Negrón Castro y otros v. Soler Bernardini y otros

2025 TSPR 96

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: October 6, 2025
• Docket: CC-2024-0466
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis Samuel Negrón Castro y otros

Peticionarios

v.

Hiram M. Soler Bernardini, su esposa Marisol Portilla Delgado y Certiorari la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos; 2025 TSPR 96 Hospital Episcopal San Lucas Ponce; Bernardo Campos González, 216 DPR ___ Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico, Inc.; Beazly Group; The Medical Protective Company, SIMED; Puerto Rico Medical Defense Insurance; John Doe, Richard Roe

Recurridos

Número del Caso: CC-2024-0466

Fecha: 6 de octubre de 2025

Tribunal de Apelaciones:

Panel Especial

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcda. Alexandra Bigas Valedón Lcdo. Gaspar A. Martínez Mangual

Representantes legales de la parte recurrida:

Lcdo. Henry O. Freese Souffront Lcda. Angélica Rivera Ramos Lcda. Yadira H. Rosario Rosario Lcdo. Mariano Vidal Saenz Lcda. Nidia I. Teissonniere Rueda

Materia: Derecho de Seguros – Límites de responsabilidad dispuestos en la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico no son extensivos a las aseguradoras; interpretación de las cláusulas de las pólizas de seguro expedidas en el caso.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hiram M. Soler Bernardini, su esposa Marisol Portilla Delgado y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos; Hospital CC-2024-0466 Certiorari Episcopal San Lucas Ponce; Bernardo Campos González, Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico, Inc.; Beazly Group; The Medical Protective Company; SIMED; Puerto Rico Medical Defense Insurance; John Doe, Richard Roe

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada Rivera Pérez.

En San Juan, Puerto Rico a 6 de octubre de 2025.

Nos corresponde interpretar y determinar si los límites

de responsabilidad establecidos por la Asamblea Legislativa a

favor de los Centro Médicos Académicos Regionales (CMAR) y su

facultad docente son extensivos a sus respectivas

aseguradoras. De igual manera, nos corresponde analizar si las

cláusulas de las pólizas de seguro expedidas a favor del Dr.

Hiram M. Soler Bernardini y el Hospital San Lucas constituyen

“cláusulas de exclusión” que limitan la responsabilidad de

estas aseguradoras, el Sindicato de Aseguradores para la CC-2024-0466 2

Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Médico-

Hospitalaria (SIMED) y Beazley Group, respectivamente.

Por los fundamentos que discutiremos, resolvemos que los

límites de responsabilidad dispuesto en la Ley Núm. 136-2006,

Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto

Rico, 24 LPRA sec. 10035, et seq., no son extensivos a las

aseguradoras. Además, reiteramos las doctrinas de

interpretación aplicable a los contratos de seguros y

disponemos que erró el Tribunal de Apelaciones al concluir

que la cláusula interpretada es una cláusula de exclusión.

I.

Los hechos que dieron lugar a la presente reclamación en

daños y perjuicios ocurrieron el 24 de abril de 2017, cuando

el Sr. Luis Samuel Negrón Castro fue operado de la vesícula

por el Dr. Hiram Soler Bernardini en el Hospital Episcopal San

Lucas, en el municipio de Ponce. Posteriormente, se

presentaron serias complicaciones en su salud, que no son

necesario detallar, y fue intervenido por segunda ocasión por

el Dr. Bernardo Campos González en el Hospital Auxilio Mutuo,

falleciendo ulteriormente el 5 de julio de 2021.

Por estos hechos se instó una causa de acción en daños y

perjuicios por alegados actos de impericia médico-

hospitalaria.1

1 La Demanda fue presentada el 9 de mayo de 2018 por el señor Negrón Castro, su esposa, la Sra. Sonia E. Lugo Ramos, la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, y sus hijos menores de edad, N.A., V.S. y A.S.(en conjunto los demandantes), contra el Dr. Hiram M. Soler Bernardini, su esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos; el Hospital Episcopal San Lucas de Ponce; el Dr. Bernardo Campos González; el Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico, Inc.; y sus respectivas compañías aseguradoras: Beazley Group; The Medical Protective Company; y Puerto Rico Medical Defense Insurance (codemandados). A esta CC-2024-0466 3

Luego de varios incidentes procesales, que no son

necesarios consignar, el 22 de junio de 2022, el Dr. Soler,

su esposa y la Sociedad de Bienes Gananciales por estos

compuesta, presentaron una moción intitulada Segunda moción

solicitando se dicte Sentencia Parcial sobre los límites

aplicable[s] al caso conforme dicha Ley. En apretada síntesis,

solicitaron que se determinara que, en caso de que el Dr.

Soler resultara responsable por “algún tipo de responsabilidad

monetaria”, le serían aplicables los límites establecidos en

la Ley Núm. 136-2006, Ley de los Centros Médicos Académicos

Regionales de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 10035, et seq.2 Esta

legislación ─como se discutirá más adelante─ extiende los

límites dispuestos en el Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29

de junio de 1955,3 según enmendada, Ley de Reclamaciones y

Demandas contra el Estado, a los CMAR, su facultad y

estudiantes.4 Adujeron que no existía controversia alguna en

cuanto al hecho de que, en el tratamiento médico recibido por

el señor Negrón Castro (Q.E.P.D.), participaron estudiantes y

médicos en entrenamiento del programa de residencia en

cirugía, y que el Hospital San Lucas es un CMAR, por lo cual

les son aplicables los límites de responsabilidad dispuestos

en la referida ley.5 A esta solicitud, se unieron el Hospital

San Lucas y su aseguradora Beazley Group.

demanda se le asignó el alfanumérico J DP2018-0133. Posteriormente, la Demanda fue enmendada en dos ocasiones: el 30 de enero de 2019 y el 30 de septiembre de 2021. 2 Mediante esta legislación se crearon los CMAR. 3 32 LPRA sec. 3077. 4 Véase Artículo 7 de la Ley Núm. 136-2006, 24 LPRA sec. 10035. 5 Los demandantes contestaron a la referida moción dispositiva alegando

que esta no cumplía con los requisitos de la Regla 36.2 (b)(2) de Procedimiento Civil. Además, indicaron que la evidencia presentada no era CC-2024-0466 4

El 11 de agosto de 2022, la Sra. Sonia Enid Lugo Ramos y

la Sucesión del señor Negrón Castro6 instaron Moción

solicitando Sentencia Sumaria Parcial en la que peticionaron

al foro de primera instancia que declarara que las aseguradoras

SIMED y Beazley Group no podían beneficiarse de los límites

de responsabilidad dispuestos en la Ley Núm. 136-2006. En

particular, argumentaron que ni SIMED ni Beazley Group

practican la medicina ni forman parte de un CMAR.

La aseguradora del Dr. Soler, SIMED, así como el Hospital

San Lucas y su aseguradora Beazley Group, presentaron sus

respectivas mociones en oposición. En resumen, alegaron que,

conforme a la póliza, estos responden hasta aquellas cuantías

que ─en su día─ fuesen responsables sus asegurados.

En consecuencia, ante los límites de responsabilidad

dispuestos a favor de sus asegurados conforme a la Ley Núm.

136-2006, estos responderían igualmente hasta dicho límite.

Incluso en su escrito SIMED argumentó que, de acuerdo con esta

legislación, resultan “inmateriales” los límites establecidos

en la póliza expedida a favor del Dr. Soler (PRM0010996), la

cual dispone una cubierta de $100,000 por incidente médico y

$300,000 por agregado.7 Por su parte, Beazley Group expidió la

póliza W144B3160401 a favor del Hospital San Lucas, la cual

adelantamos establece unos límites de cubierta hasta

$1,500,000 por incidente médico y $6,000,000 por agregado.8

suficiente para demostrar que al Dr. Soler y al Hospital San Lucas le eran aplicables los límites de responsabilidad. 6 Surge del epígrafe que la sucesión está compuesta por Milisette Caridad

Negrón Hernández, Nicole Enid Negrón Lugo, Víctor Samuel Negrón Lugo, la menor AGNL y su viuda, la Sra. Sonia Enid Lugo Ramos. 7 Véase apéndice del recurso, pág. 552. 8 Íd., pág. 570. CC-2024-0466 5

Evaluados los escritos presentados, el 13 de marzo de

2023, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial

en la cual resolvió, “como cuestión de derecho que, a los

codemandados, Dr. Hiram Soler Bernardini y el Hospital

Episcopal San Lucas le son aplicables los límites dispuestos

en la Ley Núm. 136-2006, no así a sus correspondientes

aseguradoras, SIMED y Beazley Group”.9 El foro de primera

instancia determinó como hechos incontrovertidos que el Dr.

Soler, a la fecha de los hechos, tenía un nombramiento

académico para la enseñanza de médicos residentes del Programa

de Cirugía del Hospital San Lucas, y que el señor Negrón Castro

fue atendido en dicho hospital, el cual está designado como

un CMAR conforme a la Ley Núm. 136-2006, supra. Añadió que,

en el tratamiento médico recibido por este, intervinieron

médicos residentes con nombramiento académico en la Escuela

de Medicina de Ponce.

En consecuencia, concluyó que el Dr. Soler y el Hospital

San Lucas son acreedores de los límites de responsabilidad

concedidos por la Ley Núm. 136-2006, supra. Por otra parte,

resolvió que dicha legislación no se extiende a sus

aseguradoras, ya que estas no cumplen con el propósito que

persigue la ley. De ordinario, las aseguradoras responden

hasta los límites de responsabilidad estipulados en las

pólizas. Así las cosas, concedió el petitorio sumario parcial

solicitado por el Dr. Soler y la Sucesión del señor Negrón

Castro.

9 Negrilla y subrayado en el original. CC-2024-0466 6

Inconformes con lo decretado por el foro primario, SIMED

solicitó determinaciones de hechos adicionales y

reconsideración al palio de las Reglas 43.1 y 47 de las Reglas

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. A este pedido, se

unieron el Hospital San Lucas y Beazley Group. Argumentó SIMED

que la interpretación del Tribunal de Primera Instancia

menoscaba las cláusulas contractuales que forman parte del

contrato de seguros. A tales fines, sostuvo que las pólizas

establecen que solo resarcirán por la cantidad que el asegurado

venga “legalmente obligado” a resarcir, hasta el grado de su

responsabilidad.

El 3 de octubre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

dictó una Resolución, acogiendo el hecho propuesto por SIMED,

y de esta manera incorporó al dictamen la cláusula siguiente:

THIS IS KNOWN AS A “CLAIMS MADE” POLICY, EXCEPT TO THE EXTENT AS MAY BE PROVIDED HEREIN, THIS COVERAGE IS LIMITED TO CLAIMS ARISING FROM THE RENDERING OF OR FAILURE TO RENDER PROFESSIONAL SERVICES ON OR AFTER THE RETROACTIVE DATE STATED IN THE DECLARATIONS AND FIRST MADE AGAINST THE SYNDICATE WHILE THIS POLICY IS IN FORCE. PLEASE READ THE POLICY CAREFULLY.

In consideration for the payment, in reliance upon the statement in the declarations and application attached thereto and made a part hereof and subject to all the terms of this policy, the Syndicate agrees with the insured as follows:

II. Coverage Agreements

The Syndicate will pay on behalf of the Insured with respect only to his practice within the Commonwealth of Puerto Rico: CC-2024-0466 7

Coverage A- Individual Professional Liability All Sums which the Insured shall become legally obligated to pay as damages because of injury to which this policy applies caused by medical incident, occurring on or after the retroactive date, for which a claim is first made against the Insured and reported to the Syndicate during the policy period, arising out of the rendering of or failure to render professional services by the Insured as a physician, surgeon or dentist. (Negrilla suplida).

En dicho dictamen interlocutorio, el Tribunal de Primera

Instancia reiteró que dicha cláusula no es contraria a lo

previamente resuelto. Además, dispuso que, si bien SIMED será

responsable del pago de las cantidades que su asegurado pueda

estar “legalmente obligado a pagar como indemnización por

daños”, ello no es fundamento para invocar, a su favor, los

límites dispuestos en la Ley Núm. 136-2006, supra.10

En desacuerdo todavía, el Hospital San Lucas y, su

compañía aseguradora, Beazley Group, presentaron ante el

Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación.11 En el mismo,

reiteraron que los límites de responsabilidad establecidos en

la ley que creó los CMAR son extensivos a las compañías

aseguradoras de los profesionales de la medicina, que de forma

directa se benefician de ellos. Asimismo, alegaron que el foro

recurrido erró al ignorar las cláusulas contractuales

contenidas en la póliza de seguro acordada entre estas

entidades, las cuales limitaban su responsabilidad hasta la

cuantía por la que fuera legalmente responsable el asegurado.

De igual forma, SIMED presentó ante el foro apelativo

10 Véase apéndice del recurso, págs. 883-888. 11 Al cual le fue asignado el alfanumérico KLAN202300984. CC-2024-0466 8

intermedio un Escrito de apelación, en el que reiteró el mismo

planteamiento.12

Consolidados ambos recursos, y evaluados los alegatos de

ambas partes, el Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia,

mediante la cual “revocó” la Sentencia Parcial dictada por el

foro primario. En síntesis, el foro apelativo intermedio

confirmó el dictamen recurrido, al concluir que los límites

de responsabilidad solo se aplican a aquellos sujetos

expresamente señalados en la Ley Núm. 136-2006, supra y en el

Artículo 41.050 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4105. No

obstante, modificó el dictamen del foro primario al resolver

que las normas de libre contratación permiten a las

aseguradoras y a sus asegurados pactar cláusulas que limiten

la responsabilidad “… hasta las cantidades que sus asegurados

estén obligados a pagar”.13

El foro intermedio razonó que las cláusulas de cubierta

(coverage agreement) incorporadas en las pólizas de SIMED y

Beazley Group, constituyen “cláusulas de exclusión”, pactadas

entre el Dr. Soler y el Hospital San Lucas, para limitar la

cuantía “que sus asegurados estén obligados a pagar”.14 En

consecuencia, validó dichas cláusulas por entender que nuestro

ordenamiento “no prohíbe que una aseguradora limite su propia

responsabilidad por debajo del monto de la cubierta que

ofrece”.15

12 Al cual le fue asignado el alfanumérico KLAN202300987. 13 Véase KLAN202300984 cons. KLAN202300987, pág. 29. 14 Íd., págs. 28-29. 15 Íd., pág. 29. CC-2024-0466 9

Insatisfechos con el dictamen emitido por el Tribunal de

Apelaciones, la Sra. Sonia Enid Lugo Ramos y la Sucesión del

señor Negrón Castro acudieron ante esta Curia mediante una

petición de certiorari. En el presente recurso, plantean que

el foro intermedio cometió el siguiente error:

Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que SIMED y Beazley Group solo responderán, en el caso de recaer una sentencia que determine que el Dr. Soler Bernardini y el Hospital San Lucas incurrieron en acciones u omisiones culposas, por las cantidades que estos están legalmente obligados a pagar, según lo pactado en sus respectivos contratos de seguro, todo ello en contravención a las disposiciones aplicables del Código de Seguros. (Subrayado en el original).

La aseguradora SIMED, el Hospital San Lucas y su

aseguradora Beazley Group presentaron sus respectivos

alegatos. Estas reiteran que, conforme al contrato de seguros

suscrito entre las partes, y a los principios establecidos en

el Código de Seguros, las cantidades máximas por las que, en

su día, responderán en el presente pleito, son las dispuestas

en la Ley Núm. 104, supra; a saber, $75,000 por persona o

$150,000 dependiendo de la cantidad de personas o causas de

acción. Alegaron que dichas cuantías reflejan el límite de su

obligación, ya que responden únicamente hasta el grado de

responsabilidad de sus asegurados, “no más”.16

Evaluados los argumentos de las partes, procederemos a

exponer la normativa aplicable.

16Véase Alegato de SIMED, pág. 17. Alegato del Hospital San Lucas y Beazley Group, pág. 3. CC-2024-0466 10

II.

A. Mecanismo de la Sentencia Sumaria

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula todo lo

relacionado con la moción de sentencia sumaria. Dicho

mecanismo procesal se utiliza en aquellos litigios en los que

no existen controversias genuinas de hechos materiales y, por

consiguiente, no resulta necesaria la celebración de un juicio

en su fondo, en la medida en que solo resta por dilucidar

determinadas controversias de derecho. BPPR v. Zorrilla y

otro, 214 DPR 329, 338 (2024). Véase Acevedo y otros v. Depto.

Hacienda y otros, 212 DPR 335, 349 (2023). Se considera un

hecho material aquel que puede afectar el resultado de la

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.

Bobé et al. v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 20 (2017).

El propósito que persigue el mecanismo de la sentencia

sumaria es que los pleitos civiles se resuelvan de forma justa,

rápida y económica. SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al.,

208 DPR 310, 334-335 (2021). Véase León Torres v. Rivera

Lebrón, 204 DPR 20, 43 (2020). Para lograrlo, la Regla 36.3

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece el contenido

y los requisitos de forma que deben observarse, tanto en la

solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte

promovente, como en la oposición que pueda presentar la parte

promovida. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 43.

La sentencia sumaria solicitada será dictada

inmediatamente:

si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hay, u otra CC-2024-0466 11

evidencia demuestran que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra. Véanse, además, Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 941 (2018); Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018).

Como regla general, una moción de sentencia sumaria no

procederá cuando: (1) existan hechos materiales y esenciales

controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la demanda

que no han sido refutadas; (3) surja de los propios documentos

que se acompañan con la moción una controversia real sobre

algún hecho material y esencial; o (4) no proceda como

cuestión de derecho. Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al.,

supra, págs. 335-336. Véase S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo

Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).

Por otra parte, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V., establece que:

[s]i en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio solicitado o se deniega la moción, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos, […].

Ahora bien, este Tribunal ha pautado reiteradamente que

los foros revisores están llamados a “examinar el expediente

de novo y verificar que las partes cumplieron con las

exigencias” pautadas en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil,

supra. Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, págs. 337-

338, citando a Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204

DPR 1010, 1025 (2020). Para ello, es indispensable “analizar CC-2024-0466 12

tanto los documentos que acompañan la solicitud como los

documentos de la oposición para determinar si existe o no

controversia de hechos”. Rosado Reyes v. Global Healthcare,

205 DPR 796, 809 (2020). En ese proceder, si se concluye que

los hechos materiales están verdaderamente incontrovertidos,

entonces corresponde revisar si el foro primario aplicó

correctamente el Derecho. Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al.,

supra, pág. 338. Véase González Santiago v. Baxter Healthcare,

202 DPR 281, 291 (2019).

B. El Contrato de Seguros

En virtud de la trascendencia pública, importancia,

complejidad y efecto en la economía de nuestra sociedad, la

Asamblea Legislativa ha considerado apropiado reglamentar el

negocio de los seguros en una ley especial, conocida como el

Código de Seguros de Puerto Rico,17 el cual ha sido objeto de

múltiples enmiendas a lo largo del tiempo. A su vez, dicha

legislación creó el cargo del Comisionado de Seguros, a quien

corresponde reglamentar todos los asuntos relacionados al

negocio de seguros en Puerto Rico. Incluso, tiene la facultad

de llevar a cabo las investigaciones y exámenes que estime

necesarios para asegurar el cumplimiento de las disposiciones

del Código, su reglamento y las órdenes que se hayan emitido.

Artículo 2.030 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 235.

En cuanto a su forma y contenido, el contrato de seguro

debe constar por escrito, en documento privado, denominado

como la póliza.18 En este se expresan los derechos y

17 Véase Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, Código de Seguros de Puerto Rico, según enmendada,26 LPRA sec. 101 et seq. 18 Véase Artículo 11.140 de la Ley Núm. 77, 26 LPRA sec. 1114. CC-2024-0466 13

obligaciones de las partes contratantes, el nombre del

asegurador y del asegurado, la designación del objeto

asegurado, la naturaleza de los riesgos cubiertos, la cantidad

asegurada, la declaración de la prima, y las condiciones y

exclusiones correspondientes al seguro. R. Cruz, Derecho de

Seguros, San Juan, Ed. J.T.S., 1999, págs. 3-4.

Respecto a los derechos y obligaciones, tanto del

asegurador como del asegurado, estos quedan establecidos en

la sección referente a las condiciones. En dicha sección, el

asegurador condiciona su obligación indemnizatoria y

establece, además, sus derechos y los del asegurado. Íd., pág.

11.

Por otra parte, las exclusiones ─a diferencia de las

condiciones─ limitan o excluyen el alcance de las cubiertas,

y específicamente excluyen aquellos riesgos o peligros de la

cubierta general que el asegurador así exprese en esta parte

de la póliza. Íd., págs. 10-11.

Por otro lado, en repetidas ocasiones hemos resuelto que

el contrato de seguro es el contrato de adhesión por

excelencia, ya que este es redactado íntegramente por el

asegurador en todo su contenido, sin que el asegurado tenga

la oportunidad de negociar su contenido. Íd., pág. 12. Véase,

además, Artículo 11.140, inciso (2) del Código de Seguros, 26

LPRA sec. 1114; S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372,

386 (2009); Zequeira v. CRUV, 83 DPR 878, 880 (1961).

Es un principio hermenéutico del derecho de seguros que

“[tlodo contrato de seguro deberá interpretarse globalmente,

a base del conjunto total de sus términos y condiciones, según CC-2024-0466 14

se expresen en la póliza y según se hayan ampliado, extendido,

o modificado por aditamento, endoso o solicitud adherido a la

póliza y que forme parte de ésta”. Artículo 11.250 del Código

de Seguros, 26 LPRA sec. 1125. “Es precisamente mediante la

interpretación global del contrato de seguro y no de manera

aislada que se logra obtener la verdadera intención de las

partes”. R. Cruz, op. cit., pág. 36.

En cuanto a esta materia, en Barreras v. Santana, 87 DPR

227 (1963), dictaminamos que “[l]as dudas se resolverán de

modo que se realice el propósito de la póliza [...] y no se

favorecen las interpretaciones sutiles para evadir la

responsabilidad [...]”. Íd., pág. 235. Asimismo, la doctrina

requiere, no solo que interpretemos la póliza a favor del

asegurado y en contra de la aseguradora que redactó la póliza,

sino que la interpretemos a favor de darle efecto a las

cubiertas pactadas. Véase Couch, On Insurance, 3ra ed.,

Thompson Reuters, 2025, Vol. 1, sec. 219.

De otra parte, el Código de Seguros vela porque el

contrato sea redactado, no solamente incluyendo cláusulas

uniformes, sino también, en cuanto al contenido de las pólizas

en general, dejando la libre contratación solo en aquellas

situaciones que no afecten el aspecto sustantivo del contrato,

las cuales pertenecen a un régimen muy personal dentro del

contrato de seguro. R. Cruz, op cit., págs. 12-13. Sobre este

particular, el Artículo 11.110 del Código de Seguros, 26 LPRA

sec. 1111, en su inciso (1), dispone que:

[n]inguna persona expedirá, entregará o usará ningún formulario básico de póliza de seguro, excepto el de fianza ni ningún formulario de solicitud cuando CC-2024-0466 15

se requiera solicitud por escrito, ni aditamento impreso ni formulario de endoso, a menos que previamente haya sido presentado al Comisionado y aprobado por éste [...].19

Así, “[n]inguna persona deberá expedir ni entregar ningún

formulario a sabiendas de que el mismo no ha sido aprobado

por el Comisionado”. Íd., inciso (4). Además, es menester

recalcar, que el Comisionado también tiene la facultad de

desaprobar un formulario de póliza, solicitud, aditamento o

endoso, o retirar su aprobación:

[s]i contiene o incorpora por referencia cualesquiera cláusulas inconsistentes, ambiguas o que se presenten a error, o excepciones y condiciones que falazmente afecten el riesgo que se tiene la intención de asumir en la cubierta general del contrato”. Artículo 11.120, inciso (3) del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1112.

En suma, todo contrato de seguros debe expresar

claramente los actos asegurados por la póliza, fuente de

responsabilidad frente al asegurado. En su típica redacción

(typical coverage provision for a professional liability E&O

policy obligates the insurer) se encuentra:

To pay on behalf of the Insured all sums which the Insured shall become legally obligated to pay as damages … by reason of any act, error or omission arising out of professional services rendered or which should have been rendered, as specified [in the Insured Profession Section] of the Declarations”. (Negrilla suplida). New Appleman on Insurance Law Library Edition, Vol. 4, Sec. 25.03[7], págs. 25-46 (Rel. 13-9/2015).

Al respecto, Theresa A. Guertin y Tracy Alan Saxe

explican lo siguiente:

This “legally obligated” requirement was intended to avoid coverage for obligations that the insured has voluntarily assumed. That is, the scope of coverage is limited to only those obligations

19 Negrilla suplida. CC-2024-0466 16

that the law recognizes and enforces between parties. Logically, these legal obligations should include not only judgments rendered by courts of law, but also any valid liability claim once it arises. (Citas omitidas). Theresa A. Guertin y Tracy Alan Saxe, Insurance Coverage of Construction Disputes, 2d ed., Thompson Reuters, 2025, sec. 6:7.

En virtud de lo anterior, distintos tribunales han

interpretado la cláusula de “legally obligated to pay as

damages” refiriéndose al requisito de responsabilidad

extracontractual y no en referencia a cantidad alguna. Véanse,

por ejemplo, Terrebonne v. State Farm Fire and Cas. Co., 491

So. 2d 73 (LA. Ct. App. 1st Cir. 1986) (Injuries sustained by

the insured’s adult son when he tried to lift a railroad jack

while helping his father construct a boat were not compensable

under the father’s homeowner’s liability policy, where there

was no negligence or fault by the insured father, so that the

insured was not “legally obligated” to pay any damages)20;

Federated Serv. Ins. Co. v. Alliance Constr.,LLC, 282 Neb.

638 (Neb.2011), 805 N.W.2d 468 (2011) (“Under a policy

providing liability coverage, the insurer has a duty to

indemnify an insured who becomes legally liable to pay damages

for a covered occurrence”); Detroit Water Team Joint Venture

v. Agricultural Ins. Co., 371 F.3d 336 (6th Cir. 2004) (“Thus,

Detroit Water Team has the burden of proving that it was

“legally obligated” to pay the “sums” that it incurred in

repairing the damaged electrical system. The phrase “legally

obligated” necessitates “more than inchoate or potential

liability”.).

20“The clause in question is clear and explicit. The generally prevailing meaning of legally obligated or a legal obligation is defined as “[a] duty imposed by law....”, Black's Law Dictionary, 806 (5th ed. 1979)”. Íd. CC-2024-0466 17

Antes bien, la controversia que ha levantado esta

cláusula en las jurisdicciones de Estados Unidos ha sido si

tal cláusula incluye responsabilidad por daños contractuales

o si debe limitarse a responsabilidad extracontractual.

Véanse, por ejemplo, Vandenberg v. Superior Court, 21 Cal.4th

815 (1999)21; Sigma Chi Corp. v. Westchester Fire Ins. Co.,

587 F.Supp.2d 891 (N.D. Ill. 2008).

En concordancia, destacamos que el Capítulo 20 del Código

de Seguros dispone sobre los articulados aplicables a los

Seguros contra Accidentes. Entre estos se establece que “[l]a

responsabilidad del asegurador no excederá de aquella

dispuesta en la póliza, y el tribunal deberá determinar no

solamente la responsabilidad del asegurador, sino que también

la cuantía de la pérdida”. Artículo 20.030 del Código de

Seguros, 26 LPRA Sec. 2003. Es decir, una vez establecido el

grado de responsabilidad y la cuantía de los daños, la

aseguradora responderá únicamente hasta el monto dispuesto en

la póliza.22 Además, la persona que sufra los daños y perjuicios

tendrá, a su opción, una acción directa contra el asegurador

conforme a los términos y limitaciones de la póliza, acción

que podrá ejercitar contra el asegurador solamente o contra

éste y el asegurado conjuntamente. Íd.

C. El Contrato de Seguro médico-hospitalario

21 “Second, we must determine whether a commercial general liability (CGL) insurance policy that provides coverage for sums the insured is “legally obligated to pay as damages” may cover losses arising from a breach of contract”. Íd. 22 En aquellos casos en que el monto de la sentencia exceda el total del

riesgo cubierto por una póliza de impericia médico-hospitalaria, el tribunal podrá autorizar el pago a plazos de esa parte de la sentencia que le corresponde al profesional o institución de cuidado del asegurado. Véase Artículo 41.100 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4110. CC-2024-0466 18

El Código de Seguros exige que todo profesional de

servicios de salud e institución médica presente anualmente

prueba de su responsabilidad financiera, la cual debe cubrir

no menos de $100,000 por incidente y $300,000 en agregado por

año. Asimismo, el Comisionado podrá requerir límites hasta un

máximo de $500,000 por incidente médico y un agregado de

$1,000,000 por año en los casos de instituciones de cuidado

de salud. Artículo 41.050 del Código de Seguros, 26 LPRA sec.

4105.

Este deber se puede satisfacer mediante: (i) el

establecimiento de un fondo de garantía; (ii) la obtención de

un seguro de responsabilidad profesional médico-hospitalaria

expedido por un asegurador que participe del mercado de libre

competencia o SIMED; o (iii) una combinación de ambas formas.

El referido contrato de seguros constituirá la cubierta de

seguros de responsabilidad profesional para cubrir riesgos de

daño por culpa o negligencia por impericia profesional

(malpractice) para profesionales de servicios de salud e

instituciones de cuidado de salud. Artículo 41.020 inciso (7)

del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 4102.23

En lo aquí pertinente, el Código de Seguros dispone

claramente, cuáles profesionales e instituciones de cuidado

de salud están exentos de esta obligación. Artículo 41.050

del Código de Seguros, supra. De igual manera, el legislador

clasificó expresamente a quiénes se les concede inmunidad y a

quiénes se les otorgaron límites de responsabilidad. Así, el

23 Véase, además, Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 690 (2001). CC-2024-0466 19

referido articulado taxativamente establece cuáles

profesionales e instituciones de salud no podrán ser incluidas

como parte demandada en una acción civil de daños por culpa o

negligencia por impericia profesional (malpractice), y a

quiénes les resultan aplicables los límites de

responsabilidad. Íd.

Por otro lado, la Ley Núm. 103-2011 se aprobó para

enmendar el Artículo 41.050 del Código de Seguros, supra, el

Artículo 2 de la Ley Núm. 104, supra, y el Artículo 7 de la

Ley Núm. 136-2006, supra, que se discutirán más adelante. En

esta medida, el legislador entendió necesario aclarar quiénes

están sujetos a los límites de responsabilidad dispuestos en

la Ley Núm. 104, supra. Véase, Exposición de Motivos de la

Ley Núm. 103-2011.

Así, en el referido Artículo 41.050, supra, se incorporó

el siguiente lenguaje que, en lo aquí pertinente, dispone:

[s]e aplicarán los límites de responsabilidad que la Ley Núm. 104 del 29 de junio de 1955, según enmendada, impone al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en similares circunstancias, en los siguientes escenarios: […]”.

El inciso (vii) del referido articulado incluye:

a los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico, sus estudiantes y miembros de facultad cuando recaiga sentencia por actos constitutivos de impericia médica hospitalaria (malpractice) cometida por sus estudiantes y miembros de su facultad en el desempeño de sus funciones docentes; […]. (Negrilla suplida).

En relación con la controversia presentada es importante

destacar que la inmunidad supone la inexistencia de una causa

de acción, mientras que la imposición de límites de

responsabilidad meramente establece un tope a la compensación CC-2024-0466 20

que la parte demandante debe recibir. Por lo cual, hemos

establecido que ambas figuras, aunque persiguen un fin

similar, son excluyentes, dado que la aplicación de una

necesariamente excluye la aplicación de la otra. Ortiz et al.

v. Hosp. San Lucas et al., 205 DPR 222, 228-229 (2020). Véase

Rodríguez Figueroa et al. v. Centro de Salud, 197 DPR 876,

884-885 (2017).

De igual manera, hemos resuelto que la Ley Núm. 136-2006,

supra, ─a la cual hacemos referencia a continuación─ tuvo el

efecto de imponer límites monetarios a la responsabilidad de

los CMAR y a los facultativos que ejercen labores docentes en

estos, y no el de conferirles inmunidad absoluta ante

cualquier reclamación por daños y perjuicios por impericia

médica. Ortiz et al. v. Hosp. San Lucas et al., supra, págs.

229-230. Véase Rodríguez Figueroa et al. v. Centro de Salud,

supra, págs. 884-885.

En Quílez-Velar et al. v. Ox Bodies, Inc., 198 DPR 1079

(2017), atendimos una Certificación Interjurisdiccional sobre

el asunto de la inmunidad y los límites de responsabilidad, y

allí reiteramos que:

Si un codeudor es inmune por razón de una ley que así lo prescribe, su porción de la deuda no debe formar parte de la deuda solidaria. Asimismo, si un codeudor está cobijado por un límite de responsabilidad estipulado por la ley, …, pues su porción de la deuda no puede rebasarse del límite establecido. (Negrilla suplida). Íd., págs. 1087-1088.24

24Destacamos que, en el pleito citado, una vez celebrado el juicio, el Jurado concluyó que Ox Bodies respondía a los demandantes y otorgó daños que totalizaron $6,000,000. El Jurado adjudicó la responsabilidad por los daños de la manera siguiente: 20% de la responsabilidad a Ox Bodies, ($1,200,000); 80% al Municipio ($4,800,000), que ya no formaba parte de la demanda y 0% a la señora Quílez Bonelli. CC-2024-0466 21

Las inmunidades, o los límites de responsabilidad que se

establecen por ley, son excepciones, o defensas, personales

que puede presentar un deudor. Así, éste puede servirse de la

inmunidad o el límite de responsabilidad estatutaria de otro

codeudor en la porción de la deuda de la cual sea responsable

ese otro. Íd., pág. 1089.

D. La Ley Núm. 136-2006

Como principio cardinal básico de hermenéutica, el texto

de la ley no se debe menospreciar so pretexto de honrar su

espíritu. Martínez v. Ofic. del Gobernador, 152 DPR 586

(2000). Si una disposición específica de una ley requiere

interpretación, los tribunales debemos siempre considerar

cuáles fueron los propósitos perseguidos por la Asamblea

Legislativa al aprobarla y el fin social que los inspiró.

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923 (2010).

Véase Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 523 (1991). Nuestra

determinación debe atribuirle un sentido lógico que asegure

el resultado que originalmente se quiso obtener y suplir

posibles deficiencias, solo cuando sea necesario. Alonso

García v. S.L.G., 155 DPR 91 (2001).

En el marco de sus facultades, nuestra legislatura aprobó

la Ley Núm. 136-2006, supra, con el propósito expreso de

“[…], el Municipio ostentaba una defensa personal de límite de responsabilidad estatutaria. […] por lo cual los demandantes no podían recuperar dinero adicional del Municipio en el foro federal, […]. En cuanto al codeudor solidario …, Ox Bodies, éste podía oponer la defensa personal del Municipio en la parte de la deuda que el Municipio fuese responsable, entiéndase, [el] ochenta por ciento (80%)”. Íd., págs. 1089-1090. Ante la defensa que, por disposición de ley, poseía el Municipio, Ox Bodies perdió su derecho de nivelación. “Por lo tanto, la magistrada Carreño Coll hizo lo correcto al limitar la responsabilidad final de Ox Bodies a $1,200,000 equivalente al veinte por ciento (20%) de los daños otorgados por el Jurado”. Íd., pág. 1090. CC-2024-0466 22

facilitar el acceso y ampliar la oferta de servicios médicos

disponibles a la ciudadanía, y para ello creó los CMAR.

Incluso, mediante esta ley se incorpora como política pública

el reconocimiento de la “responsabilidad en la educación

profesional de la salud, en especial para la educación médica

y estimular el desarrollo de la docencia, la investigación

clínica, epidemiológica y sociomédica y servicios en ciencias

de la salud”. Artículo 2 de la Ley Núm. 136-2006, supra.25 Los

CMAR son definidos como un:

[c]onjunto de uno (1) o más hospitales, facilidades de salud, grupos médicos y programas de formación y entrenamiento de profesionales de la salud relacionadas a una Escuela de Medicina acreditada, cuya misión es la educación, investigación y provisión de servicios de salud”. Artículo 3 inciso (b) de la Ley Núm. 136-2006, 24 LPRA sec. 10031(b).

En atención al fin eminentemente público que persigue la

creación de los CMAR, el legislador determinó extenderles los

límites monetarios dispuestos en la Ley de Reclamaciones y

Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104, supra. Como ya

indicamos, mediante la Ley Núm. 103-2011, la Asamblea

Legislativa enmendó el Artículo 7 de la Ley Núm. 136-2006,

supra, y el Artículo 41.050 del Código de Seguros de Puerto

Rico para aclarar el alcance de este límite para extenderlo a

los CMAR y su facultad docente.

Posteriormente, en la Ley Núm. 94-2023,26 la Asamblea

Legislativa reitera la “crisis real de escasez de médicos” que

enfrenta el país y consideró, una vez más, la necesidad de

2524 LPRA sec. 10031 nota. 26 Ley Núm. 94-2023 enmendó el Artículo 7 de la Ley Núm. 136-2006; el inciso (c) del Artículo 21 de la Ley Núm. 139-2008, Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica; y el Artículo 41.050 del Código de Seguros. CC-2024-0466 23

aclarar el alcance del estatuto que creó los CMAR. En su

exposición de motivos, el legislador incorporó la

interpretación que hemos dado a la inmunidad y a los límites

de responsabilidad, y citó:

… la inmunidad no constituye una defensa personal del médico ante reclamaciones en su contra, sino la inexistencia de causa de acción. Un individuo que disfruta de inmunidad no puede ser objeto de un litigio, independientemente de que haya realizado un acto u omisión negligente. Por otro lado, el límite de responsabilidad se trata de una limitación impuesta por la Asamblea Legislativa a las cuantías compensables por actos u omisiones culposos o negligentes. Así, una persona cobijada por inmunidad no puede ser incluida como parte demandada y no le son aplicables los límites de responsabilidad. Esta Asamblea Legislativa entiende que con la aprobación de la presente medida nos permitirá detener el éxodo masivo de la clase médica puertorriqueña, retener los nuevos profesionales de la salud, evitar una crisis de salud pública y garantizar la existencia de suficientes talleres de enseñanza para aumentar los programas de educación médica graduada en Puerto Rico. (Negrilla suplida)

De esta manera, y mediante esta enmienda, quedó

claramente establecido en el Artículo 41.050 del Código de

Seguros, supra, a cuáles instituciones y profesionales de la

salud les aplica el límite de responsabilidad. Destacamos que

el inciso (vii) mantuvo el mismo lenguaje incorporado desde

la Ley Núm. 103-2011, a saber, “a los Centros Médicos

Académicos Regionales de Puerto Rico, sus estudiantes y

miembros de facultad cuando recaiga sentencia por actos

constitutivos de impericia médica hospitalaria (malpractice)

cometida por sus estudiantes y miembros de su facultad en el

desempeño de sus funciones docentes […]”. (Negrilla suplida).

Además, examinado el Diario de Sesiones de la Ley Núm. 94-2023

(P del S 1197), no encontramos que el legislador hiciera

referencia a las aseguradoras ni que estas hubiesen sido parte CC-2024-0466 24

del debate legislativo al aprobar esta medida.27 Diario de

Sesiones, 5ta Sesión Ordinaria (27 de junio de 2023 hasta el

30 de junio de 2023), Decimonovena Asamblea Legislativa, Tomo

VII.

Examinado el derecho aplicable, procedemos a aplicar el

derecho a los hechos.

III.

En el presente pleito, el Tribunal de Primera Instancia

tenía ante su consideración dos solicitudes de sentencia

sumaria parcial y sus respectivas oposiciones. En la primera,

el Dr. Soler solicitó la aplicación de la Ley Núm. 136-2006,

supra. En la segunda, los demandantes peticionaron que se

declarase que dicha legislación no es aplicable a SIMED ni a

Beazley Group. Dado que las partes recurrieron al mecanismo

de la sentencia sumaria para resolver esta controversia,

conviene aclarar varios aspectos sobre su uso.

Como es alto conocido, el mecanismo de sentencia sumaria

provisto en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, permite

a los tribunales disponer parcial o totalmente de litigios

civiles en aquellos casos en los que no exista una controversia

material de hecho que requiera ser dilucidada en un juicio

plenario y el Derecho así lo permita.28 De esta manera, dicho

mecanismo se ha descrito como un medio eficaz para los jueces

27 Proyecto del Senado presentado por la señora González Huertas y el señor Soto Rivera (Por Petición). Coautores los señores Ruiz Nieves, Torres Berríos y las señoras González Arroyo, Rosa Vélez y Trujillo Plumey. Referido a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor. 28 Véanse, León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020); Rodríguez

García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018). CC-2024-0466 25

descartar reclamaciones inmeritorias y descongestionar los

calendarios judiciales.

En el dictamen aquí recurrido, el Tribunal de Primera

Instancia no dispuso de reclamación alguna en la intitulada

“sentencia parcial”, lo allí resuelto no constituye una

adjudicación parcial de la reclamación instada, ni es elemento

de la causa de acción en daños y perjuicios, única reclamación

instada por la parte demandante, aquí peticionaria.29 La “causa

petendi” (causa de pedir) en el derecho procesal, consiste en

los hechos y fundamentos jurídicos que justifican la acción

legal emprendida por una parte en un proceso judicial.

Diccionario de Derecho, Tomo I, Editorial Boch, 2005, pág.

224. Por lo tanto, la controversia presentada por las partes

no era susceptible de ser atendida mediante dicho mecanismo

procesal.30 El dictamen recurrido ante esta Curia constituye

a todas luces una mera resolución interlocutoria.31

De igual manera, hasta en cierta medida, pudiera

considerarse una controversia traída a destiempo por las

29 Reiteradamentehemos resuelto que, una resolución pone fin a un incidente dentro del proceso judicial, mientras una sentencia pone fin a la reclamación entre las partes mediante una adjudicación final. Además, en aquellos casos que entrañan reclamaciones o partes múltiples, el tribunal puede dictar sentencia parcial sobre una u otra de las reclamaciones sin necesidad a esperar a que esté en condiciones de dictar sentencia sobre todas las reclamaciones. U.S. Fire Ins. Co. v. A.E.E., 151 DPR 962, 967 (2000). Véase Rodríguez v. Tribl. Mpal. y Ramos, 74 DPR 656, 664 (1953). Además, “la Regla 43.5 no es de aplicación cuando un tribunal fracciona los elementos básicos de negligencia y daños. Esto en vista de que, al disponer del primer aspecto, la negligencia, no se resuelve finalmente la cuestión litigiosa de la cual pueda apelarse. Dicho dictamen es de carácter interlocutorio. La sentencia no puede ser final por no ser aún ejecutable”. Díaz v. Navieras de P.R., 118 DPR 297, 301 (1987). Véase U.S. Fire Ins. Co. v. A.E.E., supra, pág. 968. 30 En general, la dificultad mayor que en esta etapa del procedimiento

plantea la resolución recurrida estriba, no solo en el uso incorrecto del mecanismo de sentencia sumaria, sino en que el remedio declaratorio solicitado tampoco satisfice el mecanismo de la sentencia declaratoria. 31 Véanse, las Regla 43.1 y 43.5 de las Reglas de Procedimiento Civil,

supra; Rodríguez v. Tribl. Mpal. y Ramos, supra, pág. 664; Díaz v. Navieras de P.R., supra, págs. 301-302; U.S. Fire Ins. Co. v. A.E.E, supra. CC-2024-0466 26

partes. La responsabilidad de las aseguradoras, si alguna, de

indemnizar, nace una vez se determine que sus asegurados son

responsables de los daños reclamados. El grado de

responsabilidad por el cual, en su día, podrían responder los

codemandados-asegurados, no figura en nuestro ordenamiento

como uno de los tres elementos constitutivos de una causa de

acción de daños y perjuicios. Más aún, no constituye un

elemento esencial al momento en que el juzgador fija el valor

de la compensación. Adviértase que, una vez determinado por

el tribunal el valor de los daños es entonces que corresponde

aplicar los límites de responsabilidad que nuestra legislación

ha reconocido en varias disposiciones como la Ley Núm. 104,

supra, y la Ley Núm. 136-2006, supra. Nótese que el Artículo

41.050 del Código de Seguros, supra, es claro al indicar que

los límites de responsabilidad que la Ley Núm. 104, supra,

impone, aplicará a los CMAR, sus estudiantes y miembros de

facultad, cuando recaiga sentencia.

Ante este escenario procesal, ello sería de por sí

suficiente para disponer del presente recurso. No obstante,

los argumentos que han esbozado las aseguradoras, amparadas

en el contrato de seguro, ameritan nuestra intervención, dado

el alto grado de interés público que envuelve el negocio de

seguros y su vital importancia en nuestro país.

Como es conocido, al analizar e interpretar la ley los

tribunales debemos considerar cuáles fueron los propósitos

perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobarla y el fin

social que los inspiró. Ello, con el fin, de atribuirle un

sentido lógico que asegure el resultado que originalmente se CC-2024-0466 27

quiso obtener y suplir posibles deficiencias, solo cuando sea

necesario.

La Ley Núm. 136-2006, supra, creó los CMAR con el fin de

fortalecer y desarrollar los programas de educación para

profesionales de la salud, así como la investigación clínica,

epidemiológica y sociomédica en Puerto Rico.32 A estos centros,

y a los miembros de su facultad, se les extendió el límite de

responsabilidad establecido en la Ley Núm. 104, supra, por

los procedimientos médicos que se lleven a cabo en el ejercicio

de sus funciones académicas y docentes.33 Ahora bien, de la

legislación antes consignada, no surge que las aseguradoras

hayan sido consideradas por la Asamblea Legislativa al aprobar

estas leyes.

En consecuencia, no es posible concluir que el límite de

responsabilidad también les sea aplicable a las aseguradoras,

ya que, de haber sido esa la intención legislativa, así se

habría dispuesto.34 Las leyes aquí examinadas no fueron

aprobadas con el fin de reducir las primas de los seguros a

la clase médica ni a las instituciones de salud.35 Su propósito

está claramente definido en sus respectivas exposiciones de

motivos. El texto de las leyes es claro y no encontramos

32 Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 136-2006. 33 Posteriormente, este articulado fue enmendado por la Ley Núm. 94-2023 mediante la cual el legislador determinó la aplicabilidad de los límites de responsabilidad con mayor especificidad. 34 Distinto a nuestra legislación, la legislación promulgada en el estado

de Luisiana, conocida como Medical Malpractice Act, tuvo como propósito regular la indemnización total por daños y perjuicios de las víctimas al establecer límites de responsabilidad, y así reducir las primas de seguro. Por ello, la Corte Suprema de dicho estado ha permitido que las aseguradoras invoquen como defensa los límites de responsabilidad concedidos a sus asegurados. Descant v. Administrators of Tulane Educational Fund, 639 So. 2d 246 (1994). 35 En el presente caso ni tan siguiera las aseguradoras argumentaron que

la aplicación de los límites de responsabilidad conllevaría un ajuste en la prima. CC-2024-0466 28

fundamento alguno que permita lógicamente ultimar lo

contrario.

En el presente caso, tanto el Tribunal de Primera

Instancia como el Tribunal de Apelaciones resolvieron

correctamente que los estatutos invocados, no extienden de

manera expresa los límites de responsabilidad a las

aseguradoras. Como es conocido, aun cuando tenemos la facultad

para interpretar las leyes, su lenguaje claro y explícito no

debe ser tergiversado, malinterpretado ni sustituido.36 Por lo

cual, los argumentos esbozados por las aseguradoras no pueden

ser avalados por este foro, pues no podemos usurpar la función

de legislar, la cual corresponde exclusivamente al Poder

Legislativo.

Por otra parte, la interpretación que las aseguradoras

pretenden dar a las cláusulas de acuerdo de cubierta (coverage

agreements), y que a su vez fue acogida por el Tribunal de

Apelaciones, es contraria al derecho de seguros. De hecho,

evaden su responsabilidad claramente establecida en la póliza

al ofrecer una interpretación incorrecta de una cláusula cuyo

lenguaje es común en todo contrato de seguros.

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia

concluyó que en las cláusulas, a las que hicieron referencia

las aseguradoras, éstas simplemente se obligaron al pago de

todas las cantidades que en su día el asegurado pueda estar

legalmente obligado a pagar como daños (“[a]ll sums which the

36Véase PR Fast Ferries, et al. v. AAPP, 213 DPR 103 (2023), y casos allí citados. CC-2024-0466 29

Insured shall become legally obligated to pay as damages …”).37

No obstante, dicho foro reiteró “que tal disposición

contractual no es contraria a nuestra determinación de que

los límites dispuestos en la Ley 136-2006, supra, no son

oponibles a las aseguradoras, SIMED y Beazley Group”.38 Sin

embargo, el Tribunal de Apelaciones “revocó” dicho dictamen

bajo el errado fundamento de que dicha cláusula es una

exclusión de la póliza, y que los asegurados, es decir, el

Dr. Soler y el Hospital San Lucas, acordaron con las

aseguradoras que solo pagarán hasta el límite de

responsabilidad dispuesto en la Ley Núm. 136-2006, supra.

Incluso, en una contradicción, el foro apelativo advirtió que,

como norma general, las aseguradoras responden hasta el monto

de sus pólizas.

No existe fundamento en derecho, ni en el expediente,

que permita concluir que los asegurados acordaron con las

aseguradoras el que estas respondan hasta las cantidades

dispuestas en la Ley Núm. 104, supra, a saber: $75,000 por

accidente y $150,000 por los daños y perjuicios causados a

más de una persona, o cuando existieran varias causas de acción

a favor de un solo perjudicado, como condición expresa

articulada en las pólizas expedidas a favor del Dr. Soler y

el Hospital San Lucas.

37 Véase apéndice del recurso, pág. 828. La cláusula en la póliza de Beazley Group dispone que esta se obligó a pagar el monto de la suma neta final que el asegurado advenga legalmente obligado a pagar por daños y perjuicios (“… will indemnify the INSURED for that amount of the ULTIMATE NET SUM PAYABLE which the INSURED shall be legally obligated to pay as damages”). (Negrilla suplida). 38 Íd. Subrayado en el original. CC-2024-0466 30

De un examen del expediente surge que la póliza emitida

por SIMED tiene un límite de $100,000 por individuo y $300,000

por agregados, mientras que la póliza de Beazley Group

establece una cubierta de $1,500,000 por incidente y hasta

$6,000,000 por responsabilidad profesional, respectivamente.39

Reiteramos que de los contratos de seguro no surge que dichos

límites de responsabilidad estén sujetos a alguna condición.40

Conforme al derecho antes expuesto, las exclusiones

─distinto a las condiciones─ limitan o excluyen el alcance de

las cubiertas, específicamente excluyendo aquellos riesgos o

peligros de la cubierta general que el asegurador así exprese

en esta parte de la póliza. Por ende, las cláusulas examinadas

por el foro intermedio no son cláusulas de exclusión.

Además, al concluir que dichas cláusulas limitaban la

póliza a los límites establecidos en la Ley Núm. 136-2006,

supra, como parte de un acuerdo entre las partes, el foro

intermedio pasó por alto que, en nuestra jurisdicción, el

contrato de seguros es un contrato de adhesión, cuyas

cláusulas no solo son unilateralmente redactadas por las

aseguradoras, sino que deben ser aprobadas por el Comisionado

de Seguros. El Código de Seguros claramente dispone que:

[l]a responsabilidad del asegurador no excederá de aquella dispuesta en la póliza, y el tribunal deberá determinar no solamente la responsabilidad del asegurador, sino que también la cuantía de la pérdida. Artículo 20.030 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2003.

39Véase apéndice del recurso, págs. 552 y 570. 40Como indicamos, los derechos y obligaciones, tanto del asegurador como del asegurado en una póliza de seguro, quedan establecidos en la parte referente a las condiciones. En esta parte, el asegurador condiciona su obligación indemnizatoria y también expresa cuáles son sus derechos y los del asegurado. CC-2024-0466 31

Como adelantamos, hablar de cuantías en el presente caso

es puramente especulativo, ya que aun el foro de primera

instancia no ha celebrado el juicio en su fondo.41

Por lo anterior, erró el Tribunal de Apelaciones al

concluir que las cláusulas en controversia establecen un tope

distinto al acordado en la póliza, y al catalogarlas como

cláusulas de exclusión. Además, las aseguradoras simplemente

pretenden darles a estas cláusulas un sentido distinto al que

siempre han tenido.

La interpretación que sobre las cláusulas intentaron

establecer las aseguradoras, no solo es contrario a la propia

póliza, sino que su redacción, como señaláramos en el derecho

antes consignado, es la típica de estos modelos. La póliza

expedida por SIMED dispone: “all sums which the Insured shall

become legally obligated to pay as damages”. De igual manera,

la póliza de Beazley Group expresa: “… will indemnify the

INSURED for that amount of the ULTIMATE NET SUM PAYABLE which

the INSURED shall be legally obligated to pay as damages”.

En consecuencia, interpretadas globalmente ambas

pólizas, no hay obstáculo alguno para favorecer una

interpretación que haga efectiva la cubierta según fueron

pactadas. Reiteramos que estas cláusulas han sido

interpretadas desde el aspecto de responsabilidad

extracontractual y no en referencia a cantidad alguna. En

suma, la cláusula aquí en controversia sirve para expresar el

requisito de responsabilidad legal necesario para que la

41Nótese que el pago o indemnización es por el valor real de los daños, los cuales pudieran ser por debajo del máximo pactado en la póliza o incluso superior. CC-2024-0466 32

aseguradora responda según los contornos de su póliza. Couch,

op. cit., Vol. 7A, sec. 103:14.

Por otro lado, no conocemos de ninguna ocasión en que la

cláusula haya sido interpretada para referirse a cantidades y

límites específicos por el cual una aseguradora deba responder

que no sean aquellos pactados en la póliza. Además, es

importante recordar que en nuestra jurisdicción los modelos o

formularios de póliza requieren la aprobación del Comisionado

de Seguros, quien tiene la facultad de desaprobar cualquier

cláusula inconsistente, ambigua o con condiciones que afecten

de forma engañosa el riesgo que se pretende cubrir en la

póliza.42

Por último, señalamos una vez más que no existe hecho

alguno que sustente la interpretación que han pretendido las

aseguradoras en el presente caso. La Asamblea Legislativa es

a quien le corresponde hacer la determinación sobre la

extensión a las aseguradoras de los límites de responsabilidad

dispuestos en la Ley Núm. 104, supra, y la Ley Núm. 136-2006,

supra.

En conclusión, el error señalado fue cometido, por lo

que procede modificar la Sentencia dictada por el Tribunal de

Apelaciones y confirmar el dictamen emitido por el Tribunal

de Primera Instancia. El presente caso debe devolverse para

que se celebre el juicio en su fondo a la mayor brevedad

posible. El principio rector que permea todo nuestro

42Véase, además, Appleman, Insurance Law and Practice, Vol. 12, sec. 7005, ed. 1981, págs. 56-57. CC-2024-0466 33

ordenamiento procesal es la solución de controversias de una

manera justa, rápida y económica.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos el

dictamen recurrido en cuanto a que las cláusulas contenidas

en las pólizas, aquí en controversia, no son cláusulas de

exclusión ni constituyen un acuerdo entre el asegurado y la

aseguradora para responder por debajo de los límites

dispuestos en el contrato de seguro, y se confirma en los

demás asuntos. En consecuencia, restablecemos el dictamen

emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará Sentencia en conformidad.

Camille Rivera Pérez Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Hiram M. Soler Bernardini, su esposa Marisol Portilla Delgado y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos; CC-2024-0466 Certiorari Hospital Episcopal San Lucas Ponce; Bernardo Campos González, Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico, Inc.; Beazly Group; The Medical Protective Company; SIMED; Puerto Rico Medical Defense Insurance; John Doe, Richard Roe

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de octubre de 2025.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, modificamos el dictamen recurrido en cuanto a que las cláusulas contenidas en las pólizas, aquí en controversia, no son cláusulas de exclusión ni constituyen un acuerdo entre el asegurado y la aseguradora para responder por debajo de los límites dispuestos en el contrato de seguro, y se confirma en los demás asuntos. En consecuencia, restablecemos el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez emite Opinión Concurrente.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis Samuel Negrón Castro, y otros

Peticionarios CC-2024-0466 Certiorari v.

Hiram M. Soler Bernardini, y otros

Opinión concurrente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

¿Son los límites de responsabilidad establecidos

en la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el

Estado, infra, y, por consiguiente, en la Ley de

Centros Médicos Académicos Regionales, infra,

extensivos a las compañías aseguradoras de las

instituciones de salud, o de los profesionales de la

medicina que, de forma directa, se benefician de

éstos? Realizado el estudio de rigor, -- y por

fundamentos, en parte, distintos a los adoptados por

una mayoría de este Tribunal --, desde la concurrencia

contestamos dicha interrogante en la negativa. Veamos

por qué. CC-2024-0466 2

Los hechos que dan margen al presente litigio no están en

controversia. Por alegados actos constitutivos de impericia

médica, el Sr. Luis S. Negrón Castro (en adelante, “señor

Negrón Castro”),su esposa, la Sra. Sonia E. Lugo Ramos, la

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, y

sus hijos menores de edad, N.A., V.S. y A.S. (en adelante y

en conjunto, “señora Lugo Ramos”), presentaron ante el

Tribunal de Primera Instancia una Demanda en daños y

perjuicios en contra del Dr. Hiram M. Soler Bernardini, su

esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por

ambos (en adelante y en conjunto, “doctor Soler Bernardini”);

el Hospital Episcopal San Lucas de Ponce (en adelante,

“Hospital San Lucas”); el Dr. Bernardo Campos González (en

adelante, “doctor Campos González”); el Hospital Español

Auxilio Mutuo de Puerto Rico, Inc. (en adelante, “Hospital

Auxilio Mutuo”); y sus respectivas compañías aseguradoras,

Beazley Group1 (en adelante, “Beazley”); The Medical

Protective Company (en adelante, “Medical Protective”);2

SIMED;3 y Puerto Rico Medical Defense Insurance4.5

1 Compañía aseguradora del Hospital San Lucas.

2 Compañía aseguradora del Hospital Auxilio Mutuo.

3 Compañía aseguradora del doctor Soler Bernardini.

4 Compañía aseguradora del doctor Campos González.

5 A grandes rasgos, en el referido documento se alegó que, luego de que el señor Negrón Castro comenzara a sentir molestias abdominales, el doctor Soler Bernardini le removió la vesícula en el Hospital San Lucas. Los demandantes atribuyeron a dicho procedimiento las posteriores complicaciones de salud que sufrió el señor Negrón Castro, las cuales requirieron de una segunda intervención quirúrgica llevada a cabo, en esa ocasión, por el doctor Campos González en el Hospital Auxilio Mutuo. CC-2024-0466 3

Enterados de lo anterior, oportunamente, y por separado,

el doctor Soler Bernardini, el Hospital San Lucas y el Hospital

Auxilio Mutuo presentaron sus contestaciones a la demanda.6 En

síntesis, el referido galeno y las mencionadas instituciones

hospitalarias negaron incurrir en negligencia al brindar

tratamiento médico y hospitalario al señor Negrón Castro. En

la alternativa, y de entender el foro primario que éstos eran

responsables, adujeron que le eran de aplicación los límites

de responsabilidad establecidos en la Ley Núm. 136-2006,

también conocida como la Ley de los Centros Médicos Académicos

Regionales de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 10031 et seq. (en

adelante, “Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales”).

Por su parte, y también por separado, las compañías

aseguradoras, SIMED, Beazley y Medical Protective, contestaron

la Demanda instada en su contra por la señora Lugo Ramos, y

alegaron que, entre otras cosas, de en su día, determinarse

que sus asegurados eran responsables por impericia médica u

hospitalaria, éstas responderían conforme a las condiciones y

términos de sus respectivos contratos de seguros.

Más adelante en el litigio, y, en parte, en lo pertinente

a la controversia que nos ocupa, el doctor Soler Bernardini

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Moción

Cabe destacar que, el 5 de julio de 2021, mientras se tramitaba la causa de epígrafe, el señor Negrón Castro falleció. A tales efectos, la señora Lugo Ramos presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Demanda enmendada.

6 Toda vez que el doctor Campos González había radicado una petición de quiebras ante el Tribunal federal, el foro primario ordenó paralizar los procedimientos contra éste. CC-2024-0466 4

solicitando sentencia sumaria parcial, en la cual argumentó

que el foro primario debía establecer que a éste le eran de

aplicación los límites de responsabilidad establecidos en la

Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales, supra.7 Dicha

solicitud fue denegada por el Tribunal de Primera Instancia.

Así las cosas, meses más tarde, el doctor Soler Bernardini

replicó dicho pedido al foro primario mediante una Segunda

moción solicitando se dicte[ase] sentencia parcial sobre los

límites aplicables al caso […]. En particular, en el referido

documento, el galeno en cuestión arguyó que, durante el

tratamiento médico brindado al señor Negrón Castro en el

Hospital San Lucas, intervinieron estudiantes y médicos en

entrenamiento de la residencia en cirugía, por lo que, del

Tribunal de Primera Instancia determinar algún tipo de

responsabilidad monetaria atribuible a éste, le serían de

aplicación las cuantías máximas establecidas en la Ley Núm.

104 de 29 de junio de 1955, también conocida como la Ley de

reclamaciones y demandas contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077

et seq. (en adelante, “Ley de pleitos contra el Estado”), y,

por consiguiente, en la Ley de los Centros Médicos Académicos

Regionales, supra. A dicha solicitud, se unieron el Hospital

San Lucas y Beazley.

De otra parte, y luego de varios incidentes procesales no

necesarios aquí pormenorizar, la señora Lugo Ramos también

presentó ante el foro primario una Moción solicitando

7 SIMED se unió a dicha moción y solicitó que se le hicieran extensivos los argumentos planteados por su asegurado. CC-2024-0466 5

sentencia sumaria parcial. En ésta, la señora Lugo Ramos

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que, mediante

sentencia, resolviese que SIMED y Beazley, -- por ser éstas

compañías aseguradoras --, no podían beneficiarse de los

límites de responsabilidad dispuestos en la Ley de Pleitos

contra el Estado, supra, y, por consiguiente, en la Ley de los

Centros Médicos Académicos Regionales, supra.

En respuesta a la moción de sentencia sumaria parcial

presentada por la señora Lugo Ramos, SIMED presentó, ante el

foro primario, una Moción […] en oposición a solicitud de

sentencia sumaria parcial de la parte demandante, en la cual

argumentó que las compañías aseguradoras solo están expuestas

a responder hasta el grado de responsabilidad de sus

asegurados. A juicio de SIMED, los límites de responsabilidad,

-- como los establecidos en la Ley de Pleitos contra el Estado,

supra, y, por consiguiente, en la Ley de los Centros Médicos

Académicos Regionales, supra --, no son una defensa personal

de los asegurados; más bien, son una limitación al grado de

responsabilidad de estos últimos, lo cual, a su vez, es

determinante a los fines de delimitar la obligación que pueda

imponérsele a sus aseguradoras. Oportunamente, en un escrito

separado, el Hospital San Lucas y su aseguradora, Beazley, se

unieron en lo explicado ante el Tribunal de Primera Instancia

por SIMED, y aprovecharon la oportunidad para incluir en su

comparecencia ante el foro primario copia del contrato de

seguro firmado por ambas entidades. CC-2024-0466 6

En lo que respecta al contrato de seguro que el Hospital

San Lucas y su compañía aseguradora, Beazley, unieron al

escrito presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, éstos

expresaron que, -- y en lo relacionado a controversias como

las que hoy nos ocupan --, el mismo contenía una cláusula que

limitaba la responsabilidad de la aseguradora hasta aquella

que fuese responsable el asegurado. En particular, la referida

cláusula contractual establecía lo siguiente:

INSURING AGREEMENTS

1. COVERAGE: Medical Professional Liability

In the event that a claim or claims are first made, in writing, against the INSURED during the period of the Policy, and notified in accordance with the Reporting and Claims Handling Condition of this Policy, and provided such claim or claims arise the Retroactive Date set forth in Item 6 of the Declarations, Underwriters will indemnify the INSURED for that amount of the ULTIMATE NET SUM PAYABLE which the INSURED shall be legally obligated to pay as damages […]. (Énfasis suplido). Apéndice del Certiorari, pág. 593.

Conforme a lo dispuesto en la precitada cláusula, el

Hospital San Lucas, y su compañía aseguradora, Beazley,

argumentaron ante el foro primario que los límites de

responsabilidad establecidos en la Ley de Pleitos con el

Estado, supra, y, por consiguiente, en la Ley de los Centros

Médicos Académicos Regionales, supra, le aplicaban a esta

última de forma indirecta, al estar obligada a responder hasta

el grado de responsabilidad que tuviera que resarcir el

Hospital San Lucas.8

8 Cabe destacar que SIMED y el doctor Soler Bernardini habían suscrito una póliza de seguros que contenía una cláusula similar a la convenida entre CC-2024-0466 7

Evaluadas las solicitudes de sentencia sumaria parcial

ante su consideración, así como las respectivas oposiciones,

el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia parcial,

mediante la cual determinó, en primer lugar, que los límites

de responsabilidad aquí invocados, -- entiéndase, los

establecidos en la Ley de Pleitos contra el Estado, supra, y,

por consiguiente, en la Ley de los Centros Médicos Académicos

Regionales, supra --, le eran solo de aplicación al doctor

Soler Bernardini y al Hospital San Lucas. Lo anterior, pues se

había demostrado que: (1) el doctor Soler Bernardini era el

“Instructor” de los estudiantes de residencia en cirugía que

intervinieron en el tratamiento del señor Negrón Castro en el

Hospital San Lucas, y (2) que la mencionada institución

hospitalaria era un Centro Médico Académico Regional, de

conformidad con lo establecido en la Ley de los Centros Médicos

Académicos Regionales, supra.

En segundo lugar, el foro primario entendió que a las

compañías aseguradoras de los profesionales de la medicina a

los que hemos hecho referencia no les eran extensivos los

límites de responsabilidad invocados por éstas, toda vez que

el Hospital San Lucas y Beazley. Es decir, una cláusula que establecía que SIMED solo sería responsable hasta la cantidad que el doctor Soler Bernardini estuviera obligado a pagar en daños por impericia médica. En específico, la referida cláusula leía de la siguiente forma:

I. Coverage Agreements The Syndicate will pay on behalf of the Insured with respect only to his practice within the Commonwealth of Puerto Rico: Coverage A- Individual Professional Liability All Sums which the Insured shall become legally obligated to pay as damages because of injury to which this policy applies caused by medical incident […] (Énfasis suplido). Apéndice del Certiorari, pág. 554. CC-2024-0466 8

dichos límites solo protegen a los y las estudiantes de

medicina y miembros de la facultad médica docente que trabajen

en un Centro Médico Académico Regional, más no a médicos u

otro personal de un hospital que no fuese parte del programa

académico. Sobre este extremo, el Tribunal de Primera

Instancia concluyó que la Ley de los Centros Médicos Académicos

Regionales, supra, establece una protección personalísima para

los doctores docentes laborando en estos centros.

Inconforme con lo sentenciado por el foro primario,

mediante Moción bajo las Reglas 43.1 y 47 de Procedimiento

Civil, SIMED solicitó al Tribunal de Primera Instancia que

enmendase y reconsiderase el dictamen emitido en la causa de

epígrafe. A este pedido, se unió el Hospital San Lucas y

Beazley.

Empero, a pesar de que enmendó las determinaciones de

hechos para acoger un hecho incontrovertido adicional, el foro

primario se sostuvo en su determinación respecto a la

inaplicabilidad de los límites de responsabilidad establecidos

en la Ley de Pleitos contra el Estado, supra, y, por

consiguiente, en la Ley de los Centros Médicos Académicos

Regionales, supra, a las compañías aseguradoras aquí

demandadas.

compañía aseguradora, Beazley, presentaron ante el Tribunal de

Apelaciones un recurso de Apelación.9 En el mismo, y en

esencia, señalaron que el foro primario había errado al

9 Dicho recurso fue identificado como KLAN202300984. CC-2024-0466 9

resolver que los límites de responsabilidad establecidos en la

Ley de Pleitos contra el Estado, supra, y, por consiguiente,

en la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales, supra,

no son extensivos a las compañías aseguradoras de los

profesionales de la medicina que de forma directa se benefician

de ellos. Asimismo, alegaron que el Tribunal de Primera

Instancia había errado al ignorar las cláusulas contractuales

entidades, que limitaban su responsabilidad hasta aquella que

fuese responsable el asegurado. Con fundamentos similares,

SIMED también presentó ante el foro apelativo intermedio un

Escrito de Apelación.10

las partes, el Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia,

mediante la cual revocó la Sentencia parcial emitida por el

razonó que, si bien los límites de responsabilidad aquí

levantados, -- entiéndase, los establecidos en la Ley de

Pleitos contra el Estado, supra, y, por consiguiente, los

dispuestos en la Ley de los Centros Médicos Académicos

Regionales, supra --, son solo de aplicación a los Centros

Médicos Académicos Regionales y a los profesionales de salud

que laborasen en dichos centros, en el presente caso existían

ciertas cláusulas contractuales entre las partes que llegaban

a igual resultado en cuanto a SIMED y Beazley, entiéndase que

10 Se le asignó la referencia KLAN202300987. CC-2024-0466 10

las compañías aseguradoras responderían solo por las

cantidades que sus asegurados estuviesen llamados a resarcir.

Insatisfecha con el dictamen emitido por el Tribunal de

Apelaciones, la señora Lugo Ramos acudió ante este Tribunal

mediante una petición de Certiorari. En la misma, ésta señala

que el foro apelativo intermedio erró al resolver que, en el

presente caso, las compañías aseguradoras de las instituciones

hospitalarias, y de los profesionales de la salud aquí

demandados, solo responderían por aquellas cantidades, si

alguna, que sus aseguradoras fuesen responsables ante los

demandantes, según fue pactado en determinadas pólizas de

seguro otorgadas entre éstas y éstos. A juicio de la señora

Lugo Ramos, lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones choca

con los principios de superior jerarquía dispuestos en los

Art. 20.030 y 20.050 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957,

también conocida como el Código de Seguros de Puerto Rico, 26

LPRA secs. 2003 y 2004 (en adelante, “Código de Seguros”), por

lo que solicita que tal determinación sea revocada.

A dicha solicitud, y bajo argumentos similares a los

expuestos en el foro primario y apelativo intermedio, SIMED,

Beazley y el Hospital San Lucas se opusieron. En síntesis,

éstos argumentan que los contratos de seguros aquí otorgados

entre las compañías aseguradoras y sus asegurados establecían

que, en casos como estos, las aseguradoras serían responsables

hasta la cantidad, si alguna, que su asegurado estuviese

obligado a pagar. CC-2024-0466 11

Trabada así la controversia, y con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, una mayoría de mis compañeras

y compañeros de estrado determinan que los límites de

responsabilidad dispuestos en la Ley de los Centros Médicos

Académicos Regionales, supra, no son extensivos a las

aseguradoras. Asimismo, concluyen que la cláusula contractual

en cuestión no constituye una cláusula de exclusión. Con este

dictamen, como mencionamos, concurrimos.

A.

Como es sabido, en Puerto Rico, el Estado goza de aquello

que se conoce como inmunidad soberana. ELA v. El Ojo de Agua

Development, Inc., 205 DPR 502, 515 (2020); Defendini Collazo

v. ELA, 134 DPR 28, 47 (1993); Porto Rico v. Rosaly, 227 US

270, 273 (1913). En esencia, ello se refiere a que este último

no puede ser demandado si no presta su consentimiento. Casillas

Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240, 247 (2022); ELA v. El Ojo de

Agua Development, Inc., supra; Defendini Collazo v. ELA,

Sobre este aspecto, es menester señalar que, allá para el

año 1955, con la aprobación de la Ley de Pleitos contra el

Estado, supra, nuestra Asamblea Legislativa decidió ceder, de

manera parcial, y en determinados escenarios, la inmunidad

soberana que éste ostenta. Casillas Carrasquillo v. ELA,

supra, pág. 248; ELA v. El Ojo de Agua Development, Inc., supra

pág. 516; Berríos Román v. ELA, 171 DPR 549, 556 (2007).

Particularmente, y en lo pertinente a la causa de epígrafe, en CC-2024-0466 12

virtud del precitado estatuto, el Estado consintió a ser

demandado en daños y perjuicios por actuaciones y omisiones

culposas o negligentes de sus funcionarios, empleados o

agentes, en el desempeño de sus funciones. Art. 2(a), Ley de

Pleitos contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077; Casillas

Carrasquillo v. ELA, supra; Defendini Collazo v. ELA, supra,

pág. 49; Berríos Román v. ELA, supra.

Ahora bien, siendo este consentimiento una excepción a la

inmunidad gubernamental de la cual goza el Estado, la Asamblea

Legislativa lo acompañó de una serie “de limitaciones y

salvaguardas procesales que rigen la forma en que un

perjudicado podrá reclamar indemnización del soberano.”

Berríos Román v. ELA, supra. Una de estas limitaciones y

salvaguardas procesales lo fue el establecer unos topes de

responsabilidad de los cuales el Estado se beneficiará cuando

advenga en su contra una sentencia por daños y perjuicios.

En esa dirección, el Art. 2(a) de la Ley de Pleitos contra

el Estado, infra, el cual regula los límites de responsabilidad

del Estado, dispone lo siguiente:

(a) Acciones por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad hasta la suma de setenta y cinco mil (75,000.00) dólares causados por acción u omisión de cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia; o acciones por daños y perjuicios por alegados actos de impericia médico hospitalaria a los profesionales de la salud que laboren en las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía general o trauma exclusivamente en instituciones de salud pública propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y/o municipios, independientemente de si dichas CC-2024-0466 13

instituciones están administradas u operadas por una entidad privada; [c]uando por tal acción u omisión se causaran daños y perjuicios a más de una persona, o cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un solo perjudicado, la indemnización por todos los daños y perjuicios que causare dicha acción u omisión no podrá exceder de la suma de ciento cincuenta mil (150,000.00) dólares.(Énfasis suplido). 32 LPRA sec. 3077.

Como se puede apreciar, de la precitada disposición legal

claramente se desprende que son contadas las instancias en las

que el Estado será responsable en daños y perjuicios. Y cuando

lo sea, solo será responsable hasta la suma de $75,000.00, o

hasta la cantidad de $150,000.00 de existir varias causas de

acción o varios perjudicados.

Sobre esto último, cabe señalar que este Tribunal ha

caracterizado tales límites estatutarios como una defensa

personal del Estado y sus municipalidades, por lo que solo

pueden ser aplicados a la porción de la deuda por la cual estas

partes sean responsables. Véase, Quílez-Velar et al. v. Ox

Bodies, Inc., 198 DPR 1079, 1089 (2017). Puesto de otra forma,

los límites de responsabilidad de la Ley de Pleitos contra el

Estado, supra, como regla general, solo le son aplicables al

beneficiario personal, -- a saber, el Estado --, y no a

terceras partes.

B.

Ahora bien, dicho ello, es menester señalar que, a modo

de excepción, nuestra Asamblea Legislativa, dentro de sus

prerrogativas constitucionales y en aras de fortalecer un

interés público en particular, ha decidido extender tales

límites establecidos en la Ley de Pleitos contra el Estado, CC-2024-0466 14

supra, a ciertos entes privados que desempeñan determinadas

funciones públicas.11 En esa dirección, mediante la Ley de los

Centros Médicos Académicos Regionales, supra, los límites de

responsabilidad antes mencionados fueron extendidos a los

Centros Médicos Académicos Regionales y a su personal médico-

docente.

En particular, el precitado estatuto define a los Centros

Médicos Académicos Regionales como un “[c]onjunto de uno o más

hospitales, facilidades de salud, grupos médicos y programas

de formación y entrenamiento de profesionales de la salud

relacionados a una Escuela de Medicina acreditada, cuya misión

es la educación, investigación y provisión de servicios de

salud.” Art. 3, Ley de los Centros Médicos Académicos

Regionales, 24 LPRA sec. 10031(b). Estos centros, conforme a

lo dispuesto en ley, funcionan como entidades independientes

sin fines de lucro, separados de cualquier otra agencia o

instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico; no obstante, en lo relacionado a sus servicios de

salud, trabajan en coordinación con el Departamento de Salud

de Puerto Rico. Art. 4, Ley de los Centros Médicos Académicos

Regionales, 24 LPRA sec. 10032. Asimismo, los Centros Médicos

Académicos Regionales tienen personalidad jurídica propia y

separada de todo funcionario del Gobierno de Puerto Rico y sus

agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y

11A modo de ejemplo, la Ley Núm. 53 de 26 de mayo de 2020 extendió a los profesionales de la salud, que laboraran en instituciones privadas, los límites de responsabilidad de la Ley de Pleitos contra el Estado, supra, en casos de daños y perjuicios por actos de impericia médico-hospitalaria durante la pandemia del COVID-19. CC-2024-0466 15

subdivisiones. Íd. En fin, estos centros son entidades

privadas creadas por la Asamblea Legislativa para asistir al

Estado en sus funciones públicas.

En cuanto a los límites de responsabilidad aplicables a

los Centros Médicos Académicos Regionales, el Art. 7 de su ley

habilitadora establece que serán los mismos que cobijan al

Estado. Específicamente, y al momento de los hechos aquí en

controversia, el mencionado artículo rezaba de la siguiente

manera:

Se extenderán las limitaciones impuestas en la [Ley de pleitos contra el Estado, supra] a los Centros Médicos Académicos Regionales, estudiantes, médicos en adiestramiento postgraduado y miembros de facultad de los mismos, por los procedimientos médicos que se lleven a cabo en dichos Centros en el ejercicio de sus funciones docentes. Dicha limitación establece un máximo de $75,000 por los daños sufridos por una persona y hasta $150,000 cuando los daños y perjuicios se le causaron a más de una persona, o cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un solo perjudicado. Además, se extenderá al consorcio lo estipulado en el quinto párrafo del Artículo 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico. (Énfasis suplido). 24 LPRA sec. 10035.

Dicho ello, para entender por qué los miembros de la

Asamblea Legislativa, -- de manera excepcional --, decidieron

extender los límites estatutarios de la Ley de Pleitos contra

el Estado, supra, a los Centros Médicos Académicos Regionales

y a su personal médico-docente, es importante conocer la

naturaleza y labor de estos centros. Procedemos, pues, a ir

sobre ello.

C.

De entrada, y sobre el particular, es menester comenzar

señalando que la creación de los Centros Médicos Académicos CC-2024-0466 16

Regionales, por parte de nuestra Asamblea Legislativa,

persigue trabajar con varios intereses públicos que se

relacionan entre sí. Estos son: (1) reconocer la

responsabilidad del Estado en la educación profesional de la

salud; en específico, en la educación médica y en estimular el

desarrollo de la docencia, la investigación clínica,

epidemiológica y sociomédica, y servicios en ciencias de la

salud;12 (2) fortalecer y desarrollar un sistema integrado de

salud pública; (3) ofrecer y brindar servicios de salud costo

efectivos, accesibles y de buena calidad a todas las personas

por igual, independientemente de su raza, sexo, creencias

religiosas y políticas; (4) fortalecer y desarrollar los

programas de educación para los profesionales de la salud; y

(5) estimular el desarrollo investigativo y ofrecer servicios

de salud, entre otros fines. Arts. 2 y 5, Ley de los Centros

Médicos Académicos Regionales, 24 LPRA sec. 10031 nota y

10033.13

12En Rodríguez Figueroa v. Centro de Salud Mario Canales Torresola, 197 DPR 876, 882 (2017) establecimos que los Centros Médicos Académicos Regionales tenían el propósito de ser utilizados para desarrollar programas de internado y residencia para los profesionales de la salud en práctica. Véase, además, Exposición de Motivos, Ley Núm. 103 de 27 de junio de 2011 (en adelante, “Ley Núm. 103-2011”). Asimismo, señalamos que, con la creación de este tipo de centros, se pretendía evitar poner en riesgo las acreditaciones de los programas existentes y evitar el éxodo de profesionales de la salud. Íd.

13 Recientemente, mediante la Ley Núm. 94 de 8 de agosto de 2023 (en adelante, “Ley Núm. 94-2023”), el Legislador y la Legisladora reafirmaron los propósitos que cumplen los Centros Médicos Académicos Regionales en nuestro País. Ello, al expresar que, a través de la ley que los crea, se “ha logrado el objetivo de mantener e incrementar el número de médicos docentes que colaboran en los programas de enseñanza, así como aumentar los médicos residentes y aumentar los programas de residencia en Puerto Rico.” Exposición de Motivos, Ley Núm. 94-2023, supra. Además, se identificó que gracias a estos centros se lograron añadir residencias e internados adicionales, aumentando así el número de practicantes médicos en nuestro País. Íd. CC-2024-0466 17

A esos efectos y reconociendo que para lograr lo anterior

era necesario proteger a su personal médico-docente, es que la

Asamblea Legislativa decidió extenderle a este tipo de centro

los límites de responsabilidad civil que, en determinados

escenarios, cobijan al Estado. El éxito de estos centros y su

buen funcionamiento “dependerá en gran medida de que se les

extienda a [éstos] los límites de responsabilidad civil por

impericia profesional médico-hospitalaria (“malpractice”), a

los que está sujeto el Gobierno de Puerto Rico”, sentenció el

legislador y la legisladora. Exposición de Motivos, Ley Núm.

103 de 27 de junio de 2011.

Siendo ello así, es forzoso concluir que, el carácter

personalísimo de la defensa de los límites de responsabilidad

estatutarios cobra mayor visibilidad en lo relacionado a los

Centros Médicos Académicos Regionales. Lo anterior es así,

puesto que, la extensión excepcional de dichos límites a estos

centros se basó, precisamente, en su peculiaridad y en la

necesidad de que les protegiera tal beneficio para su mejor

funcionamiento, a la luz de las tareas que están llamados a

realizar.

Ahora bien, ¿les beneficiaría igualmente la extensión de

dichos límites de responsabilidad gubernamental a las

compañías aseguradoras de estos centros y/o de sus médicos-

docentes? A nuestro juicio, no. Explicamos por qué. CC-2024-0466 18

Como se sabe, y en lo relacionado a los asuntos aquí bajo

estudio, la relación entre los Centros Médicos Académicos

Regionales y sus compañías aseguradoras es una que está

regulada por el Código de Seguros, 26 LPRA sec. 101 et seq. En

dicho cuerpo legal es que se exige a cualquier institución

hospitalaria o profesional de servicios de salud a, en el

desempeño de sus funciones, tener un seguro de responsabilidad

médico-hospitalaria.

En esa dirección, el Código de Seguros, supra, define el

concepto de seguro de responsabilidad profesional médico-

hospitalaria como: “la cubierta de seguros de responsabilidad

profesional para cubrir riesgos de daño por culpa o negligencia

por impericia profesional (malpractice) para profesionales de

servicios de salud e instituciones de cuidado de salud que se

establece en este capítulo”. Art. 41.010, Código de Seguros,

26 LPRA sec. 4102(7).14 Sobre el alcance de este tipo de seguro,

el Art. 41.050 del Código de Seguros, infra, al momento de la

presentación de la demanda que hoy nos ocupa, establecía, lo

siguiente:

14En el pasado, hemos reconocido que los contratos de seguro gozan de un alto interés público por su importancia, complejidad y efecto en la economía y la sociedad. Birriel Colón v. Econo y otros, 213 DPR 80, 92 (2023); Con. Tit. Acquamarina et al. v. Triple-S, 210 DPR 344, 357 (2022); San Luis Center Apts. et al. v. Triple-S, 208 DPR 824, 831 (2022); Maderas Tratadas v. Sun. Alliance, 185 DPR 880, 896 (2012). Este alto interés público es aún más evidente en cuanto a los seguros de responsabilidad médico-hospitalaria, pues éstos posibilitan la solvencia de los profesionales e instituciones de cuidado de la salud en beneficio de los pacientes afectados por actos de impericia profesional. Jiménez López v. SIMED, 180 DPR 1, 9 (2010); Acevedo Mangual v. SIMED, 176 DPR 372, 385 (2009). CC-2024-0466 19

Todo profesional de servicios de salud e institución de cuidado de salud deberá radicar anualmente prueba de su responsabilidad financiera por la cantidad de cien mil (100,000) dólares por incidente o hasta un agregado de trescientos mil (300,000) dólares por año. El Comisionado podrá requerir límites hasta un máximo de quinientos mil (500,000) dólares por incidente médico y un agregado de un millón (1,000,000) de dólares por año, en los casos de instituciones de cuidado de salud y de aquellas clasificaciones tarifarias de profesionales de servicios de salud dedicados a la práctica de especialidades de alto riesgo, previa celebración de vistas públicas en las que tales profesionales e instituciones o cualquier otra persona interesada tengan la oportunidad de comparecer a expresar sus puntos de vista sobre el particular y a presentar cualquier información, documentos o estudios para sustentar su posición. Están exentos de esta obligación aquellos profesionales de servicios de salud que no ejercen privadamente su profesión y trabajan exclusivamente como empleados de instituciones de cuidado de salud privadas, siempre y cuando estuvieren cubiertos por la prueba de responsabilidad financiera de estas. También están exentos de esta obligación los profesionales de servicios de salud que presten servicios exclusivamente como empleados, funcionarios, agentes, consultores o contratistas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios, siempre que no ejerzan privadamente su profesión. Están exentas, además, las instituciones de cuidado de salud que pertenezcan y sean operadas o administradas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios.

[…]

Se aplicarán los límites de responsabilidad que [la Ley de Pleitos contra el Estado], impone al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en similares circunstancias, en los siguientes escenarios:

(7) a los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico, sus estudiantes y miembros de facultad cuando recaiga sentencia por actos constitutivos de impericia médica hospitalaria (malpractice) cometida por sus estudiantes y miembros de su facultad en el desempeño de sus CC-2024-0466 20

funciones docentes […] (Énfasis suplido). 26 LPRA sec. 4105.

Es decir, de conformidad con la normativa antes expuesta,

todo profesional de la salud, así como toda institución

hospitalaria, deberá adquirir anualmente un seguro de

responsabilidad médico-hospitalaria por la cantidad de cien

mil dólares ($100,000.00) por incidente o por un agregado de

trescientos mil dólares ($300,000.00) por año. Tal requisito,

-- entiéndase, el de adquirir un seguro de responsabilidad

médico-hospitalaria anualmente --, aplicará a los Centros

Médicos Académicos Regionales y a su personal médico-docente,

quienes serán beneficiarios de los límites de responsabilidad

establecidos en la Ley de Pleitos contra el Estado, supra,

cuando recaiga, contra alguno de éstos, una sentencia por actos

constitutivos de impericia cometida por alguno de los miembros

de su facultad médica, o de sus estudiantes, en el desempeño

de sus funciones.

Hasta el momento, y como se puede apreciar, la legislación

objeto de estudio nada dispone respecto a la aplicación de los

límites de responsabilidad a las compañías aseguradoras de los

Centros Médicos Académicos Regionales y sus médicos-docentes.

Estamos, pues, ante un silencio en el derecho que nos llama a

atribuirle significado a ese hecho. E. Rivera Ramos, El derecho

y el silencio, 15 Rev. Acad. Puert. De Jur. y Leg. 6, 14

(2017). CC-2024-0466 21

Sabido es que, en esa tarea, -- es decir, en la evaluación

de una ley que guarda silencio sobre cierto asunto --, los

jueces y juezas deben determinar si tal silencio corresponde

a una laguna involuntaria por parte de nuestra Asamblea

Legislativa o si, por el contrario, estamos ante una omisión

intencional por parte de ésta. Acevedo Arocho v. Departamento

de Hacienda, 212 DPR 335, 358 (2023); J.M. Farinacci Fernós,

Hermenéutica puertorriqueña: Cánones de interpretación

jurídica, San Juan, Editorial, InterJuris, 2019, pág. 156. Al

adentrarse en esa tarea, el jurista o la jurista debe, en

primer lugar, recurrir al texto del estatuto. Íd. En segundo

lugar, al historial legislativo. Íd.

Realizado el ejercicio antes mencionado, de determinarse

que se trata de una omisión intencional, lo que procede es dar

fiel cumplimiento a la voluntad legislativa y, en

consecuencia, no añadir lo omitido. Acevedo Arocho v.

Departamento de Hacienda, supra; Farinacci Fernós, op. cit.,

pág. 156. Es decir, en esas ocasiones, no nos queda más que

tomar en cuenta el hecho del silencio sobre ese particular

como indicación de la intención del creador de la norma.15

Rivera Ramos, supra, pág. 14.

15A modo de ejemplo, cuando la Asamblea Legislativa opta por mencionar o aclarar alguna cosa, palabra o concepto específico, se entienden excluidas aquellas que no fueron mencionadas. Acevedo Arocho v. Departamento de Hacienda, supra. CC-2024-0466 22

Habiendo realizado el ejercicio de interpretación

hermenéutica antes señalado, en lo relacionado a las

disposiciones legales aquí bajo análisis, podemos concluir que

el excluir a las compañías aseguradoras de los Centros Médicos

Académicos Regionales y/o del personal médico-docente que allí

labora, como beneficiarias de los límites de responsabilidad

aplicables al Estado, es una omisión voluntaria por parte de

nuestra Asamblea Legislativa. Dos son las razones que nos hacen

llegar a esa conclusión.

En primer lugar, en varias ocasiones, la Asamblea

Legislativa se ha dado la tarea de aclarar a quiénes les

aplican los topes de responsabilidad de la Ley de los Centros

Médicos Académicos Regionales, supra, y nunca ha decidido

extender expresamente dichos límites a las compañías

aseguradoras de quienes se beneficien directamente de éstos.16

Ello, por sí solo, sería suficiente para disponer, en parte,

del asunto ante nuestra consideración.

Ahora bien, como si lo anterior no fuese suficiente, un

estudio detenido de las disposiciones del Código de Seguros,

supra, también nos lleva a la misma conclusión. En particular,

el Art. 20.030 de la referida disposición legal, establece que

cuando se inste acción directa contra una aseguradora, ésta

estará impedida de interponer aquellas defensas personales de

16 Véase, enmiendas realizadas a la Ley de Centros Médicos Académicos Regionales, supra, y al Código de Seguros, supra, a través de la Ley Núm. 103-2011, supra y la Ley Núm. 94-2023, supra. CC-2024-0466 23

su asegurado. 26 LPRA sec. 2003.17 De igual manera, el Art.

20.050 del Código de Seguros, establece una prohibición

expresa a que las aseguradoras puedan levantar para su

beneficio las defensas de inmunidad gubernamental de sus

asegurados. 26 LPRA sec. 2004.18

17 En específico, el mencionado artículo dispone:

Artículo 20.030. — Litigios contra Asegurado, Asegurador.

(2) En una acción directa incoada por la persona que sufriere los daños y perjuicios contra el asegurador, éste está impedido de interponer aquellas defensas del asegurado basadas en la protección de la unidad de la familia u otras inmunidades similares que estén reconocidas en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico. […] (Énfasis suplido). 26 LPRA sec. 2003.

Cónsono con lo anterior, en el pasado hemos resuelto que las aseguradoras están impedidas de interponer aquellas defensas puramente personales del asegurado. Rodríguez v. Integrand Assurance Company, 196 DPR 382, 393 (2016); Torres Pérez v. Colón García, 105 DPR 616, 627 (1977); Cortés Román v. Estado Libre Asociado De Puerto Rico, 106 DPR 504, 506; Vázquez v. Northern Assurance Co., 92 DPR 245, 253 (1965).

18 Sobre el particular, el precitado artículo expresa:

Artículo 20.050. — Seguro de Responsabilidad Sobre Entidades Públicas.

(1) La obtención de un seguro de responsabilidad por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias o entidades, y por los municipios y otras subdivisiones políticas, no constituirá ni se estimará que constituye una renuncia de inmunidad gubernamental, si la hubiere, en la responsabilidad por actos u omisiones en que hubiere mediado culpa o negligencia por agentes y empleados públicos, excepto hasta el grado de la indemnización cobrable real y efectivamente provista por dicho seguro en cuanto a un suceso en particular. Sin embargo, no se considerará que existe tal renuncia de inmunidad en cuanto a ninguna reclamación o demanda contra tal entidad pública, a menos que dicha entidad renuncie expresamente a la inmunidad.

(2) Todas dichas pólizas de seguro deberán disponer que el asegurador no podrá aducir la defensa de inmunidad gubernamental en ninguna acción incoada contra el asegurador con arreglo a dicha póliza o en virtud de la misma.

(3) El asegurador no tendrá ningún derecho de subrogación contra ninguna entidad gubernamental, ni sus agentes o empleados, asegurados con arreglo a dicha póliza, en virtud de pérdida pagada por el asegurador de acuerdo a la misma. Sin embargo, se dispone que de existir otro seguro de responsabilidad cobrable provisto por otro asegurador, el CC-2024-0466 24

Por tanto, hasta aquí, queda meridianamente claro que los

límites de responsabilidad establecidos en la Ley de Pleitos

contra el Estado, supra, y, por consiguiente, en la Ley de los

Centros Médicos Académicos Regionales, supra, no aplican a las

compañías aseguradoras de los Centros Médicos Académicos

Regionales y/o al personal médico-docente que se benefician de

forma directa de esta defensa.19

Establecido lo anterior, ¿cuál sería el efecto, entonces,

de una cláusula en una póliza de seguros que intenta evadir el

cumplimiento con el mencionado ordenamiento jurídico, al

permitir que la compañía aseguradora restrinja, -- sin hacer

excepción alguna --, su responsabilidad hasta los límites de

asegurador podrá subrogarse contra este otro asegurador. (Énfasis suplido). 26 LPRA sec. 2004.

19 Sobre el particular, véase, de manera persuasiva, lo resuelto en Rodríguez v. Maryland Casualty Co., 369 F. Supp. 1144 (DPR 1971), un caso de impericia médica llevado directamente contra la aseguradora de un hospital municipal, al cual, en aquel momento, le aplicaba un límite de responsabilidad civil de treinta mil dólares ($30,000.00) bajo la Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, mejor conocida como la Ley Municipal, 21 LPRA sec. 1603 (derogada). Allí, la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico resolvió que el límite de responsabilidad estatutario de dicha ley no le era de aplicación a la compañía asegurada, pues este límite se creó para beneficio y protección de los municipios, por lo que era de aplicación únicamente a éstos. Dicho foro enfatizó que no se pretendía que tales límites se aplicaran o beneficiaran a las compañías de seguros. A interpretación de ese tribunal, nuestra legislatura tenía buenas razones para limitar la cuantía de daños en las acciones contra los municipios, pero ciertamente minimizar la cobertura de seguros no era una de éstas. Rodríguez v. Maryland Casualty Co., supra, pág. 1145.

En la misma línea, y de gran pertinencia para el presente caso, la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico entendió que la sección que habilitaba los límites de responsabilidad del municipio debía leerse junto con la Sec. 2004 del Título 26 del Código de Seguros, supra. Sobre esto, el foro entendió que, si la póliza entre las partes tenía la intención de colocar la compañía aseguradora en la misma posición que el municipio, ello no se podía permitir; más aún cuando el municipio había comprado un seguro en exceso de los límites de responsabilidad de los cuales se beneficiaba. Rodríguez v. Maryland Casualty Co., supra. CC-2024-0466 25

responsabilidad estatal aplicables a su asegurado? A nuestro

juicio, tal cláusula pudiese ser considerada nula.

Como bien es sabido, una póliza es el documento escrito

en el que se expresan los términos de un contrato de seguro.

Art. 11.140, Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1114. En

específico, el contrato de seguros es aquel “mediante el cual

una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a

proveerle un beneficio específico o determinable al producirse

un suceso incierto previsto en el mismo.” Art. 1.020, Código

de Seguros, 26 LPRA sec. 102.

En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha señalado que,

al momento de interpretar este tipo de contratos, el juez o

jueza debe acudir, en primera instancia, al Código de Seguros,

supra, pues es allí donde se recoge la norma de hermenéutica

que ha de regir al llevar a cabo nuestra función interpretativa

de las cláusulas contenidas en una póliza de seguro. San Luis

Center Apartments v. Triple-S Propiedad, Inc., 208 DPR 824,

832 (2022); Maderas Tratadas v. Sun. Alliance, 185 DPR 880,

897 (2012); Echandi Otero v. Stewart Title Guaranty Co., 174

DPR 355, 369 (2008). Sobre el particular, el Art. 11.250 del

Código de Seguros, infra, establece que:

[t]odo contrato de seguro deberá interpretarse globalmente, a base del conjunto total de sus términos y condiciones, según se expresen en la póliza y según se hayan ampliado, extendido, o modificado por aditamento, endoso o solicitud adherido a la póliza y que forme parte de ésta. 26 LPRA sec. 1125. CC-2024-0466 26

A su vez, y, de otra parte, en esa labor interpretativa,

el jurista o la jurista debe tomar en consideración que hemos

catalogado los contratos de seguros como unos de adhesión.

Con. Tit. Acquamarina et al. v. Triple-S, supra, pág. 358; San

Luis Center Apts. et al. v. Triple-S, supra, pág. 833; Maderas

Tratadas v. Sun Alliance, supra, págs. 898-899. Lo anterior

así, puesto que en estos acuerdos es el asegurador quien

redacta íntegramente toda su extensión, sin que el asegurado

tenga oportunidad de negociar el contenido. R. Cruz, Derecho

de seguros, San Juan, Publicaciones JTS, pág. 12 (1999). Es

por eso que, de existir en la póliza una cláusula dudosa o

ambigua, la misma debe ser interpretada en contra del

asegurador, -- la parte que redactó el contrato --, y en favor

del asegurado. Con. Tit. Acquamarina et al. v. Triple-S, supra;

Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra; Art. 1248 de la Ley

Núm. 55-2020, también conocida como el Código Civil de Puerto

Rico (en adelante, “Código Civil de 2020”), 31 LPRA sec. 9802;

R. Cruz, op. cit., págs. 13, 34.

Por último, y en cuanto a este extremo de nuestro

análisis, debemos recordar que, como todo contrato, el

contrato de seguro constituye la ley entre las partes. Carmen

Carrasquillo Pérez v. Asociación Consejo de Titulares del

Condominio Parque 352, 2024 TSPR 101, 214 DPR ___ (2024), 13-

14; San Luis Center Apartments v. Triple-S Propiedad, Inc.,

supra, pág. 832; Efraín Echandi v. Stewart Title Guaranty Co.,

174 DPR 355, 369 (2008); Wanda Monteagudo Pérez v. Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, 172 DPR 12, 20 (2007). Esto quiere CC-2024-0466 27

decir que, como regla general, y en la medida de lo posible,

se hará valer la voluntad de los contratantes, según expresado

en el referido contrato, Carmen Carrasquillo Pérez v.

Asociación Consejo de Titulares del Condominio Parque 352,

supra, pág. 13; Jiménez López v. SIMED, supra, pág. 10; López

v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 DPR 562, 569 (2003), siempre

y cuando el acuerdo no vaya en contra de la ley, la moral o el

orden público. Art. 1207, Código Civil de Puerto Rico de 1930,

31 LPRA sec. 3372 (derogado).20

Recordemos que toda cláusula contraria a la ley,21 la

moral o el orden público se considera nula. De Jesús González

v. Autoridad de Carreteras, 148 DPR 255, 264 (1999); Serra v.

Salesian Society, 84 DPR 322 (1961); Pagán v. Sucn. Padilla,

42 DPR 968, 975 (1931); Art. 342, Código Civil de 2020, 31

LPRA sec. 6312. De esto se trata, en parte, el caso de marras.

En cuanto a esto último, y como se deriva de todo el

análisis legal antes expuesto, en nuestro ordenamiento

jurídico está prohibido, por ley y por jurisprudencia, que las

aseguradoras, cuando sean demandadas directamente por daños y

perjuicios, interpongan aquellas defensas personales de su

20La disposición equivalente en el Código Civil de 2020 es el Art. 1232, 31 LPRA sec. 9753.

21En específico, toda cláusula contraria a la ley imperativa será nula. Rodríguez Vélez v. Bahía Park, 180 DPR 340 (2010); Vélez López v. Izquierdo Stella, 162 DPR 88, 99 (2004); Berrocales Gómez v. Tribunal Superior, 102 DPR 224, 227 (1974); Art. 342, Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6312. La ley imperativa es aquélla que manda o prohíbe una conducta, de tal manera que no puede incumplirse o modificarse por voluntad de los particulares, tampoco se puede eludir su cumplimiento. Exposición de motivos, Código Civil de 2020, supra. Ésta se diferencia de la ley dispositiva que reconoce a los particulares la posibilidad de excluir su aplicación dentro de los límites de la autonomía de la voluntad, sin contravenir la moral ni el orden público. Íd. CC-2024-0466 28

asegurado, entre ellas, los límites de responsabilidad

estatutarios. Lo anterior, toda vez que dichos límites, -- los

que responden a un interés público de superior jerarquía --,

se crearon para proteger a sus beneficiarios directos, y no a

sus compañías aseguradoras.

En ese sentido, una cláusula dentro de una póliza de

seguros que restringe, -- sin hacer excepción alguna --, la

responsabilidad de la aseguradora hasta la cantidad que su

asegurado esté obligado a pagar conforme a los límites de

responsabilidad estatutarios tiene el efecto práctico de

esquivar el cumplimiento de la prohibición legal existente.

Por tal razón, la misma podría considerarse nula.

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que

procedemos, desde la concurrencia, a disponer de la

controversia ante nos.

Como mencionamos anteriormente, en el presente caso, la

señora Lugo Ramos aduce que el Tribunal de Apelaciones erró al

resolver que, de en su día recaer una sentencia contra el

doctor Soler Bernardini y el Hospital San Lucas, SIMED y

Beazley responderían hasta las cantidades que sus asegurados

estarían legalmente obligados a resarcir, -- entiéndase, hasta

los respectivos límites de responsabilidad estatutarios --, a

la luz de lo pactado en sus respectivos contratos de seguro.

Le asiste la razón.

Y es que, como ha quedado aquí claramente demostrado, en

nuestro ordenamiento jurídico está prohibido, por ley y por CC-2024-0466 29

jurisprudencia, que las compañías aseguradoras, cuando sean

demandadas directamente por daños y perjuicios, interpongan

aquellas defensas personales de su asegurado, entre ellas, los

límites de responsabilidad estatutarios establecidos en la Ley

de Pleitos contra el Estado, supra, y, por consiguiente, en la

Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales, supra. Lo

anterior, toda vez que dichos límites, -- unos que responden

a intereses públicos de superior jerarquía --, se crearon para

proteger a sus beneficiarios directos, y no a sus compañías

aseguradoras.

seguros que, según redactada, restringe, -- sin hacer

excepción alguna --, la responsabilidad de la aseguradora

hasta la cantidad que su asegurado esté obligado a pagar

conforme a los límites de responsabilidad estatutarios de la

en la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales, supra,

tiene el efecto práctico de esquivar el cumplimiento de la

prohibición legal existente. Por tal razón, la misma pudiese

ser considerada nula.

No podían SIMED y Beazley argumentar que, conforme a los

contratos suscritos con el doctor Soler Bernardini y el

Hospital San Lucas, respectivamente, éstas solo responderían

hasta la cantidad que su asegurado venga legalmente obligado

a resarcir, -- entiéndase, hasta los límites de

responsabilidad de la Ley de Pleitos contra el Estado, supra,

y, por consiguiente, en la Ley de los Centros Médicos CC-2024-0466 30

Académicos Regionales, supra, que éstos son beneficiarios --.

Muchos, como hemos visto, son los intereses públicos en juego

aquí que nos mueven a tajantemente rechazar tan acomodaticia

invitación. El error señalado fue cometido.

VI.

Por los fundamentos antes expuestos, y como ya

adelantamos, es que concurrimos con el resultado al que hoy

llega una mayoría de este Tribunal.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado