La parte recurrida en este caso, P.R. Fuels Inc. y otras (en adelante P.R. Fuels), presentó una demanda contra las peticionarias, Empire Gas Company, Inc. (en adelante Empire), Tropigas de Puerto Rico, Inc. (en adelante Tropigas), y Progasco y Liquilux, Inc. (en adelante Liquilux). La de-manda se presentó al amparo de la Ley Núm. 77 de 25 de julio de 1964 (10 L.P.R.A. sees. 257-274) (en adelante Ley 77), la cual prohíbe las prácticas monopolísticas.
A raíz de que P.R. Fuels desistiera de su reclamación en contra de Liquilux y adquiriera las acciones de esta em-presa, las codemandadas presentaron una moción de des-estimación basada en confusión de derechos y, en la alter-nativa, solicitaron que se decretara la existencia del derecho de nivelación entre las partes coconspiradoras.
El extinto Tribunal Superior, Sala de San Juan, emitió una resolución el 3 de enero de 1995 —notificada el 10 de enero de 1995— mediante la cual declaró sin lugar ambas solicitudes. Oportunamente, las codemandadas Empire y Tropigas, presentaron separadamente unos recursos de certiorari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de [697]*697San Juan —Panel integrado por su Presidente el Juez Ne-grón Soto, y por los Jueces González Román y Urgell Cue-bas— luego de consolidar los recursos, confirmó la resolu-ción mediante sentencia de 24 de abril de 1996, notificada el 8 de mayo de 1996, luego de celebrar una vista oral.
Inconformes con el dictamen, las peticionarias recurren separadamente ante nos aduciendo que el foro apelativo erró al determinar que no había operado la confusión de derechos y que el derecho de nivelación no existía en casos bajo la Ley 77.
Luego de consolidar y examinar los presentes recursos, confirmamos la sentencia del Tribunal de Circuito de Ape-laciones a los efectos de que no procede la confusión de derechos, revocamos el dictamen del foro apelativo en cuanto determinó que no aplica el derecho de nivelación entre conspiradores o actores bajo la Ley 77 y resolvemos que en nuestra jurisdicción se puede invocar el derecho de nivelación en una reclamación bajo las leyes antimonopolísticas.
HH
En junio de 1986, la codemandante P.R. Fuels adquirió el negocio operado por Martin Gas Sales, Inc. (en adelante Martin), que consistía principalmente en un terminal ma-rítimo en la Playa de Ponce dedicado a la importación y venta al por mayor de gas licuado. Alegadamente, luego de dicha adquisición, P.R. Fuels advino en conocimiento de un contrato que Martin había otorgado el 3 de diciembre de 1982, obligándose a pagar una regalía a Empire.
Debido al desconocimiento de estos contratos, P.R. Fuels se negó a continuar con los acuerdos establecidos entre Martin y las demás empresas aludidas, reclamando que éstos eran contrarios a las leyes antimonopolísticas de Puerto Rico. Como resultado de ello, las co demandadas descontinuaron la compra de gas licuado a P.R. Fuels, por lo que ésta, alegadamente, se quedó sin clientes. Ante tal situación, P.R. Fuels creó la empresa Gas del Pueblo, Inc. (en adelante Gas del Pueblo), para vender y distribuir a nivel de los consumidores el gas licuado que importaba.
El 19 de enero de 1987, P.R. Fuels, Gas del Pueblo y Norvest, Ltd.(2) instaron una demanda contra Empire, Li-quilux, Progasco y Tropigas mediante la cual reclamaron tres (3) veces el importe de los daños sufridos por éstas. La demanda, según enmendada el 4 de noviembre de 1987, se presentó bajo la Ley 77, bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, y bajo el Reglamento Sobre Compe-tencia Justa Núm. VII de la Oficina de Asuntos Monopolís-ticos de Puerto Rico.
Las empresas demandantes recurridas alegaron que, además de boicotear la compra del gas licuado de P.R. Fuels, las demandadas desataron durante los primeros meses de 1987 una campaña concertada para sacar del ne-gocio de gas licuado a P.R. Fuels. Esta campaña consistió en la instigación de inspecciones por los bomberos, la Junta de Calidad Ambiental y la Comisión de Servicio Pú-blico, además de la presentación de cuatro (4) querellas —alegadamente frívolas— ante la Comisión de Servicio Público. Estas querellas resultaron en la imposición de [699]*699sanciones, que posteriormente fueron revocadas a nivel judicial.
Las recurridas alegaron, además, que para finales de 1986 las demandadas controlaban cerca del noventa y cinco por ciento (95%) del mercado de gas licuado a nivel de distribuidor en la isla, y que existía una confabulación en-tre éstas para mantener a un nivel artificialmente alto el precio del gas licuado en Puerto Rico.
Las demandantes solicitaron triples daños y perjuicios ascendentes a once millones setecientos mil dólares ($11,700,000), más un incremento de un millón setecientos mil dólares ($1,700,000) por cada mes que las demandadas continuaran las acciones en violación a la ley, a partir de la presentación de la demanda.
Los procedimientos de la demanda civil fueron paraliza-dos el 5 de junio de 1990 en lo que se ventilaban unas acusaciones criminales contra varias de las codemandadas, bajo la misma Ley 77. Además, del 25 de enero de 1991 hasta el 21 de mayo de 1993 los procedimientos en instan-cia estuvieron paralizados en lo que este tribunal conside-raba un recurso de certiorari presentado por las demandantes.(3)
Estando paralizados los procedimientos ante el tribunal de instancia, el 15 de febrero de 1991 las demandantes y la codemandada Liquilux suscribieron una Estipulación de Desistimiento Parcial con Perjuicio, la cual dispuso en par-te:(4)
1. Que en base a un acuerdo mutuo y voluntario llegado entre las partes, éstas desisten entre sí de cualquier reclamación que tuviesen pasado (sic) o presente, y en particular del presente pleito.
[700]*7002. Aclaran las partes, en particular la parte Demandante, que el presente desistimiento con perjuicio en cuanto a la Co-Demandada Liquilux Gas Corporation no debe entenderse que libere de responsabilidad a los restantes Demandados en este caso, ni que constituya un desistimiento en cuanto a éstos, aun en el caso de que se considerase la obligación o cualquiera de las obligaciones de éstos bajo la reclamación incoada como una solidaria. Se aclara que el presente caso continúa con toda su fuerza y vigor en cuanto a los restantes Co-Demandados.
Luego de suscribir este acuerdo, las demandantes ad-quirieron las acciones corporativas de Liquilux. A estos efectos, el 20 de marzo de 1991 el periódico El Nuevo Día publicó un anuncio suscrito por P.R. Fuels, Gas del Pueblo y Liquilux intitulado “Gas del Pueblo, Inc. y Liquilux Gas Corporation Consolidan sus Operaciones de Gas Licuado en Puerto Rico”. El 1ro de diciembre de 1991, las Juntas de Directores de Gas del Pueblo y de Liquilux aprobaron un acuerdo de fusión, efectivo ese mismo día, bajo el cual so-brevivía Gas del Pueblo.(5) Este acuerdo fue certificado por el Secretario de la Junta el 28 de abril de 1992 y presen-tado al Departamento de Estado el 12 de mayo de 1992. El 26 de mayo de 1992 el Departamento de Estado notificó el recibo del Certificado de Fusión y la cancelación en sus récord de Liquilux.
Al conocer del desistimiento de la parte demandante contra Liquilux y de la compra de las acciones corporativas de Liquilux por las empresas demandantes, Empire pre-sentó moción de desestimación, a la cual eventualmente se unieron Progasco y Tropigas. Esta moción se basó en el argumento de que la consolidación de operaciones de Gas del Pueblo y Liquilux ocurrió con anterioridad o simultá-neamente a la fecha del relevo entre estas partes. Alegaron que la verdadera intención de las partes al realizar el acuerdo de desistimiento no era un acuerdo entre dos (2) [701]*701entidades distintas, sino que ya se habían consolidado de facto. Amparados en esta teoría, alegan que se activó la figura jurídica de confusión de derechos y que, dado que los cocausantes de un daño son solidariamente responsables, se extinguió la causa de acción contra todas las partes demandadas. En la alternativa, alegaron que procedía como cuestión de derecho que éstas ejercieran el derecho de nivelación en contra de Liquilux.
Por su parte, las recurridas argumentaron que al darse el desistimiento Liquilux era una persona jurídica inde-pendiente y, en consecuencia, que no existía una relación de acreedor y deudor al momento de la fusión. Las deman-dantes sostienen, además, que aún bajo la teoría de las demandadas, la fusión sólo afectaría la causa de acción de Gas del Pueblo y quedarían activas las reclamaciones de P.R. Fuels y Norvest, Ltd.
El 3 de enero de 1995 el tribunal de instancia emitió una resolución mediante la cual declaró no ha lugar las solicitudes de desestimación presentadas por Empire, Pro-gaseo y Tropigas. Determinó, además, que no existía dere-cho a nivelación entre coconspiradores bajo la Ley 77 y que, por lo tanto, no podían traer como tercera demandada a Liquilux. Las demandadas solicitaron reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar. Oportunamente, presenta-ron sendas peticiones de certiorari ante el Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones.
El 22 de mayo de 1995 el tribunal apelativo emitió una resolución en la que consolidó las peticiones de certiorari y expidió el auto. El 10 de enero de 1996 ese foro celebró una vista oral para que las partes pudieran poner en relieve sus argumentos y contestar ciertas interrogantes. El tribunal apelativo emitió una sentencia el 24 de abril de 1996, notificada el 8 de mayo de 1996, confirmando la resolución del tribunal de instancia.
Inconformes, Empire y Tropigas presentaron oportuna-mente peticiones de certiorari por separado ante este Tri[702]*702bunal, junto con una Moción en Auxilio de Jurisdicción. Las peticionarias alegan que el tribunal apelativo incidió al determinar que:
1. No operó la figura jurídica de extinción de la posible respon-sabilidad civil de los co-demandados frente a los co-demandan-tes por confusión de derechos, y
2. que en esta jurisdicción no existe un derecho de nivelación entre co-demandados en un caso bajo la Ley 77 y el artículo 1802 del Código Civil.
Presentados los recursos, emitimos una resolución el 19 de junio de 1996, en la cual expedimos el auto de certiorari y ordenamos la consolidación de ambas peticiones. Así también se ordenó la paralización de los procedimientos en el tribunal de instancia.
Teniendo el favor de la comparecencia de todas las par-tes procedemos a resolver.
I — H HH
La confusion de derechos existe, según el Art. 1146 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3211, desde que se reúnen en una misma persona los conceptos de acreedor y deudor. Es requisito, por lo tanto, que exista una relación de deudor y acreedor entre las personas que se unen.
En el caso de las corporaciones, éstas son personas jurídicas, las cuales se crean, existen y se extinguen según lo dispone la Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. secs. 1101 et seq.(6) En cuanto a la consolidación o fusión de dos (2) corporaciones, el Art. 901 de la Ley de Corporaciones, 14 L.P.R.A. see. 1901, dispone que las juntas de directores de ambas corporaciones definirán y aprobarán los términos y las condiciones de la fusión, los cuales [703]*703incorporarán en un convenio. Éste será sometido para su aprobación a la junta de accionistas de cada corporación y, una vez aprobado, se certifica y autentica. Dicho convenio, una vez certificado y autenticado, se presenta y registra en el Departamento de Estado.
El acto de presentar y registrar el convenio en el Departamento de Estado tiene el efecto de extinguir la personalidad jurídica de la corporación absorbida. Así, el Art. 903 de la Ley de Corporaciones, 14 L.P.R.A. see. 1903, dis-pone en parte:
Cuando el convenio de consolidación o fusión se hubiere fir-mado, autenticado, radicado y registrado con arreglo a los re-quisitos de este subtítulo, para todos los efectos de las leyes del Estado Libre Asociado se extinguirá la personalidad jurídica aislada de todas las corporaciones constituyentes que fueren partes en el convenio, salvo la de la que hubiere absorbido por fusión a la otra u otras, según el caso; y las corporaciones cons-tituyentes pasarán a ser una nueva corporación, o serán absor-bidas en la fusión por una de tales corporaciones, según el caso, con arreglo a las disposiciones de tal convenio. ... (Énfasis nuestro).
Queda claro, entonces, que la existencia separada de las dos (2) corporaciones cesa, de jure, cuando se presenta y registra el convenio de fusión en el Departamento de Estado. En el caso ante nos, el convenio de fusión fue presentado y registrado en el Departamento de Estado el 12 de mayo de 1992. Es en esta fecha cuando la personalidad jurídica de Liquilux cesó.
Las peticionarias reclaman que es al momento en que Gas del Pueblo adquiere las acciones corporativas de Li-quilux que cesa la existencia independiente de ésta. O sea, reclaman que en ese momento ocurre una fusión de facto, a la cual debemos darle todos los efectos que conlleva la fu-sión de jure, incluyendo la confusión de derechos entre Gas del Pueblo y Liquilux. No nos persuaden.
La doctrina jurídica no acepta que la mera posesión de todas las acciones de una corporación por otra cor-[704]*704poración, o el que ambas corporaciones tengan los mismos accionistas, sea suficiente para destruir la personalidad ju-rídica separada de las corporaciones involucradas. El Se-cretario de Justicia, en su Opinión Núm. 43 de 1963, ha señalado que el hecho escueto de que una corporación po-sea todas las acciones de otra corporación, de por sí, no implica una fusión de dos (2) corporaciones ni significa que una corporación sea el alter ego de la otra.(7)
La doctrina de fusión de facto carece de arraigo entre diversas jurisdicciones estatales; en algunas es inaplicable y en otras ha sido severamente restringida y limitada. (8) Esta doctrina se formuló con el propósito fundamental de proteger los intereses de los accionistas que estaban en desacuerdo con la transacción.(9) Dicha doctrina no tiene, pues, el objetivo de aplicarse a casos como éste, tal cual lo solicitan las peticionarias.
Como indicáramos anteriormente, la Ley de Corporaciones, en su Art. 903, supra, dispone que la fusión de una corporación con otra sólo entrará en vigor cuando se registre en el Departamento de Estado el convenio; es en este momento que cesa la personalidad jurídica de la corporación absorbida.
Ante la letra clara de la ley, debemos seguir el principio jurídico plasmado en el Art. 14 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14, de que “[c]uando la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. [705]*705Particularmente cuando la disposición en cuestión no sólo está libre de toda ambigüedad, sino que, ádemás, tiene un claro sentido jurídico, como sucede con el artículo antes citado.
En el caso Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403 (1969), resolvimos que un relevo o descargo otorgado por un demandante a favor de un codemandado y codeudor solidario no releva de responsabilidad a los demás causantes comunes de un daño, cuando la intención de las partes en el acuerdo de desistimiento así lo dispone. En esta caso los demandados alegaron —al igual que los codemandados en el caso de autos— que siendo la responsabilidad entre ellos solidaria y que, habiéndose relevado de responsabilidad a uno de los demandados, tal relevo beneficiaba a los codemandados, procedía la desestimación de la demanda contra ellos.
En aquella ocasión hicimos énfasis en tomar como determinante la intención de las partes en el relevo del causante común de un daño, guiándonos por las disposiciones del Art. 1233 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3471, el cual dispone:
Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.
Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.
En el caso ante nos, Gas del Pueblo y Liquilux acorda-ron una estipulación en la cual desistían entre sí de cual-quier reclamación que tuviesen en el pasado y el presente, y en particular del presente pleito, y aclararon que este desistimiento no debía entenderse que liberaba de respon-sabilidad a los restantes demandados en este caso; además de que tampoco constituía un desistimiento en cuanto a éstos aun en el caso de que se considerase la obligación o cualquiera de las obligaciones de éstos bajo la reclamación [706]*706incoada como una solidaria. Se aclaró, también, que el pre-sente caso continuaba con toda su fuerza y vigor en cuanto a los restantes codemandados.
Resulta obvio que Gas del Pueblo acordó desistir del pleito, pero sólo a favor de Liquilux. Además, se desprende con claridad que no existía la intención de relevar a los demás codemandados de su responsabilidad para con las demandantes.
Ante la letra clara de este acuerdo de desistimiento a favor de la codemandada Liquilux, y a la luz de lo que resolvimos en Merle v. West Bend Co., supra, concluimos que no operó la figura de confusión de derechos entre Gas del Pueblo y Liquilux. Por lo tanto, confirmamos la deter-minación del Tribunal de Circuito de Apelaciones al soste-ner el dictamen del Tribunal de Primera Instancia, que declaró no ha lugar las mociones de desestimación funda-mentadas en este reclamo.
HH HH HH
El segundo error señalado plantea si en esta jurisdic-ción existe un derecho de nivelación entre conspiradores o actores en un caso bajo la Ley 77 y bajo el Art. 1802 de nuestro Código Civil, supra.
La Ley 77 no contiene disposición alguna a los efectos de prohibir o autorizar la acción nivelatoria en un caso como el presente. Por otro lado, nos encontramos ante un asunto novel, ya que este Tribunal no se ha expresado sobre este asunto.
Ante esta situación, tenemos que tomar en considera-ción que nuestra legislación antimonopolística se adoptó en 1964 a la luz de la Ley Sherman(10) y de la Ley Clayton.(11) Estos estatutos federales regulan y prohíben [707]*707las prácticas monopolísticas desde su aprobación en 1890 y 1914, respectivamente.
Por lo tanto, nos toca determinar si aplicamos directa-mente lo resuelto por el Tribunal Supremo federal, a los efectos de que no existe el derecho de nivelación entre conspiradores o actores en un litigio antimonopolístico, o si por el contrario aplicamos supletoriamente nuestras dispo-siciones sobre el derecho de nivelación entre cocoausantes de un daño a la presente controversia.
Para poder determinar si el derecho de nivelación existe en una reclamación bajo la Ley 77 es necesario examinar dicha ley, así como su historial legislativo y los principios ilustrativos que se puedan hallar en la jurisprudencia federal interpretativa de los estatutos federales análogos.
Para llevar a cabo esta tarea es menester tener presente las reglas para la interpretación de legislación adoptada de otras jurisdicciones, según se infieren de interpretaciones hechas por este Tribunal. Veamos.
[1.] Cuando un estatuto es copiado o adoptado de una ley extranjera o de otra jurisdicción, se presume que se adopta con la interpretación que se le ha dado hasta ese momento en la jurisdicción de donde procede[, pero esta doctrina] “no es tan inflexible que nos obliga a seguir ciegamente lo resuelto” por esos tribunales. ...
[2.] Es permisible acudir al Common Law cuando ello es necesario para la interpretación de normas de origen angloestadounidense ... en cuyo caso el tribunal puede escoger otra norma, extranjera o de confección propia, que considere más equitativa. ...
[3.] Las decisiones de los tribunales de la jurisdicción de donde se adopta una ley, emitidas con posterioridad a su adopción en Puerto Rico, o por tribunales de otras jurisdicciones, aunque no obligan al Tribunal Supremo de Puerto Rico tienen fuerza persuasiva para el mismo.(12)
Según estas normas de interpretación, las decisiones de los tribunales de la jurisdicción en que se origina [708]*708la legislación a interpretar son de carácter persuasivo, pero nunca obligatorio, es decir, se puede tomar como refe-rencia, pero no se debe seguir ciegamente lo resuelto por esos tribunales, sino que el tribunal, si así lo considera propio, debe escoger las normas de confección propia que considere más equitativas, pudiendo expandir los derechos garantizados en la jurisdicción de origen.
Utilizando estos criterios como guía para resolver la controversia ante nos, consideraremos inicialmente el his-torial legislativo de la Ley 77, según lo discutiéramos en Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497 (1994).
Allí expresamos que fue intención de la Asamblea Legislativa que la Ley 77 se interprete conforme a nuestra particular realidad económica y social. Como uno de los objetivos fundamentales de la ley se cita el siguiente:
... Proveer una base flexible para la propia ejecución de la ley, basada en una norma de razonabilidad que permita a nuestros tribunales tomar en cuenta las características propias y las ne-cesidades de nuestra economía, así como los planes guberna-mentales y la acción privada para fomentarla; es decir, queda abierta la función creadora en la aplicación de la ley, tanto en la rama ejecutiva como en la judicial en sentido favorable a nues-tro desarrollo económico, aún en el caso de disposiciones con precedentes en la legislación de los Estados Unidos. (Enfasis suplido.) Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 508.(13)
Con esto en mente, tenemos que considerar —a pesar de las decisiones federales que descartan el derecho de nive-lación en reclamaciones bajo las leyes antimonopolísticas federales— los factores particulares a nuestra realidad económica y social que ameriten la aplicación de nuestro derecho de nivelación a reclamaciones bajo la Ley 77. Esto [709]*709a la luz de la intención de la Legislatura de que quede abierta la función creadora en la aplicación de la ley en sentido favorable a nuestro desarrollo económico, aún en el caso de disposiciones con precedentes en la legislación de Estados Unidos.
Aún así, resulta importante estudiar la jurisprudencia federal existente a estos efectos para evaluar los funda-mentos legales utilizados para resolver de la forma en que se ha hecho, y determinar si existe algún propósito en las leyes antimonopolísticas que sea óbice para la aplicación del derecho de nivelación entre coconspiradores en casos bajo la Ley 77.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que bajo la legislación antimonopolística federal no existe el derecho de nivelación entre coconspiradores. Texas Industries, Inc. v. Radcliff Materials, Inc., 451 U.S. 630 (1981). En este caso se adoptó esta norma luego del Tribunal Supremo federal haber realizado un extenso análisis, a saber: (1) si la intención legislativa del Congreso al aprobar las leyes antimonopolísticas consideró el que se permitiera la acción nivelatoria entre los cocausantes de un daño por violación a dicha legislación; (2) si el denominado “derecho común federal” constituye una fuente de la cual pueda el Tribunal inferir la existencia de una causa de acción nive-latoria a favor de los cocausantes de un daño.
Utilizando este análisis, el Tribunal Supremo federal concluyó que en el historial legislativo de la legislación federal no hay indicio que permita la inferencia de que el Congreso tuvo en mente permitir la procedencia de la ac-ción nivelatoria entre los coconspiradores. En cuanto a la segunda parte del análisis, el Tribunal determinó que el mero hecho de que exista una base jurisdiccional que le permita a los tribunales federales implementar y hacer va-ler las leyes del Congreso, ello no significa que se haya extendido a estos tribunales la potestad de forjar su propio derecho común en la tradición del derecho anglosajón.
[710]*710Es patente que el análisis realizado por el Tribunal Supremo federal en Texas Industries, Inc. v. Radcliff Materials, Inc., supra, estuvo basado en la falta de poder de dicho tribunal para decidir la cuestión a falta de un man-dato legislativo claro. Esto resulta importante al estudiar la expresión del Tribunal al respecto, de que al denegar el derecho a nivelación en causas bajo las leyes antimonopo-lísticas federales no estaba rechazando la validez del ejer-cicio de tal derecho en dicha acción. Reconoció que, a pesar de los méritos de este reclamo, este es un asunto que le compete resolver al Congreso y no a los tribunales federales. Texas Industries, Inc. v. Radcliff Materials, Inc., supra, pág. 646.
A pesar de que resuelve de esta forma, el Tribunal Supremo federal admite que del historial legislativo de las leyes antimonopolísticas federales no surge que el Con-greso tuviera la intención de conceder el derecho de nive-lación, ya que para la fecha en que se aprobó la Ley Sherman, el derecho común no concedía este derecho entre los cocausantes de un daño.
Son otros los factores que han tomado en consideración las cortes federales para decidir que no existe un derecho de contribución en casos bajo las leyes antimonopolísticas. Así, se han tomado en cuenta consideraciones de política pública, a saber: se afectaría el control del demandante del caso; se complicaría aún más el trámite del caso; el efecto disuasivo de las leyes antimonopolísticas resalta al no exis-tir el derecho de nivelación. Anotación, Right to Contribution in Federal Antitrust Case, 47 A.L.R. Fed. 712, 714 (1980).
A pesar de esta decisión, debemos aclarar que existen otros tribunales federales y estatales que han estado dis-puestos a formular reglas para ejercer el derecho a nivela-[711]*711ción en otras áreas del derecho sin un mandato congresio-nal expreso.(14)
IV
Habiendo realizado un análisis de la legislación antimo-nopolística federal y de la interpretación que se ha hecho de la misma en cuanto al derecho de nivelación, no encon-tramos propósito alguno en dicha legislación que impida conceder el derecho de nivelación a la luz de nuestro derecho. Más aún, de nuestro estudio no surge que exista algún fin en las acciones antimonopolísticas que se vea afectado de alguna manera al conceder el derecho de nive-lación entre actores o conspiradores. Por lo tanto, procede que evaluemos si debemos aplicar el derecho de nivelación que existe en nuestra jurisdicción a los litigios que se pre-senten al amparo de la Ley 77. Veamos.
Según expresáramos anteriormente, la Ley 77 es silente en cuanto a la responsabilidad que puedan tener los demandados con respecto a la participación de cada uno. Específicamente, no surge de dicha legislación si existirá o no el derecho de nivelación entre éstos, en la eventualidad de que uno tenga que responder por una cantidad mayor a la que le corresponde.
Ante esta laguna nos corresponde seguir el principio establecido por el Art. 12 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 12, de que las deficiencias o insuficiencias de las leyes [712]*712especiales serán suplidas por las disposiciones del Código Civil o por otras leyes in pari materia. Así lo hemos esta-blecido reiteradamente. Véase PaineWebber, Inc. v. First Boston, Inc., 136 D.P.R. 541 (1994). Esto significa que en nuestra jurisdicción existe un cuerpo de derecho armónico que no puede obviarse al encontrarnos ante deficiencias que suijan de las leyes especiales. Además, la norma en cuanto al derecho de nivelación en general es que éste es un derecho sustantivo y, por lo tanto, está gobernado por las leyes del lugar en que ocurre el daño.(15)
En Puerto Rico el derecho de nivelación entre cocausantes de un daño existe desde que resolvimos García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951). La norma en este sentido es que cuando un daño es causado por dos (2) o más personas, todos los cocausantes responderán al demandante por los daños causados y que su responsabilidad será solidaria. Entre estos cocausantes existe un derecho de contribución o nivelación que procede del Art. 1098 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3109, el cual permite que el deudor solidario que pagó más de lo que correspondía reclame las porciones correspondientes a los demás codeudores solidarios. Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 191 (1973). Esto es lo que se conoce como nivelación o contribución.(16)
El propósito fundamental del derecho de nivelación en Puerto Rico ha sido el de evitar el enriquecimiento injusto, según lo expresamos en Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60, 64 (1985):
[713]*713"... Se trata, en realidad, de evitar situaciones de enriqueci-miento injusto, reconduciendo subjetivamente la carga presta-cional hacia quienes, en último término, corresponda. ...”
El derecho a la nivelación se basa principalmente en la equidad, toda vez que resulta completamente injusto que siendo dos (2) o más personas las causantes de un daño, se permita que el demandante, por razón de parentesco, amistad, colusión o cualquier motivo, releve a éstas de responsabilidad y dirija la acción exclusivamente contra otros. García v. Gobierno de La Capital, supra.
Para que entre en vigor el derecho de nivelación en materia de responsabilidad extracontractual no hace falta un estatuto al efecto. Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992). Así lo hemos adoptado a pesar de que la norma de la ley común inglesa prevaleciente en Estados Unidos y en la jurisprudencia federal ha sido la de no reconocer, en ausencia de legislación, el derecho de que un cocausante contribuya al pago de la indemnización. Cortijo Walker v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 574 (1964).
V
En el caso ante nos tenemos que la Ley 77 fue adoptada a la luz de la legislación federal sobre esta materia y que en ambas legislaciones existe una laguna en cuanto a la aplicación del derecho de nivelación entre coconspiradores en una causa de acción antimonopolística. En vista de esta laguna se ha hecho necesario interpretar dicha legislación junto a su historial legislativo y a las interpretaciones he-chas por los tribunales federales para concluir que en re-clamaciones bajo la Ley 77 existe el derecho de nivelación entre los coconspiradores.
Resolvemos hoy de esta forma ya que, como expusiéra-mos anteriormente, uno de los objetivos fundamentales de dicha ley fue que se interpretara flexiblemente, de manera que los tribunales pudiéramos ejercer nuestra función [714]*714creadora en su aplicación, aun en el caso de disposiciones con precedentes en la legislación de Estados Unidos. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra.
En la presente controversia, tanto el tribunal de instan-cia como el tribunal apelativo aplicaron mecánicamente las determinaciones hechas por los tribunales federales a los efectos de no conceder el derecho de nivelación en los casos bajo la legislación antimonopolística. Se basaron principal-mente en la doctrina de interpretación de que cuando un estatuto es copiado o adoptado de una ley de otra jurisdic-ción, se presume que se adopta con la interpretación que se le ha dado en los tribunales de la jurisdicción de donde procede. Sin embargo, y aunque reconocen que esta norma es de carácter persuasivo y no obligatorio, adoptaron la interpretación federal, obviando el hecho de que los tribu-nales están facultados para escoger las normas de confec-ción propia e, incluso, expandir los derechos garantizados en la esfera federal.
El tribunal apelativo analizó el caso Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, y concluyó que al haberse recurrido allí a las interpretaciones federales de la Ley de Monopolios, este Tribunal aprobó implícitamente dichas interpretaciones sin indicar las excepciones particulares a la ley de Puerto Rico. De esta manera justifica la aplicación directa de Texas Industries, Inc. v. Radcliff Materials, Inc., supra, al caso de marras.
No obstante, esta interpretación que hace el tribunal apelativo es incorrecta, ya que en Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, aunque citamos jurisprudencia federal a manera ilustrativa en relación con la Ley 77, tam-bién acudimos a nuestra doctrina civilista y resolvimos al amparo de nuestro ordenamiento procesal civil y del Art. 1802, supra.
Resulta importante recalcar que ante una legislación local adoptada de otra jurisdicción, que no cuente con jurisprudencia interpretativa de este Tribunal, los tri[715]*715bunales pueden acudir a la esfera federal para ilustrarse sobre el derecho allí vigente. No obstante, no deben aplicar ciegamente la doctrina interpretativa de estos tribunales. Además, deben tener presente los fundamentos por los cuales los tribunales federales han interpretado una legis-lación de cierta manera. En lo que concierne al presente caso, el Tribunal Supremo'federal reconoció en Texas Industries, Inc. v. Radcliff Materials, Inc., supra, que no re-chazaba la validez del ejercicio del derecho a nivelación en casos sobre la ley antimonopolística. Además, admite que una posible explicación para que el Congreso no hubiera otorgado este derecho es que para la fecha de aprobación de la Ley Sherman y de la Ley Clayton el derecho común no proveía el derecho a nivelación. Texas Industries, supra, pág. 510 esc. 17.
En el caso de Puerto Rico, la situación es diametral-mente diferente. Nuestro sistema está sustentado por el derecho civil, y hemos garantizado el derecho de nivelación en casos extracontractuales desde que resolvimos García v. Gobierno de la Capital, supra, en 1951. A diferencia del Congreso federal, nuestra Legislatura conocía la existencia de este derecho al momento de aprobar la Ley 77 en 1964, y nada dispuso para que dicho derecho no pudiera ejercerse. A esto se añade que para que tome vigencia el derecho de nivelación en materia de daños, no hace falta estatuto alguno al efecto. Arroyo v. Hospital La Concepción, supra.
Más importante resulta el hecho de que la decisión en Texas Industries, Inc. v. Radcliff Materials, Inc., supra, no representa un obstáculo para que los estados de la Unión en los Estados Unidos apliquen el derecho de nivelación entre conspiradores o actores en -casos relativos a la ley antimonopolística. Así, los tratadistas han expresado:
State antitrust laws generally do not address the subject of contribution, but state common law or general statutory provisions, providing for contribution among joint tortfeasors, may [716]*716entitle a defendant to contribution under certain circumstances.(17)
En vista de los asuntos discutidos particulares a nuestra jurisdicción, reconocemos hoy el derecho de los coconspiradores o actores en una causa bajo la legislación antimonopolística, de manera que éstos puedan ejercer el derecho de nivelación en los casos que se presenten bajo la Ley 77. Esto así, ya que este Foro, como árbitro final de las controversias locales, debe adoptar las normas que sean más justas, razonables y equitativas conforme a nuestra idiosincracia, y rechazar una regla de otra jurisdicción, por ilustrativa y persuasiva que sea, que conflija con nuestra tradición jurídica o que choque con nuestro sentido de justicia. Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 D.P.R. 315 (1994).
Por lo tanto, determinamos que las peticionarias Empire y Tropigas tienen derecho a nivelar contra Liquilux, siempre y cuando se determine en un juicio plenario si dichas empresas, incluyendo a Liquilux, incurrieron o no en violaciones a la Ley 77. Esto así a pesar de que P.R. Fuels desistió de su reclamación en contra de Liquilux, ya que es claro que dicho convenio no puede perjudicar la responsa-bilidad que Liquilux pudiese tener para con los demás de-mandados en caso de determinarse que incurrieron en prácticas ilícitas de la competencia. Merl0e v. West Bend Co., supra.(18)
Al así resolver, se enfatiza el efecto disuasivo de la Ley 77, al reducir la posibilidad de que un violador de esta legislación pueda escapar al castigo que merece la [717]*717conducta proscrita. Así también, se evita el dirigir toda la responsabilidad económica hacia un codemandado, lo cual podría sacarle del mercado por lo oneroso de los daños triples que concede nuestra legislación antimonopolística. Avalar esta situación y concluir que un demandado está impedido de ejercer el derecho de nivelación contra otros conspiradores o actores sería claramente contrario al mo-tivo fundamental de la Ley 77, que es proteger la libre competencia y proscribir los males que amenazan la econo-mía general.(19)
Por último, se evita el enriquecimiento injusto de una parte que contribuyó al daño causado al demandante me-diante conducta violatoria de nuestra legislación antimonopolística. Resolver en contrario avalaría la injus-ticia de que un actor o conspirador cargue con un peso desproporcionado en relación al daño que ocasionó junto a otros; estos últimos quedando liberados de su responsabi-lidad por el hecho de no existir el derecho de nivelación.
Por todos los fundamentos expuestos con anterioridad revocamos la sentencia del Tribunal de Circuito de Apela-ciones en cuanto resolvió que no existe en Puerto Rico un derecho de nivelación entre conspiradores o actores en una causa instada bajo la Ley 77, y confirmamos en cuanto de-terminó que no operó la confusión de derechos. Se devuelve el caso al tribunal de instancia para procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.
Se dictará la sentencia correspondiente.
Los Jueces Asociados Señores Negrón García, Rebollo López y Fuster Berlingeri no intervinieron.
La regalía consistía en pagar al Sr. Ramón González, Presidente de Empire Gas Company, Inc. (en adelante Empire), uno y medio centavos ($0.015) por cada galón de gas licuado que Martin Gas Sales, Inc. (en adelante Martin) transfiriera de un barco a cualquier localidad en Puerto Rico.