Sagardía De Jesúss v. Hosp. Auxilio Mutuo Y Otros

2009 TSPR 173

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: November 12, 2009
• Docket: CC-2005-1236
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel Sagardía De Jesús Et als.

Peticionarios Certiorari

v. 2009 TSPR 173

Hospital Auxilio Mutuo 177 DPR ____ Y otros

Recurridos

Número del Caso: CC-2005-1263

Fecha: 12 de noviembre de 2009

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Juez Ponente: Hon. Aleida Varona Méndez

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Harry Anduze MontaÑo Lcdo. Rafael A. García López Lcdo. Raúl S. Mariani Franco

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. José A. Rivera Cordero

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correccione s del proceso de compilación y publicación oficial de las decisio nes del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionarios CC-2005-1263 Certiorari

v.

Hospital Auxilio Mutuo y Otros

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 2009.

En el presente caso nos corresponde

determinar si procede la reducción de una suma

acordada en una transacción celebrada entre los

demandantes y unos codemandados, de la cuantía

total concedida como daños. Esto, en instancias en

las cuales posteriormente no se le atribuya

responsabilidad en el acto torticero a los

codemandados relevados por el acuerdo de

transacción. Igualmente, debemos resolver si un

hospital responde vicariamente por actos de

impericia médica cometidos por un médico

contratista independiente que laboraba en una

franquicia exclusiva que brindaba CC-2005-1263 2

servicios de anestesiología a los pacientes de dicha

institución. Además, debemos considerar si procedía la

reducción de la compensación concedida a los demandantes

por los daños físicos que sufrió su hijo, por éste no

haber estado consciente durante varios días.

I

Las determinaciones de hechos esenciales son las

siguientes.

A mediados del año 1992, la señora Rita M. Deliz

Cordero quedó embarazada y estuvo recibiendo tratamiento

prenatal con el grupo de ginecólogos-obstetras compuesto

por los doctores Arsenio Comas Urrutia, Ubaldo Catasús y

Juan Figueroa Longo, bajo el cuidado principal del Dr.

Comas. El embarazo fue normal y no hubo evidencia de

problema alguno con el feto durante la gestación. En la

mañana del 2 de abril de 1993, la señora Deliz acude al

Hospital Auxilio Mutuo (Hospital) por órdenes del Dr.

Comas, por ésta estar de parto activo. Al ser examinada en

el Hospital, el Dr. Comas procedió a abrirle las membranas

(conocido como “romper fuente”) y el líquido amniótico

reflejó presencia de meconio1 (“meconium stain”). En esos

momentos no se observaba progreso en el parto, por lo que

el médico determinó que probablemente la señora Deliz

debía ser sometida a una cesárea.

1 El meconio es el “material que se acumula en el intestino del feto y que forma las primeras heces del recién nacido. La presencia de meconio en el líquido amniótico durante el parto puede indicar sufrimiento fetal.” Diccionario Mosby, Medicina, Enfermería y Ciencias de la salud, Edit. Elsevier, Madrid, 6ta edición, 2003, V. I, pág. 997. CC-2005-1263 3

A las 11:30 a.m., como el parto no progresaba y

existía desproporción céfalo pélvica, sumado a la

presencia de meconio previamente detectada, el Dr. Comas

decidió proceder con un parto mediante cesárea. Antes de

realizarse la cesárea, no se realizaron gestiones para

que, durante el parto, estuviera presente un pediatra u

otro personal médico adiestrado, aunque se tenía

conocimiento de la presencia del meconio. No hubo pediatra

disponible durante el parto, aun cuando el Hospital

contaba para esa fecha con pediatras y neonatólogos en su

facultad médica. Durante el parto estuvo presente el

personal médico siguiente: el Dr. Comas, el Dr. Miguel A.

Eliza García (anestesista), una anestesista y dos

enfermeras (“circulating” y “scrub nurse”).

A las 12:16 p.m. nació Miguel Alfonso, un bebé varón

de 9 libras y 6 onzas, con el cuerpo cubierto de meconio.

Al nacer, el Dr. Comas, conforme al procedimiento de

rigor, succionó al bebé por la boca y luego por la nariz.

Inmediatamente después, el bebé lloró y entonces lo

entregó al Dr. Eliza, asumiendo éste la responsabilidad

por su atención, pues no había en sala otra persona con el

adiestramiento y experiencia en el manejo de un bebé

recién nacido.

El Dr. Eliza le succionó a Miguel Alfonso 4cc de

meconio, le aplicó oxígeno, lo intubó endotraquealmente y CC-2005-1263 4

utilizó un laringoscopio.2 Además, se le otorgó un “Apgar

Score”3 de 7 al nacer y de 9 a los cinco minutos. Sin

embargo, no surge del récord quién o quiénes otorgaron el

“Apgar” ni qué criterios se tomaron para adjudicar la

puntuación. Durante el juicio, el Dr. Eliza testificó que

fue él quién lo otorgó, debido a que el récord médico no

ofrece mucha claridad. Más bien adolece de múltiples

deficiencias y crasas omisiones.4

Al examinar al recién nacido Miguel Alfonso en el

“nursery”, el pediatra en turno (Dr. Sánchez) procedió a

succionarlo nuevamente. Además de los 4cc de meconio

succionados por el Dr. Eliza en Sala de Operaciones, se le

2 Sin embargo, aunque del récord no surge claramente de dónde se extrajeron los 4cc de meconio al bebé, el Dr. Eliza declaró en corte que extrajo el meconio del estómago. Tampoco está claro qué método se utilizó para suplirle el oxígeno, cuál fue la razón para utilizar un laringoscopio y qué resultó de su utilización, cómo se intubó al bebé y cómo se desarrolló el procedimiento. Aparecen marcadas todas las medidas de resucitación pero no se explica o detalla cuándo, cómo, cuántas veces y por qué se llevaron a cabo dichas medidas. 3 El “Apgar Score” es una evaluación de la condición física de los niños recién nacidos al primer minuto y a los cinco minutos de nacido. Se le asigna un valor de 0 a 2 a cada uno de los cinco criterios a evaluar. Los criterios son: el ritmo cardiaco, la respiración, el tono muscular, respuesta a la estimulación y el color de piel. La puntuación máxima es de 10. El “Apgar Score” es utilizado para conocer la condición del recién nacido. Véase, J.E. Schmidt, Attorney´s Dictionary of Medicine, LexisNexis Matthew Bender, 2003, Vol. 1 A-CG, Pág. A-475

4 Hay una ausencia total de datos en el récord médico que expliquen cuál fue el tratamiento médico brindado por el Dr. Eliza al bebé en la Sala de Operaciones. No existe anotación que documente con claridad y detalle las circunstancias que rodearon el manejo y tratamiento del bebé al nacer. Tampoco refleja quién ordenó su traslado de Sala de Operaciones al “Nursery”. Aún cuando el Dr. Eliza administró todas las medidas de resucitación al bebé, lo que refleja una situación de cuidado, fue trasladado con un escolta al “Nursery” en una incubadora corriente sin personal médico alguno. Además, quedó evidenciado que previo a su transferencia al “Nursery”, al menos durante 17 minutos, el bebé fue desatendido en Sala de Operaciones, sin seguimiento o medidas especiales a pesar de los procedimientos o medidas especiales de resucitación que le fueron impartidas por el Dr. Eliza. CC-2005-1263 5

extrajeron 7cc de meconio del estómago y casi 1cc de la

tráquea. Ante el riesgo de un proceso infeccioso, el Dr.

Sánchez ordenó la administración de antibióticos. Sin

embargo, los antibióticos fueron ordenados a la 1:00 p.m.

y fueron administrados por las enfermeras del hospital a

las 3:15 p.m. No fue hasta las 3:30 p.m. cuando se

cumplimentaron todas las órdenes médicas dadas.

A las 4.55 p.m. se confirmó que Miguel Alfonso tenía

pulmonía. Ante este cuadro y el deterioro continuo del

recién nacido, el Dr. Sánchez, en comunicación con el Dr.

Jaunarena (pediatra de la familia) decidió trasladarlo al

Hospital Damas en Ponce a una Unidad de Cuidado Intensivo

Neonatal, ya que el Hospital Auxilio Mutuo no contaba con

una para ese entonces.

A las 5:30 p.m., el Dr. Ochoa (neonatólogo) del

Hospital Damas de Ponce aceptó el traslado del bebé a esa

institución. Debido a que el Hospital Auxilio Mutuo no

tenía protocolo para ello, no fue hasta las 7:15 de la

noche que se pudo transportar a Miguel Alfonso al Hospital

Damas en ambulancia. Durante el viaje, el recién nacido

fue acompañado por el Dr. Sánchez, una técnica de terapia

respiratoria, una enfermera de intensivo y dos

paramédicos.

Una vez admitido en la Unidad de Cuidado Intensivo

del Hospital Damas en horas de la noche del 2 de abril de

1993, el bebé continuó recibiendo tratamiento médico. Pese

a los cuidados brindados, su condición respiratoria CC-2005-1263 6

empeoró. Ante esta situación, los médicos del Hospital

Damas le aconsejaron a los demandantes que trasladaran al

recién nacido a los Estados Unidos, a una institución

hospitalaria que tuviera una máquina especializada llamada

“Extral Corporal Membrane Oxygenation” (ECMO).

Así las cosas, el bebé fue trasladado en ambulancia

aérea al Miami Children´s Hospital donde fue colocado en

ECMO. Estuvo bajo tratamiento en el Hospital de Miami

desde el 4 de abril de 1993, siendo su cuerpecito sometido

a estar lleno de agujas y tubos. Además, lo mantuvieron en

el área de cuidado intensivo dentro de una máquina a

través de la cual podían introducirse las manos mediante

unas aberturas, para darle tratamiento médico que

requería. Allí, estuvo acompañado en todo momento de su

padre, el señor Sagardía De Jesús, hasta que su madre, la

señora Deliz Cordero le fue permitido viajar y pudo

acompañarlo también. Durante su estadía en dicho Hospital,

ambos progenitores contemplaron impotentes el deterioro de

su primogénito, hasta que entre otras complicaciones,

Miguel Alfonso sufrió un paro cardíaco que lo mantuvo en

estado comatoso desde el 23 de abril hasta su

fallecimiento el 27 de abril de 1993.

Ante esta situación el señor Miguel E. Sagardía De

Jesús, la señora Rita M. Deliz Cordero y la sociedad legal

de gananciales constituida entre ellos instaron una acción

por daños y perjuicios contra el Hospital y los

ginecólogos-obstetras Comas Urrutia, Catasús y Figueroa CC-2005-1263 7

Longo, además contra el anestesiólogo Eliza García. Alegó

la parte demandante que, como consecuencia de las

actuaciones y omisiones negligente de la parte demandada,

se produjo el fallecimiento de Miguel Alfonso veinticinco

(25) días después de su nacimiento.

Antes de comenzar el juicio, los demandantes

desistieron con perjuicio de su reclamación contra los

doctores Comas, Catasús y Figueroa Longo mediante un

acuerdo de transacción privado. Conforme a dicho acuerdo,

los demandantes exoneraron a los codemandados antes

mencionados de su responsabilidad hacia éstos y los demás

codemandados. Los codemandados exonerados a su vez, se

obligaron a pagar la cantidad de doscientos mil dólares

($200,000.00) a los demandantes. El Tribunal de Primera

Instancia dictó sentencia parcial de conformidad,

permaneciendo en el pleito el Hospital y el Dr. Eliza.

Durante la discusión de la transacción en el primer

día de juicio, según se desprende de la transcripción de

la vista, los codemandados manifestaron en corte abierta

que no interesaban reclamar partida alguna de los

codemandados relevados.5 Además, la Jueza que condujo los

procesos, claramente y con la anuencia de todas las

partes, permitió al Hospital y al Dr. Eliza presentar

5 Véase, Addendum I de la Petición de certiorari a la pág. 28. CC-2005-1263 8

prueba sobre la responsabilidad de los codemandados

liberados, si así lo entendían pertinente.6

Celebrado el juicio, y luego de apreciar la extensa

prueba desfilada y escuchar los testimonios vertidos, el

tribunal declaró con lugar la demanda y condenó a los

codemandados (Hospital Auxilio Mutuo y Dr. Eliza) a

resarcir solidariamente a los demandantes por los daños

sufridos. Determinó que era más probable que el bebé

hubiera sobrevivido si hubiese recibido una atención

médica más temprana de forma continua y consistente por

parte del Dr. Eliza, el personal de enfermería del

Hospital y de éste como institución hospitalaria.

El tribunal concluyó que el Dr. Eliza asumió la

responsabilidad del bebé al nacer y negligentemente no

solicitó la presencia de un pediatra, neonatólogo, ni de

ningún otro profesional. Respecto al récord médico,

concluyó que la falta de anotaciones por parte del Dr.

Eliza era alarmante e injustificable. Determinó además

que, aún cuando no es inusual la presencia de meconio y su

aspiración, al ser advertida, es necesario hacer una

intervención rápida y adecuada para lograr su mayor

extracción y así evitar o disminuir los daños que pueda

causar al bebé. Concluyó que si al llegar el bebé al

“Nursery” le fueron extraídos 7cc de meconio en su

estómago y 1cc de su tráquea por el pediatra, ello fue

6 Véase, Addendum I de la Petición de certiorari. CC-2005-1263 9

resultado de una extracción negligente por parte del Dr.

Eliza.

En consecuencia, el tribunal concluyó que el Dr.

Eliza fue negligente al no extraer todo el meconio

aspirado por el bebé, lo que provocó daños que causaron su

posterior deceso. En específico, expresó que la

intervención del Dr. Eliza con el bebé fue corta,

inadecuada, falta de continuidad y no documentada en el

récord médico. Respecto al Hospital, concluyó que era

solidariamente responsable ante los demandantes.7 El

tribunal les condenó a pagar solidariamente la cantidad de

ochocientos nueve mil setecientos setenta y ocho dólares

con cincuenta y dos centavos ($809,778.52).8 Además, el

7 Entre las desviaciones principales de la mejor práctica de la medicina que fueron cometidas por el Hospital, según determinó el tribunal están las siguientes: 1. No proveer personal suficiente adiestrado en Sala de Operaciones para atender al bebé que se conocía y que estaba expuesto a meconio; 2. Llevar y permitir que sus empleados cumplimentaran un récord insuficiente con serias contradicciones y omisiones que invalidan su utilización para describir de forma precisa el tratamiento brindado; 3. Tener y mantener un contrato de exclusividad con la firma de anestesiología de la cual el Dr. Eliza formaba parte delegando en dicho grupo, sin supervisión alguna, la determinación del personal y equipo necesario en sus salas de operaciones; 4. La omisión del personal de enfermería y de recién nacidos de reconocer la condición de cuidado que presentaba el bebé y dar aviso con premura al pediatra de turno para su atención; 5. La falta de personal de enfermería de seguir las órdenes médicas en un término razonable y de forma adecuada; 6. Su omisión de tener un protocolo establecido para el traslado de recién nacidos a una sala de intensivo neonatal cuando fuera necesario. 7. 8 Dicha cantidad está constituida por las siguientes partidas: ($6,857.00) por el costo de la ambulancia aérea; ($828.52) por los gastos de alojamiento en el Miami Children´s Hospital; ($684.00) por los gastos de la funeraria en Miami; ($650.00) por los gastos de la funeraria en Puerto Rico; ($759.00) por los gastos de pasajes aéreos; ($50,000.00) a ambos demandantes por la causa de acción de su hijo por CC-2005-1263 10

tribunal le impuso a los demandados el pago de las costas,

gastos y honorarios de abogado por temeridad por la suma

de cuatro mil dólares ($4,000.00) e intereses al 5.25%

prevaleciente.

Así pues, a la luz de la prueba presentada, el

tribunal de instancia dictaminó que los únicos

responsables del evento dañoso fueron los codemandados Dr.

Eliza y el Hospital. Por tal razón, aunque éstos

presentaron una moción de determinaciones de hechos y

conclusiones de derecho adicionales, solicitando la

determinación de responsabilidad de los codemandados

relevados, la Jueza la declaró no ha lugar.

El Hospital y el Dr. Eliza acudieron ante el Tribunal

de Apelaciones mediante recursos de apelación separados,

los cuales fueron consolidados. El Tribunal de Apelaciones

emitió una extensa sentencia y después de discutir en

detalle los planteamientos de los demandados, modificó la

sentencia del Tribunal de Primera Instancia señalando que

el Hospital no incurrió en negligencia por el hecho de

éste tener y mantener un contrato de exclusividad con la

firma de anestesiología de la cual el Dr. Eliza formaba

parte delegando en dicho grupo, sin supervisión alguna, la

determinación del personal y equipo necesario en sus salas

de operaciones. De igual manera, resolvió que no se

el dolor físico sufrido por éste a razón de $2,000.00 por 25 días; ($350,000.00) por las angustias mentales sufridas por la señora Deliz en su acción directa; y ($400,000.00) por las angustias mentales sufridas por el señor Sagardía. CC-2005-1263 11

estableció el nexo causal entre el daño causado y el hecho

que el Hospital no contara con un protocolo para el

traslado de infantes en condición crítica a una unidad

hospitalaria de cuidado terciario. No obstante, se sostuvo

la determinación de solidaridad entre el Hospital y el Dr.

Eliza que había hecho el Tribunal de Primera Instancia.

Asimismo, el Tribunal de Apelaciones modificó la

partida de cincuenta mil dólares ($50,000.00) concedida a

los demandantes por el dolor físico sufrido por su hijo a

razón de dos mil dólares ($2,000.00) por 25 días y la

redujo a un periodo de 17 días, para un total de treinta y

cuatro mil dólares ($34,000.00). El foro intermedio

entendió que al ser una compensación sustentada en los

dolores físicos del bebé, procedía la reducción de

aquellos días que conforme al expediente y la prueba

presentada éste estuvo sedado y/o en estado de coma. Por

consiguiente, al no sentir dolor durante ocho (8) días no

podía ser compensado por los dolores físicos no percibidos

en esos días.

El Tribunal de Apelaciones también redujo del monto

total de la indemnización la cantidad de doscientos mil

dólares ($200,000.00) ya satisfecha a los demandantes en

virtud del acuerdo de transacción con los co-demandados

relevados. Así modificada, se confirmó la sentencia

apelada.

Ninguna de las partes estuvo conforme con esta

sentencia, por lo cual recurrieron ante este foro mediante CC-2005-1263 12

sus respectivos recursos. No obstante, los recursos del

Hospital Auxilio Mutuo y del Dr. Eliza no fueron acogidos

por este Tribunal. Por su parte, en el recurso ante nos

los demandantes plantearon los siguientes errores:

i. Cometió error el Tribunal de Apelaciones al modificar la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia y de esa forma reducir de la cuantía concedida como daños a los demandantes-peticionarios, la suma total de la transacción entre los demandantes- peticionarios y los doctores Comas, Catasús y Figueroa Longo.

ii. Cometió error el Tribunal de Apelaciones al modificar la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia y al determinar que el Hospital Auxilio Mutuo no es responsable por no contar para el 1993 con un protocolo para el traslado de infantes en condición crítica a una unidad terciaria.

iii. Cometió error el Tribunal de Apelaciones al modificar la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia y reducir la compensación concedida a los demandantes por daños físicos experimentados por el recién nacido.

iv. Cometió error el Tribunal de Apelaciones al modificar la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia al no imponer responsabilidad vicaria al Hospital Auxilio mutuo por las actuaciones del doctor Eliza aún cuando se demostró que el grupo de Anestesiólogos para el que trabajaba el Dr. Eliza era contractualmente responsable por tener el personal diestro disponible que fuera necesario en sala de parto en todo momento.

Estando en condiciones de resolver, procedemos a así

hacerlo.

II.

En cuanto al primer error, los peticionarios alegan

que el Tribunal de Apelaciones erró al restar la suma CC-2005-1263 13

producto de una transacción entre éstos y unos

codemandados de la cuantía total que se les concedió por

concepto de daños. Tienen razón los peticionarios.

A.

Los principales elementos constitutivos de un

contrato de transacción son: 1) la existencia de una

controversia o relación jurídica incierta litigiosa; 2) la

intención de las partes de sustituir –mediante la

transacción- la incertidumbre sobre los elementos

objetivos de la relación jurídica por otra “cierta e

incontestable”; 3) concesiones recíprocas.9 La antecedida

incertidumbre, en la mayoría de los casos, es la causa de

la transacción. Las partes, al transigir, podrían

encontrarse en un estado de incertidumbre en torno a la

razón jurídica que les asista y la ignorancia objetiva del

resultado del pleito o pleito futuro; esa incertidumbre es

lo que normalmente les mueve a transigir.10

Por consiguiente, por virtud del contrato de

transacción las partes sustituyen dicha incertidumbre con

la certeza del contrato. Además, al transar, ambas partes

asumen el riesgo -de haber pagado más o recibir menos- con

el fin de evitar o finalizar un litigio.

9 Art. 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4821; US Fire Insurance Company v. A.E.E., res. el 24 de septiembre de 2008, 2008 T.S.P.R. 160, 174 D.P.R. __; Mun. de San Juan v. Professional Research & Community Services, res. el 18 de mayo de 2007, 2007 T.S.P.R. 95. 10 L.R. Rivera Rivera, El Contrato de Transacción, sus efectos en situaciones de solidaridad, Jurídica Editores, 1998, pág. 37 (citando a Cossío y Corral). CC-2005-1263 14

B.

En los pleitos de daños y perjuicios, la víctima

puede renunciar a su reclamación con alguno de los co-

causantes de un daño, mediante un contrato de transacción.

Además, esta situación puede ocurrir en supuestos de

pluralidad de sujetos. En los últimos años hemos elucidado

los efectos que produce este tipo de contrato en los

supuestos de solidaridad de los pleitos de daños y

perjuicios con pluralidad de sujetos. Hemos sostenido que

dependiendo de lo pactado, así serán los efectos de ese

acuerdo sobre el co-causante o codemandado con quien se

transa y los demás que permanezcan en el pleito.11 Por

consiguiente, es de vital importancia establecer qué fue

lo que se pactó y poder acertar el alcance de dicha

transacción.12

Recientemente, en US Fire Insurance v. A.E.E., res.

el 24 de septiembre de 2008, 2008 T.S.P.R. 160, 174 D.P.R.

__, clarificamos la normativa sobre los efectos de una

transacción tanto en la relación interna entre

codemandados solidarios como en la relación externa entre

codemandados y demandantes. Expresamos que en la situación

en la cual la víctima exonera de responsabilidad a uno de

los codemandados, ello no acarrea el relevo de los otros

codemandados, si esto último no surge claramente del

11 US Fire Insurance Company v. A.E.E., supra; S.L.G. Szendrey v. Hospicare Inc., 158 D.P.R. 648, 656 (2003); Blas Toledo v. Hospital Nuestra Señora de la Guadalupe, 167 D.P.R. 439 (2006). 12 Art. 1714 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4826. CC-2005-1263 15

acuerdo de transacción.13 Con lo cual, la víctima puede

continuar su reclamación contra los restantes

codemandados.

Por su parte, los efectos que una transacción pueda

tener sobre los codemandados que no transigieron dependerá

de lo pactado entre el demandante y el codemandado

liberado. Puede darse el caso en el cual a través del

acuerdo de transacción la víctima libere a un codemandado

de toda responsabilidad que pueda surgir en relación con

el evento dañoso. Esta actuación se entiende como una

exoneración de la responsabilidad hacia la víctima

(relación externa) así como hacia la relación entre

codemandados (relación interna). Por consiguiente, cuando

esto sucede, si el codemandado liberado aceptó su

responsabilidad en el evento dañoso o cuando finalmente un

tribunal haga dicha determinación de responsabilidad, el

principal efecto es que la víctima asume la porción de

responsabilidad que se le atribuya al co-causante

liberado.14 Así pues, los demás co-causantes del daño no

podrán recobrar ninguna cantidad del co-causante

liberado.15 No está disponible la acción de nivelación

porque el acuerdo de transacción exoneró al co-causante

13 Íd.; Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403, 409 (1969); S.L.G. Szendrey v. Hospicare Inc., supra, pág. 655; Blás Toledo v. Hospital Nuestra Señora de la Guadalupe, et al., supra. 14 US Fire Insurance v. A.E.E., supra; Szendrey v. Hospicare Inc., supra, pág. 656-659 (Énfasis suplido.) 15 US Fire Insurance v. A.E.E., supra. CC-2005-1263 16

relevado de la responsabilidad interna. Por consiguiente,

se le resta la porción de responsabilidad que se le

atribuya al co-causante liberado para que así éstos no

paguen más de lo que le corresponda.16

En estas circunstancias, los demás co-causantes sólo

responderán por la porción que quede luego de restar el

monto correspondiente a la porción de responsabilidad del

co-causante liberado y no por la totalidad de los daños.17

Por su parte, el demandante recibirá la cantidad

establecida en el acuerdo de transacción como pago del

monto correspondiente a la porción de responsabilidad que

en su día se determine para ese co-causante, si alguna.18

Por tal razón, conforme al riesgo asumido, si al

dictar la sentencia el monto correspondiente a la porción

de responsabilidad del co-causante liberado es mayor a lo

recibido a cambio del relevo de responsabilidad, el

demandante asume dicha reducción; por el contrario, si

dicha cantidad es menor a lo recibido a cambio del relevo

de responsabilidad, el demandante percibe la ganancia.19

En este tipo de acuerdo transaccional, si luego de

haber sido liberado, dicho co-causante no es encontrado

16 Este proceder se sostiene en el interés de evitar el enriquecimiento injusto de una parte, finalidad de la acción de nivelación. Íd.; Szendrey v. Hospicare Inc., supra, pág. 654; P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., 149 D.P.R. 691, 712-713 (1999); Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60, 63-64 (1985). 17 US Fire Insurance v. A.E.E., supra; Szendrey v. Hospicare Inc., supra, pág. 658. (Énfasis suplido.) 18 US Fire Insurance v. A.E.E., supra. 19 Íd. CC-2005-1263 17

incurso en responsabilidad, éste no tiene derecho a

recobrar lo pagado ni los demás co-causantes a instar una

acción en nivelación. El demandante en este caso percibe

la ganancia.

Por otra parte, el acuerdo transaccional se puede

limitar a la exoneración de un co-causante en la relación

externa solamente. Es decir, que el demandante renuncie a

una acción de daños y perjuicios en contra de uno de los

co-causantes, sin relevar a éste de los efectos que pueda

tener con los restantes co-causantes. Este tipo de

transacción no impide que la víctima continúe la demanda

en contra de los demás co-causantes de su daño, esperando

recobrar de éstos hasta la totalidad del monto

correspondiente a los daños causados.20 En el caso que para

satisfacer la sentencia que advenga en su día, los demás

co-causantes tengan que asumir la correspondiente porción

del co-causante liberado y pagar una suma en exceso a la

porción de responsabilidad que les corresponda, éstos

tendrán disponible la correspondiente acción de

nivelación.21

En este contexto, procede la reducción del monto de

la sentencia la cantidad objeto de la transacción. De lo

contrario, el demandante, sin asumir riesgo alguno, podría

recobrar la totalidad del monto de la sentencia, así como

20 US Fire Insurance v. A.E.E., supra; Véase, Blás Toledo v. Hospital Nuestra Señora de la Guadalupe, et al., supra. 21 Íd. CC-2005-1263 18

la cuantía obtenida mediante el acuerdo transaccional.22

Esta actuación constituiría un escenario de

enriquecimiento injusto ya que los co-causantes

percibirían un empobrecimiento al pagar más de lo que les

corresponde y el demandante experimentaría un

enriquecimiento, sin, como señalamos, haber asumido

riesgo alguno. Por consiguiente, este tipo de acuerdo

transaccional que exonera sólo de la relación externa a

los co-causantes liberados, tiene el efecto de mantener la

acción de nivelación disponible para los co-causantes no

liberados hacia los liberados.

C.

Con relación a los hechos del caso de autos, en el

Acuerdo Privado de Transacción que suscribieron los

demandantes con los doctores Comas, Figueroa Longo y

Catasús, estos últimos se obligaron a pagar doscientos mil

dólares ($200,000.00) como compensación total por todo lo

que alegaba la parte demandante en cuanto a éstos. Aún

así, los codemandados liberados expresaron que el pago de

dicha suma de dinero no constituía una admisión de

responsabilidad. Como resultado del Acuerdo, los

demandantes relevaron a los doctores Comas, Figueroa Longo

y Catasús de todas las reclamaciones expuestas en la

demanda. Con esta actuación, se les exoneró de la relación

externa entre éstos y los demandantes.

22 US Fire Insurance v. A.E.E., supra. CC-2005-1263 19

Por otro lado, el Acuerdo refleja que la intención de

los demandantes fue relevar a los codemandados de la

relación interna por igual. Dicho contrato de transacción

refleja que los demandantes le extendieron un relevo total

a los codemandados transigentes en lo que respecta a

cualquier reclamo de los demás codemandados de instarse

una acción de coparte.23 Por consiguiente, el Acuerdo

exoneró a los codemandados liberados tanto de la

responsabilidad externa como de la interna.

En el momento en el que los demandantes liberaron a

los codemandados –los doctores Comas, Figueroa Longo y

Catasús- de ambas relaciones, éstos se subrogaron en sus

posiciones. Al así hacerlo, el principal efecto fue que,

si se le adjudicaba responsabilidad a algunos de los

codemandados liberados, se le restaría a la suma concedida

la porción de responsabilidad adjudicada. En este caso,

los codemandados liberados no fueron encontrados

responsables o co-causantes del acto torticero y, por lo

tanto, nada se les podía restar a los demandantes de la

23 En lo pertinente dicho acuerdo expone en la página 5 lo siguiente: En la eventualidad de que el tribunal permitiera cualquier acción de coparte o de demanda de terceros contra alguno o todos los codemandados aquí comparecientes y en su día pudiera resultar que el Tribunal declarara con lugar cualquier acción de coparte o de demanda de terceros y que ello conlleve la imposición del pago de cualquier cantidad a favor del demandante de coparte o del demandante de tercero o de los demandantes; entonces los demandantes relevarán del pago de la partida que correspondiere, fuere la cantidad que fuere, a los aquí comparecientes… Esto significa que los codemandados comparecientes no tendrán que pagar a la parte demandante suma adicional a la pagada a tenor con el presente acuerdo. La parte demandante a su vez renuncia a cualquier derecho que pueda tener a base de solidaridad para cobrarle a los demandados que aquí comparecen cualquier suma en exceso de la aquí acordada. CC-2005-1263 20

cantidad que recibieron como parte del contrato de

transacción que suscribieron.

En US Fire Insurance v. A.E.E., supra, sostuvimos

“que un demandante que suscribe un acuerdo transaccional

con uno de los co-demandados y termina recibiendo en total

una cantidad mayor a lo que le corresponde según la

sentencia dictada a su favor, podrá percibir dicha

ganancia dependiendo de lo pactado en el acuerdo

transaccional”. El acuerdo transaccional del presente caso

demuestra que los demandantes asumieron la porción de

responsabilidad que se le llegara a imputar a los

codemandados liberados, por lo que asumió el riesgo de

recobrar menos o más. La transacción en este tipo de casos

conlleva la asunción de riesgos por parte de los

demandantes y los codemandados liberados. Porque, como

hemos mencionado, el contrato de transacción se fundamenta

en la incertidumbre del litigio. Podría darse el caso

donde se encuentre responsable al codemandado liberado, y

dependiendo de su respectiva porción de responsabilidad,

el negocio haya sido beneficioso o no para uno o el otro.

Ese es el riesgo de la transacción.

En este caso, los doctores Comas, Figueroa Longo y

Catasús llegaron a un acuerdo transaccional con los

demandantes y de esta forma evitaron el largo proceso del

litigio. Éstos asumieron el riesgo de pagar de más; lo que

eventualmente sucedió. El Tribunal de Apelaciones en su

sentencia descontó los doscientos mil dólares CC-2005-1263 21

($200,000.00) de la suma total de daños concedida bajo el

palio de la equidad. Sostuvo que “[d]e no deducirse dicha

cuantía del monto total otorgado por el foro sentenciador

constituiría una doble compensación a favor de la parte

demandante respecto a la suma estipulada”.

Sin embargo, entendemos que con la normativa

antecedida podemos disponer de la controversia sin tener

que acudir a la equidad. Además, el posible efecto de

cobrar de más por causa del riesgo asumido en un contrato

de transacción no constituye una doble compensación por el

daño sufrido.

Por otro lado, sostener la decisión del foro

apelativo sería beneficiar a los codemandados que no

aportaron nada en la consecución del acuerdo

transaccional. Ellos pagarían menos de lo que le

corresponde gracias a un contrato de transacción del cual

no formaron parte, y por el cual no asumieron riesgo

alguno. Además, permitir que el demandante perciba la

ganancia en nada perjudica ni concierne a los codemandados

puesto que éstos nada tuvieron que aportar a tal rédito, y

por otro lado, ellos tienen que pagar el por ciento de

responsabilidad que le corresponde de todos modos.

Por ende, revocamos en lo pertinente la determinación

del Tribunal de Apelaciones y sostenemos que la cantidad

de doscientos mil dólares ($200,000.00) concedida por el

contrato de transacción no debió ser restada de la cuantía

total de daños. CC-2005-1263 22

III.

En el planteamiento del segundo error, los

demandantes alegan que el Tribunal de Apelaciones erró al

determinar que el Hospital no es responsable por no contar

para el 1993 con un protocolo para el traslado de infantes

en condición crítica a una unidad terciaria. No les asiste

la razón.

Entre los elementos requeridos por el Art. 1802 del

Código Civil,24 se encuentra la causalidad o relación

causal. Ésta, no se establece a base de una mera

especulación o conjetura, más bien en los casos de

impericia médica, la causalidad se demuestra al probar que

la actuación del médico fue la que con mayor probabilidad

causó el daño.25

En los hechos particulares de este caso no está en

controversia la responsabilidad del Hospital por la

negligencia de sus empleados, que junto a la

responsabilidad del Dr. Eliza y la falta del personal

diestro en la Sala de Parto, fueron la causa que con mayor

probabilidad causó el daño. Sin embargo, de conformidad

con la prueba desfilada quedó establecido que aunque

Miguel Alfonso se encontraba en una condición delicada,

éste se mantuvo estable en Ponce e incluso no fue intubado

hasta el siguiente día. Además, no surge del expediente

ninguna evidencia que demuestre que el traslado fue

24 31 L.P.R.A. sec. 5141 25 Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639, 649-650 (1988). CC-2005-1263 23

negligente ni que la ausencia del protocolo afectara a

Miguel Alfonso. Por tal razón, como atinadamente concluyó

el foro apelativo, los demandantes no lograron demostrar

la relación causal entre la falta del protocolo para el

terciaria y los daños acaecidos.

IV.

Los demandantes alegan que el Tribunal de Apelaciones

erró al reducir la compensación que les fue concedida por

los daños físicos experimentados por su hijo. Tienen

razón.

El Artículo 1802 del Código Civil, supra, es el

umbral de la responsabilidad civil extracontractual al

exponer que “[e]l que por acción u omisión cause daño a

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a

reparar el daño causado”. La doctrina ha definido el daño

como “todo menoscabo material o moral causado

contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y

del cual haya de responder otra”.26

Intrínseco al mismo concepto del daño se encuentran

los daños patrimoniales y los no patrimoniales. El daño

patrimonial consiste en el menoscabo –valorable en dinero-

26 J. Santos Briz, Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, T. III, pág. 457; Véase, Ramírez Ferrer v. Conagra Foods Puerto Rico Inc., res. el 14 de abril de 2009, 2009 T.S.P.R. 55, 175 D.P.R. __; García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 D.P.R. 193, 205-206 (1988). CC-2005-1263 24

sobre el patrimonio del perjudicado.27 Por su parte los

daños no patrimoniales “son en principio aquellos cuya

valoración en dinero no tiene la base equivalencial que

caracteriza a los patrimoniales, por afectar precisamente

a elementos o intereses de difícil valoración

pecuniaria”.28

Los daños morales, en esencia, son daños no

patrimoniales. Sin embargo, la doctrina ha distinguido

entre los daños propiamente morales o puros y los daños

morales impropios o daños patrimoniales indirectos. Los

primeros son los que no producen repercusiones de carácter

patrimonial; los segundos son aquellos que por medio de la

“lesión de intereses inmateriales trascienden a valores

del patrimonio”.29

Hemos señalado anteriormente que los daños morales

son los infligidos a las creencias, los sentimientos, la

dignidad, la estima social o la salud física o psíquica

del perjudicado.30 Por consiguiente, son aquellos que

afectan principalmente los derechos de la personalidad, ya

sea física o moral, del ser humano.31 Así también, se han

27 H.M. Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, San Juan, Publicaciones JTS, 1986, 2da ed., Vol. I, pág. 428; Santos Briz, op cit., pág. 461. 28 Santos Briz, op cit., pág. 460. 29 Santos Briz, op. cit., pág. 461; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, Madrid, Ed. Reus, 1993, 15ta ed., Tomo 4, págs. 950-951. 30 Rivera Colón v. S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 408, 428 (2005). 31 Brau del Toro, op cit., pág. 427. CC-2005-1263 25

reconocido como daños morales afecciones a la integridad

de las facultades físicas, la privación de algún miembro o

facultad de una persona, así como todo dolor físico o

moral.32

Ahora bien, el daño moral es un concepto amplio que

abarca distintas vertientes de la naturaleza humana y

surge de múltiples causas.33 Como hemos señalado, dicha

amplitud abarca desde el dolor físico o corporal, las

angustias mentales, hasta los daños o lesiones corporales.

Si bien en muchas ocasiones se han utilizado los términos

de sufrimientos o daños físicos como conceptos

independientes al concepto de “daño moral”, es meritorio

reconocer que éstos forman parte de dicho concepto aunque

sea en vertientes diferentes.

Un acto torticero puede producir una lesión o daño

corporal, el cual puede consistir desde golpes leves hasta

un daño grave que produzca la muerte.34 Este tipo de daño

corporal es resarcible y ha sido reconocido como uno

32 A. Borrell Macía, Responsabilidades Derivadas de Culpa Extracontractual Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1958, 2da ed., pág. 211. (Énfasis suplido.) 33 “[A]sí, por ejemplo, el dolor moral que produce la pérdida de una joya familiar; de daños morales derivados de dolores físicos o de enfermedades físicas o mentales, y de daños morales concomitantes con daños patrimoniales o a la inversa. Todos ellos tienen de común producir perturbaciones anímicas (disgusto, desánimo, desesperación, pérdida de la satisfacción de vivir, etcétera), pero derivan de motivos distintos.” Santos Briz, op. cit. Pág. 461. 34 “El daño físico o corporal puede ser de naturaleza grave, que produzca la muerte. Incluye desde los golpes leves, laceraciones o abrasiones hasta fracturas, amputaciones de miembros, mutilaciones y daños a las estructuras óseas y a los órganos internos.” A. J. Amadeo- Murga, El valor de los daños en la responsabilidad civil, San Juan, Ed. Esmaco, 1997, T. I, pág. 223. CC-2005-1263 26

independiente dentro del daño moral.35 Por consiguiente,

una lesión a la integridad física de una persona o a sus

facultades producto de un acto torticero puede ser

compensable.

Por otro lado, una de las principales manifestaciones

de una lesión corporal puede ser el dolor. Manifestación

que podría producirse tanto en el ámbito físico como

psíquico de la persona. El dolor físico “[e]s la

manifestación a nivel local o general de la lesión, como

consecuencia de los receptores nerviosos especializados en

las distintas captaciones de estímulos.”36 Es una sensación

aflictiva por causa de una afección corporal, que se

manifiesta de diversas formas, en la mayoría de los casos

de forma perceptible. Por tal razón, para sentir dolor una

persona tiene que tener la capacidad de sentirlos. Así

pues, más allá del difícil proceso de cuantificar el

dolor, es evidente que el dolor físico es más fácil de

constatar, por estar relacionado intrínsecamente con la

lesión corporal, que el dolor psíquico o las angustias

mentales.37

Por su parte, la angustia mental es la reacción de la

mente y de la consciencia en torno a un daño corporal o un

35 Font v. Viking Construction, Corp., 58 D.P.R. 689, 711 (1941). 36 B. Pérez Pineda, M. García Blázquez, Manual de Valoración y Baremación del Daño Corporal, Ed. Comares, 1995, 4ta ed., pág. 36. 37 “El hombre, a diferencia del resto de los seres vivos, tiene capacidad para sentir el dolor en presente (manifestación puntual de la lesión), en pasado (recuerdo del dolor y la lesión sufrida), y en futuro (miedo a que se repita la situación dolorosa).” Íd., págs. 3-4. CC-2005-1263 27

evento sufrido y su impacto subjetivo en el bienestar

personal.38 Por consiguiente, la angustia mental no siempre

guarda relación con un daño corporal, ya que afecta

principalmente el ámbito emocional y mental del ser

humano. Ésta puede surgir como consecuencia directa del

evento dañoso o por su efecto colateral producto del daño

que sufrió otra persona.

Este Tribunal adoptó hace mucho tiempo que los

sufrimientos físicos y mentales que sufre una víctima de

un hecho torticero desde la ocurrencia de éste hasta su

muerte son compensables a la víctima, por ende, al morir

ésta, transmite la causa de acción a sus herederos.39 Sin

embargo, en torno a los niños recién nacidos, este

Tribunal expresó que durante los primeros meses de

infancia una niña no podía, como tal, sufrir daños

mentales dentro del significado jurídico-compensatorio.40

38 Amadeo-Murga, op cit., pág. 224. 39 Véase, Vda. Delgado v. Boston Insurance, 101 D.P.R. 598 (1973). Además, este Tribunal se ha expresado en varias ocasiones al respecto. En Vda. Delgado v. Boston Insurance, supra, concedimos quince mil dólares ($15,000.00) a los herederos de un causante por los sufrimientos físicos y morales que sufrió por tres días previos a su muerte, a causa de extensas quemaduras. Por su parte, en la decisión de Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854 (1978), concedimos cinco mil dólares ($5,000.00) por los sufrimientos que enfrentaron unos esposos durante un corto periodo de tiempo antes que perecieran ahogados en las corrientes de un río. En Colón v. Municipio de Guayama, 114 D.P.R. 193 (1983), este Tribunal elevó de quince mil dólares ($15,000.00) a veinticinco mil dólares ($25,000.00) la compensación concedida a los herederos de un joven que sufrió severas y dolorosas lesiones, que lo mantuvieron diez (10) días parapléjico antes de su muerte. En definitiva, es norma reiterada en nuestra jurisdicción que la causa de acción por daños morales es transmisible. 40 Riley v. Rodríguez, 119 D.P.R. 762, 804 (1987). CC-2005-1263 28

Así pues, en casos de niños de pocos meses de nacidos que

mueran a raíz de un hecho torticero, éstos sí transmiten

su causa de acción sobre sus daños morales aunque limitada

en lo correspondiente a la vertiente de los daños

mentales.

Corresponde al juzgador, en su sano juicio,

experiencia y discreción, la valoración justa y necesaria

para compensar los daños y perjuicios sufridos.41 Sin

embargo, la razonabilidad debe ser la brújula que guíe al

juzgador en el serpentino camino de la estimación y

valoración de los daños. Así, en S.L.G. Rodríguez v.

Nationwide, 156 D.P.R. 614, 622 (2002), expresamos lo

siguiente:

La estimación y valorización de daños es una gestión o tarea difícil y angustiosa, ello debido al cierto grado de especulación en la determinación de éstos y por incluir, a su vez, elementos subjetivos tales como la discreción y el sentido de justicia y conciencia humana del juzgador de los hechos.42

La labor judicial se torna más complicada en los

casos de daños morales, ya que la determinación de un daño

moral y su eventual compensación no es una labor mecánica

ni realizable con facilidad. Por tal razón, conlleva un

gran esfuerzo para tratar de conceder valor monetario a

41 S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. 614, 623 (2002); Concepción Guzmán v. A.F.F., 92 D.P.R. 488, 502 (1965). 42 Véanse, Nieves Cruz v. U.P.R., 151 D.P.R. 150 (2000); Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 451 (1985). CC-2005-1263 29

intereses personales que no son parte del entramado

patrimonial.

Por ende, este Tribunal ha sostenido en innumerables

ocasiones que se abstendrá de intervenir con la

apreciación de la prueba y la determinación de daños que

un foro de instancia haya emitido.43 Así pues, es norma

clara que en deferencia y respeto a los foros de

instancia, y en pro de la estabilidad, los tribunales

apelativos solamente tienen la facultad de modificar las

cuantías concedidas en aquellos casos en que las mismas

"sean ridículamente bajas o exageradamente altas".44

D.

El Tribunal de Primera Instancia concedió a los

padres de Miguel Alfonso la cantidad de cincuenta mil

dólares ($50,000.00) por los daños y sufrimientos físicos

de éste. En específico dicho tribunal sentenció:

El bebé Sagardía-Delíz en vez de ser recibido, por el calor de los brazos tiernos de sus padres, fue colocado en una cuna con un respirador y todo su pequeño cuerpecito tenía tubos y agujas que le fueron colocados para medicarlo y alimentarlo por los 25 días en que vivió. Ese sufrimiento físico es compensable y le otorgamos por ello una cantidad razonable a los padres en la acción heredada de su hijo por dicho concepto.

Sin embargo, al final de la sentencia, la juez de

instancia expuso que los cincuenta mil dólares ($50,000.00)

a ambos demandantes por la causa heredada de su hijo era

43 Albino Agosto v. Martinez, Inc., res. el 4 de junio de 2007, 2007 T.S.P.R. 111, 171 D.P.R. ___; S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, supra. 44 Íd. CC-2005-1263 30

por el dolor físico sufrido por éste, a razón de dos mil

dólares ($2,000.00) por día por veinticinco (25) días. Así

pues, el Tribunal de Apelaciones utilizó esta expresión

para descontarle a la cuantía concedida los días que el

bebé “no percibió dolor”. Dicho tribunal restó un total de

ocho (8) días de la cuantía otorgada fundamentado en que el

niño estuvo: un (1) día sin intubar, dos (2) días sedado

sin respuesta a los estímulos y cinco (5) días en estado de

coma.45

Si bien es cierto que el foro primario expresó al

final de su sentencia que la cuantía concedida era a razón

de dos mil dólares ($2,000.00) por día, lo cierto es que,

según puede colegirse de la totalidad de la propia

sentencia, la compensación de cincuenta mil dólares

($50,000.00) era por concepto de los daños y sufrimientos

físicos de Miguel Alfonso. No sólo por los dolores físicos

que sufrió, sino por el concepto más abarcador del daño

moral, entre los cuales se encuentran las lesiones

corporales.46 Es evidente que el pequeño Miguel Alfonso

45 El Tribunal de Apelaciones específicamente dijo: Del total concedido por el Tribunal de Primera Instancia deberán descontarse los días en que Miguel Alfonso no estuvo intubado y con tubos y agujas en todo su cuerpo, a saber el día 2. También, deberán descontarse los días en que según el récord médico del Hospital Damas el bebé estuvo sedado y no respondía a estímulos, o sea, los días 3 y 4. De igual forma deberán deducirse los días en que el niño permaneció comatoso y sin respuesta a dolor, a saber los días 23, 24, 25, 26 y 27. Todos estos suman un total de ocho (8) días por lo que solo procedería dicha partida por diecisiete (17) días a razón de $2,000.00 diarios para un total de $34,000.00. 46 Es necesario señalar, que no entendemos prudente la acción de valorar los daños a base de los días en los que una persona estuvo o no en un estado de inconsciencia o comatoso, tal como lo hizo el tribunal de instancia. Más bien, somos de la opinión que la mejor práctica sería que tal proceso pudiera utilizarse para calcular una CC-2005-1263 31

estuvo algunos días sedado y en estado de coma como

consecuencia de una afección a su integridad corporal,

producto de un acto de impericia médica. Esta lesión

corporal, así como su afección a su facultad de sentir,

son compensables. El que una persona esté en estado de

coma o sedada como consecuencia de un acto torticero,

constituye una lesión corporal compensable como daño

moral. Dicha compensación no se fundamenta en la

percepción del dolor solamente sino, entre otras cosas, en

la lesión que sufrió, la cual la mantiene en la condición

comatosa o imperceptible al dolor.47

Por ende, la cuantía concedida a los demandantes por

los daños sufridos por su hijo corresponde a todos los

daños morales que éste sufrió como consecuencia del acto

torticero. Esa cuantía la entendemos razonable por lo que

nos abstenemos de intervenir con la apreciación de la

prueba y la determinación de daños que el foro de

instancia hizo. En vista de lo anterior, revocamos la

determinación del Tribunal de Apelaciones de reducir la

cuantía concedida a los padres de Miguel Alfonso, por los

daños que éste sufrió.

suma única y separada que indemnice el daño objetivo de perder contacto con la realidad, por determinado tiempo, o como parte del proceso para calcular la suma general de daños a concederse.

47 Por otro lado, no surge del expediente ningún tipo de prueba pericial o científica que sostenga la conclusión de que el niño no sintió dolor los días que estuvo sin intubar y sin agujas por todo el cuerpo y los días en que estuvo sedado, como sostuvo el foro apelativo en su sentencia. CC-2005-1263 32

Por último, los demandantes señalan como cuarto error

que quedó demostrado que el grupo de anestesiólogos para

el que trabajaba el Dr. Eliza tenían una responsabilidad

contractual de tener el personal diestro disponible que

fuera necesario en sala de parto en todo momento y por lo

tanto, se debía imponer responsabilidad vicaria al

Hospital por las actuaciones del Dr. Eliza. Sin embargo,

al examinar la sentencia del Tribunal de Apelaciones es

claro que dicho tribunal modificó la sentencia del

Tribunal de Primera Instancia al exponer que la

responsabilidad era del Hospital y no del grupo de

anestesiólogos.48 Así, como muy bien sentenció el foro

intermedio, la responsabilidad del Hospital era directa y

no vicaria. Nos corresponde entonces, determinar si el

Hospital es vicariamente responsable por las actuaciones

del Dr. Eliza.

No existe duda de que un hospital responde por la

negligencia de sus empleados al cometer actos de mala

48 Específicamente el Tribunal de Apelaciones expuso en su sentencia lo siguiente: “Al analizar el contrato nos percatamos que el mismo es uno referido únicamente al servicio de anestesiología y no de servicios total[es] de las salas del HOSPITAL. La exclusividad del contrato no re[levó] en ningún momento de responsabilidad al HOSPITAL de proveer el personal adiestrado y equipo necesario para la operación de sus salas. Fue erróneo del Tribunal de Primera Instancia concluir que en virtud del contrato de exclusividad Eliza era la persona responsable de proveer el personal y equipo necesario en las Salas de Operaciones. Es nuestro análisis del contrato que era el hospital quien tenía la obligación de proveer personal y equipo necesario para ofrecer los servicios de anestesiología (a excepción de los anestesistas).” Págs. 47 y 48 (Énfasis en el original.) CC-2005-1263 33

práctica contra pacientes atendidos en sus facilidades. La

responsabilidad del hospital, en estos casos, se enmarca

en la responsabilidad vicaria bajo el palio del artículo

1803 del Código Civil.49 Sin embargo, con relación a los

actos de impericia médica cometidos exclusivamente por un

médico no empleado de un hospital, al cual la institución

le concedió el privilegio de utilizar sus facilidades para

atender sus pacientes privados, este Tribunal ha

establecido una clara distinción.

Si se trata de actos ocasionados por el médico hacia

sus pacientes privados, cometidos en un hospital que el

médico escogió, de ordinario el hospital no responde.50 No

obstante, el hospital podría responder por éstos médicos

si incumple con alguna de las siguientes disposiciones:

(a) una cuidadosa selección de los médicos a quienes les

ha conferido el privilegio; (b) exigir que esos médicos se

mantengan al día con cursos de mejoramiento profesional;

(c) mantenerse al tanto del trabajo de esos médicos e

intervenir, cuando sea posible, ante un acto obvio de

impericia médica de éstos; (d) descontinuar el privilegio

concedido ante repetidos o crasos actos de impericia

médica de esos médicos; y (e) mantenerse razonablemente al

día en cuanto a los adelantos tecnológicos habidos.51

49 31 L.P.R.A. sec. 5142 50 Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 D.P.R. 397, 408-409 (1985). 51 Íd., págs. 409-410. CC-2005-1263 34

Por su parte, en el escenario en el cual el paciente

acude al hospital y es el hospital el que le provee los

médicos, hemos pautado que el hospital responderá

solidariamente con el médico no empleado, responsable del

acto de impericia.52 Esto es así, en primer término, porque

es el hospital el que provee el servicio del médico en

particular, y el paciente normalmente no tiene opción o

participación alguna en su selección.53 Por tal razón,

“[h]asta cierto punto se puede afirmar que en esta clase

de situación el hospital le está ‘garantizando’ al

paciente que ese doctor, o cualquiera otro que lo atienda

bajo esas circunstancias, es uno competente y apto para

prestarle ayuda médica.”54 En segundo lugar, el paciente a

quien tiene de frente es al hospital y no a los médicos en

particular.55 Así pues, el médico que labora en el hospital

es, ante el paciente, un aparente empleado del hospital o

un auxiliar del mismo. En tercer lugar, es evidente que

cuando un paciente acude al hospital a recibir un

servicio, la relación principal que se crea es entre éste

y el paciente.56 Ya que en este contexto, el hospital no es

un lugar que alberga a muchos médicos individuales, sino

que es un ente que se obliga a brindar un buen servicio al

52 Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, pág. 407 53 Íd. 54 Íd. 55 Íd. 56 Íd., pág. 408 CC-2005-1263 35

paciente que acude a éste. Por último, este Tribunal ha

sostenido que incluso en casos que estemos ante un

contratista independiente, pero en una relación en la que

el hospital “resulta principalmente beneficiado por la

labor que realiza el médico”, éste deberá responder por

los actos negligente de aquél.57

Además, respecto a la anterior normativa, reconocimos

que “no hace diferencia alguna que el doctor que atienda

al paciente sea o un empleado propiamente del hospital, o

uno a quien el hospital le haya concedido una ‘franquicia’

para brindar servicios médicos especializados a los

pacientes del mismo, o uno que es miembro de la facultad

(staff) del hospital y a quien éste llama en consulta para

atender al paciente, etc.”.58

En torno a los escenarios de franquicias exclusivas

–como contratos para servicios de radiología,

anestesiología y servicios de salas de emergencias, entre

otros- es evidente que le aplica la doctrina precedida. En

este tipo de escenario usualmente el paciente no tiene

participación u opción alguna en la selección del médico o

servicio en particular. Es el hospital quien provee el

servicio a aquellos pacientes que acuden a éste. Por

consiguiente, en este tipo de situaciones, el hospital es

responsable ante el paciente conjuntamente con el médico.

57 Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, pág. 408 58 Íd. (Énfasis suplido.) CC-2005-1263 36

Se crea una garantía implícita de que es el hospital quien

va a proveer el servicio y de manera competente. Sin

embargo, en este tipo de situación en la cual el hospital

le concede una franquicia exclusiva a un médico o a un

grupo de éstos para brindar servicios médicos

especializados a los pacientes del propio hospital, la

institución deberá responder por los actos negligentes de

éstos.

Con relación a la situación particular de un

concesionario de una franquicia exclusiva para prestar

servicios de anestesiología en un hospital, ya este

Tribunal había expresado que estos concesionarios

responden junto con el hospital si éste carece de equipo

básico para operar la concesión adecuadamente.59 No

obstante, es preciso añadir que aunque en muchos de éstos

casos nos enfrentamos ante un contratista independiente,

al hospital resultar principalmente beneficiado por la

labor que realiza el médico, éste deberá responder junto

con el médico por los actos negligentes que éste último

cometa.60

Ahora bien, la responsabilidad del hospital no es una

vicaria, sino una responsabilidad directa, primaria e

independiente, dirigida hacia el paciente. Responsabilidad

que no puede evadir empleando contratistas independientes

59 Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 323, 350 (1998). 60 Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, pág. 408. CC-2005-1263 37

porque quien le está proveyendo el servicio y los médicos

al paciente es el propio hospital. Por tal razón, ambos

responderán solidariamente por el acto negligente

cometido.

Anteriormente, habíamos reconocido que en ciertas

circunstancias los hospitales podrían ser responsables por

aquellos médicos que sólo gozan del privilegio de laborar

en dicho hospital sin ser empleados del mismo.61 En esa

ocasión, adelantamos que en estos casos la responsabilidad

sería solidaria, sin menoscabo de la determinación de los

grados de responsabilidad y el derecho a la nivelación en

la relación interna.62 Por ende, si el paciente acudió al

hospital, ya sea por su cuenta o por orden de su médico

privado, y sufre algún daño compensable por causa de un

médico contratista independiente, tanto el médico como el

hospital responderán solidariamente.

En lo referente a la responsabilidad del Hospital

sobre las actuaciones del Dr. Eliza, surge expresamente de

la cláusula trigésima del contrato de exclusividad que el

segundo es un contratista independiente del primero. Sin

embargo, como expresamos anteriormente, el Hospital

responde solidariamente por las actuaciones de éste. En

este caso la señora Deliz acude al Hospital por órdenes de

61 Nuñez v. Cintrón, 115 D.P.R. 598, 606 (1984). 62 Íd. CC-2005-1263 38

su médico, pero el acto de impericia médica no fue causado

por dicho médico. El acto de impericia fue causado por el

anestesiólogo Eliza, el cual es un contratista

independiente del Hospital. No obstante, es evidente que

la señora Deliz no tuvo opción ni participación alguna a

la hora de escoger el médico que iba a anestesiarla, y

mucho menos que tendría que ser ese anestesiólogo (Dr.

Eliza) quien tendría que atender a su bebé, por falta de

un pediatra en la sala de operaciones. Por su parte, al

ser operada, el anestesiólogo pasó a ser un auxiliar del

Hospital y así la institución está sujeta a responder

solidariamente con el médico, por los actos de éste. Así

pues, el cuarto error no fue cometido.

VI.

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la

sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, a los

efectos antes indicados, y así modificada, se confirma la

misma.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se modifica la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, a los efectos antes indicados, y así modificada, se confirma la misma.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurren con el resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente señor Hernández Denton emitió Opinión concurrente en parte y disidente en parte.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel Sagardía de Jesús, et al.

Peticionarios

Hospital Auxilio Mutuo CC-2005-1263 Certiorari y otros

Opinión concurrente en parte y disidente en parte emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON

Concurrimos con la Parte IV de la Opinión del

Tribunal, pues el foro recurrido erró al reducir la

indemnización otorgada a los esposos Sagardía-Deliz

por los daños que sufrió su hijo Miguel Alfonso.

Ahora bien, disentimos del resto de la Opinión del

Tribunal por entender que a la luz del contrato de

transacción suscrito en el caso de autos procede

que apliquemos la norma pautada en Szendrey v.

Hospicare, Inc., 158 DPR 648, 658-59 (2003).

De esta forma, los demandantes absorberían la

porción de la culpa que les hubiera correspondido a

los demandados que liberaron, tanto en la relación

externa como en la relación interna, y por ende, se

reduciría de la suma concedida mediante sentencia CC-2005-1263 3

la cantidad correspondiente al grado de negligencia de esos

codemandados. A falta de una determinación específica sobre

la distribución de culpas en la relación interna, entonces

procede devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia

para que realice la misma o divida equitativamente la culpa

entre todos los cocausantes del daño. Véase Art. 1091 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3102; véanse,

además: U.S. Fire Insurance Co. v. AEE, 2008 TSPR 160, res.

24 de septiembre de 2008; Sánchez Rodríguez v. López

Jiménez, 118 DPR 701, 710 y n.2 (1987).

En la Opinión del Tribunal, sin embargo, se resuelve

que los efectos de la norma que pautamos en Szendrey no son

aplicables a este caso, porque no se presentó reclamación

alguna contra los médicos relevados. Además, se expresa que

los codemandados restantes –el Dr. Miguel A. Eliza García

(anestesiólogo) y el Hospital Auxilio Mutuo— no presentaron

prueba sobre la responsabilidad de esos codemandados ni

sobre la distribución de la culpa entre los cocausantes de

la muerte de Miguel Alfonso. Por tanto, se resuelve que no

procede descontar de la sentencia el monto correspondiente

al grado de culpa de los demandados liberados.

El principal problema con esta determinación estriba

en que Szendrey prohíbe, precisamente, presentar cualquier

reclamación –ya sea a través de una demanda contra coparte,

una demanda contra tercero o una demanda independiente de

nivelación— en contra de los codemandados liberados, cuando

la intención expresada en el contrato de transacción es

eximirlos de su responsabilidad en la relación interna y CC-2005-1263 4

externa. No sería necesario reclamarle a los codemandados

liberados, pues en virtud del contrato de transacción éstos

en nada tendrían que responderles a los demandantes o a los

demandados que permanezcan en el pleito.

No obstante, a cambio de ese relevo total, la parte

demandante se coloca en la posición de los codemandados

liberados. De esta manera, asume el riesgo de que en la

determinación final de responsabilidad contra todos los

cocausantes, se le impute a éstos un grado de culpa mayor

al anticipado cuando se suscribió el acuerdo transaccional.

Sólo de esta forma tendría sentido firmar un contrato de

transacción pues, como es sabido, parte de la causa en este

tipo de convenios es que se renuncie mutuamente a algo. A

tales efectos, se ha expresado que:

No es lícito afirmar que la causa se centre en el poner fin a una controversia, sino que debe complementarse necesariamente con las recíprocas concesiones… Es necesario siempre que ambas partes sacrifiquen y concedan al mismo tiempo alguna cosa en función de la superación del litigio sobre la cosa controvertida. … En conjunto, el litigio y las recíprocas concesiones constituyen los elementos de la causa. S. Tamayo Haya, El contrato de transacción, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, pág. 210 (citado en López Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838, 857 (2006)).

En vista de este principio, es inevitable cuestionar

cuál es la verdadera causa del contrato de transacción que

firmaron los demandantes en este caso. Si a pesar de firmar

dicho acuerdo transaccional no enfrentarían riesgo alguno,

pues como resuelve la Opinión del Tribunal pueden recobrar

los daños que causaron todos los que intervinieron en su CC-2005-1263 5

producción, tal contrato carecería de causa. Más importante

aún, permitir que los demandantes cobren tanto la cuantía

obtenida mediante transacción, como la concedida mediante

sentencia, sería improcedente. Esto, pues los demandados

que no tomaron parte en el acuerdo transaccional estarían

pagando el total de la sentencia y, en virtud de dicho

contrato, no tendrían el derecho de presentar una acción de

nivelación contra los demandados liberados.

En atención a ello, en Szendrey resolvimos en términos

claros e imperativos que el foro de instancia “tendrá que

determinar en su sentencia el monto líquido total de los

daños ocasionados a la parte demandante por todos sus

cocausantes y deducirá de dicho monto total aquella porción

monetaria equivalente al grado de responsabilidad” del

codemandado liberado. Del mismo modo, para la nivelación

entre los codemandados que permanezcan en el caso, “tendrá

que determinar el grado de contribución de cada uno de

éstos a los daños sufridos por la parte demandante, aun

cuando permanecen obligados frente a ésta por la totalidad

de los daños restantes”, o sea, por la suma que resulte

tras el descuento de aquella porción que corresponda al

grado de culpa del codemandado liberado. Íd. págs. 658-59.

La alternativa a lo anterior sería, claro está, que en

una acción independiente de nivelación los demandados que

no formaron parte del acuerdo transaccional –en este caso,

el doctor Eliza García y el hospital— les reclamen a los

demandantes por el monto que pagaron en exceso y que éstos

debían asumir según el contrato de transacción. Véase Soc. CC-2005-1263 6

de Gananciales v. Soc. de Gananciales, 109 DPR 279 (1979);

Torres v. AFF, 94 DPR 314 (1967).

A pesar de ello, en vista de que los litigantes en esa

acción futura de nivelación ya forman parte del caso ante

nuestra consideración, es innecesario aguardar porque se

presente tal demanda. No hay duda de que en este caso el

foro de instancia erró al no aplicar la norma de Szendrey

cuando dictó su sentencia. Durante el primer día del juicio

se suscitó un extenso debate sobre el alcance del contrato

de transacción, sus efectos sobre los demandados liberados

y sus consecuencias en cuanto a las normas de solidaridad.

Tras analizar el asunto, y a pesar de negarse inicialmente

a acoger el acuerdo transaccional, el foro de instancia le

impartió su aprobación. Ello luego de que los abogados de

los demandantes le manifestaran al tribunal que habrían de

presentar prueba sobre la responsabilidad de cada uno de

los demandados –incluso de aquellos que fueron liberados en

virtud del acuerdo transaccional. Véase Addendum a la Pet.

de Certiorari, págs. 61-62. Así, pues, el foro de instancia

podría adjudicar los grados de culpa correspondientes a

cada uno de los cocausantes y, por lo tanto, podría aplicar

correctamente la normativa de Szendrey.

Una lectura de dicho contrato de transacción revela

que las partes en este caso tenían la intención de liberar

al Dr. Arsenio Comas Urrutia y a su grupo de obstetricia,

tanto en la relación externa como en la relación interna:

[L]a parte demandante releva, exonera y para siempre libera a los codemandados Dr. Arsenio Comas Urrutia, Seguros Triple-S, Inc., y a la Sociedad profesional CC-2005-1263 7

para la práctica de Ginecología Obstetrics Gynecologist & Perinatal Medicine Associates, compuesta por el Dr. Arsenio Comas, el Dr. Juan Figueroa Longo, y el Dr. Ubaldo Catasús, de todas las reclamaciones o causas de acción que surjan por cualquier motivo o por razón de cualesquiera daños o pérdida … que la parte demandante haya sufrido o que de aquí en adelante pueda sufrir como consecuencia de los hechos de la demanda radicada en este caso o en cualquiera de sus enmiendas. … A la fecha en que se suscribe el presente Acuerdo no existen acciones de coparte entre los codemandados. En la eventualidad de que después de firmarse y ejecutarse el presente acuerdo alguno de los codemandados que permanecen en el pleito procedieran a radicar alguna acción de coparte o de demanda de terceros contra todos o algunos de los codemandados aquí comparecientes, aunque cualquiera de dichas acciones sería tardía e improcedente en derecho, los demandantes se obligan previo pago de la suma transaccional de $200,000.00 a lo siguiente:

a. Le extienden un relevo total a los codemandados comparecientes en lo que respecta a cualquier reclamo de los codemandados en dicha acción de coparte.

b. [De permitirse cualquier demanda contra coparte o contra tercero,] los demandantes relevarán del pago de la partida que correspondiere, fuere la cantidad que fuere, a los [codemandados] aquí comparecientes.

En atención al lenguaje del citado contrato, y como

parte de la evaluación de éste, el foro de instancia indicó

al comenzar la vista en su fondo que “los abogados de la

parte demandante… van a probar todas sus alegaciones… en

contra de partes que ni siquiera ya van a estar aquí”.

Addendum a la Pet. de Certiorari, págs. 61-62. Ello en

obvia referencia al doctor Comas y a los otros demandados

liberados. Así, pues, no le correspondía a los codemandados

que quedaron en el pleito presentar prueba contra aquellos

que fueron liberados, ya que ante un acuerdo transaccional

como el que se firmó en este caso, cualquier demanda contra CC-2005-1263 8

coparte o contra tercero hubiese sido improcedente. Tampoco

es pertinente que el doctor Eliza “renunciara” a reclamar

cantidad alguna de parte de los codemandados liberados, ya

que de todos modos no lo podía hacer en virtud del contrato

de transacción.

Aun cuando en los primeros días del juicio se presentó

cierta prueba relacionada con las actuaciones del doctor

Comas, los demandantes reevaluaron su determinación previa

de pasar prueba en contra de éste y anunciaron que estarían

retirando al perito obstetra que habían contratado a tales

efectos. Ello por entender que no era necesario ante el

contrato de transacción suscrito por las partes. Ap. de la

Pet. de Certiorari, págs. 1164-65. Sin embargo, a esa fecha

ya habíamos resuelto Szendrey v. Hospicare, Inc., supra,

mediante Opinión emitida el 14 de febrero de 2003.

En vista de ello, somos del criterio que antes de

dictar su sentencia —en diciembre de 2003— el foro de

instancia debió requerir prueba sobre el grado de culpa

correspondiente a los demandados liberados, en virtud de la

norma de Szendrey. Los demandados así se lo hicieron saber

al tribunal en diversas ocasiones, incluso mediante la

presentación de una moción de determinaciones de hecho y

conclusiones de derecho adicionales. Aun así, el Tribunal

de Primera Instancia denegó dicha moción bajo el fundamento

de que el acuerdo transaccional era confidencial. Ap. de

Pet. de Certiorari, págs. 164-68. Erró al así proceder.

Por ende, concurrimos con la Parte IV de la Opinión

del Tribunal que revoca la reducción de la suma concedida a CC-2005-1263 9

los esposos Sagardía-Deliz por los daños que sufrió su hijo

Miguel Alfonso. Ahora bien, disentimos de su negativa de

aplicar la normativa establecida por este Tribunal en

Szendrey v. Hospicare, Inc., supra, al caso de autos.

Federico Hernández Denton Juez Presidente