EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oriental Bank & Trust
Peticionario
v.
Perapi S.E.; Pedro Ortiz Álvarez, Ina de Lourdes Cortés Ríos, la Sociedad Legal de Gananciales 2014 TSPR 133 compuesta por Ambos; y Zeta Enterprises, Inc.; John Doe y 192 DPR ____ Richard Roe
Demandados
Perapi S.E.; Pedro Ortiz Álvarez, Ina de Lourdes Cortés Ríos, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Ambos
Recurridos
Número del Caso: AC-2013-98
Fecha: 5 de noviembre de 2014
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Daniel Molina López, Lcda. Lizannette Morales Crespo (Toti & Rodríguez, PSC)
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Jesús Antonio Rodríguez Urbano Lcdo. Luis Emanuel Meléndez Cintrón
Materia: Obligaciones y Contratos – Aplicación de la Cláusula rebus sic stantibus por causa de la crisis económica.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oriental Bank & Trust Certiorari Peticionario
Perapi S.E.; Pedro Ortiz Álvarez, Ina de Lourdes Cortés Ríos, la Sociedad Legal de Gananciales AC-2013-0098 compuesta por Ambos; y Zeta Enterprises, Inc.; John Doe y Richard Roe
Perapi S.E.; Pedro Ortiz Álvarez, Ina de Lourdes Cortés Ríos, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Ambos
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de noviembre de 2014.
Comparece ante nos Oriental Bank & Trust (en
adelante, “Oriental Bank”) y solicita que revoquemos una
Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Mediante el
dictamen recurrido se revocó una Sentencia Sumaria emitida
por el Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar
una Demanda en cobro de dinero y ejecución de prenda e
hipoteca instada por Oriental Bank contra Perapi, S.E.,
ZETA Enterprises, Inc., el Lcdo. Pedro E. Ortiz Álvarez,
su esposa, la Sra. Ina de Lourdes Cortés Ríos y la AC-2013-0098 2
Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos (en
adelante, los “recurridos”).
Hoy tenemos la oportunidad de expresarnos en torno a
la aplicación de la excepcional cláusula rebus sic
stantibus en el contexto de la recesión económica que
sufrimos en Puerto Rico desde mediados del año 2006. Tras
un análisis de la controversia ante nuestra consideración
resolvemos, en primer lugar, que la crisis económica, sin
más, no es una circunstancia imprevisible que justifique
la invocación y subsiguiente aplicación de la cláusula
rebus sic stantibus como defensa contra la máxima pacta
sunt servanda en el ámbito contractual. Como consecuencia
de lo anterior, resolvemos además que los tribunales no
están impedidos de dictar Sentencia sumariamente por la
mera presentación de una alegación de rebus sic stantibus
fundamentada en la crisis económica.
A continuación exponemos los hechos que dieron
génesis a la controversia de autos.
I
El 12 de enero de 2007, Perapi, S.E., representada
por su Presidente, el licenciado Ortiz Álvarez, y el banco
comercial Eurobank otorgaron un Contrato de Préstamo
dirigido a lo siguiente: (a) rehabilitar o reconstruir
tres (3) edificios en el área histórica del Municipio de
Ponce, los cuales iban a ser utilizados por los recurridos
para ofrecer espacios de arrendamiento comercial; (b)
refinanciar cierta deuda existente con Eurobank, y (c) AC-2013-0098 3
financiar cualquier costo relacionado al Contrato.1 A su
vez, el Contrato de Préstamo estaba garantizado por un
Contrato de Prenda otorgado el mismo día mediante el cual
Perapi, S.E. entregó a Eurobank seis (6) Pagarés
Hipotecarios para responder por sus obligaciones en caso
de incumplimiento.2 Perapi, S.E. suscribió garantías
adicionales mediante documentos en los cuales se
constituyó un gravamen sobre todos los arrendamientos y
acuerdos de opción presentes y futuros que tuviera dicha
entidad.3 Además, una corporación profesional de nombre
Pedro E. Ortiz Álvarez, PSC, cedió a favor de Eurobank un
crédito que tenía contra ZETA Enterprises, Inc.4
Finalmente, el licenciado Ortiz Álvarez, su esposa, la
señora Cortés Ríos y la Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por ambos, otorgaron un Contrato de Garantía
Personal mediante el cual se obligaron solidariamente a
1 El préstamo concedido por Eurobank a Perapi, S.E. fue por la cantidad de dos millones doscientos mil dólares ($2,200,000.00). Véase el Contrato de Préstamo intitulado Credit Agreement, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 176-210. El mismo fue posteriormente evidenciado mediante Pagaré suscrito el 2 de abril de 2008. Véase el Pagaré, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 211-212. 2 Los seis (6) Pagarés Hipotecarios entregados por Perapi, S.E. a Eurobank mediante el Contrato de Prenda fueron por las cantidades de seiscientos cincuenta y cinco mil dólares ($655,000.00), seiscientos setenta y cinco mil dólares ($675,000.00), quinientos mil dólares ($500,000.00), veinticinco mil dólares ($25,000.00), veinticinco mil dólares ($25,000.00) y veinticinco mil dólares ($25,000.00), respectivamente. Véase el Mortgage Note Pledge and Security Agreement, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 213-232. 3 Véanse los Contratos titulados Master Security Agreement y Assignment of Leases and Operating Agreements, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 330-346 y págs. 347-360, respectivamente. 4 El crédito cedido era hasta un valor de trescientos ochenta mil dólares ($380,000.00). Véase el Assignment of Credit and Security Agreement, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 361-373. AC-2013-0098 4
satisfacer todas las cantidades presentes y futuras que
fueran adeudadas por Perapi, S.E.5
Debido al incumplimiento de Perapi, S.E. con los
términos del Contrato de Préstamo, el 16 de mayo de 2011
Oriental Bank, como sucesor en interés de Eurobank,6
presentó una acción civil en cobro de dinero y ejecución
de prenda e hipoteca contra los recurridos. Luego de
varios trámites procesales, los recurridos presentaron su
Contestación a Demanda y Reconvención el 4 de agosto de
2011,7 alegando en síntesis lo siguiente: (1) que el
Contrato de Préstamo y demás documentos relacionados
adolecían de nulidad debido a la mala fe y dolo
contractual por parte de Eurobank; (2) que Oriental Bank
se estaba enriqueciendo injustamente, y (3) que era de
aplicación la cláusula rebus sic stantibus debido al
estado actual de la economía.8 El 7 de septiembre de 2011,
5 Véase el Continuing and Unlimited Guaranty, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 399-401. 6 La institución financiera conocida como Eurobank fue objeto de intervención por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (“OCIF”), quien nombró al Federal Deposit Insurance Corporation (“FDIC”) como Síndico del banco el 30 de abril de 2010. En una fecha posterior, el peticionario y el FDIC entraron en un acuerdo para que el primero adquiriese parte de los activos de Eurobank, incluyendo el interés en los Contratos que dieron lugar a la controversia de autos. 7 ZETA Enterprises, Inc., presentó su Contestación a la Demanda por separado el día 8 de septiembre de 2011, uniéndose a lo esbozado por los demás demandados-recurridos. 8 En su Contestación a la Demanda y Reconvención, los recurridos también alegaron que la cesión del Contrato de Préstamo en controversia y sus garantías fue realizada en contravención a la ley. Además, reclamaron que Eurobank dilató los desembolsos del préstamo, lo cual retrasó la construcción del proyecto de los recurridos y aumentó sus costos. AC-2013-0098 5
Oriental Bank presentó su Contestación a la Reconvención,
en esencia negando las alegaciones de los recurridos.
Tras varios trámites procesales adicionales que
resultan impertinentes para resolver la controversia ante
nuestra consideración, Oriental Bank presentó una
Solicitud para que se Dicte Sentencia Sumaria el 11 de
abril de 2012. Argumentó en síntesis que no existían
hechos materiales en controversia, por lo que procedía que
se dictara Sentencia a su favor por la totalidad de lo
adeudado y demás sumas contractualmente pactadas por las
partes, así como la ejecución de prenda e hipoteca de las
garantías que formaban parte del Contrato de Préstamo. Los
recurridos presentaron su Oposición a Moción de Sentencia
Sumaria el 26 de junio de 2012, señalando varios hechos
que estimaban materiales y en controversia, aludiendo
principalmente a la crisis económica como hecho
imprevisible que afectó su capacidad de repago y al
alegado enriquecimiento injusto por parte de Oriental
Bank. Junto a su oposición, los recurridos presentaron un
Informe Pericial relacionado a la actual crisis económica.9
Ante ello, Oriental Bank presentó una Réplica a Oposición
a Solicitud de Sentencia Sumaria, argumentando en síntesis
que no eran de aplicación las figuras de rebus sic
stantibus y enriquecimiento injusto y que los recurridos
fallaron en controvertir algún hecho material que
9 Véase el Informe Pericial de los recurridos preparado por el Sr. Ramón A. Sánchez, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 444-521. AC-2013-0098 6
impidiera que se dicte Sentencia sumariamente. Además,
incluyeron su propio Informe Pericial controvirtiendo el
Informe presentado por los recurridos sobre la situación
económica de Puerto Rico.10
El 19 de marzo de 2013, archivada en autos copia de
su notificación el 3 de abril de 2013, el Tribunal de
Primera Instancia dictó Sentencia mediante la cual
concluyó que no estaba en controversia el hecho material
de que los recurridos incumplieron con su obligación de
pagar el préstamo según los términos del Contrato otorgado
entre las partes. Por tanto, luego de concluir que no eran
de aplicación las doctrinas de rebus sic stantibus y
enriquecimiento injusto, procedió a dictar Sentencia
sumariamente a favor de Oriental Bank. Posteriormente, los
recurridos presentaron una Moción de Reconsideración ante
el foro primario, la cual fue contestada por Oriental Bank
y eventualmente denegada.
Los recurridos oportunamente presentaron un recurso
de apelación ante el foro apelativo intermedio, quien
revocó el dictamen del foro primario mediante Sentencia
emitida el 30 de agosto de 2013 y archivada en autos copia
de su notificación el 9 de septiembre de 2013. Entendió el
tribunal a quo que no procedía resolver el pleito de autos
sumariamente, pues podrían estar en controversia hechos
materiales que afectarían la procedencia de la defensa
10 Véase el Informe Pericial de Oriental Bank, preparado por el Sr. José J. Villamil de la firma Estudios Técnicos, Inc., Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 558-572. AC-2013-0098 7
afirmativa de rebus sic stantibus. Así las cosas,
determinó que procedía devolver el caso al foro primario
para la celebración de un juicio en su fondo en donde se
le permitiera a las partes presentar prueba en cuanto a la
aplicación de la cláusula rebus sic stantibus y otros
asuntos.
No contestes con esta determinación, Oriental Bank
presentó recurso de apelación ante nos, señalando que el
Tribunal de Apelaciones erró en lo siguiente: (1) al
entender que no se desfiló prueba en cuanto a la paridad
de las prestaciones entre las partes, y (2) al determinar
que no procedía dictar Sentencia Sumaria debido a que
existen hechos materiales en controversia relacionados a
la procedencia de la defensa de rebus sic stantibus.
Atendido el recurso de apelación presentado por Oriental
Bank, acogimos el mismo como certiorari y ordenamos a los
recurridos mostrar causa por la cual no procede revocar el
dictamen del foro apelativo intermedio. Luego de una
prórroga, los recurridos cumplieron con nuestra Orden
oportunamente.
Contando con el beneficio de la comparecencia de
ambas partes, resolvemos.
II
A
Las relaciones contractuales en nuestra jurisdicción
se rigen por los principios de la autonomía de la voluntad
y pacta sunt servanda. El primero, la autonomía de la AC-2013-0098 8
voluntad, está recogido en el Art. 1207 del Código Civil
de Puerto Rico y dispone que las partes en un contrato
tienen la libertad para “establecer los pactos, cláusulas
y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no
sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden
público”. 31 LPRA sec. 3372. Por otro lado, el principio
de pacta sunt servanda, estatuido en el Art. 1044 del
Código Civil de Puerto Rico, establece que “[l]as
obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de
ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al
tenor de los mismos”. 31 LPRA sec. 2994; PRFS v.
Promoexport, 187 DPR 42, 52 (2012).
Cuando hablamos de la obligatoriedad de los contratos
no solo nos limitamos a los términos expresamente pactados
en el propio contrato, sino que abarca “todas las
consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la
buena fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del Código Civil
de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375. Para que un contrato se
considere perfeccionado y por tanto obligue a las partes a
su cumplimiento, deben concurrir tres elementos: (1) el
consentimiento de los contratantes; (2) objeto, y (3)
causa. Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA
sec. 3391.
Sin embargo, un contrato debidamente perfeccionado
puede ser objeto de modificación por los tribunales bajo
ciertas circunstancias, pues estos tienen la facultad de
resolver conforme a equidad, teniendo en cuenta “la razón AC-2013-0098 9
natural de acuerdo con los principios generales del
derecho, y los usos y costumbres aceptados y
establecidos”. Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico, 31
LPRA sec. 7; Integrand Assurance v. CODECO et al., 185 DPR
146, 174-175 (2012). Uno de los remedios en equidad que
una parte en un contrato puede reclamar se conoce como la
cláusula o condición rebus sic stantibus et aliquo de novo
non emergentibus. BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 694
(2008) (citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho
Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1983, Tomo II, Vol.
I, pág. 17). Aunque ha transcurrido más de medio siglo
desde que esta Curia se expresó por primera vez en cuanto
a la cláusula rebus sic stantibus,11 dicha figura jurídica
únicamente ha sido objeto de un análisis exhaustivo en dos
(2) ocasiones. Véanse BPPR v. Sucn. Talavera, supra; y
Casera Foods, Inc. v. E.L.A., 108 DPR 850 (1979).
La cláusula rebus sic stantibus como fundamento para
revisar los términos de un contrato surge de diversos
principios de la teoría general de las obligaciones y los
contratos, tales como la buena fe, el abuso del derecho y
la equidad contractual. BPPR v. Sucn. Talavera, supra,
pág. 694; Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, pág. 855. 11 Véase Rodríguez v. Municipio, 75 DPR 479, 491-492 (1953), donde expresamos que en España estaba ganando terreno la teoría de que una de las limitaciones al principio de pacta sunt servanda “se concentra en la llamada cláusula que se supone implícita en todo contrato denominada rebus sic stantibus (así firmes las cosas) por la cual podía resolverse el contrato, si sobrevenía un cambio importante en el estado de hecho existente al contratar y en cuanto al resultado injusto y excesivamente oneroso que se originaba”. Adicionalmente expresamos que la anterior idea había dado lugar a las doctrinas de la base del negocio y del riesgo imprevisible. Íd., pág. 492. Por otro lado, aunque rehusamos aplicarla, también hicimos mención de la doctrina en South P. R. Sugar Co. v. Junta, 82 DPR 847, 862 (1961). AC-2013-0098 10
Tratándose la cláusula rebus sic stantibus de una
condición que se encuentra implícita en el contrato, esta
doctrina “parte del supuesto que los contratos de tracto
sucesivo o de cumplimiento aplazado obligan mientras no
ocurran cambios importantes en el estado de hechos
contemplado por las partes al momento de contratar”. Íd.
La misma sirve para atemperar la inflexibilidad y
severidad del principio de pacta sunt servanda establecido
en el Art. 1044 del Código Civil, supra, permitiéndole al
Tribunal intervenir en el contrato y evitar que se lacere
la buena fe o que se cause una injusticia al obligar su
cumplimiento específico. BPPR v. Sucn. Talavera, supra,
pág. 695. Esta doctrina “representa un contrapeso a la
rigidez y absolutismo expuesto en la prédica de sostener a
ultranza, en todo momento y circunstancia, la voluntad
contractual de las partes simbolizada en la conocida
máxima pacta sunt servanda”. Casera Foods Inc. v. E.L.A.,
supra, pág. 854.
Debido a que en nuestro ordenamiento no hay
disposición legal alguna que contemple la aplicación de la
doctrina, por vía jurisprudencial hemos establecido que
los siguientes requisitos deben concurrir al momento de
evaluar la procedencia de la cláusula rebus sic stantibus:
(1) que ocurra una circunstancia imprevisible como una
cuestión de hecho dependiente de las condiciones que
concurran en cada caso, lo cual es un requisito
fundamental; (2) que el cumplimiento con las prestaciones AC-2013-0098 11
del contrato sea extremadamente oneroso, lo cual también
es una cuestión de hecho; (3) que no se trate de un
contrato aleatorio o que haya un elemento de riesgo que
sea determinante; (4) que ninguna de las partes haya
incurrido en algún acto doloso; (5) que se trate de un
contrato de tracto sucesivo o que esté referido a un
momento futuro; (6) que la alteración de las
circunstancias ocurran con posterioridad a la celebración
del contrato y que presente un carácter de cierta
permanencia, y (7) que una parte invoque la aplicación de
la doctrina. Íd., pág. 856 (Cita omitida).12
Aunque se trata de un remedio excepcional, una vez se
demuestra la concurrencia de todos los requisitos para su
procedencia “el ámbito remedial del tribunal es amplísimo
y flexible”. Íd., pág. 857. Entre los posibles remedios se
incluyen, sin limitarse a ello y según las circunstancias
de cada caso: la suspensión temporera de los efectos del
contrato; su resolución o rescisión; la revisión de los
12 En Casera Foods, Inc. v. E.L.A., 108 DPR 850 (1979), una elaboradora se obligó a proveer cierta cantidad de papaya fresca sembrada y cosechada en Puerto Rico. Luego de un tiempo, la compañía no suministró la totalidad de la papaya que se obligó a proveer y justificó su incumplimiento “en una escasez imprevista, pero real, de papaya verde a nivel comercial entre los diversos productores de Puerto Rico”. Íd., pág. 852. Al denegar aplicar la cláusula rebus sic stantibus a la controversia, expresamos que estaba ausente el requisito fundamental de impredecibilidad o evento imponderable. Íd., pág. 857. Tratándose de una entidad que se dedicaba al negocio objeto del Contrato, “debió y pudo razonablemente prever y anticipar -a través de un simple estudio del mercado- las proyecciones sobre existencia y disponibilidad de la papaya natural en escala comercial necesaria para cumplir con las obligaciones dimanantes de las subastas”. Íd., pág. 858. Por tanto, resolvimos que esas circunstancias “no permiten la aplicación de la cláusula de rebus sic stantibus”, ya que estaba ausente “el factor determinante que justifica, como excepción, la intervención y revisión judicial, a saber, „un cambio imprevisto y normalmente imprevisible por las partes‟”. Íd. (Citas omitidas). AC-2013-0098 12
precios; la suspensión o moratoria, y otros remedios que
los tribunales estimen justos y equitativos. Íd.
No obstante, hemos resuelto que en ocasiones un
contrato puede ser revisado por los tribunales mediante la
aplicación de la cláusula rebus sic stantibus a pesar de
que no concurran los siete (7) requisitos antes
mencionados. BPPR v. Sucn. Talavera, supra, pág. 715.
Mediante un análisis de la cláusula rebus sic stantibus al
amparo de la equidad y la buena fe, así como de las
doctrinas de la imprevisión en Francia, de la base del
negocio en Alemania y de la excesiva onerosidad en Italia,
expresamos que
Cuando la justicia requiere la intervención de los tribunales conforme a la equidad y la buena fe porque desaparece la base del negocio y falla la causa del contrato, la posibilidad de moderar el contrato rebasa el campo de lo subjetivo y los tribunales no están limitados por los criterios elaborados en Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus.13 Íd. (Énfasis nuestro). 13 En BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008), este Tribunal aplicó la cláusula rebus sic stantibus a una opción de compraventa de un solar que formaba parte de un Contrato de Arrendamiento. Allí expresamos que “exigirle a la sucesión Talavera que venda su propiedad por un precio ridículo e irrisorio lacera el principio de reciprocidad entre las prestaciones que es esencial a las obligaciones bilaterales”. Íd., pág. 714. Ello debido a que en la opción de compraventa se había pactado un precio de veintidós mil quinientos dólares ($22,500.00) para la compra de la propiedad, cantidad que luego de transcurrido el término de veinticinco (25) años del Contrato representaba tan solo entre un cuatro por ciento (4%) y siete por ciento (7%) del valor real de la propiedad. Además, la señora Talavera, quien fue parte original en el Contrato, era una persona de edad avanzada sin conocimiento financiero y legal, mientras que el Banco Popular tenía pleno conocimiento de la transacción que estaba llevando a cabo. Por tanto, resolvimos que avalar lo pactado en ese caso luego del cambio imprevisible en el valor de la propiedad “quebrantaría significativamente el principio de la autonomía de la voluntad y violentaría los principios de equidad y buena fe”. Íd. Así las cosas, en ese caso revocamos al foro apelativo intermedio y reinstalamos la Orden del foro primario a los efectos de que las partes debían negociar un precio de compraventa justo en caso de que el Banco Popular se mantuviera interesado en adquirir la propiedad. Íd., pág. 716. AC-2013-0098 13
Conforme a lo anterior, podría proceder la aplicación
de la cláusula rebus sic stantibus a una controversia en
particular a pesar de que no se encuentran presentes todos
los criterios esbozados en Casera Foods, Inc. v. E.L.A.,
supra, en aquellas circunstancias en las cuales se alteran
las bases del negocio de forma tal que desaparezca la
causa que dio origen al contrato y las prestaciones entre
las partes se tornen desproporcionales entre sí. BPPR v.
Sucn. Talavera, supra, pág. 715. En estos casos, obligar
el cumplimiento específico del contrato podría vulnerar la
buena fe, la autonomía de la voluntad y el principio de
pacta sunt servanda. Íd.
No debemos perder de perspectiva que aunque nuestro
ordenamiento provee para la aplicación de la cláusula
rebus sic stantibus, “se trata de un remedio de excepción,
para situaciones extraordinarias en que se impone un
prudente y escrupuloso discernimiento judicial de
moderación”. Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, pág.
857. (Énfasis nuestro). Véase además Mun. de Ponce v. A.
C. et al., 153 DPR 1, 36-37 (2000).14 Consecuentemente, en
todo momento debemos tener presente que a pesar de que
pueden surgir circunstancias que ameriten la invocación de
la cláusula rebus sic stantibus, “la obligatoriedad e
irrevocabilidad del contrato es de suma importancia para
la estabilidad de las negociaciones y las relaciones
14 Al igual que en Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, en Mun. de Ponce v. A. C. et al, 153 DPR 1 (2000), denegamos aplicar la doctrina debido a que no estaba presente una circunstancia imprevisible. AC-2013-0098 14
económicas”. BPPR v. Sucn. Talavera, supra, pág. 696. Por
tales motivos, en todo caso en donde se contemple la
aplicación de la excepcional norma, es un requisito sine
qua non para su procedencia el que la circunstancia que
altera el negocio sea realmente imprevisible.
B
La crisis económica mundial, como circunstancia
imprevisible que afecta la paridad de las prestaciones en
un contrato, ha sido objeto de controversia en años
recientes. Como se desprende de la controversia de autos,
Puerto Rico no está ajeno a ello, pues nos encontramos en
medio de una recesión económica desde mediados del año
2006.15
Según se puede colegir de nuestras expresiones en
Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, y BPPR v. Sucn.
Talavera, supra, el desarrollo doctrinal de la cláusula
rebus sic stantibus en nuestra jurisdicción proviene
principalmente del Derecho Civil español, según este ha
sido complementado por figuras análogas encontradas en
otras jurisdicciones civilistas tales como la francesa, la
alemana y la italiana. Por tanto, aunque no estamos
obligados por sus pronunciamientos, resulta conveniente
acudir a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo
15 En Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 1, 50-51 (2010), tomamos conocimiento judicial de la precaria situación económica que afecta a Puerto Rico desde el año 2006, situación que continúa vigente al día de hoy. Véase además Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 DPR 610, 625 (1990), donde hicimos lo propio respecto a una crisis económica que surgió como consecuencia del alza en los precios del petróleo para los años 1975 y 1976. AC-2013-0098 15
de España para ayudarnos a resolver la controversia que
hoy se nos presenta.
En España recientemente se ha desarrollado
jurisprudencia específicamente relacionada a la crisis
económica como motivo para invocar la cláusula rebus sic
stantibus. En la Sentencia de 27 de abril de 2012, el
Tribunal Supremo de España evaluó un Contrato de
Arrendamiento Comercial de larga duración a la luz de los
requisitos para la aplicación de la excepcional doctrina.
En cuanto a los cambios en la economía, sentenció el
máximo foro español que
[L]a transformación económica de un país (...) no puede servir de fundamento para el cumplimiento de los requisitos requeridos por la jurisprudencia para llegar a la existencia de un desequilibrio desproporcionado entre las prestaciones fundado en circunstancias imprevisibles, pues las circunstancias referidas no pueden tener tal calificación. Íd. (Énfasis nuestro).16
El Tribunal Supremo español fue aún más categórico en
cuanto al carácter previsible de la crisis económica al
denegar aplicar la cláusula rebus sic stantibus en la
Sentencia de 8 de octubre de 2012, donde enfatizó que un
deudor debe “prever la existencia de una situación de
riesgo que era posible anticipar mentalmente, dado que las
fluctuaciones del mercado son cíclicas como la historia
económica demuestra”. (Énfasis nuestro).
16 En la Sentencia del 27 de abril de 2012, el Tribunal Supremo español también le dio énfasis al hecho de que debido a su larga duración, el propio Contrato de Arrendamiento contenía cláusulas para la actualización de la renta. AC-2013-0098 16
Por su pertinencia a la controversia de autos,
debemos señalar además que distintos tribunales apelativos
intermedios de España han enfatizado el carácter
previsible de la crisis cuando se trata de empresas que se
dedican a los negocios de bienes raíces o construcción.
Véanse la Sentencia de 1 de marzo de 2012 de la Audiencia
Provincial de Álava (“[L]a demandada es una empresa [que
se] dedica a la adquisición de terrenos urbanos y rústicos
por lo que bien pudo prever el descenso de las ventas y la
bajada de precios en el sector, consecuencia de la
desaceleración del mercado inmobiliario”); y la Sentencia
de 20 de marzo de 2012 de la Audiencia Provincial de
Lleida (“La crisis en el sector de la construcción no
puede suponer una justificación genérica para el
incumplimiento de las obligaciones por todos los que se
dedican a este sector”).
Sin embargo, recientemente el Tribunal Supremo de
España ha demostrado cierta flexibilidad en el contexto
particular de una compraventa de un hogar que no se pudo
completar porque los compradores no pudieron obtener un
préstamo hipotecario debido a la crisis económica.17 En la
Sentencia del 17 de enero de 2013, luego de haberse
obligado mediante un Contrato de Compraventa, a la fecha
del otorgamiento de la Escritura Pública los deudores
alegaron no poder obtener el financiamiento necesario para
17 Nótese que un contrato de compraventa es de tracto único, sin embargo, en este caso se refiere a sucesos futuros contemplados en el mismo contrato: la obtención del préstamo hipotecario y el otorgamiento de la escritura de compraventa. AC-2013-0098 17
adquirir la propiedad debido a la crisis económica.
Expresó el Tribunal Supremo español lo siguiente:
[U]na recesión económica como la actual, de efectos profundos y prolongados, puede calificarse, si el contrato se hubiera celebrado antes de la manifestación externa de la crisis, como una alteración extraordinaria de las circunstancias, capaz de originar, siempre que concurran en cada caso concreto otros requisitos como aquellos a los que más adelante se hará referencia, una desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las correspectivas prestaciones de las partes, elementos que la jurisprudencia considera imprescindibles para la aplicación de [la cláusula rebus sic stantibus]. Íd. (Énfasis nuestro).
No obstante, puntualizó el Tribunal Supremo español
que lo anterior
“[N]o significa que la crisis económica, por sí sola, permita al comprador desistir del contrato, pues en tal caso se produciría un manifiesto desequilibrio en contra del vendedor, se propiciarían los incumplimientos meramente oportunistas, favoreciendo a quien en verdad siguiera interesado en comprar pero por un precio inferior, y, en definitiva, se desvirtuaría el verdadero sentido de una determinada solución jurídica hasta el punto de convertirla en un incentivo para el incumplimiento”. Íd. (Énfasis nuestro).
A base de lo anterior, el máximo foro judicial
español resolvió que no procedía aplicar la cláusula rebus
sic stantibus a la controversia ante sí, ya que su
aplicación “no puede fundarse en el solo hecho de la
crisis [económica]”, sino que deberán evaluarse otros
factores sobre los cuales las partes deberán presentar
prueba. Íd. (Énfasis nuestro).18
18 Según mencionado anteriormente, en este caso el Tribunal Supremo español atendía una controversia relacionada a un Contrato de Compraventa de un bien inmueble en donde los deudores alegaron no AC-2013-0098 18
En ese sentido, a pesar de contemplar la aplicación
de la norma en situaciones que involucren la compraventa
de hogares, el Tribunal Supremo español se mantiene firme
en cuanto a su carácter excepcional.19 Es decir, la única
circunstancia donde el Tribunal Supremo español ha
considerado aplicar la doctrina es en casos en donde la
crisis económica imposibilita la obtención del préstamo
hipotecario necesario para la compra de un hogar, y aun
así se ha mostrado renuente a aplicarla dentro de dicho
contexto.20 Para propósitos de nuestro análisis, es
importante destacar que aunque bajo estas circunstancias
específicas la cláusula rebus sic stantibus podría ser de
aplicación, el Tribunal Supremo español entiende que la
crisis económica no es un fundamento que por sí solo
haber podido obtener el préstamo hipotecario correspondiente debido a la crisis económica. El máximo foro español expresó que en estos casos se deben considerar los siguientes factores: “el destino de la casa comprada a vivienda habitual o, por el contrario, a segunda residencia o a su venta antes o después del otorgamiento de la escritura pública; la asignación contractual del riesgo de no obtener financiación y el grado de colaboración prometido por el vendedor para obtenerla, distinguiendo entre contratantes que sean profesionales del sector inmobiliario y los que no lo sean; la situación económica del comprador al tiempo de la perfección del contrato y al tiempo de tener que pagar la parte pendiente del precio que esperaba poder financiar; el grado real de imposibilidad de financiación y sus causas concretas añadidas a la crisis económica general, debiéndose valorar también, en su caso, las condiciones impuestas por las entidades de crédito para conceder financiación; o en fin, las posibilidades de negociación de las condiciones de pago con el vendedor y, por tanto, de mantener el contrato como alternativa preferible a su ineficacia”. Sentencia de 17 de enero de 2013 del Tribunal Supremo español. 19 Para dos (2) instancias adicionales en donde el Tribunal Supremo español denegó aplicar la cláusula rebus sic stantibus, véase la Sentencia de 22 de julio de 2013 y la Sentencia de 27 de noviembre de 2013. 20 Aun cuando el Tribunal Supremo español contempla su posible aplicación en casos de compraventa de hogares, en la Sentencia de 18 de enero de 2013 también denegó aplicar la cláusula rebus sic stantibus a un Contrato de Compraventa de hogar por alegadamente no haberse podido obtener el préstamo hipotecario debido a la crisis económica. AC-2013-0098 19
amerite aplicar la doctrina, sino que dependerá de la
concurrencia de un conjunto de factores que serán
evaluados por los tribunales. Además, es importante notar
que, en todo caso, el contrato debe haberse celebrado
previo al comienzo de la crisis económica.21
De lo anterior podemos observar una tendencia del
máximo foro judicial español a rechazar la modificación de
un contrato debido a la crisis económica, asunto que
debemos considerar al abordar el tema en nuestra
jurisdicción. Esto es cónsono con el carácter excepcional
que siempre se le ha otorgado a la cláusula rebus sic
stantibus. Además, se puede apreciar que el carácter de
previsibilidad de la crisis económica –o, a contrario
sensu, su imprevisibilidad- es un criterio fundamental a
evaluarse a la hora de resolver si procede aplicar la
doctrina, asunto que para los tribunales españoles resulta
aún más fácil de determinar en casos en los cuales quien
invoca su aplicación es una empresa dedicada al negocio de
bienes raíces o de la construcción.
21 Ya existe jurisprudencia española donde se aplicó la cláusula rebus sic stantibus a un Contrato que se otorgó previo a la crisis, aunque con ciertas particularidades. En la Sentencia de 26 de abril de 2013, el Tribunal Supremo de España nuevamente evaluó una compraventa en donde los compradores alegaron que no pudieron obtener un préstamo hipotecario debido a la crisis económica. En ese caso el más alto foro español decidió aplicar la doctrina, ya que el incumplimiento del vendedor con el plazo para la entrega de la propiedad fue el motivo de que dicho plazo quedara para luego de que adviniera la crisis económica, con la consecuencia de imposibilitar el préstamo hipotecario que necesitaban los compradores. Íd. En otras palabras, el Tribunal Supremo español entendió en ese caso que el motivo por el cual los compradores se vieron imposibilitados de adquirir la propiedad era directamente imputable al incumplimiento de los vendedores. AC-2013-0098 20
III
Según mencionamos al resumir el trámite procesal del
asunto ante nuestra consideración, está en controversia si
el foro primario actuó correctamente al disponer del caso
por la vía sumaria. Repasemos brevemente el Derecho
relacionado a la procedencia de una Sentencia Sumaria en
nuestro ordenamiento jurídico.
El propósito del mecanismo procesal de Sentencia
Sumaria es proveer una solución justa, rápida y económica
para aquellos litigios de naturaleza civil en donde no
existe un conflicto o controversia genuina de hechos
materiales. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 2013 TSPR
95, pág. 15, 189 DPR ___ (2013); Const. José Carro v. Mun.
Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Mejías et al. v.
Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Abrams
Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v.
González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). En atención a
ello, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil provee para que
un demandante pueda “presentar una moción fundada en
declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre
la inexistencia de una controversia sustancial de hechos
esenciales y pertinentes”. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; SLG
Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 15-16.
De no existir controversia en cuanto a los hechos
materiales que motivaron el pleito, el tribunal podrá
dictar sentencia sumariamente a favor de la parte que la
solicita sin la necesidad de celebrar un juicio, pues solo AC-2013-0098 21
restaría aplicar el derecho a los hechos no
controvertidos. Íd.; Const. José Carro v. Mun. Dorado,
supra, pág. 128; Mejías et al. v. Carrasquillo et al.,
supra, pág. 299; Abrams Rivera v. E.L.A., supra, pág. 932;
Quest Diagnostics v. Mun. de San Juan, 175 DPR 994, 1003
(2009). Empero, el tribunal únicamente dictará Sentencia
Sumaria a favor de una parte si el derecho aplicable así
lo justifica. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA
Ap. V, R. 36.3; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra,
págs. 15-16. La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra,
dispone los requisitos con los que debe cumplir una moción
de sentencia sumaria y su oposición.
Ante una moción de sentencia sumaria debidamente
presentada y fundamentada, la parte que se opone debe
demostrar que existe controversia en cuanto a algún hecho
material que sea constitutivo de la causa de acción del
demandante. Nos hemos referido a un hecho material como
“aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de
acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Ramos Pérez
v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010) (cita omitida).
Véanse además SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra,
pág. 15; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756
(2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, págs.
299-300; S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184
DPR 133, 167 (2011).
De otra parte, la controversia en cuanto a un hecho
material debe ser real, por lo que cualquier duda que AC-2013-0098 22
pueda surgir no es suficiente para derrotar la procedencia
de una moción de sentencia sumaria. Ramos Pérez v.
Univisión, supra, pág. 214. “Tiene que ser una duda que
permita concluir que existe una controversia real y
sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Íd.;
Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, supra, pág. 756. Por otro lado,
aunque toda inferencia que se haga sobre los hechos
incontrovertidos debe hacerse a favor de la parte que se
opone a que se dicte Sentencia Sumaria, esta no puede
meramente cruzarse de brazos y descansar en sus
alegaciones. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, supra, pág. 756.
Podemos encontrar que existe una controversia real y
sustancial en cuanto a un hecho material cuando la parte
que se opone a que se dicte sentencia sumariamente
presenta prueba que podría inducir a un juzgador racional
de los hechos a resolver a su favor. Ramos Pérez v.
Univisión, supra, pág. 214.
En fin, los tribunales estamos impedidos de dictar
Sentencia Sumaria cuando existan hechos materiales y
esenciales controvertidos. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra,
supra, pág. 757; S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo
Titulares, supra, pág. 167; Ramos Pérez v. Univisión,
supra, pág. 217; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333
(2004). Tampoco procede dictar Sentencia Sumaria cuando
hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido
refutadas, cuando de los propios documentos que acompañan
la moción surge que existe una controversia sobre algún AC-2013-0098 23
hecho material y esencial, o cuando como cuestión de
Derecho no procede. Íd. No obstante, según se desprende de
nuestra discusión, si lo anterior no ocurre y la Sentencia
Sumaria procede como cuestión de Derecho, el Tribunal
deberá dictar sentencia sumariamente a favor de quien la
solicita.
IV
Evaluado el marco jurídico pertinente, nos toca
aplicar el Derecho a los hechos ante nuestra
consideración. Oriental Bank aduce que incidió el Tribunal
de Apelaciones al revocar la Sentencia Sumaria dictada a
su favor por el Tribunal de Primera Instancia. En suma, el
foro apelativo intermedio entendió que la controversia
ameritaba celebrar un juicio en su fondo, ya que el foro
primario no contaba con prueba suficiente para determinar
si procedía o no la defensa de rebus sic stantibus en
yuxtaposición con la crisis económica.
Ciertamente, la interrogante en cuanto a si procede
aplicar la cláusula rebus sic stantibus a una controversia
contractual ha sido atendida anteriormente por este
Tribunal. No obstante, no habíamos tenido la oportunidad
de aplicar la norma en el contexto de la crisis económica
que enfrentamos en Puerto Rico desde mediados del año
2006, hecho de cuya existencia tomamos conocimiento
judicial. Por ello, como cuestión de umbral debemos
resolver si la crisis económica puede servir como
fundamento para aplicar la cláusula rebus sic stantibus y AC-2013-0098 24
modificar los términos de un Contrato por la vía judicial.
Resolvemos en la negativa. Veamos.
En primer término, las fluctuaciones del mercado y
los giros que da la economía son eventos cíclicos que
hacen de una crisis económica un evento previsible. Así
ocurrió con la Gran Depresión del 1930, la crisis
petrolera en la década del 1970, la crisis financiera a
principios de la década del 1980, así como otros eventos
que ocurrieron con anterioridad y posterioridad a los aquí
mencionados. Permitir que una crisis económica, sin más,
sirva como fundamento para ignorar la máxima pacta sunt
servanda y aplicar la cláusula rebus sic stantibus
implicaría convertir la excepción en la norma, con la
fatal consecuencia de crear caos e incertidumbre en las
relaciones contractuales en nuestra jurisdicción.
Debido a que la situación económica adversa de la
Isla nos afecta a todos, caracterizar la crisis actual
como una circunstancia imprevisible y aplicar la doctrina
conllevaría a que todos estuviéramos excusados de pagar
nuestros hogares, automóviles, tarjetas de crédito y
cualquier otra deuda en la que hayamos incurrido previo al
advenimiento de la crisis económica en Puerto Rico. Aún
más devastador sería contemplar la aplicación de la
excepcional doctrina a Contratos de Préstamos Comerciales
con garantías prendarias e hipotecarias, tal y como el
Contrato que evaluamos en el presente recurso, ya que
significaría sentenciar a muerte el sistema financiero de AC-2013-0098 25
Puerto Rico y condenar a sus ciudadanos a presenciar un
caos económico sin precedentes.22
Por tanto, resolvemos que la crisis económica, sin
más, no puede considerarse como una circunstancia
imprevisible, por lo que no puede servir como fundamento
suficiente para que los tribunales procedan a modificar
los términos de un Contrato mediante la cláusula rebus sic
stantibus.
Habiendo ya resuelto que la crisis económica no es
una circunstancia imprevisible, luego de evaluar la
controversia de autos a la luz de los requisitos esbozados
en Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, resulta forzoso
concluir que no concurren los elementos necesarios para
que proceda la defensa invocada por los recurridos. En
primer lugar, de entrada podemos observar que el requisito
fundamental de imprevisibilidad no está presente, lo cual
derrota cualquier pretensión que tuviesen los recurridos
en cuanto a la aplicabilidad de la cláusula rebus sic
stantibus. Segundo, aun si cualificáramos la crisis
económica como un evento imprevisible, lo cual negamos,
los recurridos entraron en la relación contractual con
Oriental Bank en el año 2007, a sabiendas de que Puerto
22 Conviene puntualizar que tomamos conocimiento judicial de que la crisis económica como motivo para invocar la cláusula rebus sic stantibus ha sido objeto de controversia ante el Tribunal de Apelaciones en ocasiones anteriores. No obstante, en aquellas instancias el foro apelativo intermedio actuó correctamente al rehusar aplicar la doctrina. En esta ocasión nos enfrentamos a un dictamen donde el Panel de Jueces en cuestión decidió que la doctrina –según fundamentada en la crisis- podría ser aplicable a una controversia en particular, por lo que decidimos expedir el auto de certiorari y revocar el foro a quo. AC-2013-0098 26
Rico se encontraba en una recesión económica desde el año
2006.
Igualmente, debido a que la crisis económica no es
una circunstancia imprevisible, tampoco se configura una
situación donde podríamos ejercer nuestra función
moderadora a la luz de nuestros pronunciamientos sobre la
buena fe y la equidad en BPPR v. Sucn. Talavera, supra.
Además, contrario a los hechos que motivaron moderar los
términos del Contrato en aquella ocasión, en la
controversia de autos nos encontramos ante un Contrato
típico y ante un deudor que es conocedor de la industria
de la construcción y bienes raíces y se obligó como parte
de sus actividades comerciales rutinarias.23
Por tanto, actuó correctamente el foro primario al
dictaminar que la cláusula rebus sic stantibus no era
aplicable a la controversia de autos, por lo que es
improcedente pasar prueba relacionada a su aplicación.
Esto, a su vez, nos lleva a concluir que erró el Tribunal
de Apelaciones al revocar la Sentencia Sumaria dictada por
el foro primario. Ya habiendo resuelto que la crisis
económica no era imprevisible y que por tanto es
improcedente una defensa de rebus sic stantibus que se
base en estas circunstancias, tampoco puede servir como
fundamento para impedir que se dicte Sentencia
sumariamente.
23 Véase la nota al calce número 13, donde discutimos los hechos que motivaron modificar el contrato en BPPR v. Sucn. Talavera, supra. AC-2013-0098 27
En su Solicitud para que se Dicte Sentencia Sumaria,
Oriental Bank demostró ser acreedor prendario e
hipotecario de una deuda líquida, vencida y exigible. Por
su parte, los recurridos, en vez de controvertir los
hechos antes mencionados, se limitaron a discutir la
aplicabilidad de la cláusula rebus sic stantibus basada en
la crisis económica y otros asuntos que no están ante
nuestra consideración. En atención a lo anterior, resulta
evidente que los recurridos no controvirtieron ninguno de
los hechos materiales probados por Oriental Bank. Por
tanto, debido a que como cuestión de Derecho procedía
dictar Sentencia Sumaria a favor de Oriental Bank,
resolvemos que erró el Tribunal de Apelaciones al revocar
al foro primario y devolver el caso para la celebración de
un juicio en su fondo.24
V
Por todo lo antes expuesto, expedimos el auto de
Certiorari, revocamos la Sentencia del Tribunal de
Apelaciones y resolvemos que no procede aplicar la
cláusula rebus sic stantibus a la controversia de autos,
por lo que la Sentencia dictada sumariamente por el
Tribunal de Primera Instancia procede conforme a Derecho.
Por tanto, reinstalamos la Sentencia emitida sumariamente
por el Tribunal de Primera Instancia en toda su extensión,
24 Sin embargo, aclaramos que lo aquí expresado está dirigido a controversias como la de autos, en las cuales la invocación de la cláusula rebus sic stantibus está amparada exclusivamente en la existencia de la crisis económica. Estamos conscientes de que, en algunos casos, podrían surgir controversias de hecho materiales relacionados a la aplicabilidad de la cláusula rebus sic stantibus que ameriten la celebración de un juicio en su fondo. AC-2013-0098 28
sentenciando a los recurridos al pago de lo adeudado y
ordenando la ejecución de prenda e hipoteca de los bienes
que formaron parte de las garantías del contrato de
préstamo otorgado entre las partes.
Se dictará sentencia de conformidad.
Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario Certiorari
Perapi S.E.; Pedro Ortiz Álvarez, Ina de Lourdes Cortés Ríos, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por AC-2013-0098 Ambos; y Zeta Enterprises, Inc.; John Doe y Richard Roe
Perapi S.E.; Pedro Ortiz Álvarez, Ina de Lourdes Cortés Ríos, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Ambos
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de Certiorari, revocamos la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y resolvemos que no procede aplicar la cláusula rebus sic stantibus a la controversia de autos, por lo que la Sentencia dictada sumariamente por el Tribunal de Primera Instancia procede conforme a Derecho. Por tanto, reinstalamos la Sentencia emitida sumariamente por el Tribunal de Primera Instancia en toda su extensión, sentenciando a los recurridos al pago de lo adeudado y ordenando la ejecución de prenda e hipoteca de los bienes que formaron parte de las garantías del contrato de préstamo otorgado entre las partes.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta AC-2013-0098 2
señora Fiol Matta y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurren con el resultado sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo