El Juez Asociado Señor Negrón García
emitió la opinión del Tribunal.
Este recurso acorta el largo y tortuoso camino judicial iniciado por un hijo para vindicar sus derechos hereditarios frente a sus familiares más inmediatos y terceros. Confiamos que esté próximo a terminar su travesía y pueda lograr cum-plida justicia. En esa tarea, “ [p] ara darle a cada uno lo suyo, para hacer justicia, deberán seleccionarse cuidadosamente los elementos a emplear. Así como al realizar una escultura no puede utilizarse un cortafierro cuando resulta adecuado un cincel, ni viceversa, en la función judicial tampoco debe olvi-darse esta regla: la herramienta (el lenguaje) deberá selec-cionarse en función de la materia a tratar (la relación jurí-dica). Todo ello conformará y devendrá, simultáneamente, en y desde un método, camino necesario para analizar la reali-dad, y luego de ello conceptualizarla para arribar más tarde a la meta que será, en nuestro caso, realizar la justicia”. J. E. Leonetti, El llamado “mundo jurídico” y la realidad, 1984-A Rev. Jur. Arg. La Ley 364 (1984).
I
Los antecedentes procesales y fácticos del recurso fueron objeto de nuestra decisión emitida en Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985). Su génesis fue una venta ilegal y fraudulenta de la mitad pro indiviso de un in-mueble del caudal hereditario del causante Obdulio Correa Rodríguez —fallecido el 2 de noviembre de 1955— en per-juicio de su hijo coheredero Obdulio Correa Sánchez. La com-parecencia espuria en su ejecución instrumental fue producto del abogado notario José R. Fournier. Con el conocimiento y consentimiento de Carmen Sánchez Rodríguez y Carmen Belén Correa —viuda e hija respectivamente'del causante Co-rrea Rodríguez— y de los compradores esposos Antonio López Jiménez y Margot Felices Saenz, se hizo figurar al fallecido otorgante de la Escritura Pública Núm. 212 fechada 16 de [703]*703agosto de 1955, y así aparentar que la venta fue anterior a su muerte. Para ello se falsificó su firma con la intervención activa y fraudulenta del notario José R. Fournier.
Décadas después se descubrió el fraude. El 4 de septiem-bre de 1981, Correa Sánchez demandó a su madre, hermana y a los compradores. Al tiempo enmendó la demanda para in-corporar como codemandantes a esos familiares. Subsistieron como demandados los compradores esposos López-Felices. Estos reconvinieron contra la hermana y madre del deman-dante Correa Sánchez por su participación en el fraude. El Tribunal Superior, Sala de Bayamón, el 13 de abril de 1984, declaró con lugar la demanda principal del perjudicado Co-rrea Sánchez contra los compradores esposos López-Felices. Decretó nulo el negocio jurídico por causa ilícita imputable a todos los contratantes. Como consecuencia, negó remedio a la viuda e hija contra los compradores y viceversa. Desestimó las restantes reclamaciones.
Nuestra decisión, si bien confirmó esa sentencia, la modi-ficó y ordenó la continuación de los procedimientos. En lo per-tinente resolvimos: “No debe confundirse el impedimento ipso jure de las partes contratantes declaradas incursas en ilicitud o torpeza de causa para repetir —como pretendían las codemandantes Sras. Sánchez Rodríguez y Correa Sánchez— con la capacidad de reclamarse recíprocamente responsabili-dad frente a un tercero que no fue parte en la transacción ilegal.”
Así las cosas, el 23 de junio de 1986, el tribunal de instan-cia dictaminó que Carmen Sánchez Rodríguez y Carmen Belén Correa Sánchez tenían que responder a los esposos López-Fe-lices de todo lo que éstos tuvieren que satisfacer a Obdulio Correa Sánchez. Inconformes, a solicitud de ellas concedimos término a los recurridos López Jiménez, et al., para que mos-traran causa por la cual no debíamos modificar esa resolución y decretar que la responsabilidad de Carmen Sánchez Rodrí-guez, Carmen Belén Correa Sánchez, Antonio López Jiménez [704]*704y su esposa Margot Felices Saenz —frente a Obdulio Correa Rodríguez— es solidaria y por ende, en su relación interna, debe ser dividida en tres partes iguales. Los recurridos López Jiménez, et al., han comparecido.
En esencia, éstos propugnan la tesis —con vista a la tota-lidad de la prueba— que la conducta de Antonio López Jimé-nez fue “relativamente pasiva”, y por ende, no debe ser res-ponsabilizado, en unión a las peticionarias, por partes iguales. A su vez, contrario a nuestras decisiones previas, argumentan y sostienen que la participación de Antonio López Jiménez en el negocio jurídico fue bona fide, inducido y engañado por la conducta del Lie. José R. Fournier.
I — i HH
Deslindemos el horizonte decisorio. No nos corresponde en esta etapa reexaminar nuevamente aquellos planteamientos de las partes que con anterioridad fueron adjudicados por el foro de instancia y este Tribunal. Esos derechos y responsabilidades gozan de las características de finalidad y firmeza con arreglo a la doctrina de la Ley del Caso. No pueden revisarse. Candelaria v. Mun. de Ceiba, 114 D.P.R. 155, 156-157 (1983); Rivera v. Insurance Co. of P.R., 103 D.P.R. 91, 94 (1974); Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 19, 29-30 (1971); Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 136, 140 (1967); Martinez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 552, 555 (1949).
Ante este marco jurídico —adjudicada previamente la controversia relativa a la responsabilidad solidaria de las pe-ticionarias y el recurrido López Jiménez y su esposa Margot Felices Saenz frente a Correa Sánchez— sólo nos incumbe resolver, por vía de aclaración, la extensión de' dicha responsa-bilidad en la dimensión interna a la luz de la conducta especí-fica, participación e intervención de las partes.
[705]*705HH t — í
El planteamiento toca una de las áreas más fasci-nantes del derecho, a saber, el llamado acto ilícito culposo. Afortunadamente han quedado atrás los debates doctrinales y judiciales. (2) Hoy la conclusión, casi universal, es la existen-[706]*706cia de solidaridad cuando varias personas intervienen o coope-ran en la realización de un daño. En tales circunstancias cada uno queda obligado personalmente por razón de su propia culpa. F. Soto Nieto, La responsabilidad civil derivada del ilícito culposo, Madrid, Ed. Montecorvo, 1982, págs. 81-86.
El principio de la solidaridad es de viejo cuño. Su origen se remonta al siglo XVIII con la teoría de Pothier, Des obligations (Oeuvres, ed. 1825, T. I, Núm. 268), según la cual los que han “ ‘concurrido a un delito civil, están todos obliga-dos solidariamente a la reparación. No pueden oponer ninguna excepción ... de división, siendo indignos de ella’ ”. M. Albala-dejo, Sobre la solidaridad o mancomunidad de los obligados a responder por acto ilícito común, 16 An. Der. Civ. 345, 351 n. 6 (1963).
La solución no puede ser más justa. Desde comienzos del siglo XIX autores como Giorgi, Maroi y Venezian ya aludían al hecho dañoso que tiene por causa una deliberación tomada de común acuerdo o intervención material de varios autores. De Cupis, por su parte, insistía en la unidad del acto, producto de un haz de actividades concurrentes subjetivamente distin-tas y con diversos sujetos. Albaladejo, op. cit., pág. 367 n. 25.
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El Juez Asociado Señor Negrón García
emitió la opinión del Tribunal.
Este recurso acorta el largo y tortuoso camino judicial iniciado por un hijo para vindicar sus derechos hereditarios frente a sus familiares más inmediatos y terceros. Confiamos que esté próximo a terminar su travesía y pueda lograr cum-plida justicia. En esa tarea, “ [p] ara darle a cada uno lo suyo, para hacer justicia, deberán seleccionarse cuidadosamente los elementos a emplear. Así como al realizar una escultura no puede utilizarse un cortafierro cuando resulta adecuado un cincel, ni viceversa, en la función judicial tampoco debe olvi-darse esta regla: la herramienta (el lenguaje) deberá selec-cionarse en función de la materia a tratar (la relación jurí-dica). Todo ello conformará y devendrá, simultáneamente, en y desde un método, camino necesario para analizar la reali-dad, y luego de ello conceptualizarla para arribar más tarde a la meta que será, en nuestro caso, realizar la justicia”. J. E. Leonetti, El llamado “mundo jurídico” y la realidad, 1984-A Rev. Jur. Arg. La Ley 364 (1984).
I
Los antecedentes procesales y fácticos del recurso fueron objeto de nuestra decisión emitida en Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985). Su génesis fue una venta ilegal y fraudulenta de la mitad pro indiviso de un in-mueble del caudal hereditario del causante Obdulio Correa Rodríguez —fallecido el 2 de noviembre de 1955— en per-juicio de su hijo coheredero Obdulio Correa Sánchez. La com-parecencia espuria en su ejecución instrumental fue producto del abogado notario José R. Fournier. Con el conocimiento y consentimiento de Carmen Sánchez Rodríguez y Carmen Belén Correa —viuda e hija respectivamente'del causante Co-rrea Rodríguez— y de los compradores esposos Antonio López Jiménez y Margot Felices Saenz, se hizo figurar al fallecido otorgante de la Escritura Pública Núm. 212 fechada 16 de [703]*703agosto de 1955, y así aparentar que la venta fue anterior a su muerte. Para ello se falsificó su firma con la intervención activa y fraudulenta del notario José R. Fournier.
Décadas después se descubrió el fraude. El 4 de septiem-bre de 1981, Correa Sánchez demandó a su madre, hermana y a los compradores. Al tiempo enmendó la demanda para in-corporar como codemandantes a esos familiares. Subsistieron como demandados los compradores esposos López-Felices. Estos reconvinieron contra la hermana y madre del deman-dante Correa Sánchez por su participación en el fraude. El Tribunal Superior, Sala de Bayamón, el 13 de abril de 1984, declaró con lugar la demanda principal del perjudicado Co-rrea Sánchez contra los compradores esposos López-Felices. Decretó nulo el negocio jurídico por causa ilícita imputable a todos los contratantes. Como consecuencia, negó remedio a la viuda e hija contra los compradores y viceversa. Desestimó las restantes reclamaciones.
Nuestra decisión, si bien confirmó esa sentencia, la modi-ficó y ordenó la continuación de los procedimientos. En lo per-tinente resolvimos: “No debe confundirse el impedimento ipso jure de las partes contratantes declaradas incursas en ilicitud o torpeza de causa para repetir —como pretendían las codemandantes Sras. Sánchez Rodríguez y Correa Sánchez— con la capacidad de reclamarse recíprocamente responsabili-dad frente a un tercero que no fue parte en la transacción ilegal.”
Así las cosas, el 23 de junio de 1986, el tribunal de instan-cia dictaminó que Carmen Sánchez Rodríguez y Carmen Belén Correa Sánchez tenían que responder a los esposos López-Fe-lices de todo lo que éstos tuvieren que satisfacer a Obdulio Correa Sánchez. Inconformes, a solicitud de ellas concedimos término a los recurridos López Jiménez, et al., para que mos-traran causa por la cual no debíamos modificar esa resolución y decretar que la responsabilidad de Carmen Sánchez Rodrí-guez, Carmen Belén Correa Sánchez, Antonio López Jiménez [704]*704y su esposa Margot Felices Saenz —frente a Obdulio Correa Rodríguez— es solidaria y por ende, en su relación interna, debe ser dividida en tres partes iguales. Los recurridos López Jiménez, et al., han comparecido.
En esencia, éstos propugnan la tesis —con vista a la tota-lidad de la prueba— que la conducta de Antonio López Jimé-nez fue “relativamente pasiva”, y por ende, no debe ser res-ponsabilizado, en unión a las peticionarias, por partes iguales. A su vez, contrario a nuestras decisiones previas, argumentan y sostienen que la participación de Antonio López Jiménez en el negocio jurídico fue bona fide, inducido y engañado por la conducta del Lie. José R. Fournier.
I — i HH
Deslindemos el horizonte decisorio. No nos corresponde en esta etapa reexaminar nuevamente aquellos planteamientos de las partes que con anterioridad fueron adjudicados por el foro de instancia y este Tribunal. Esos derechos y responsabilidades gozan de las características de finalidad y firmeza con arreglo a la doctrina de la Ley del Caso. No pueden revisarse. Candelaria v. Mun. de Ceiba, 114 D.P.R. 155, 156-157 (1983); Rivera v. Insurance Co. of P.R., 103 D.P.R. 91, 94 (1974); Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 19, 29-30 (1971); Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 136, 140 (1967); Martinez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 552, 555 (1949).
Ante este marco jurídico —adjudicada previamente la controversia relativa a la responsabilidad solidaria de las pe-ticionarias y el recurrido López Jiménez y su esposa Margot Felices Saenz frente a Correa Sánchez— sólo nos incumbe resolver, por vía de aclaración, la extensión de' dicha responsa-bilidad en la dimensión interna a la luz de la conducta especí-fica, participación e intervención de las partes.
[705]*705HH t — í
El planteamiento toca una de las áreas más fasci-nantes del derecho, a saber, el llamado acto ilícito culposo. Afortunadamente han quedado atrás los debates doctrinales y judiciales. (2) Hoy la conclusión, casi universal, es la existen-[706]*706cia de solidaridad cuando varias personas intervienen o coope-ran en la realización de un daño. En tales circunstancias cada uno queda obligado personalmente por razón de su propia culpa. F. Soto Nieto, La responsabilidad civil derivada del ilícito culposo, Madrid, Ed. Montecorvo, 1982, págs. 81-86.
El principio de la solidaridad es de viejo cuño. Su origen se remonta al siglo XVIII con la teoría de Pothier, Des obligations (Oeuvres, ed. 1825, T. I, Núm. 268), según la cual los que han “ ‘concurrido a un delito civil, están todos obliga-dos solidariamente a la reparación. No pueden oponer ninguna excepción ... de división, siendo indignos de ella’ ”. M. Albala-dejo, Sobre la solidaridad o mancomunidad de los obligados a responder por acto ilícito común, 16 An. Der. Civ. 345, 351 n. 6 (1963).
La solución no puede ser más justa. Desde comienzos del siglo XIX autores como Giorgi, Maroi y Venezian ya aludían al hecho dañoso que tiene por causa una deliberación tomada de común acuerdo o intervención material de varios autores. De Cupis, por su parte, insistía en la unidad del acto, producto de un haz de actividades concurrentes subjetivamente distin-tas y con diversos sujetos. Albaladejo, op. cit., pág. 367 n. 25.
[707]*707Ya en el siglo XX, no cabe duda de la universalización del principio de la solidaridad en materia de responsabilidad civil extracontractual. En Francia, autores como Mazeaud y Tune, Aubry y Rau, Carbonnier, Planiol y Ripert, Vincent, De Acu-tis, Rubino y Albertatario sintonizan con la corriente de pen-samiento que propulsa la responsabilidad colectiva de cuantos intervinieron en la inflicción del daño. Igual derrotero siguió la jurisprudencia de las cortes francesas. Soto Nieto, op. cit., págs. 81-83. En España la doctrina mayoritaria se mostró abiertamente en favor del reconocimiento de la solidaridad. Sólo Traviesas, Díaz Pairó y Albaladejo se apartan de la posi-ción mayoritaria. V. Guilarte Zapatero, Comentarios al Có-digo civil y compilaciones fonales, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1983, T. XV, Vol. 2, pág. 224; Albaladejo, op. cit., pág. 358. Pero fueron los italianos quienes lograron la expresión más refinada del principio de la solidaridad extra-contractual. A tal efecto, el Art. 2055 del Código Civil italiano expresa magistralmente que cada cocausante debe responder “en la medida de la gravedad de la respectiva culpa y de la entidad de las consecuencias derivadas de ella. En la duda las respectivas culpas se presumen iguales”. Igual postura asu-men los alemanes. Albaladejo, op. cit., págs. 374-375.
La complejidad emergente del concepto de “culpa”, con sus notables variaciones cualitativas y cuantitativas —en algunos casos infinitesimales— ha promovido la imposición de responsabilidad por partes iguales entre los cocausantes del daño en el derecho civil contemporáneo. Ante la imposibilidad de atribuir, a priori, la parte que cada uno de los partícipes ha tenido en la producción del daño, cada uno responde al perjudicado en su totalidad por el damnum, sin distinción de la intensidad o gravedad de sus respectivas culpas.
Carentes de suficientes determinaciones que permitan ha-blar de una proporcionalidad en la generación causal del he-cho, habrá de aceptarse un derecho de nivelación en el que se [708]*708parta de una igualdad en las cuotas contributivas de los co-causantes. Soto Nieto, op. cit., pág. 92.
La distinción del género de actividad es importante. Tra-tándose de actuaciones independientes (objetivas), cuyos efec-tos dañosos tienen distinto origen, la imposición de solidaridad no es automática. La solución estriba en detectar la porción del daño atribuible a cada acción. Soto Nieto, op. cit, pág. 90; Albaladejo, op. cit., pág. 372.
De otra parte, cuando nos hallamos ante la presencia de cocausantes que han cooperado consciente y voluntariamente en la realización del acto dañoso, la solución se simplifica (uni-dad de acción). La jurisprudencia española se inclina decidi-damente en favor de la imposición de cuotas contributivas iguales cuando enfrentamos un acto ilícito culposo intencio-nal. (3) En resumen, “ [c] uando nos hallamos ante la presencia [709]*709de plurales causantes del hecho siniestral, y entre los mismos hubo unidad de acción, es decir, una cooperación consciente y querida, o bien se produjo unidad de resultado, al converger las varias actividades y originar de conjunto el damnum in-demnizable, sin posibilidad de atribución de porciones en su realización, la obligación de reparar in integrum pesa sobre todos los obligados, deviniendo insoslayable el surgimiento del vínculo solidario”. (Énfasis suplido.) Soto Nieto, op. cit., págs. 100-101.
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Bajo este panorama decisorio, no nos convence la tesis propuesta por los recurridos en alzada. La conclusión última que emerge de nuestra decisión en Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, supra, pág. 177, es que al mediar concierto y pleno conocimiento de la ilicitud de la transacción llevada a cabo en la venta del 50% de un condominio pro indiviso explotado como motel, las peticionarias Carmen Sánchez, Carmen Correa y los recurridos López Jiménez y su esposa Margot Felices Saenz, “ [c] onsintieron y participaron activamente en la misma ... [1] a acogieron y promovieron hasta las últimas consecuencias”. En particular, López Jiménez, quien adquirió la cuota del inmueble, también ocultó reiteradamente todo el negocio simulado e ilegal a Obdulio Correa Sánchez.
En su justa perspectiva, y atendido el curso de conducta unitario de las partes en la consecución y ejecución espuria de la referida compraventa —y concertado silencio— tales ac-[710]*710tuaciones no son susceptibles de ser medidas con rigurosa precisión en términos del efecto oneroso o intensidad. La natu-raleza de la trama nos impide cuantificarla. Como corolario es procedente la imposición de responsabilidad solidaria en cuo-tas contributivas iguales a los cocausantes del daño. Arts. 1091 (4) y 1098 (5) del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3102 y 3109. Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 191 (1973); Soto Nieto, op. cit, págs. 91-92; Guilarte Zapatero, op. cit, págs. 238-245, 347-348; Albaladejo, op. cit, págs. 372-376; L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Yol. 1, pág. 436; J. Cas-tán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 13ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1983, T. III, pág. 151; J. Caffarena La-porta, La Solidaridad de Deudores, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1980, pág. 253; J. Puig Brutau, Fundamentos de De-recho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. 2, págs. 171-172; J. Manresa Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 1, págs. 525-526 Cf. Art. 327 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1272. (6)
[711]*711y
Esta solución es justa. Se impone con miras a lograr una balanceada retribución y calificación de la responsabilidad de cada una de las partes. Después de todo, es innegable la con-clusión de que todos produjeron un resultado mediante una actuación conjunta y planificada, a tal punto, que transcu-rrieron más de veinte (20) años sin que pudiera descorrerse el velo de la confabulación y el engaño.
La pretensión de cualesquiera partes, especialmente López Jiménez, de eximirse de responsabilidad en el presente, so pre-texto de una supuesta intervención “pasiva” —que no encuen-tra apoyo en el récord— choca contra la más elemental noción de justicia que instintivamente posee el jurisprudente. Por su sabiduría, vale reproducir las siguientes expresiones de la ilustrada sala de instancia —con vigencia hoy— en ocasión de su dictamen original de 13 de abril de 1984:
Los hechos de este caso se remontan hasta la década del 1950. El tiempo transcurrido necesariamente hace que se afecte el recuerdo de las personas de lo realmente ocurrido hace casi tres décadas atrás. Ello dificulta grandemente el dirimir las múltiples controversias inmersas en esta acción.
No es ésta, sin embargo, la mayor dificultad. La ocultación voluntaria, tratando de evitar que aflorara a la luz pública una situación que envolvía actos ilícitos y en pugna con la ética profesional, y la desfiguración de la verdad por mucho tiempo, añaden obstáculos a nuestra labor. Aun hoy, después de intentar subsanar la gravedad y la impropiedad de la ac-tuación, voluntaria o involuntariamente, no se trae a la luz toda la verdad. Esta situación inesquivablemente crea una sobreabundancia de contradiciones entre uno y otro testigo, y a[u]n entre los testimonios vertidos por un mismo testigo en distintas fechas. Ello nos exige un esfuerzo adicional para buscar y rebuscar esa verdad aun allí donde se le quiere es-conder. Siempre hay el riesgo de la equivocación, propio de cualquier acto humano. Para evitarlo al máximo fuimos flexi-bles en la aplicación de las normas evidenciarías, evitando [712]*712que el rigorismo impidiera conocer hechos que debíamos tener presentes en nuestra tarea adjudicativa.
A lo antes dicho hay que añadir la dificultad que se crea por el deseo de una parte de lucrarse más allá de lo que se tiene derecho, aprovechándose de la situación a la que se ve sometida la otra parte. Intentaremos por ello disponer de las controversias ponderando la ilegitimidad de algunas actua-ciones, sin permitir que impere lo que pudiera ser un enfoque ventajista del reclamo.
Resolver las cuestiones centrales en torno a las cuales gira esta acción es difícil también para cualquier juez, por las partes envueltas en el caso y por la forma en que el dictamen afecta la reputación de otras familias indirectamente aquí en-vueltas. Habrá siempre incomprensión, si [no] por los abo-gados, por partes, testigos y público en general, Éacia nuestra final determinación. Ello, sin embargo, no puede impedir que obviando escrúpulos personales emitamos el juicio que con-forme a nuestra conciencia judicial consideramos que es el que procede en el caso. Si surge incomprensión la tolerare-mos y la comprenderemos. Pero la anticipación de que ello va a ocurrir no será óbice para que dispongamos de lo que, conforme a nuestro humano criterio judicial, es la justicia del caso. (Escolio omitido.) Exhibit III, págs. A-5-A-7.
Recapitulando, ante la ausencia de prueba y la dificultad inherente de precisar todos los elementos tangibles e intangibles de la dinámica dolosa y continua en que incurrieron las partes, el ideal de mayor aproximación judicial queda sólo y plenamente satisfecho, mediante la aplicación de la fórmula general en que se apuntala, la doctrina vigente: solidaridad frente al perjudicado, y distribución en partes iguales en la relación interna de los deudores.
Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que expida el auto de certiorari y que modifique la resolución re-currida, a los únicos fines de establecer que la responsabilidad de las peticionarias Carmen Sánchez Rodríguez, Carmen Belén Correa Sánchez y el recurrido Antonio López Jiménez y su esposa Margot Felices Saenz deberá ser fijada a base de [713]*713cuotas contributivas iguales, tomando como divisor los cuatro (U) protagonistas del drama. (7)
El Juez Presidente Señor Pons Núñez se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.
El tribunal de instancia estimó que la procedencia de la tercera re-convención de López Jiménez contra las peticionarias, tuvo el efecto de que [705]*705éstas le respondiesen por la totalidad de lo que tuviera que pagar a Obdulio Correa Sánchez.
Dicho análisis es incorrecto. Nuestro pronunciamiento al permitir tal reconvención, no hizo más que esclarecer el alcance de las reclamaciones de los codemandados entre sí (Carmen Sánchez, Carmen Belén Correa y López Jiménez), para responder frente a un tercero que definitivamente no inter-vino en la transacción ilegal. Resolvimos que dicha reconvención no contra-decía el principio de la causa ilícita o torpe ni impedía la repetición. En ese sentido, al reconocer que López Jiménez tenía una causa de acción por vía de repetición contra Carmen Sánchez y Carmen Belén Correa, no hicimos más que salvar la laguna procesal provocada por el proceder del demandante Obdulio Correa Sánchez de acumular a las peticionarias —que originalmente figuraban como demandadas— como demandantes. Ello perseguía que sólo López Jiménez, et al., figuraran como únicos demandados. La imposición de responsabilidad solidaria a dichas partes viabilizó dicha reconvención, sin que ello implicara, lógicamente, una imposición de responsabilidad total (100%) a las peticionarias Carmen Sánchez y Carmen Belén Correa. In-cuestionablemente, López Jiménez, por efectos de nuestra decisión, también incurrió en responsabilidad.