EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: Certiorari
2015 TSPR 7
Jorge A. Vera Vélez 192 DPR ____
Número del Caso: CP-2012-17 Cons. AB-2013-351 AB-2006-301
Fecha: 14 de enero de 2015
Abogado de la Parte Querellada:
Lcdo. Peter Ortiz Gustafson
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Tatiana Grajales Torruellas Subprocuradora General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontanez Procuradora General Auxiliar
Materia: Conducta Profesional - La suspensión será efectiva el 3 de febrero de 2015, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Jorge A. Vera Vélez CP-2012-17 Cons. AB-2013-351 AB-2006-301
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 14 de enero de 2015.
Hoy este Tribunal tiene la encomienda de
ejercer una vez más su rol inherente de regular la
profesión legal. A tal fin, estamos obligados a
suspender inmediata e indefinidamente de la
abogacía a un miembro de la profesión. Esta acción
disciplinaria encuentra su génesis en la reiterada
inobservancia de los preceptos éticos que rigen la
profesión jurídica y en el incumplimiento de
responder oportunamente a las órdenes y
requerimientos emitidos por esta Curia. Con ello,
hacemos hincapié en que no toleraremos cursos de
acción que atenten contra la integridad de nuestra
ilustre profesión y trastoquen la confianza del CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 2
Pueblo con relación a la calidad de los servicios legales
que recibe.
A continuación, reseñamos los antecedentes fácticos
y procesales que originan el aludido dictamen.
I
El caso de epígrafe se remonta al 2006 cuando la
Sra. Victoria Bonilla De Jesús (señora Bonilla De Jesús o
querellante) presentó una queja contra el Lcdo. Jorge A.
Vera Vélez (licenciado Vera Vélez o querellado).1 En
esencia, la señora Bonilla De Jesús adujo que habían
transcurrido más de 15 años desde que su hermano contrató
los servicios del licenciado Vera Vélez para la
otorgación de una Escritura de segregación, liquidación
parcial de herencia, servidumbre y compraventa de la
finca de su fenecido padre. A esos fines, el 4 de mayo de
1995, el referido letrado otorgó la Escritura Núm. 19 y,
en igual fecha, la Escritura Núm. 20 sobre Cesión en uso
público de un predio a favor del Departamento de
Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto
1 El licenciado Vera Vélez fue admitido al ejercicio de la abogacía el 3 de noviembre de 1960 y a la práctica de la notaría el 23 de noviembre del mismo año. Es menester señalar que el 14 de octubre de 2003, el aludido licenciado fue suspendido indefinidamente del ejercicio de la notaría mediante Opinión Per Curiam, In re Vera Vélez, 160 DPR 479 (2003). Con anterioridad, lo suspendimos de la práctica de la notaría por el término de un año mediante Opinión Per Curiam, In re Vera Vélez, 148 DPR 1 (1999). Asimismo, en virtud de la Opinión Per Curiam, In re Vera Vélez, 136 DPR 284 (1994), lo censuramos y apercibimos por no actuar conforme a los preceptos de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2001 et seq. CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 3
Rico y de otro predio a favor del municipio de Arecibo.2
Luego de varios trámites, el 11 de junio de 2001, ambos
documentos notariales, en conjunto con otros, fueron
presentados ante el Registro de la Propiedad (Registro).
La señora Bonilla De Jesús alegó que posteriormente
visitó en varias ocasiones la oficina del licenciado Vera
Vélez para conocer el estatus de las escrituras otorgadas
y éste le informó que se encontraban presentadas ante el
Registro. Ante ello, la querellante acudió al Registro en
donde le manifestaron que las escrituras no podían ser
inscritas, toda vez que adolecían de defectos que
necesitaban ser subsanados.3 También se le informó a la
querellante que las faltas habían sido notificadas al
licenciado Vera Vélez y que éste nunca recogió las
escrituras. Interpelado por la señora Bonilla De Jesús en
relación al particular, el letrado le entregó el
documento necesario para que ésta retirara las escrituras
del Registro. Así las cosas, el 30 de diciembre de 2002,
2 Esta cesión fue aceptada por los organismos concernidos mediante la Escritura Núm. 33 de 14 de abril de 1999. 3 Las faltas fueron notificadas por el Registro de la Propiedad el 10 de octubre de 2002. Entre las deficiencias señaladas se encuentran las siguientes: (1) falta de certificaciones pertinentes al negocio jurídico; (2) falta de pago de aranceles; (3) necesidad de otorgar actas de subsanación y de edificación; (4) falta de claridad en términos de las proporciones privativas o gananciales de la propiedad; (5) falta de explicación con relación a la comparecencia de alguno de los otorgantes; (6) falta la comparecencia de personas indispensables al negocio jurídico; entre otras. CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 4
la querellante procedió a retirar los documentos del
Registro y se los entregó al licenciado Vera Vélez para
su subsanación. La señora Bonilla De Jesús sostuvo que
hasta la fecha de la presentación de la queja el
licenciado Vera Vélez no había logrado la inscripción de
las aludidas escrituras.
El 19 de enero de 2007, el licenciado Vera Vélez
presentó su contestación a la queja. En lo pertinente,
manifestó que otorgó los documentos notariales reseñados,
conjuntamente con otros, y protocolizó varios poderes
concernientes a la situación en cuestión. Arguyó que
debido a la naturaleza de las faltas señaladas por el
Registro y al fallecimiento de algunos herederos,
resultaba necesario realizar gestiones adicionales para
lograr la inscripción de la mencionada Escritura Núm. 19.
A tales efectos, expresó que a consecuencia de su
suspensión indefinida de la notaría en el 2003 había
realizado varios trámites por sí y a través de otros
notarios. Particularmente, el licenciado Vera Vélez
indicó que ante los señalamientos y requerimientos del
Registro, el 24 de noviembre de 2006, el notario Rafael
Avilés Cordero otorgó un Acta de Edificación. Además,
manifestó que el 5 de enero de 2007, el notario Gilberto
Salas David otorgó un Acta de Subsanación, con el
objetivo de aclarar y subsanar los defectos de la
Escritura Núm. 19. Explicó que entendía que con las CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 5
mencionadas gestiones los documentos notariales otorgados
tendrían acceso al Registro.4
El 6 de abril de 2007, la queja contra el licenciado
Vera Vélez fue referida a la Oficina de Inspección de
Notarías (ODIN). En el Informe presentado el 29 de junio
de 2009, ODIN concluyó que el letrado era responsable de
subsanar las faltas que impedían la inscripción de las
escrituras. No obstante, habida cuenta de que el
querellado había afirmado que atendió los señalamientos
del Registro y que las escrituras se encontraban
pendientes de calificación, ODIN recomendó que el
licenciado Vera Vélez mantuviese informado a este
Tribunal en lo concerniente al estatus de las escrituras
en el Registro.
Examinada la comparecencia de ODIN, el 23 de octubre
de 2009, emitimos una Resolución en la cual le ordenamos
al licenciado Vera Vélez mantener informada a ODIN de sus
gestiones en el Registro, hasta que se lograse la
4 El 22 y 25 de enero de 2007, todas las escrituras otorgadas y documentos complementarios fueron presentados en el Registro de la Propiedad. El 18 de febrero de 2010, el Registro de la Propiedad nuevamente notificó deficiencias en los documentos notariales presentados. Entre las deficiencias señaladas se encuentran las siguientes: (1) falta de certificaciones pertinentes al negocio jurídico; (2) falta de pago de aranceles; (3) necesidad de otorgar actas de subsanación y de edificación; (4) falta de claridad en términos de las proporciones privativas o gananciales de la propiedad; (5) falta de explicación en relación a la comparecencia de alguno de los otorgantes; (6) falta de presentación de documentos complementarios pertinentes (declaratoria de herederos y testamentos); (7) falta de requisitos en los documentos presentados (firmas); entre otras. CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 6
inscripción de las escrituras en cuestión.
Posteriormente, el 14 de septiembre de 2010, la
querellante suscribió una comunicación a ODIN en la cual
expresó que el querellado no la había mantenido informada
ni había hecho gestiones en relación con las escrituras.
Asimismo, manifestó que el licenciado Vera Vélez no
estaba disponible para atender este asunto.
A raíz de ello, el 7 de marzo de 2011, ODIN presentó
un Informe Suplementario en el cual señaló que había
transcurrido más de un año sin que el querellado le
informara el resultado o desarrollo de sus gestiones,
según ordenado por este Tribunal. A su vez, ODIN informó
que el 7 de diciembre de 2010 dirigió una comunicación al
letrado con el fin de que presentara evidencia de sus
gestiones y su resultado. Por motivo de este
requerimiento, el 20 de enero de 2011, el licenciado Vera
Vélez indicó que el 18 de febrero de 2010 el Registro
nuevamente notificó deficiencias en las escrituras en
cuestión. Ante ello, ODIN señaló que aun cuando las
deficiencias se notificaron el 18 de febrero de 2010, no
fue hasta el 20 de enero de 2011, que el querellado
ofreció la información en relación con las gestiones
realizadas. Por tanto, sostuvo que el licenciado Vera
Vélez incumplió con la Resolución emitida por este
Tribunal el 23 de octubre de 2009. Finalmente, ODIN
concluyó que el letrado merecía la imposición de
sanciones disciplinarias por violaciones a los Cánones 9, CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 7
12, 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, infra,
por lo cual recomendó que se remitiese el asunto a la
Oficina del Procurador General.
En atención a lo anterior, el 1 de abril de 2011,
emitimos una Resolución mediante la cual referimos el
asunto a la Oficina del Procurador General. Así las
cosas, el 31 de enero de 2012, la Oficina del Procurador
General presentó un escrito intitulado Informe del
Procurador General en el cual señaló que el licenciado
Vera Vélez incurrió en violaciones a los Cánones 9, 18 y
38 del Código de Ética Profesional, infra. Visto el
aludido informe, mediante Resolución dictada el 25 de
mayo de 2012, le ordenamos a la Oficina del Procurador
General presentar la respectiva querella contra el
licenciado Vera Vélez.
En cumplimiento con el mandato de este Tribunal, el
31 de julio de 2012, la Oficina del Procurador General
presentó la correspondiente Querella. En ésta, se le
imputó al licenciado Vera Vélez la infracción de los
Cánones 9, 18 y 38 del Código de Ética Profesional,
infra. La Oficina del Procurador General sostuvo que el
letrado quebrantó los preceptos del Canon 9 al incumplir
con la Resolución emitida por este Tribunal el 23 de
octubre de 2009, en la cual se le ordenó mantener
informada a ODIN en relación a las gestiones para lograr
la inscripción de las escrituras en cuestión. Asimismo,
la Oficina del Procurador General señaló que lo dispuesto CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 8
en el Canon 18 fue transgredido, toda vez que el
licenciado Vera Vélez demoró más de 4 años en realizar
una gestión afirmativa para corregir las deficiencias que
le fueron notificadas en el 2002. De acuerdo a la Oficina
del Procurador General, el querellado no desplegó su más
profundo saber y habilidad en aquella forma que la
profesión jurídica estima adecuada, pues las gestiones
que se realizaron para corregir las deficiencias
notificadas por el Registro resultaron infructuosas. Del
mismo modo, la Oficina del Procurador General concluyó
que el licenciado Vera Vélez contravino el Canon 18 al no
defender diligentemente los intereses de su cliente, ya
que no inició la subsanación de los errores señalados
mediante el trámite judicial pertinente.
La Oficina del Procurador General también señaló que
el letrado infringió los preceptos del Canon 38. Esto, al
no cumplir con su obligación de otorgar una escritura
inscribible y permitir que transcurrieran más de 15 años
desde su otorgamiento sin lograr su inscripción y sin
efectuar gestiones afirmativas y válidas para lograrlo.
Transcurridos varios trámites procesales, el
licenciado Vera Vélez contestó la querella incoada en su
contra. En lo pertinente, expresó que no otorgó una
escritura inscribible y que las gestiones para lograr su
inscripción no resultaron válidas. Luego de admitir los
hechos básicos que dieron lugar a la querella, el letrado
adujo que ha practicado la profesión de la abogacía por CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 9
52 años con observancia a los postulados éticos y que en
el caso de autos no hubo ánimo de lucro indebido. En
consecuencia, solicitó que se declarara sin lugar la
querella incoada. En la alternativa, suplicó que se
consideraran los atenuantes y su “situación particular”,
sin expresar a qué específicamente se refería.
Examinada tanto la Querella como la contestación a
ésta, el 5 de agosto de 2013, dictamos una Resolución
mediante la cual nombramos a la Hon. Mercedes Marrero de
Bauermeister para que, en calidad de Comisionada Especial
(Comisionada), recibiera prueba y rindiera un informe con
las determinaciones de hechos y recomendaciones
pertinentes. En el descargo de su responsabilidad, la
Comisionada citó a las partes para una Vista Inicial.
Celebrada la mencionada vista, se le concedió a la parte
querellada un término de 30 días para que informara
hechos y gestiones a ser consideradas como atenuantes.
Por su parte, a la Oficina del Procurador General se le
concedió un término de 10 días para expresarse en
relación a las gestiones que el querellado señalara en su
informe.
A tono con lo ordenado por la Comisionada, el
licenciado Vera Vélez presentó un escrito intitulado
Informe jurado de gestiones del querellado para acción
judicial a radicar y otro intitulado Escrito para unir
informe jurado del querellado y prueba sobre reputación y
otros extremos. En lo pertinente, el querellado desglosó CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 10
los trámites que ha realizado para subsanar las fallas y
deficiencias de los documentos notariales objeto de la
querella en cuestión. Asimismo, unió los testimonios de 3
ciudadanos quienes afirman la buena reputación del
querellado.
Recibidos los escritos de la parte querellada, la
Oficina del Procurador General presentó un documento
intitulado Escrito para someter el caso ante la
consideración de la Comisionada Especial. Esencialmente,
la Oficina del Procurador General se reiteró en que los
cargos imputados al querellado fueron cometidos. Además,
solicitó que se tomara conocimiento judicial del
expediente personal del abogado que obra en este
Tribunal, a fines de examinar su historial disciplinario.
El 13 de noviembre de 2013, se celebró la
Conferencia con antelación al juicio ante la Comisionada.
Durante ésta, el licenciado Vera Vélez informó su interés
de acogerse a una baja voluntaria. A raíz de ello, el 22
de noviembre de 2013, la Oficina del Procurador General
presentó un Escrito en cumplimiento de orden. Mediante
éste, reiteró que el letrado incurrió en la violación de
los cánones imputados en la querella. Empero, en
consideración de la edad del querellado, su salud física,
emocional y familiar, conjuntamente con la aceptación de
los hechos que dieron lugar a los cargos imputados, la
Oficina del Procurador General expresó que no tenía CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 11
reparo en que se le concediera al licenciado Vera Vélez
la baja voluntaria del ejercicio de la abogacía.
Sometido el caso, el 3 de abril de 2014, la
Comisionada presentó el Informe de la Comisionada
Especial.5 Luego de examinar las circunstancias
particulares del caso, ésta concluyó que el querellado
infringió el Canon 18 del Código de Ética Profesional.
Ello, toda vez que el desempeño del letrado para atender
las deficiencias señaladas en los documentos notariales
fue tardío e ineficaz. La Comisionada también encontró
que el licenciado Vera Vélez quebrantó el Canon 9, ya que
no le informó a ODIN el estatus de las escrituras
presentadas en el Registro ni la notificación de las
deficiencias, conforme lo había ordenado este Tribunal el
23 de octubre de 2009. Finalmente, concluyó que el
letrado transgredió el Canon 38 al no otorgar una
escritura inscribible y realizar gestiones ineficaces a
tales fines. A pesar de todas estas imputaciones éticas,
en consideración a la solicitud presentada por el
querellado, la Comisionada nos recomendó aceptar la
petición de baja voluntaria. Sin embargo, sugirió que
expresáramos que la aceptación de la renuncia voluntaria
constituiría una separación permanente e irrevocable de
la profesión de la abogacía.
5 Adviértase que a la fecha en que se emite este pronunciamiento los documentos notariales en cuestión aún no han sido inscritos en el Registro de la Propiedad. CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 12
En respuesta al informe de la Comisionada, el
querellado presentó un escrito intitulado Comentarios a
informe de Comisionada Especial. En éste, expresó su
conformidad con que se aceptara su petición de baja
voluntaria, sin ulterior dictamen disciplinario. Informó,
además, que el 13 de noviembre de 2013 se instó una
acción judicial para lograr la inscripción de los
documentos notariales otorgados.
En este punto es pertinente indicar que al examinar
el expediente personal del licenciado Vera Vélez
encontramos que éste tiene 3 quejas pendientes ante este
Tribunal, a saber: AB-2014-50, AB-2013-351 y AB-2006-
301.6 En lo concerniente a la primera de estas quejas, la
Secretaría de este Tribunal le ha cursado en 2 ocasiones
una comunicación al querellado concediéndole un término
de 10 días para que comparezca con sus comentarios y
reacciones por escrito en torno a lo imputado.
6 En cuanto a la queja AB-2006-301, es preciso señalar que el 21 de agosto de 2013 la Oficina del Procurador General presentó un Escrito en cumplimiento de orden mediante el cual recomendó el archivo de la queja. Ello, toda vez que concluyó que el licenciado Vera Vélez logró subsanar cualquier incumplimiento con relación a su deber de diligencia. Examinado el escrito presentado por la Oficina del Procurador General, el 12 de septiembre de 2013, dictamos una Resolución en la cual le concedimos 20 días a la parte querellante para expresarse en torno a éste. A su vez, le advertimos a la querellante que de no comparecer en el término provisto entenderíamos que se allanaba a las recomendaciones emitidas por la Oficina del Procurador General. Al día de hoy, la querellante no ha cumplido con nuestra orden, por lo que no se ha expresado en relación a lo solicitado por la Oficina del Procurador General. CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 13
Transcurridos los términos concedidos, el licenciado Vera
Vélez aún no ha comparecido.
Con respecto a la queja AB-2013-351, el 8 de mayo de
2014, dictamos una Resolución en la cual le concedimos al
querellado un término final de 5 días para que contestara
la queja presentada en su contra. Le apercibimos que el
incumplimiento con lo ordenado podía conllevar sanciones
disciplinarias severas, incluyendo la suspensión del
ejercicio de la abogacía. A la fecha en que se emite este
pronunciamiento, el licenciado Vera Vélez no ha cumplido
con nuestra orden.
II
En armonía con nuestro poder inherente de regular la
profesión, esta Curia tiene el deber de procurar el buen
funcionamiento del Poder Judicial y, por tanto, asegurar
que los miembros admitidos a la práctica de la abogacía
ejerzan sus funciones responsable, competente y
diligentemente. In re Del Castillo Del Valle, res. el 1
de octubre de 2014, 2014 TSPR 126, 191 DPR ___ (2014); In
re Rodríguez Amaro, res. el 8 agosto de 2013, 2013 TSPR
97, 189 DPR ___ (2013); In re López Morales, 184 DPR 334,
347 (2012); In re Gutiérrez Santiago, 179 DPR 739, 743
(2010). A tono con ello, el Código de Ética Profesional,
4 LPRA Ap. IX, establece las normas mínimas de conducta
que deben guiar a los miembros de la profesión en el
desempeño de su delicada e importante función. In re
Guemárez Santiago, res. el 18 de septiembre de 2014, 2014 CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 14
TSPR 112, 191 DPR ___ (2014); In re Ortiz Delgado, res.
el 22 de noviembre de 2013, 2013 TSPR 135, 189 DPR ___
(2013); In re Falcón López, res. el 25 de octubre de
2013, 2013 TSPR 123, 189 DPR ___ (2013). Los cánones que
recoge el referido Código buscan propiciar que los
letrados ejerzan su quehacer a tenor con los más
ilustrados principios éticos y morales, para beneficio de
la profesión jurídica, la ciudadanía y nuestras
instituciones de justicia. In re Guemárez Santiago,
supra; In re Ortiz Delgado, supra; In re Falcón López,
supra.
En lo que atañe al asunto ante nuestra
consideración, en repetidas ocasiones hemos hecho
hincapié en que los abogados tienen el deber y la
obligación de responder diligentemente a los
requerimientos y órdenes emitidas por esta Curia. In re
Pérez Román, res. el 20 de junio de 2014, 2014 TSPR 98,
191 DPR ___ (2014); In re Sosa Suárez, res. el 10 de
julio de 2014, 2014 TSPR 90, 191 DPR ___ (2014); In re
Medina Perea, res. el 10 de febrero de 2014, 2014 TSPR
24, 190 DPR ___ (2014). In re Irizarry Colón, 2013 TSPR
145, 189 DPR ___ (2013). Indudablemente, un abogado que
hace caso omiso a las órdenes dictadas por este Tribunal
y al apercibimiento de sanciones disciplinarias quebranta
el precepto ético dispuesto en el Canon 9 del Código de
Ética Profesional, el cual dispone que: “[e]l abogado
debe observar para con los tribunales una conducta que se CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 15
caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX, C. 9.
Véanse, In re Pérez Román, supra; In re Sosa Suárez,
supra; In re Medina Perea, supra; In re Da Silva Arocho,
2013 TSPR 142, 189 DPR ___ (2013). Como corolario,
procede la suspensión inmediata de aquellos miembros de
la profesión que incumplan con nuestros requerimientos e
ignoren los apercibimientos de sanciones disciplinarias.
In re Pérez Román, supra; In re Sosa Suárez, supra; In re
Medina Perea, supra; In re Da Silva Arocho, supra. Ello,
pues, esta actitud de indiferencia y menosprecio a la
autoridad del Tribunal no puede ser tomada livianamente,
ya que constituye un curso de acción inaceptable que
acarrea la suspensión inmediata de la práctica jurídica.
In re Medina Perea, supra; In re Da Silva Arocho, supra;
In re López González, 2013 TSPR 105, 189 DPR ___ (2013);
In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013).
Por su parte, el Canon 18 del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 18, le impone a todo
abogado el deber de defender los intereses del cliente de
forma capaz y diligente, “desplegando en cada caso su más
profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma
que la profesión jurídica en general estima adecuada y
responsable”. Íd.; véanse, además, In re Guemárez
Santiago, supra; In re Pietri Torres, res. 6 de agosto de
2014, 2014 TSPR 99, 191 DPR ___ (2014); In re Reyes
Coreano, res. el 2 de abril de 2014, 2014 TPSR 51, 190
DPR ___ (2014). Asimismo, el aludido precepto ético CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 16
dispone diáfanamente que es impropio de un abogado asumir
la representación legal de un cliente cuando está
consciente de que no puede realizar una labor competente
y que no puede prepararse de forma adecuada sin que ello
conlleve gastos o demoras irrazonables a su cliente. 4
LPRA Ap. IX, C. 18. Esto significa que el deber de
diligencia constituye una obligación básica y elemental
del abogado hacia su cliente. In re Pietri Torres, supra;
In re Dávila Toro, 179 DPR 833, 842 (2010). En ese
contexto, un letrado infringe su deber de diligencia
cuando no realiza las gestiones que le fueron
encomendadas en el tiempo oportuno, de la forma adecuada
y sin dilaciones. In re Pietri Torres, supra; In re Reyes
Coreano, supra. Por tanto, reiteradamente hemos indicado
que el deber de diligencia que emana del Canon 18 es del
todo incompatible con la desidia, despreocupación y
displicencia en el trámite de un caso. Véanse, In re
Guemárez Santiago, supra; In re Pietri Torres, supra; In
re Reyes Coreano, supra.
Finalmente, del Canon 38, 4 LPRA Ap. IX, C. 38, se
desprende que los miembros admitidos a la práctica de la
abogacía vienen llamados a esforzarse, al máximo de su
capacidad, en exaltar el honor y la dignidad de su
profesión. Del mismo modo, deben conducirse de forma
digna y honorable y evitar hasta la apariencia de
conducta profesional impropia. Íd. A tono con ello, esta
Curia ha sido enfática en expresar que por ser los CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 17
abogados el espejo donde se refleja la imagen de la
profesión, éstos deben actuar con el más escrupuloso
sentido de responsabilidad que impone la función social
que ejercitan. In re Guemárez Santiago, supra; In re
Ayala Vega, res. el 10 de octubre de 2013, 2013 TSPR 117,
189 DPR ___ (2013); In re Santiago Ríos, 172 DPR 802, 822
(2007); In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138, 145 (2005).
Por otro lado y en lo pertinente al asunto que nos
ocupa, conviene recordar que en ocasiones anteriores
hemos examinado la naturaleza de la función encomendada a
un Comisionado Especial, designado por este Tribunal para
atender los méritos de una querella entablada contra un
abogado. A esos efectos, hemos establecido que en nuestra
jurisdicción rige la norma que las determinaciones de
hecho emitidas por un Comisionado Especial merecen
nuestra deferencia, salvo que medie pasión, prejuicio,
parcialidad o error manifiesto en su apreciación de la
prueba. In re Guemárez Santiago, supra; In re De León
Rodríguez, res. el 25 de febrero de 2014, 2014 TSPR 29,
190 DPR ___ (2014); In re Ayala Vega, supra; In re García
Ortiz, 187 DPR 507, 521 (2012). Además, hemos dejado
meridianamente claro que en forma alguna esta Curia viene
obligada a sostener el informe presentado por un
Comisionado Especial. In re De León Rodríguez, supra; In
re García Ortiz, supra; In re Peña Peña, 153 DPR 642, 657
(2001); In re Torres Delgado, 150 DPR 849, 857 (2000); In
re Soto López, 135 DPR 642, 646 (1994). Al contrario, CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 18
evidentemente este Tribunal tiene facultad para adoptar,
modificar o, incluso, rechazar tal informe. In re Peña
Peña, supra; In re Torres Delgado, supra; In re Soto
López, supra.
Expuesta la normativa aplicable, pasamos a exponer
nuestro discernimiento en torno al asunto de marras.
III
Conforme indicamos, al Lcdo. Jorge A. Vera Vélez se
le imputa quebrantar los Cánones 9, 18 y 38 del Código de
Ética Profesional que rige nuestra profesión. Convenimos
con tal apreciación. Veamos.
Un examen del expediente del aludido letrado nos
lleva a coincidir con la Comisionada en cuanto a que éste
infringió lo dispuesto en el Canon 9. A tenor con lo
expuesto, el licenciado Vera Vélez hizo caso omiso a los
requerimientos emitidos por esta Curia tanto en la
Resolución del 23 de octubre de 2009 como en la dictada
el 8 de mayo de 2014 en relación a la queja AB-2013-351.7
Aun cuando lo apercibimos de que podrían imponérsele
sanciones disciplinarias severas, incluyendo la
suspensión del ejercicio de la profesión, el querellado
ignoró nuestros requerimientos. Con esta actitud de
indiferencia y desatención, pretende echar a un lado
7 En el ejercicio de nuestra facultad disciplinaria, y habida cuenta de que medió un apercibimiento previo, consolidamos la Queja Núm. AB-2013-351 que obra en el expediente personal del licenciado Vera Vélez con el caso de epígrafe. CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 19
nuestros reiterados pronunciamientos en lo que concierne
al deber y obligación ineludible de todo abogado de
responder diligentemente a las órdenes emitidas por este
Tribunal. Ello, por sí solo, acarrea la suspensión
inmediata del ejercicio de la abogacía.
Por su parte, compartimos el criterio de la
Comisionada en el sentido de que el querellado quebrantó
los preceptos del citado Canon 18. La prueba demostró que
el licenciado Vera Vélez no se desempeñó de forma
competente, capaz y diligente al demorar aproximadamente
4 años en realizar una gestión afirmativa con el fin de
corregir las faltas que el Registro le notificó en el
2002. De los hechos se desprende que no tan sólo los
trámites para corregir las deficiencias notificadas
fueron inoportunos, sino que las gestiones llevadas a
cabo resultaron infructuosas, insuficientes e ineficaces.
Al examinar las deficiencias señaladas por el Registro,
se puede colegir que éstas reflejan desconocimiento de la
normativa jurídica aplicable. Sin duda, lo anterior ha
aparejado gastos y demoras irrazonables a su cliente, en
evidente contravención a lo dispuesto en el Canon 18.
Adviértase, además, que el hecho de que un abogado se
encuentre suspendido del ejercicio de la notaría no
constituye un subterfugio para que éste no ejerza la
debida diligencia en lo concerniente a las faltas
imputadas en su gestión notarial. Reiteramos, con ello,
que la responsabilidad de un abogado de cumplir con las CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 20
normas éticas que rigen la profesión es personal e
indelegable. Véanse, In re Leon Malavé, 172 DPR 1036,
1042 (2008); In re Moreno Cortés, 159 DPR 542, 549
(2003). Por tanto, todo letrado viene llamado a cumplir
celosamente con este deber ineludible.
Finalmente, y al igual que lo sostiene la
Comisionada, consideramos que el licenciado Vera Vélez
transgredió conjuntamente el Canon 38. Conforme
señalamos, han transcurrido aproximadamente 15 años desde
que se otorgaron las escrituras en cuestión y aún éstas
no han podido ser inscritas en el Registro. Nótese que en
todos estos años tampoco se realizaron gestiones
fructíferas y eficaces para lograr la inscripción.
Indudablemente, con este proceder el licenciado Vera
Vélez en nada exalta ni preserva el honor y la dignidad
de la profesión jurídica, conforme lo requiere el
mencionado canon ético.
No albergamos duda que el licenciado Vera Vélez
contravino los referidos cánones de ética. De un examen
del expediente ante este Tribunal se desprende de forma
diáfana que las determinaciones de hecho de la
Comisionada se sostienen de la evidencia que tuvo ante su
consideración. Al respecto, no se demostró que hubo
pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en las
determinaciones realizadas por la Comisionada. En
consecuencia, no existe razón para intervenir, ni mucho
menos alterar, las determinaciones emitidas por ésta. En CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 21
armonía con nuestros pronunciamientos, sus conclusiones
merecen deferencia, particularmente cuando no se ha
demostrado pasión, prejuicio, parcialidad o error
manifiesto.
No obstante, ante el cuadro descrito y en virtud de
nuestra facultad, nos vemos obligados a rechazar la
recomendación de la Comisionada en lo concerniente a la
petición de renuncia voluntaria incoada por el
querellado. Conceder tal solicitud, a la luz de las
circunstancias particulares de este caso, en conjunto con
el historial previo del abogado, tendría el peligroso
efecto de soslayar un dictamen ético cuando la prueba
demostró una clara y reiterada inobservancia con los
preceptos éticos que rigen la profesión jurídica. A todas
luces, no podemos avalar tal curso de acción, pues no nos
parece meritorio.
Como corolario, procede que ejerzamos nuestra
facultad inherente de regular la profesión y suspendamos
del ejercicio de la abogacía al licenciado Vera Vélez.
IV
Al amparo de los fundamentos expuestos con relación
a las quejas CP-2012-17 y AB-2013-351, nos corresponde
suspender inmediata e indefinidamente del ejercicio de la
abogacía al Lcdo. Jorge A. Vera Vélez.
A tono con lo que antecede, se le impone al señor
Vera Vélez el deber de notificar a todos sus clientes
sobre su inhabilidad para continuar representándolos, y CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 22
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por
trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que
informar oportunamente de su suspensión a cualquier sala
del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en
el que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y
certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo
anterior, dentro del término de 30 días contados a partir
de la notificación de la presente Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Por su parte, en lo que concierne a la Queja Núm.
AB-2006-301, procedemos a consolidarla con las quejas del
caso de epígrafe en virtud de nuestra facultad
disciplinaria. De esta forma, acogemos la recomendación
emitida por la Oficina del Procurador General con
respecto a este asunto y, por tanto, decretamos el
archivo de la mencionada queja.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia al Sr. Jorge A. Vera Vélez por la Oficina del
Alguacil de este Tribunal.
Se dictará sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por las razones expuestas en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se suspende inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía al Lcdo. Jorge A. Vera Vélez.
Se le impone al señor Vera Vélez el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar oportunamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de 30 días contados a partir de la notificación de la presente Opinión Per Curiam y Sentencia.
Por su parte, en lo que concierne a la Queja Núm. AB-2006-301, procedemos a consolidarla con las quejas del caso de epígrafe en virtud de nuestra facultad disciplinaria. De esta forma, CP-2012-17 cons. AB-2013-351 y AB-2006-301 2
acogemos la recomendación emitida por la Oficina del Procurador General con respecto a este asunto y, por tanto, decretamos el archivo de la mencionada queja.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y Sentencia al Sr. Jorge A. Vera Vélez por la Oficina del Alguacil de este Tribunal.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo