Aquino González v. Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
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Opinion
El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo
emitió la opinión del Tribunal.
El caso que atendemos hoy nos brinda la oportunidad de pautar sobre dos asuntos de naturaleza novel en nuestro ordenamiento jurídico y ambos están relacionados con la [8]*8Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (A.E.E.L.A. o Asociación). Como cuestión de umbral, debemos determinar cuál es el alcance de la revi-sión judicial dispuesta en la See. 38 de la Ley de la Asocia-ción de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de A.E.E.L.A.)
Por los fundamentos que discutimos más adelante, se revoca la decisión del Tribunal de Apelaciones.
I
Para disponer adecuadamente del caso, es necesario que expongamos el cuadro fáctico que dio origen a las contro-versias que hoy atendemos. Veamos.
El 27 de abril de 2003 se celebró la elección de los dele-gados que representarían al sector de exempleados acogi-dos al seguro por muerte en la Asamblea de Delegados de A.E.E.L.A.
Mediante unas querellas presentadas a finales de abril y principios de mayo de 2003, varios candidatos que no fueron electos impugnaron el resultado de la elección ante el Subcomité de Impugnaciones de A.E.E.L.A (Subcomité de Impugnaciones).!
[10]*10Luego de evaluar el caso, el 16 de mayo de 2003 el Sub-comité de Impugnaciones emitió una resolución mediante la cual concluyó que tanto las candidaturas de los exem-pleados de la Asociación como la votación celebrada el 27 de abril de 2003 eran nulas, por lo que procedía un nuevo proceso de votación en el cual se excluirían como candida-tos y votantes a los exempleados de A.E.E.L.A. El Subco-mité de Impugnaciones señaló, además, que los exemplea-dos de A.E.E.L.A. no tienen derecho a participar en el proceso de elecciones del sector de los exempleados acogi-dos al seguro porque no pertenecen a la matrícula de dicha Asociación.!
Con el propósito de impugnar la determinación del Sub-comité de Impugnaciones, el 22 de mayo de 2003 los recu-rridos presentaron una reclamación escrita ante el Nego-ciado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Adscrito a dicha dependen-cia estaba un Panel Independiente de Arbitraje (P.I.A.) que atendería el asunto, conforme dispone la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 863i.
[11]*11El 24 de febrero de 2006, el P.I.A. —en votación de dos a uno— emitió un laudo de arbitraje mediante el cual deses-timó la determinación que emitió el Subcomité de Impug-naciones y declaró nula la elección efectuada el 29 de jimio de 2003.
El 23 de marzo de 2006, A.E.E.L.A. recurrió ante el tri[12]*12bunal de instancia para revisar la resolución final del P.I.A.
Así las cosas, el 3 de mayo de 2006 emitimos una sen-tencia mediante la cual resolvimos el caso CC-2004-1173. Con dicho dictamen revocamos la decisión del Tribunal de Apelaciones y desestimamos el recurso presentado por la Asociación y los oficiales directivos demandados. En esa determinación señalamos que el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que A.E.E.L.A. tenía que reconocer y jura-mentar como delegados a los aquí recurridos. En particular, indicamos que a éstos “no les asiste el derecho a ser convocados y reconocidos en la Asamblea de Delegados hasta tanto se resuelva de manera final y firme la recla-mación presentada por ellos ante el [P.I.A.]”.
Mediante sentencia enmendada el 28 de septiembre de 2006, el tribunal de instancia confirmó el laudo arbitral que el P.I.A. emitió. Concluyó que de las acciones de dicho Panel no surgía alguna de las excepciones que permitiera la intervención del foro revisor con el laudo de arbitraje. Es decir, no surgía: fraude, conducta impropia, falta de debido procedimiento de ley en la celebración de la vista, ausencia de jurisdicción, violación a la política pública u omisión de [13]*13resolver todas las cuestiones en controversia. Así, pues, el tribunal de instancia siguió la norma de abstención judicial y sostuvo la validez del laudo de arbitraje, por lo que ordenó que la Asociación certificara a los candidatos elec-tos el 27 de abril de 2003 como delegados a la Asamblea de Delegados de A.E.E.L.A.
Luego de que la Asociación solicitara reconsideración y los recurridos se opusieran, el foro de instancia declaró “no ha lugar” la moción. Inconforme con la decisión del tribunal de instancia, el 25 de octubre de 2006, A.E.E.L.A. pre-sentó un recurso de
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El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo
emitió la opinión del Tribunal.
El caso que atendemos hoy nos brinda la oportunidad de pautar sobre dos asuntos de naturaleza novel en nuestro ordenamiento jurídico y ambos están relacionados con la [8]*8Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (A.E.E.L.A. o Asociación). Como cuestión de umbral, debemos determinar cuál es el alcance de la revi-sión judicial dispuesta en la See. 38 de la Ley de la Asocia-ción de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de A.E.E.L.A.)
Por los fundamentos que discutimos más adelante, se revoca la decisión del Tribunal de Apelaciones.
I
Para disponer adecuadamente del caso, es necesario que expongamos el cuadro fáctico que dio origen a las contro-versias que hoy atendemos. Veamos.
El 27 de abril de 2003 se celebró la elección de los dele-gados que representarían al sector de exempleados acogi-dos al seguro por muerte en la Asamblea de Delegados de A.E.E.L.A.
Mediante unas querellas presentadas a finales de abril y principios de mayo de 2003, varios candidatos que no fueron electos impugnaron el resultado de la elección ante el Subcomité de Impugnaciones de A.E.E.L.A (Subcomité de Impugnaciones).!
[10]*10Luego de evaluar el caso, el 16 de mayo de 2003 el Sub-comité de Impugnaciones emitió una resolución mediante la cual concluyó que tanto las candidaturas de los exem-pleados de la Asociación como la votación celebrada el 27 de abril de 2003 eran nulas, por lo que procedía un nuevo proceso de votación en el cual se excluirían como candida-tos y votantes a los exempleados de A.E.E.L.A. El Subco-mité de Impugnaciones señaló, además, que los exemplea-dos de A.E.E.L.A. no tienen derecho a participar en el proceso de elecciones del sector de los exempleados acogi-dos al seguro porque no pertenecen a la matrícula de dicha Asociación.!
Con el propósito de impugnar la determinación del Sub-comité de Impugnaciones, el 22 de mayo de 2003 los recu-rridos presentaron una reclamación escrita ante el Nego-ciado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Adscrito a dicha dependen-cia estaba un Panel Independiente de Arbitraje (P.I.A.) que atendería el asunto, conforme dispone la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 863i.
[11]*11El 24 de febrero de 2006, el P.I.A. —en votación de dos a uno— emitió un laudo de arbitraje mediante el cual deses-timó la determinación que emitió el Subcomité de Impug-naciones y declaró nula la elección efectuada el 29 de jimio de 2003.
El 23 de marzo de 2006, A.E.E.L.A. recurrió ante el tri[12]*12bunal de instancia para revisar la resolución final del P.I.A.
Así las cosas, el 3 de mayo de 2006 emitimos una sen-tencia mediante la cual resolvimos el caso CC-2004-1173. Con dicho dictamen revocamos la decisión del Tribunal de Apelaciones y desestimamos el recurso presentado por la Asociación y los oficiales directivos demandados. En esa determinación señalamos que el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que A.E.E.L.A. tenía que reconocer y jura-mentar como delegados a los aquí recurridos. En particular, indicamos que a éstos “no les asiste el derecho a ser convocados y reconocidos en la Asamblea de Delegados hasta tanto se resuelva de manera final y firme la recla-mación presentada por ellos ante el [P.I.A.]”.
Mediante sentencia enmendada el 28 de septiembre de 2006, el tribunal de instancia confirmó el laudo arbitral que el P.I.A. emitió. Concluyó que de las acciones de dicho Panel no surgía alguna de las excepciones que permitiera la intervención del foro revisor con el laudo de arbitraje. Es decir, no surgía: fraude, conducta impropia, falta de debido procedimiento de ley en la celebración de la vista, ausencia de jurisdicción, violación a la política pública u omisión de [13]*13resolver todas las cuestiones en controversia. Así, pues, el tribunal de instancia siguió la norma de abstención judicial y sostuvo la validez del laudo de arbitraje, por lo que ordenó que la Asociación certificara a los candidatos elec-tos el 27 de abril de 2003 como delegados a la Asamblea de Delegados de A.E.E.L.A.
Luego de que la Asociación solicitara reconsideración y los recurridos se opusieran, el foro de instancia declaró “no ha lugar” la moción. Inconforme con la decisión del tribunal de instancia, el 25 de octubre de 2006, A.E.E.L.A. pre-sentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelacio-nes y en noviembre de 2006 los recurridos se opusieron al mismo.
Mediante Resolución de 19 de enero de 2007, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso que presentó la Asociación. Aunque en su determinación el Tribunal de Apelaciones no establece expresamente que los empleados retirados de A.E.E.L.A. pertenecen a la matrí-cula de dicha Asociación, ese foro indicó que “[e]stá claro que una vez se jubilan, los empleados de AEELA son jubi-lados dentro de un plan de retiro del gobierno de Puerto Rico, con iguales prerrogativas, derechos y obligaciones que todos los demás jubilados allí adscritos. Es decir, una vez jubilado el empleado del ELA, al igual que el empleado de AEELA, gozan de los mismos derechos y prerrogativas, sin distinción alguna”.
En cuanto a la controversia sobre si el trámite arbitral dispuesto en la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, constituye un procedimiento de arbitraje ordinario o un procedimiento especializado similar al trámite de una re-visión administrativa, el Tribunal de Apelaciones concluyó que se trata de un procedimiento de arbitraje ordinario. [14]*14Además, apuntó lo siguiente: “[e]n la medida en que la propia ley habilitadora de AEELA exige que el PIA esta-blezca determinaciones de hecho y conclusiones de derecho en todo laudo, nos indica que el arbitraje es uno conforme a derecho, porque de lo contrario tales requisitos no tendrían significado alguno.”!
En desacuerdo con el dictamen del Tribunal de Apela-ciones, en febrero de 2007, A.E.E.L.A. solicitó reconsidera-ción, mas ese foro apelativo denegó la moción. Así, la Aso-ciación recurrió ante esta Curia el 16 de marzo de 2007 mediante recurso de certiorari y señala que el Tribunal de Apelaciones erró
(1) ... al resolver que los recurridos son miembros de la matrí-cula de la AEELA para el sector de ex empleados acogidos, aun cuando la ley expresamente los excluye!;]
(2) ... al resolver que el procedimiento de arbitraje establecido en la Sección 38 de la Ley de AEELA es uno ordinario y no sui géneris como se establece en la propia ley!, y]
(3) ... al confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Ins-tancia que denegó el recurso de revisión por no encontrar al-guna excepción bajo la Ley de Arbitraje Comercial del Código de Enjuiciamiento Civil para la revisión judicial de un laudo arbitral.
En abril de 2007 acordamos expedir el auto de certio-rari, y en ese mismo mes los recurridos se opusieron al recurso. La Asociación presentó su alegato en julio de 2007 y, luego de una prórroga, los recurridos presentaron el suyo en septiembre de 2007.
Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y luego de ponderar sus respectivos argumentos, [15]*15estamos en posición de resolver los asuntos planteados ante nuestra consideración.
II
En la discusión del primer error señalado, la Asociación expone que el problema principal con la decisión del Tribunal de Apelaciones es que ésta incorpora de manera imper-misible a los recurridos como miembros de la matrícula de la Asociación, ello a pesar de que la propia Ley de A.E.E.L.A. los excluye. Además, aduce que el Tribunal de Apelaciones erró al expresar que no existe diferencia entre los recurridos (exempleados que trabajaron en la Asocia-ción) y los acogidos al sistema de retiro del Gobierno de Puerto Rico que hayan trabajado en agencias gubernamen-tales, pues —según ese foro apelativo— todos gozan de las mismas prerrogativas, derechos y obligaciones. Ante esto, A.E.E.L.A. señala lo siguiente:
No hay duda que el legislador quiso concederle beneficios a los empleados y ex empleados de AEELA dentro de un marco enteramente laboral. Sin embargo, la intención del legislador es clara cuando se trata de los cuerpos rectores de la AEELA. En ese caso, el legislador fue claro al excluir expresamente a los empleados y ex empleados de la definición de matricula de la Asociación. Si la intención legislativa hubiera sido otra, el le-gislador no hubiera excluido a la AEELA de la definición de “agencia gubernamental”. (Enfasis en el original y citas omitidas.)(15)
Añade la Asociación que el Tribunal de Apelaciones no consideró lo dispuesto en el inciso 4 de la See. 4 de la Ley de A.E.E.L.A.
Por su parte, los recurridos plantean —en cuanto al primer error— que la Ley de A.E.E.L.A. a quienes excluye expresamente como miembros de la Asociación es a los em-pleados que trabajan en ésta, pero no así a los exempleados de la Asociación. Aducen que una vez los empleados de A.E.E.L.A. se acogen a la jubilación, entonces forman parte de un grupo distinto, pues se convierten en personas jubi-ladas dentro del plan de retiro del Gobierno de Puerto Rico. Así, pues, señalan que “[s]iendo un grupo distinto, no for-man parte de ninguna agencia en particular, ni mantienen lazo alguno con los directivos de las agencias para la cual laboraron, ni tienen inferencia alguna en las decisiones de las agencias para las cuales trabajaron ...”. (Énfasis suprimido. )
Asimismo, los recurridos reiteran lo expuesto por el Tribunal de Apelaciones en cuanto a que no existe diferencia entre los exempleados de A.E.E.L.A. y los demás exemplea-dos del Gobierno, por lo que “TODOS los jubilados adscri-tos a los Sistemas de Retiro de Puerto Rico tienen los mis-mos derechos y obligaciones y reciben los mismos beneficios”.
En la discusión conjunta de los errores dos y tres, la Asociación expone que se debe aclarar cuál es el alcance de la revisión judicial dispuesta en la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, sobre el procedimiento de arbitraje en los casos de impugnación de candidatos en el proceso de elección de los delegados y de los puestos en los Cuerpos Rectores de la Asociación. Específicamente, A.E.E.L.A. se-ñala que no se trata de un procedimiento de arbitraje or-dinario (en el ámbito comercial o laboral), sino de un pro-cedimiento sui generis por sus características particulares. En particular, expresa que dicho procedimiento de arbi-traje —integrado a la Ley de A.E.E.L.A. mediante la apro-bación de la Ley Núm. 142-1994 (Ley 142)— es “uno bien delimitado, donde aun cuando se busca la tramitación de las reclamaciones de una manera rápida y confiable no se caracteriza por la finalidad y obligatoriedad instantánea que caracteriza el arbitraje ordinario”.
La Asociación enfatiza que no existe duda de que la in-tención del legislador al redactar la mencionada Ley 142 y de la Asamblea de Delegados de A.E.E.L.A. al aprobar en 1995 el Reglamento de Referimiento al Arbitro del Nego-ciado del Conciliación y Arbitraje de los Procesos de Impug-nación de Elección de los Delegados y de los Puestos de los Cuerpos Rectores de la Asociación de Empleados del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico fue “ajustar las deter-minaciones del PIA a que fueran conforme a derecho, per-mitiendo también una plena revisión judicial de los [18]*18méritos de las decisiones”.!
Para culminar, la Asociación planteó que el Tribunal de Apelaciones cometió error manifiesto al resolver que “aun cuando el laudo del PIA tiene que ser conforme a derecho, los tribunales no están obligados a revisar las conclusiones jurídicas formuladas por el Panel”.!
Mientras, en relación con el segundo y tercer señala-miento de error, los recurridos exponen que el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al denegar la expedición del recurso presentado, pues dicho foro entendió que el tribunal de instancia no incidió en su decisión de “respetar la abstención judicial de fundamentos para revisar el Laudo de Arbitraje del PIA”.
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A. La institución del arbitraje en Puerto Rico: sus orígenes, definiciones, desarrollo, política pública y la revisión del laudo arbitral
Según nos comenta el profesor David M. Helfeld en su abarcador artículo de revista jurídica titulado La jurispru-dencia creadora: factor determinante en el desarrollo del derecho de arbitraje en Puerto Rico, el arbitraje antecede a los sistemas de tribunales de justicia y ha coexistido con éstos, en ocasiones como una institución colaboradora y en [19]*19otras con la hostilidad o indiferencia de los jueces.
Por su parte, el profesor Demetrio Fernández Quiñones plantea que el origen de la institución del arbitraje se re-monta a los tiempos bíblicos y al inicio de las civilizaciones en Grecia y Roma.
En términos generales, el arbitraje se ha definido como el “[procedimiento para resolver controversias, so-metiéndolas a un árbitro o a un cuerpo de árbitros, para luego de considerar las pruebas, emitir [un] laudo”.
Se ha expresado que algunas de las ventajas de someter urna controversia o reclamación al procedimiento de arbi-traje son las siguientes: la pericia del ente neutral respecto [20]*20a la materia objeto de disputa, la privacidad e informali-dad en los procedimientos, los bajos costos del proceso y la rapidez en la toma de decisiones.
El arbitraje puede ser obligatorio o voluntario. En particular, se entiende que el arbitraje obligatorio es aquel ordenado por una agencia gubernamental o requerido por una ley.
En Puerto Rico existen dos tipos principales de arbitraje voluntario: el arbitraje comercial y el arbitraje industrial u obrero-patronal.
Al constituir el arbitraje comercial y el arbitraje obrero-patronal los dos tipos principales de arbitraje voluntario en Puerto Rico, consecuentemente los desarrollos más signifi-cativos en el tema del arbitraje en nuestra Isla han ocu-rrido en estas dos áreas.
En nuestro ordenamiento legal, el arbitraje comercial se rige por la Ley para autorizar la celebración de convenios de arbitraje comercial en Puerto Rico, mejor conocida como la Ley de Arbitraje Comercial (Ley 376).
De acuerdo con el Art. 1 de la Ley 376 (32 L.P.R.A. see. 3201), dos o más partes podrán convenir por escrito en someter a arbitraje cualquier controversia que pudiera ser objeto de una acción existente entre ellos a la fecha de dicho convenio, o podrán incluir en un convenio por escrito una disposición para resolver mediante arbitraje cualquier controversia que en el futuro surja entre ellos de dicho acuerdo o en relación con éste.
En varias ocasiones hemos reafirmado que el arbitraje es una figura jurídica inherentemente contractual, por lo que dicho mecanismo se puede exigir únicamente cuando las partes así lo han pactado y conste por escrito, según dispone el Art. 1 de la Ley 376, supra.
[23]*23Conforme establece el Art. 1 de la Ley 376, supra, el acuerdo entre las partes será válido, exigible e irrevocable, salvo por los fundamentos que existieran en derecho para revocar cualquier convenio. Específicamente, el Art. 22 de la Ley 376,
(1) Cuando se obtuvo mediante corrupción, fraude u otro medio indebido;
(2) Cuando hubo parcialidad o corrupción evidente de los árbitros o cualquiera de ellos;
(3) Cuando los árbitros actuaren erróneamente al rehusar posponer la vista luego de mostrarse causa justificada para ello, o al rehusar oír evidencia pertinente y material a la con-troversia, o cuando incurrieren en cualquier error que perju-dique los derechos de cualquiera de las partes;
(4) Cuando los árbitros se extendieren en sus funciones o cuando el laudo emitido no resolviera en forma final y defini-tiva la controversia sometida; y
(5) Si no hubo sumisión o convenio de arbitraje válido y el procedimiento se inició sin diligenciar la notificación de inten-ción de arbitrar (Art. 11 de la Ley 376) o la moción para obli-gar el arbitraje (Art. 4 de la Ley 376).(48)
En lo que respecta al arbitraje obrero-patronal, hay que indicar que nuestro ordenamiento legal aún no cuenta con un estatuto que regule dicho campo.
A mediados de los años 40, en Ríos v. Puerto Rico Cement Corp., 66 D.P.R. 470, 477 (1946), indicamos que “[u]n laudo de arbitraje ocupa una posición muy similar a la de una sentencia o decreto judicial”. También señalamos que, como regla general, un laudo de arbitraje puede ser impug-nado o anulado si existe algún defecto o insuficiencia en la sumisión o en el laudo mismo que lo invalide, o cuando el proceso se ha desviado de forma sustancial y perjudicial de las reglas que gobiernan los procedimientos arbitrales.
Ya a finales de la década del 40 resolvimos el caso normativo Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., 69 D.P.R. 782 (1949), el cual muchos han nombrado como la “Ley de Arbitraje Obrero-Patronal de Puerto Rico” o la “Ley de Arbitraje Laboral de Puerto Rico”.
A nivel federal, en 1957 el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el caso Textile Workers Union of America v. Lincoln Mills of Ala.
Por su parte, en United Steelworkers v. Paula Shoe Co., Inc., 93 D.P.R. 661, 667 (1966), resolvimos que ningún error de hecho o de derecho del árbitro será motivo de impugnación, excepto que cuando se incluya en el acuerdo de sumisión que el árbitro deberá decidir conforme a derecho, entonces ese árbitro deberá seguir las normas de derecho y rendir el laudo de acuerdo con las doctrinas legales prevalecientes. Es decir, un laudo no se podrá anular por la existencia de meros errores de criterio, ya sean éstos en cuanto a la ley o en cuanto a los hechos.!
Al igual que en la jurisdicción federal, en Puerto Rico existe una fuerte política pública a favor del arbitraje como método alterno para la solución de conflictos.!
Como indicamos en Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604, 606-607 (1979), la distinción en la fuente de reglamentación del arbitraje obrero-patronal (regido por normas jurisprudenciales según la doctrina establecida en Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co.,) y el arbitraje comercial (regulado por la Ley 376) no altera la común naturaleza contractual de ambas instituciones. Allí planteamos que debido a que ambos tipos de arbitraje sur-gen de un convenio, tanto en uno como en otro los árbitros vienen obligados a respetar lo acordado; en su defecto, en-tonces queda libre la vía judicial para dar vigencia a la voluntad de las partes.
En términos de la revisión judicial de un laudo arbitral, debemos mencionar que en nuestro ordenamiento jurídico se requiere que el laudo se dicte por escrito y que los árbitros o una mayoría de ellos lo firmen.
Esta Curia ha enfatizado que, como norma general, los laudos de arbitraje merecen de los tribunales una gran deferencia, salvo cuando se demuestre la existencia de alguna de las ya mencionadas causales para impugnarlos.
Ahora bien, en un laudo de arbitraje, el término “conforme a derecho” se refiere a que “ ‘el árbitro [no] tiene autoridad para hacer caso omiso de las reglas de derecho sustantivo’ ”.
B. El procedimiento de arbitraje dispuesto por la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A.
Mediante la aprobación de la Ley 142, la Asamblea Legislativa incluyó en la Ley de A.E.E.L.A. un procedimiento de arbitraje para atender las impugnaciones de los candidatos en el proceso de elección de delegados y los puestos de sus Cuerpos Rectores. En la Exposición de Motivos de la ley, el legislador expuso que ante el problema en la solución de controversias relacionadas con el proceso de elección es importante que exista un mecanismo de resolución de disputas que tenga la confianza de todas las partes involucradas. Señaló el legislador que “[e]llo es tan o más necesario en una organización representativa, constituida democráticamente, donde existen diversidad de criterios, como es la Asociación”.!
A través de la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, se crea un procedimiento de arbitraje mediante el cual se re-fiere la controversia al Negociado de Conciliación y Arbi-traje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y allí se designa al P.I.A. para que atienda las impugnacio-nes de los candidatos. Dicho Panel estará compuesto por tres árbitros que coticen al Fondo de Ahorro y Préstamos de A.E.E.L.A., y los nombrará el Secretario del Departa-mento del Trabajo y Recursos Humanos no más tarde de treinta días laborables antes de la fecha de las elecciones.
Con relación al proceso de impugnación de los candida-tos en el proceso de elección de delegados, la mencionada sección de la Ley de A.E.E.L.A. establece que cualquier [30]*30candidato podrá presentar una reclamación escrita ante el P.I.A., ello dentro de los próximos cinco días de efectuada la elección. Luego, a más tardar quince días después de pre-sentarse la impugnación, el P.I.A. se reunirá para conside-rarla y notificará la decisión al reclamante dentro del tér-mino que no excederá los treinta días desde la fecha de presentación de la impugnación. Entonces, el candidato po-drá solicitar la reconsideración ante el P.I.A. dentro del término de cinco días de haber recibido la notificación, por lo que dicho Panel reconsiderará y notificará su determi-nación dentro de un término que no excederá los diez días desde la fecha en que se presentó la petición de reconsideración.
Así, pues, cualquier candidato adversamente afectado por una resolución final u orden del P.I.A. podrá solicitar revisión judicial de dicha determinación ante el tribunal de primera instancia no más tarde de treinta días después de la notificación de la decisión del Panel.
Mediante la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, la Asamblea Legislativa delegó en la Junta de Directores de la Asociación la adopción de un proyecto de reglamento que regulara el trámite de referimiento al P.I.A. Posterior-mente, ese proyecto sería presentado a la Asamblea de De-legados para su consideración y aprobación. Así, pues, dicha Asamblea adoptó, en 1995, el Reglamento de Referimiento al Árbitro del Negociado del Conciliación y Arbitraje de los Procesos de Impugnación de Elección de los Delegados y de los Puestos de los Cuerpos Rectores de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Reglamento de Referimiento al Árbitro). En-tre otros asuntos, en dicho reglamento se incluyen disposi-ciones relacionadas con la designación del Panel, el proce-dimiento de impugnación, la determinación del Panel y la revisión judicial.
En lo pertinente, el Art. 8 del Reglamento de Referi-miento al Árbitro establece que “[t]odas las decisiones del [31]*31Panel serán por escrito e incluirán determinaciones de hech[o] y conclusiones de derecho”. Mientras, el Art. 10 del mencionado Reglamento expone que “[c]ualquier candidato adversamente afectado por resolución final u orden del Panel podrá requerir revisión judicial de dicha resolución u orden al Tribunal de Primera Instancia ... en la sala co-rrespondiente a la residencia de la parte agraviada, no más tarde de treinta (30) días después de la notificación de la decisión del Panel”.
IV
A. El origen, propósito y estado actual de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Mediante la aprobación de la Ley Núm. 52 de 11 de julio de 1921 (Ley 52) se creó la institución llamada “Asociación, Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico” con el propósito principal de estimular el ahorro entre los empleados de gobierno y asegurarles contra accidentes, enfermedad y muerte. Luego, por medio de la Ley Núm. 18 de 23 de abril de 1954, la Asamblea Legislativa modificó el nombre de la institución a la Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico, y más de una década después se aprobó la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, conocida como la Ley de A.E.E.L.A., mediante la cual se derogó la Ley 52 y se dispuso sobre la continuación de la Asociación.
En First Federal v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 56, 70 (1962), expresamos que la Asociación es “una institución pública de carácter compulsorio para todos los empleados y funcionarios públicos del Gobierno de Puerto Rico” (énfasis suprimido), y ordena el descuento de una cuota mensual de los sueldos de tales empleados y funcionarios. Id., pág. 71.
Al año siguiente, en 1963, resolvimos Berrios Miranda v. Asociación de Empleados, 88 D.P.R. 809 (1963). Allí ex-pusimos que “[l]a Asociación existe como una entidad [32]*32creada gubemamentalmente para fines de interés público, como es la protección de nada menos que de los propios empleados gubernamentales”. Id., pág. 820. Además, hici-mos claro que la Asociación no es un negocio privado ni tiene fines de lucro o especulación. Id.
A pesar de que la Asociación es un organismo creado por ley, altamente reglamentado y con una finalidad pública establecida por el Gobierno de Puerto Rico, este Tribunal ha resuelto que ésta no se puede considerar como una agencia, departamento, instrumentalidad o corporación pública del Gobierno. Asoc. de Empleados del E.L.A. v. Vázquez, 130 D.P.R. 407, 429 (1992).
B. El proceso de elección de delegados a la Asamblea de Delegados y de los candidatos a puestos directivos en los Cuerpos Rectores de la Asociación de Empleados del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico
A la Asociación la gobierna una Asamblea de Delegados y la administra una Junta de Directores, constituyendo ambas los Cuerpos Rectores de la Asociación. Según dispone la Sec. 5(a) de la Ley de A.E.E.L.A., 3 L.P.R.A. see. 862d(a), los empleados de cada agencia gubernamental que pertenezcan a la matrícula de la Asociación celebrarán elecciones en abril cada cuatro años para elegir delegados por términos de cuatro años cada uno. Dicha elección será en proporción de un delegado en propiedad y un delegado [33]*33suplente por cada mil o fracción de mil empleados que co-tizan en el Fondo de Ahorro y Préstamos, pero queda claro que ninguna agencia gubernamental podrá elegir más de quince delegados en propiedad. Id. Mientras, los munici-pios en conjunto tendrán un delegado por cada mil o frac-ción de mil empleados cotizando ahorros hasta un máximo de quince delegados. Id.
Tan pronto se realice la elección en cada agencia guber-namental, el jefe de ésta notificará los nombres de las per-sonas electas al Presidente de la Asamblea de Delegados, dentro del término de diez días a partir de la fecha de la elección. Una vez se hayan elegido los delegados de no me-nos del 75% de todas las agencias gubernamentales, el Pre-sidente convocará a la nueva Asamblea de Delegados. See. 5(a) de la Ley de A.E.E.L.A., supra. Al sector de los exem-pleados acogidos lo convocará el Presidente de la Junta de Directores de la A.E.E.L.A. y elegirá delegados en la misma forma y proporción provista para los empleados en servicio activo. Id.
De acuerdo con la Ley de A.E.E.L.A., los jefes de las agencias gubernamentales serán los encargados de organi-zar las elecciones dispuestas en ella y, a esos efectos, crea-rán un Comité Organizador. Como parte de dicho Comité, los jefes de agencias deberán nombrar un Subcomité de Votación y Escrutinio, y un Subcomité de Impugnaciones, siendo este último el que deberá resolver —en diez días laborables— cualquier querella que se presente por escrito relacionada al proceso de candidaturas o elección. Sec. 5(a) de la Ley de A.E.E.L.A., supra.
Además, el estatuto deja establecido que ningún em-pleado podrá ser electo por más de dos términos consecuti-vos como miembro de la Asamblea de Delegados. Sec. 5(a) de la Ley de A.E.E.L.A., supra. A su vez, el estatuto dis-pone que la Asamblea de Delegados elegirá —de entre sus miembros— un presidente, un vicepresidente, un secreta-rio y un macero, y también elegirá los miembros de la Junta de Directores. Id.
[34]*34Por su parte, la Sec. 5(b) de la Ley de A.E.E.L.A., 3 L.P.R.A. sec. 862d(b), expone que la Junta de Directores de la Asociación estará compuesta por 17 miembros que serán elegidos por y de entre los delegados en propiedad electos a la Asamblea de Delegados. Por mandato de ley, en dicha Junta habrá un director que corresponda a la Rama Legis-lativa, uno a la Rama Judicial, doce a la Rama Ejecutiva, dos al sector de exempleados acogidos y uno a los municipios. Id.
Asimismo, queda claro que ninguna agencia guberna-mental tendrá más de un miembro en la Junta de Directo-res, que los miembros de dicha Junta serán electos por un término de cuatro años y ninguno de ellos servirá por más de dos términos consecutivos. Sec. 5(b) de la Ley de A.E.E.L.A., supra. Se señala también que la Junta elegirá —de entre sus miembros— un presidente, un vicepresi-dente y un secretario.
C. Los términos “empleado”, “matrícula”y “agencia guber-namental” en la Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
El inciso (b) de la See. 2 de la Ley de A.E.E.L.A., 3 L.P.R.A. sec. 862a(b), recoge la definición del término “empleado”. En lo pertinente, allí se dispone lo siguiente:
(b) Empleado.-Significará todo funcionario o empleado per-manente o regular que como tal reciba un sueldo del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de sus instrumen-talidades que pertenezca a la matrícula de la Asociación y el personal permanente de la Asociación.
De la definición anterior se deduce que hay dos catego-rías de empleados según la Ley de A.E.E.L.A.; estas son: (1) los funcionarios o empleados permanentes o regulares que reciban un sueldo del Gobierno del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico o de sus instrumentalidades que per-tenezcan a la matrícula de la Asociación, y (2) el personal permanente de la Asociación.
[35]*35La Ley de A.E.E.L.A. también establece quiénes componen la matrícula de dicha Asociación. En lo pertinente, la See. 4 de la Ley de A.E.E.L.A., 3 L.P.R.A. see. 862c, establece que
[Z]a matrícula de la Asociación comprenderá a todos los em-pleados y ex empleados, según éstos son definidos más ade-lante en las sees. 862 a 863p de este título, de agencias guber-namentales existentes o que se crearen en lo sucesivo, incluyendo a los municipios de Puerto Rico.
A los efectos de la participación en los beneficios de la Aso-ciación la matrícula se dividirá en las siguientes categorías:
(4) Socios acogidos al seguro por muerte.-Esta categoría comprenderá a los empleados asegurados que al separarse de-finitivamente del servicio de cualquier agencia gubernamental queden, a petición propia, acogidos al seguro por muerte. (En-fasis suplido.)
De igual forma, el inciso (Z) del Art. Ill del Reglamento de la Asamblea de Delegados de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dis-pone que “matrícula” significará “la matrícula de la Asociación que comprende a todos los empleados y ex-empleados acogidos al Seguro por Muerte de agencias gubernamentales existentes o que se crearen en lo sucesivo, incluyendo los municipios de Puerto Rico”.
A su vez, el inciso (c) de la See. 2 de la Ley de A.E.E.L.A., 3 L.P.R.A. sec. 862a(c), define el término “agencia gubernamental” de la forma siguiente:
(c) Agencia gubernamental. -Significará todo departamento, agencia, instrumentalidad, autoridad o corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico existente o que se creare en el futuro. Se considerarán, además, como agencia gubernamental el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el Tribunal de Primera Instan-cia, la Oficina de Administración de los Tribunales, el Senado, la Cámara de Representantes, la Oficina del Contralor, la Ofi-cina del Procurador del Ciudadano, la Universidad de Puerto Rico y los gobiernos municipales. Cuando hay [a] varias agen-cias y oficinas bajo un mismo departamento, se entenderá que [36]*36todos y cada uno de ellos forman una sola agencia guberna-mental, conforme a las leyes y los planes de reorganización gubernamental aprobados por la Asamblea Legislativa y vi-gentes a la fecha de la elección. A los efectos de este capítulo todos los municipios se considerarán en conjunto y como una sola agencia gubernamental.
En la versión original de la Ley de A.E.E.L.A., aprobada el 28 de junio de 1966, se incluyó de manera expresa a la Asociación dentro de la definición de “agencia gubernamental”.
El propósito del proyecto bajo consideración es corregir va-rias referencias erróneas que se hacían a diferentes secciones de la ley, aclarar el significado de términos utilizados en la misma y suplir criterios que facilitan la administración de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado.
El proyecto excluye a la misma Asociación de Empleados en su definición de Agencia Gubernamental’. Con esto se evita que los empleados de la Asociación tengan representación en la Asamblea de Delegados y que surja la situación an[ó]mala de que un subalterno del Director Ejecutivo de la Asociación forme parte de la Junta de Directores o de la Asamblea de Delegados. (Énfasis suplido.)(76)
[37]*37Por su parte, previo estudio y consideración del P. de la C. Núm. 774 de 1967, la Comisión del Trabajo del Senado reiteró la posición de la Cámara de Representantes. En su informe, dicha Comisión expresó lo siguiente:
De acuerdo a la medida no se permitirá que los empleados de la Asociación formen parte de la Asamblea de Delegados o de la Junta de Directores. Esto evita el posible conflicto que pudiera surgir, si un empleado de la Asociación fuera electo a la Junta de Directores, estando así por encima de su jefe en la Asociación.!(77)
En una Opinión emitida en 1974 por el entonces Secre-tario de Justicia, Ledo. Franscisco De Jesús Schuck, éste planteó lo siguiente con relación a la matrícula de A.E.E.L.A.: “La sección que reglamenta la composición de la Matrícula de la Asociación clara y expresamente la li-mita a todos los empleados y ex empleados de agencias gubernamentales.'' ” (Enfasis en el original.)!
No tenemos duda alguna que el propósito del legislador fue el de excluir la “Asociación” de la definición del término “agen-cia gubernamental”, de forma tal que los empleados de dicha Asociación no formaran parte de la matrícula de la Asociación, ni tuvieran derecho a estar representados en alguno o ambos de sus cuerpos rectores. Fue muy cuidadoso el legislador al exponer las razones que para ello tenía.
Ante una intención legislativa tan clara, no es posible con-cluir que los empleados de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado tengan derecho a estar representados en la Asamblea de Delegados de dicha Asociación, aun cuando dicha representación se limitara a ese cuerpo rector únicamente. Lo cierto es que la ley que nos ocupa no les ga-rantiza ese derecho en la actualidad. Sí podrán esos emplea-dos, para todos los efectos, disfrutar de los beneficios que la Asociación persigue dentro de sus fines, pero en términos de [38]*38una representación en alguno o ambos de sus cuerpos rectores, la contestación es en la negativa. (Enfasis suplido.)!(79)
D. La Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Go-bierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Mediante la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley del Sistema de Retiro del Gobierno),!
El inciso (c) del Art. 1-105 de la Ley del Sistema de Retiro del Gobierno, 3 L.P.R.A. sec. 764(c), dispone que para los efectos de la matrícula del sistema de retiro de empleados “la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se considerará como una empresa pública”. En lo pertinente, el inciso (4) del Art. 1-104 de dicha ley, 3 L.P.R.A. see. 763(4), define que “empresa pública” será “toda instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que haya sido creada o que en el futuro se creare”.
[39]*39V
A. La interpretación de las leyes (la hermenéutica legal)
Según los tratadistas Bernier y Cuevas Segarra, la hermenéutica legal es el proceso de interpretar las leyes, lo que comprende auscultar, averiguar, precisar y determinar cuál ha sido la voluntad legislativa, esto es, qué es lo que ha querido decir el legislador.
Hemos dejado claro que los tribunales deben interpretar la ley como un ente armónico, dándole sentido lógico a sus diferentes secciones, supliendo así las posibles deficiencias cuando esto sea necesario.
Por último, acogemos las expresiones de Bernier y Cuevas Segarra en el sentido de que los tribunales, en el desempeño normal de sus funciones, están obligados a respetar la voluntad legislativa aunque los magistrados discrepen personalmente de la sabiduría de los actos legislativos. Señalan, además, que interpretar una ley en forma contraria a la intención legislativa implica que la Rama Judicial usurpa las prerrogativas de la Rama Legislativa. Es por ello que el intérprete de la ley se debe abstener de sustituir el criterio legislativo por sus propios conceptos de lo justo, razonable y deseable.!
VI
Con el propósito de hilvanar de una forma más lógica la discusión de los señalamientos de error planteados por la parte peticionaria —la A.E.E.L.A. — , procederemos a dis-cutir en primera instancia y de manera conjunta (por estar estrechamente relacionados entre sí), el segundo y tercer señalamiento, y luego el primer señalamiento de error. Es decir, primero analizaremos el alcance de la revisión judicial dispuesta en la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, y luego expondremos si los exempleados de A.E.E.L.A. per-tenecen a la matrícula de dicha Asociación.
Como mencionamos anteriormente, fue mediante la aprobación de la Ley 142 que se incluyó el procedimiento [41]*41de arbitraje en la Ley de A.E.E.L.A., ello “para atender las impugnaciones de los candidatos en el proceso de elección de los delegados y los puestos de sus [cjuerpos [r]ectores”.
Es la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, la que establece el procedimiento de arbitraje y reconoce la revi-sión judicial. Allí claramente se plantea que cualquier can-didato adversamente afectado por una resolución final u orden del P.I.A. podrá solicitar revisión judicial no más tarde de treinta días luego de la notificación de la determi-nación del árbitro. Así también se dispuso en el Art. 10 del Reglamento de Referimiento al Arbitro, supra. No obs-tante, es el Art. 8 del mencionado Reglamento el que abunda sobre cómo serán esas decisiones del P.I.A. al ex-poner que éstas “serán por escrito e incluirán determina-ciones de hech[o] y conclusiones de derecho”.
De una lectura integral de la mencionada See. 38 se puede identificar la especificidad y particularidad del pro-cedimiento de arbitraje que el legislador integró a la Ley de A.E.E.L.A. Asimismo, se pueden reconocer unas diferen-cias, que podríamos catalogar como “abismales”, con el pro-cedimiento de arbitraje que se emplea en las controversias [42]*42de naturaleza comercial y en las disputas obrero-patronales. Veamos algunas de estas diferencias.
En primer lugar, en nuestro ordenamiento jurídico, tanto el arbitraje comercial como el arbitraje obrero-patronal son tipos de arbitraje de carácter voluntario, o sea, que ocurren por voluntad de las partes. No obstante, el procedimiento de arbitraje dispuesto en la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, claramente constituye un arbi-traje de carácter obligatorio o le podríamos llamar un “ar-bitraje compulsorio legislativo” (concepto que acuñamos en 1974 en Colón Molinary v. A.A.A., supra).
En segundo lugar, como resolvimos en Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior, supra, los árbitros no están obligados a formular determinaciones de hecho ni conclu-siones de derecho, sin embargo, el Art. 8 del Reglamento de Referimiento al Arbitro dispone expresamente que las de-cisiones del P.I.A. “serán por escrito e incluirán determina-ciones de hech[o]s y conclusiones de derecho”. (Enfasis suplido.)
En tercer lugar, otra gran diferencia se refiere a la fina-lidad y obligatoriedad de la decisión que emitió el árbitro o panel de árbitros. En el caso del arbitraje comercial y el arbitraje obrero-patronal, la revisión judicial del laudo ar-bitral es casi inexistente debido a la norma de autorrestric-ción o abstención judicial.
Por último, en el contexto del arbitraje comercial y el arbitraje obrero-patronal, hemos señalado que los árbitros no están obligados a emitir sus laudos conforme a derecho, salvo pacto expreso en contrario.
Al examinar minuciosamente la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, así como el Reglamento de Referimiento al Arbitro, nos damos cuenta de que el procedimiento de arbitraje creado por el legislador a través de la Ley 142 tiene unas características muy particulares. Ahora bien, con relación a si el procedimiento de arbitraje estatuido en la Ley de A.E.E.L.A. es un procedimiento ordinario o sui generis, aunque —como ya hemos descrito— tal procedi-miento goza de múltiples características particulares, re-sulta innecesario en esta ocasión definirlo en una u otra forma.
Luego de un análisis conjunto de la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, y el citado Art. 10 del Reglamento de Referimiento al Arbitro, consideramos que hubo una inten-ción inequívoca del legislador y de la Asamblea de Delega-dos de A.E.E.L.A. en cuanto a permitir una revisión judicial plena de las resoluciones finales u órdenes del P.I.A., ya que en ninguna parte de la See. 38 ni en el mencionado artículo se establece alguna limitación a la revisión judicial [44]*44en términos de establecer causales o fundamentos por los cuales se pueda impugnar la decisión del P.I.A. Ello contra-rio al arbitraje comercial cuyas causales de impugnación están incluidas en el Art. 22 de la Ley de Arbitraje Comer-cial, supra, y en el arbitraje obrero-patronal las causales son las expuestas en Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., supra.
Entendemos que si el legislador y la Asamblea de Dele-gados de A.E.E.L.A. hubieran querido limitar el derecho a la revisión judicial de los laudos arbitrales del P.I.A., en-tonces hubieran establecido expresamente las causales de impugnación al amparo de las cuales las personas adver-samente afectadas pudieran revisar dichos laudos. Así, pues, se puede razonablemente deducir que tanto la Asam-blea Legislativa como la Asamblea de Delegados de A.E.E.L.A. consideraron que las determinaciones del P.I.A. fueran conforme a derecho, permitiendo así que las partes adversamente afectadas acudan al foro judicial y éste revise plenamente los méritos de las decisiones, incluyendo cualquier error en la aplicación del Derecho. O sea, la re-visión judicial del laudo arbitral del P.I.A. se extenderá a revisar la corrección jurídica del laudo.
Vale mencionar que el mismo Tribunal de Apelaciones reconoció que “[e]n la medida en que la propia ley habili-tadora de AEELA exige que el PIA establezca determina-ciones de hechos y conclusiones de derecho en todo laudo, nos indica que el arbitraje es uno conforme a derecho, por-que de lo contrario tales requisitos no tendrían significado alguno”.
Por todo lo anterior, en cuanto al segundo y tercer seña-lamiento, concluimos que el Tribunal de Apelaciones erró [45]*45al denegar la expedición del recurso de certiorari que pre-sentó A.E.E.L.A. por entender que el foro de instancia erró al respetar la norma de abstención judicial ante la alegada falta de fundamentos para revisar el laudo arbitral que emitió el P.I.A. Como señalamos, la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, y el Reglamento de Referimiento al Ar-bitro reflejan la intención de que el laudo emitido por el P.I.A. sea conforme a derecho, por lo que el tribunal podrá revisar los méritos jurídicos del laudo arbitral.
En cuanto al primer señalamiento de error, es impera-tivo referirse a las Sees. 2 y 4 de la Ley de A.E.E.L.A., supra. En particular, la See. 4 expone que “[l]a matrícula de la Asociación comprenderá a todos los empleados y ex empleados ... de agencias gubernamentales existentes o que se crearen en lo sucesivo” y que los socios acogidos al seguro por muerte son “los empleados asegurados que al separarse definitivamente del servicio de cualquier agen-cia gubernamental queden, a petición propia, acogidos al seguro por muerte” (Sec.4(4)). (Enfasis suplido.)
Mientras, el inciso (c) de la See. 2 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, define “agencia gubernamental” de forma precisa y no incluye en ésta a la Asociación. Como señalamos, en la versión original de la ley sí se incluyó a la Asociación en la definición de “agencia gubernamental”, pero se excluyó mediante la aprobación de la Ley Núm. 134 de 14 de junio de 1967.
No obstante, los recurridos plantean que no les aplica la definición de “socio acogido al seguro por muerte”, sino la expuesta en el inciso (e) de la See. 2 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, referente a “socio acogido pensionado”. Allí se plantea que un socio acogido pensionado es “todo ex empleado acogido al seguro por muerte y que esté reci-biendo una pensión de cualquiera de los sistemas de retiro de empleados públicos ...”. 3 L.P.R.A. sec. 862a(e). Ante la claridad de la disposición sobre la composición de la matrí-cula de la Asociación (See. 4 de la Ley de A.E.E.L.A., supra) [46]*46de ninguna manera podemos acoger el planteamiento de los recurridos, pues hacerlo sería desvirtuar la letra clara del estatuto y echar a un lado la intención del legislador.
Según surge de la determinación del Tribunal de Apela-ciones, dicho foro apelativo interpretó que los exempleados de A.E.E.L.A. pertenecen a la matrícula de la Asociación porque están acogidos al sistema de retiro de los emplea-dos del Gobierno de Puerto Rico y que no existe diferencia entre los exempleados de las agencias gubernamentales y los exempleados de la Asociación.
Entonces, es importante recalcar que el reconocimiento y legitimación como miembros de un sector de la Asocia-ción, en este caso el sector de exempleados acogidos al se-guro por muerte, lo otorga la misma Ley de A.E.E.L.A. y no la Ley del Sistema de Retiro del Gobierno.
Claro está, no debe haber duda de que el legislador [47]*47puede conceder beneficios a los empleados y exempleados de A.E.E.L.A. dentro del marco estrictamente laboral, pero en cuanto a la integración a la matrícula y la representa-ción en los Cuerpos Rectores de la Asociación, el legislador ha sido claro al excluir a los empleados y exempleados de A.E.E.L.A. Si la intención del legislador fuera incluirlos como parte de la matrícula, entonces debería incluir a la Asociación en la definición de “agencia gubernamental”. Sin embargo, hasta el momento esto no ha ocurrido. Por lo tanto, es nuestro deber hacer cumplir la disposición esta-tutaria y ceñirnos a lo dispuesto en la misma.
Concluimos, entonces, que los exempleados de A.E.E.L.A. no pertenecen a la matrícula de dicha Asociación, específicamente al sector de exempleados acogidos al seguro por muerte de A.E.E.L.A. y, por consiguiente, no tienen derecho a participar como votantes y a aspirar como candidatos en el proceso de elección de los delegados que representarán al mencionado sector de exempleados en la Asamblea de Delegados de la A.E.E.L.A.
VII
Por todo lo anterior, concluimos que incidió el Tribunal de Apelaciones al denegar la expedición del recurso presen-tado por la Asociación. Expedido el auto solicitado, se re-voca la resolución recurrida y aquella emitida por el Tribunal de Primera Instancia.
Se dictará sentencia de conformidad.
Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 863i.
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