RedMane Technology, LLC v. Departamento De Salud D2SOL, Inc.s.

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: April 10, 2026
• Docket: AC-2025-0025
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Redmane Technology, LLC

Peticionario Certiorari

v. 2026 TSPR 37

Departamento de Salud y D2SOL, 218 DPR ___ Inc., et als.

Recurridos

Número del Caso: AC-2025-0025

Fecha: 10 de abril de 2026

Tribunal de Apelaciones

Panel Especial

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcdo. José A.B. Nolla-Mayoral

Representantes legales de la parte recurrida:

Lcda. María C. Cartagena Cancel Lcdo. Diego R. Meléndez Apellániz

Oficina del Procurador General:

Hon. Omar Andino Figueroa Procurador General

Lcdo. Edwin B. Mojica Camps Subprocurador General

Lcda. Carmen A. Riera Cintrón Procuradora General Auxiliar

Materia: Derecho Administrativo - Normativa procesal aplicable a las notificaciones de adjudicación en procesos de licitación pública.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario

v. AC-2025-0025 Departamento de Salud y D2SOL,

Inc., et als.

El Juez Asociado señor Candelario López emitió la Opinión del Tribunal.

En San Juan Puerto Rico, a 10 de abril de 2026.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de aclarar la

normativa procesal aplicable a las notificaciones de

adjudicación en procesos de licitación pública. En

específico, tenemos que resolver si el Tribunal de

Apelaciones erró al desestimar por falta de jurisdicción un

recurso de revisión judicial donde se impugnó una

adjudicación de request for proposal (RFP) efectuada por el

Departamento de Salud de Puerto Rico (DSPR). Ello surge

porque, a juicio del Tribunal de Apelaciones, la

notificación de la referida adjudicación fue defectuosa al

no incluir las advertencias pertinentes para que las partes

solicitaran revisión administrativa y/o judicial. Como

resultado, el foro intermedio desestimó el recurso por

entender que resultaba prematuro para su adjudicación, y

ordenó al DSPR a notificar nuevamente a los licitadores.

Por considerar que el foro apelativo intermedio actuó

correctamente al desestimar el recurso de revisión judicial AC-2025-0025 2

presentado por la parte peticionaria, adelantamos que

procede confirmar la Sentencia recurrida. Además, debido a

la confusión que ha generado el referido dictamen entre las

partes del pleito, consideramos prudente aclarar la norma

aplicable en materia de notificaciones pertinentes a

adjudicaciones en procesos de licitación pública. A

continuación, exponemos el trasfondo fáctico que originó el

asunto ante nuestra consideración.

I

Los hechos de este recurso tienen su origen en la

publicación de una subasta por el DSPR. El 22 de julio de

2024, el DSPR publicó el Puerto Rico Medicaid Program

Eligibility and Enrollment System Takeover Request for

Proposal, con el fin de seleccionar un proveedor cualificado

para la administración del sistema de elegibilidad e

inscripción del Programa Medicaid Puerto Rico. Así, el DSPR

recibió propuestas por parte de RedMane Technology, LLC

(RedMane o parte peticionaria), D2Sol, Inc. (D2Sol) y

Trillian Technologies, Inc. (Trillian).

Realizada la evaluación correspondiente, el 14 de

noviembre de 2024, el DSPR notificó un Award Notification

mediante el cual adjudicó la buena pro a favor de D2Sol. En

el referido documento, se les notificó a las partes que

tendrían un término de diez días laborables para solicitar

reconsideración ante el DSPR y, posteriormente, veinte días AC-2025-0025 3

laborables para presentar un recurso de revisión judicial

ante el Tribunal de Apelaciones.1

Así las cosas, el 21 de noviembre de 2024, Trillian

solicitó reconsideración ante el DSPR y, el 2 de diciembre

de 2024, RedMane hizo lo propio. Según se desprende del

1 En lo pertinente a las advertencias para solicitar la revisión administrativa y judicial de la adjudicación del RFP, el Award Notification emitido por el DSPR notificó a las partes lo siguiente:

ADMINISTRATIVE REVISION/JUDICIAL REVIEW - TERMS Any person or party adversely affected or aggrieved by this intention of award may, according to 3 LPRA §9659, file a motion for reconsideration with the secretary of the Puerto Rico Department of Health (PRDoH) within a term of ten business (10) days from the date of the notification of the award. The PRDoH must consider the motion for reconsideration within ten (10) business days of being filed. If any determination is made in its consideration, the term to request the appeal for judicial review will begin from the date on which a copy of the notification of the decision of the PRDoH is filed on record, according to the case, resolving the motion for consideration. If the filing date of the copy of the notification of the decision is different from that of the deposit in the ordinary mail or the sending by electronic means of said notification, the term will be calculated from the date of the deposit in the ordinary mail or sending by electronic means, as appropriate. If the PRDoH fails to take any action in relation to the motion for reconsideration within ten (10) days of its filing, it shall be understood that the motion was denied outright, and the time to request judicial review shall start to run from said date.

If the PRDoH accepts the reconsideration request within the term provided, it must issue the reconsideration decision or resolution within thirty (30) days following the filing of the motion for reconsideration. If the PRDoH accepts the motion for reconsideration but fails to take any action in relation to the motion within thirty (30) days of its filing, it will lose its jurisdiction and the term to request the judicial review will begin from the expiration of said term of thirty (30) days. The PRDoH may extend said term only once, for an additional period of fifteen (15) days.

Any person or party adversely affected by a final reconsideration or decision may file a petition for review with the Puerto Rico Court of Appeals within a term of twenty (20) business days of such final decision or determination being filed. See 3 LPRA § 9672.

The mere presentation of a motion for reconsideration does not have the effect of preventing the PRMP from continuing with the procurement process within this request for Proposal.

(Énfasis suplido). AC-2025-0025 4

expediente, el 9 de diciembre de 2024, el DSPR consolidó

ambas solicitudes de reconsideración en un proceso de

revisión administrativa único, pero nunca emitió

determinación alguna al respecto.2

Inconforme, el 26 de diciembre de 2024, RedMane

presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal

de Apelaciones. Mediante su escrito, impugnó la

determinación del DSPR de adjudicar la buena pro a favor de

D2Sol.

En atención a ello, el 23 de enero de 2025, el DSPR

solicitó la desestimación del recurso presentado por RedMane

por falta de jurisdicción. En específico, el DSPR arguyó que

el recurso instado por RedMane era prematuro, debido a que

el Award Notification impugnado incluyó una notificación

defectuosa en cuanto a los términos establecidos para

solicitar reconsideración y revisión judicial. A saber,

sostuvo que la notificación consignó que los términos para

solicitar reconsideración y revisión judicial eran de diez

y veinte días laborables, respectivamente, en vez de los

días calendario establecidos por la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

3 LPRA sec. 9601, et seq. Por consiguiente, solicitó la

desestimación del recurso.

El 3 de febrero de 2025, el Tribunal de Apelaciones

declaró ha lugar la moción de desestimación instada por el

2 Según obra en el expediente, el DSPR identificó el proceso de revisión administrativa consolidado como DS-SUB-2024-12-03-009. AC-2025-0025 5

DSPR, y desestimó el recurso por prematuro. El foro

apelativo intermedio concluyó que resultaba evidente que el

DSPR había emitido una notificación defectuosa en cuanto a

las advertencias para presentar un recurso de revisión

administrativa y judicial, ya que la LPAU dispone claramente

que dichos trámites se computan en “días calendario” y no

“días laborables”. Por consiguiente, devolvió el caso al

DSPR para que emitiera una notificación conforme a derecho,

y así, los perjudicados pudiesen articular una defensa

apropiada. En específico, el foro intermedio emitió las

siguientes expresiones:

[…]

Ante la inobservancia de los postulados que gobiernan el asunto ante nuestra consideración, nos vemos precisados a devolver el caso al DSPR para que emita un dictamen conforme a nuestro ordenamiento jurídico y lo notifique nuevamente a los licitadores.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se declara ha lugar la moción de desestimación que instó el DSPR. En consecuencia, se desestima por prematuro. el recurso de autos Véase, Regla 83(B)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 83(B)(1). Se devuelve el caso ante la consideración del DSPR para que emita una correcta notificación de adjudicación del RFP.

(Énfasis suplido).

Sin advenir final y firme el dictamen del Tribunal de

Apelaciones, el 11 de febrero de 2025, el DSPR notificó un

segundo Award Notification, enmendando las advertencias para AC-2025-0025 6

solicitar reconsideración y revisión judicial, conforme las

Secciones 3.15 y 4.2 de la LPAU.3

3 La referida notificación fue declarada inoficiosa por el Tribunal de Apelaciones en el caso KLRA202500195. En lo pertinente al contenido de las advertencias, el segundo Award Notification emitido por el DSPR notificó a las partes lo siguiente:

RECONSIDERATION/JUDICIAL REVIEW - TERMS According to 3 L.P.R.A. § 9655, the party adversely affected by a partial or final resolution or order may, within twenty (20) days from the date of filing in the records of the notification of the resolution or order, file a motion for reconsideration of the resolution or order. The agency must consider it within fifteen (15) days of the filing of said motion. If it rejects it outright or does not act within fifteen (15) days, the term to request judicial review will begin to count again from the date of notification of said denial or from the expiration of those fifteen (15) days, as the case may be. If a determination is made in its consideration, the term to request judicial review will begin to count from the date on which a copy of the notification of the agency's resolution definitively resolving the motion for reconsideration is filed in the records. Such resolution must be issued and filed in the records within ninety (90) days following the filing of the motion for reconsideration. If the agency grants the motion for reconsideration but fails to take any action in relation to the motion within ninety (90) days of its filing, it will lose jurisdiction over it and the term to request judicial review will begin to count from the expiration of said ninety (90) day term unless the agency, for just cause and within said ninety (90) days, extends the term to resolve for a period that will not exceed thirty (30) additional days.

If the filing date in the records of the copy of the notification of the order or resolution is different from the one submitted through ordinary mail or sent by electronic means of said notification, the term will be calculated from the date of submission through ordinary mail or by electronic means, as appropriate.

The party filing a motion for reconsideration must submit the original motion and two (2) copies either in person or by certified mail with return receipt to the Division of Administrative Hearings within the Legal Advisory Office of the Department of Health. The requesting party must also notify all other involved parties within the designated timeframe and include proof of this notification in the motion.

Submissions must be made as follows: • For personal delivery: Monday through Friday (excluding holidays), between 8:00 a.m. and 4:30 p.m., at the following address: Department of Health, Legal Advisory Office - Division of Administrative Hearings 1575 Avenida Ponce de León, Carr. 838, Km. 6.3, Bo. Monacillos, San Juan, Puerto Rico 00926. • Alternatively, by certified mail with return receipt, to the following postal address: AC-2025-0025 7

En desacuerdo, el 18 de febrero de 2025, RedMane

presentó una Moción de reconsideración, la cual fue

rechazada mediante Resolución notificada el 7 de abril de

2025.

Legal Advisory Office - Division of Administrative Hearings Department of Health PO Box 70184 San Juan, Puerto Rico 00936-8184.

According to 3 L.P.R.A. § 9672, a party adversely affected by an agency's final order or resolution, and who has exhausted all remedies provided by the agency or the appropriate appellate administrative body, may file a request for judicial review with the Court of Appeals within thirty (30) days. This period begins from either the date the notification of the agency's final order or resolution is filed in the records or the applicable date provided under 3 L.P.R.A. § 9655, when the time limit for requesting judicial review has been interrupted by the timely filing of a motion for reconsideration.

The party requesting judicial review must notify the agency and all other involved parties of the filing simultaneously or immediately after submitting the request to the Court of Appeals. Notification to the agency must be sent to the same addresses designated for the filing of motions for reconsideration. The notification of the filing submitted to the Court of Appeals must include all annexes.

If the filing date of the copy of the notification of the agency's final order or resolution in the records differs from the date it was deposited in the mail, the time period for requesting judicial review will be calculated from the date of deposit in the mail.

The judicial review provided herein shall be the exclusive remedy for reviewing the merits of an administrative decision, whether it is of an adjudicative nature or of an informal nature issued under 3 L.P.R.A. § 9601 et al.

The mere presentation of a motion for reconsideration or request for judicial review does not have the effect of preventing the Puerto Rico Medicaid Program (PRMP) from continuing with the procurement process within this request for proposals, unless otherwise determined by a court of law.

Finally, any party adversely affected by this Award Notification that decides to file a motion for reconsideration according to 3 L.P.R.A. § 9655 and eventually files a request for judicial review according to 3 L.P.R.A. § 9672, must comply with a Notice Requirement meaning that they have the obligation to inform other participating parties to ensure transparency, fairness, and due process.

(Énfasis suplido). AC-2025-0025 8

Inconforme, el 25 de abril de 2025, RedMane presentó

el recurso de epígrafe y esbozó el siguiente señalamiento

de error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMINAR QUE EL DERECHO A SOLICITAR REVISIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA EN ESTA SOLICITUD DE PROPUESTAS SE RIGE POR LA SECCIÓN 3.15 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO UNIFORME [LEY 38 2017, SEGÚN ENMENDADA] (LPAU), CON EXCLUSIÓN DE LA SECCIÓN 3.19 DE PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y LA SECCIÓN 4.2 DE LA LPAU.

Examinado el recurso, el 2 de julio de 2025,

notificamos una Resolución mediante la cual concedimos al

DSPR un término de veinte días para mostrar causa por la

cual no se debía expedir el recurso y ordenarle notificar

la adjudicación de la subasta, conforme la Sección 3.19 de

la LPAU. En atención a ello, el 22 de julio de 2025, el DSPR

compareció mediante un Escrito en Cumplimiento de Orden, y

solicitó que se le devolviera el caso para volver a notificar

el Award Notification, según lo dispuesto en la referida

Sección 3.19.

Así las cosas, estamos en posición de expedir el

recurso de epígrafe, acogido como certiorari, y procedemos

a resolver.

II

A. Contratación gubernamental mediante subasta o RFP

Sabido es que, en nuestra jurisdicción, la contratación

gubernamental está revestida del más alto interés público,

pues persigue promover la inversión adecuada, responsable y

eficiente de los recursos del Estado. St. James Sec. v. AEE, AC-2025-0025 9

213 DPR 366, 377 (2023); Super Asphalt v. AFI y otro, 206

DPR 803, 820 (2021). Con miras a lograr este objetivo, el

gobierno utiliza los procedimientos de subasta o RFP como

mecanismos de adquisición de bienes y servicios, para

proteger el erario y garantizar que se realicen sus

funciones administrativas responsablemente. St. James Sec.

v. AEE, supra, pág. 377; Super Asphalt v. AFI y otro, supra,

págs. 820-821.

En lo pertinente al RFP, este es un procedimiento

informal y flexible mediante el cual el oferente tiene la

facultad de negociar con el Estado, mediante revisión y

enmiendas a su oferta, previo a la adjudicación del

contrato. St. James Sec. v. AEE, supra, págs. 377-378. Por

ser el RFP un proceso al que se recurre cuando se trata de

la adquisición de bienes o servicios especializados que

involucran asuntos altamente técnicos y complejos, esta

Curia ha expresado que el criterio de las agencias amerita

deferencia. Íd. pág. 378. Esto así, debido a que las agencias

administrativas, de ordinario, se encuentran en mejor

posición que los tribunales para evaluar las propuestas o

licitaciones ante su consideración, de acuerdo con los

parámetros establecidos por ley y los reglamentos

aplicables. Íd. Por consiguiente, hemos establecido que los

tribunales no debemos intervenir con la adjudicación de una

subasta o el rechazo de una propuesta, salvo que la

determinación administrativa adolezca de un abuso de

discreción, arbitrariedad o irracionabilidad. Íd. AC-2025-0025 10

B. Notificación de adjudicación de subastas o RFP

En más de una ocasión hemos expresado que el derecho a

cuestionar la adjudicación de un proceso de licitación

pública mediante el proceso de revisión judicial es parte

del debido proceso de ley. St. James Sec. v. AEE, supra, pág.

379; PVH Motor v. ASG, 209 DPR 122, 132 (2022). Por

consiguiente, para que las partes puedan ejercer su derecho,

es indispensable que las notificaciones que se realicen

durante estos procesos sean efectuadas correctamente, e

incluyan las advertencias relativas al derecho a procurar la

revisión judicial, el término disponible para hacerlo y la

fecha del archivo en autos de una copia de la notificación.

Íd.

De esta manera, una notificación defectuosa priva de

jurisdicción al foro revisor para efectos de evaluar la

determinación realizada por las agencias. St. James Sec. v.

AEE, supra, pág. 380; PVH Motor v. ASG, supra. Es decir, una

notificación que no incluya las advertencias pertinentes

impide que comience a transcurrir el término para recurrir

de cualquier determinación administrativa, y por

consiguiente, violenta el derecho al debido proceso de ley

de la parte afectada. Íd.

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, hemos

reconocido que los oferentes o participantes de un RFP pueden

cuestionar la adjudicación de una propuesta de subasta

mediante revisión judicial, puesto que un RFP “participa de AC-2025-0025 11

características adjudicativas de la misma forma que la

subasta tradicional". PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco,

202 DPR 525, 532-533 (2019). Es decir, en ninguna

circunstancia un RFP estará exento de revisión judicial

aunque la legislación o reglamentación no lo disponga. Íd.

Para efectos del procedimiento de revisión a seguir y

realizar una notificación conforme a derecho, en su momento

extendimos la aplicación de la Sección 3.19 de la LPAU,

supra, al procedimiento de RFP.4 R & B Power v. ELA, 170 DPR

606, 624-625 (2007).

Por ser el estatuto rector que busca uniformar los

procedimientos administrativos ante las agencias, la LPAU,

supra, codifica las pautas mínimas que deben garantizar los

foros administrativos. St. James Sec. v. AEE, supra; ACT v.

Prosol et als., 210 DPR 897, 907 (2022). En cuanto a los

mecanismos de impugnación, la LPAU, supra, establece un

esquema escalonado que contempla la moción de

reconsideración, la revisión administrativa --cuando aplica-

– y, finalmente, la revisión judicial. Este diseño responde

a la política pública de procurar justicia y economía

procesal, evitando que los tribunales intervengan

prematuramente en asuntos que las agencias tienen la

oportunidad de corregir. SLG Saldaña-Saldaña v. Junta, 201

DPR 615, 622 (2018).

4 Esta interpretación de derecho fue validada por nuestra Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de la Ley Núm. 110-2022, cuando eliminó y añadió una nueva Sección 3.19 en aras de atemperar la LPAU, supra, en lo relacionado a los métodos de licitación esbozados en la Ley Núm. 73-2019. AC-2025-0025 12

Así, tan reciente como en St. James Sec. v. AEE, supra,

reiteramos que las Secciones 3.19 y 4.2 de la LPAU, supra,

son los estatutos que rigen los procesos para solicitar la

revisión de adjudicaciones de los RFP. En específico,

expresamos lo siguiente:

“[E]s la Sección 3.19 de la LPAU, infra, la que establece todo lo relacionado al procedimiento y término que tiene una parte, que ha sido afectada en un proceso de adjudicación de subasta o RFP, para solicitar la reconsideración o revisión administrativa de dicho dictamen, de entenderlo necesario.” […] Tras ese proceso de revisión administrativa, la Sección 4.2 de LPAU, infra, establece lo pertinente en cuanto al derecho de las partes a solicitar revisión judicial, bien sea luego de la correspondiente revisión administrativa, o cuando la agencia dejare de tomar alguna acción en cuanto a la antes mencionada revisión. […] Como se puede apreciar, tanto en la Sección 3.19, como en la Sección 4.2 de la LPAU, supra, se disponen los procesos que deberá seguir toda parte que desee solicitar reconsideración de una determinación de adjudicación de un RFP o requerimiento de propuestas.

St. James Sec. v. AEE, supra, págs. 380-382. (Énfasis y negrillas suplidos).

C. Sección 3.19 de la LPAU

En lo pertinente al asunto que nos ocupa, la Sección

3.19 de la LPAU, supra, establece un régimen especial

aplicable a los procedimientos de licitación pública, en el

cual se desglosan los procesos para solicitar la revisión

administrativa y judicial de las adjudicaciones de subastas

o RFP. 3 LPRA sec. 9659. En la última década, esta disposición

de ley ha sido atemperada a las realidades de nuestra AC-2025-0025 13

sociedad, siendo el rol creciente de la Administración de

Servicios Generales (ASG) uno de los cambios más

sustanciales. A saber, el referido estatuto actualmente

dispone que, los procesos de licitación pública se celebrarán

conforme establece la Ley Núm. 73-2019, Ley de la

Administración de Servicios Generales para la Centralización

de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019, 3 LPRA

sec. 9831 et seq., con excepción de los procedimientos de

licitación pública municipal y aquellos llevados a cabo por

Entidades Exentas,5 al momento de realizar compras y subastas

ajenas a bienes, obras y servicios no profesionales. Íd. Sin

embargo, la introducción de la Ley Núm. 73-2019, supra, como

el estatuto rector en los procesos de licitación pública es

relativamente novel.

5 El Artículo 4(p) de la Ley Núm. 73-2019, supra, define las Entidades Exentas como aquellas entidades gubernamentales que no vienen obligadas a realizar sus compras a través de la ASG, ya sea por razón de operar bajo lo dispuesto en un plan fiscal vigente o por tratarse de entidades fiscalizadoras de la integridad del servicio público y la eficiencia gubernamental. A saber, las siguientes se considerarán entidades exentas: Oficina de Ética Gubernamental, Oficina del Inspector General de Puerto Rico, Comisión Estatal de Elecciones, Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Carreteras y Transportación, Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, la Corporación Pública para la Supervisión de Seguros de Cooperativas de Puerto Rico, programas e instalaciones de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, el Centro Médico, el Hospital Cardiovascular, el Hospital Universitario de Adultos, el Hospital Pediátrico Universitario, el Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau, los Centros de Diagnóstico y Tratamiento e instalaciones de discapacidad intelectual adscritos al Departamento de Salud, el Hospital Industrial y dispensarios regionales e intermedios, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Autoridad de Edificios Públicos y la Oficina del (de la) Gobernador(a). 3 LPRA sec. 9831c. (Subrayado suplido). AC-2025-0025 14

i. Ley Núm. 170-1988: LPAU derogada

La Sección 3.19 de la derogada Ley de Procedimiento

Administrativo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3

LPRA ant. sec. 2169, proveía para que una parte adversamente

afectada impugnara la adjudicación de una subasta mediante

la presentación de una moción de reconsideración ante la

agencia o, en la alternativa, una solicitud de revisión ante

la Junta Revisora de la ASG (Junta Revisora). Es decir,

conforme a la antigua LPAU, el rol de la ASG estaba limitado

a ser uno de los dos foros revisores en los cuales se podía

impugnar la adjudicación de un proceso de licitación pública.

En específico, este estatuto disponía que:

Los procedimientos de adjudicación de subastas serán procedimientos informales; su reglamentación y términos serán establecidos por las agencias, pero siempre en estricto cumplimiento con la legislación sustantiva y procesal que aplica a las compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sin menoscabo de los derechos y obligaciones bajo la política pública y leyes vigentes en la jurisdicción de Puerto Rico. La parte adversamente afectada por una decisión podrá, dentro del término de veinte (20) días a partir del depósito en el correo federal notificando la adjudicación de la subasta, presentar una moción de reconsideración ante la agencia. En la alternativa, podrá presentar una solicitud de revisión ante la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales o la entidad apelativa que corresponda en ley o reglamento, dentro del término de veinte (20) días calendario, a partir del depósito en el correo notificando la adjudicación de la subasta. La agencia, la entidad apelativa o la Junta Revisora deberá considerar la moción de reconsideración o la solicitud de revisión, según sea el caso, dentro de los veinte (20) días de haberse presentado. […] Si la agencia, la entidad apelativa o la Junta Revisora dejare de tomar alguna acción con relación AC-2025-0025 15

a la moción de reconsideración o solicitud de revisión, dentro del término correspondiente, según dispuesto en esta Ley de los veinte (20) días de haberse presentado, se entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, y a partir de esa fecha comenzará a correr el término para la revisión judicial. […] (Negrillas y subrayado suplidos).

El texto de esta sección permaneció relativamente

inalterado con la aprobación de la LPAU, supra, vigente. De

hecho, la siguiente enmienda a la Sección 3.19 se limitó a

reconocer la notificación por correo electrónico de la

adjudicación de subastas como punto de partida para solicitar

su reconsideración o revisión dentro de los términos

pertinentes.6 Es decir, aun después de haberse aprobado la

LPAU, supra, y la Ley Núm. 73-2019, supra, los métodos para

solicitar revisión permanecieron siendo la moción de

reconsideración ante la agencia, o en la alternativa, la

solicitud de revisión ante la Junta Revisora.

ii. Ley Núm. 110-2022: una nueva Sección 3.19

Posteriormente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley

Núm. 110-2022 con el fin de atemperar la Sección 3.19 al

ordenamiento jurídico promulgado por la Ley Núm. 73-2019,

supra.7 En su Exposición de Motivos, explicó que, con la

aprobación de la Ley Núm. 73-2019, supra, estableció como

política pública la centralización de los procesos de compras

gubernamentales de bienes, obras y servicios, con miras de

6 Véase, Ley Núm. 150 de 18 de noviembre de 2020. 7 Véase, Ley Núm. 110 de 22 de diciembre de 2022. AC-2025-0025 16

lograr obtener mayores ahorros fiscales en beneficio del

pueblo puertorriqueño. De esta manera, indicó que la ASG es

la agencia encargada de implementar esta política pública y

dirigir los procesos pertinentes a las adquisiciones del

Gobierno de Puerto Rico. Así, la Legislatura cambió el texto

de la Sección 3.19 a los efectos de modificar las dos

alternativas existentes para la impugnación de un proceso de

licitación pública, a saber, la moción de reconsideración y

la revisión ante la Junta Revisora.8 En el caso de la moción

de reconsideración, dispuso que esta podía ser presentada

por la parte adversamente afectada “ante la ASG o ante la

entidad gubernamental correspondiente, según sea el caso”.

En otras palabras, la Legislatura extendió el poder de la

ASG para, además de atender recursos de revisión

administrativa ante la Junta Revisora, evaluar solicitudes

de reconsideración presentadas ante sí. En específico, la

nueva Sección 3.19 disponía lo siguiente:

Los procedimientos de adjudicación de subastas o solicitud de propuestas serán informales; su reglamentación y términos serán establecidos por la Administración de Servicios Generales en estricto cumplimiento con los procedimientos que establece la Ley 73-2019, según enmendada, sin menoscabo de los derechos y obligaciones de los licitadores bajo la política pública y leyes vigentes en la jurisdicción de Puerto Rico. La parte adversamente afectada por una decisión podrá presentar una moción de reconsideración ante la Administración de Servicios Generales o ante la entidad gubernamental correspondiente, según sea el caso, dentro del término de diez (10) días desde la fecha

8 La “revisión ante la Junta Revisora” establecida en la Sección 3.19 que fue reemplazada por la Ley Núm. 110-2022, ahora es conocida como “recurso de revisión administrativa”. AC-2025-0025 17

de la notificación de la adjudicación de la subasta o propuesta. La Administración de Servicios Generales o la entidad gubernamental correspondiente, según sea el caso, deberá considerar la moción de reconsideración dentro de los diez (10) días laborables de haberse presentado. Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para instar el recurso de revisión judicial empezará a contarse desde la fecha en que se archive en autos, copia de la notificación de la decisión de la Administración de Servicios Generales o la entidad gubernamental correspondiente, según sea el caso, resolviendo la moción de reconsideración. Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la orden o resolución es distinta a la del depósito en el correo ordinario o del envío por medio electrónico de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo ordinario o del envío por medio electrónico, según corresponda. Si la Administración de Servicios Generales o la entidad gubernamental correspondiente, según sea el caso, dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los diez (10) días de haberse presentado, se entenderá que esta ha sido rechazada de plano, y a partir de esa fecha comenzará a correr el término para la revisión judicial. Si la Administración de Servicios Generales o la entidad gubernamental correspondiente, según sea el caso, acoge la solicitud de reconsideración dentro del término provisto para ello, deberá emitir la resolución en reconsideración dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la moción de reconsideración. Si la Administración de Servicios Generales o la entidad gubernamental correspondiente, según sea el caso, acoge la moción de reconsideración, pero dejase de tomar alguna acción con relación a la moción dentro de los treinta (30) días de esta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término de treinta (30) días. La Administración de Servicios Generales o la entidad gubernamental correspondiente, según sea el caso, podrá extender dicho término una sola vez, antes de que este culmine, por un término adicional de quince (15) días. […] (Negrillas y subrayado suplidos). AC-2025-0025 18

Por consiguiente, esta enmienda tuvo el efecto de

proveerle a una parte adversamente afectada la opción de

elegir a cuál foro acudir para solicitar la reconsideración,

la ASG o la entidad gubernamental correspondiente,

dependiendo el caso. Esto es así, pues la Ley Núm. 73-2019,

supra, es el estatuto que rige los procesos de compras y

subastas de bienes, obras y servicios no profesionales en

las Entidades Gubernamentales, pero nada dispone sobre su

facultad para dirigir los procesos pertinentes a servicios

profesionales.9 3 LPRA sec. 9831b. De esta manera, la ASG

solamente podría atender mociones de reconsideración

pertinentes a los asuntos delegados por su ley habilitadora,

mientras que la agencia tendría la facultad para atender

todas aquellas que se presentaran ante sí.

iii. Ley Núm. 48-2024: Sección 3.19 vigente

Así las cosas, la Sección 3.19 establecida por la Ley

Núm. 110-2022, ha sido enmendada en dos ocasiones.10 En lo

pertinente a lo que nos ocupa, las enmiendas promulgadas por

la Ley Núm. 48-2024 son las que hoy estamos llamados a

9 La Ley Núm. 73-2019, supra, hace una distinción entre servicios profesionales y no profesionales. Por un lado, define los servicios profesionales como aquellos que son ofrecidos por una persona natural o jurídica con conocimientos o habilidades especializadas, y a quien se le requiere poseer un título universitario o licencia que lo acredite como profesional especializado. A su vez, son aquellos servicios cuya prestación principal pudiese consistir en el producto de la labor intelectual, creativa o artística, o en el manejo de destrezas altamente técnicas o especializadas por quien los ofrece. Íd. En cambio, los servicios no profesionales son aquellos que no requieren conocimientos o habilidades especializadas por la persona que los ofrezca, ni mucho menos un título universitario o licencia que lo acredite como profesional especializado. Íd. 10 Véanse, Ley Núm. 48 de 19 de febrero de 2024 y Ley Núm. 153 de 12 de

agosto de 2024. 3 LPRA sec. 9659. AC-2025-0025 19

atender, ya que han creado confusión en cuanto al

procedimiento de revisión pertinente a un proceso de

licitación pública de servicios profesionales.

Como hemos discutido a través de esta ponencia, previo

a la aprobación de la Ley Núm. 110-2022, la Sección 3.19 de

la LPAU proveía dos opciones para la impugnación de un RFP,

a saber, la moción de reconsideración ante la agencia y la

revisión ante la Junta Revisora. No obstante, una vez entró

en vigor el referido estatuto, la Asamblea Legislativa

modificó su texto, a los efectos de disponer las siguientes

opciones de impugnación: (1) “presentar una moción de

reconsideración ante la Administración de Servicios

Generales o ante la entidad gubernamental correspondiente,

según sea el caso”; y, en la alternativa, (2) “presentar un

recurso de revisión administrativa ante la Junta Revisora”.

Así, tras concederle la facultad a la ASG para atender

mociones de reconsideración sobre adjudicaciones de

licitación pública, la Asamblea Legislativa indicó que este

cambio podía tener el efecto de generar confusión en nuestro

ordenamiento jurídico y aprobó la Ley Núm. 48-2024.

En específico, la Legislatura expresó lo siguiente en

su Exposición de Motivos:

[L]o expresado en la legislación puede provocar que distintos licitadores acudan a foros distintos, a saber, la ASG o la agencia o la Junta Revisora y que presenten recursos distintos, ya sea uno de reconsideración o de revisión administrativa. Lo anterior implica que una parte adversamente afectada podría hacer una cosa o la otra: solicitar la reconsideración ante la agencia o solicitar la "revisión" ante la Junta Revisora o AC-2025-0025 20

el ente apelativo. Por lo tanto, la actual legislación no atiende el choque jurisdiccional que podría surgir cuando dos partes adversamente afectadas por una misma adjudicación acuden, una en "reconsideración' ante la agencia y la otra en "revisión administrativa", ante el ente apelativo o a la Junta Revisora. (Énfasis suplido).

Ante el posible “choque jurisdiccional” surgido a raíz

del texto de la referida ley, la Legislatura decidió eliminar

el recurso de reconsideración y establecer la revisión

administrativa como el “[m]ecanismo exclusivo para atender

las impugnaciones de las subastas”. Además, dispuso que la

Junta Revisora sería el único organismo encargado de atender

estos recursos.11 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 48-

2024, pág. 7. Así, tras reconocer el recurso de revisión

administrativa como el único mecanismo para impugnar

adjudicaciones en los procesos de licitación pública, lo

catalogó como un requisito jurisdiccional para instar un

recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones.

Íd., págs. 7-8. De esta manera, la versión más actualizada

de la Sección 3.19 de la LPAU, supra, dispone lo siguiente:

[L]a parte adversamente afectada por una determinación en un proceso de licitación pública podrá presentar una solicitud de revisión administrativa ante la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales dentro del término de diez (10) días calendario, contados a partir del depósito en el correo federal o la

11En específico, la Asamblea Legislativa hizo constar en su Exposición de Motivos que: “[E]ste lenguaje mandata aclaración inmediata, por lo que mediante esta medida legislativa se elimina el recurso de “reconsideración”, se establece la “revisión administrativa” como el único mecanismo para atender las impugnaciones de las subastas y se dispone que la Junta Revisora será el único organismo para entender sobre los recursos de revisión administrativa.” (Negrillas suplidas). AC-2025-0025 21

notificación por correo electrónico, lo que ocurra primero, de la adjudicación del proceso de licitación pública.

La presentación del recurso de revisión administrativa ante la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales será un requisito jurisdiccional antes de presentar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones.

La parte adversamente afectada tendrá un término jurisdiccional de veinte (20) días calendario para presentar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, contados a partir del depósito en el correo federal o de remitida la determinación por correo electrónico, lo que ocurra primero, ya sea de la adjudicación de la solicitud de revisión administrativa ante la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales, o cuando venza el término que tenía la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales para determinar si acogía o no la solicitud de revisión administrativa.

La notificación de la adjudicación del proceso de licitación pública deberá incluir las garantías procesales establecidas en la Ley 73 2019 relativas a los fundamentos para la adjudicación y el derecho y los términos para solicitar revisión administrativa ante la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales y revisión judicial.

(Énfasis y negrillas suplidos).

Al atribuirle carácter jurisdiccional al recurso de

revisión administrativa ante la Junta Revisora de la ASG, la

Legislatura persiguió uniformidad y certeza en este tipo de

procesos. Sin embargo, la Ley Núm. 73-2019, supra, es

categórica en cuanto a su alcance como el cuerpo legislativo

que rige los procesos de adquisición de bienes, obras y

servicios no profesionales. 3 LPRA sec. 9831b. Además, en AC-2025-0025 22

cuanto a la jurisdicción que le otorga esta ley a la Junta

Revisora, este es el ente que está facultado para revisar

cualquier impugnación de determinaciones o adjudicaciones

hechas por la Administración Auxiliar del Área de

Adquisiciones, por la Junta de Subastas de la ASG o por las

Juntas de Subastas de las Entidades Exentas.12 3 LPRA sec.

9837.

Es decir, al momento de impugnar un proceso de

licitación pública por servicios profesionales, la Sección

3.19 de la LPAU, supra, provee el recurso de revisión

administrativa ante la Junta Revisora de la ASG como el

mecanismo exclusivo para ello, y además, lo cataloga como un

requisito jurisdiccional para acudir al TA mediante revisión

judicial. No obstante, la ley habilitadora de la ASG no

concede a la agencia el poder para regular los procesos de

adquisición de servicios profesionales, y la Junta Revisora

está limitada a atender decisiones tomadas por foros

particulares. Por consiguiente, tras realizar un análisis

integral de todas las disposiciones de ley mencionadas,

12 Nótese que, la LPAU, supra, expresamente dispone que la parte adversamente afectada “podrá presentar una solicitud de revisión administrativa ante la Junta Revisora”, sin particularizar que la decisión recurrida sea emitida por un foro en específico.

Por su parte, el Art. 64 la Ley Núm. 73-2019, supra, lee como sigue:

La parte adversamente afectada por una decisión de la Administración, de la Junta de Subastas o de cualquier Junta de Subastas de Entidad Exenta podrá, dentro del término de diez (10) días calendario a partir del depósito en el correo federal o correo electrónico notificando la adjudicación de la subasta, presentar una solicitud de revisión administrativa ante la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales. 3 LPRA sec. 9838a. (Énfasis y negrillas suplidos). AC-2025-0025 23

justipreciamos que las enmiendas realizadas a la Sección

3.19, mediante la Ley Núm. 48-2024, crearon una laguna en

nuestro ordenamiento jurídico.

D. Normas de hermenéutica jurídica

Sabido es que al ejercer nuestra encomienda de

interpretar las leyes, el primer paso es remitirnos al texto

de la ley, puesto que cuando la ley es clara y libre de

ambigüedades, su texto es la expresión por excelencia de la

intención legislativa. Rosado Molina v. ELA y otros, 195 DPR

581, 589 (2016). Así, las normas de hermenéutica jurídica

requieren que hagamos cumplir la intención del legislador.

Cabrera Rodríguez y otros v. Integrand, 2025 TSPR 127, 217

DPR ____ (2025); JJJ Adventure v. Consejo de Titulares y

otros, 2025 TSPR 123, 216 DPR ____ (2025). De esta manera,

al momento de interpretar un estatuto debemos atribuirle "un

sentido que asegure el resultado que originalmente se quiso

obtener". Íd. citando a Méndez Pabón et al. v. Alcalde de

Aguadilla, 151 DPR 853, 858-859 (2000).

En lo pertinente a lo que nos ocupa, hemos expresado

que, al interpretar el alcance de los poderes delegados a

una agencia administrativa, no se debe limitar el análisis

a una interpretación restrictiva de su estatuto habilitador,

sino que debe ser cónsona con la intención legislativa, la

política pública y el interés social que inspira la medida.

JJJ Adventure v. Consejo de Titulares y otros, supra. Esto

es así, pues las agencias solo pueden realizar las funciones

encomendadas legislativamente, las que surgen de su AC-2025-0025 24

actividad o encomienda principal, y las que sean

indispensables para llevar a cabo sus deberes y

responsabilidades. Amieiro González v. Pinnacle Real Estate,

173 DPR 363, 371 (2008).

De igual manera, en materia de hermenéutica rige la

norma de que, cuando hay conflicto entre dos estatutos, uno

de carácter general y otro de carácter especial, la ley de

carácter especial prevalece sobre la de carácter general.

Cabrera Rodríguez y otros v. Integrand, supra. Por tanto,

solamente procede acudir a las leyes generales cuando

existan deficiencias en la ley especial. Íd.

Asimismo, en la evaluación de una ley que guarda

silencio sobre cierto asunto, causando resultados absurdos

o no provistos, los tribunales debemos determinar si tal

silencio corresponde a una laguna involuntaria por parte de

la Asamblea Legislativa o si, por el contrario, estamos ante

una omisión intencional por parte de ésta. Negrón Castro et

al. v. SLG et al., 2025 TSPR 96, 216 DPR ____ (2025) citando

a Acevedo Arocho v. Departamento de Hacienda, 212 DPR 335,

358 (2023). Al adentrarnos en esa tarea, primero debemos

recurrir al texto del estatuto, y luego al historial

legislativo para determinar si las expresiones

extratextuales del legislador clarifican si lo omitido fue

inadvertido o intencional. J.M. Farinacci Fernós,

Hermenéutica puertorriqueña: Cánones de interpretación

jurídica, San Juan, Editorial, InterJuris, 2019, pág. 156.

De entender que se trata de una omisión intencional, procede AC-2025-0025 25

dar fiel cumplimiento a la voluntad legislativa y, en

consecuencia, no añadir lo omitido. Íd.

Por otro lado, si se determina que el silencio es

producto de la inadvertencia legislativa, venimos llamados

a llenar ese vacío. Íd. Para ello, nuestra jurisprudencia

tiene la capacidad de complementar el ordenamiento jurídico

y llenar los vacíos, lagunas u omisiones no deseadas por el

legislador. Íd. págs. 156-157; 31 LPRA sec. 5312. Además,

el Código Civil de Puerto Rico de 2020 establece que tenemos

el deber inexcusable de resolver los asuntos ante nuestra

consideración, independientemente exista silencio,

obscuridad, o insuficiencia de la ley. 31 LPRA sec. 5316.

De esta manera, tenemos la encomienda de ejercer nuestra

función interpretativa para así evitar los efectos nocivos

de no corregir una laguna involuntaria.13

III

En el recurso ante nuestra consideración, RedMane

señala que el Tribunal de Apelaciones erró al determinar que

el derecho a solicitar revisión de la adjudicación de

licitación pública de autos se rige por la Sección 3.15 de

la LPAU, supra, con exclusión de las Secciones 3.19 y 4.2

del mismo estatuto. En específico, nos solicita que tomemos

conocimiento de que la notificación realizada por el DSPR

13 La Asamblea Legislativa siempre podrá corregir nuestra actuación de entender que: (1) no se trató de una laguna involuntaria, sino una omisión intencional; o (2) difiere de la manera en que la referida laguna fue atendida. J.M. Farinacci Fernós, Hermenéutica puertorriqueña: Cánones de interpretación jurídica, San Juan, Editorial, InterJuris, 2019, pág. 157. AC-2025-0025 26

el 14 de noviembre de 2024 fue realizada defectuosamente;

que pautemos la interpretación correcta que se le debe dar

a la LPAU, supra, en materia de procesos de revisión de

licitación pública; y que ordenemos al DSPR a notificar la

adjudicación conforme a derecho. Le asiste la razón

parcialmente.

En primer lugar, es menester que nos expresemos sobre

el único señalamiento de error que realizó la parte

peticionaria. En su petitorio, RedMane correctamente

sostiene que la Sección 3.19 de la LPAU, supra, es la

disposición que regula todo lo relacionado al procedimiento

y los términos para solicitar reconsideración o revisión

administrativa de un proceso de adjudicación de licitación

pública. No obstante, se equivoca al señalar que el Tribunal

de Apelaciones resolvió en su Sentencia que la revisión de

la adjudicación de RFP del caso de epígrafe se rige por los

términos de la Sección 3.15 de la LPAU, supra. Con una

lectura sencilla del dictamen recurrido, podemos corroborar

que el Tribunal de Apelaciones en ningún momento mencionó

la Sección 3.15 de la LPAU, supra. Al contrario, en

contravención al señalamiento de RedMane, el foro intermedio

hizo referencia a las Secciones 3.19 y 4.2 de la LPAU, supra,

como el cuerpo legal que gobierna lo relacionado al proceso

de revisión de la adjudicación de subastas y RFP.

En su dictamen, tras desglosar las Secciones 3.19 y 4.2

de la LPAU, supra, el Tribunal de Apelaciones ordenó

devolver el caso ante la consideración del DSPR para que AC-2025-0025 27

emitiera una nueva notificación de adjudicación, conforme a

derecho. En específico, resolvió lo siguiente:

Según adelantado, luego de examinar con detenimiento el expediente, los argumentos de las partes y los anejos pertinentes, notamos que estamos privados de jurisdicción en este caso. Resulta evidente que el DSPR cometió un error en la notificación del RFP concernido, específicamente en las advertencias a las partes adversamente afectadas para presentar un recurso administrativo y/o judicial. Al momento de dictar el Award Notification Elegibility and Enrollment System Takeover, la LPAUG disponía de forma clara que los términos para dichos trámites se computan en “días calendario” y no “días laborables”.

Como vemos, la inobservancia por parte del DSPR provocó que la notificación emitida el 14 de noviembre de 2024 no se pueda considerar como una adecuada, válida y efectiva, pues para ello resultaba indispensable que se plasmara la información que nuestro estado de derecho especifica, en particular, la manera correcta en la que se computan los términos para impugnar la adjudicación del RFP. Por consiguiente, la notificación de adjudicación de la solicitud de propuestas aquí en controversia fue una defectuosa.

Ante la inobservancia de los postulados que gobiernan el asunto ante nuestra consideración, nos vemos precisados a devolver el caso al DSPR para que emita un dictamen conforme a nuestro ordenamiento jurídico y lo notifique nuevamente a los licitadores. Solo así la parte perjudicada podrá formular una apropiada defensa y este Foro apelativo podrá revisar y resolver los méritos de la causa. L.P.C. & D., Inc. v. A.C., supra, a la pág. 879. En suma, resulta forzoso concluir que no tenemos jurisdicción para atender el recurso de epígrafe, pues resulta prematuro.

Así, el Tribunal de Apelaciones determinó que la

primera notificación emitida por el DSPR, el 14 de noviembre

de 2024, fue defectuosa. En cuanto a esta, coincidimos con AC-2025-0025 28

el foro apelativo intermedio de que es nula, por clasificar

erróneamente los términos para la revisión judicial como

“días laborables”, en lugar de “días calendario”. Además,

la referida notificación contiene una advertencia en donde

se le indica a las partes que tendrán diez días laborables

desde la fecha de notificación para presentar una moción de

reconsideración ante el DSPR, en contravención con lo que

dispone la Sección 3.19 de la LPAU, supra. En otras palabras,

la notificación emitida por el DSPR indujo erróneamente a

las partes adversamente afectadas a utilizar el remedio

general de reconsideración que dispone la Sección 3.15 de

la LPAU, supra. Este defecto provocó que la notificación no

se pueda considerar como adecuada, válida y efectiva, pues

impidió que las partes conocieran con certeza el foro y los

términos correctos para canalizar su impugnación.

Aun así, es evidente que, a pesar de que el señalamiento

de error planteado por RedMane no va acorde con la

determinación del Tribunal de Apelaciones, el referido

dictamen ha generado confusión. A saber, después de que la

Sentencia recurrida fuese notificada el 3 de febrero de

2025, el DSPR notificó otro Award Notification, el 11 de

febrero de 2025, enmendando las advertencias para solicitar

reconsideración y revisión judicial, conforme las Secciones

3.15 y 4.2 de la LPAU, supra. Es decir, tras ser notificado

de la Sentencia, el DSPR, sin que esta adviniera final y

firme, volvió a emitir una notificación defectuosa.

Posterior a ello y una vez iniciado el pleito ante nos, el AC-2025-0025 29

DSPR expresó que la notificación debía incluir los términos

dispuestos en la Sección 3.19 de la LPAU, supra, aun cuando

“los procedimientos de requerimiento de propuesta de

servicios profesionales no son revisables ante la Junta

Revisora”.

Ante este cuadro fáctico, comenzamos por reafirmar que

el caso de epígrafe tiene su origen en la adjudicación de

un RFP llevado a cabo por el DSPR, con el fin de seleccionar

un proveedor cualificado para la administración del sistema

de elegibilidad e inscripción del Programa Medicaid Puerto

Rico. Por consiguiente, al este ser un proceso de licitación

pública de servicios profesionales por el DSPR, queda

meridianamente claro que deben ser de aplicación las

disposiciones de la LPAU, supra, particularmente las que

establecen lo referente al proceso de subasta o

requerimientos de propuestas, y sus respectivas revisiones

administrativas y/o judiciales. Sin embargo, al realizar una

interpretación integral de las Secciones 3.19 y 4.2 de la

LPAU, supra, y la Ley Núm. 73-2019, supra, nos hemos

percatado que las enmiendas aprobadas en el año 2024 crearon

un resultado improvisto en cuanto al procedimiento de

revisión pertinente a un proceso de licitación pública de

servicios profesionales.14

Cónsono con lo que hemos esbozado hasta el momento,

antes de estas enmiendas, la Sección 3.19 de la LPAU proveía

14Véase, Ley Núm. 48 de 19 de febrero de 2024 y Ley Núm. 153 de 12 de agosto de 2024. 3 LPRA sec. 9659. AC-2025-0025 30

dos alternativas para la impugnación de un RFP, previo a la

presentación de un recurso de revisión judicial ante el

Tribunal de Apelaciones. A saber, la parte adversamente

afectada podía: (1) “presentar una moción de reconsideración

ante la Administración de Servicios Generales o ante la

entidad gubernamental correspondiente, según sea el caso”;

y, en la alternativa, (2) “presentar un recurso de revisión

administrativa ante la Junta Revisora”. De igual manera, la

LPAU derogada también proveía dos opciones para este tipo

de impugnación, a saber: (1) “presentar una moción de

reconsideración ante la agencia”; y, en la alternativa,

“presentar una solicitud de revisión ante la Junta

No obstante, con la aprobación de la Ley Núm. 73-2019,

supra, la Legislatura fue atemperando la Sección 3.19 hasta

la que hoy tenemos. Así, con las enmiendas realizadas

mediante la Ley Núm. 48-2024, la Asamblea Legislativa

decidió eliminar la vía de la reconsideración con el

propósito de atender el “choque jurisdiccional que podría

surgir cuando dos partes adversamente afectadas por una

misma adjudicación acuden, una en "reconsideración” ante la

agencia y la otra en "revisión administrativa”, ante el ente

apelativo o a la Junta Revisora”. Exposición de Motivos de

la Ley Núm. 48-2024, pág. 7. Así, tras reconocer el recurso

de revisión administrativa como el único mecanismo para

impugnar adjudicaciones en los procesos de licitación

pública, lo catalogó como un requisito jurisdiccional para AC-2025-0025 31

instar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de

Apelaciones. Íd., págs. 7-8.

De esta manera, la versión enmendada de la Sección 3.19

de la LPAU, supra, dispone que la parte adversamente

afectada solamente podrá presentar una solicitud de revisión

administrativa ante la Junta Revisora de la ASG, previo a

que comience a cursar el término jurisdiccional para instar

el recurso de revisión judicial. 3 LPRA sec. 9659. Cónsono

con lo anterior, establece que la notificación de la

adjudicación “deberá incluir las garantías procesales

establecidas en la Ley 73-2019 relativas a los fundamentos

para la adjudicación y el derecho y los términos para

solicitar revisión administrativa ante la Junta Revisora de

Subastas de la Administración de Servicios Generales y

revisión judicial.” Íd. Esto así, a pesar de que la Ley Núm.

73-2019, supra, es categórica en cuanto a la jurisdicción

que ostenta la agencia y los foros a los cuales la Junta

Revisora puede revisar.15

De su faz, la adjudicación de un proceso de licitación

pública por servicios profesionales no se encuentra dentro

del alcance de la ASG o su Junta Revisora. En consecuencia,

al otorgarle carácter jurisdiccional a un recurso que

solamente puede ser atendido por la Junta Revisora de la

ASG, justipreciamos que la Sección 3.19 de la LPAU, supra,

guarda silencio sobre el procedimiento a seguir para

15 Véase, 3 LPRA sec. 9831b, 9837, 9837b, 9838a-9838e. AC-2025-0025 32

impugnar la adjudicación de un proceso de licitación pública

que no esté regulado por la Ley Núm. 73-2019, supra. Por

tanto, conforme las normas de hermenéutica jurídica, estamos

llamados a determinar si tal silencio corresponde a un

resultado no provisto o una omisión intencional por parte

de la Asamblea Legislativa.

Así las cosas, tras evaluar el historial legislativo

de la Ley Núm. 48-2024, es evidente que las enmiendas

realizadas se hicieron con el propósito de propiciar la

uniformidad y certeza de los procesos de licitación pública

regulados por la Ley Núm. 73-2019, supra. A saber, en su

Exposición de Motivos, la Legislatura nunca mencionó los

servicios profesionales en el contexto de los cambios que

se realizarían a la Sección 3.19.16 Incluso, al exponer su

razonamiento para eliminar la vía de la reconsideración y

otorgarle carácter jurisdiccional a la revisión

administrativa ante la Junta Revisora, la Asamblea

Legislativa expresó lo siguiente:

Esta Ley además reconoce el recurso de revisión administrativa como el único recurso para impugnar las adjudicaciones en los procesos de licitación pública regulados por la Ley 73, supra, y dispone que su presentación es un requisito jurisdiccional antes de presentar un recurso de revisión judicial. Lo anterior elimina las confusas opciones que la legislación le otorgaba a las partes y que provocaba que las partes presentaran tanto el recurso de reconsideración como el de revisión administrativa en foros distintos.

16Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 48-2024, págs. 22-23 para observar la única mención de servicios profesionales en esta ley. AC-2025-0025 33

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 48-2024, pág. 8.

Por consiguiente, entendemos que el resultado no provisto

generado por las enmiendas discutidas, en cuanto a los

procesos de licitación pública que no son regulados por la

Ley Núm. 73-2019, supra, es producto de inadvertencia

legislativa. Por lo tanto, estamos llamados a llenar ese

vacío.

De ordinario, teniendo ante nuestra consideración la

adjudicación de un proceso de licitación pública, toda

notificación de la misma debería incluir las advertencias

pertinentes, conforme establecen las Secciones 3.19 y 4.2

de la LPAU, supra. Esto es así pues, para que una

determinación en un proceso de licitación pública se realice

conforme a derecho, la notificación de la adjudicación

deberá incluir las garantías procesales establecidas en

nuestro ordenamiento jurídico, relativas a los fundamentos

para la adjudicación y el derecho, y los términos para

solicitar revisión administrativa ante la Junta Revisora y

revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. 3 LPRA

sec. 9659. No obstante, conforme al análisis que hemos

realizado de la Ley Núm. 48-2024 y la Ley Núm. 73-2019,

supra, la Junta Revisora de la ASG no tiene la facultad

estatutaria para revisar adjudicaciones de procesos de

licitación pública por servicios profesionales. Entendemos

que, si la Asamblea Legislativa hubiese querido extender la

jurisdicción de este ente revisor, hubiese legislado a esos AC-2025-0025 34

efectos. Ante este cuadro fáctico, RedMane pudo haber

presentado un recurso de revisión administrativa ante la

Junta Revisora de la ASG, y por tratarse de una adjudicación

de RFP por servicios profesionales, la Junta Revisora no

hubiese tenido la facultad estatutaria para atenderlo. Dicho

de otra manera, el requisito jurisdiccional que tendría que

cumplir RedMane para acudir mediante revisión judicial al

TA, es improcedente en derecho.

Por consiguiente, resolvemos que, cuando se trate de

no regulado por la Ley Núm. 73-2019, supra, el recurso de

revisión administrativa ante la Junta Revisora de la ASG no

será un requisito jurisdiccional para acudir al Tribunal de

Apelaciones mediante revisión judicial. De esta manera,

honramos la ley habilitadora de la ASG y las facultades

delegadas a su Junta Revisora.

A su vez, en vista de que la intención legislativa

detrás de la eliminación de la moción de la reconsideración

de la Sección 3.19 de la LPAU, supra, se limitó a los

procedimientos de licitación pública regulados por la Ley

Núm. 73-2019, supra, resolvemos que esta vía procesal

permanecerá disponible hasta que la Asamblea Legislativa

disponga lo contrario. En específico, decretamos que en

situaciones que no estén reguladas por esta ley, como lo son

los procedimientos de licitación pública por servicios

profesionales, los foros administrativos pertinentes podrán

formular reglamentación a los efectos de proveerle la AC-2025-0025 35

oportunidad de solicitar reconsideración ante sí a toda

parte adversamente afectada, dentro de los términos

provistos por la Sección 3.19, siempre y cuando su ley

habilitadora se lo permita.17

Conforme a lo previamente esbozado, en los

procedimientos de licitación pública que no sean regulados

por la Ley Núm. 73-2019, supra, será defectuosa toda

notificación que no advierta a las partes sobre su derecho

a presentar: (1) una solicitud de reconsideración ante la

agencia cuando así lo disponga su reglamentación aplicable,

dentro del término de diez días calendario, contados a

partir del depósito en el correo federal o la notificación

por correo electrónico de la adjudicación del proceso, lo

que ocurra primero; y (2) un recurso de revisión judicial

ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término

jurisdiccional de veinte días calendario, contados a partir

de la notificación de la adjudicación de la solicitud de

reconsideración ante la agencia o cuando venza el término

de esta para acogerla, lo que ocurra primero. Por analogía,

los términos para atender la moción de reconsideración serán

17En el caso ante nos, el 21 de diciembre de 2023, el DSPR promulgó la Orden Administrativa Núm. OA-581 con el propósito de establecer los procedimientos aplicables a la contratación de servicios profesionales por la cantidad de $150,000 o más en un mismo año fiscal. Mediante esta, dispuso los requisitos de contenido que debía incluir toda notificación de adjudicación en estos procesos, incluyendo lo pertinente al apercibimiento sobre el derecho a revisión, “conforme a lo establecido… en la LPAU”. No obstante, esta orden administrativa fue promulgada antes de las enmiendas de la Ley Núm. 48-2024, por lo que el texto de la misma alude estar basada en una versión de la LPAU, supra, que ya no está en vigor, y dispone unos términos incongruentes con la legislación vigente. AC-2025-0025 36

los mismos que establece la Sección 3.19 de la LPAU,18 supra,

para el recurso de revisión administrativa ante la Junta

Revisora. 3 LPRA sec. 9659. En el caso de que el foro

administrativo no provea para el recurso de reconsideración

ante sí, el término jurisdiccional de veinte días calendario

para solicitar revisión judicial ante el TA comenzará a

cursar a partir del depósito en el correo federal o la

notificación por correo electrónico de la adjudicación del

proceso de licitación pública, lo que ocurra primero.

Como hemos reiterado, el esquema de licitación pública

constituye un pilar esencial de la contratación

gubernamental, pues procura que las agencias adquieran

bienes y servicios de calidad al mejor precio posible,

mediante un proceso abierto y competitivo que salvaguarde

el erario y promueva la confianza ciudadana. St. James Sec.

pág. 820. En armonía con dicha política pública, la Ley Núm.

73-2019, supra, centralizó los procesos de adquisición de

obras, bienes y servicios no profesionales en la ASG para

uniformar las prácticas de licitación, evitar la

fragmentación normativa y garantizar transparencia. En este

contexto, la notificación de adjudicación no es un mero

formalismo, sino que es el acto que activa los remedios de

revisión administrativa y judicial. Sin una notificación

conforme a derecho, los licitadores quedarían desprovistos

18Cabe señalar que la Sección 3.15 de la LPAU no resulta aplicable en el presente caso por regular el remedio general de reconsideración en procedimientos administrativos ordinarios. AC-2025-0025 37

de mecanismos efectivos para impugnar irregularidades en el

proceso. Así las cosas, al atender el vacío que nuestra

Asamblea Legislativa estableció inadvertidamente cuando

enmendó las Secciones 3.19 y 4.2 de la LPAU, supra, podemos

asegurar que los licitadores cuenten con un aviso válido,

claro y uniforme que les permita ejercer adecuadamente su

derecho a revisión.

En vista de lo anterior, actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones al declararse sin jurisdicción para atender los reclamos de la parte peticionaria por concluir que, ante una notificación defectuosa, el recurso era prematuro. Conforme a lo establecido en este dictamen, la notificación de adjudicación del RFP ante nuestra consideración deberá incluir las advertencias sobre el derecho de toda parte adversamente afectada a presentar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término jurisdiccional de veinte días calendario, contados a partir del depósito en el correo federal o la notificación por correo electrónico de la adjudicación por el DSPR.19

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el

recurso de epígrafe y se confirma la sentencia emitida por

el Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso al DSPR para

que emita una notificación de adjudicación, conforme a las

exigencias aplicables de las Secciones 3.19 y 4.2 de la

19 Recalcamos que la Orden Administrativa Núm. OA-581 del DSPR no es de aplicación ya que está amparada en una sección de la LPAU que fue derogada y sustituida previo a la adjudicación del RFP ante nuestra consideración. Prospectivamente, el DSPR podrá atemperar su reglamentación al derecho vigente para así proveer la vía de la moción de reconsideración ante sí, como requisito previo a presentar el recurso de revisión judicial ante el TA. AC-2025-0025 38

LPAU, supra, y lo aquí promulgado, sin la necesidad de

esperar por nuestro mandato.

A tenor con lo esbozado, reiteramos que, en los

procesos de licitación pública regulados por la Ley Núm. 73-

2019, supra, la notificación de la adjudicación deberá

incluir las garantías procesales establecidas en las

Secciones 3.19 y 4.2 de la LPAU, supra. En cuanto a los

casos a los que no sean de aplicación las disposiciones de

la Ley Núm. 73-2019, supra, el recurso de revisión

administrativa ante la Junta Revisora de la ASG no será un

requisito jurisdiccional para acudir al Tribunal de

Apelaciones mediante revisión judicial.

Se dictará Sentencia en conformidad.

Raúl A. Candelario López Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2026.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se expide el recurso de epígrafe y se confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso al Departamento de Salud de Puerto Rico para que emita una notificación de adjudicación, sin la necesidad de esperar por nuestro mandato, conforme a las exigencias aplicables de las Secciones 3.19 y 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601, et seq. (LPAU), y lo promulgado en esta Opinión.

A tenor con lo esbozado, reiteramos que, en los procesos de licitación pública regulados por la Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019, 3 LPRA sec. 9831 et seq. (Ley Núm. 73-2019), la notificación de la adjudicación deberá incluir las garantías procesales establecidas en las Secciones 3.19 y 4.2 de la LPAU. En cuanto a los casos a los que no sean de aplicación las disposiciones de la Ley Núm. 73-2019, el recurso de revisión administrativa ante la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales no será un requisito jurisdiccional para acudir al Tribunal de Apelaciones mediante revisión judicial.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emite una Opinión concurrente en parte y disidente en parte a la cual se le une la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez. El Juez Asociado señor Colón Pérez emite una Opinión disidente.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. AC-2025-0025 Certiorari

Departamento de Salud y otros

Opinión concurrente en parte y disidente en parte del Juez Asociado Señor ESTRELLA MARTÍNEZ a la cual se une la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ.

En primer lugar, hoy correspondía concluir que el

Tribunal de Apelaciones debió atender los méritos de la

impugnación de la adjudicación del requerimiento de

propuesta que presentó RedMane Technology, LLC, de

conformidad con lo resuelto en PR Eco Park et al. v. Mun.

de Yauco, infra, en lugar de devolver la controversia a

la agencia administrativa para que se llevara a cabo una

nueva notificación. Al así hacerlo, no se le hubiese

causado perjuicio a la agencia administrativa, ni al

interés público y a ninguna de las partes, debido a que

todas comparecieron oportunamente ante el foro intermedio.

En este extremo, respetuosamente, disiento.

No menos importante, sostengo que, en esta

controversia, ameritaba realizar un análisis integral de

la Sec. 3.19 de la Ley de Procedimiento Administrativo AC-2025-0025 2

Uniforme, infra, sus enmiendas recientes y su correlación

con la Ley Núm. 73-2019, infra. En específico, en lo que

concierne a la jurisdicción y competencia de la Junta

Revisora de la Administración de Servicios Generales (ASG)

para revisar la impugnación de una solicitud de propuesta

(RFP) de un servicio profesional, altamente especializado

y técnico adjudicado por otra agencia administrativa

adjudicativa, a saber, el Programa de Medicaid Puerto Rico

del Departamento de Salud, cuyo carácter complejo y

técnico exige procedimientos y criterios específicos que

no pueden ser equiparados a los de las subastas de bienes

y servicios no profesionales en virtud de la Ley Núm. 73-

2019, infra, sobre los cuales la Junta Revisora de la ASG

ejerce, en virtud de su ley habilitadora, la competencia

revisora exclusiva. En ese extremo, concurro. Me explico.

El 22 de julio de 2024, el Departamento de Salud (DS)

publicó el Puerto Rico Medicaid Program Eligibility and

Enrollment System Takeover Request for Proposal RFP-2024-

PMP-MES-EE-004 (RFP) con el objetivo de seleccionar un

proveedor para la administración del sistema informático

de elegibilidad e inscripción en el Programa Medicaid

Puerto Rico.1 Se recibieron las propuestas de: RedMane

1Recordemos que el uso del requerimiento de propuesta —como método alterno a la subasta formal— es común “cuando se trata de bienes o servicios especializados que involucran aspectos altamente AC-2025-0025 3

Technology, LLC (RedMane o peticionaria)2, D2Sol, Inc.

(D2Sol) y Trillian Technologies, Inc. (Trillian).

El 14 de noviembre de 2024, el DS comunicó el Award

Notification (notificación del 14 de noviembre de 2024)

en el que se le adjudicó la buena pro a D2Sol. En este se

les notificó a los licitadores que tenían diez (10) días

laborables para solicitar la reconsideración ante la

División de Vistas Administrativas del DS y luego contaban

con veinte (20) días laborables para solicitar la revisión

judicial en el Tribunal de Apelaciones. Tanto Trillian

como RedMane solicitaron ante el DS la reconsideración del

dictamen, pero no hubo determinación por parte de la

agencia.

Insatisfecho, el 26 de diciembre de 2024 RedMane

acudió en revisión judicial al Tribunal de Apelaciones

para, en síntesis, impugnar la adjudicación de la

licitación a D2Sol.3

complejos o cuando existen escasos competidores cualificados”. PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525, 532 (2019).

Surge del expediente que desde el 2018 RedMane fue 2

la compañía que obtuvo la buena pro del contrato con el DS para ese servicio, el cual venció en septiembre de 2025 (2019-DS0574-1).

RedMane, además, le solicitó al Tribunal de 3

Apelaciones la paralización de los procedimientos en el DS relacionados con la adjudicación y contratación de la subasta, la cual se declaró no ha lugar. Inconforme, RedMane acudió ante nos mediante una moción en auxilio de jurisdicción y un recurso de certiorari (CC-2025-0014), los cuales fueron declarados no ha lugar. En la Resolución AC-2025-0025 4

En el foro intermedio, el DS solicitó la

desestimación por falta de jurisdicción, específicamente

por ser prematuro el recurso.4 Sostuvo que la notificación

del 14 de noviembre del 2024 fue defectuosa porque la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), infra,

dispone que los términos se computan en días calendario y

no laborables.

dictó una Sentencia en la que declaró ha lugar la solicitud

de desestimación, al concluir que el recurso de revisión

judicial era prematuro. En particular, se dispuso que era

evidente que la notificación fue defectuosa en cuanto a

las advertencias de los términos para solicitar

reconsideración y revisión judicial. Por ello, el foro

apelativo devolvió el caso al DS para que emitiera una

notificación de adjudicación del RFP conforme a derecho y

la notificara nuevamente a los licitadores.

Sin que la Sentencia del Tribunal de Apelaciones

adviniera final y firme, el 11 de febrero de 2025 el DS

comunicó un segundo Award Notification (notificación del

hice constar una expresión disidente en la que consigné que hubiese paralizado los procedimientos en protección del interés público, por tratarse de un RFP de $97 millones en fondos públicos y que el contrato adjudicado en años anteriores, en aquel momento, seguía vigente, por lo que el servicio no se vería interrumpido.

4RedMane Technology, LLC v. Departamento de Salud y D2Sol, Inc., et als. (KLRA202400705). Se clarifica que este es el recurso de revisión ante nos (AC-2025-0025). AC-2025-0025 5

11 de febrero de 2025) enmendando las advertencias para

solicitar la reconsideración y revisión judicial en virtud

de las secciones 3.15 y 4.2 de la LPAU, infra. En esa

segunda notificación, el DS consignó que las partes

adversamente afectadas tenían veinte (20) días para

solicitar la reconsideración ante la División de Vistas

Administrativas del DS y treinta (30) días para solicitar

la revisión judicial en el Tribunal de Apelaciones.5

Al presentarse un segundo recurso de revisión

judicial por parte de RedMane, el Procurador General

presentó una Moción en cumplimiento de orden y solicitó

la desestimación del recurso debido a que el término de

la revisión judicial era de veinte (20) días y no de

treinta (30) días como se consignó en la notificación del

11 de febrero de 2025. Posteriormente, esta segunda

notificación también fue declarada inoficiosa por el

Tribunal de Apelaciones en el caso KLRA202500195.

Retomando en cuanto al caso ante nos (KLRA202400705),

RedMane solicitó la reconsideración en el Tribunal de

Apelaciones, la cual se rechazó. Inconforme, el 25 de

5Surge del expediente que, antes de presentar el recurso de revisión judicial en el Tribunal de Apelaciones, RedMane presentó una solicitud de reconsideración ante la Directora Ejecutiva, el Secretario de Salud y la oficina de asesores legales del DS (División de Vistas Administrativas) y, simultáneamente, otro recurso ante la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales (ASG). Esta última no atendió el recurso. AC-2025-0025 6

abril de 2025, acudió a este Tribunal mediante un recurso

de apelación. En este, alegó la comisión de un solo error:

que el Tribunal de Apelaciones erró al determinar que el

derecho a solicitar la revisión de la adjudicación de

licitación de una propuesta se rige por la sección 3.15

de la LPAU, infra, con exclusión de la sección 3.19,

referente a los procesos de licitación pública, y de la

sección 4.2 de la LPAU, infra.6

Atendido el recurso como un certiorari, por ser el

adecuado, el 2 de julio de 2025 emitimos una Resolución

en la que se le ordenó al DS a que, en el término de veinte

(20) días, mostrara causa por la cual no debía expedirse

el recurso y, a su vez, se le ordenase notificar la

adjudicación de la subasta conforme a la sección 3.19 de

la LPAU, infra.7

En cumplimiento, el 22 de julio de 2025, el DS

presentó un Escrito en cumplimiento de orden y expresó que

“procede notificar nuevamente el Aviso de adjudicación ya

que aun cuando las subastas y los procedimientos de

requerimiento de propuestas de servicios profesionales no

son revisables ante la Junta Revisora de Subastas de la

6El 2 de mayo de 2025 D2Sol presentó un Memorando en oposición a que se expida el auto de certiorari en el recurso erróneamente denominado “Apelación”.

7El 14 de julio de 2025, Trillian presentó una Moción en cumplimiento de orden. AC-2025-0025 7

Administración de Servicios Generales, le aplican los

términos dispuestos en la Sección 3.19 de la [LPAU]”.8

Finalmente, el 26 de septiembre de 2025, el DS

presentó la Solicitud de remedio y trámite expedito. En

esta solicitó que, con el mayor respeto, este tribunal se

exprese de manera expedita sobre la controversia planteada

para despejar las dudas con relación a los términos

aplicables para la revisión de las adjudicaciones de

servicios profesionales.

Establecido lo anterior, procedo a exponer brevemente

el derecho aplicable.

A.

El término jurisdicción denota el poder o la

autoridad que posee, ya sea un tribunal o un organismo

administrativo, para atender asuntos sometidos para su

consideración. CIC Const. v. JSMP-UPR, 196 DPR 964, 972

(2016); Ayala Hernández v. Consejo Titulares, 190 DPR 547

(2014). Similar al caso de los tribunales, las agencias

administrativas están impedidas de asumir jurisdicción

donde no existe. CIC Const. v. JSMP-UPR, supra, pág. 973.

El ámbito de autoridad de una entidad administrativa

dependerá de la delegación de aquellos poderes que le

hayan sido específicamente conferidos por la Asamblea

8 Escrito en cumplimiento de orden del DS, págs. 1-2. AC-2025-0025 8

Legislativa. Íd., pág. 973; Ayala Hernández v. Consejo

Titulares, supra.

Como paso inicial para precisar la capacidad de un

ente administrativo de poder intervenir en determinado

asunto es necesario examinar su ley habilitadora, también

conocida como su ley orgánica. CIC Const. v. JSMP-UPR,

supra, pág. 973. Un organismo administrativo está vedado

de asumir jurisdicción sobre un asunto a menos que esté

claramente facultado en ley para ello. Íd. Aquellas

actuaciones que no encuentren apoyo en el estatuto

habilitador de una entidad administrativa se reputarán

nulas por constituir trámites ultra vires. Íd.

Por otra parte, es norma conocida de hermenéutica

legal que el texto de la ley se impone si no existe margen

de duda sobre su acepción. Íd., pág. 974; Spyder Media

Inc. v. Mun. San Juan, 194 DPR 547 (2016). Ahora bien, los

estatutos han de interpretarse de manera integral, acorde

con la intención legislativa que los inspira. CIC Const.

V. JSMP-UPR, supra, pág. 974. Hemos advertido que “la

letra de la ley no se debe seguir ciegamente cuando ello

iría en detrimento de su espíritu y su fin”. Íd., citando

a Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196, 202

(2014).

B.

La Administración de Servicios Generales (ASG) es la

entidad gubernamental del Poder Ejecutivo responsable de AC-2025-0025 9

implementar la política pública relacionada con las

compras de bienes, obras y servicios no profesionales para

todas las entidades gubernamentales y entidades exentas,

según definidas en la Ley Núm. 73-2019, infra.9 Véanse

Exposición de Motivos y Art. 5 de la Ley Núm. 73-2019, 3

LPRA sec. 9832. Entre algunas de sus facultades y deberes

se encuentra la de establecer el proceso mediante el cual

los bienes, obras y servicios no profesionales habrán de

realizarse, comprarse, entregarse y distribuirse; otorgar

contratos relacionados y escoger el tipo de contrato a ser

otorgado. Art. 10 de la Ley Núm. 73-2019, 3 LPRA sec.

9832e.

Precisamente, la Ley Núm. 73-2019, conocida como la

Ley de la Administración de Servicios Generales para la

Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico

de 2019, 3 LPRA sec. 9831 et seq., otorgó a la ASG las

herramientas necesarias para agilizar los procesos,

estableciendo nuevos métodos que gobernarán las

adquisiciones de bienes y servicios no profesionales por

parte del Gobierno de Puerto Rico. Art. 2 de la Ley Núm.

73-2019, 3 LPRA sec. 9831a.

En lo aquí pertinente, en cuanto al alcance de la Ley

Núm. 73-2019, se dispone que sus disposiciones regirán los

9 La ASG fue creada mediante el Plan de Reorganización Núm. 2 de 1971, derogado por el Plan de Reorganización Núm. 3 de 2011, el cual a su vez fue derogado por la Ley Núm. 73-2019. AC-2025-0025 10

procesos de compras y subastas de bienes, obras y

servicios no profesionales en todas las entidades

gubernamentales y las entidades exentas. Art. 3 de la Ley

Núm. 73-2019, 3 LPRA sec. 9831b. En consecuencia, todas

las entidades gubernamentales, según definidas en el

estatuto, deberán realizar las compras y subastas de

bienes, obras y servicios no profesionales a través de la

ASG, sin excepción alguna. Íd.10 En concreto, el Art. 24

establece:

En aras de lograr ahorros considerables en el proceso de compras se establece la centralización de las compras gubernamentales. La Administración será el único ente autorizado a realizar y negociar la adquisición de bienes, obras y servicios no profesionales para las Entidades Gubernamentales, según definidas en la presente Ley, conforme los métodos de licitación y compras excepcionales aquí establecidos. Todas las entidades gubernamentales, independientemente la fuente de fondos para la adquisición (locales o federales), adquirirán todos los bienes, obras y servicios no profesionales a través de la Administración. (Énfasis suplido). Art. 24 de la Ley Núm. 73-2019, 3 LPRA sec. 9834.

Uno de los métodos de licitación reconocidos por la

Ley Núm. 73-2019 lo es la Solicitud de propuestas y/o

La ASG adoptó el Reglamento uniforme de compras y 10

subastas de bienes, obras y servicios no profesionales de la Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento Núm. 9230 del 18 de noviembre de 2020. Su propósito fue establecer las normas y procedimientos a seguirse por la ASG para tramitar todas las compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales. Art. 1.3 del Reglamento Núm. 9230. En este se reitera que los procesos de compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales de las entidades gubernamentales, según definidas, serán a través de la ASG. Íd., Art. 1.4. AC-2025-0025 11

Solicitud de propuestas selladas y/o Request for Proposal

(RFP), el cual se utiliza para adquirir bienes, obras y

servicios no profesionales que admite la negociación entre

el oferente y la ASG, mientras se evalúan las propuestas

recibidas. Art. 31 de la Ley Núm. 73-2019, 3 LPRA sec.

9834g(d). Bajo este método, la ASG puede solicitarles a

los licitadores la presentación de su mejor y final

oferta. Íd.

Con relación al presente caso, la Ley Núm. 73-2019

define servicios no profesionales como “[a]quellos

servicios que no son ofrecidos por una persona natural o

jurídica con conocimientos o habilidades especializadas a

quien se le requiere poseer un título universitario o

licencia que lo acredite como profesional especializado”.

Art. 4 de la Ley Núm. 73-2019, 3 LPRA sec. 9831c(hh). Por

otra parte, los servicios profesionales son:

Aquellos servicios que son ofrecidos por una persona natural o jurídica con conocimientos o habilidades especializadas a quien se le requiere poseer un título universitario o licencia que lo acredite como profesional especializado; o cuya prestación principal consiste en el producto de la labor intelectual, creativa o artística, o en el manejo de destrezas altamente técnicas o especializadas. Íd., inciso (ii).

Con relación a este último, hemos señalado que “un

servicio profesional conlleva una vocación, llamado,

ocupación o empleo que supone, además, algún tipo de

conocimiento, labor o destreza especializada”. St. James AC-2025-0025 12

Sec. v. AEE, 213 DPR 366, 384 (2023)11; Viruet et al. v.

SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271, 280 (2015). Véase, además,

Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1022

(2020).

C.

En lo concerniente, la Ley Núm. 73-2019 creó, además,

una Junta de Subastas y una Junta Revisora de Subastas.

Arts. 47 y 55, 3 LPRA secs. 9836 y 9837. Véase, R&B Power,

Inc. v. Junta de Subastas ASG, 213 DPR 685 (2024). La

Junta de Subastas, adscrita a la ASG, está facultada para

evaluar y adjudicar las subastas del Gobierno de Puerto

Rico que se realicen de conformidad con las disposiciones

de la Ley Núm. 73-2019. Art. 47, 3 LPRA sec. 9836. Esta

Junta de Subastas está, a su vez, facultada a constituir

un Comité Evaluador de Subastas, cuya función principal

será evaluar que los licitadores cumplan con los

requisitos de licitación particulares de cada subasta.

Art. 47, 3 LPRA sec. 9836.

Por su parte, la Junta Revisora de Subastas, adscrita

también a la ASG, ostenta naturaleza cuasijudicial y está

facultada para revisar y adjudicar cualquier impugnación

En St. James Sec. v. AEE, 213 DPR 366, 389 (2023), 11

se determinó, entre varios asuntos, que los servicios de vigilancia y protección que deseaba adquirir la Autoridad de Energía Eléctrica eran servicios profesionales y que, por ello, no le aplicaban las disposiciones de la Ley Núm. 73-2019, sino los lineamientos de la LPAU, particularmente aquellos relacionados a los procesos de subastas o requerimientos de propuesta y sus respectivas revisiones administrativas y judiciales. AC-2025-0025 13

de las determinaciones o adjudicaciones de las subastas

hechas por: (1) la Administración Auxiliar del Área de

Adquisiciones; (2) por la Junta de Subastas de la ASG; o

(3) por las Juntas de Subastas de las Entidades Exentas.12

Art. 55 de la Ley Núm. 73-2019, 3 LPRA sec. 9837.13

A causa de ello, la parte adversamente afectada por

una decisión de la ASG, de la Junta de Subastas o de

cualquier Junta de Subastas de una Entidad Exenta podrá,

dentro del término de diez (10) días calendario de la

notificación de la adjudicación de la subasta, presentar

una solicitud de revisión administrativa ante la Junta

Revisora de Subastas de la ASG. Art. 64 de la Ley Núm. 73-

2019, 3 LPRA sec. 9838a. Finalmente, la parte adversamente

afectada por la determinación de la Junta Revisora de la

ASG podrá presentar un recurso de revisión judicial ante

el Tribunal de Apelaciones conforme lo establece la Ley

Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento

Como se señala en la Opinión mayoritaria, el DS no 12

es catalogada como una entidad exenta de conformidad con la Ley Núm. 73-2019. Por virtud del inciso (p) del Art. 4 de la Ley Núm. 73-2019, 3 LPRA sec. 9831c, cuando se habla de una Entidad Exenta, listadas taxativamente, se trata de aquella entidad gubernamental que no estará obligada a realizar sus compras a través de la ASG por razón de un plan fiscal vigente o por ser una entidad encargada de fiscalizar la integridad del servicio público o la eficiencia gubernamental. En virtud de este articulado, las Entidades Exentas tienen que realizar sus procesos de licitación acogiendo los métodos establecidos en la Ley Núm. 73-2019 para ello.

13 Véase, también, el Art. 59, 3 LPRA sec. 9837d. AC-2025-0025 14

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 9601 et seq.14 Art.

68 de la Ley Núm. 73-2019, 3 LPRA sec. 9838e.

D.

La Ley Núm. 237-2004, conocida como la Ley para

establecer parámetros uniformes en los procesos de

contratación de servicios profesionales y consultivos para

las agencias y entidades gubernamentales del ELA, se creó

con el propósito de consolidar en un solo estatuto los

requisitos de contratación de servicios profesionales o

consultivos que otorgan las entidades gubernamentales a

individuos y entidades privadas. Exposición de Motivos,

Ley Núm. 237-2004, 3 LPRA sec. 8611 et seq. En esta, se

definen los servicios profesionales o consultivos como

“aquellos cuya prestación principal consista del producto

de la labor intelectual, creativa o artística, o en el

manejo de destrezas altamente técnicas o especializadas”.

Art. 1 de la Ley Núm. 237-2004, 3 LPRA sec. 8611(D).

Es menester tener presente que la controversia ante

nuestra consideración está enmarcada en la contratación

de un proveedor cualificado para la transición, operación

y mejoras del sistema actual de inscripción y elegibilidad

14El derecho a cuestionar la adjudicación de una subasta mediante el proceso de revisión judicial es parte del debido proceso de ley. PVH Motor v. ASG, 209 DPR 122 (2022); PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, supra. AC-2025-0025 15

del Programa de Medicaid del Departamento de Salud de

Puerto Rico, conocido como Cúram Eligibility and

Enrollment (E&E) System.15 Adviértase, de entrada, que no

nos encontramos ante un proceso ordinario de una compra

de algún bien o producto que sea rutinario y fácilmente

estandarizable. Por el contrario, se trata de un

requerimiento de propuesta para la contratación de un

servicio de software altamente técnico y especializado,

que tiene implicaciones directas en los servicios de salud

a un sector de nuestra población y que, a su vez,

constituye un asunto complejo con pocos competidores

cualificados.

En este contexto, debo consignar que nos hallamos

ante la adjudicación de una buena pro de alto interés

público y, a mi juicio, la presente controversia ameritaba

un trámite distinto por parte de este Tribunal. En

ocasiones anteriores, hemos reconocido que, aunque una

notificación defectuosa suele privar de jurisdicción al

Tribunal de Apelaciones, pues el plazo para la revisión

judicial no comienza a transcurrir, también hemos

concluido que ello no impide que el foro intermedio

resuelva en los méritos cuando la parte ha presentado su

El Medicaid es un programa de seguro de salud 15

conjunto federal y estatal que ayuda a cubrir los costos médicos para personas de bajos ingresos, familias, niños y niñas, mujeres embarazadas y personas con discapacidades. Véase, https://medicare.gov. (última visita, 12 de enero de 2026). AC-2025-0025 16

recurso y no aplica la doctrina de incuria. PR Eco Park

et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525, 540 (2019); Horizon

v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 235-236

(2014); Molini Gronau v. Corp. P.R. Dif. Púb., 179 DPR

674, 686-687 (2010).

Por consiguiente, y contrario al dictamen

mayoritario, sostengo que en este caso nada impedía que

el Tribunal de Apelaciones hubiese atendido en los méritos

la impugnación de la adjudicación de la buena pro que

presentó RedMane, de conformidad con lo resuelto en PR Eco

Park et al. v. Mun. de Yauco, supra. De esta manera, se

hubiese dado por superado el asunto de la notificación

defectuosa –en torno a que los términos se computan en

días calendario y no laborables–, sin mayor dilación, pues

surge del expediente y de la Sentencia del Tribunal de

Apelaciones (KLRA202400705) que todas las partes

comparecieron oportunamente ante sí.16

Al así hacerlo, no se le hubiese causado perjuicio a

ninguna de las partes, ni a la agencia, ni al interés

público, por lo que no habría sido necesaria la

desestimación del recurso por prematuro ni la devolución

del caso al DS para que emitiera una nueva notificación

Así, por ejemplo, D2Sol, licitador ganador, le 16

solicitó al Tribunal de Apelaciones que atendiera los méritos del recurso, independiente del defecto en la notificación, debido a que no hubo ninguna parte afectada por el defecto, y porque RedMane presentó el recurso de revisión judicial en el término para ello. Véase, Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pág. 5. AC-2025-0025 17

de adjudicación. 17 Este proceder hubiese atendido la

premura que implica, para la política pública y el pueblo

de Puerto Rico, la adjudicación de un contrato de alto

impacto al erario, como el contemplado en este caso, sin

imponer trabas jurisdiccionales, pues ciertamente no se

privó a ninguna de las partes de su derecho a impugnar la

adjudicación.

De otra parte, opino que esta controversia ameritaba

un análisis integral de la Sec. 3.19 de la Ley Núm. 38-

2017, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 9659, sus enmiendas recientes

y su correlación con la Ley Núm. 73-2019. Específicamente

en cuanto a la falta de jurisdicción y competencia de la

Junta Revisora de la ASG para revisar la impugnación de

un RFP de un servicio profesional, altamente especializado

y técnico adjudicado por otra agencia administrativa, a

saber, el Programa de Medicaid Puerto Rico del

Departamento de Salud. Al realizar ese análisis, nada me

sugiere que existe un resultado imprevisto o un vacío en

nuestro ordenamiento jurídico respecto al procedimiento

ordinario de revisión de este tipo de adjudicaciones

administrativas. De esta forma, sostengo en que no

procedía la aplicación de la Sec. 3.19 de la LPAU respecto

Véase, García Sierra v. Adm. Corrección, 192 DPR 17

936 (2015) (Resolución) (Voto particular disidente del Juez Asociado señor Estrella Martínez). AC-2025-0025 18

a la jurisdicción de la Junta Revisora de la ASG, por el

hecho de tratarse de una licitación pública no cobijada

por la Ley Núm. 73-2019, sino bajo las demás disposiciones

de la LPAU en materia de procedimientos adjudicativos y

revisión judicial.18 Me explico.

Como reseñé previamente, habida cuenta de que la Ley

Núm. 73-2019 en múltiples instancias establece que sus

disposiciones regirán los procesos de compra y subastas

de bienes, obras y servicios no profesionales en todas las

agencias gubernamentales y entidades exentas, el resultado

al que hoy arribamos, de no reconocerle jurisdicción

revisora en el RFP del caso ante nos, es consecuente con

el ordenamiento actual.19 Un resultado contrario hubiese

representado un peligro dual: el aumento significativo de

revisiones administrativas ante la Junta de Subastas de

la ASG, sin necesariamente contar con los recursos

operacionales para ello actualmente, y el riesgo latente

de que los recursos de revisión administrativa no sean

18Véanse las Secciones 3.14, 3.15 y 4.2 de la LPAU (3 LPRA secs. 9654-9655, 9672). (“La orden o resolución [final] advertirá el derecho de solicitar la reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de Apelaciones, así como las partes que deberán ser notificadas del recurso de revisión, con expresión de los términos correspondientes”. Sec. 3.14, supra.

A su vez, adviértase que tan siquiera obra en el 19

expediente alguna expresión administrativa de la Junta Revisora de la ASG, debido a que no ejerció jurisdicción sobre la revisión simultánea que le presentó RedMane y tampoco compareció ante nos, a pesar de ser una de las partes recurridas. AC-2025-0025 19

atendidos oportunamente por parte de esta, por tratarse

de asuntos especializados y complejos que superen su

pericia.20

Similarmente, como cuestión de hecho, tampoco la

adjudicación de la subasta que aquí se impugna fue

realizada por la Junta de Subastas de la ASG, ni por la

Administración Auxiliar del Área de Adquisiciones de la

ASG, ni por una entidad exenta, de conformidad con el Art.

55 de la Ley Núm. 73-2019, supra. Reitero que, en este

caso, la adjudicación de la subasta fue realizada por el

Programa de Medicaid del DS, el cual no es una entidad

exenta. De esta manera, no están presentes ninguna de las

circunstancias que le brindan jurisdicción a la Junta

Revisora de la ASG en virtud de su ley habilitadora.

Sobre este particular, nada en el historial del

trámite legislativo de la Ley Núm. 73-2019, mediante el

P. de la C. 2112 del 13 de mayo de 2019, sugiere que la

intención legislativa fuese brindarle a la ASG o a sus

organismos revisores injerencia en cuanto a las compras y

contratación de los servicios profesionales en el

20 Véase, Documento guía, Regla Interpretativa Núm. 001 de la ASG del 1 de septiembre de 2023 (“El texto de la Ley 73-2019 es claro y establece que el alcance de dicha legislación se limita a los procesos de compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales en el Gobierno. Por tanto, todas las entidades gubernamentales, independientemente de la fuente de fondos para la adquisición, locales o federales, adquirirán todos los bienes, obras y servicios no profesionales a través de la administración”). Íd., pág. 9. AC-2025-0025 20

gobierno. Por el contrario, todo el tracto legislativo de

la medida sostuvo consecuentemente la distinción entre los

servicios profesionales y los no profesionales hasta la

aprobación final. La única responsabilidad inicial y

actual de la ASG con relación a este tipo de servicios

profesionales es mantener un Registro Único de Proveedores

de Servicios Profesionales, y nada más. Véase, Art. 42 de

la Ley Núm. 73-2019, 3 LPRA sec. 9835.

De forma similar, con la aprobación de la Ley Núm.

48-2024 se derogó la anterior Sec. 3.19 de la LPAU y se

sustituyó por una nueva, la cual, a su vez, se enmendó

posteriormente mediante la Ley Núm. 153-2024. Uno de los

propósitos de la Ley Núm. 48-2024 fue reconocer el recurso

de revisión administrativa (ante la Junta Revisora de la

ASG) como el único recurso para impugnar las

adjudicaciones en los procesos de licitación pública

regulados por la Ley Núm. 73-2019. Exposición de Motivos,

Ley Núm. 48-2024. Entiéndase, los procesos de compras y

subastas de bienes, obras y servicios no profesionales.

De hecho, el Art. 3.19 de la LPAU inicia haciendo una

correlación directa con este estatuto: “[l]os procesos de

licitación pública se celebrarán de conformidad a la Ley

73-2019, según enmendada…”. Sec. 3.19 de la LPAU, supra.21

21Asimismo, se dispone que las entidades gubernamentales exentas deberán seguir los procedimientos establecidos en la Ley Núm. 73-2019 al momento de realizar AC-2025-0025 21

Es más, la referida Ley Núm. 48-2024 enmendó varias

disposiciones de la Ley Núm. 73-2019 para uniformar los

términos, las cuantías y el alcance y ninguna de ellas fue

a los fines de enmendar los Arts. 3, 55 o 59 del referido

estatuto para concederle expresamente a la Junta Revisora

de la ASG la autoridad de revisar y adjudicar cualquier

impugnación de solicitudes de propuestas o RFP de

servicios profesionales especializados. Por el contrario,

la naturaleza jurisdiccional tanto de la ASG como de la

Junta Revisora adscrita a esta, en lo concerniente a las

adquisiciones de bienes y servicios no profesionales,

permaneció inalterada.22

Por todas estas razones, y haciendo énfasis en que

la Asamblea Legislativa definió con claridad las dos (2)

categorías de servicios en la Ley Núm. 73-2019, evidencia

la falta de necesidad de pautar que nos encontramos ante

una inadvertencia del legislador. En ese extremo, concurro

con el razonamiento mayoritario.

sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales. Sec. 3.19 de la LPAU, supra.

Similarmente, la enmienda que introdujo la Ley Núm. 22

153-2024 a la Sec. 3.19 de la LPAU fue a los fines exclusivos de uniformar los términos de revisión judicial entre la LPAU y la Ley Núm. 73-2019, corregir discrepancias en conceptos utilizados entre los estatutos y errores tipográficos. En ese sentido, tampoco la referida enmienda alteró o amplió la jurisdicción y competencia de la ASG y su Junta Revisora para considerar las adjudicaciones y revisiones de las licitaciones públicas de servicios profesionales. AC-2025-0025 22

Así las cosas, afirmo que la interpretación de la

Sec. 3.19 vigente de la LPAU, en conjunto con la ley

habilitadora de la ASG, nos llevó correctamente a concluir

que el recurso de revisión administrativa ante la Junta

de Revisión de Subastas de la ASG es aplicable a las

adjudicaciones de bienes y servicios no profesionales

realizadas por la Junta de Subastas de la ASG o por las

entidades gubernamentales exentas de conformidad con la

Ley Núm. 73-2019. En otras palabras, cualquier parte

adversamente afectada por una determinación en esos

escenarios deberá, en lugar de solicitar la

reconsideración ante la Junta de Subastas de la ASG o la

misma entidad exenta, acudir en revisión administrativa

ante la Junta Revisora de la ASG en el término dispuesto

para ello.

Esto es consecuente con el ordenamiento actual, en

el cual tanto la Junta de Subastas de la ASG como la Junta

Revisora de la ASG solo atienden procesos de licitación

pública de bienes y servicios no profesionales.

Por otra parte, abona a este análisis el hecho de que

el Award of Notification dispone que el RFP se realizó en

virtud tanto de la LPAU como de la Orden Administrativa

Núm. OA-581 y del 45 CFR 74.327-329. La OA-Núm. 581 del

DS se promulgó el 21 de diciembre de 2023 por el entonces

Secretario de Salud con el fin de establecer los AC-2025-0025 23

procedimientos aplicables para la contratación de

servicios profesionales y consultivos que excedan de

$150,000.00 en un mismo año fiscal, entre otros.23

En lo aquí pertinente, todo el acápite sexto de la

OA-Núm. 581 es sobre los procedimientos a llevarse a cabo

cuando sea necesario realizar un RFP en atención a la

complejidad de los servicios requeridos, incluyendo: la

publicación del RFP; el contenido, el proceso de enmiendas

a los RFP; las responsabilidades de la Oficina de Subastas

del DS; la evaluación de las propuestas; la adjudicación

y notificación del proveedor seleccionado, incluyendo las

advertencias de revisión administrativa de la adjudicación

ante el DS y la revisión judicial al Tribunal de

Apelaciones. Acápite sexto, OA-Núm. 581.24 Disposiciones

similares también surgen del PRMP Contracting

Transparency, Non-Competitive Procurement & Competitive

Véanse, además, el Boletín Administrativo Núm. OE- 23

2021-029, intitulado Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi, y la Carta Circular Núm. 013-2021 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, intitulada Medidas para asegurar la transparencia y responsabilidad fiscal en la contratación gubernamental de servicios profesionales, la cual requiere que las entidades que componen el Poder Ejecutivo del Gobierno de Puerto Rico, que interesen otorgar contratos de servicios profesionales por la cantidad de 250,000.00 o más, durante un año fiscal, están obligadas a establecer unas guías uniformes que regulen el proceso para evaluar y autorizar solicitudes, a modo de asegurar la transparencia, eficiencia, sensibilidad y responsabilidad fiscal en la contratación gubernamental de servicios profesionales.

24 La OA-Núm. 581 se enmendó mediante la OA-Núm. 2025- 603. AC-2025-0025 24

Bid Evaluation Process - Standard Operation Procedure

(SOP) en cuanto a los mecanismos de revisión ante el

Departamento Legal del DS (PRDOH Legal Department).25

Además, el DS tiene otras órdenes administrativas

para atender los procedimientos altamente especializados

y complejos del Programa de Medicaid, las cuales incluyen

la creación de un Comité de Evaluación y Recomendación26

dedicado exclusivamente a ese programa. Véanse, OA Núm.

2025-614, OA Núm. 2024-586 del DS.

Ante el análisis expuesto, concluyo que es la

División de Vistas Administrativas del DS el foro

administrativo interno con jurisdicción para atender la

revisión administrativa de la adjudicación del RFP, por

tratarse de la contratación de un servicio profesional

especializado que, conforme al mandato legislativo, la

Junta Revisora de la ASG no tiene jurisdicción ya que,

como vimos, es exclusiva para la revisión de subastas para

la adquisición de bienes y servicios no profesionales. En

25 Véase, Apéndices, págs. 591, 615-616. 26Este Comité tiene la responsabilidad de evaluar las propuestas recibidas en los procesos competitivos del Programa Medicaid para la contratación de servicios profesionales y consultivos, así como las propuestas selladas, en el idioma inglés, y emitir una recomendación de selección a la directora ejecutiva del programa. Sus procedimientos deben ser según lo dispuesto en el Puerto Rico Medicaid Program (PRMP) Contracting Transparency, Non-Competite Procurement & Competitive Bid Evaluation Process del Programa Medicaid, entre otras disposiciones, incluyendo ordenes administrativas y cartas circulares. Véanse, OA Núm. 2025-614, OA Núm. 2024-586 del DS. AC-2025-0025 25

consecuencia, los lineamientos actuales de la Ley Núm. 73-

2019 son inaplicables al RFP de este caso.27

Ante ese cuadro, reitero que la interpretación

conciliadora de la Sec. 3.19 vigente de la LPAU, en

conjunto con la Ley Núm. 73-2019 nos lleva a concluir que

el recurso de revisión administrativa ante la Junta de

Revisión de Subastas de la ASG es inaplicable a las

adjudicaciones de bienes y servicios profesionales

altamente especializados y técnicos adjudicados por otra

agencia administrativa con poderes adjudicativos y exógena

a la ASG. Máxime cuando el proceso de licitación y

adjudicación no se realizó en virtud de la Ley Núm. 73-

2019.

Ahora bien, respetuosamente disiento del curso de

acción adoptado por la mayoría de este Tribunal sobre el

recurso de epígrafe, referente a ordenar una

renotificación que resulta innecesaria en este caso. En

su lugar, debimos aplicar el precedente de PR Eco Park et

al. v. Mun. de Yauco, supra, devolver el caso al Tribunal

de Apelaciones y ordenarle que atendiera los méritos de

los errores señalados relacionados con la adjudicación del

Véase, Documento guía, Regla Interpretativa Núm. 27

003 de la ASG del 1 de septiembre de 2023 (…”La Ley 73- 2019 no faculta a la Administración [ASG] a regular la contratación uniforme de servicios profesionales del Estado, pero le impone el deber de implementar el Registro Único de Proveedores (RUP) del Estado”). Íd., pág. 9. AC-2025-0025 26

RFP que aquí se impugna. Ello pues el error en la

notificación no afectó el derecho de revisión judicial de

las partes y todas comparecieron oportunamente ante el

foro apelativo intermedio.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

RedMane Technology, LLC Peticionario

v. AC-2025-0025

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR COLÓN PÉREZ.

Los hechos medulares que dan margen al presente

litigio no están en controversia, razón por la cual

hemos decidido adoptar los mismos por referencia. En

esta ocasión estábamos llamados y llamadas a pasar

juicio sobre la corrección, o no, de cierta

notificación emitida por el Departamento de Salud en

el contexto de la adjudicación de la buena pro de

determinada subasta, -- mediante el mecanismo de

Request for Proposal --, llevada a cabo a los fines

de seleccionar un proveedor para la administración

del sistema de elegibilidad e inscripción del Programa

Medicaid Puerto Rico. Tal notificación, a todas luces,

como bien señala una mayoría de mis compañeros y

compañeras de estrado, no fue correctamente

efectuada. AC-2025-0025 2

Dicho ello, -- y ya más en lo relacionado con el porqué

de nuestro escrito --, en la Opinión que hoy emite este

Tribunal, acertadamente se indica que, por ser el objeto del

presente litigio la adjudicación de bienes y servicios

profesionales altamente especializados, no son de aplicación

aquí las disposiciones de la Ley Núm. 73-2019, mejor conocida

como la Ley de la Administración de Servicios Generales para

la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico

de 2019, 3 LPRA sec. 9831 et seq. (en adelante, “Ley Núm. 73-

2019”). Esto, cónsono con lo sentenciado por este Tribunal en

St. James Security Services, LLC v. Autoridad de Energía

Eléctrica, 213 DPR 366 (2023).

A modo de resumen, en aquella ocasión, debíamos resolver

si el Tribunal de Apelaciones había errado al desestimar, por

falta de jurisdicción, cierto recurso de revisión judicial,

por presuntamente éste haber sido presentado ante sí

prematuramente. Específicamente, la determinación del foro

apelativo intermedio se basó en que los términos para

solicitar la revisión de la adjudicación de subasta allí en

controversia no habían comenzado a transcurrir, debido a que

la notificación mediante la cual se adjudicó la misma había

sido defectuosa. Lo anterior así, al no haberse incluido en

la referida notificación las disposiciones sobre revisión

administrativa y judicial contenidas en la Ley Núm. 73-2019,

supra.

Evaluado el asunto, en St. James Security Services, LLC

v. Autoridad de Energía Eléctrica, supra, determinamos que, AC-2025-0025 3

por tratarse de la adquisición de servicios de vigilancia y

protección sumamente especializados, -- entiéndase, de

servicios profesionales --, no eran de aplicación las

disposiciones de la Ley Núm. 73-2019, supra. Esto, pues, como

se sabe, el referido estatuto rige, específicamente, los

procesos de compras y subastas de bienes, obras y servicios

no profesionales del Gobierno de Puerto Rico. Art. 3 de la

Ley Núm. 73-2019, supra, 3 LPRA sec. 9831b. Así pues,

indicamos que, en esos casos, -- al igual que ocurre en la

causa de epígrafe --, son de aplicación las disposiciones de

la Ley Núm. 38-2017, mejor conocida como la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico, 3 LPRA sec. 9601 et seq. (en adelante, “LPAU”),

específicamente, aquellas relacionadas “con los procesos de

subastas o requerimientos de propuestas, y sus respectivas

revisiones administrativas y judiciales”. St. James Security

Services, LLC v. Autoridad de Energía Eléctrica, supra, pág.

389.

Ahora bien, en aquel momento, la Sec. 3.19 de la LPAU,

supra, 3 LPRA sec. 9659, -- sobre procesos de licitación

pública --, proveía para que aquella parte que estuviese

adversamente afectada por la determinación de adjudicación de

una agencia pudiese presentar una moción de reconsideración

ante la misma o una solicitud de revisión administrativa ante

la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales

o la entidad apelativa correspondiente. No obstante, y como

bien señala la Opinión mayoritaria, a raíz de las enmiendas AC-2025-0025 4

sufridas a la referida disposición legal, quedó eliminado el

proceso de reconsideración al que hemos hecho referencia. Así

pues, el texto actual de la Sec. 3.19 de la LPAU, supra, se

limita a disponer lo relacionado con el proceso de revisión

administrativa ante la Junta Revisora de Subastas de la

Administración de Servicios Generales, la cual, según surge

de la Ley Núm. 73-2019, supra, no tiene la facultad para

revisar adjudicaciones de subastas en procesos de licitación

pública para la contratación de servicios profesionales.

Pese a esa realidad, en la Opinión que hoy emite este

Tribunal, en esencia, se sentencia que, en todo proceso de

licitación pública, la notificación de adjudicación se hará

conforme a las exigencias incluidas en las Secs. 3.19 y 4.2

de la LPAU, supra, 3 LPRA secs. 9659 y 9672. Lo anterior así,

aunque se trate, -- como lo es el caso que hoy nos ocupa --,

de la adjudicación de bienes y servicios profesionales

altamente especializados en los cuales no son de aplicación

las disposiciones de la Ley Núm. 73-2019, supra. Asimismo,

una mayoría de mis compañeros y compañeras de estrado

establece que, en casos como estos últimos, las agencias

administrativas podrán reglamentar un procedimiento de

reconsideración a llevarse a cabo ante sí y que, de no estar

reglamentado el mismo, se prescindirá de la etapa de

reconsideración y/o revisión administrativa, de modo tal que

el término jurisdiccional de veinte (20) días que tiene una

parte para presentar un recurso de revisión judicial ante el

Tribunal de Apelaciones comenzará a transcurrir desde la AC-2025-0025 5

notificación de la adjudicación de subasta emitida por la

agencia administrativa correspondiente.

Contrario a dicho proceder, y por no tratarse aquí de la

adjudicación de una subasta de servicios no profesionales,

asunto que reconocemos es uno gobernado por las disposiciones

de la Ley Núm. 73-2019, supra, somos del criterio que, en

esta ocasión, no quedaba más que recurrir a la Sec. 3.15 de

la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 9655, sobre reconsideración. Ello

así, pues, a nuestro juicio, -- independientemente de si se

está ante un procedimiento adjudicativo ordinario o un

proceso de licitación pública para servicios profesionales,

y toda vez que al procedimiento de subasta ante nuestra

consideración no le son aplicables las disposiciones de la

Ley Núm. 73-2019, supra --, la Sec. 3.15 de la LPAU, supra,

es la única análoga a la aquí inaplicable Sec. 3.19 del mismo

estatuto legal, que provee para un procedimiento de

reconsideración ante una agencia administrativa.

Así las cosas, y si bien estamos conformes con lo que

hoy concluye este Tribunal en cuanto a que la notificación de

adjudicación de subasta en controversia no fue efectuada

correctamente, somos del criterio que bastaba aquí con

devolver el caso al Departamento de Salud para que emitiese

una notificación de adjudicación de conformidad con lo

dispuesto en las Secciones 3.15 y 4.2 de la LPAU, supra, de

forma tal que se activasen los términos de reconsideración y

revisión judicial para aquellas partes que estuviesen

interesadas en ello. AC-2025-0025 6

Por no ser este el curso de acción seguido hoy por una

mayoría de mis compañeros y compañeras de estrado,

disentimos.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado