.

Ciertamente, el mecanismo de una consulta a través

de un plebiscito es uno de los pasos permitidos por el

ordenamiento jurídico de los Estados Unidos para que un

territorio reclame salir de las garras de la cláusula MC-2024-0035 56

territorial y solicite al Congreso ser admitido como

Estado. Por otra parte, los que se opongan a ello tendrán

la opción de votar por otras fórmulas descolonizadoras.

En su vertiente más participativa, esa determinación debe

recaer en el voto directo del Pueblo para atender su

estatus político.

En ese sentido, no podemos adscribirles a los pasados

eventos electorales de estatus una especie de cosa juzgada

que impida que el Pueblo nuevamente ejerza su libertad de

expresión. Realmente, hasta que la descolonización de

Puerto Rico no sea una realidad, el asunto de su estatus

político será juzgado por el Pueblo de Puerto Rico, y el

foro más democrático, pacífico y adecuado para ello son

las urnas electorales. El reclamo repetitivo de un Pueblo

no se considera cosa juzgada hasta que se vea el fruto de

la justicia descolonizadora. Por ello, sostengo que,

contrario a la posición de los demandantes-peticionarios,

ni la Ley Núm. 165-2020 ni la OE-2024-016 inciden sobre

sus derechos individuales, por lo que procede en Derecho

declarar no ha lugar la demanda.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lcdo. Juan Dalmau Ramírez, como Secretario General y en representación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y sus miembros individuales; Hon. María De Lourdes Santiago Negrón, Senadora y Portavoz del PIP en el Senado; Hon. Denis Márquez Lebrón, Representante y Portavoz del PIP, Cámara de Representantes; Roberto Iván Aponte Berríos, Comisionado Electoral del PIP

v. MC-2024-0035 Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, Gobernador de Puerto Rico; Comisión Estatal de Elecciones (CEE); Hon. Jessika D. Padilla Rivera, Presidenta Interina de la CEE; Lcdo. Aníbal Vega Borges, Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP); Lcda. Karla Angleró González, Comisionada Electoral del Partido Popular Democrático (PPD); Lillian Aponte Dones, Comisionada Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Lcdo. Juan Manuel Frontera Suau, Comisionado Electoral del Proyecto Dignidad (PD); Hon. Nelson Pérez Méndez, Secretario del Departamento de Hacienda; Lcdo. Juan Carlos Blanco Urrutia, Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión disidente. En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2024.

Todo puertorriqueño y toda puertorriqueña ostenta el

derecho fundamental a la autodeterminación. No obstante, como

garantes de los derechos fundamentales de las personas MC-2024-0035 2

ciudadanas e intérpretes últimos de nuestra Constitución, es

nuestra responsabilidad auscultar si los mecanismos diseñados

para la consecución de ese derecho cumplen con los lineamentos

constitucionales que rigen nuestro ordenamiento.

Hoy, una mayoría de esta Curia soslaya los principios

democráticos que sostienen nuestro sistema republicano en

cuanto al poder para promulgar las leyes que realizó la

Asamblea Legislativa a través de la Ley 165-2020, infra, al

Primer Mandatario del país. En ese proceder, la Legislatura

se amparó en el alegado interés público de hacer valer los

resultados del plebiscito celebrado el pasado 3 de noviembre

de 2020.

Un análisis desapasionado, sereno y objetivo del derecho

aplicable nos forzaba a declarar el referido estatuto

inconstitucional por infringir indebidamente el principio de

separación de poderes y la doctrina de la delegación. Por

tanto, debido a que el curso mayoritario avala las actuaciones

patentemente inconstitucionales de las ramas de gobierno

hermanas, disiento.

Debido a que no existe controversia sobre los hechos

medulares que dieron pie a la demanda de epígrafe y estos

están reseñados satisfactoriamente en la Opinión mayoritaria,

me refiero directamente al derecho aplicable.

“El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico MC-2024-0035 3

tendrá forma republicana y sus Poderes Legislativo, Ejecutivo

y Judicial, según se establecen por esta Constitución,

estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de

Puerto Rico”. Art. I, Sec. 2, Const. ELA [Const. PR] LPRA,

Tomo 1.

En Puerto Rico, la separación de poderes está consagrada

expresamente en el Artículo I, Sección 2 de nuestra Carta

Magna. Su propósito yace en que las tres ramas de gobierno

comprendan y respeten sus poderes, entiendan la interrelación

de sus funciones, y así garanticen la independencia de cada

una. Dalmau Santiago v. Oronoz Rodríguez, 208 DPR 115, 135

(2021). De esta manera, lo que se forma es un sistema de

pesos y contrapesos que impide la acumulación excesiva e

impropia en un solo ente y en detrimento de los demás. Íd.;

Díaz Carrasquillo v. García Padilla, 191 DPR 97, 110 (2014);

Colón Cortés v. Pesquera, 150 DPR 724, 752 (2000).

En la jurisdicción federal, aun cuando la doctrina de

separación de poderes no está incorporada explícitamente en

la Constitución de los Estados Unidos de América, esta se ha

reconocido jurisprudencialmente por ser fundamental para el

buen funcionamiento de un organismo democrático. Colón Cortés

v. Pesquera, supra, pág. 750. Así, el Máximo Foro federal ha

reiterado que esta “regla técnica de derecho” “protege la

libertad del ciudadano frente a una peligrosa acumulación de

poder en una rama de gobierno”. Íd., págs. 751-752.

B. Delegación de poderes

“Está bien establecido en los sistemas federal y MC-2024-0035 4

puertorriqueño que el poder legislativo puede delegar

funciones legislativas al ejecutivo, siempre que la

legislación en que lo haga contenga parámetros que limiten

el ejercicio de discreción del ejecutivo”. J.J. Álvarez

González, Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones

constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis

S. A., 2009, pág. 245. Véase, además: D. Fernández Quiñones,

Derecho administrativo y Ley de procedimiento administrativo

uniforme, 3ª ed., Bogotá, Forum, 2013, cap. 2, sec. 2.

En la esfera federal, la doctrina de la no-delegación

supone una traba para que se deleguen aquellos poderes

investidos exclusivamente en el Poder Legislativo según

surgen del Artículo I, Sección 1 de la Constitución de la

Unión Americana. Es decir, como norma general, queda

prohibido que la Asamblea Legislativa le transfiera sus

poderes a otras ramas del gobierno. Gundy v. United States,

139 S. Ct. 2116, 2123 (2019); Wayman v. Southard, 23 US 1,

42 (1825). No obstante, “en reconocimiento de las

complicaciones que surgen de una sociedad moderna y la

naturaleza técnica de muchos de estos problemas, el Congreso

está autorizado a delegar poder al amparo de directrices

amplias”. J.M. Farinacci Fernós, Divergencias entre la

Doctrina Federal y Puertorriqueña en el Derecho

Administrativo, 92 REV. JUR. UPR 187, 201 (2023). Véanse

también: Gundy v. United States, supra, pág. 2123; Mistretta

v. United States, 488 US 361, 372 (1989). MC-2024-0035 5

En materia de la delegación legislativa, el Prof.

Demetrio Fernández Quiñones nos indica que la tendencia

prevaleciente en Estados Unidos es imprimirle validez a

delegaciones amplias y vagas. D. Fernández Quiñones,

op. cit., pág. 44. En Yakus v. United States, 321 US 414

(1944), el Tribunal Supremo federal reiteró la validez de la

delegación del poder legislativo, cuando esta fuese

sustentada por “estándares ‘suficientemente definidos y

precisos para permitirle al Congreso, las cortes, y al público

comprender’ si la guía establecida por la Asamblea

legislativa había sido acatada”. (Traducción nuestra). Gundy

v. United States, supra, pág. 2136.1 Así pues, al examinar un

estatuto bajo el crisol de la doctrina de la no-delegación,

los tribunales no deben limitarse a si existe una norma

inteligible, sino que deben analizar la totalidad del sistema

de controles diseñados por la Asamblea Legislativa, tanto

procesales como sustantivos, para el ejercicio de las

facultades delegadas. D. Fernández Quiñones, op. cit.,

pág. 44. Véase Kent v. Dulles, 375 US 116 (1958).2

1 Véase además las decisiones emitidas por la Corte Suprema federal en Buttfield v. Stranaham, 192 US 470 (1904) y en J. W. Hampton Jr., & Co. V. United States, 276 US 394 (1928), donde se incorpora a la jurisprudencia el concepto del “principio inteligible”. D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de procedimiento administrativo uniforme, 3ª ed., Bogotá, Forum, 2013, págs. 38-39. 2 “[E]xiste un aclara postura en la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal en torno a la cuestión de si el estatuto contiene o no una norma. La ausencia de esa norma que pueda precisarse de la faz del estatuto plantea de suyo graves y serios problemas de delegación. La acción administrativa, independientemente de lo razonable que pueda ser o no, de las medidas procesales que invoque para poner en vigor el estatuto, no tendrá el efecto de subsanar la falla cometida en el ámbito de la doctrina del poder de delegación”. D. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 45. Véanse Panama Refining Company v. Ryan, 293 US 388 (1935); Yakus v. United States, 321 US 414 (1944); Cf. Zemel v. Rusk, 381 US 1 (1965). MC-2024-0035 6

Por otro lado, la doctrina que hemos desarrollado en el

derecho puertorriqueño es consistente con su vertiente

análoga federal. Desde la década de los cuarenta, este

Tribunal reconoció la complejidad de ciertos asuntos que

requerían una reglamentación particularizada y que se podría

beneficiar del conocimiento especializado de las agencias

administrativas. Luce & Co. v. J.S.M., 62 DPR 452, 466 (1944).

En esa coyuntura, hemos reconocido la importancia de que la

Asamblea Legislativa pudiera delegar en una agencia del Poder

Ejecutivo, mediante reglas amplias y generales, la facultad

de reglamentar.

Hemos reconocido, además, ciertos criterios a examinar

para identificar si la Asamblea Legislativa ha delegado

válidamente parte de sus poderes a la Rama Ejecutiva. Entre

estos, que estemos ante un poder delegable; que la legislación

que provee para la delegación contenga suficientes principios

inteligibles para guiar el ejercicio del poder delegado; que

el ente que recibe la delegación actúe dentro de los linderos

establecidos en el estatuto y, que el ejercicio del poder

delegado no sea arbitrario o caprichoso. J. M. Farinacci

Fernós, Las órdenes ejecutivas, el poder legislativo y las

emergencias, 3 Amicus, Rev. Pol. Púb. y Leg. UIPR 190, 192

(2020).

Al igual que en Estados Unidos, en Puerto Rico,

La creciente complejidad de la vida moderna y la multiplicación de los eventos y servicios que se fiscalizan [hacen] necesaria la delegación de poderes por la Asamblea Legislativa a un organismo especializado que pudiese encararlo en todos sus frentes. Esta delegación de autoridad bajo criterios amplios no se cuestiona hoy día. Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 285 (1992). MC-2024-0035 7

Sin embargo, cabe destacar que la gran mayoría de la

jurisprudencia sobre la materia se ha circunscrito a la

delegación del poder “cuasilegislativo” a una agencia

administrativa. Véanse: Asoc. Farmacias Com. V. Depto. de

Salud, 156 DPR 105 (2002); Gallardo v. Clavell, supra; López

Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 DPR 219 (1987); Consejo

de Educación Superior v. U.I.A., 120 DPR 241 (1987); M. &

B.S., Inc v. Depto. de Agricultura, 118 DPR 319, 326 (1987);

López Salas v. Junta de Planificación, 80 DPR 646 (1958);

Hilton Hotels International Inc. v. Junta de Salario Mínimo,

74 DPR 670 (1953); Luce & Co. v. J.S.M., supra.

En lo pertinente a la controversia de autos, es a través

de las órdenes ejecutivas que el Primer Funcionario del país

puede ejercer los poderes que la Asamblea Legislativa le ha

delegado debidamente.3 J. M. Farinacci Fernós, Las órdenes

ejecutivas, el poder legislativo y las emergencias, supra

pág. 193. Así pues, al promulgar un mandato al palio de este

mecanismo, la orden ejecutiva debe hacer referencia al

estatuto que autoriza su ejercicio. Íd. Por tanto, “una orden

ejecutiva sólo tiene fuerza de ley cuando descansa en una

autoridad conferida por la Constitución o las leyes”.

(Negrillas suplidas). Íd. (citando a W. Vázquez Irizarry, Los

poderes del Gobernador de Puerto Rico y el uso de órdenes

ejecutivas, 76 REV. JUR. UPR 951, 1029 (2007)).

3 La orden ejecutiva es utilizada para ejercer los poderes inherentes al cargo, aquellos que emanan de la Constitución o de alguna ley en particular. W. Vázquez Irizarry, Los poderes del Gobernador de Puerto Rico y el uso de órdenes ejecutivas, 76 REV. JUR. UPR 951, 1052 (2007). MC-2024-0035 8

Nótese, sin embargo, que “la Asamblea Legislativa

históricamente ha delegado debidamente en

el Poder Ejecutivo poderes de naturaleza cuasilegislativa

para la atención de ciertas emergencias, las cuales, dicho

sea de paso, suelen ser atendidas mediante órdenes

ejecutivas”. Amadeo Ocasio v. Pierluisi Urrutia, 211 DPR 278,

329 (2023) (Sentencia) (Opinión de conformidad del Juez

Asociado Estrella Martínez).

C. El poder de determinar y aprobar el presupuesto

El proceso para determinar el presupuesto público está

enmarcado de manera general en el Artículo I en sus Secciones

4, 6, 7 y 8 de nuestra Constitución. Véase, Presidente de la

Cámara v. Gobernador, 167 DPR 149, 177-178 (2006) (Opinión

disidente de la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez). El

conjunto de estas disposiciones constituye “un plan mínimo

para mantener la estabilidad económica del gobierno”. Íd.,

pág. 178 (citando a 4 Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente de Puerto Rico 2587 (1961) (Diario

de Sesiones)). Lo anterior requiere el ejercicio conjunto,

pero flexible, entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Íd., pág. 179.

Según surge del informe preparado por la Comisión de la

Rama Legislativa de la Asamblea Constituyente, el proceso

presupuestario puede describirse de la forma siguiente:

En primer lugar[,] el Gobernador debe presentar a la Asamblea Legislativa un mensaje sobre el estado del gobierno y además un informe detallado sobre los propuestos ingresos y desembolsos para el próximo año. Las asignaciones que haga la Asamblea Legislativa no podrán exceder el cálculo de los recursos totales, a menos que se impongan contribuciones suficientes para cubrir el exceso. Si a pesar de esta MC-2024-0035 9

precaución los recursos disponibles no son suficientes para cubrir las asignaciones se debe establecer un orden de prioridades comenzando con el pago de intereses y amortización de la deuda pública. Esta prioridad constitucional se adopta con el propósito de asegurar garantías para mantener el crédito público, tan necesario para el mejoramiento económico del pueblo. Finalmente, habrá una reasignación automática de fondos en el caso de que en un año determinado no se aprueben las asignaciones necesarias. Esta última disposición ha probado su eficacia en dos ocasiones durante las últimas décadas. Diario de Sesiones, supra, pág. 2587. Presidente de la Cámara v. Gobernador, supra, págs. 179-180.

Además de lo anterior, la Sección 20 del Artículo III

de nuestra Constitución, supra, “faculta al Gobernador para

que al aprobar cualquier proyecto de ley que asigne fondos

en más de una partida, pueda rebajar o eliminar partidas y

reducir al mismo tiempo los totales correspondientes”.

Presidente de la Cámara v. Gobernador, supra, págs. 180-181.

En lo concerniente a las transferencias de fondos

públicos ya aprobados, es menester resaltar —por su carácter

persuasivo— la Opinión del entonces Secretario de Justicia y

actual Gobernador de Puerto Rico, a los efectos de ilustrar

que “no existe autoridad legal para que el Gobernador pueda

disponer, mediante una orden ejecutiva, el traspaso de fondos

entre partidas asignadas en los presupuestos de dos

organismos gubernamentales distintos y separados, siendo

necesario para ello la acción legislativa a tal fin”. LXV Op.

Sec. Just. Núm. 1 de 1994, pág. 2. Además, este explicó que

como “las asignaciones que una ley concede a una agencia

gubernamental tienen el carácter de fondos públicos, […]

cualquier desembolso de [estos] que no haya sido autorizado

expresa o implícitamente por dicha ley, constituye una

violación al Artículo VI, Sección 9 de la Constitución de MC-2024-0035 10

Puerto Rico”. (citas omitidas). Íd. Una ley solamente puede

ser enmendada por otra ley posterior y no por una orden

ejecutiva ni un convenio interagencial. (citas omitidas).

Íd.

D. Ley 165-2020

A tan solo tres días del cambio de gobierno, según

dictaron los resultados de las Elecciones Generales de Puerto

Rico en el 2020, se aprobó la Ley para implementar la petición

de estadidad del plebiscito de 2020, Ley Núm. 165-2020,

16 LPRA secs. 977 et seq. (Ley 165-2020). Conforme surge de

la Exposición de Motivos del referido estatuto, el interés

público que busca adelantar es hacer valer el resultado del

plebiscito del 3 de noviembre de 2020 sobre el estatus

territorial de la Isla. Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 165-2020 (2020 [Parte 4] Leyes de Puerto Rico 3789). En

conjunto con dicho interés, la Asamblea Legislativa señaló

varios “propósitos principales” que propulsaron la

promulgación de la ley en cuestión. Entre otros, se incluyó:

3. Autorizar al Gobernador a tomar las medidas que sean necesarias dentro del marco de un “fin público” para hacer valer la voluntad electoral mayoritaria del Plebiscito de 2020. . . . . . . . . 6. Establecer las reglas para agilizar y garantizar que el pueblo de Puerto Rico pueda volver a votar, en caso de ser necesario, para hacer valer su voluntad electoral expresada en el Plebiscito de 2020, incluyendo cualquier votación que sea necesaria para responder a cualquier petición, propuesta, respuesta o ratificación electoral relacionad con el estatus político de Puerto Rico que sea planteada o solicitada por una o ambas cámaras legislativas del Congreso, el Presidente de Estados Unidos de América o ambos. Íd., pág. 3790.

Para la comisión de estos propósitos, la Legislatura

delegó en la figura del primer ejecutivo del país el poder

para: MC-2024-0035 11

[C]onvocar, mediante Orden Ejecutiva, cuando así lo considere necesario: a. Una votación o proceso electoral para hacer valer la voluntad de la mayoría absoluta de los ciudadanos americanos de Puerto Rico en favor de la estadidad, según los resultados del Plebiscito de 3 de noviembre de 2020. b. Esa facultad del Gobernador también podrá ser ejercida para convocar e instrumentar una votación cuando medie alguna petición, propuesta, respuesta o ratificación electoral relacionada con el estatus político de Puerto Rico que sea presentada o solicitada por una o ambas cámaras legislativas del Congreso, el Presidente de Estados Unidos de América o ambos. c. El gobernador podrá llevar a cabo una consulta electoral con una papeleta avalada por el Departamento de Justicia Federal conforme a la P.L. 113-76. d. Una consulta para una ratificación de la voluntad del Pueblo de Puerto Rico. e. Una votación para resolver el estatus político futuro de Puerto Rico. 16 LPRA sec. 978.

La Ley 165-2020 dispone que la cabeza del Poder Ejecutivo

escogerá la(s) fecha(s) en el que se celebrará(n) el(los)

evento(s) electoral(es). Asimismo, el Gobernador tendrá la

discreción sobre cuáles serían aquellas “alternativas que se

le presentarán a los electores en la papeleta de la votación

y la pregunta, si alguna, que se les planteará a los electores

en la misma papeleta”.4 16 LPRA sec. 978a. No tan solo eso,

sino que el Legislador le concedió el poder de determinar

cuál sería el significado que tendrían cada una de estas

alternativas. Íd.

Por otro lado, la precitada ley incide sobre las

facultades y deberes que ostenta el Presidente de la Comisión

Estatal de Elecciones (CEE). Esto, pues, luego de que el

Gobernador emita una proclama a los efectos de poner en vigor

los poderes investidos a través de la Ley 165-2020, el

4 “Excepto cuando el Gobierno federal haya establecido la pregunta a los electores, si alguna, y/o las alternativas a imprimirse en la papeleta de votación, ambos asuntos serán establecidos por el Gobernador a través de Orden Ejecutiva y al publicar la proclama de la votación, según se dispone en esta Ley”. Ley para implementar la petición de estadidad del plebiscito de 2020, Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 980. (Ley 165-2020). MC-2024-0035 12

Presidente de la CEE tendrá la obligación de presentarle al

Primer Ejecutivo una propuesta que debe incluir: el borrador

de la papeleta a ser utilizada; el reglamento para la votación

y el escrutinio general; el diseño general de la campaña de

educación a través de los medios de comunicación, y el plan

presupuestario de los gastos de votación lo que incluye el

costo de la campaña educativa. 16 LPRA sec. 979.

En cuanto a las asignaciones económicas se refiere, la

ley objeto de litigio, en su Artículo 1.7, señala que:

No se podrá invocar disposición de ley general o especial, reglamento, orden ejecutiva o administrativa, y ningún plan para alterar o posponer las transferencias presupuestarias y las asignaciones económicas que sean necesarias para que el Gobernador, la Comisión Estatal de Elecciones y otros funcionarios puedan cumplir con las votaciones aquí autorizadas y con todos los propósitos de este capítulo, de las secs. 939 et seq. de este título, las secs. 1721 et seq. del Título 3, y las secs. 621 et seq. de este título, en lo relacionado con el derecho de los ciudadanos americanos de Puerto Rico a determinar su estatus político.

El Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Secretario de Hacienda y el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal tienen el deber ministerial de priorizar, identificar y hacer disponibles los recursos económicos necesarios para cumplir con todos los propósitos de las mencionadas leyes. Los desembolsos de las transferencias presupuestarias y de las asignaciones económicas nunca excederán de los treinta (30) días naturales, contados a partir de la petición presentada a esos fines. (Negrillas suplidas). 16 LPRA sec. 977e.

En ese sentido, la Ley 165-2020 deja a la completa

discreción de la Rama Ejecutiva el poder de establecer el

presupuesto hábil y necesario para celebrar el evento

electoral que proclama el Gobernador.

E. Orden Ejecutiva 2024-016

El 1 de julio de 2024, el Gobernador incumbente,

Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, proclamó el Boletín

Administrativo Núm. OE-2024-016 de 1 de julio de 2024, MC-2024-0035 13

conocido como Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico,

Hon. Pedro R. Pierluisi, para convocar la celebración de una

consulta electoral a los fines de implementar la petición de

estadidad del plebiscito de 2020,

https://docs.pr.gov/files/Estado/OrdenesEjecutivas/2024/OE-

2024-016.pdf (última visita, 27 de agosto de 2024) (OE-2024-

016). En virtud de los poderes conferidos por la Ley 165-

2020, el Gobernador decretó la celebración de un plebiscito

sobre el estatus territorial el día de las Elecciones

Generales, el 5 de noviembre de 2024. Dispuso, además, que

las alternativas de votación que se le ofrecerán a las y los

electores serán: (1) la estadidad, (2) la independencia y,

(3) la soberanía en libre asociación con los Estados Unidos;

con sus respectivas definiciones. OE-2024-016, supra,

sec. 2ª.5

A su vez, ordenó a la Presidenta alterna de la CEE a

que, en un término de quince días, cumpliera con el mandato

dispuesto en el Artículo 3.1 de la Ley 165-2020. OE-2024-016,

supra, sec. 3ª. Esto incluye la preparación de un proyecto

presupuestario de los gastos necesarios para el plebiscito,

así como la campaña educativa a las y los electores. Asimismo,

ordenó al Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y

Presupuesto (OGP), al Secretario del Departamento de Hacienda

5 Estas, así como sus respectivas definiciones, tienen origen en el Proyecto Núm. 8393 de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Puerto Rico Status Act, H.R. 8393, 117th Cong. (2022), https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/8393/text. Cabe resaltar que el referido proyecto fue presentado por el Rep. Raúl M. Grijalva del estado de Arizona y contó con el aval mayoritario en dicho cuerpo legislativo. Sin embargo, la medida no obtuvo la aprobación del Senado previo a que culminara la sesión legislativa. MC-2024-0035 14

(Hacienda) y al Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría

Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF) a identificar y hacer

disponibles los fondos públicos necesarios para la ejecución

de dicha orden. Agregó que:

El presupuesto final será aprobado por el Gobernador, con el consejo de la OGP, la AFFAF y el Departamento de Hacienda y se convertirá para todos los efectos fiscales y legales en la petición presupuestaria que regirá las asignaciones económicas necesarias para cumplir con los propósitos de la Ley Núm. 165-2020 y esta Orden Ejecutiva. OE-2024-016, supra, sec. 5ª.

De igual forma, y según lo establecido en el Artículo 1.8

de la Ley 165-2020 el Gobernador reiteró que, según lo

dispuesto expresamente en la Sección 402 de la Ley Pública

114-187, 2016, Puerto Rico Oversight Management, and Economic

Stability Act (PROMESA), ninguna “asignación de fondos

relacionados con este plebiscito requerirá ser consultado

con, ni considerado por la [Junta de Supervisión y

Administración Financiera] por ésta carecer de jurisdicción

y facultad para ello”. OE-2024-016, supra, sec. 5ª.

Entre las distintas causas de acción que levanta la

parte demandante, resaltan aquellas que emanan del principio

cardinal que rige el sistema republicano de gobierno: la

separación de poderes. Alegan que la Asamblea Legislativa,

a través de la Ley 165-2020, claudicó impermisiblemente su

autoridad de legislar y la delegó de forma inconstitucional

al Primer Mandatario del país.6 Asimismo, y dentro de ese

ejercicio de poder presuntamente inválido, se le otorgó al

6 Demanda, págs. 8-11. MC-2024-0035 15

Gobernador o a la Gobernadora la potestad de usurpar el poder

de la Legislatura para aprobar el presupuesto anual del

gobierno.7 Las Comisionadas y el Comisionado del Partido

Popular Democrático,8 del Movimiento de Victoria Ciudadana9 y

del Proyecto Dignidad10 —codemandados en el pleito—

presentaron argumentos en apoyo a estas contenciones.

Comienzo con el asunto atinente al presupuesto.

La parte demandante ampara su reclamo en que la potestad

que reside en el Gobernador para aprobar un presupuesto para

celebrar el plebiscito, en virtud del Artículo 1.7 de la Ley

165-2020, supra, se desvía de los contornos delineados para

la aprobación del presupuesto gubernamental. Es decir, según

lo expuesto en la Sección 5ª de la OE-2024-016, se pretende

modificar el presupuesto aprobado el 30 de junio de 2024 por

la Asamblea Legislativa y firmado por el propio Gobernador.

La Opinión mayoritaria despachó superfluamente este

planteamiento al expresar que tales transferencias

presupuestarias y asignaciones económicas necesarias fueron

autorizadas por la Ley Núm. 165-2020. A su vez, coligió que

se utiliza un lenguaje similar en el Artículo 3.1(3) del

Código Electoral de Puerto Rico, 16 LPRA sec. 4511(3). Por

tanto, sostuvo que, debido a que nuestro ordenamiento permite

la delegación al Poder Ejecutivo para “realizar ciertas

transferencias dentro de un presupuesto aprobado” y que la

7 Íd., pág. 11-13. 8 Lcda. Karla Angleró González. 9 Sa. Lillian Aponte Dones. 10 Lcdo. Juan Manuel Frontera Suau. MC-2024-0035 16

OE-2024-016 expresamente circunscribe los fondos públicos

necesarios al presupuesto certificado, estamos ante una

delegación de poder, y un ejercicio de este, válido.

Sin embargo, según reseñado, el proceso previo a aprobar

el presupuesto supone el ejercicio integrado de los poderes

legislativos y ejecutivos. Una vez aprobado, el Gobernador

no puede realizar transferencias de fondos entre partidas

asignadas en los organismos gubernamentales distintos, debido

a que ello supone acción legislativa a esos efectos. LXV Op.

Sec. Just. Núm. 1 de 1994, pág. 2.

La ley objeto de litigio, en su Artículo 1.7, supra, le

concede al Gobernador la potestad y la discreción irrestricta

de establecer el presupuesto final para la celebración de un

plebiscito. En específico, la Asamblea Legislativa estableció

No se podrá invocar disposición de ley general o especial, reglamento, orden ejecutiva o administrativa, y ningún plan para alterar o posponer las transferencias presupuestarias y las asignaciones económicas que sean necesarias para que el Gobernador, la Comisión Estatal de Elecciones y otros funcionarios puedan cumplir con las votaciones aquí autorizadas y con todos los propósitos de este capítulo, de las secs. 939 et seq. de este título, las secs. 1721 et seq. del Título 3, y las secs. 621 et seq. de este título, en lo relacionado con el derecho de los ciudadanos americanos de Puerto Rico a determinar su estatus político.

El Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Secretario de Hacienda y el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal tienen el deber ministerial de priorizar, identificar y hacer disponibles los recursos económicos necesarios para cumplir con todos los propósitos de las mencionadas leyes. Los desembolsos de las transferencias presupuestarias y de las asignaciones económicas nunca excederán de los treinta (30) días naturales, contados a partir de la petición presentada a esos fines. (Negrillas suplidas). 16 LPRA sec. 977e.

Como surge de la primera porción del precitado Artículo,

al delegar estos poderes a la figura del Gobernador, la MC-2024-0035 17

Asamblea Legislativa no estableció límites o linderos sobre

dónde podría obtener el presupuesto necesario para cumplir

con el interés público de la legislación. A esos efectos,

prohibió tajantemente utilizar disposiciones legales,

reglamentarias y administrativas vigentes que puedan alterar

o posponer la asignación de fondos públicos que, a discreción

del Primer Mandatario, sean necesarios para la consecución

de su objetivo.

Si bien esta Curia ha favorecido la delegación de poderes

cuasilegislativos a la Rama Ejecutiva, nuestro análisis como

intérpretes últimos y guardianes de la Constitución de Puerto

Rico no se puede dar en el vacío. En el caso ante nos, es

evidente que la norma necesaria o el principio inteligible

para sostener la validez constitucional de dicha delegación

no surge ni de la intención legislativa ni del texto expreso

del estatuto. No estamos ante una delegación permisible del

poder de la Asamblea Legislativa para realizar transferencias

dentro de un presupuesto aprobado, pues aún dentro de la

mirada más liberal de la doctrina de la delegación, esta

falló en establecer los límites mínimos para facultar al

Gobernador a realizar dichos actos.

El análisis realizado por la mayoría es uno flaco y

descarnado. Para imprimirle validez constitucional a la

delegación sin límites que realiza la Asamblea Legislativa,

el cuerpo mayoritario de esta Curia se enfrasca en la

“razonabilidad” del contenido de la OE-2024-016. Este no es

el único criterio aplicable. “La acción administrativa, MC-2024-0035 18

independiente de lo razonable que pueda ser o no, de las

medidas procesales que invoque para poner en vigor el

estatuto, no tendrá el efecto de subsanar la falla cometida

en el ámbito de la doctrina del poder de delegación”. D.

Fernández Quiñones, op. cit., pág. 45. Por tanto, es erróneo

el resultado al que llega la mayoría de mis compañeros y mi

compañera al sostener la validez constitucional de la

delegación para la transferencia de fondos públicos dentro

del presupuesto aprobado.

De otro lado, la parte demandante plantea que la Ley

165-2020 le confiere de manera íntegra la facultad de decidir

sobre los siguientes asuntos: (1) la ocurrencia o no de la

votación; (2) la fecha para su celebración; (3) si se

presentará al electorado una pregunta para que responda de

alguna forma no definida con su voto; (4) cuáles alternativas

se les ofrecerán a dicho electorado, y (5) cuál será el

significado de tales alternativas.11 En ese sentido, resalta

que el ejercicio de dicha discreción recaerá inevitablemente

en el criterio político del Gobernador.

Por su parte, el criterio mayoritario avaló la

delegación sobre estos asuntos, en tanto y en cuanto la

Asamblea Legislativa estableció los principios inteligibles

necesarios para la delegación de dicho poder de carácter

legislativo. Particularmente, señala que la actuación del

Primer Ejecutivo del país está limitado a la declaración de

11 Demanda, pág. 10. MC-2024-0035 19

política pública (Artículo 1.3), y al poder de convocatoria

(Artículo 2.1) y, sus facultades de propulsar la consecución

de la estadidad (Artículo 8.3), según los resultados del

plebiscito de 3 de noviembre de 2020. Véase, 16 LPRA secs.

977a, 978, 984b. Asimismo, sostuvo que la actuación del

Gobernador mediante la OE-2024-016 estuvo dentro de los

contornos delineados en la Ley 165-2024. Esto último, al

hacer énfasis en que las alternativas que habrán de aparecer

en la papeleta y el significado que estas tendrán se desprende

del Proyecto de la Cámara Núm. 8393, supra.

Sin entrar a dirimir la validez jurídica de los últimos

plebiscitos celebrados en Puerto Rico y al asumir la

legitimidad del interés público expresado en la Ley 165-2020,

es palpable que existen preocupaciones genuinas en cuanto al

poder que posee el Gobernador en un asunto tan debatible en

nuestro país como lo es el estatus territorial. Nuevamente,

una mayoría de la y los miembros del Tribunal sopesan la

validez de la delegación de poderes por parte de la Rama

Legislativa, según la razonabilidad que surge de la actuación

ejecutiva. Como mencioné, y reitero, nuestro análisis no

puede ni debe limitarse al último.

En ese sentido, la ley no limita de forma efectiva la

facultad que tiene el Gobernador para utilizar la

convocatoria para celebrar un plebiscito y que, a través de

este, se busque adelantar sus propios intereses políticos.

Máxime cuando este representa a un partido político cuya base

ideológica principal está basada, en gran medida, en el marco MC-2024-0035 20

del estatus territorial. Más allá, la Ley 165-2020 no provee

salvaguardas y atenta contra los intereses de aquellas y

aquellos puertorriqueños que ostentan distintos ideales

políticos y territoriales, pues no tienen a su haber un ente

que los represente a la hora de la toma de decisiones.

Dicho esto, es menester traer este análisis a la luz de

la jurisprudencia aplicable. Como es norma reiterada, existe

una corriente que favorece la delegación de la Asamblea

Legislativa. Particularmente, porque en la sociedad en la que

habitamos, la proliferación del sistema administrativo ha

permitido la regulación minuciosa de asuntos específicos que,

a su vez, se beneficia de la pericia con la que cuentan

personas expertas en las distintas materias. Es decir,

responde a una necesidad de naturaleza práctica, pues la

Asamblea Legislativa posee limitaciones reales de recursos,

especialidad y tiempo. Véase J.M. Farinacci Fernós,

Divergencias entre la Doctrina Federal y Puertorriqueña en

el Derecho Administrativo, supra, pág. 204.

No obstante, creo que este Tribunal pasó la oportunidad

para atemperar estos pronunciamientos que se fundamentan en

la necesidad de un derecho administrativo robusto, para

entonces auscultar la aplicación de estos mismos principios

ante una delegación directa a la figura del gobernador. ¿Qué

sucede cuando no estamos ante una situación que requiera el

expertise del Primer Ejecutivo? ¿Qué sucede cuando ante una

delegación como la anteriormente descrita, no está presente

una cuestión de emergencia? ¿Se justifica la delegación MC-2024-0035 21

entonces? O, por el contrario, ¿estaríamos ante una

delegación inconstitucional?12 A mi juicio, estas

interrogantes merecen mayor discusión y una mirada integral

del Derecho administrativo y los poderes conferidos al primer

ejecutivo del país.

Por los fundamentos expuestos, disiento del curso de

acción mayoritario.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta

12Obsérvese que, la promulgación de reglas legislativas por las agencias administrativas está sujeta al cumplimiento de las disposiciones aplicables en la LPAU. A saber, notificación pública al inicio del proceso, la oportunidad de comentarios por parte de la comunidad, evaluación de estos por la agencia, la adopción final, la presentación del reglamento ante el Departamento de Estado y su promulgación. “[E]l cumplimiento estricto con este procedimiento tiene tres importantes consecuencias: 1) da efecto de ley a los reglamentos, 2) concede legitimidad al proceso de adopción de política pública, y 3) justifica la deferencia que eventualmente le darán los tribunales a las interpretaciones de ley que allí se dispongan”. W. Vázquez Irizarry, Los poderes del Gobernador de Puerto Rico y el uso de órdenes ejecutivas, supra, pág. 1052. Esto, ciertamente, no es lo que ocurre en el caso de la promulgación de una orden ejecutiva. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lcdo. Juan Dalmau Ramírez, como Secretario General y en representación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y sus miembros individuales; Hon. María De Lourdes Santiago Negrón, Senadora y Portavoz del PIP en el Senado; Hon. Denis Márquez Lebrón, Representante y Portavoz del PIP, Cámara de Representantes; Roberto Iván Aponte Berríos, Comisionado Electoral del PIP MC-2024-0035 Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, Gobernador de Puerto Rico; Comisión Estatal de Elecciones (CEE); Hon. Jessika D. Padilla Rivera, Presidenta Interina de la CEE; Lcdo. Aníbal Vega Borges, Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP); Lcda. Karla Angleró González, Comisionada Electoral del Partido Popular Democrático (PPD); Lillian Aponte Dones, Comisionada Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Lcdo. Juan Manuel Frontera Suau, Comisionado Electoral del Proyecto Dignidad (PD); Hon. Nelson Pérez Méndez, Secretario del Departamento de Hacienda; Lcdo. Juan Carlos Blanco Urrutia, Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2024. MC-2024-0035 2

Por encontrarnos ante unas actuaciones de los Poderes

Legislativo y Ejecutivo sustantiva y procesalmente

disparatadas, las cuales entran en conflicto con los más

elementales principios del derecho constitucional

estadounidense y puertorriqueño, enérgicamente disentimos del

curso de acción seguido por una mayoría de mis compañeros y

compañera de estrado en el presente caso. Estos últimos, en

un acto de interpretación judicial totalmente acomodaticio,

una vez más le dan la espalda al Pueblo de Puerto Rico y, al

así hacerlo, permiten el uso ilegal e indiscriminado de fondos

públicos para fines estrictamente político-partidistas. En

esta ocasión, para la celebración de una nueva consulta

plebiscitaria en el País, -- que tendrá lugar el próximo 5 de

noviembre de 2024 --, la cual fue exclusivamente diseñada,

mediante una Orden Ejecutiva, por el gobernante de turno, sin

la participación de las distintas fuerzas políticas que aquí

cohabitan; y cuya puesta en vigor en nada resolverá el déficit

de democracia que afecta a nuestra isla, pues la misma no

goza del aval del Congreso de los Estados Unidos de América,

parte indispensable al tratar este tipo de asunto. Ello, --

el que este Tribunal dé paso a lo que a todas luces parece

ser una encuesta de simpatías financiada con fondos del erario

público --, como mínimo, “hiere la retina”. Veamos.

I.

El origen de esta controversia pudiera trazarse allá

para el mes de diciembre de 2020, en las postrimerías de uno

de los cuatrienios más convulsos y complejos en la historia MC-2024-0035 3

reciente de Puerto Rico. Específicamente, el 30 de diciembre

de 2020 la Asamblea Legislativa, entonces dominada por el

Partido Nuevo Progresista (en adelante, “PNP”), aprobó la Ley

Núm. 165-2020, infra, mejor conocida como la Ley para

implementar la petición de estadidad del plebiscito de 2020

(en adelante, “Ley Núm. 165-2020”). La referida pieza

legislativa fue aprobada con el velado propósito de convocar

la celebración de un nuevo evento plebiscitario en la Isla

que facilitara una supuesta transición hacia la estadidad.

Entre otras cosas, la Ley Núm. 165-2020, infra, concedió

al Gobernador de Puerto Rico amplias facultades para decidir

cuándo y cómo se realizaría la votación o proceso electoral

al que hemos hecho referencia. Entre estas facultades, la

Asamblea Legislativa cedió al Poder Ejecutivo la potestad

para decidir y confeccionar: si se realizaría o no la consulta

aludida, la fecha y horario de la mencionada votación, las

alternativas de estatus que se presentarían a los electores,

y el significado de estas alternativas.

Para poder iniciar el referido proceso plebiscitario se

dispuso en la ley que, noventa (90) días antes de la fecha

designada para su celebración, el Gobernador de Puerto Rico

tendría que emitir una proclama mediante la cual anunciara al

País su intención de convocar la consulta plebiscitaria en

cuestión con todos los detalles y elementos necesarios para

su realización. De igual manera, la referida pieza

legislativa facultó al Primer Ejecutivo para adelantar los MC-2024-0035 4

propósitos de la Ley Núm. 165-2020, infra, mediante el uso de

órdenes ejecutivas.

Así las cosas, el pasado 1 de julio de 2024 el Gobernador

de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia (en adelante,

“gobernador”, “Gobernador Pierluisi Urrutia” o “Primer

Ejecutivo”), emitió la Orden Ejecutiva OE-2024-016, titulada

“Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R.

Pierluisi, para convocar la celebración de una consulta

electoral a los fines de implementar la petición de estadidad

del plebiscito de 2020”. En ésta, haciendo uso de las

cuestionadas facultades que le cedió la Asamblea Legislativa

mediante la Ley Núm. 165-2020, infra, el Primer Ejecutivo

proclamó y reguló la celebración de una consulta

plebiscitaria el día 5 de noviembre de 2024, misma fecha en

que se celebrarán los comicios generales en el País.

Como si fuera poco, en virtud de los poderes ya aludidos,

el Gobernador Pierluisi Urrutia determinó, unilateralmente,

que en la consabida consulta plebiscitaria los votantes

puertorriqueños tendrían la opción de escoger, únicamente,

entre tres (3) opciones de estatus político, a saber: (a)

Estadidad; (b) Independencia; o (c) Soberanía en Libre

Asociación con los Estados Unidos. Adicionalmente, el Primer

Ejecutivo, mediante la misma Orden Ejecutiva, adoptó,

nuevamente de forma unilateral, las definiciones y

explicaciones de cada una de las opciones de estatus político.

Asimismo, en la referida Orden Ejecutiva, y conforme a

lo estatuido en la Ley Núm. 165-2020, infra, el Gobernador MC-2024-0035 5

Pierluisi Urrutia reguló, entre otras cosas, todo lo

relacionado a: (1) la certificación de los resultados del

plebiscito, (2) la manera en que se contarían los votos, (3)

la forma en que se podrían realizar actividades proselitistas

a favor de una alternativa de estatus, y (4) el modo mediante

el cual se presupuestaría la consulta. Sobre esto último, el

Primer Ejecutivo ordenó al Director Ejecutivo de la Oficina

de Gerencia y Presupuesto, al Secretario de Hacienda y al

Director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia

Fiscal, para que priorizasen, identificasen e hicieran

disponibles los fondos públicos necesarios para cumplir con

la aludida orden ejecutiva.

Enterados de lo anterior, el 11 de julio de 2024 el

Partido Independentista Puertorriqueño (en adelante, “PIP” o

“los peticionarios”), representado por su Secretario General,

el Lcdo. Juan Dalmau Ramírez y otros miembros de dicha

colectividad,1 presentaron ante este Tribunal una Demanda en

jurisdicción original en contra del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, su Gobernador y varios funcionarios de la

Comisión Estatal de Elecciones (en adelante, “CEE”), entre

otros. En la misma, éstos solicitaron la concesión de una

sentencia declaratoria e interdicto permanente mediante los

cuales se declarase la inconstitucionalidad de la Ley Núm.

165-2020, infra, por diversos fundamentos, y, a su vez, se

1 Específicamente, comparecieron como co-peticionarios la senadora Hon. María de Lourdes Santiago Negrón, el representante Hon. Denis Márquez Lebrón y el Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Lcdo. Roberto Iván Aponte Berríos. MC-2024-0035 6

impidiese la celebración de la consulta plebiscitaria aquí en

controversia.

A grandes rasgos, en su recurso legal el PIP sostiene

que, –- en lo sustantivo --, la pieza legislativa objeto de

estudio en el presente caso, es inconstitucional por

violentar: (1) el principio de separación de poderes; (2) los

derechos constitucionales a la libertad de expresión, la

igual protección de las leyes y al voto, y (3) el requisito

constitucional de que el título de toda ley debe reflejar el

contenido de ésta. De igual manera, -- y en lo relacionado al

aspecto procesal --, los peticionarios arguyen que el llamado

a la celebración de una consulta plebiscitaria el próximo 5

de noviembre de 2024 mediante el mecanismo de la Orden

Ejecutiva, -- en este caso la OE-2024-016 --, constituye una

usurpación de determinadas facultades legislativas del Poder

Legislativo y violenta, además, la facultad reglamentaria

que, por ley, le ha sido delegada a la CEE.

Acogido por este Tribunal el antedicho recurso, emitimos

una Resolución en la cual le concedimos, a todas las partes

con interés en este litigio, un breve término para que

expresaran su posición respecto a lo aquí peticionado por el

PIP. Dicha Resolución fue oportunamente notificada a éstas

últimas.

Así las cosas, y luego de que el PIP presentara su

alegato, el 15 de agosto de 2024 compareció ante nos el

Comisionado Electoral del PNP, Lcdo. Aníbal Vega Borges (en

adelante, “Comisionado Vega Borges”), mediante dos escritos. MC-2024-0035 7

En el primero de éstos, titulado Moción de desestimación por

falta de jurisdicción, del demandado Comisionado Electoral

del PNP, Lcdo. Aníbal Vega Borges, el referido Comisionado

nos solicita que desestimemos el recurso presentado por el

PIP, ya que, según alega, las controversias ahí planteadas no

son justiciables por los peticionarios carecer de

legitimación activa y por tratarse de un asunto que constituye

una cuestión política.2 A dicha moción, los peticionarios se

opusieron mediante un escrito presentado el 26 de agosto de

2024.

En su segundo escrito, titulado Alegato en oposición,

del demandado Comisionado Electoral del PNP, Lcdo. Aníbal

Vega Borges, el referido Comisionado sostiene, a grandes

rasgos, que los planteamientos de los peticionarios son

inmeritorios y que tanto la Ley Núm. 165-2020, infra, como la

Orden Ejecutiva OE-2024-016 son, respectivamente, actuaciones

legislativas y ejecutivas, totalmente válidas. Por tanto, nos

solicita que reconozcamos la constitucionalidad de la ley y

orden ejecutiva aquí impugnadas y que deneguemos la sentencia

declaratoria solicitada. Similar posición adoptó el Estado,

representado por su Gobernador, la CEE, y otros funcionarios

del Poder Ejecutivo.

2 Sobre el particular, basta con señalar que los planteamientos de justiciabilidad esgrimidos por la parte demandada son improcedentes en derecho. Por tanto, concluimos que la controversia traída ante nuestra consideración por los peticionarios es justiciable. Al respecto, véanse Ramos, Méndez v. García García, 203 DPR 379 (2019) (Colón Pérez, Opinión Disidente); Sierra Club et al. v. Jta. Planificación, 203 DPR 596, 612- 614 (2019) (Colón Pérez, Opinión de Conformidad); Bhatia Gautier v. Gobernador 199 DPR, 59, 68-73 (2017); Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, infra (Colón Pérez, Opinión Disidente); Córdova y otros v. Cámara de Representantes, infra; Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). MC-2024-0035 8

Por otro lado, el 16 de agosto de 2024 comparecieron

ante nos, mediante sus correspondientes alegatos, las demás

partes con interés en la presente causa, entiéndase los

Comisionados Electorales del Partido Popular Democrático, del

Movimiento Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad. Estos,

en apretada síntesis, nos solicitan que declaremos con lugar

la demanda presentada por los peticionarios por, entre otros

fundamentos, existir una flagrante violación a la doctrina de

separación de poderes en la Ley Núm. 165-2020, infra, y la

acción ejecutiva aquí impugnadas.

Así pues, atendida la controversia presentada ante nos,

una mayoría de mis compañeros y compañera de estrado, como ya

mencionamos, valida una actuación del Poder Ejecutivo

totalmente antidemocrática y procesalmente disparatada, la

cual choca frontalmente con la doctrina de separación de

poderes, y cuya puesta en vigor en nada resuelve el déficit

de democracia que afecta a nuestro País, y mucho menos vincula

al Congreso de los Estados Unidos de América, parte

indispensable en el asunto que hoy nos ocupa. A tan leniente

trato, -- a lo que consideramos un proceder totalmente

contrario a los más nobles postulados que engalanan nuestra

Carta Magna --, no podemos imprimirle nuestra aprobación. Es

por ello que, como ya mencionamos, enérgicamente disentimos

del curso de acción seguido por la mayoría de esta Curia.

Explicamos por qué. MC-2024-0035 9

II.

Como es sabido, allá para el 25 de julio de 1952, en

nuestra jurisdicción, entró en vigor la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, uno de los documentos

más importantes en nuestra vida como colectivo. Desde

entonces, y dada la manifiesta voluntad del Pueblo que así la

adoptó en las urnas, ha imperado en nuestro País un sistema

republicano de gobierno divido en tres grandes poderes: el

Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Art. I, Sec. 2,

Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

Es, precisamente, de esta organización estructural de

nuestro gobierno de donde surge lo que los juristas conocemos

como la doctrina constitucional de separación de poderes;

figura jurídica que, desde hace casi un siglo, ha gobernado

el funcionamiento de nuestro aparato gubernamental. Véase,

Córdova y otros v. Cámara de Representantes, 171 DPR 789,

799-800 (2007); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR

407, 427 (1982). Mediante la aludida doctrina de estirpe

constitucional, se persigue evitar la concentración indebida

de poder en una misma rama de gobierno a través de la

distribución de poderes y facultades complementarias entre

las otras ramas, Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 88

(1998); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 458-459

(1994); Silva v. Hernández Agosto, 118 DPR 45, 57 (1986),

procurando, a su vez, el cerrarle las puertas a la tiranía

que pudiera engendrar la concentración de poderes en una sola MC-2024-0035 10

de las ramas de gobierno, a expensas de las demás. Clases A,

B y C v. PRTC, 183 DPR 666, 681 (2011); Colón Cortés v.

Pesquera, 150 DPR 724, 750 (2000); Nogueras v. Hernández Colón

I, 127 DPR 405, 426 (1990).

Así pues, nuestro sistema de gobierno está fundado en el

reconocimiento de la interrelación o interdependencia entre

las funciones de cada poder. Córdova y otros v. Cámara de

Representantes, supra, pág. 800; Sánchez et al. v. Secretario

de Justicia, 157 DPR 360, 386 (2002); Silva v. Hernández

Agosto, supra, pág. 57. Para lograr lo anterior, las y los

miembros de nuestra Convención Constituyente concibieron un

complejo sistema de pesos y contrapesos que evita que las

actuaciones de un poder de gobierno causen detrimento o

vulneren las prerrogativas constitucionalmente asignadas a

otro de los poderes. Senado v. Tribunal Supremo y otros, 208

DPR 115, 135 (2021); Díaz Carrasquillo v. García Padilla, 191

DPR 97, 110 (2014); Noriega v. Hernández Colón, supra, pág.

459. Véase, también, A. Acevedo Vilá, Separación de Poderes:

entre la teoría y práctica, 2ª ed., San Juan, Ediciones SITUM,

2023, págs. 35-36.

Esta interacción que nuestra Carta Magna establece entre

las distintas ramas de gobierno promueve que, dentro del

aparato gubernamental, se “gene[re] un equilibrio dinámico

entre poderes coordinados y de igual rango, [para] evitar así

que ninguno de éstos amplíe su autoridad a expensas de otro”.

Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 89. Lo anterior, claro

está, no supone una enajenación total entre los tres poderes MC-2024-0035 11

de gobierno, sino que instaura en nuestra estructura de

gobierno un sistema de colaboración y de supervisión

tripartita entre los mismos.

Dicho ello, conviene recordar aquí que, en el ejercicio

de delimitar el alcance de la doctrina de separación de

poderes, este Tribunal ha sido enfático en que no permitirá

“que [los poderes políticos] del Gobierno se conviertan en

árbitros de sus propios actos”. Silva v. Hernández Agosto,

supra, pág. 55. Conforme a ello, cuando surjan conflictos o

choques constitucionales entre las referidas ramas de

gobierno, le corresponderá al Poder Judicial resolver las

controversias habidas entre estas. Acevedo Vilá v. Meléndez,

164 DPR 875, 883 (2005); Silva v. Hernández Agosto, supra,

pág. 55. Esto, en virtud de su función y facultad de ser el

último intérprete de la ley y de la constitución. Acevedo

Vilá v. Meléndez, supra, pág. 883; Noriega Rodríguez v.

Jarabo, 136 DPR 497, 516 (1994); Peña Clos v. Cartagena Ortiz,

114 DPR 576, 591 (1983).

Establecido lo anterior, precisa señalar también que, en

virtud de la doctrina de separación de poderes antes aludida,

en nuestra jurisdicción se instauró un Poder Ejecutivo

facultado para, entre otras determinadas cosas, cumplir y

hacer cumplir las leyes y ejercer cualquier otra facultad o

atribución que se le señale por la Constitución o por ley.

Art. IV, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Véase, además,

Santana v. Gobernadora, 165 DPR 28, 48 (2005); Noriega v. MC-2024-0035 12

Hernández Colón, supra, pág. 458. El Poder Ejecutivo, por

mandato constitucional, lo ejerce el Gobernador quien es

elegido por el voto directo en cada elección general. Art.

IV, Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

Así las cosas, y en aras de que el Gobernador de Puerto

Rico pueda ejercer adecuadamente sus funciones, en el pasado

hemos sentenciado que ello requiere, como mínimo, que “el

Primer Ejecutivo tenga la autoridad legal para impartir

instrucciones u órdenes de carácter obligatorio a los

funcionarios de la Rama Ejecutiva […] para que se tomen las

medidas que, a su juicio, adelanten la política pública del

Gobierno”. Santana v. Gobernadora, supra, pág. 47. Para ello,

el Gobernador puede valerse de diversos documentos como lo

son las proclamas, los memorandos y las órdenes ejecutivas.

Amadeo Ocasio et al. v. Gobernador et al., 211 DPR 278, 361

(2023) (Colón Pérez, Opinión de conformidad) (citando a J.M.

Gaffney, Executive Order An Introduction, U.S. Congressional

Research Service, (R46738, March, 29, 2021), pág. 1).

Sobre estas últimas, -- entiéndase, las órdenes

ejecutivas --, hemos reconocido que las mismas constituyen

una actuación consustancial a las facultades del Gobernador

como autoridad máxima del Poder Ejecutivo que lidera, las

cuales, de ordinario, tienen el propósito de hacer valer sus

designios como administrador de dicho poder de gobierno. W.

Vázquez Irizarry, Los poderes del gobernador de Puerto Rico

y el uso de órdenes ejecutivas, 76 Rev. Jur. UPR 951, 988

(2007). Véase, además, Amadeo Ocasio et al. v. Gobernador et MC-2024-0035 13

al., supra, pág. 361 (Colón Pérez, Opinión de conformidad);

Hernández, Romero v. Pol. de P.R., 177 DPR 121, 138 (2009).

Por lo tanto, y como regla general, las órdenes ejecutivas

carecen de fuerza de ley ya que se limitan a regular

determinados asuntos atinentes exclusivamente al Poder

Ejecutivo como ente administrativo. W. Vázquez Irizarry,

supra, pág. 1029. Véase, además, Guzmán v. Calderón, 164 DPR

220, 266 (2005) (Rivera Pérez, Opinión de conformidad).

Empero, existen circunstancias en las que las órdenes

ejecutivas emitidas por el Gobernador de Puerto Rico sí

podrían tener fuerza de ley. Para que esto sea posible, la

directriz emitida por el Primer Ejecutivo debe descansar en

la autoridad conferida a éste ya sea por medio de la

Constitución o por alguna ley mediante la cual la Asamblea

Legislativa le haya delegado el poder para ello. Amadeo Ocasio

et al. v. Gobernador et al., supra, pág. 362. Véase, además,

W. Vázquez Irizarry, supra, pág. 1029.

En ese sentido, y según ya hemos visto, si bien las

órdenes ejecutivas pueden servir al Gobernador de Puerto Rico

para ejercer sus prerrogativas como Primer Ejecutivo y jefe

de la Rama Ejecutiva, también pueden servirle para ejercer

aquellas facultades que le sean delegadas por la Asamblea

Legislativa. J.M. Farinacci Fernós, Las órdenes ejecutivas y

las emergencias, 3 (Núm. 2) AMICUS, Rev. Leg. & Pol. Púb.

UIPR 190, 192-193 (2020). Cuando esto último sucede, es

preciso que el Gobernador haga referencia expresa al estatuto MC-2024-0035 14

que autoriza dicho ejercicio. J.M. Farinacci Fernós, supra,

pág. 193; W. Vázquez Irizarry, supra, pág. 1024.

Sin embargo, lo anterior no es suficiente. Sobre el

particular, y como bien señala el profesor Jorge M. Farinacci

Fernós, “el o la Gobernador(a) solamente puede utilizar una

orden ejecutiva para adoptar medidas de naturaleza

legislativa si la Asamblea Legislativa en efecto así se lo ha

delegado, mediante un estatuto que cumpla con las exigencias

constitucionales correspondientes”. (Énfasis suplido). J.M.

Farinacci Fernós, supra, pág. 193. Por lo tanto, es necesario

que la delegación de poderes o facultades hechas por el Poder

Legislativo sea una igualmente válida.

En esa dirección, y para que así sea, la aludida

delegación debe cumplir con ciertas exigencias entre las

cuales, en lo pertinente, podemos mencionar las siguientes:

(1) que se trate de un poder delegable

(2) que, en efecto, se haya llevado a cabo la delegación

(3) que se acompañen suficientes principios inteligibles para guiar el ejercicio del poder cuasi-legislativo delegado

(4) que la entidad a la que se le otorga el poder actúe dentro de los límites establecidos por la ley; y

(5) que el ejercicio de dicho poder no sea arbitrario o caprichoso. (Énfasis suplido). J.M. Farinacci Fernós, supra, págs. 192 y 195. Véase, además, Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 92-93 (2010).

Por lo tanto, aun cuando el Primer Ejecutivo tenga la

facultad para emitir órdenes ejecutivas bajo el supuesto de

un poder delegado por la Asamblea Legislativa, su actuación MC-2024-0035 15

pudiera ser contraria a derecho si la delegación del referido

poder no cuenta con “suficientes principios inteligibles para

guiar el ejercicio de [los] poderes cuasi-legislativos”

delegados. (Énfasis suplido). J.M. Farinacci Fernós, supra,

pág. 195. Véase, además, J.J. Álvarez González, Derecho

constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales

con los Estados Unidos: casos y materiales, Bogotá, Ed. Temis,

2009, pág. 245. Ello fue, precisamente, lo que sucedió aquí.

Al respecto, en el normativo caso de Youngstown Sheet &

Tube Co. v. Sawyer, 343 US 579 (1952), el Tribunal Supremo de

los Estados Unidos de América, confrontado con una

controversia de esta índole, invalidó una orden ejecutiva

emitida por el Presidente de ese país debido a que, entre

otras razones, ésta no pretendía ejecutar un mandato

legislativo de la forma que lo había prescrito el Congreso,

-- como cuestión de hecho, no había actuación legislativa

alguna que delegara al Primer Ejecutivo el poder que pretendió

accionar --, sino que buscaba ejecutar una política ejecutiva

de aplicación general creada y delineada por él mismo. Íd.,

pág. 588. (“The President's order does not direct that a

congressional policy be executed in a manner prescribed by

Congress—it directs that a presidential policy be executed in

a manner prescribed by the President”).

En ese mismo caso, -- y de particular importancia para

un cabal entendimiento de la controversia ante nuestra

consideración --, el Juez Jackson emitió una reconocida

Opinión Concurrente en la que propuso un esquema de análisis MC-2024-0035 16

para evaluar la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas

emitidas por el Presidente de los Estados Unidos de América

cuando el Primer Ejecutivo actúa en tres distintos

escenarios, a saber: (1) por virtud de una autorización

legislativa expresa o implícita; (2) en ausencia de

autorización o prohibición estatutaria y alude a sus poderes

constitucionales independientes; o (3) de forma contraria a

la voluntad legislativa expresa o implícita. Amadeo Ocasio et

al. v. Gobernador et al., supra, pág. 377 (Colón Pérez,

Opinión de conformidad) (citando a Youngstown Sheet & Tube

Co. v. Sawyer, supra, págs. 635-638). Es al primero de esos

escenarios al que en este escrito le prestaremos particular

atención.

Sobre el primer escenario, -- a saber, cuando el

gobernante actúa en virtud de una autorización legislativa

expresa o implícita, como alegadamente sucedió en la causa de

epígrafe --, el Juez Jackson concluyó que la autoridad del

Primer Ejecutivo “está en su máxima expresión pues [ésta]

incluye atribuciones que posee por sí mismo, así como las

delegadas por el Congreso. En [ese] escenario las cortes deben

presumir que el poder existe y el peso de la prueba lo tiene

quien impugna”. W. Vázquez Irizarry, supra, pág. 967; véase,

además, Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, supra, págs.

635-646 (Juez Jackson, Opinión concurrente).

Ahora bien, aun cuando haya tal delegación expresa por

parte de la Asamblea Legislativa, es de notar que existen

escenarios en donde es posible cuestionar si la acción del MC-2024-0035 17

Primer Ejecutivo está o no dentro del alcance del poder que

se le ha conferido por ley y si dicha actuación viola o no lo

dispuesto en la Constitución de los Estados Unidos de América

o en la de Puerto Rico. Amadeo Ocasio et al. v. Gobernador et

al., supra, págs. 381-381 (Colón Pérez, Opinión de

conformidad); véase, además, J.M. Gaffney, supra, pág. 12.3

Y es que, después de todo, “el Primer Ejecutivo no puede

incurrir en una acción inconstitucional a[u]n cuando el Poder

Legislativo haya autorizado tal acción”. (Énfasis suplido).

Amadeo Ocasio et al. v. Gobernador et al., supra, pág. 384,

esc. 15. (Colón Pérez, Opinión de conformidad). Véase,

además, Clinton v. New York, 524 US 417, 436 (198).

En esos casos, y como hemos sentenciado previamente, el

análisis que vienen llamados a seguir los tribunales debe

tener presente: “[(1)]el texto del estatuto o legislación que

le delegó el poder al Presidente de los Estados Unidos [o al

Gobernador]; [(2)] el alcance del poder delegado por el

Congreso [o la Asamblea Legislativa] en dicho estatuto; [(3)]

el poder que tradicionalmente ostenta el Presidente de los

Estados Unidos [o el Gobernador] en el tema particular bajo

estudio; y [(4)] la acción o inacción del Congreso [o la

Asamblea Legislativa], tras un patrón prologado de la acción

del Primer Ejecutivo ejercitada al amparo de determinado

estatuto”. (Énfasis nuestro). Amadeo Ocasio et al. v.

Gobernador et al., supra, pág. 381 (Colón Pérez, Opinión de

conformidad). Véase, además, J.M. Gaffney, supra, pág. 12.

3 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46738/4 MC-2024-0035 18

Solo habiendo realizado dicho análisis estaríamos en posición

de evaluar la corrección, o no, de las actuaciones del

Presidente de los Estados Unidos o, como en este caso, las

del Gobernador de Puerto Rico.

Examinado ya lo relacionado a la facultad del Primer

Ejecutivo para dictar órdenes ejecutivas, así como los

criterios a analizarse a la hora de sopesar su legalidad,

pasemos ahora a estudiar aquello relacionado a las facultades

del Poder Legislativo que aquí nos compete.

III.

En lo que a las referidas facultades se refiere, la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dicta

que el Poder Legislativo recaerá en una Asamblea Legislativa

que se compondrá de dos cámaras: el Senado y la Cámara de

Representantes. Art. III, Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

Asimismo, nuestra Carta Magna concede a la Asamblea

Legislativa amplios poderes para aprobar leyes en protección

de la vida, la salud y el bienestar del Pueblo, Art. II, Sec.

19, Const. ELA, supra. Véase, además, Misión Ind. P.R. v.

J.P., supra, págs. 84-85,4. Entre estos poderes, y en lo aquí

pertinente, se encuentra el poder exclusivo de “regular todo

lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de

4 Tal facultad es la que, habitualmente, se conoce como el “poder de razón de estado”. Dicho poder, ha sido definido por esta Curia como “[a]quel poder inherente al Estado que es utilizado por la Legislatura para prohibir o reglamentar ciertas actividades con el propósito de fomentar o proteger la paz pública, moral, salud y bienestar general de la comunidad, el cual puede delegarse a los municipios”. Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 36 (2010). MC-2024-0035 19

electores, así como lo relativo a los partidos políticos y

candidaturas”. (Énfasis suplido). (Citas omitidas). Rivera

Segarra et al. v. Rivera Lassen et al., 2024 TSPR 60. (Colón

Pérez, Opinión disidente). Véase, P.R.P. v. E.L.A., 115 DPR

631, 636 (1984). Véase, además, Art. VI, Sec. 4, Const. ELA,

LPRA, Tomo 1.

Esta encomienda legislativa, -- la de regular mediante

legislación todo lo concerniente a los procesos electorales

que acontecen en la Isla --, constituye una delegación

constitucional específica. De este modo, y en virtud del

principio de separación de poderes, se “dispuso el ámbito de

acción” de la Asamblea Legislativa en lo que respecta al

proceso electoral puertorriqueño. Córdova y otros v. Cámara

de Representantes, supra, pág. 799.5

Por otro lado, -- y en otro renglón que impacta la

correcta disposición de los asuntos que nos ocupan, por éstos

conllevar la erogación de fondos públicos --, es menester

señalar que la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico también dispone de la manera en que se atenderá

la confección y aprobación del presupuesto del Gobierno de

5 Por tanto, es norma conocida que, de ordinario, y velando por el fiel cumplimiento del aludido principio constitucional, la Rama Judicial no intervendrá en asuntos que claramente son de la competencia de otras ramas de Gobierno. Córdova y otros v. Cámara de Representantes, 171 DPR 789, 801 (2007). Sin embargo, es igualmente sabido que “la Rama Judicial tiene el poder de determinar si las otras ramas del Gobierno observaron las limitaciones constitucionales y si los actos de una de éstas exceden sus poderes delegados”. Íd. Lo anterior, y en lo aquí pertinente, debido a que, si bien la Asamblea Legislativa posee amplia facultad para regular todo lo relacionado al proceso electoral, dicho poder “no es carta blanca ni absoluta”, pues está limitado por lo que permite la constitución. P.R.P. v. E.L.A., 115 DPR 631, 636-637 (1984). MC-2024-0035 20

Puerto Rico. Art. III, Sec. 20; Art. IV, Sec. 4; y Art. VI

Secs. 6-8, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Sobre el particular, se

ha reconocido que nuestra constitución provee un

procedimiento de elaboración presupuestaria que contempla una

estrecha interrelación, aunque flexible, entre el Poder

Ejecutivo y el Legislativo. Presidente de la Cámara v.

Gobernador, 167 DPR 149, 179 (2006) (Rodríguez Rodríguez,

Opinión disidente). Véase, además, A.L. Guzmán Santiago,

Aspectos legales del proceso presupuestario del Gobierno del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 35 (Núm. 2) Rev. Jur.

UPR, 291, 308 (1966).6

Es decir, si bien el Poder Ejecutivo goza de ciertas

facultades que le confiere la Constitución en el proceso de

adopción de un presupuesto, lo cierto es que el presupuesto,

una vez aprobado por la Asamblea Legislativa y el Gobernador,

constituye una Ley que solo puede ser enmendada mediante

ulterior legislación a esos efectos. Véase, a modo

ilustrativo, Op. Sec. Just., Núm. 1 de 1994 (suscrita por el

entonces Secretario de Justicia, Pedro R. Pierluisi Urrutia).

Por tanto, no existe autoridad legal para que el Gobernador,

por encima de los poderes que la constitución confiere al

6 “La Constitución establece una coordinación estrecha entre las ramas ejecutiva y legislativa en la elaboración del presupuesto al disponer que la Rama Ejecutiva preparará y someterá el proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa y que corresponderá a ésta el promulgar la legislación necesaria para darle vigencia a ese presupuesto. Para evitar la posibilidad, quizás remota, de que la Asamblea Legislativa abuse del poder absoluto que tiene sobre la promulgación de las leyes presupuestarias, la Constitución le concede al Gobernador el veto de partidas para eliminar las desviaciones indeseables y/o innecesarias en la promulgación o aprobación del presupuesto”. A.L. Guzmán Santiago, Aspectos legales del proceso presupuestario del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 35 (Núm. 2) Rev. Jur. UPR, 291, 308 (1966). MC-2024-0035 21

Poder Legislativo, traspase, mediante orden ejecutiva,

“fondos entre partidas asignadas en los presupuestos de dos

necesario para ello la acción legislativa a tal fin”. (Énfasis

nuestro). Íd.

Dicho ello, nos parece en extremo necesario aprovechar

esta oportunidad para también expresarnos sobre otro asunto

que está entrañablemente relacionado a la controversia que

hoy atendemos. Se trata de la cesión de facultades

constitucionalmente delegadas a una Asamblea Legislativa que

comprometen el criterio y la facultad de actuar de una

Asamblea Legislativa futura.

Sobre el particular, y a modo de ejemplo, basta con

señalar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de

América ha reiterado, en innumerables ocasiones, que un

Congreso no puede limitar el poder o facultades de un Congreso

posterior. Lockhart v. U.S., 546 US 699, 703 (2005); U.S. v.

Winstar Corp., 518 US 839, 872 (1996) (citando con aprobación

a W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England 90

(1765)); Fletcher v. Peck, 10 US 87, 135 (1810) (“[t]he

principle asserted is, that one legislature is competent to

repeal any act which a former legislature was competent to

pass: and that one legislature cannot abridge the powers of

a succeeding legislature”). (Énfasis nuestro).

En igual dirección, este Tribunal, en Córdova y otros v.

Cámara de Representantes, supra, págs. 808-809, resolvió, MC-2024-0035 22

entre otras cosas, que la Ley Núm. 477 de 23 de septiembre de

2004 (mejor conocida como la Ley del referéndum sobre el

sistema cameral de la Asamblea Legislativa), 16 LPRA ant.

sec. 971 et seq., aprobada por la decimocuarta Asamblea

Legislativa, era inconstitucional por cuanto obligaba a su

homóloga decimoquinta a actuar de determinada manera en

contravención de las funciones básicas de las que gozan los

legisladores en su quehacer legislativo. Abundando en lo

anterior, en una Opinión de Conformidad emitida por la

entonces Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez en dicho

caso, esta última expresó que “es inválido un mandato

legislativo que comprometa los votos de una Asamblea

Legislativa posterior y pretenda obligar a sus miembros a

aprobar cierta legislación”. (Énfasis nuestro). Córdova y

otros v. Cámara de Representantes, supra, pág. 808 (Rodríguez

Rodríguez, Opinión de conformidad). Véase, además, Pueblo v.

Tribunal de Distrito, 70 DPR 678, 681 (1966).

En ese asunto, tanto lo sentenciado por el Máximo Foro

Judicial Federal, como por este Alto Foro, tiene una razón de

ser. Y es que, como bien expresamos en el pasado, “[e]l

despojo o la limitación de alguna de las funciones básicas de

un parlamento socavaría la base misma de la democracia en el

país”. (Énfasis suplido). Romero Barceló v. Hernández Agosto,

115 DPR 368, 375-376 (1984). Todo lo anterior cobra mayor

relevancia cuando se trata de facultades legislativas tan

trascendentales como lo son la de decidir y regular todo lo

concerniente a los procesos electorales que se celebran en MC-2024-0035 23

nuestro País, y la de aprobar las partidas presupuestarias

relacionadas con el mismo.

Evaluado lo anterior, entendemos necesario analizar

aquella normativa constitucional que gobierna todo lo

relacionado al uso de fondos públicos para fines privados y

políticos.

IV.

Sobre esto último, la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico claramente dispone que “[s]ólo se

dispondrá de las propiedades y fondos públicos y para

sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del

estado, y en todo caso por autoridad de ley”. Art. VI, Sec.

9, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2023, pág. 450. Al analizar

el alcance de la precitada disposición constitucional, este

Tribunal ha manifestado que la misma no encierra enigma alguno

y que su mandato es claro: todo uso del dinero del País debe

ir destinado, únicamente a la consecución de una finalidad

pública. Véase, Rosario Rodríguez v. Rosselló et al. II, 207

DPR 870, 884 (2021) (Colón Pérez, voto particular disidente);

Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 395 (2000);

P.I.P. v. C.E.E., 120 DPR 580, 606 (1988).

La determinación de qué constituye una finalidad

pública, es una tarea que recae en la prudencia de las otras

ramas de gobierno, y especialmente en la Asamblea

Legislativa, quien “tiene la facultad de asignar fondos

públicos -- ya sea a entidades públicas, semipúblicas o aun

privadas -- siempre que cumplan con una función MC-2024-0035 24

reconocidamente pública y cuando el propósito de estas sea

colaborar en el desempeño de alguna labor gubernamental”.

Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, 205 DPR 407, 472 (2020)

(Colón Pérez, Opinión disidente). Al ejercer tan delicada

tarea hemos reconocido que “las opciones del legislador en

este campo son amplias, siempre y cuando éste se mueva dentro

del marco de la Constitución”. P.I.P. v. C.E.E., supra, pág.

608.

Sin embargo, la determinación de lo que constituye un

fin público debe “resultar en el más razonable acomodo entre

los diversos intereses particulares de la ciudadanía, y en

ajuste a los tiempos”. Rosario Rodríguez v. Rosselló et al.

II, supra, pág. 884 (Colón Pérez, voto particular disidente).

Ello quiere decir que el concepto de fin público “está ligado

al bienestar general y que tiene que ceñirse a las cambiantes

condiciones sociales de una comunidad específica”. P.P.D. v.

Gobernador I, 139 DPR 643, 686 (1995). Véase, además, P.R.

Telephone Co. v. Tribl. Contribuciones, 81 DPR 982, 997

(1960).

Nótese que las expresiones de este Tribunal han aludido

al vínculo entre finalidad pública y las cambiantes

condiciones sociales del País, no a sus cambiantes

circunstancias políticas, y, mucho menos, a las político-

partidistas. En ese sentido, la utilización de fondos

públicos para promover agendas político-partidistas está

vedada por el Art. VI, Sec. 9, supra, de nuestra Constitución. MC-2024-0035 25

Véase, P.P.D. v. Gobernador I, supra; Miranda v. C.E.E., 141

DPR 775 (1996).

Es por ello que, aunque de ordinario, la determinación

inicial que tomen los poderes de gobierno aludidos sobre lo

que constituye un fin público nos merece prudencia y

deferencia, nada nos impide que, en el descargo de nuestra

función revisora, podamos “evaluar si determinado uso de

propiedad o fondos del Estado por parte de la Legislatura y

el Ejecutivo constituye un uso para un fin público”. Báez

Galib y otros v. C.E.E., supra, pág. 396. En otras palabras,

la deferencia debida a las ramas hermanas, no puede llevarnos

“al absurdo de que este Tribunal se cruce de brazos para

permitir un uso de fondos públicos para un fin claramente

contrario a nuestro ordenamiento constitucional”. Íd. Véase,

además, Aponte Rosario et al. v. CEE II, supra, pág. 474

(Colón Pérez, Opinión disidente).7

Una vez examinado todo lo referente a aquellas

disposiciones constitucionales que guardan relación con las

controversias que hoy nos ocupan, pasamos, por último, a

evaluar el contenido de la Ley Núm. 165-2020, infra, objeto

del presente litigio, y de la OE-2024-016 que nace de la

misma.

7 Sobre el particular, debemos recordar que: “la Constitución, cuerpo de normas supremas, se impone a la legislación ordinaria. Dicho documento, que constituye nuestro proyecto de vida en comunidad, otorga a la Rama Judicial amplios poderes para examinar actuaciones alegadamente inconstitucionales del Poder Legislativo o Ejecutivo al amparo de la relación dinámica de la separación de poderes”. P.I.P. v. C.E.E., 120 DPR 580, 612 (1988). MC-2024-0035 26

Según ya habíamos mencionado en la exposición fáctica

que antecede, la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 977 et seq.,

-- disposición legal aquí bajo estudio --, fue aprobada en

las postrimerías del cuatrienio pasado en un intento

desesperado por conferir al gobernador electo para los

próximos cuatro años, -- en este caso, el Gobernador Pierluisi

Urrutia --, la facultad de poder realizar una consulta

plebiscitaria en el momento y circunstancias que éste

entendiera conveniente. Lo anterior, debido a que, como es

sabido, a raíz del evento eleccionario de noviembre de 2020,

el PNP había perdido el control del poder legislativo para el

próximo cuatrienio.

Según el propio texto de la Ley Núm. 165-2020, supra,

dicho estatuto lleva el nombre oficial de Ley para implementar

la petición de estadidad del plebiscito de 2020. 16 LPRA sec.

977. Como parte de su declaración de política pública, la

precitada disposición legal expresa:

Este capítulo dispone los procedimientos y los parámetros que regirán la celebración de toda consulta electoral cuyo propósito sea hacer valer la voluntad electoral de la mayoría absoluta de los electores en el plebiscito de 3 de noviembre de 2020, incluyendo cualquier petición, propuesta, respuesta o ratificación electoral relacionada con el estatus político de Puerto Rico que sea presentada o solicitada por una o ambas cámaras legislativas del Congreso, el Presidente de Estados Unidos de América o ambos. (Énfasis suplido). Art. 1.3, 16 LPRA sec. 977a.

Es decir, de una somera lectura del precitado texto surge

diáfanamente que la celebración de una consulta electoral en MC-2024-0035 27

virtud de la Ley Núm. 165-2020, supra, solo podrá realizarse:

(1) si se tratase de una consulta que busca “hacer valer” la

supuesta voluntad electoral de los puertorriqueños expresada

en noviembre de 2020; o (2) si una o ambas cámaras del

Congreso de los Estados Unidos de América o el Presidente del

mismo País, o ambos poderes federales, solicitan o presentan

a Puerto Rico la realización de una consulta electoral

relacionada al estatus político de la Isla.

No obstante, en su Artículo 2.1, infra, y de forma

contradictoria con la precitada declaración de política

pública, la mencionada disposición legal facultó “al

Gobernador de Puerto Rico para convocar, mediante Orden

Ejecutiva, cuando así lo considere necesario: […] (d) una

consulta para una ratificación de la voluntad del Pueblo de

Puerto Rico; (e) una votación para resolver el estatus

político futuro de Puerto Rico”. 16 LPRA sec. 978. Para poder

ejercer esta supuesta facultad plebiscitaria, la Ley Núm.

165-2020, supra, mandata para que el Gobernador de Puerto

Rico emita una proclama al menos noventa (90) días previos a

la fecha seleccionada por él para la celebración de la

consulta. Íd.

El texto de lo que debe contener la referida proclama se

halla transcrito en el Artículo 2.2 de la mencionada

disposición legal. 16 LPRA sec. 978a. Sin embargo, el mismo

contiene ciertos espacios en blanco que tendrían que ser

llenados por el Gobernador en virtud de las facultades que se

le delegan. MC-2024-0035 28

En ese sentido, el Artículo 4.1 de la Ley Núm. 165-2020,

supra, faculta al Gobernador de Puerto Rico para que, mediante

Orden Ejecutiva y sin participación alguna de la Asamblea

Legislativa, determine cuáles serán las alternativas que se

le presentarán a los electores en la votación. 16 LPRA sec.

980. De igual modo, el texto de la proclama que se transcribe

en la ley autoriza al Gobernador para definir,

unilateralmente, cada una de las alternativas de estatus que

vayan a aparecer en la papeleta de la consulta. Art. 2.2, 16

Por otro lado, la mencionada disposición legal también

dispone en varias secciones que será el Presidente de la CEE,

la persona encargada de entregar al Gobernador diversos

borradores y proyectos necesarios para la votación. Véanse,

Arts. 3.1, 3.2 y 4.4, 16 LPRA secs. 979, 979a y 980c. Esto,

en aparente contradicción con la organización operativa de la

CEE. A esos efectos, véase los Arts. 3.1(2) y 3.4 del Código

Electoral de Puerto Rico. 16 LPRA secs. 4511 y 4514.8

En virtud de lo anterior, y como ya habíamos reseñado,

el 1 de julio de 2024, el Gobernador Pierluisi Urrutia emitió

la Orden Ejecutiva OE-2024-016. Mediante ésta, el Primer

Ejecutivo, “a los fines de hacer valer la voluntad electoral

8 El Código Electoral de Puerto Rico de 2020 establece que “las decisiones de la Comisión relacionadas con asuntos de específica naturaleza electoral se tomarán con la unanimidad de los Comisionados Electorales propietarios presentes que la componen”. Art. 3.4, 16 LPRA sec. 4514. Es decir, como el cuerpo colegiado que es, el Código Electoral exige la toma de decisiones mediante la participación de los comisionados electorales que componen la Comisión Estatal de Elecciones. MC-2024-0035 29

expresada en el Plebiscito 2020”, y de manera unilateral,

ordenó la celebración de una nueva consulta plebiscitaria en

el País para el próximo 5 de noviembre de 2024.

Asimismo, y mediante la aludida Orden Ejecutiva, el

Primer Ejecutivo decidió, -- nuevamente a su exclusivo

arbitrio --, que las tres alternativas a ser presentadas a

las y los electores hábiles serían únicamente: (A) la

Estadidad; (B) la Independencia; y (C)la Soberanía en Libre

Asociación con los Estados Unidos de América.

Como si ello fuera poco, en la referida Orden Ejecutiva,

el Gobernador Pierluisi Urrutia, sin consultar con nadie, se

dio a la tarea de definir las mencionadas alternativas de

estatus político, a su gusto y conveniencia. Para ello, y

según indica la Opinión Mayoritaria en el presente caso, el

Primer Ejecutivo se basó en las alternativas y definiciones

contenidas en el proyecto de ley federal, Puerto Rico Status

Act, HR 8393. Proyecto que, habiendo sido presentado ante la

Cámara de Representantes federal durante el año 2022, no llegó

a ser considerado por el Senado federal.

De igual forma, mediante la mencionada Orden Ejecutiva,

y sobrepasando sus facultades constitucionales, el Primer

Ejecutivo ordenó al Director Ejecutivo de la Oficina de

Gerencia y Presupuesto, al Secretario de Hacienda y el

la aludida orden ejecutiva. Lo anterior, a pesar de que el MC-2024-0035 30

presupuesto aprobado por la actual Asamblea Legislativa no

contempla ninguna asignación para dicho fin.

Es, pues, a la luz de los hechos y el derecho antes

expuestos que, -- desde la disidencia --, procedemos a

disponer de los asuntos que nos ocupan.9

VI.

Como mencionamos anteriormente, en el presente caso el

PIP nos solicita que declaremos la inconstitucionalidad de la

Ley Núm. 165-2020, supra, que delegó en el Gobernador de

Puerto Rico la potestad para realizar, a su libre albedrío,

una consulta plebiscitaria en el País; la que, como cuestión

de hecho, ha sido pautada para el próximo 5 de noviembre de

2024. Lo anterior, por entender que, -- entre otras razones

--, el referido estatuto violenta el principio de separación

de poderes. A todas luces, les asiste la razón a los

peticionarios.

Y es que, de conformidad con la normativa antes expuesta,

ha quedado claramente demostrado aquí que:

1) La Ley Núm. 165-2020, supra, choca

frontalmente con la doctrina de

separación de poderes en la medida en

9 Si bien en los alegatos que presentaron las partes ante este Tribunal, y particularmente en el presentado por el PIP, también se impugnan la ley y la orden ejecutiva aquí en controversia por las mismas violentar el derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión y la denominada “regla de un solo asunto”, entendemos que no es necesario en estos momentos tener que elaborar sobre el particular, pues con tan solo enfatizar en la doctrina de separación de poderes y en aquello relacionado a las facultades que tiene el gobernante para emitir órdenes ejecutivas, resulta suficiente para decretar la inconstitucionalidad de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 977 et seq., y de la Orden Ejecutiva OE-2024-016. Es por tal razón que limitamos nuestro análisis a lo antes expresado. MC-2024-0035 31

que ésta permite que el Gobernador de

Puerto Rico, mediante orden ejecutiva,

dé paso a un proceso electoral que,

conforme a nuestra Constitución, debe

ser exclusivamente determinado por

ley.10 Al así hacerse, también se

10A nuestro juicio, tanto la referida legislación como la orden ejecutiva emitida en virtud de ésta, son actuaciones totalmente contrarias al principio constitucional de separación de poderes. Ello queda diáfanamente constatado con el texto de la Ley Núm. 165-2020, supra, que delega excesiva y ampliamente en la figura del gobernador una facultad que, por el texto expreso de nuestra constitución, recae exclusivamente en la Asamblea Legislativa. Es decir, estamos convencidos de que cuando la ley aquí en controversia dispone que el Gobernador podrá determinar, a su exclusivo arbitrio y mediante orden ejecutiva, cuándo realizar determinada consulta plebiscitaria, qué se le preguntará a los electores y cuáles serán las definiciones de las distintas opciones de estatus político a presentarse en la papeleta, -- lo que de por sí consideramos una actuación antidemocrática --, se perfecciona una flagrante violación a la disposición constitucional que reza que “[s]e dispondrá por ley de todo lo concerniente al proceso electoral”. (Énfasis suplido). Art. VI, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2023, pág. 447.

La Opinión Mayoritaria, en cambio, aduce, entre otras razones, que la selección de las alternativas de estatus político a presentarse en la consulta por parte del Gobernador, así como sus respectivas definiciones, se trata de una actuación válida por cuanto se refiere a alternativas que han sido discutidas y adoptadas por uno de los cuerpos legislativos del Congreso federal. Yerran mis compañeros y compañera de estrado. El mero hecho de que el Gobernador Pierluisi Urrutia haya decidido, por sí solo y sin la participación de la actual Asamblea Legislativa, llamada por nuestro ordenamiento constitucional a legislar todo lo relacionado a los procesos electorales, que las alternativas a presentarse a los electores, así como sus definiciones, serían las consideradas por el Congreso federal, constituye un acto decisorio unilateral e insostenible, -- al menos hasta el día de hoy --, a la luz de los principios que contempla nuestra Constitución.

De igual manera, hoy una mayoría de este Tribunal concluye que la delegación de poderes contenida en la Ley Núm. 165-2020, supra, es válida por cuanto contiene suficientes principios inteligibles para guiar el proceder del Gobernador. Con dicha apreciación no podemos coincidir. Y es que, según ha quedado demostrado, semejante conclusión resulta indefendible cuando, como en el presente caso, se trata de una ley que deja en el exclusivo arbitrio del Gobernador la decisión final sobre elementos esenciales de la consulta plebiscitaria aquí en controversia (incluyendo la pregunta que ha de presentarse a las y los electores). Por tanto, resulta incomprensible determinar que hubo una delegación de poderes con suficientes principios inteligibles, cuando la ley aquí en controversia lo que delega es la facultad exclusiva al Gobernador para hacer lo que le venga en gana con relación al plebiscito. MC-2024-0035 32

impuso, por parte de la Asamblea

Legislativa que aprobó la mencionada

disposición legal, una traba a la actual

Asamblea Legislativa en el descargo de

sus funciones constitucionales.11

2) La Ley Núm. 165-2020, supra, vulnera

aquellas disposiciones constitucionales

que prohíben el uso de fondos públicos

para sufragar asuntos estrictamente

político-partidistas. A esos efectos,

basta solo con acudir a la carta que,

en el año 2020, y en un proceso

plebiscitario muy similar al que hoy es

objeto de estudio, el Departamento de

Justicia federal remitió al entonces

Presidente de la CEE, en la que dejaba

entrever que aquella consulta adolecía

de un claro elemento político-

partidista.12 Elemento que hoy,

nuevamente, resurge al menor asomo.13

11No albergamos duda alguna que, con la aprobación de la Ley Núm. 165- 2020, supra, aquí en controversia, la decimoctava Asamblea Legislativa procuró usurpar las facultades de la próxima Asamblea Legislativa con el velado propósito de brindar al futuro gobernador del PNP, -- en ausencia del poder sobre las cámaras legislativas para el próximo cuatrienio tras los resultados electorales de 2020 --, el amplio poder para convocar, dirigir, planificar y ejecutar una consulta plebiscitaria para que, ante la celebración de unos nuevos comicios, pudiera motivar a salir votar a sus huestes.

12 Véase, Anejo I.

13 Asílas cosas, nos reiteramos en nuestro criterio esbozado, desde la disidencia, en Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, 205 DPR 407, (2020) MC-2024-0035 33

De otra parte, y relacionado al uso de

fondos públicos, el referido estatuto

también infringe los postulados de

nuestra Constitución al permitir que,

mediante Orden Ejecutiva, el Gobernador

pudiese “enmendar” el presupuesto

vigente aprobado por ley por la actual

Asamblea Legislativa; poder que el

Primer Ejecutivo finalmente ejerció al

instruir al Director Ejecutivo de la

Oficina de Gerencia y Presupuesto, al

Secretario de Hacienda y el Director de

la Autoridad de Asesoría Financiera y

Agencia Fiscal, para que priorizasen,

identificasen e hicieran disponibles

los fondos públicos necesarios para

cumplir con lo dispuesto en la aludida

Orden Ejecutiva, en contravención de

las asignaciones presupuestarias

establecidas por ley.

En fin, como hemos podido apreciar, nos encontramos ante

una pieza legislativa que dio paso a unas desacertadas

actuaciones del Poder Ejecutivo, con serios visos de

inconstitucionalidad. Sostener lo contrario y permitir que,

(Colón Pérez, Opinión disidente) en el sentido de que las agendas anexionistas promovidas desde las ramas del gobierno de Puerto Rico no constituyen un “fin público” que justifique el dispendio de fondos públicos. MC-2024-0035 34

-- en una clara violación al principio constitucional de

separación de poderes, y a aquel que prohíbe el uso de fondos

públicos para fines estrictamente político-partidistas --, se

someta al País, por enésima vez, a una consulta plebiscitaria

inconsecuente y hecha a la medida y antojo de cierto

gobernante, resulta, sin más, un absurdo jurídico. Lo que

está mal, está mal, sin importar las bondades que algunos

miembros de esta Curia pudieran encontrarle al referido

estatuto.

VII.

Es pues, por los fundamentos antes expuestos que

enérgicamente disentimos del curso de acción seguido por una

mayoría de mis compañeros y compañera de estrado. En

consecuencia, hubiésemos declarado la inconstitucionalidad de

la Ley Núm. 165-2020, supra, y de la Orden Ejecutiva OE-2024-

016.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado MC-2024-0035 35 MC-2024-0035 36 MC-2024-0035 37 MC-2024-0035 38 MC-2024-0035 39