Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc.
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José J. Zapata Berríos y la Sociedad de Bienes Gananciales constituida por éste y Luz María Rivera Rolón Certiorari Recurridos 2013 TSPR 95 v. 189 DPR ____ J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc.
Peticionaria
Número del Caso: CC-2012-152
Fecha: 27 de agosto de 2013
Región Judicial de Bayamón, Aibonito y Humacao
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Francisco Rebollo López Lcdo. José Silva Cofresí Lcdo. Héctor Santaella Santé
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Efraín Rivera Pérez Lcdo. Rubén T. Nigaglioni Lcdo. Yum E. Ramos Perales
Materia: Despido Injustificado
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
JOSÉ J. ZAPATA BERRÍOS y la Sociedad de Bienes Certiorari Gananciales constituida por éste y LUZ MARÍA RIVERA ROLÓN
Recurridos Núm. CC-2012-0152 v.
J.F. MONTALVO CASH & CARRY, INC.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2013.
En el proceso de resolver este recurso pautamos sobre
varios temas que inciden en el mecanismo de sentencia
sumaria. Primeramente, rechazamos el uso de una
declaración jurada diseñada por una parte,
específicamente, para contradecir el testimonio provisto
por ésta bajo juramento en una deposición anterior, con el
propósito de impedir que se dicte sentencia sumaria en su
contra. Igualmente, abordamos los requisitos de forma
fijados para impugnar satisfactoriamente los hechos
materiales que alegadamente no se encuentran en
controversia según formulados por el proponente de una
sentencia sumaria, a tenor con la nueva Regla 36 de
Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36
(2010). CC-2012-0152 2
Por último, interpretamos el concepto de justa causa
consignado en el Artículo 2(e) y (f) de la Ley Núm. 80 de
30 de mayo de 1976, según enmendada (Ley 80),1 29 L.P.R.A.
sec. 185b(e) y (f) (2009), mediante el cual se le permite
a un patrono cesantear empleados a través de un proceso de
reorganización cuando enfrenta una reducción en el volumen
de ventas o ganancias de su empresa, sin infringir dicho
estatuto. Veamos.
I
El Sr. José J. Zapata Berríos (señor Zapata o el
recurrido), su esposa y la Sociedad Legal de Bienes
Gananciales compuesta por ambos, presentaron una Demanda
en contra de J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc. (J.F.
Montalvo o la peticionaria) por el alegado despido
injustificado del recurrido. La reclamación se fundamentó
exclusivamente en las disposiciones de la Ley 80.
J.F. Montalvo contestó la Demanda y entre sus
defensas planteó que medió justa causa para cesantear al
señor Zapata. A base de ello, oportunamente sometió una
Solicitud de Sentencia Sumaria requiriendo la
desestimación de la reclamación del recurrido. En su
moción la peticionaria, esencialmente, expuso que el 1 de
diciembre de 2010 despidió al señor Zapata de su puesto de
Coordinador y Ayudante del Presidente como parte de un
1 29 L.P.R.A. secs. 185a-185m (2009). CC-2012-0152 3
proceso de reorganización suscitado por la reducción en el
volumen de ventas de la compañía. A esos efectos, destacó
que entre los años 2008 y 2009 el ingreso neto de la
empresa disminuyó de tres millones doscientos sesenta y
siete mil setecientos cinco dólares ($3,267,705) a
setecientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y
siete dólares ($794,787). Igualmente, alegó que para el 1
de diciembre de 2010 también se cesantearon a otros
empleados entre los cuales se encontraban el Dr. José
Montalvo (hermano del fenecido Presidente de la compañía,
Sr. Frank Montalvo), la Contralora, la Secretaria del
Gerente General, la Secretaria del señor Zapata, así como
la Asistente de Compra. Por último, sostuvo que no se
contrató a otra persona para realizar las funciones
correspondientes al cargo que ocupaba el recurrido al
momento de su despido.
En apoyo a su Solicitud de Sentencia Sumaria, J.F.
Montalvo hizo referencia a la deposición tomada al
recurrido donde éste admitió que, en calidad de
Coordinador y Ayudante del Presidente, tenía acceso a los
estados financieros de la empresa, por lo que estaba al
tanto de la situación económica de la misma. Además,
sostuvo que el señor Zapata admitió en su deposición que,
durante el 2010, le informó al entonces Presidente que era
necesario tomar medidas para atender la pérdida de dinero
que se estaba experimentando. Igualmente, el recurrido
negó conocimiento alguno relativo a si se había contratado CC-2012-0152 4
un remplazo para su antiguo puesto de trabajo. La
peticionaria también sometió una Declaración Jurada de su
Oficial de Recursos Humanos, quien certificó que no se
había sustituido al señor Zapata, ni se había empleado a
otras personas para realizar sus funciones en dicho
puesto.
El recurrido, basado en su deposición y en una
declaración jurada, se opuso a la solicitud de la
peticionaria argumentando que la alegada pérdida en ventas
y ganancias no era sino un pretexto de J.F. Montalvo para
despedirlo y que existían hechos en controversia que
impedían la resolución del caso por la vía sumaria. A
esos efectos, apuntó al pago de bonos de productividad que
se hizo a ciertos empleados de la empresa, así como a la
contratación de nuevos empleados luego de su cesantía.
Aseveró que J.F. Montalvo no estaba perdiendo dinero al
momento de su despido y que se contrató al Sr. Luis Arroyo
Algorri (señor Arroyo) para realizar sus funciones.
Mediante Orden emitida el 2 de mayo de 2011, el
Tribunal de Primera Instancia inicialmente declaró No Ha
Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria. Como fundamento
para su determinación indicó que existía controversia
sobre si las razones aducidas para el despido constituían
“un mero pretexto” de parte de la peticionaria.
J.F. Montalvo sometió entonces una solicitud de
reconsideración, la cual fue eventualmente acogida por el
tribunal de instancia. Así pues, el 24 de mayo de 2011 el CC-2012-0152 5
foro primario dictó Sentencia mediante la cual reconsideró
su decisión anterior y desestimó en su totalidad la
Demanda por despido injustificado.2 Entendió que, a base
de todos los escritos sometidos y conforme la evidencia
presentada, el despido objeto de este recurso estuvo
justificado y respondió a una reorganización provocada por
la merma considerable en los ingresos de la empresa. En
su Sentencia el juez de instancia hizo referencia a que se
despidieron otros empleados conjuntamente con el señor
Zapata. Igualmente, dictaminó que no se contrató a un
sustituto para realizar las funciones inherentes al puesto
del recurrido.
El Tribunal de Primera Instancia también determinó
que el señor Zapata no logró rebatir los hechos medulares
según consignados por J.F. Montalvo en su moción, conforme
lo dispuesto en la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil de
2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e) (2010). Resolvió,
además, que el pago de bonos de productividad no estaba
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José J. Zapata Berríos y la Sociedad de Bienes Gananciales constituida por éste y Luz María Rivera Rolón Certiorari Recurridos 2013 TSPR 95 v. 189 DPR ____ J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc.
Peticionaria
Número del Caso: CC-2012-152
Fecha: 27 de agosto de 2013
Región Judicial de Bayamón, Aibonito y Humacao
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Francisco Rebollo López Lcdo. José Silva Cofresí Lcdo. Héctor Santaella Santé
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Efraín Rivera Pérez Lcdo. Rubén T. Nigaglioni Lcdo. Yum E. Ramos Perales
Materia: Despido Injustificado
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
JOSÉ J. ZAPATA BERRÍOS y la Sociedad de Bienes Certiorari Gananciales constituida por éste y LUZ MARÍA RIVERA ROLÓN
Recurridos Núm. CC-2012-0152 v.
J.F. MONTALVO CASH & CARRY, INC.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2013.
En el proceso de resolver este recurso pautamos sobre
varios temas que inciden en el mecanismo de sentencia
sumaria. Primeramente, rechazamos el uso de una
declaración jurada diseñada por una parte,
específicamente, para contradecir el testimonio provisto
por ésta bajo juramento en una deposición anterior, con el
propósito de impedir que se dicte sentencia sumaria en su
contra. Igualmente, abordamos los requisitos de forma
fijados para impugnar satisfactoriamente los hechos
materiales que alegadamente no se encuentran en
controversia según formulados por el proponente de una
sentencia sumaria, a tenor con la nueva Regla 36 de
Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36
(2010). CC-2012-0152 2
Por último, interpretamos el concepto de justa causa
consignado en el Artículo 2(e) y (f) de la Ley Núm. 80 de
30 de mayo de 1976, según enmendada (Ley 80),1 29 L.P.R.A.
sec. 185b(e) y (f) (2009), mediante el cual se le permite
a un patrono cesantear empleados a través de un proceso de
reorganización cuando enfrenta una reducción en el volumen
de ventas o ganancias de su empresa, sin infringir dicho
estatuto. Veamos.
I
El Sr. José J. Zapata Berríos (señor Zapata o el
recurrido), su esposa y la Sociedad Legal de Bienes
Gananciales compuesta por ambos, presentaron una Demanda
en contra de J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc. (J.F.
Montalvo o la peticionaria) por el alegado despido
injustificado del recurrido. La reclamación se fundamentó
exclusivamente en las disposiciones de la Ley 80.
J.F. Montalvo contestó la Demanda y entre sus
defensas planteó que medió justa causa para cesantear al
señor Zapata. A base de ello, oportunamente sometió una
Solicitud de Sentencia Sumaria requiriendo la
desestimación de la reclamación del recurrido. En su
moción la peticionaria, esencialmente, expuso que el 1 de
diciembre de 2010 despidió al señor Zapata de su puesto de
Coordinador y Ayudante del Presidente como parte de un
1 29 L.P.R.A. secs. 185a-185m (2009). CC-2012-0152 3
proceso de reorganización suscitado por la reducción en el
volumen de ventas de la compañía. A esos efectos, destacó
que entre los años 2008 y 2009 el ingreso neto de la
empresa disminuyó de tres millones doscientos sesenta y
siete mil setecientos cinco dólares ($3,267,705) a
setecientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y
siete dólares ($794,787). Igualmente, alegó que para el 1
de diciembre de 2010 también se cesantearon a otros
empleados entre los cuales se encontraban el Dr. José
Montalvo (hermano del fenecido Presidente de la compañía,
Sr. Frank Montalvo), la Contralora, la Secretaria del
Gerente General, la Secretaria del señor Zapata, así como
la Asistente de Compra. Por último, sostuvo que no se
contrató a otra persona para realizar las funciones
correspondientes al cargo que ocupaba el recurrido al
momento de su despido.
En apoyo a su Solicitud de Sentencia Sumaria, J.F.
Montalvo hizo referencia a la deposición tomada al
recurrido donde éste admitió que, en calidad de
Coordinador y Ayudante del Presidente, tenía acceso a los
estados financieros de la empresa, por lo que estaba al
tanto de la situación económica de la misma. Además,
sostuvo que el señor Zapata admitió en su deposición que,
durante el 2010, le informó al entonces Presidente que era
necesario tomar medidas para atender la pérdida de dinero
que se estaba experimentando. Igualmente, el recurrido
negó conocimiento alguno relativo a si se había contratado CC-2012-0152 4
un remplazo para su antiguo puesto de trabajo. La
peticionaria también sometió una Declaración Jurada de su
Oficial de Recursos Humanos, quien certificó que no se
había sustituido al señor Zapata, ni se había empleado a
otras personas para realizar sus funciones en dicho
puesto.
El recurrido, basado en su deposición y en una
declaración jurada, se opuso a la solicitud de la
peticionaria argumentando que la alegada pérdida en ventas
y ganancias no era sino un pretexto de J.F. Montalvo para
despedirlo y que existían hechos en controversia que
impedían la resolución del caso por la vía sumaria. A
esos efectos, apuntó al pago de bonos de productividad que
se hizo a ciertos empleados de la empresa, así como a la
contratación de nuevos empleados luego de su cesantía.
Aseveró que J.F. Montalvo no estaba perdiendo dinero al
momento de su despido y que se contrató al Sr. Luis Arroyo
Algorri (señor Arroyo) para realizar sus funciones.
Mediante Orden emitida el 2 de mayo de 2011, el
Tribunal de Primera Instancia inicialmente declaró No Ha
Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria. Como fundamento
para su determinación indicó que existía controversia
sobre si las razones aducidas para el despido constituían
“un mero pretexto” de parte de la peticionaria.
J.F. Montalvo sometió entonces una solicitud de
reconsideración, la cual fue eventualmente acogida por el
tribunal de instancia. Así pues, el 24 de mayo de 2011 el CC-2012-0152 5
foro primario dictó Sentencia mediante la cual reconsideró
su decisión anterior y desestimó en su totalidad la
Demanda por despido injustificado.2 Entendió que, a base
de todos los escritos sometidos y conforme la evidencia
presentada, el despido objeto de este recurso estuvo
justificado y respondió a una reorganización provocada por
la merma considerable en los ingresos de la empresa. En
su Sentencia el juez de instancia hizo referencia a que se
despidieron otros empleados conjuntamente con el señor
Zapata. Igualmente, dictaminó que no se contrató a un
sustituto para realizar las funciones inherentes al puesto
del recurrido.
El Tribunal de Primera Instancia también determinó
que el señor Zapata no logró rebatir los hechos medulares
según consignados por J.F. Montalvo en su moción, conforme
lo dispuesto en la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil de
2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e) (2010). Resolvió,
además, que el pago de bonos de productividad no estaba
reñido con la reducción en las ventas. De igual manera,
rechazó los intentos del señor Zapata de refutar que la
empresa estuviese perdiendo dinero al momento de su
despido y que no se contrataron nuevos empleados ni un
sustituto para su puesto. Sobre este particular, el foro
2 Igualmente, desestimó la reclamación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, así como la de la esposa del recurrido por no tener fundamento bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 185a – 185m (2009) (Ley 80). CC-2012-0152 6
de instancia resolvió que el señor Zapata no podía,
mediante una declaración jurada posterior, contradecir la
información previamente admitida por él bajo juramento
durante su deposición.
Inconforme, el señor Zapata apeló el fallo en su
contra ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que al
resolver de esa manera el foro primario descansó en
alegaciones carentes de prueba. A la vez, planteó que
existían múltiples controversias de hechos esenciales que
impedían la resolución sumaria de su reclamación por
despido injustificado.
El foro apelativo intermedio revocó la determinación
del tribunal de instancia mediante Sentencia emitida el 29
de noviembre de 2011.3 Resolvió que, aunque los estados de
cuenta presentados por J.F. Montalvo evidenciaban una
reducción en las ventas de la empresa, el recurrido puso
en tela de juicio la necesidad de su despido como parte de
una restructuración, lo que exigía la celebración de una
vista evidenciaria. El Tribunal de Apelaciones apoyó su
dictamen en las alegaciones del recurrido a los efectos de
que la compañía continuó reclutando empleados, entre los
cuales identificó al señor Arroyo como la persona que lo
sustituyó en sus funciones, y que, además, se entregaron
3 La Juez de Apelaciones, Hon. María del Carmen Gómez Córdova, disintió de dicho proceder sin opinión escrita. CC-2012-0152 7
bonos de productividad a otros empleados luego de su
despido.
El Tribunal de Apelaciones declinó reconsiderar su
determinación según solicitado por J.F. Montalvo,
propiciando el presente recurso. Como único error, la
peticionaria aduce que incidió el foro apelativo
intermedio al denegar su Solicitud de Sentencia Sumaria y
concluir que existen controversias de hechos materiales en
controversia. A esos efectos, sostiene que el recurrido
no logró rebatir los hechos medulares según expuestos en
su Solicitud de Sentencia Sumaria, por lo que procede
desestimar la acción de despido injustificado instada en
su contra. Específicamente, plantea que los hechos
consignados en la Declaración Jurada del señor Zapata son
inapropiados para propósitos de este caso, ya que resultan
contrarios al testimonio previamente ofrecido en su
deposición.
Expedido el auto de certiorari solicitado y contando
con la posición de ambas partes, procedemos a resolver.
II
Ley 80
La Ley 80, supra, fue aprobada con el fin primordial
de proteger “de una forma más efectiva el derecho del
obrero puertorriqueño a la tenencia de su empleo mediante
la aprobación de una ley que, a la vez que otorgue unos CC-2012-0152 8
remedios más justicieros y consubstanciales con los daños
causados por un despido injustificado, desaliente la
incidencia de este tipo de despido”. Exposición de
Motivos de la Ley 80, supra, Leyes de Puerto Rico, pág.
268; Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368 (2011).
Véase, también, Vélez Cortés v. Baxter, 179 D.P.R. 455
(2010), citando a Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R.
364 (2001).
Cónsono con lo anterior, se le exige a los patronos
el pago de una mesada a favor de aquellos empleados
despedidos sin que medie justa causa para ello.4 Feliciano
Martes v. Sheraton, supra.
Las circunstancias que constituyen “justa causa”
aparecen detalladas en el Artículo 2 de la Ley 80, 29
L.P.R.A. sec. 185b (2009), e incluyen tanto motivos
fundamentados en la conducta del empleado como razones de
índole empresarial. En cuanto a estas últimas “[s]e
contemplan aquí situaciones que no son imputables al
obrero pero que son de tal naturaleza que su despido
resulta prácticamente inevitable dentro de las normas
usuales y ordinarias que imperan en el manejo de los
negocios….” Informe Conjunto, Comisiones de Trabajo y
Derechos Civiles y Servicio Público, P. del S. 1112, 23 de
abril de 1975 (énfasis nuestro). Véase, además, Informe
4 Artículo 1 de la Ley 80, 29 L.P.R.A. sec. 185a (2009). La mesada consiste en una indemnización progresiva calculada a base de los años de servicio del empleado cesanteado. CC-2012-0152 9
de la Cámara de Representantes, Comisión de Trabajo y
Asuntos del Veterano, P. del S. 1112, de abril de 1976.
“[P]uede haber justa causa para despedir a un empleado por
hechos no imputables a éste y sí al patrono….” R. N.
Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legislación
protectora del trabajo en el derecho laboral
puertorriqueño, San Juan, Ramallo Bros. Printing, Inc.,
rev. 2005, pág. 120.
De esta manera se reconoce que pueden surgir
condiciones en la operación de los negocios que requieran
cesantear empleomanía sin que ello necesariamente
contravenga las disposiciones de la Ley 80. Según
provisto en el articulado antes mencionado, se permiten
despidos sin obligación de pagar la mesada cuando la
entidad corporativa enfrenta alguna de las siguientes
situaciones: (i) el cierre total, temporero o parcial de
las operaciones del establecimiento; (ii) los cambios
tecnológicos o de reorganización, así como los de estilo,
diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja
por el establecimiento y los cambios en los servicios
rendidos al público, y (iii) reducciones en empleo que se
hacen necesarias debido a reducción en el volumen de
producción, ventas o ganancias, anticipadas o que
prevalecen al ocurrir el despido. 29 L.P.R.A. sec.
185b(d), (e) y (f), respectivamente.
Estas tres (3) causas “están relacionadas a
actuaciones del patrono dirigidas a la administración de CC-2012-0152 10
su negocio, y principalmente se presentan por razones de
índole económica que surgen según la operación diaria de
las empresas”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág.
376. Véase, además, C. Zeno Santiago y V.M. Bermúdez
Pérez, Tratado de Derecho del Trabajo, San Juan,
Publicaciones J.T.S., 2003, págs. 104-105; R. N. Delgado
Zayas, op. cit., pág. 120. A través de este precepto se
contemplan escenarios vinculados a la viabilidad del
puesto o de la empresa en un momento determinado.
Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 D.P.R. 937
(2011).
Resulta claro de lo anterior que el Artículo 2(e) de
la Ley 80, supra, permite despedir empleados sin tener que
pagar la compensación fijada por dicho estatuto si esta
decisión se toma como parte de una reorganización
empresarial que así lo requiere. Acorde con lo anterior,
un patrono puede modificar su forma de hacer negocios a
través de algún tipo de cambio dirigido a optimizar sus
recursos y aumentar las ganancias, ya sea eliminando
plazas, creando otras nuevas o fusionando algunas ya
existentes como vehículo para enfrentar problemas
financieros o de competitividad, siempre que responda a
una restructuración bona fide.
De manera similar, mediante el Artículo 2(f) de la
Ley 80, 29 L.P.R.A. sec. 185b(f) (2009), la situación
económica provocada por la baja en la producción, ventas o
ganancias en una empresa puede llevar al patrono a tomar CC-2012-0152 11
medidas necesarias para limitar los gastos, tales como
disminuir la plantilla laboral. Sin embargo, esta
disposición no pretende que toda merma en ventas o
ganancias se traduzca en justa causa para un despido. Por
el contrario, la misma aplicará únicamente a aquellas
situaciones en las cuales la aludida disminución sea una
sustancial al punto que atente contra la continuidad de la
empresa.
Bajo la Ley Núm. 50 [de 20 de abril de 1949, 29 L.P.R.A. ant. secs. 183-185, antecesora de la Ley 80] la falta de trabajo y actividad en el establecimiento del patrono era causa justificada para el despido…. Igualmente al amparo de esa ley una baja pronunciada en la producción de un establecimiento o la reducción de ventas o ganancias era, presumiblemente, causa justificada de despido, como lo es por disposición expresa bajo la Ley Núm. 80, supra.
Cualquier baja en producción, o en ventas o en ganancias, sin embargo, no justifica el despido. Tal reducción en ventas, ganancias o producción real o prevista, debe ser significativa a tal grado como para amenazar la estabilidad y solvencia económica del negocio.
Guía revisada para la interpretación y aplicación de la
Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada,
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto
Rico, 21 de septiembre de 2000, pág. 44 (Guía Revisada)
(nota al calce omitida y énfasis nuestro).
Claro está, para poder justificar el despido bajo
cualquiera de estas modalidades el patrono debe presentar
evidencia acreditativa del plan de reorganización
implantado, así como su utilidad, y/o de la alegada CC-2012-0152 12
disminución en la producción, ventas o ganancias, según
corresponda.
Específicamente, se rechazan bajo el Artículo 2 de la
Ley 80, supra, actuaciones sin fundamento que no vayan
dirigidas a atender asuntos concernientes al bienestar de
la gestión empresarial y a la salud fiscal de la empresa.
Así lo reconoce el propio estatuto al disponer que “[n]o
se considerará despido por justa causa aquel que se hace
por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con
el buen y normal funcionamiento del establecimiento….”
Íd.
Los cambios en la empresa, implantados como parte de
una reorganización, según provistos en el Artículo 2(e) de
la Ley 80, supra, pueden acarrear el despido y el
reclutamiento simultáneo de personal. Ello obedece a que
las reformas en ocasiones exigen prescindir de labores
hasta entonces útiles para el funcionamiento del negocio y
la incorporación de posiciones nuevas con destrezas
diferentes necesarias para lograr unas metas empresariales
actualizadas.
Cabe notar que, como parte del proceso de despidos
correspondiente a los casos provistos en los incisos (d),
(e) y (f) del Artículo 2 de la Ley 80, supra, se le
requiere a la empresa retener a los empleados de mayor
antigüedad condicionado a “que subsistan puestos vacantes
u ocupados por empleados de menos antigüedad en el empleo
dentro de su clasificación ocupacional que puedan ser CC-2012-0152 13
desempeñados por ellos….” Artículo 3 de la Ley 80, 29
L.P.R.A. sec. 185c (2009). Claro está, lo anterior será
de este modo, siempre y cuando el empleado de más tiempo
en la empresa cuente con las destrezas necesarias para
realizar las tareas asociadas con el puesto que pasa a
ocupar, o que pueda adiestrarse para realizarlas en un
tiempo corto y a un costo mínimo. Guía Revisada, pág. 43.
De igual manera el Artículo 3 de la Ley 80, supra,
provee para que se le otorgue prioridad a los empleados
cesanteados para ocupar aquellos puestos que surjan en la
empresa durante los próximos seis (6) meses luego de su
despido. Ello, siempre y cuando los nuevos puestos
requieran el desempeño de labores iguales o similares a
las ejercitadas por el empleado cesanteado al momento de
su despido y se encuentren dentro de la misma
clasificación ocupacional. El orden a seguir para
reclutar nuevos empleados debe adherirse a los mismos
criterios de antigüedad consignados en el Artículo 3 de la
Ley 80, supra.
Dada su naturaleza reparadora, las disposiciones de
la Ley 80 deben ser interpretadas liberalmente a favor del
trabajador. Vélez Cortés v. Baxter, supra; Rivera v. Pan
Pepín, 161 D.P.R. 681 (2004). A tales fines, el remedio
de la mesada provisto por la Ley 80 tiene como propósito
ayudar al trabajador despedido a enfrentar sus necesidades
económicas entre tanto se reubica en el mercado laboral. CC-2012-0152 14
García Burgos v. A.E.E.L.A., 170 D.P.R. 315 (2007); Díaz
v. Wyndham Hotel Corp., supra.
En una acción por despido injustificado incoada por
un empleado, es el patrono quien tiene el peso de la
prueba para establecer que el despido estuvo justificado.
Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra. Así pues, como parte
del esquema de protección laboral implantado a través de
la Ley 80, una vez se presenta una acción alegando despido
sin justa causa se activa una presunción de que el despido
fue injustificado y recae sobre el patrono la obligación
de rebatirla. Para ello tiene que probar, mediante
preponderancia de la evidencia, los hechos constitutivos
de alguno de los fundamentos eximentes de responsabilidad
según consignados en el Artículo 2 de la Ley 80, supra.
Artículo 8(a) de la Ley 80, supra, 29 L.P.R.A. sec.
185k(a) (2009). Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co.,
180 D.P.R. 894 (2011); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra;
Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215 (1998).
Cónsono con lo anterior, es menester que el patrono
establezca, igualmente, un nexo causal entre la razón o
razones aducidas según provistas en el Artículo 2 de la
Ley 80, supra, y el despido en cuestión.
[L]a mera existencia de cambios tecnológicos de producción, de reorganización o la reducción de la producción, ventas o ganancias, entre otros, de por sí no justifican el despido de empleados. Es a la empresa a quien incumbe, por mandato de la ley, demostrar que por esas circunstancias se vio en la necesidad de despedir empleados. En otras palabras, el patrono en todo momento deberá probar la justa causa del despido. CC-2012-0152 15
R. N. Delgado Zayas, op. cit., pág. 122 (cita omitida).
De manera que en este caso, para J.F. Montalvo
prevalecer en su posición, según propuesta en la Solicitud
de Sentencia Sumaria, le toca demostrar que el despido del
señor Zapata estuvo justificado conforme a las
disposiciones de la Ley 80. Para ello se le exige probar,
mediante evidencia incontrovertida, que la cesantía del
recurrido no fue producto de un mero capricho o
arbitrariedad de su parte, sino que respondió a una
reorganización interna motivada por consideraciones de
índole económica en función de la disminución en volumen
de sus ventas o ganancias.
III
Sentencia Sumaria
El mecanismo de sentencia sumaria tiene como
finalidad “propiciar la solución justa, rápida y económica
de litigios civiles que no contengan controversias
genuinas de hechos materiales”. Const. José Carro v. Mun.
Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 (2012); Mejías et al. v.
Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288 (2012). Conforme a lo
dispuesto en la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil de
2009, supra, procede dictar sentencia sumaria si las
alegaciones, deposiciones, contestaciones a
interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las
declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las CC-2012-0152 16
hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia
real y sustancial respecto a algún hecho esencial y
pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo
justifica. Consecuentemente, se permite disponer de
asuntos pendientes ante el foro judicial sin necesidad de
celebrar un juicio, ya que únicamente resta aplicar el
derecho a los hechos no controvertidos. Const. José Carro
v. Mun. Dorado, supra; Mejías et al. v. Carrasquillo et
al., supra; Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914
(2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820
(2010). Su utilidad como vehículo para agilizar los
procesos judiciales y descongestionar los tribunales
resulta indiscutible.
Las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de
2009, 32 L.P.R.A. Ap. V (2010), las cuales son de
aplicación a los hechos objeto de este recurso, aportaron
cambios importantes en el trámite de las solicitudes de
sentencia sumaria dirigidos a facilitar la labor
adjudicativa de los tribunales y promover de este modo su
utilización. Véase, por ejemplo, Ramos Pérez v. Univisión,
178 D.P.R. 200 (2010).
A estos efectos, y siguiendo lo provisto en las
enmiendas a la Regla 56 de Procedimiento Civil Federal en
vigor a partir de 2010,5 y las directrices establecidas en
5 S. Baicker-McKee, W.M. Janssen y J.B. Corr, Federal Civil Rules Handbook, West, 2011. Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho
Continúa… CC-2012-0152 17
sus Reglas Locales por algunos tribunales de distrito en
la esfera federal,6 se incorporaron ciertos requisitos de
forma aplicables tanto a las solicitudes de sentencia
sumaria como a las oposiciones correspondientes, los
cuales aparecen detallados en la Regla 36.3 de
Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3
(2010).7
Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Publicaciones J.T.S., Tomo III, 2011, pág. 1038.
6 Véase, James Wm. Moore, Moore’s Federal Practice, 3ra ed., LEXIS Publishing, T. 11, secs. 56.70[5][b] y [c], págs. 56-149 – 56-152.1 y secs. 56.81[3][a] y [b], págs. 56-182 – 56-185. Véase, además, L.Cv.R. 56 (D.P.R. 2009 as amended), Federal Local Court Rules, 3rd ed., West Group, Vol. 5, págs. 17-18.
7 En lo pertinente, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 (2010), dispone lo siguiente:
(a) La moción de sentencia sumaria será notificada a la parte contraria y deberá contener lo siguiente:
….
(4) una relación concisa y organizada en párrafos enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal[.]
(b) La contestación a la moción de sentencia sumaria… deberá contener lo siguiente: ….
(2) una relación concisa y organizada, con una referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal;
(3) una enumeración de los hechos que no están en controversia, con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal[.]
Continúa… CC-2012-0152 18
Así pues, en lo que respecta particularmente a los
hechos relevantes sobre los cuales la parte promovente
aduce no existe controversia sustancial, ésta viene
obligada a desglosarlos en párrafos debidamente numerados
y, para cada uno de ellos, especificar la página o párrafo
de la declaración jurada u otra prueba admisible en
evidencia que lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento
Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(a)(4) (2010).
Igualmente, la contestación a la moción de sentencia
sumaria tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo
atinente a los hechos. Primeramente, recae sobre la parte
que responde el deber de citar específicamente los
párrafos según enumerados por el promovente que entiende
están en controversia y, para cada uno de los que pretende
controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene
su impugnación con cita a la página o sección pertinente.
(c) Cuando se presente una moción de sentencia sumaria y se sostenga en la forma provista en esta Regla 36, la parte contraria no podrá descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que estará obligada a contestar en forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte promovente. De no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si procede.
(d) Toda relación de hechos expuesta en la moción de sentencia sumaria o en su contestación podrá considerarse admitida si se indican los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba admisible en evidencia donde ésta se establece, a menos que esté debidamente controvertida conforme lo dispone esta regla.
El tribunal no tendrá la obligación de considerar aquellos hechos que no han sido específicamente enumerados y que no tienen una referencia a los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen. Tampoco tendrá la obligación de considerar cualquier parte de una declaración jurada o de otra prueba admisible en evidencia a la cual no se haya hecho referencia en una relación de hechos…. CC-2012-0152 19
Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, 32
L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(b)(2) (2010).
De otra parte, puede también el oponente someter
hechos materiales adicionales que alegadamente no están en
disputa y que impiden se dicte sentencia sumaria. Le
compete entonces, similar al proponente, enumerarlos en
párrafos separados e indicar la pieza evidenciaria que los
apoya con referencia específica al fragmento de ésta en
que descansa cada aserción. Regla 36.3(b)(3) de
Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.
36.3(b)(3) (2010).
Se dispone para que, de proceder en derecho, el
tribunal dicte sentencia sumaria a favor del promovente si
la parte contraria no responde de forma detallada y
específica a una solicitud debidamente formulada. Regla
36.3(c) de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V,
R. 36.3(c) (2010).
De igual forma, toda relación de hechos propuesta por
cualquiera de las partes que se encuentre sustentada según
exige dicho precepto podrá considerarse como admitida “a
menos que esté debidamente controvertida conforme lo
dispone esta regla”. Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil
de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(d) (2010).
Como parte del nuevo esquema para disponer de una
solicitud de sentencia sumaria, se le concede también al
tribunal la potestad de excluir aquellos hechos propuestos
por cualquiera de las partes que no hayan sido debidamente CC-2012-0152 20
numerados o que no tengan correlación específica a la
evidencia admisible que supuestamente los sostiene. Regla
36.3(d) de Procedimiento Civil de 2009, supra.
Más aún, el juzgador no viene obligado a tomar en
cuenta aquellas porciones de declaraciones juradas o de
cualquier otra evidencia admisible que no hayan sido
expresamente citadas por la parte en la relación de hechos
correspondiente de su escrito. Regla 36.3(d) de
Procedimiento Civil de 2009, supra.
Quiere esto decir que, si la parte contraria se
aparta de las directrices expresamente consignadas en el
mencionado precepto, entre las que específicamente se
encuentra la obligación de aludir al número del hecho
propuesto que se pretende contradecir, el tribunal podrá
no tomar en consideración su intento de impugnación.
Igualmente, aunque en el proceso de considerar una
solicitud de sentencia sumaria el tribunal retiene la
discreción de examinar evidencia admisible que obre en los
autos, pero que ha sido omitida por las partes, éste no
viene obligado a hacerlo. Puede, conforme al mecanismo
actual, obviar material que las propias partes hayan
pasado por alto en sus escritos y resolver estrictamente a
base de lo que haya sido presentado acatando el método
procesal consignado en la nueva Regla 36.3 de
Procedimiento Civil de 2009, supra. CC-2012-0152 21
Según se desprende de lo anterior, el método recién
implantado coloca sobre las partes, quienes conocen de
primera mano sus respectivas posiciones, así como la
evidencia disponible en el caso, el deber de identificar
cada uno de los hechos que estiman relevantes, al igual
que la prueba admisible que los sostiene. Se facilita,
por lo tanto, el proceso adjudicativo al poner al tribunal
en posición de evaluar conjuntamente las versiones
encontradas para cada uno de los hechos refutados a la luz
de las referencias a la prueba que alegadamente los apoya.
Este sistema claramente agiliza la labor de los jueces de
instancia y propende la disposición expedita de aquellas
disputas que no necesitan de un juicio para su
adjudicación.
Es por ello que mediante estas nuevas disposiciones
nuestro ordenamiento procesal expresamente le exige a la
parte oponente examinar cada hecho consignado en la
solicitud de sentencia sumaria y, para todos aquellos que
considera que existe controversia, identificar el número
del párrafo correspondiente y plasmar su versión
contrapuesta fundamentada en evidencia admisible. La
numeración no es un mero formalismo, ni constituye un
simple requisito mecánico sin sentido. Por el contrario,
tiene un propósito laudable, por lo que su relevancia es
indiscutible y queda claramente evidenciada luego de una
interpretación integral de las enmiendas acogidas en el
2009. De lo contrario, las enmiendas a la Regla 36 de CC-2012-0152 22
Procedimiento Civil de 2009, supra, no tendrían valor
práctico alguno.
Recordemos que las decisiones discrecionales que toma
el Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas a
menos que se demuestre que ese foro abusó de su
discreción. Véanse, por ejemplo, VDE Corporation v. F & R
Contractors, 180 D.P.R. 21, 41 (2010); y Pueblo v. Rivera
Santiago, 176 D.P.R. 559, 580 (2009). El propósito de esa
regla consiste en que los foros apelativos no deben
pretender administrar ni manejar el trámite regular de los
casos ante el foro primario. Es cierto que “[l]a tarea de
determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción
no es una fácil. Sin embargo, no tenemos duda de que el
adecuado ejercicio de discreción judicial está
estrechamente relacionado con el concepto de
razonabilidad”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152
D.P.R. 140, 155 (2000). Por eso, hemos definido la
discreción como “una forma de razonabilidad aplicada al
discernimiento judicial para llegar a una conclusión
justiciera”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R.
307, 338 (2012) (cita omitida); y Pueblo v. Rivera
Santiago, supra. De esa manera, la discreción se “nutr[e]
de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y
fundamentado en un sentido llano de justicia; no es
función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni
limitación alguna”. Santa Aponte v. Srio. del Senado,
105 D.P.R. 750, 770 (1977). De igual forma, “no significa CC-2012-0152 23
poder para actuar en una forma u otra, haciendo
abstracción del resto del Derecho”. Bco. Popular de P.R.
v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997) (cita
omitida). Véase, además, IG Builders et al. v. BBVAPR,
supra.
Un tribunal abusa de su discreción:
[C]uando el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho material importante que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente.
Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 580.
IV
A. Hechos propuestos por las partes
Conforme a lo anterior, inicialmente nos toca
examinar los hechos según propuestos por las partes en sus
respectivos escritos para verificar si, en efecto, el
tribunal de instancia actuó correctamente y si se acataron
las formalidades dispuestas en la Regla 36.3 de CC-2012-0152 24
Procedimiento Civil de 2009, supra, según descritas
anteriormente.8
En su Solicitud de Sentencia Sumaria, J.F. Montalvo
sometió los siguientes “Hechos que No están en
Controversia” debidamente sustentados:
1. El querellante trabajó en J.F. Montalvo desde el 2002 hasta el 1ero de diciembre de 2010.
2. El querellante fue despedido de J.F. Montalvo debido a una reorganización realizada por la Compañía el 1ero de diciembre de 2010.
3. El querellante admitió que tiene conocimiento de que en la reorganización que se llevó a cabo en J.F. Montalvo el 1ero de diciembre de 2010 se cesantearon a otros empleados.
4. El querellante admitió que entre las personas cesanteadas el 1ero de diciembre de 2010 se encuentra el Dr. José Montalvo quien es el hermano del Presidente de la Compañía, el Sr. Frank Montalvo.
5. El 1ero de diciembre de 2010 también se cesanteó a María de los Ángeles González quien ocupaba la posición de Contralora, Carmen García, quien ocupaba la posición de Secretaria del Gerente General, Diana Ramos, quien ocupaba la posición de Secretaria del querellante y Nayda Rodríguez quien ocupaba la posición de Asistente de Compra.
6. El querellante ocupaba la posición de Coordinador y Ayudante del Presidente para la fecha de su despido.
7. El querellante admitió que era la única persona que ocupaba la posición de Coordinador y Ayudante para la fecha de su despido.
8. El querellante admitió que la posición de Coordinador y Ayudante del Presidente era bien importante y que tenía acceso a los estados financieros de J.F. Montalvo.
9. El querellante admitió que para la fecha de su despido (1ero de diciembre de 2010), J.F. Montalvo
8 Notamos que ambas partes cumplieron con el requisito de identificar la evidencia que sirvió de base a los hechos consignados en sus mociones. CC-2012-0152 25
estaba reflejando una reducción en el volumen del negocio.
10. El querellante admitió que en una ocasión durante el año 2010 le informó a Frank Montalvo que había que tomar medidas ya que se estaba perdiendo dinero en la Compañía.
11. El querellante admitió que del año 2008 al 2009 el ingreso neto de J.F. Montalvo bajó de $3,267,705 a $794,787.
12. El querellante no tiene conocimiento si en J.F. Montalvo han contratado a alguien para ocupar su posición de Coordinador y Ayudante del Presidente. A tales efectos, es menester mencionar que Migdalia Peña, Directora del Departamento de Recursos Humanos de la Compañía, declaró bajo juramento que al día de hoy en J.F. Montalvo no se ha contratado a nadie para realizar las funciones que ejercía el querellante en su posición de Coordinador y Ayudante del Presidente.
En su Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria
el recurrido no aludió específicamente a ninguno de los
hechos propuestos por J.F. Montalvo antes reseñados.
Simplemente se limitó a argumentar que la peticionaria
utilizó el pretexto de la merma en ventas y ganancias del
negocio para despedirlo y enumeró los siguientes hechos,
los cuales denominó como “Hechos Materiales que están en
Controversia”:
1. El despido del señor Zapata de J.F. Montalvo fue injustificado toda vez que no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 80 del 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. 185 et als.).
2. J.F. Montalvo dio bonos de productividad a ciertos empleados, luego de haber cesanteado al señor Zapata.
3. J.F. Montalvo no estaba perdiendo dinero al momento de despedir al señor Zapata.
4. J.F. Montalvo contrató empleados luego de haber cesanteado al señor Zapata. CC-2012-0152 26
5. J.F. Montalvo contrató los servicios del Sr. Luis Arroyo Algorri para que realizara las funciones que ejercía el señor Zapata.
Ante este escenario procesal, el juez de instancia
aceptó como ciertos los doce (12) hechos presentados por
J.F. Montalvo como parte de su moción, indicando que el
señor Zapata incumplió con las disposiciones de la Regla
36.3 de Procedimiento Civil de 2009, supra, “al no
discutir los hechos incontrovertidos expuestos por [] J.F.
Montalvo en su Sumaria como requiere la Regla en
cuestión….” Sentencia del Tribunal de Primera Instancia,
pág. 11.
Resulta indiscutible que la parte recurrida no
sometió “una relación concisa y organizada, con una
referencia a los párrafos enumerados por la parte
promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que
están realmente y de buena fe controvertidos” según
requiere la Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil de
2009, supra. A tenor con las nuevas disposiciones
procesales relativas al trámite de una solicitud de
sentencia sumaria, al recurrido no rebatir ninguno de los
doce (12) hechos materiales que no están en controversia
según formulados por J.F. Montalvo conforme dispone el
aludido precepto, éstos podían darse por admitidos y así
quedó consignado en la Sentencia emitida por el foro de
instancia.
Por consiguiente, las cinco (5) aseveraciones
propuestas por el señor Zapata se considerarán en la CC-2012-0152 27
medida en que sugieran hechos materiales adicionales que
hagan improcedente, como cuestión de derecho, dictar
sentencia sumaria según solicitado por J.F. Montalvo.
Ello es así puesto que, tal como indicáramos
anteriormente, al no refutar los hechos materiales que no
están en controversia propuestos por la peticionaria de la
forma y manera expresamente provista en la Regla
36.3(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, supra, el
tribunal puede considerarlos como no controvertidos en
virtud de lo dispuesto en la Regla 36.3(c) y (d) de
El foro primario examinó las cinco (5) relaciones
fácticas propuestas por el recurrido y concluyó que éstas
no impedían el que se dictase sentencia sumaria. Pasamos
entonces a repasar individualmente los hechos enumerados
por el recurrido para determinar si, en efecto, los mismos
imposibilitan el que se conceda la moción de sentencia
sumaria en cuestión.
1. Violación de la Ley 80
Primeramente, el recurrido sostiene que su despido
fue injustificado porque se incumplió con los requisitos
de la Ley 80. No es necesario atender esta aseveración,
pues constituye meramente una conclusión de derecho. Bajo
esta alegación el recurrido no hace mención de evento o
suceso alguno, ni tampoco vincula su planteamiento con
prueba admisible que lo apoye. CC-2012-0152 28
2. Bonos de productividad
En su segunda aseveración el señor Zapata trató de
cuestionar la veracidad de la situación económica de la
empresa aludiendo al pago de bonos de productividad a
ciertos empleados luego de su despido. J.F. Montalvo
objetó esta alegación aduciendo que resultaba contraria al
testimonio vertido por el recurrido en su deposición.
Concretamente planteó que, en respuesta a preguntas
específicas del abogado de la peticionaria para que
identificara las razones por las cuales alegaba que su
despido fue injustificado, el señor Zapata nunca mencionó
este fundamento. Ciertamente, como respuesta al
interrogatorio que se le hiciera en dicha deposición el
señor Zapata se limitó a relatar asuntos relacionados a la
contratación de otros empleados, así como la de un
supuesto sustituto en sus funciones. No fue hasta que,
confrontado con la solicitud de sentencia sumaria de la
peticionaria, el señor Zapata trajo a colación por primera
vez el asunto de los bonos de productividad. Sin embargo,
como parte de su Declaración Jurada en apoyo a su
oposición a que se dictara sentencia sumaria en su contra,
el señor Zapata no brindó explicación alguna para
adelantar esta información por primera vez en dicha
oposición, a pesar de que la misma resultaba fundamental a
su reclamación de despido sin justa causa. CC-2012-0152 29
En la esfera federal un gran número de los tribunales
a nivel de circuito de apelaciones consistentemente ha
resuelto que le está vedado a una parte intentar suscitar
una controversia de hechos materiales en respuesta a una
solicitud de sentencia sumaria valiéndose de un testimonio
reciente que resulta contrario a una declaración bajo
juramento emitida anteriormente, si no se provee una
explicación para la contradicción entre ambas. 10A
Wright, Miller & Kane, Federal Practice and Procedure:
Civil 3d, sec. 2726; 11 Moore’s Federal Practice, 3rd Ed.,
sec. 56.94[5][a]; J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho
Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Publicaciones J.T.S.,
Tomo III, 2011, pág. 1079. Véanse, por ejemplo, White v.
Baptist Mem’l Health Care Corp., 699 F.3d 869 (6th Cir.
2012); Kernel Records Oy v. Mosley, 694 F.3d 1294 (11th
Cir. 2012); Yeager v. Bowlin, 693 F.3d 1076 (9th Cir.
2012); Orta-Castro v. Merck, Sharp & Dohme Química P.R.,
Inc., 447 F.3d 105 (1st Cir. 2006); Beckel v. Wal-Mart
Assoc., 301 F.3d 621 (7th Cir. 2002).
Esta norma ha sido denominada como “sham affidavit
doctrine”, ya que el propósito de la declaración posterior
es dar una versión simulada, ficticia o falsa de hechos
medulares con el propósito específico de impedir que se
dicte sentencia sumaria en su contra.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció
el uso generalizado de esta práctica, resumiendo la misma
de la siguiente manera: CC-2012-0152 30
The lower courts… have held with virtual unanimity that a party cannot create a genuine issue of fact sufficient to survive summary judgment simply by contradicting his or her own previous sworn statement (by, say, filing a later affidavit that flatly contradicts that party’s earlier sworn deposition) without explaining the contradiction or attempting to resolve the disparity….
Cleveland v. Policy Management Systems Corp., 526 U.S.
795, 806 (1999) (citas omitidas).
Así pues, en el proceso de disponer de una solicitud
de sentencia sumaria no podrá el juzgador tomar en
consideración una declaración jurada suscrita por la parte
adversa si su contenido es claramente incompatible con una
versión de los hechos dada anteriormente y el exponente no
aclara, a satisfacción del tribunal, la discrepancia entre
las dos (2) posiciones. Dicho de otro modo, se rechazará
una declaración subsiguiente si la inconsistencia entre
las dos (2) declaraciones resulta patente y no se ofrece
una explicación adecuada para la nueva versión.
Claro está, este mecanismo debe utilizarse con
prudencia y limitarse únicamente a situaciones en las que
la declaración inicial contiene respuestas inequívocas a
preguntas claras, precisas y libres de ambigüedad sobre un
hecho medular. Yeager v. Bowlin, supra.
A … court may disregard an affidavit as a sham when a party to the suit files an affidavit that contradicts, without explanation, prior deposition testimony on a material fact…. The sham affidavit rule should be applied sparingly, … and only when the earlier deposition testimony consists of clear answers to unambiguous questions which negate the existence of any genuine issue of material fact…. CC-2012-0152 31
Kernel Records Oy v. Mosley, supra, pág. 1300 n. 6 (citas,
comillas y corchetes omitidos). Véase también Yeager v.
Bowlin, supra; Orta-Castro v. Merck, Sharp & Dohme Química
P.R., Inc., supra. Igualmente, se requiere que la
inconsistencia entre las dos (2) versiones sea una
manifiesta o patente. Van Asdale v. Int’l Game Tech., 577
F.3d 989 (9th Cir. 2009).
Lo anterior no impide que la parte adversa elabore,
explique o clarifique respuestas a preguntas formuladas
durante su deposición por el abogado de la parte
proponente de la sentencia sumaria. Tampoco se refiere a
inconsistencias de poca trascendencia que resultan de
discrepancias o errores de buena fe o de evidencia
descubierta posteriormente. Íd.
Esta doctrina incide directamente en el procedimiento
de sentencia sumaria según provisto en el ordenamiento
procesal. Permitir a una parte utilizar un subterfugio
para retractarse de su testimonio bajo juramento, con el
único propósito de evitar que se dicte sentencia sumaria,
resulta contrario al objetivo que persigue la Regla 36 de
Procedimiento Civil de 2009, supra. Tampoco se adelanta
el objetivo de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009,
supra, cuando una parte brinda una respuesta a medias en
una deposición, reteniendo información pertinente, para
luego presentarla de forma acomodaticia en la oposición a
una moción de sentencia sumaria. Cónsono con lo anterior, CC-2012-0152 32
se ha reconocido que esta doctrina resulta vital para
preservar la utilidad del mecanismo de sentencia sumaria.
Yeager v. Bowlin, supra; Van Asdale v. Int’l Game Tech.,
Habida cuenta de la importancia que reviste la
utilización del procedimiento de sentencia sumaria en
nuestro sistema judicial, juzgamos conveniente aplicar
estos principios en aquellas situaciones en que una parte
procura ingeniarse supuestos hechos materiales contrarios
a un testimonio previo ofrecido bajo juramento, con el
contra.
Ahora bien, retomando los eventos objeto del recurso
ante nos, y conforme señalado, a pesar de las preguntas
del abogado de J.F. Montalvo solicitándole específicamente
que indicara las razones para alegar que su despido fue
injustificado, el recurrido nunca mencionó en su
deposición el tema de los bonos de productividad. Como
respuesta al interrogatorio se limitó a relatar asuntos
relacionados a la contratación de otros empleados, así
como la de un supuesto sustituto en sus funciones.
Tampoco ofreció como parte de su Declaración Jurada
explicación alguna para adelantar esta información por
primera vez en su Oposición a la Solicitud de Sentencia
Sumaria, a pesar de que la misma resultaba fundamental a
su reclamación de despido sin justa causa. CC-2012-0152 33
La equidad requiere que los litigantes actúen de
buena fe en el trámite judicial y que durante el proceso
de descubrimiento de prueba la información fluya
abiertamente para permitirle a las partes prepararse
adecuadamente y así evitar sorpresas. No hay cabida en el
litigio para estrategias dirigidas a prevalecer a toda
costa sin referencia a la justicia.9 Es esencial que el
procedimiento sea uno justo y permita que salga a relucir
la verdad a su debido tiempo, haciendo posible que se
disponga oportunamente por la vía sumaria de aquellos
casos en que no existe controversia de hechos materiales.
De esta manera, se descongestiona el calendario del
tribunal al descartar aquellas reclamaciones cuya
resolución no precisa de un juicio.
Este caso gira precisamente sobre la existencia o no
de causa justificada para el despido del señor Zapata.
Resultaba imprescindible, por lo tanto, que éste
respondiera completa y cabalmente al interrogatorio
interpuesto por el abogado de la parte contraria, el cual
9 Así lo reconocimos recientemente en Valencia Mercader v. García García, 2012 T.S.P.R. 172, 187 D.P.R. ___ (2012), al citar con aprobación las siguientes expresiones contenidas en J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones J.T.S., 2011, Tomo III, pág. 835:
Un amplio y liberal descubrimiento de prueba es la médula del esfuerzo de destruir de una vez y para siempre la deportiva teoría de justicia que tanto mina la fe del pueblo en el sistema judicial…. Las reglas que encaminan el descubrimiento de prueba procuran que el juicio sea menos un juego de la gallinita ciega y más una contienda justa en que los hechos sean descubiertos en la más amplia extensión posible. La justicia no es un juego, ni un deporte, sino una empresa formal a ser conducida seriamente….
Véase, además, E.L.A. v. Casta, 162 D.P.R. 1, 9 (2004); General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 D.P.R. 32, 38 (1986). CC-2012-0152 34
tenía una conexión directa con la controversia medular del
caso. Como corolario a lo anterior, venía obligado el
recurrido a dar a conocer todos y cada uno de sus
fundamentos para alegar violación de la Ley 80 en
respuesta a preguntas directas e inequívocas a esos fines.
A base de lo anterior concluimos que, para efectos de
disponer de la Solicitud de Sentencia Sumaria sometida por
J.F. Montalvo, corresponde en este caso prescindir de la
alegación propuesta por el recurrido de que se repartieron
bonos de productividad en la empresa luego de su despido.
El señor Zapata omitió esta información en sus respuestas
durante la toma de su deposición y, posteriormente, no
adelantó razón alguna para revelarla por vez primera en su
respuesta a la moción de sentencia sumaria.10
3. Ganancias
Aduce el recurrido como defensa adicional que J.F.
Montalvo no estaba operando con un déficit presupuestario
al momento de su despido. Sin embargo, el Artículo 2 de
la Ley 80, supra, no exige que se esté operando con
10 No obstante, aprovechamos esta oportunidad para aclarar que el mero hecho de que un patrono que se ve obligado a despedir empleados como parte de una reorganización de su empresa por razones económicas decida incentivar a aquellos que permanecen laborando, utilizando los ahorros producto de tal reorganización, no necesariamente contraviene las disposiciones de la Ley 80. Y es que, al reducirse la plantilla laboral, los empleados restantes de ordinario tendrán que asumir funciones adicionales a su cargo para mantener la empresa a flote. Igualmente, se les exigirá un mayor desempeño y/o asumir mayores responsabilidades para superar situaciones de crisis, en gestiones dirigidas a la viabilidad de los negocios. Véanse, Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 376 (2001); Guía revisada para la interpretación y aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, 21 de septiembre de 2000, pág. 44; C. Zeno Santiago, El despido y la política social en nuestro estado de derecho, 34 Rev. Jur. U.I.P.R. 213, 224 (2000). CC-2012-0152 35
pérdidas como requisito para su aplicación. Lo que sí
requiere la aludida disposición es una reducción
significativa, ya sea en el volumen de producción, ventas
o ganancias del negocio a tal grado que pueda verse
afectada la continuidad de las operaciones de la empresa.
Conforme a la evidencia sometida no controvertida,
entre el 2008 y 2009 el ingreso neto de J.F. Montalvo
disminuyó de tres millones doscientos sesenta y siete mil
setecientos cinco dólares ($3,267,705) a setecientos
noventa y cuatro mil setecientos ochenta y siete dólares
($794,787), es decir, alrededor de un setenta y seis (76%)
por ciento. En el contexto de este caso no vemos cómo una
pérdida económica tan significativa, atada a su vez a la
disminución en ventas de la empresa, no cae dentro de la
definición de justa causa esbozada en dicha disposición.
Es precisamente este tipo de situación la que se contempla
como constitutiva de justa causa eximente del pago de
mesada.
De otra parte, conforme a los hechos no
controvertidos consignados por la parte peticionaria, el
señor Zapata reconoció que su posición como Coordinador y
Ayudante del Presidente era una importante y le permitía
acceso a los estados financieros de J.F. Montalvo.
Igualmente, admitió que para la fecha de su despido la
empresa estaba reflejando una reducción en el volumen del
negocio y que durante el 2010 le informó al entonces CC-2012-0152 36
Presidente de la Compañía que era necesario tomar medidas
porque se estaba perdiendo dinero.
Concluimos, por lo tanto, que esta alegación no es
impedimento para que se concediera la sentencia sumaria
solicitada.
4. Señor Arroyo como sustituto del recurrido
Alega el recurrido que J.F. Montalvo contrató los
servicios del señor Arroyo para que realizara sus
funciones como Coordinador y Ayudante del Presidente
mientras laboró en dicha empresa. El foro primario
descartó esta aseveración utilizando como fundamento la
admisión del señor Zapata durante su deposición, a los
efectos de que desconocía si se había contratado a un
sustituto para ocupar su antigua posición en la empresa.
Asimismo, el juez de instancia apuntó a la declaración
jurada de la Directora de Recursos Humanos de J.F.
Montalvo quien expresamente confirmó que no se empleó a
persona alguna para realizar las funciones del recurrido.
Coincidimos con la apreciación del tribunal de instancia
en este respecto.11
11 Notamos que, aunque la relación de hechos propuesta por el señor Zapata bajo el renglón número cinco (5) resulta directamente contraria a la formulación número doce (12) según sometida por J.F. Montalvo en su Solicitud de Sentencia Sumaria, esta última no fue controvertida acatando el procedimiento exigido por la Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, supra, ya que, en su contestación, el recurrido no hizo referencia expresa al número específico del párrafo que intentaba rebatir. En vista de ello, el tribunal primario no venía obligado a considerar los hechos planteados por el recurrido bajo el inciso número cinco (5). CC-2012-0152 37
Ya anteriormente explicamos que queda a discreción
del tribunal primario excluir alegaciones cuando se
incumple con los rigores de la Regla 36.3 de Procedimiento
Civil de 2009, supra, como en efecto sucedió en este caso.
Precisamente, el juez de instancia así lo reconoció en su
Sentencia al indicar que tomaba por bueno los hechos
identificados por J.F. Montalvo por no haberse refutado
éstos conforme indica dicho precepto procesal.
Por lo tanto, damos por admitido lo consignado en el
párrafo número doce (12) de los hechos materiales que no
están en controversia según propuestos por la parte
peticionaria, a los efectos de que no se contrató a otra
persona para realizar las labores del señor Zapata en su
puesto como Coordinador y Ayudante del Presidente.12
12 Una vez despedido un empleado por razones económicas o empresariales, según provisto en el Artículo 2 de la Ley 80, 29 L.P.R.A. sec. 185b (2009), el hecho de que sus funciones se le asignen a otros empleados no equivale a una sustitución en el empleo. Una reorganización empresarial forjada como vehículo para impulsar económicamente un negocio y sacarlo de la situación precaria en la que se encuentra puede válidamente conllevar la eliminación de puestos para reducir costos y a la vez la redistribución de esas funciones entre uno o varios de los empleados restantes.
Igualmente, en el ámbito federal se ha reconocido que, en los casos de alegado discrimen imputado a una reducción laboral, o “reduction in force”, no se entiende remplazada una persona despedida por el mero hecho de que sus labores se distribuyan entre otros empleados laborando para la empresa. A esos efectos, se ha indicado lo siguiente:
[A] person is not replaced when another employee is assigned to perform the plaintiff’s duties in addition to other duties, or when the work is redistributed among other existing employees already performing related work. A person is replaced only when another employee is hired or reassigned to perform the plaintiff’s duties….
Schoonmaker v. Spartan Graphics Leasing, LLC, 595 F.3d 261, 265 (6th Cir. 2010) (citando a Barnes v. GenCorp Inc., 896 F.2d 1457, 1465 (6th Cir. 1990)). Véase, además, Geiger v. Tower Auto, 597 F.3d 614, 623 (6th Cir. 2009). CC-2012-0152 38
5. Empleados contratados
Por último, el recurrido expone que luego de su
despido la empresa contrató a otros empleados. Pretende
de este modo cuestionar las razones de índole económica y
de reorganización que adelantó J.F. Montalvo como
justificación para cesantearlo.13 Acorde con la deposición
del señor Zapata, según indicáramos, se trata de tres (3)
empleados destinados a ocupar los siguientes puestos:
Contralor, Auditor Interno y Director de Seguridad.
Surge de la evidencia no controvertida que el
recurrido laboró para J.F. Montalvo hasta diciembre de
2010. Para esa fecha el señor Zapata fue cesanteado
conjuntamente con otros cinco (5) empleados como parte de
un proceso de reorganización efectuado por la empresa.
La reducción en empleomanía respondió a una merma
significativa en los ingresos de la compañía, cónsona con
el Artículo 2(f) de la Ley 80, supra, situación que le era
conocida al recurrido. A esos efectos, éste admitió
haberle informado al Presidente de J.F. Montalvo durante
el 2010 que era preciso tomar medidas porque se estaba
perdiendo dinero. Además, no se reclutó a otro empleado
13 Advertimos que en ningún momento el recurrido ha alegado tener algún derecho prioritario sobre otros empleados que fueron retenidos por J.F. Montalvo a base del criterio de antigüedad provisto en el Artículo 3 de la Ley 80, 29 L.P.R.A. sec. 185c (2009). Tampoco planteó en el recurso de epígrafe tener derecho a la reposición consignada en ese artículo y que, por ende, se menoscabó su derecho de preferencia cuando la empresa reclutó personal para los puestos de Contralor, Auditor Interno y/o Director de Seguridad. CC-2012-0152 39
para la plaza que el señor Zapata ocupó, ni se contrató
personal nuevo para ejercer sus funciones.
Dadas las circunstancias presentes en este caso,
resolvemos que la contratación de las tres (3) personas
antes mencionadas destinadas a ocupar los puestos de
Contralor, Auditor Interno y Director de Seguridad no se
encuentra necesariamente reñida con el concepto de justa
causa en la vertiente que nos ocupa. Opinamos que, bajo
este escenario fáctico, la Ley 80 le otorga a la empresa
cierto grado de flexibilidad para buscar alternativas
frente al decrecimiento vertiginoso en el ritmo de sus
ventas y ganancias. Ciertamente no es función de los
tribunales administrar los negocios ni aconsejar a los
directores de éstos cómo manejar los asuntos de su empresa
cuando enfrentan retos económicos serios como en el caso
que nos ocupa.14 Nuestro rol se limita a asegurar que se
14 De igual manera se han expresado los tribunales federales al atender casos de despido de empleados por razones discriminatorias donde están de por medio decisiones empresariales. En esas situaciones se le ha concedido a los patronos un amplio margen de discreción en aquellos asuntos atinentes al manejo de sus negocios. Según señalado por la jurisprudencia, no corresponde a los tribunales actuar como un súper departamento de recursos humanos y verificar la sensatez de las explicaciones propuestas como defensa:
Title VII does not require the employer’s needs and expectations to be objectively reasonable; it simply prohibits the employer from discriminating on the basis of membership in a protected class. We do not sit as a “super-personnel department,” and it is not our role to second-guess the wisdom of an employer’s business decisions – indeed the wisdom of them is irrelevant – as long as those decisions were not made with a discriminatory motive…. That is true no matter how medieval a firm’s practices, no matter how high-handed its decisional process, no matter how mistaken the firm’s managers….
Álvarez v. Royal Atl. Developers, Inc., 610 F.3d 1253, 1266 (11th Cir. 2010) (citas y comillas omitidas). Véanse, además, Kasten v. Saint-Gobain Performance Plastics, Corp., 703 F.3d 966 (7th Cir. 2012); Espinal v. Nat’l Grid NE Holdings 2, LLC, 693 F.3d 31 (1st Cir. 2012); Apsley v. Boeing Co., 691 F.3d 1184 (10th Cir. 2012); Magnus v. St. Mark United Methodist Church, 688
Continúa… CC-2012-0152 40
cumpla con lo dispuesto en la ley, que sin duda permite
una reorganización empresarial con nuevo personal para
ejercer aquellas funciones que se tornen relevantes a la
luz de las circunstancias imperantes en un momento
determinado.
Por lo tanto, es forzoso concluir que, lejos de ser
un capricho infundado de su patrono, la cesantía del
recurrido formó parte de una reorganización empresarial
dirigida a atender la pérdida de ingresos como resultado
de la reducción en el volumen de negocios que enfrentaba
dicha entidad para el momento de su despido. Es decir, el
concepto de justa causa está atado a consideraciones que
atañen al manejo de la empresa. En vista de ello, la
decisión de despedir al señor Zapata se encuentra
claramente cobijada dentro de las modalidades de justa
causa provistas en el Artículo 2(e) y (f) de la Ley 80,
supra. El señor Zapata, por otro lado, no logró rebatir
apropiadamente los hechos materiales que no están en
controversia según sustentados por la peticionaria. Nada
impide disponer de reclamaciones laborales mediante el
mecanismo de sentencia sumaria cuando se configuran las
exigencias consignadas en nuestro ordenamiento procesal
civil tal y como sucede en este caso. Ramos Pérez v.
Univisión, supra. Por consiguiente, erró el Tribunal de
Apelaciones al resolver que existían controversias de
F.3d 331 (7th Cir. 2012); Lee v. City of Columbus, Ohio, 636 F.3d 245 (6th Cir. 2011); Meléndez v. Autogermana, Inc., 622 F.3d 46 (1st Cir. 2010). CC-2012-0152 41
hechos materiales que impedían disponer de la Solicitud de
Sentencia Sumaria a favor del promovente y revocar la
determinación del Tribunal de Primera Instancia. El foro
primario no abusó de su discreción.
V
A base de lo anteriormente indicado, se revoca la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 29 de noviembre
de 2011.
Se dictará Sentencia de conformidad.
ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari JOSÉ J. ZAPATA BERRÍOS y la Sociedad de Bienes Gananciales constituida por éste y LUZ MARÍA RIVERA ROLÓN Núm.: CC-2012-0152
Recurridos
v.
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 29 de noviembre de 2011.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente con opinión escrita. El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente con opinión escrita, a la que se unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José J. Zapata Berríos y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales constituida por éste y Luz María Rivera Colón
Peticionaria CC-2012-152
Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta
La Opinión que emite hoy el Tribunal establece una
norma preocupante no sólo para casos laborales sino para
controversias de todo tipo.15 Mediante una interpretación
restrictiva sobre las formalidades que propone la Regla 36
de Procedimiento Civil para facilitar la consideración de
15 Los hechos del caso están resumidos en la Opinión del Tribunal, por lo que no los expondremos nuevamente. CC-2012-152 2
una solicitud de sentencia sumaria, la Opinión deja atrás
el principio cardinal y firmemente establecido en nuestro
ordenamiento jurídico sobre el mecanismo de sentencia
sumaria: que esta se dicta tan solo cuando no existen
hechos materiales en controversia.
La Opinión del Tribunal promueve el que se puedan resolver
sumariamente casos en los que realmente hay controversia sobre hechos
esenciales. Deja a discreción del juzgador de instancia el dar por
admitidos hechos refutados por la parte promovida, si esta no cumple
con los elementos de forma, según interpretados por la mayoría, en el
nuevo ordenamiento procesal civil. La postura mayoritaria parece no
exigir que el tribunal de instancia aplique automáticamente los
requisitos de forma, pero le permite a ese foro obviar
discrecionalmente evidencia admisible contenida en el expediente, si
las partes no hacen referencia expresa a ella. Esto contraviene el
requisito, que también fija la nueva norma procesal, de que solo
procede la disposición sumaria cuando la ausencia de controversias de
hechos materiales surge de todos los documentos.
No hay duda que, sin el aval que hoy le brinda la Opinión
mayoritaria, este proceder constituiría un abuso de discreción que
conllevaría su revocación por los foros apelativos. No obstante, con
la bendición del Tribunal Supremo ya no se abusa de la discreción
judicial cuando se dicta sentencia sumaria aunque la totalidad del
expediente revele que el caso no lo amerita. Por eso, tiene razón el
Juez Asociado Estrella Martínez al expresar en su Opinión disidente
que la mayoría de este Tribunal le ha dado entrada “por la cocina” al
automatismo en la aplicación de los requisitos de forma adoptados en
la Regla 36.3 (a)–(d) de Procedimiento Civil.
Reiteradamente, hemos resuelto que se puede dictar sentencia
sumariamente, es decir, sin necesidad de celebrar una vista CC-2012-152 3
evidenciaria, cuando los documentos no controvertidos revelan que no
hay que dirimir disputas sobre los hechos. 16 Sin embargo, según la
Opinión, si la parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria no
cumple con ciertas formalidades al identificar los hechos que alega
que están en controversia, se pueden dar por admitidos,
automáticamente, los hechos que el promovente indicó que no estaban en
controversia aunque la parte opositora haya, en efecto, alegado y
evidenciado que hay controversia sobre hechos materiales. Tengo que
disentir de esa interpretación.
Aunque la sentencia sumaria puede ser un recurso útil para
aligerar la tramitación de un caso, su uso está limitado a casos en
los que los tribunales estén totalmente convencidos de que un juicio
plenario sería innecesario. Después de todo, el objetivo de proveer
una solución más rápida y económica no puede ir por encima del fin
primordial de los procesos judiciales: obtener una solución justa. 17
Por eso, este mecanismo sólo puede utilizarse cuando su “promovente ha
establecido su derecho con claridad y ha quedado demostrado que el
promovido no tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que
resulte discernible de la prueba”.18
Hemos establecido que, al analizar una solicitud de sentencia
sumaria, los tribunales de instancia deben: 1) examinar estrictamente
16 Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 (2012); Neca Mortgage Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860, 869 (1995). 17 PFZ Props. Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 912 (1994). 18 Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 D.P.R. 193, 211 (2006). CC-2012-152 4
la petición y los documentos que la acompañan, junto a la moción en
oposición y todos los documentos que obran en el expediente del
recurso, y 2) determinar si quien se opone a la sumaria controvirtió
algún hecho material o hay alegaciones de la demanda que no fueron
refutadas en la solicitud de sentencia sumaria. Antes de conceder este
remedio discrecional, el tribunal tiene que asegurarse de que no
existen hechos esenciales controvertidos, no hay alegaciones
afirmativas del demandante sin refutar, no surgen controversias
materiales de los documentos presentados y la resolución sumaria
procede como cuestión de derecho.19
Cuando algún hecho material y esencial está legítimamente
controvertido, no debe dictarse sentencia sumaria. La razón es
evidente y la hemos reiterado en numerosas ocasiones: la obligación de
proteger el derecho al “día en corte”, que es fundamental en nuestro
sistema. Por eso, en la evaluación que hace el tribunal, cualquier
duda sobre los hechos en controversia, por más leve que sea, debe
resolverse en contra de la parte que solicita la resolución sumaria,
permitiendo que la parte que se opone tenga un juicio en su fondo. 20
Además, a pesar de que se aconseja a la parte que se opone a la
solicitud de sentencia sumaria que presente documentos que pongan en
controversia los hechos alegados por el promovente, el que no se
presente esa evidencia no implica necesariamente que debe dictarse
sentencia sumaria.21 Por el contrario, el juzgador siempre tiene que
19 Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 D.P.R. 745, 775 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 333- 334 (2004). 20 Bonilla Medina v. P.N.P., 140 D.P.R. 294, 304 (1996); Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 D.P.R. 735, 781 (1992). CC-2012-152 5
hacer un análisis cabal de todas las alegaciones y la evidencia del
caso antes de determinar que procede resolverlo por la vía sumaria.
La Regla 36 de Procedimiento Civil “tiene el propósito de
aligerar la tramitación de los casos y facilitar la solución justa,
rápida y económica de los litigios civiles que no presentan
controversias genuinas sobre hechos materiales”.22 Para ello, permite
que una parte solicite al tribunal que dicte sentencia a su favor,
mediante una moción en la cual “demuestre la inexistencia de una
controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes”.23
En la revisión más reciente de las Reglas de Procedimiento Civil
de Puerto Rico, se añadieron unas normas sobre el formato y el
contenido que deben tener la solicitud de sentencia sumaria y la
oposición a ésta. Estas tienen como único objetivo facilitar la
evaluación y adjudicación de las solicitudes de sentencia sumaria.
Sobre la contestación a una moción de sentencia sumaria, que es lo que
nos concierne en este recurso, la Regla 36.3 provee lo siguiente:
(b) La contestación a la moción de sentencia sumaria deberá ser presentada dentro del término de veinte (20) días de su notificación y deberá contener lo siguiente:
(1) lo indicado en los subincisos (1), (2) y (3) del inciso (a) de esta regla;24
21 González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127, 138 (2006); Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 666 (2000); Cuadrado Luego v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 281 (1990). 22 Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, marzo de 2008 [Informe], pág. 396. 23 Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 24 La Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, lee:
Continúa… CC-2012-152 6
(2) una relación concisa y organizada, con una referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal;
(3) una enumeración de los hechos que no están en controversia, con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal, y
(4) las razones por las cuales no debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable.
(c) Cuando se presente una moción de sentencia sumaria y se sostenga en la forma provista en esta Regla 36, la parte contraria no podrá descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que estará obligada a contestar en forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte
(a) La moción de sentencia sumaria será notificada a la parte contraria y deberá contener lo siguiente:
(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes;
(2) los asuntos litigiosos o en controversia;
(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria;
(4) una relación concisa y organizada en párrafos enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal;
(5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y
(6) el remedio que debe ser concedido. CC-2012-152 7
promovente. De no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si procede.
(d) Toda relación de hechos expuesta en la moción de sentencia sumaria o en su contestación podrá considerarse admitida si se indican los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba admisible en evidencia donde ésta se establece, a menos que esté debidamente controvertida conforme lo dispone esta regla.
El tribunal no tendrá la obligación de considerar aquellos hechos que no han sido específicamente enumerados y que no tienen una referencia a los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen. Tampoco tendrá la obligación de considerar cualquier parte de una declaración jurada o de otra prueba admisible en evidencia a la cual no se haya hecho referencia en una relación de hechos.
(e) La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente.
El tribunal podrá dictar sentencia sumaria de naturaleza interlocutoria para resolver cualquier controversia entre cualesquiera partes que sea separable de las controversias restantes. Dicha sentencia podrá dictarse a favor o en contra de cualquier parte en el pleito.
Si la parte contraria no presenta la contestación a la sentencia sumaria en el término provisto en esta regla, se entenderá que la moción de sentencia sumaria queda sometida para la consideración del tribunal.25
El Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil
“entendió importante expresar en la regla los requisitos sobre el
contenido de la solicitud de sentencia sumaria y su correspondiente
contestación, porque ello facilita el trámite de su consideración ante
el tribunal. Proveer a los jueces con toda la información necesaria
25 Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. CC-2012-152 8
para que puedan realizar una determinación, en un mismo escrito,
facilita su labor y promueve que estos asuntos se resuelvan con mayor
rapidez”.26 Es evidente que esta norma tiene el único propósito de
facilitar el trabajo de los jueces y las juezas.27 No pretende afectar
los derechos de las partes cuando no se ciñan a las especificaciones
de formato y contenido de la Regla 36.3 (a) y (b), pues, antes de
dictar sentencia sumaria, el tribunal siempre analizará la totalidad
del expediente para asegurarse de que no existen controversias de
hechos materiales y de que la decisión solicitada procede en derecho.
Así lo dispone nuestra jurisprudencia sobre el mecanismo de sentencia
sumaria y lo establece la Regla 36.3 (c) al aclarar que, cuando la
oposición a la petición de sentencia sumaria no sea tan detallada y
específica como su solicitud, se dictará la sentencia sumaria si
procede.
Asimismo, teniendo en mente que la concesión de un dictamen
sumario es discrecional, la Regla 36.3 (d) le da la potestad al
juzgador de considerar admitidas las relaciones de hechos sustentadas
con documentos que no hayan sido controvertidas. También, le brinda la
opción de descartar hechos que no están apoyados por prueba
identificada. No obstante, el tribunal no tiene la obligación de
admitirlos o descartarlos, sino la alternativa de hacerlo; su
determinación dependerá de la evaluación del expediente del caso a la
26 (Énfasis suplido.) Informe, supra, pág. 403. 27 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, pág. 1054; F. Hernández Denton, En ocasión de la presentación de las Nuevas Reglas de Procedimiento Civil en la Academia Judicial Puertorriqueña, San Juan, 28 de enero de 2010, pág. 18:
http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/acrobat/Mensaje -presentacion-nuevas-reglas-proc-civil-en-la-academia- judicial_28-enero-2010_.pdf. CC-2012-152 9
luz del fin de la sentencia sumaria de proveer una solución rápida
cuando no existen controversias de hechos y sólo resta aplicar el
derecho. La Regla reconoce, de esta manera, el ejercicio de la función
adjudicativa. El tribunal, incluso, tiene la potestad de denegar la
solicitud de sentencia sumaria o posponer su consideración para
concederle oportunidad a la parte contra quien se presenta la moción
para hacer un descubrimiento de prueba adecuado, que le permita
conseguir evidencia o tomar declaraciones para preparar su oposición.28
Más aún, el efecto de no contestar una petición de sentencia
sumaria es que la solicitud queda sometida para la consideración del
tribunal. No se concede automáticamente la petición ni quedan
admitidos los hechos propuestos y no rebatidos, sino que se analiza
toda la prueba que obra en el expediente.29 En su informe, el Comité
destacó que “el que la parte promovida no presente prueba que
controvierta la presentada por el promovente no garantiza que proceda
dictarse sentencia sumaria. Esto se justifica porque en aquellos casos
en que no exista una clara certeza sobre los hechos importantes y
pertinentes de la controversia, no procede una sentencia sumaria”.
Resulta ilógico que el resultado de oponerse a la moción de la parte
28 “Si de las declaraciones juradas de la parte que se oponga a la moción resulta que ésta no puede, por las razones allí expuestas, presentar mediante declaraciones juradas hechos esenciales para justificar su oposición, el tribunal podrá denegar la solicitud de sentencia o posponer su consideración, concediéndole a la parte promovida un término razonable para que pueda obtener declaraciones juradas, tomar deposiciones, conseguir que la otra parte le facilite cierta evidencia o dictar cualquier otra orden que sea justa”. Regla 36.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 29 Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. CC-2012-152 10
contraria sin ceñirse al formato sugerido sea más perjudicial que el
de no oponerse.
Todo esto demuestra que, contrario a lo que sugiere la Opinión
del Tribunal, las enmiendas a nuestro ordenamiento procesal no
alteraron el principio de que una sentencia sumaria no procede cuando
existen dudas sobre la existencia de hechos esenciales en
controversia, irrespectivamente de la manera en que se expongan los
hechos.
Sin embargo, la Opinión, contra toda lógica, convierte las
especificaciones sobre la forma de la oposición a la sentencia sumaria
en el requisito esencial que tiene que observar el tribunal para
admitir hechos como no controvertidos y resolver sumariamente. Así,
establece que, si no se cumple con todas las formalidades de la Regla
36.3 (b), se podrá entender que no se rebatieron los hechos
presentados por el promovente y estos se podrán dar por admitidos,
aunque el promovido haya identificado hechos para controvertir los que
indicó el promovente, pues, al no exponerse del modo que dispone la
regla, estos se podrán tener por no puestos.
A
Acorde a esta nueva doctrina, la Opinión resuelve que los
hechos enumerados por J.F. Montalvo no están en controversia porque el
señor José Zapata no los refutó uno por uno, a pesar de que el señor
Zapata incluyó en su oposición una lista de los hechos materiales que
entiende que están en controversia y acompañó cada uno con la
identificación de la prueba que los sostiene. O sea, si el señor
Zapata hubiera hecho una enumeración de 12 puntos y dentro de estos
hubiese incluido los cinco hechos que identificó como controvertidos,
habrían hechos en controversia, pero, como los incluyó con una
enumeración independiente, se entiende que no los refutó. Esta
interpretación, además de ser sumamente restrictiva en contra de la CC-2012-152 11
parte que se opone a la sentencia sumaria, inserta en nuestro sistema
un formalismo anacrónico. En fin, alienta a los foros de instancia a
resolver los casos dejándose llevar por cuestiones de forma en lugar
de resolverlos por el contenido de las mociones. En esta época, ello
no tiene cabida en un tribunal de justicia.
En este caso, el señor Zapata incluyó en su oposición toda la
información que requiere la Regla 36.3 (b). En la sección de
Introducción, expuso brevemente las alegaciones de las partes, los
asuntos litigiosos y la reclamación sobre la cual se estaba
solicitando sentencia sumaria, además del tracto procesal del caso. En
la sección de Hechos materiales que están en controversia, enumeró
cinco hechos; cuatro de ellos indicaban las líneas de su deposición
tomada por J.F. Montalvo en las que se encontraba lo expuesto y uno se
apoyaba con una declaración jurada que anejó. Aunque no especificó a
qué hecho de la lista de la parte promovente correspondía cada uno de
los suyos, los hechos identificados referían a los que había
presentado J.F. Montalvo en su moción. El hecho en controversia #1 del
señor Zapata es que su despido fue injustificado según la Ley 80, lo
que corresponde al hecho no controvertido #2 de J.F. Montalvo, que
señala que una reorganización de la compañía fue la justa causa para
el despido, una de las razones que identifica la Ley 80 para
justificar los despidos. Los hechos en controversia #2 y #3 del señor
Zapata sobre la entrega de bonos de productividad y los ingresos de la
empresa corresponden a los hechos no controvertidos #9, #10 y #11 de
J.F. Montalvo sobre la reducción de ingresos en el negocio. Asimismo,
los hechos en controversia #4 y #5 del señor Zapata sobre la
contratación de otros empleados luego de su despido para realizar sus
funciones refieren al hecho no controvertido #12 de J.F. Montalvo
respecto a que no se había contratado a otra persona para llevar a
cabo las funciones del señor Zapata. Por otro lado, en la sección de
Hechos materiales que no están en controversia de la moción en
oposición a la solicitud de sentencia sumaria, el señor Zapata incluyó CC-2012-152 12
los hechos no controvertidos #1 y #6 propuestos por J.F. Montalvo
sobre el tiempo que llevaba en el empleo y el puesto que ocupaba y
añadió otro hecho sobre el salario que devengaba cuando fue despedido.
En la última sección, el opositor discutió extensamente el derecho
aplicable a base del cual entendía que no se debía dictar sentencia
sumaria en su caso.30
El contenido de la moción en oposición era adecuado para que un
tribunal pudiera hacer su evaluación sobre si procedía resolver el
caso por la vía sumaria o no. De hecho, la jueza del tribunal de
instancia que atendió el caso declaró sin lugar la solicitud de
sentencia sumaria luego de evaluar la petición y la moción en
oposición, porque existía controversia sobre la razón del despido. 31
Sin embargo, luego de que J.F. Montalvo presentara una moción en la
cual indicó que el foro de instancia no cumplió con su deber de
determinar qué hechos no estaban en controversia y cuáles estaban
controvertidos de buena fe en su decisión de denegar la resolución
sumaria,32 la jueza reconsideró su dictamen y emitió otra resolución en
30 Solicitud de Sentencia Sumaria de 15 de marzo de 2011, Apéndice del Certiorari, págs. 6-21; Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria de 19 de abril de 2011, Apéndice del Certiorari, págs. 62-70. 31 Orden del Tribunal de Primera Instancia, DPE 2010-1335, 2 de mayo de 2011, Apéndice del Certiorari, págs. 79-80. 32 Moción de Reconsideración de J.F. Montalvo, págs. 3-8, Apéndice del Certiorari, págs. 102-107. Si se deniega una solicitud de sentencia sumaria y es necesario celebrar juicio, “será obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños u otra reparación no está en controversia, ordenando los procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, incluso una vista
Continúa… CC-2012-152 13
la cual declaró que la sentencia sumaria y la desestimación de la
reclamación procedían, por lo que le solicitaba a J.F. Montalvo un
proyecto de sentencia.33 La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia
recoge los argumentos de J.F. Montalvo en cuanto a que no existe
controversia sobre los hechos esenciales, pues se presumen ciertos los
hechos presentados por el demandado que no fueron controvertidos por
el señor Zapata, ya que éste no cumplió con los requisitos de la Regla
36.3.34 El Tribunal de Apelaciones corrigió ese error, al determinar
evidenciaría limitada a los asuntos en controversia”. Así se adelanta el trabajo respecto a los hechos sobre los que no es necesario presentar prueba. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 33 Orden del Tribunal de Primera Instancia, DPE 2010-1335, 11 de mayo de 2011, Apéndice del Certiorari, págs. 147- 148. 34 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, DPE 2010- 1335, 24 de mayo de 2011, Apéndice del Certiorari, págs. 156-177. La Opinión del Tribunal, en la página 27, señala que el foro primario examinó los cinco hechos propuestos por el señor Zapata y concluyó que estos no impedían que se dictara sentencia sumaria. No obstante, el examen del tribunal de instancia se limitó a señalar que se descartaba el hecho sobre los bonos de productividad bajo la doctrina del “sham affidavit” y que se descartaban los hechos sobre los ingresos de la empresa y la contratación de un nuevo empleado para realizar las tareas del señor Zapata porque ya se había determinado, a base de los hechos presentados por J.F. Montalvo y admitidos por no haber sido controvertidos de la forma correcta, que el señor Zapata sabía que había habido una reducción en el volumen de ventas y desconocía si habían contratado a alguien para ocupar su puesto. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, págs. 10-15; Apéndice del Certiorari, págs. 167-172. Por lo tanto, el examen del foro primario es similar al de la Opinión del Tribunal; aunque desglosa los hechos expuestos por el señor Zapata para estudiarlos de manera independiente, su análisis se ve limitado por su interpretación restrictiva de la Regla 36.3, que permite al tribunal discrecionalmente dar por admitidos los hechos
Continúa… CC-2012-152 14
que no procedía la sentencia sumaria porque las alegaciones de J.F.
Montalvo quedaron controvertidas y éste tenía que presentar prueba
sobre su situación económica precaria y las funciones de los empleados
contratados posteriormente.35 No obstante, este Tribunal revoca al foro
apelativo al concluir que el tribunal de instancia tenía discreción
para disponer sumariamente del caso, por meros formalismos, aun cuando
originalmente entendió que había controversia sobre la naturaleza del
No es correcta la conclusión de la Opinión del Tribunal. La
Regla 36.3 no dispone que los hechos propuestos en la solicitud de
sentencia sumaria que no se discutan en la oposición con referencia
específica a su enumeración se podrán entender admitidos si, a
discreción del juzgador, no se toma en consideración otra prueba o
referencia que lo refute. Y es que una formalidad procesal no puede ir
por encima del principio básico de la sentencia sumaria; si hay hechos
materiales en controversia, no procede la decisión sumaria. Esta
determinación la tiene que hacer el juez o la jueza al evaluar el
expediente del caso, no utilizando una fórmula enfocada en los
requisitos de forma. La norma que establece la Opinión es contraria a
la propia Regla 36 de Procedimiento Civil. Leída de manera integral,
la Regla revela claramente que el cumplimiento con unas formalidades,
diseñadas para facilitar al tribunal el estudio del caso, no exime al
juzgador del deber de estudiar la totalidad del expediente para
asegurase que no existen controversias sustanciales.
B
propuestos por J.F. Montalvo habiendo controversias de hechos. 35 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, KLAN 2011-885, 29 de noviembre de 2011, págs. 12-14; Apéndice del Certiorari, págs. 231-233. CC-2012-152 15
Examinemos si en este caso hay hechos esenciales en
controversia. Los peticionarios alegaron que no estaba en controversia
si se había contratado a alguien nuevo para realizar las funciones del
señor Zapata porque éste dijo en su deposición que no sabía si habían
contratado a otra persona para el puesto de coordinador y ayudante del
presidente que él ocupaba y la señora Migdalia Peña, Directora de
Recursos Humanos, dijo en una declaración jurada que no habían
contratado a otra persona para realizar las funciones del señor Zapata
en el puesto que él ocupaba.36 En primer lugar, advertimos que “no sé”
no necesariamente es una respuesta lo suficientemente clara como para
tomarla como una aseveración que fundamente una determinación de
hecho. En segundo lugar, las declaraciones no se referían exactamente
a los mismos términos; una persona puede ser reemplazada por otra que
cumple con las mismas funciones del cesanteado, pero ocupando un
puesto con otro nombre. En tercer lugar, el hecho supuestamente
incontrovertido de que no se reemplazó al señor Zapata con un nuevo
empleado se puso en duda cuando éste expresó que sus deberes se le
habían asignado al señor Luis Arroyo, el nuevo contralor de la
empresa.37 Esta aseveración se hizo en la misma deposición de la cual
36 Este es el hecho no controvertido #12 de la Solicitud de Sentencia Sumaria: “El querellante no tiene conocimiento si en J.F. Montalvo han contratado a alguien para ocupar su posición de Coordinador y Ayudante del Presidente. A tales efectos, es menester mencionar que Migdalia Peña, Directora del Departamento de Recursos Humanos de la Compañía, declaró bajo juramento que al día de hoy en J.F. Montalvo no se ha contratado a nadie para realizar las funciones que ejercía el querellante en su posición de Coordinador y Ayudante del Presidente. Exhibit 1; Deposición de José J. Zapata Berríos a la pág. 16. Exhibit 2; Declaración jurada de Migdalia Peña”. 37 En líneas anteriores de la deposición se discutía que el señor Zapata tenía acceso a algunos estados financieros de la empresa. Deposición del señor Zapata, págs. 10-12, Apéndice del Certiorari, págs. 31-33. CC-2012-152 16
los peticionarios subrayan que el señor Zapata dijo que no sabía
específicamente si habían contratado a alguien para su puesto luego de
su despido.38
P Pues ahora le voy a hacer una pregunta en específico. ¿En qué hechos usted se basa para alegar que su despido fue injustificado? Hechos.
R Fue injustificado, primero, porque estaban cogiendo empleados.
P ¿Qué empleados cogieron?
…
P Dígame a quién más cogieron, según usted.
R Cogieron un nuevo contralor, un nuevo contralor que se llama Luis Arroyo, Luis Arroyo Algorri.
P Esos son todos, ¿verdad?
R Sí, esos son todos.
P Esos tres cogieron. Pero le pregunto si cogieron, luego de que usted se fue de ahí, si han cogido a alguien para la posición de Coordinador y Ayudante del Presidente. ¿Verdad que no?
R Cogieron al Sr. Luis Arroyo para sustituirme a mí.
P Contralor. El Sr. Luis Arroyo es contralor. Le pregunto si como Coordinador y…
R No puede ser contralor porque había una contralora y la botaron.
P Por eso, cogieron un contralor, pero él no es ayudante del presidente. La pregunta mía es si usted sabe, propio y personal conocimiento, si usted sabe de propio y personal conocimiento, acuérdese que usted está aquí bajo juramento, que se escogió a un Coordinador y Ayudante del Presidente. ¿Sí o no?
R No, no sé, no lo sé.39
38 Este es el hecho en controversia #5 de la Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria: “J.F. Montalvo contrató los servicios del Sr. Luis Arroyo Algorri para que realizara las funciones que ejercía el Sr. Zapata. Véase transcripción de la Deposición, página 16, línea[s] 1 a la 25”. CC-2012-152 17
La contratación de una persona para realizar las funciones que
tenía asignadas la persona que fue despedida es esencial en un caso de
despido injustificado en el que se alega que el despido se debió a que
la empresa, en su reorganización para paliar problemas económicos,
decidió que no necesitaba a una persona para realizar esas funciones.
La Opinión expone que redistribuir las funciones de un empleado que se
despidió por razones económicas entre los empleados restantes no
equivale a una sustitución en el empleo.40 No obstante, en este caso no
se trata de que se redistribuyeron las labores sino de que se contrató
a una persona nueva para realizar las tareas del cesanteado.
En la moción en oposición a la solicitud de sentencia sumaria se
resaltó este hecho y, aun cuando nada se hubiera dicho, aparecía en la
deposición que constaba en el expediente del caso. Por esto, no
procedía la sentencia sumaria. Era necesario que se presentara prueba
sobre cuáles eran las funciones que llevaba a cabo el señor Zapata en
su posición de coordinador y ayudante del presidente y cuáles son las
funciones asignadas al señor Arroyo en su puesto de contralor.
Además, al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el
tribunal no puede dirimir asuntos de credibilidad relacionados con
hechos esenciales.41 Para ello es necesario un juicio plenario. La
Opinión menciona que el hecho propuesto que está admitiendo, referente
a que el señor Zapata no fue reemplazado por un nuevo empleado, está
39 (Énfasis suplido.) Deposición del señor Zapata, págs. 15-16, Apéndice del Certiorari, págs. 36-37. 40 Opinión del Tribunal, pág. 37, n. 12. 41 Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914, 932-934, 942- 943 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 848-850 (2010); Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 D.P.R. 614, 638 (2009); Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890, 904 (1998); Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1069-1070. CC-2012-152 18
apoyado por la declaración jurada de la Directora de Recursos Humanos,
señora Peña.42 Se trata de dos declaraciones en controversia, la de la
señora Peña y la del señor Zapata, y habría que dirimir credibilidad o
evaluar las declaraciones en contraste con el resto de la prueba,
especialmente aquella sobre las funciones del señor Zapata y del señor
Arroyo. Por eso, si la razón para favorecer al demandado es que la
declaración jurada de la señora Peña merece mayor credibilidad que las
expresiones del señor Zapata en su deposición y su declaración jurada,
tampoco puede resolverse el caso mediante sentencia sumaria.
La Opinión del Tribunal reconoce que el hecho de que el señor
Arroyo estuviera realizando las funciones del señor Zapata pondría en
controversia el hecho propuesto de que no se contrató a otra persona
para reemplazarlo y, por ende, la justificación del despido. Sin
embargo, se niega a considerar la alegación del señor Zapata porque no
cumple con las formalidades de la Regla 36.3. Señala la Opinión:
Notamos que, aunque la relación de hechos propuesta por el señor Zapata bajo el renglón número cinco (5) resulta directamente contraria a la formulación número doce (12) según sometida por J.F. Montalvo en su Solicitud de Sentencia Sumaria, esta última no fue controvertida acatando el procedimiento exigido por la Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, supra, ya que, en su contestación, el recurrido no hizo referencia expresa al número específico del párrafo que intentaba rebatir. En vista de ello, el tribunal primario no venía obligado a considerar los hechos planteados por el recurrido bajo el inciso número cinco (5).43
Por lo tanto, damos por admitido lo consignado en el párrafo número doce (12) de los hechos materiales que no están en controversia según propuestos por la parte peticionaria, a los efectos de que no se contrató a otra persona para realizar las labores del señor Zapata en su puesto como Coordinador y Ayudante del Presidente.44
42 Opinión del Tribunal, pág. 36. 43 (Énfasis suplido.) Íd. pág. 36, n. 11. 44 (Énfasis suplido.) Íd. pág. 37. CC-2012-152 19
Este razonamiento sobre la admisión discrecional y automática de
hechos propuestos que no fueron rebatidos cumpliendo con las
formalidades de la Regla 36.3 me parece totalmente desacertado. Es
simplemente incomprensible que se reconozca que existen hechos
materiales en controversia y, aun así, se determine que procede dictar
una sentencia sumaria.
Por otro lado, la Opinión incorpora innecesariamente a nuestra
jurisprudencia la doctrina federal del “sham affidavit”, que dispone
que una parte no puede presentar una declaración jurada para
contradecir un testimonio suyo anterior, si lo hace con el único
propósito de evitar que se dicte sentencia sumaria en su contra y sin
explicar el por qué de la contradicción.45
En primer lugar, nada nos obliga a adoptar una norma procesal
federal y aplicarle sus reglas a una parte que desconocía que se
aplicaría. Además, nuestras reglas proveen para que se sancione a la
parte que presente declaraciones juradas de mala fe o únicamente con
propósitos dilatorios.46 Esto sirve como disuasivo para evitar lo que
en el foro federal llaman “sham affidavit”.
45 Véase Cleveland v. Policy Mgmt. Sys. Corp., 526 U.S. 795, 806-807 (1999). 46 “Si se prueba a satisfacción del tribunal que cualquiera de las declaraciones juradas ha sido presentada de mala fe, o solamente con propósitos dilatorios, el tribunal ordenará inmediatamente a la parte responsable pagar a la otra parte el importe de los gastos razonables en que ésta incurrió como resultado de la presentación de dichas declaraciones juradas, incluyendo honorarios de abogado razonables. Cualquier parte o abogado o abogada que así proceda podrá condenársele por desacato, además de cualquier otra medida o sanción dispuesta en estas
Continúa… CC-2012-152 20
En segundo lugar y como señala la Opinión, la aplicación de la
“sham affidavit doctrine” se excluye por distintas razones. La
doctrina debe utilizarse, con prudencia, solamente cuando (1) en la
declaración inicial se dieron respuestas inequívocas a preguntas
claras, precisas y libres de ambigüedad; (2) la inconsistencia entre
los dos testimonios es patente y no se refiere a hechos de poca
transcendencia, a errores de buena fe o a evidencia descubierta
posteriormente y (3) no se provee una explicación para la
contradicción aparente.47 En este caso, la respuesta del señor Zapata
en la deposición que se alega que está en contradicción con su
declaración jurada no fue inequívoca. Tampoco es manifiesta la
supuesta inconsistencia entre ésta y la alegación posterior de que se
entregaron bonos de productividad. Además, ésta puede haberse debido a
que el señor Zapata olvidó brindar ese dato,48 no contaba con toda la
información o no la había confirmado al momento de la deposición. Esto
último no fue explicado en la moción de oposición, pero el señor
Zapata no estaba obligado a hacerlo porque nuestras Reglas de
Procedimiento Civil no lo requieren.
Al evaluar la transcripción, se puede concluir que la
comunicación sobre este punto fue muy ambigua.49 Por ello, aun si se
aplicara la doctrina del “sham affidavit” en Puerto Rico, no se debe
tomar lo declarado como una respuesta inequívoca, según lo requiere la
reglas”. Regla 36.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 47 Opinión del Tribunal, págs. 30-32. 48 En varias ocasiones en la deposición, éste señala que no recuerda información específica y la busca en sus notas. Véase Deposición del señor Zapata, págs. 8-9 y 15; Apéndice del Certiorari, págs. 29-30 y 36. 49 Véase, Deposición del señor Zapata, pág. 20; Apéndice del Certiorari, pág. 41. CC-2012-152 21
norma federal. Además, vale recordar que las dudas que crean estas
declaraciones, según establece nuestra normativa, deben resolverse a
favor de la parte contra quien se presenta la solicitud de sentencia
sumaria.50
Referente al contenido de la declaración jurada del señor Zapata
Berríos, no dudo que en ocasiones otorgar bonos de productividad en
una empresa que sufrió una reorganización esté justificado y no sea
relevante para determinar si un despido fue caprichoso, pero, si se
alega que es un hecho esencial para la controversia y el tribunal de
instancia entiende que es así, se tiene que evaluar prueba para poder
determinarlo. No es posible que establezcamos que en todo caso estos
bonos se otorgan porque se quiere incentivar la labor de las personas
que continúan trabajando en el negocio tras las cesantías o porque la
empresa estaba obligada por un contrato de empleo. En el caso ante
nuestra consideración, está en controversia si la empresa sufrió una
disminución en el volumen de ventas que afectó las ganancias y obligó
a despedir empleados y empleadas. Este hecho está relacionado con la
alegación de que se pagaron bonos de productividad.
Además, sobre las ganancias de la empresa, la Opinión señala que
el ingreso neto de J.F. Montalvo se redujo en un 76% para los periodos
de 2008 y 2009; que el señor Zapata tenía acceso a los estados
financieros y que éste admitió que la empresa estaba reflejando una
reducción en el volumen del negocio para la fecha de su despido, en
diciembre de 2010. Estos datos corresponden a los hechos no
controvertidos #8, #9 y #11 propuestos por J.F. Montalvo en su
Solicitud de Sentencia Sumaria. A base de esto, concluye que hubo una
50 Bonilla Medina v. P.N.P., supra. CC-2012-152 22
reducción significativa en el volumen de ventas o de negocio que no
fue controvertida.51
Sin embargo, es menester aclarar que el señor Zapata declaró que
sólo tenía acceso a los estados financieros preparados por la empresa
y no a los certificados que fueron sometidos como evidencia, y esto en
algunas ocasiones.52 También indicó que en los estados financieros que
vio del 2008 y del 2009 no se reflejaban pérdidas y que nunca vio los
del año 2010, pero que las estadísticas preliminares del 2010
mostraban una disminución en ventas, por lo que había recomendado
eliminar tiendas y analizar la cuenta de administración.53 Debe notarse
que el informe de auditoría presentado por J.F. Montalvo cubre
periodos hasta mayo de 2009. La parte peticionaria no presentó
evidencia sobre sus estados financieros, ingresos, ganancias o
pérdidas en el 2010, año en que despidió al señor Zapata.
Por ello, no procedía descartar la declaración jurada del señor
Zapata por ser supuestamente contradictoria respecto a su deposición.
Era necesario presentar prueba sobre las ganancias del negocio y cómo
la reducción en el volumen de ventas provocó el despido de empleados,
pero no afectó la otorgación de bonos.
En fin, la sentencia sumaria es un mecanismo útil para resolver
casos en los que no existen hechos en controversia, proveyendo así un
remedio a las partes de manera más rápida y económica. No obstante, no
es una herramienta que se puede utilizar en cualquier caso, violando
51 Opinión del Tribunal, págs. 34-36. 52 Deposición del señor Zapata, págs. 10-11; Apéndice del Certiorari, págs. 31-32. 53 Deposición del señor Zapata, págs. 10-12; Apéndice del Certiorari, págs. 31-33. CC-2012-152 23
el derecho de las partes a tener su “día en corte” y recibir una
decisión bien ponderada y justa.
La norma que establece hoy el Tribunal desvirtúa la
naturaleza del mecanismo de sentencia sumaria. Este
Tribunal no debió revocar al foro apelativo. La
determinación original del Tribunal de Primera Instancia,
avalada por el Tribunal de Apelaciones, era la correcta:
habiendo hechos en controversia, no procede dictar
sentencia sumaria.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José J. Zapata Berríos y la Sociedad de Bienes Gananciales constituida por éste y Luz María Rivera Rolón
Recurridos CC-2012-152 Certiorari
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez a la que se unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2013.
La interpretación que hoy realiza la
Opinión mayoritaria no se atempera a lo
que dispone nuestra Regla 36 de las Reglas
de Procedimiento Civil de 2009, 32
L.P.R.A. Ap. V, R. 36. La fórmula que
incorpora la mayoría de este Tribunal es
una en extremo rigurosa, y más que
rigurosa, contraria a las normas básicas
de la concesión de una sentencia sumaria y
a la naturaleza de este mecanismo. Además,
discrepo de la introducción a nuestro
ordenamiento del “sham affidavit doctrine”
en este caso, así como CC-2012-152 2
de la aplicación de esta doctrina al mismo. Por estas
razones, disiento.
El Sr. José J. Zapata Berríos fue despedido el 1
de diciembre de 2010 de su puesto de Coordinador y
Ayudante de Presidente en J.F. Montalvo, luego de 8
años de servicio ininterrumpido. Como consecuencia,
presentó una demanda por despido injustificado y se
acogió al procedimiento de la Ley Núm. 2 de 17 de
octubre de 1961, 32 L.P.R.A. secs. 3118 et seq.
Posteriormente, J.F. Montalvo contestó la demanda.
Entre sus defensas, planteó que el despido estuvo
justificado debido a que la compañía realizó una
reorganización por razón de una reducción de volumen
de ventas o ganancias, en la cual alegadamente fue
eliminado el puesto del señor Zapata.
Así las cosas, J.F. Montalvo presentó una
solicitud de sentencia sumaria. En ésta incluyó 12
hechos, los cuales sostuvo que no estaban en
controversia. Alegó que su ingreso neto disminuyó
considerablemente debido a la reducción en el volumen
de ventas. Sostuvo que, como consecuencia, realizó
una restructuración y despidió al señor Zapata, así
como a otros empleados. Además, arguyó que no se
había contratado a otra persona para realizar las
funciones correspondientes al señor Zapata. Para CC-2012-152 3
sustentar su solicitud, hizo referencia a una
deposición tomada al señor Zapata.
En su oposición a que se dictara sentencia de
forma sumaria, el señor Zapata identificó, de manera
enumerada del 1-5, cinco hechos que consideró estaban
en controversia. Entre éstos, sostuvo que J.F.
Montalvo entregó bonos de productividad a empleados
con posterioridad a su despedido; que J.F. Montalvo
no estaba perdiendo dinero al momento de ser
despedido; que J.F. Montalvo empleó a nuevas personas
luego de su despido; y que el Sr. Luis Arroyo Algorrí
fue contratado para llevar a cabo las funciones que
el señor Zapata realizaba.
El Tribunal de Primera Instancia, luego de
evaluar la oposición, declaró no ha lugar la
solicitud de sentencia sumaria. El foro primario
determinó que existía controversia en torno a si la
disminución de ganancias y reorganización era un mero
pretexto. Sin embargo, en reconsideración, el
Tribunal de Primera Instancia desestimó la totalidad
de la demanda por despido injustificado. El foro
primario sostuvo que el despido estuvo justificado y
que respondió a una reorganización provocada por la
merma considerable en ingresos. Entre las
determinaciones de hechos realizadas se encontraba
que el señor Zapata no tenía conocimiento acerca de CC-2012-152 4
si se había contratado a alguien para ocupar el
puesto de Coordinador y Ayudante del Presidente. El
Tribunal de Primera Instancia entendió que no había
controversia sobre este aspecto, debido a que la
Directora de Recursos Humanos declaró que no se había
contratado a nadie para realizar las funciones que el
señor Zapata realizaba en su puesto.
El foro primario no consideró la declaración
jurada presentada por el señor Zapata, ya que sostuvo
que su interpretación pretendía crear una
controversia sobre hechos admitidos por él mismo en
una deposición previa. De esta forma, acogió los
planteamientos de J.F. Montalvo al respecto.
contra ante el Tribunal de Apelaciones.
El foro apelativo intermedio revocó la
determinación del Tribunal de Primera Instancia, por
considerar que J.F. Montalvo no logró refutar la
existencia de controversias sobre ciertos hechos
esenciales. En específico, determinó que aunque hubo
evidencia en cuanto a la reducción de ventas de la
empresa, el recurrido puso en tela de juicio la
necesidad de su despido como parte de una
restructuración, lo que exigía la celebración de una
vista evidenciaria. Sostuvo que los argumentos de
J.F. Montalvo fueron meras alegaciones que debían ser CC-2012-152 5
dirimidas por el tribunal. El mencionado foro
determinó en su sentencia que el señor Zapata aceptó
en su deposición que otros empleados fueron
despedidos y que hubo pérdidas de ingresos. Sin
embargo, señaló que consideraba que su despido fue
injustificado debido a que se contrataron a otros
empleados posteriormente y que, incluso, uno de ellos
fue reclutado para sustituirlo en sus funciones. Por
ello, determinó que J.F. Montalvo no logró refutar la
existencia de controversias sobre hechos esenciales.
Inconforme, J.F. Montalvo compareció ante nos
mediante un recurso de certiorari en el cual señaló,
en síntesis, que erró el Tribunal de Apelaciones al
determinar que existen hechos materiales en
controversia.
En el camino de resolver la controversia ante
nos, la Opinión mayoritaria pauta aspectos
relacionados a: 1) la interpretación sobre el
concepto de justa causa consignado en el artículo
2(e) y (f) de la Ley Núm. 80, supra, cuando existe
una reorganización por enfrentar una reducción en el
volumen de ganancias o ventas de una empresa; 2) los
requisitos para impugnar satisfactoriamente una
solicitud de sentencia sumaria; y 3) el uso de una
declaración jurada que contradice un testimonio CC-2012-152 6
anterior que es traído con el propósito de oponerse a
que sea dictada sentencia sumaria.
Al atender el segundo aspecto, la Opinión
mayoritaria comienza por explicar los requisitos de
la Regla 36.3, supra, sobre la forma de impugnar una
solicitud de sentencia sumaria. Posteriormente, la
Opinión analiza los hechos propuestos por las partes
y si éstos siguieron las formalidades exigidas.
Opinión mayoritaria, págs. 23-27.
En el caso de epígrafe, como mencionamos, la
parte demandada presentó una solicitud de sentencia
sumaria en la cual sostuvo doce hechos, los cuales
alegó que no estaban en controversia. Estos hechos
fueron enumerados del 1 al 12. Por su parte, el señor
Zapata Berríos en su oposición a que se dictara
sentencia de forma sumaria, identificó de manera
enumerada, cinco hechos que consideró que estaban en
controversia. La primera determinación de la Opinión
mayoritaria es que es “indiscutible que la parte
recurrida no sometió una relación concisa y
organizada, con una referencia a los párrafos
enumerados por la parte promovente, de los hechos
esenciales y pertinentes que están realmente y de
buena fe controvertidos, según requiere la R. 36.3
(b) (2)”. Opinión mayoritaria, pág. 26. Basada en esa CC-2012-152 7
premisa errónea, la mayoría concluye que no se
rebatió conforme a la regla ninguno de los 12 hechos
materiales presentados como que no están en
controversia por la parte que solicitó la sentencia
sumaria, debido a que “el recurrido no hizo
referencia expresa al número específico del párrafo
que intentaba rebatir”. Opinión mayoritaria, pág. 36,
nota 11. El efecto, según la mayoría, es que los
hechos presentados en la solicitud de sentencia
sumaria se dan por admitidos. Por considerar que el
mencionado proceder acerca de la forma y la
automaticidad de la determinación de admisión de
estos hechos constituye un rigor desmedido que se
aleja del texto y propósito de nuestras Reglas de
Procedimiento Civil, no estoy de acuerdo con esta
determinación.
A.
Como sabemos, la sentencia sumaria es el
mecanismo procesal adecuado para resolver
controversias que no requieran la celebración de un
juicio. Córdova Dexter v. Sucesión Ferraiuoli, 182
D.P.R. 541, 555-556 (2011); Ramos Pérez v. Univisión,
178 D.P.R. 200, 213 (2010). Hemos reiterado que toda
duda sobre la existencia de una controversia de
hechos bona fide debe ser resuelta contra la parte
que solicita la sentencia sumaria. Córdova Dexter v. CC-2012-152 8
Sucesión Ferraiuoli, supra, pág. 556; González
Aristud v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127, 138 (2006),
Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599,
610 (2000); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v.
Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).
Al determinar acerca de la existencia de
controversias de hechos que impiden dictar sentencia
de forma sumaria, el tribunal debe analizar los
documentos que acompañan la solicitud de sentencia
sumaria y los documentos presentados junto con la
moción en oposición, así como los que obren en el
expediente del tribunal. Ramos Pérez v. Univisión,
supra, pág. 216; Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona,
172 D.P.R. 526, 550 (2007); Sucn. Maldonado v. Sucn.
Maldonado, 166 D.P.R. 154 (2005). Cuando los
documentos no controvertidos que acompañan la moción
de sentencia sumaria demuestran que no hay una
controversia de hechos real y sustancial, y solo
resta aplicar el derecho, la sentencia sumaria
procederá. E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625
(2005). Al respecto, en Ramos Pérez v. Univisión,
supra, pág. 214, este Tribunal expresó que existe una
controversia real cuando la prueba ante el tribunal
es de tal naturaleza que un juzgador racional de los
hechos podría resolver a favor de la parte promovida. CC-2012-152 9
Quien solicita la sumaria, además de demostrar
que no existe controversia de hechos materiales, debe
establecer que como cuestión de derecho procede que
se dicte sentencia a su favor. Soc. de Gananciales v.
Vélez & Asoc., 145 D.P.R. 508, 526 (1998). La
sentencia sumaria se dictará si surge con claridad
que el promovido no prevalecerá bajo ningún supuesto
de hechos y el tribunal tiene ante sí todos los
hechos necesarios para resolver la controversia.
Malavé v. Oriental, 167 D.P.R. 593, 605 (2006) (Per
Curiam). “Esto es, que no tiene derecho a recobrar
bajo cualquier circunstancia que resulte discernible
de la evidencia y que el tribunal cuenta con la
verdad sobre todos los hechos necesarios o materiales
para resolver la controversia ante su consideración”.
J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal
Civil, 2da ed., Ed. Publicaciones JTS, 2011, T. III,
pág. 1040.
El mecanismo de sentencia sumaria es un remedio
discrecional que únicamente se concederá cuando la
evidencia que se presente con la moción establezca la
existencia de un derecho. PFZ Props., Inc. v. Gen.
Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 883, 911 (1994). El
principio rector para su utilización es el
discernimiento del juzgador, ya que de ser mal
utilizada podría despojar a un litigante de su día en CC-2012-152 10
corte, afectando así su debido proceso de ley. Roig
Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613, 617
(1990). Debido a su naturaleza discrecional, su uso
debe ser mesurado. Sucn. Maldonado v. Sucn.
Maldonado, 166 D.P.R. 154, 185 (2005). El propósito
de utilizar este estricto criterio es que al evaluar
una moción de sentencia sumaria no se lesionen los
intereses de las partes. Vera v. Dr. Bravo, 161
D.P.R. 308, 334 (2004).
Los foros apelativos debemos utilizar los mismos
criterios que el Tribunal de Primera Instancia al
momento de determinar si procede una sentencia
sumaria. Íd., págs. 334-335. El foro apelativo
solamente enfrenta las siguientes limitaciones: sólo
puede considerar los documentos que fueron
presentados ante el foro primario y solamente puede
determinar si existe o no alguna controversia genuina
de hechos materiales y esenciales. Const. José Carro
v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 129 (2012); Vera v.
Dr. Bravo, supra, págs. 334-335. Véase además, J.
Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil,
2da ed., Ed. Publicaciones JTS, 2011, T. III, pág.
1042.
En cuanto a la manera de responder una moción de
sentencia sumaria, la Regla 36.3, supra, establece
que la contestación del promovido debe contener lo CC-2012-152 11
siguiente: 1) una exposición breve de las
alegaciones; 2) los asuntos litigiosos o en
controversia; 3) la causa de acción, reclamación o
parte respecto a la cual es solicitada la sentencia
sumaria; 4) una relación concisa y organizada, con
una referencia a los párrafos enumerados por la parte
promovente, de los hechos esenciales y pertinentes
que están realmente y de buena fe controvertidos, con
indicación de los párrafos o las páginas de las
declaraciones juradas u otra prueba admisible en
evidencia donde se establecen los mismos, así como de
cualquier otro documento admisible en evidencia que
se encuentre en el expediente del tribunal; 5) una
enumeración de los hechos que no están en
controversia, con indicación de la prueba admisible
en evidencia donde se establecen los mismos, así como
de cualquier otro documento admisible en evidencia
que se encuentre en el expediente del tribunal; y 6)
las razones por las cuales no debe ser dictada la
sentencia, argumentando el derecho aplicable. Regla
36.3 (b), supra.
B.
La Opinión mayoritaria presupone que nuestra
Regla 36, supra, requiere que la contestación a la
solicitud de sentencia sumaria indique
específicamente los párrafos, según enumerados por el CC-2012-152 12
promovente. Sin embargo, lo que dispone la regla es
que debe hacerse una referencia a los párrafos
enumerados por la parte promovente. Ello no es
equivalente a requerir establecer específicamente el
número del hecho planteado que se pretende rebatir.
La Regla 56 de las Reglas de Procedimiento Civil
federal, la cual sirvió de modelo para la creación de
nuestra regla referente a la sentencia sumaria, no
dispone la forma específica de sustentar la oposición
a la sentencia sumaria. Algunos estados, por su
parte, han adoptado reglas que disponen un sistema de
referencia estilo contrapuntos (“counterpoints”).
Este estilo requiere incluir una contestación con
indicación de la correspondiente enumeración para
cada uno de los hechos sometidos. 11 Moore’s Federal
Practice 3d Sec. 56.70 (5)(c), pág. 152.1 (2013).
A diferencia de otras jurisdicciones, en las que
específicamente se dispone que se darán por admitidos
los hechos si no se controvierten específicamente por
un párrafo con la correspondiente enumeración,
nuestra regla lo que exige es que se haga una
referencia al párrafo. En Moore’s Federal Practice se
reconoce una distinción entre los estados que
requieren el sistema de “point” y los que exigen el
“counterpoint”. Requerir una referencia a los
párrafos no es lo mismo que el sistema de CC-2012-152 13
“counterpoints”.54 Nuestra regla no dispone los
requisitos que la Opinión mayoritaria intenta
incorporar y requerir al sostener que la solicitud de
sentencia sumaria debe ser contestada de manera
específica, señalando cada uno de los hechos
establecidos mediante indicación del número del
párrafo.
C.
Por su parte, la Regla 36.3 (d) dispone que, a
Por ejemplo, las reglas locales del estado de 54
Oklahoma establecen un sistema claro de “counterpoint”. La regla 56.1 dispone lo siguiente:
The brief in opposition to a motion for summary judgment (or partial summary judgment) shall begin with a section which contains a concise statement of material facts to which the party asserts genuine issues of fact exist. Each fact in dispute shall be numbered, shall refer with particularity to those portions of the record upon which the opposing party relies and, if applicable, shall state the number of the movant’s facts that is disputed. All material facts set forth in the statement of the material facts of the movant may be deemed admitted for the purpose of summary judgment unless specifically controverted by the statement of material facts of the opposing party. Local Rules, W. D. Okla., L. R. 56.1.
Las reglas locales de Nebraska y Missouri también incluyen la misma fraseología: (“… and, if applicable, must state the number of the paragraph in the movant’s statement of material facts that is disputed.”) Véanse: NE.Civ.R. 56.1; U.S.Dist.Ct.Rules W.D.Mo., Rule 56.1. CC-2012-152 14
dispone la regla, toda relación de hechos expuesta en
la moción de sentencia sumaria o en su contestación
podrá considerarse admitida si se indican los
párrafos o las páginas de las declaraciones juradas o
de otra prueba admisible en evidencia donde ésta se
establece. Regla 36.3 (d), supra. Aún de considerarse
que la relación de hechos de la moción no fue
debidamente controvertida, no por ello son
automáticamente admitidos los hechos presentados en
la moción de sentencia sumaria o en su contestación.
La regla lo que dispone es que “podrá considerarse
admitida”. Ello ocurrirá luego de que el tribunal
analice la prueba ante sí. Debe entenderse que a lo
que se refiere la regla, al establecer que “podrá
considerarse admitida”, es que está ante la
consideración del tribunal y el juzgador determinará
acerca de la misma. “[E]l Tribunal debe examinar los
autos como un todo y toda la prueba que obra allí”.
Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1059; Reeves v.
Sanderson Plumbing Prod., 147 Le 2d 105, 121 (2000).
La parte contra quien se solicita la sentencia
sumaria no siempre tiene que presentar evidencia
adicional ni ésta serle requerida para que no sea
dictada sentencia sumaria en su contra. Moore’s
Federal Practice, supra, 56.41 (1) (b). El tribunal
atenderá los documentos en el récord y determinará si CC-2012-152 15
éstos demuestran que existe una genuina controversia
de hechos. Íd. La manera en que se responda una
solicitud de sentencia sumaria no tiene el drástico
efecto de admitir automáticamente los hechos
presentados por la parte que solicita la sumaria como
hechos esenciales que no están en controversia.
A tenor con una interpretación integral del
resto del texto de la propia Regla 36.3, supra,
podemos constatar que resulta ilógico dar por
admitidos los hechos de manera automática. Al
analizar una disposición legal no debemos
interpretarla en el vacío, sino en el contexto de
todo el estatuto. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra,
Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto
Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987,
Vol. 1, pág. 245. Siguiendo este principio para poder
precisar cuál sería el efecto de la frase “podrá
considerarse admitida”, al examinar en conjunto las
disposiciones de la Regla 36, supra, surge con
claridad que el efecto no puede ser de admisibilidad
automática. Veamos.
En las situaciones en que la parte contra quien
se presenta la solicitud no contesta ésta en el
término dispuesto para ello -escenario más drástico
que cuando se contesta sin seguir la fórmula
propuesta por la mayoría-, el efecto que impone la CC-2012-152 16
regla es que la moción queda sometida para la
consideración del Tribunal. Regla 36.3 (e) de
Procedimiento Civil, supra. Ni siquiera en ausencia
de oposición a una solicitud de sentencia sumaria se
entiende que los hechos presentados por el promovente
podrían darse por admitidos automáticamente, como
intima la Opinión mayoritaria. Por el contrario, la
solicitud será considerada por el Tribunal, el cual
dictará la sentencia sumaria si no hay controversia
real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y
pertinente, y si como cuestión de derecho ésta
procede. Es decir, simplemente estos hechos quedan
sometidos para la consideración del Tribunal.
Presentar una oposición a la solicitud de sentencia
sumaria, bajo el estándar de rigor desmedido
incorporado por la Mayoría, acarrea un efecto más
lesivo que no presentar contestación alguna. Mantener
el alcance de la ponencia mayoritaria es contrario al
propósito que inspiró la adopción del actual texto de
despejar controversias. Es decir, sería un
contrasentido que la parte que no se opone a una
sumaria cuente con mayor protección del Tribunal que
la parte que se activó y se opuso a la petición.
Además de lo que deberá contener la contestación
a la moción de sentencia sumaria, la Regla 36, supra,
dispone en su inciso (c) que la parte contraria no CC-2012-152 17
puede descansar en sus alegaciones, sino que deberá
contestar de forma tan detallada y específica como lo
ha hecho la parte promovente. Independientemente del
formato, lo que dispone este inciso es que el que se
opone a la solicitud deberá informar las bases de su
moción e identificar las porciones de la evidencia en
las que se fundamenta, en forma tan específica como
lo hizo la parte promovente. Regla 36 (c), supra. El
mismo inciso dispone que el efecto de no cumplir con
lo anterior será que se dictará sentencia sumaria en
su contra si procede.
La inquietud de la interpretación que hoy este
Tribunal establece sobre lo que dispone la Regla 36,
supra, va más allá de los vocablos utilizados.
Preocupa el efecto de la determinación de
admisibilidad. La Opinión mayoritaria dispone que al
esos 12 hechos darse por admitidos, los 5 hechos que
la parte contraria expone que están en controversia
en su oposición a que se dicte sentencia sumaria,
solamente se considerarán si sugieren hechos
materiales adicionales que hagan improcedente dictar
sentencia sumaria, según solicitado. De esta manera,
el juzgador no podría considerar los hechos
presentados en una contestación como hechos que la
parte sostiene están en controversia, ni así tampoco
los documentos en el expediente a los que los CC-2012-152 18
párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u
otra evidencia a la que se hace referencia, si no
sugieren hechos adicionales y no se controvirtieron
mediante referencia al número del párrafo específico.
Al amparo de esta interpretación, el juzgador tiene
carta abierta para hacer caso omiso de toda esa
evidencia en el expediente, aunque revelen hechos
contradictorios a los sometidos por la parte que
solicitó la sentencia sumaria.
Reconozco que el inciso (d) de la citada Regla
36.3, en su segundo párrafo, establece que el
tribunal no tiene la obligación de considerar
aquellos hechos que no han sido específicamente
enumerados y que no tienen una referencia a la prueba
donde se establecen. El tribunal tampoco tiene
obligación de considerar cualquier parte de una
declaración jurada o de otra prueba admisible en
evidencia a la que no se haya hecho referencia en una
relación de hechos. Sin embargo, el tribunal debe
hacerlo, de así entenderlo necesario. El objetivo de
aligerar la tramitación de los casos no debe
menoscabar el principio de alcanzar una solución
justa. Ninguna parte de esta disposición establece
que no se podrán considerar hechos presentados si
sugieren hechos contradictorios a los sometidos por
la parte que solicitó la sentencia sumaria y no se CC-2012-152 19
controvierten mediante referencia al número del
párrafo específico. Tampoco impide que se considere
la prueba a la que se hace referencia. Por el
contrario, el inciso (e) de la Regla 36.3, supra,
dispone que “la sentencia solicitada será dictada
inmediatamente si las alegaciones, deposiciones,
contestaciones a interrogatorios y admisiones
ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si
las hay, u otra evidencia, demuestran que no hay
controversia real sustancial en cuanto a algún hecho
esencial y pertinente y que, como cuestión de
derecho, el tribunal debe dictar sentencia sumaria a
favor de la parte promovente”. Regla 36.3, supra.
Esto presupone que se considerará de forma integral y
no automatizada la prueba ofrecida a la que se hace
referencia.
Es decir, el tribunal no tiene discreción para
hacerse de la vista larga si existe evidencia
señalada que sostiene una controversia de hechos por
el automatismo de admitir los hechos presentados por
la parte promovente y que no fueron debidamente
controvertidos. Mucho menos cuando la propia
disposición lo que establece es que la relación de
hechos expuesta y no controvertida, según lo
dispuesto en la regla podrá considerarse admitida. CC-2012-152 20
El Informe de las nuevas Reglas de Procedimiento
Civil del Secretariado de la Conferencia Judicial
demuestra que el Comité entendió importante expresar
en la Regla 36 los requisitos del contenido de la
solicitud de sentencia sumaria y su correspondiente
contestación, ya que ello facilita el trámite de su
consideración ante el tribunal. Informe de las Reglas
de Procedimiento Civil del Secretariado de la
Conferencia Judicial y Notarial, Tribunal Supremo de
Puerto Rico, pág. 405 (2008). Sin embargo, señala el
Informe que antes de tomar una decisión, el tribunal
analizará los documentos que acompañan la solicitud y
su oposición, así como los que obran en el expediente
y, a base de ello, determinará si la parte que se
opone controvirtió algún hecho importante y
pertinente. Íd., pág. 406. Esto se justifica, ya que
en aquellos casos que no exista una clara certeza
sobre los hechos importantes y pertinentes de la
controversia, no procede una sentencia sumaria. Íd.,
pág. 407. Por lo tanto, el juzgador tiene un deber no
discrecional de analizar los documentos que se
acompañan, tanto a la solicitud, como a su
contestación, independientemente del formato del
contenido de la moción.
Sin embargo, la interpretación que sostiene la
Opinión mayoritaria altera las normas básicas de la CC-2012-152 21
concesión de una sentencia sumaria. Más allá de una
mera interpretación de la referida Regla, este
Tribunal impone, por fiat judicial, unas
consecuencias no contempladas en la Regla 36, supra.
Como agravante, se aleja del propio texto de la norma
interpretada y sus consecuencias serán contrarias al
propósito y a la propia naturaleza de la sentencia
sumaria. De esta manera, una mayoría de este Tribunal
optó por traer el automatismo por la cocina,
concediéndoles un cheque en blanco a los jueces de
los tribunales de instancia para hacer caso omiso a
evidencia en el expediente, aunque de ésta surja
claramente que existe controversia de hechos que
impide dictar sentencia de forma sumaria.
Además, la Opinión mayoritaria disfraza su plan
de automatismo invocando erróneamente la discreción
que merece el foro primario. Sostiene que las
determinaciones discrecionales del Tribunal de
Primera Instancia no serán revocadas a menos que se
demuestre que el foro primario abusó de su
discreción. Sin embargo, debemos recordar que al
determinar si procede una sentencia sumaria los foros
apelativos debemos utilizar los mismos criterios que
el foro primario. En el presente recurso, nos
encontramos en la misma posición que el Tribunal de
Primera Instancia. Al evaluar el expediente, estamos CC-2012-152 22
en igual situación para determinar si existe o no
alguna controversia genuina de hechos materiales y
esenciales.
El tercer aspecto que trata la Opinión
mayoritaria es el uso de una declaración jurada por
una parte para contradecir un testimonio anterior,
con el fin de impedir que se dicte sentencia sumaria
en su contra. Conforme con esta doctrina, una parte
no puede crear una controversia de un hecho material
mediante una declaración jurada que contradice el
testimonio anterior, ello con el fin de impedir que
se dicte sentencia de forma sumaria. Van Asdale v.
International Game Technology, 577 F.3d 989 (9no Cir.
2004). En estas circunstancias, el hecho que se alega
está en controversia se puede percibir como un engaño
y, por tanto, no ser considerado un impedimento para
conceder la sentencia sumaria. Doe ex rel. Doe v.
Dallas Independent School Dist., 220 F. 3d 380 (5to
Cir. 2000). Esta norma es conocida como “sham
affidavit doctrine”.
Sin embargo, no debe rechazarse una declaración
jurada de una parte solo porque está en conflicto en
algún grado con la deposición anterior. Kennett-
Murray Corp. v. Bone, 622 F. 2d 887 (5to Cir. 1980).
Tampoco toda declaración jurada contradictoria es CC-2012-152 23
considerada como un engaño para que no sea dictada
sentencia sumaria. De Luca v. Trustees of University
of Pennsylvania, 834 F.Supp. 2d 282 (E.D. Pa. 2011).
Una genuina controversia de hechos puede surgir de la
declaración jurada, aun si está en conflicto con la
declaración anterior. Palazzo ex rel. Delmage v.
Corio, 232 F. 3d 38 (2do Cir. 2000); Kennett-Murray
Corp. v. Bone, supra.
Cuando es empleada adecuadamente y no de forma
inflexible, esta doctrina ha sido de gran valor para
las cortes en otras jurisdicciones. C. J. Cox,
Reconsidering the sham affidavit doctrine, 50 Duke L.
J. 261, 284 (2000). Por ello, aunque la norma ha sido
adoptada por la mayoría de los circuitos federales,
no es aplicada mecánicamente. 11 James W. Moore,
Moore’s Federal Practice Sec. 56.14[1][f] at 179 (3d
ed. 1997); Shelcusky v. Garjulio, 172 N. J. 185, 196
(2002).
Esta doctrina debe usarse con prudencia y
solamente en situaciones en las que la declaración
inicial contiene respuestas inequívocas a preguntas
claras, precisas y libres de ambigüedad sobre un
hecho medular. Yeager v. Bowlin, 693 F. 3d. 1076 (9no
Cir. 2012). Solo debe concederse la sentencia sumaria
luego de determinar que la declaración jurada CC-2012-152 24
presenta un engaño de un elemento esencial y que la
inconsistencia es clara e inequívoca.
Hollins v. Delta Airlines, 238 F. 3d 1255 (10to Cir.
2011); Ram v. Infinity Select Ins., 807 F. Supp. 2d
843 (N. D. Cal. 2011); Croom v. Balkwill, 645 F. 3d
1240 (11mo Cir. 2011). Por ello, para que sea de
aplicación la mencionada doctrina, es necesario que
la inconsistencia entre el testimonio de la
deposición y la declaración jurada posterior sea una
manifiesta o patente. García v. Sprint PCS Caribe,
841 F.Supp.2d 538 (2012); Van Asdale v. Int’l Game
Tech, supra; Kennett-Murray Corp. v. Bone, supra.
Solamente así la declaración quedará derrotada y no
se admitirá. Íd.
Algunas de las circunstancias en las que no debe
excluirse la declaración es cuando ésta amplía o
explica el testimonio ofrecido en una deposición
anterior. Lipsteuer v. CSX Transp., Inc., 37 S.W. 3d
732 (Ky. 2000). 73 Am. Jur. 2d Summary Judgment Sec.
57, Affidavit contradicting earlier sworn testimony,
2013. Ello ocurre cuando las contestaciones de la
deposición no son tan claras o las preguntas son
ambiguas y la declaración jurada posterior crea una
controversia genuina, mediante el ofrecimiento de
hechos adicionales. 10 A. Charles Alan Wright, Arthur
R. Miller & Mary Kay Kane, Federal Practice & CC-2012-152 25
Procedure, Sec. 2726 (3ra ed. 1998); Shelcusky v.
Garjulio, 172 N. J. 185 (2002). La otra excepción
reconocida por algunos circuitos es cuando la
declaración jurada presenta evidencia que no era
conocida con anterioridad o fue recordada
posteriormente por el declarante. Adelman-Tremblay v.
Jewel Companies, Inc., 859 F. 2d 517 (7mo Cir. 1988).
(“Newly-remembered facts, or new facts, accompanied
by reasonable explanation, ordinarily should not lead
to the striking of a summary judgment declaration as
a sham…”.) Yeager v. Bowlin, supra; Cleveland v.
Policy Management Systems Corp., 526 U.S. 795 (1999).
El tribunal debe observar si el testimonio posterior
refleja el testimonio original del deponente, o si
otras circunstancias le convencen de que las
enmiendas deben permitirse. Axxiom Mfg., Inc. v.
McCoy Investments, Inc., 846 F. Supp. 2d 732 (S. D.
Tex. 2012).
En numerosas ocasiones las declaraciones juradas
que se presentan junto a una oposición a que dicte
sentencia sumaria no son fraudulentas. Por esta
razón, además de las mencionadas excepciones, muchas
cortes federales han desarrollado una práctica
general, mediante la cual es considerada válida la
declaración posterior hasta que se pruebe que es en
efecto un engaño (“sham”). Véanse: Darnell v. Target CC-2012-152 26
Stores, 16 F.3d 174, 179 (7mo Cir. 1994); Kennedy v.
Allied Mut. Ins. Co., 952 F.2d 262, 267 (9no Cir.
1991). Según esta práctica, previo a determinar si
una declaración jurada debe ser descartada para crear
una controversia con el propósito de que no se pueda
dictar sentencia sumaria, el tribunal debe realizar
una determinación factual de si la declaración jurada
que contradice la anterior deposición es en realidad
un engaño (“sham”). Kennedy v. Allied Mut. Ins. Co.,
supra. De esta forma, esta regla no puede disponer
automáticamente de todo caso en el que se presenta
una declaración jurada que parece ser contradictoria
a una declaración anterior para sustentar una
oposición a que se dicte sentencia sumaria. Esto va
en armonía con la visión de que las inferencias deben
de verse a la luz más favorable de quien se opone a
que se dicte sentencia sumaria en el caso. Cox,
supra, pág. 280.
Como vemos, aunque existe una regla general en
los diversos circuitos que han aplicado esta doctrina
acerca de que una parte no puede crear una
controversia de hechos mediante una declaración
jurada que contradice su testimonio anterior, esta
norma tiene unos requisitos para su aplicación y una
serie de excepciones reconocidas. La primera
determinación que debe realizarse es si existe una CC-2012-152 27
contradicción. De existir, debe evaluarse si la misma
es una contradicción clara y patente. Yeager v.
Bowlin, supra, pág. 1080. Igualmente, para aplicar
esta doctrina, el tribunal debe realizar primero una
determinación acerca de si la contradicción es en
realidad un “sham”. Kennedy v. Allied Mut. Ins. Co.,
supra. Además, un tribunal no debe de aplicar esta
doctrina cuando la contradicción es explicada
razonablemente, cuando existió confusión o falta de
claridad en las preguntas de la deposición anterior,
o cuando la nueva declaración se basa en evidencia
hasta entonces desconocida. Íd.
Establecida la norma general, sus requisitos y
sus excepciones, pasemos a determinar si la norma de
“sham affidavit doctrine” es de aplicación a los
hechos ante nos.
En la deposición realizada al señor Zapata se le
preguntó en cuáles hechos alegaba que el despido fue
injustificado. El abogado le preguntó si se basaba en
que contrataron a otras personas, a lo que el señor
Zapata respondió que se basaba en eso y en otras
cosas más. Luego, el señor Zapata mencionó la
situación del trato hacia él y sostuvo que había
otras cosas, pero que no las podía decir. El abogado
entonces le dijo lo siguiente: “Bueno, pero en
relación a su despido que usted alega que es CC-2012-152 28
injustificado es en lo que usted ha dicho aquí bajo
juramento, ¿correcto?”. Ap. del recuso de certiorari,
Deposición, pág. 20. El señor Zapata respondió
diciendo “es correcto”, y se dio por terminada la
toma de deposición. Íd. Luego, en la oposición a que
se dictara sentencia sumaria, el señor Zapata sostuvo
en una declaración jurada que se habían otorgado
bonos de productividad a ciertos empleados. La
Opinión mayoritaria concluye que no podía traer por
vez primera en la oposición a la sumaria el asunto de
los bonos de productividad. La justificación de la
Opinión mayoritaria para ello es la citada
jurisprudencia federal que establece que no puede una
parte de forma acomodaticia acompañar una declaración
jurada que contradice o impugna una declaración
anterior para establecer una controversia de hechos
artificial.
Conforme al derecho anteriormente expuesto,
considero que no es de aplicación esta regla a la
circunstancia en el caso de epígrafe debido a que no
es una contradicción el no traer el fundamento de los
bonos de productividad en la deposición. Contestar
algunos fundamentos y expresamente decir que hay
otros fundamentos, pero que no los adelantará, no es
lo mismo que contradecir. CC-2012-152 29
Precisamente, el objetivo del “sham affidavit
doctrine” es que una persona no presente una
declaración posterior con el propósito de dar una
versión simulada, ficticia o falsa de hechos con el
propósito de impedir que se dicte sentencia sumaria
en su contra. Un tribunal no debe aplicar esta
doctrina cuando la contradicción no es una patente
con el testimonio anterior o cuando no exista una
incompatibilidad. La declaración jurada ofrecida por
el señor Zapata no parece presentar una versión
simulada, ficticia o falsa de hechos. Por el
contrario, trajo elementos los cuales consideraba que
debían ser expresados y que contravenían el que se
dictara sentencia sumaria.
Sin embargo, aun sin considerar que debe ser
descartada por ser supuestamente contradictoria a lo
declarado en la deposición, considero que el hecho de
brindar bonos de productividad a empleados
posteriormente a realizar los despidos por la
supuesta reorganización por reducción en las
ganancias o productividad, no es un hecho que vaya en
contra de la alegación de la supuesta reorganización
por disminución de ventas o ganancias en este caso.
La Opinión mayoritaria reconoce ello. Sostiene que no
debía considerarse el señalamiento del señor Zapata,
acerca de que se habían brindado bonos de CC-2012-152 30
productividad posterior a su despido, porque esto no
debía ser motivo para no brindar la sentencia sumaria
solicitada. Una reducción de empleados motivada por
una reducción en las ventas o ganancias no es óbice
para que se brinden bonos de productividad a otros
empleados. Por ello, esta alegación no planteaba una
controversia sobre un hecho esencial, según requerido
por la Regla. En consecuencia, resulta innecesaria la
consideración de la introducción del “sham affidavit
doctrine” a nuestro ordenamiento y la aplicación de
esta norma a los hechos ante nos.
Por último, evaluemos si procedía dictar
sentencia sumaria en el caso de epígrafe o si, por el
contrario, existían hechos en controversia que
imposibilitaba que fuera dictada.
De entrada, surge que hay controversia sobre el
hecho número 12 presentado por J.F. Montalvo, acerca
de si se contrató a alguien para llevar a cabo las
funciones que realizaba el señor Zapata.
Sin embargo, la Opinión mayoritaria no atendió
el hecho número 5 planteado por el señor Zapata en su
oposición por considerar que estaba relacionado con
el hecho número 12 presentado por J.F. Montalvo, pero
que no se cumplió con el nuevo automatismo que se
pauta por la mayoría para oponerse. Así, hacen caso CC-2012-152 31
omiso sobre el mismo, tal cual no hubiese sido
planteado y no estuviese sustentado en el expediente.
J.F. Montalvo en su solicitud de sentencia
sumaria sostuvo como hecho número 12 que el señor
Zapata no sabía si se había contratado a alguien para
su puesto y presentó una declaración jurada de la
Directora de Recursos Humanos de la compañía a los
efectos de establecer que no había controversia sobre
este aspecto. En su declaración, la Directora de
Recursos Humanos señaló que el señor Zapata era la
única persona en el puesto de Coordinador y Ayudante
del Presidente al momento de su despido. Además,
sostuvo que no se había contratado a nadie para
realizar las funciones que realizaba el señor Zapata
hasta el momento de esa declaración.55
Por su parte, el señor Zapata sostuvo en su
oposición a que se dictara sentencia sumaria,
específicamente en el hecho 5, que se había
contratado a alguien para realizar las funciones
pertinentes al puesto que ocupaba. Más aún,
especificó que habían contratado al Sr. Luis Arroyo
Algorrí para realizar sus funciones. Lo anterior fue
En específico, expresó lo siguiente: “Al día de 55
hoy en J.F. Montalvo no se ha contratado a nadie para realizar las funciones que ejercía José J. Zapata Berríos en su posición de Coordinador y Ayudante del Presidente”. CC-2012-152 32
sustentado mediante indicación de las
correspondientes páginas de su deposición.
El foro primario determinó que el señor Zapata
no tenía conocimiento si se había contratado a
alguien para ocupar el puesto de Coordinador y
Ayudante del Presidente. Sin embargo, entendió que no
existía controversia sobre este aspecto debido a la
declaración realizada por la Directora de Recursos
Humanos, en la cual expresó que no se había
señor Zapata llevaba a cabo en su puesto.
La declaración jurada de la Directora de
Recursos Humanos no sostiene que no se contrató a
nadie para el puesto de Coordinador y Ayudante de
Presidente, solamente sostiene que no se contrató a
nadie para realizar las funciones del puesto.
Notoriamente, existe controversia entonces sobre si
J.F. Montalvo contrató o no personal para ocupar el
puesto de Coordinador y Ayudante del Presidente. La
compañía podía presentar descripciones del puesto de
las personas contratadas y no lo hizo. Tampoco existe
claridad acerca de si se contrató personas dentro de
la clasificación ocupacional, elemento esencial en
este caso en el que el patrono alegó como justa causa
para el despido del señor Zapata una reorganización
de la empresa en la que determinó que no necesitaba CC-2012-152 33
las funciones del empleado despedido. J.F. Montalvo
no logró establecer los elementos esenciales de su
defensa.56
La Opinión mayoritaria sostiene que una
redistribución de funciones como consecuencia de la
eliminación de un puesto no equivale a una
sustitución en el empleo. Una redistribución de
funciones no es lo mismo que el reempleo de otras
personas. Conviene recordar que si se contratan a
otras personas para realizar las mismas funciones de
quien fue despedido debe cumplirse con los requisitos
establecidos en los incisos referentes al reempleo,
porque de lo contrario podría ser un despido en
Es importante señalar que cuando la parte que 56
solicita la sentencia sumaria es la parte con el peso de la prueba en el juicio, la carga de la prueba para que su solicitud de sentencia sumaria prevalezca debe ser mayor. Tiene que demostrar que puede probar los elementos esenciales de su defensa o reclamo. “[W]here the moving party is the party with the ultimate burden of proof at trial, the prima facie burden is often higher, requiring that the party to show that it can, in fact, carry its burden of proving all essential elements of its claim or defense.” S. Baicker-Mckee y otros, Federal Civil Rules Handbook, Thomson West, 2013, págs. 1121-1122, citando a J.S. ex rel. Snyder v. Blue Mountain School Dist., 650 F. 3d 915, 925 (3er Cir. 2011); Mauerhan v. Wagner Corp., 649 F. 3d 1180, 1185 (10mo Cir. 2011); VRV Development L.P. v. Mid-Continent Cas. Co., 630 F 3d 451, 455 (5to Cir. 2011). Por ello, cuando un patrono demandado al amparo de la Ley Núm. 80, supra, presenta una solicitud de sentencia sumaria, éste debe probar los elementos esenciales de su defensa. CC-2012-152 34
violación a la Ley Núm. 80, supra. Véase Art. 3, Ley
Núm. 80, 29 L.P.R.A. sec. 185(c).
La misma Opinión mayoritaria señala que esa
redistribución de tareas podría darse entre uno o
varios empleados restantes de la empresa. No
obstante, al reclutar a nuevos empleados es necesario
cumplir con las disposiciones de reempleo
mencionadas. La Ley Núm. 80, supra, no impide que una
vez se despidan empleados por razones atribuibles a
la empresa, sus funciones sean asignadas a otros
empleados que mantendrán sus respectivos puestos. Sin
embargo, si el patrono decide volver a emplear a
personas para que lleven a cabo labores iguales o
similares a las que realizaba la persona despedida,
el principio de antigüedad debe respetarse entre
empleados que estén en la misma clasificación
ocupacional, siempre que cuenten con las destrezas
necesarias o que pueda adiestrarse en un tiempo corto
y a un costo mínimo. Íd. Debe seguirse el orden de
antigüedad en la reposición cuando “dentro de los
seis (6) meses siguientes a su cesantía el patrono
tuviere la necesidad de emplear a una persona en
labores iguales o similares a las que desempeñaban
dichos empleados al momento de su despido, y dentro
de su clasificación ocupacional”. Guía Revisada para
la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 80, CC-2012-152 35
Aprobada el 30 de mayo de 1976, según enmendada,
2000, pág. 37. Si existiera “una diferencia clara o
inconcusa a favor de la eficiencia, capacidad o
utilidad del empleado, estos criterios serán
utilizados en lugar de la antigüedad”. Íd.
Un patrono no puede despedir de manera
caprichosa a empleados tratando de justificar el
despido al amparo de alguno de los incisos
mencionados y no cumplir con el principio referente
al reempleo cuando decide contratar empleados para
realizar las funciones que realizaba el empleado
despedido. Preocupa que el uso de meros cambios de
clasificaciones ocupacionales pudiera usarse como
subterfugio con el fin de no cumplir con este
principio de reempleo. Por esta razón, las funciones
de los empleados que son contratados dentro del
periodo dispuesto son relevantes para realizar una
determinación acerca de si el despido estuvo
justificado. Por tanto, es necesario establecer, si
el patrono cumplió con este principio, en caso de que
se hayan empleado a personas durante el periodo
comprendido en la ley.
En el caso de epígrafe, existe controversia
sobre si se contrataron empleados con posterioridad
al despido del señor Zapata, y dentro de los 6 meses
de su despido, para labores iguales o similares a las CC-2012-152 36
que desempeñaban dichos empleados al momento de su
despido, y dentro de su clasificación ocupacional.
Además, el empleado puso en controversia la necesidad
de su despido como parte de la alegada
reestructuración, justificación brindada por el
patrono. Esta realidad impedía conceder la sentencia
sumaria en cuestión. Del expediente se desprende la
necesidad de recibir prueba y escuchar testimonio en
cuanto a hechos esenciales a la controversia. Además,
J.F. Montalvo no logró establecer los elementos
esenciales de su defensa. Existen controversias que
impedían dictar sentencia de forma sumaria y
determinar que el despido estuvo justificado.
Aun bajo el análisis que realiza la Opinión
mayoritaria acerca de la forma de oponerse a una
sentencia sumaria, llegaríamos a igual determinación
que la anteriormente expresada. Surgen del expediente
controversias genuinas al respecto, y este Tribunal
no debe ignorar ello. Es un principio esencial que la
sentencia sumaria solamente debe dictarse en casos
claros, y cualquier duda sobre si un hecho ha sido
contradicho debe resolverse a favor de la parte que
se opone a que sea dictada sentencia sumaria. Al
considerar de forma integral y no automatizada la
prueba ofrecida a la que se hace referencia,
recalcamos que llegaríamos a la misma conclusión CC-2012-152 37
acerca de la existencia de evidencia señalada que
sostiene una controversia de hechos.
Por los fundamentos antes expuestos, disiento
del criterio mayoritario. En su lugar, confirmaría el
dictamen del Tribunal de Apelaciones, y en
consecuencia, denegaría la solicitud de sentencia
sumaria y devolvería al Tribunal de Primera Instancia
para la continuación de los procedimientos.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado
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