Aguadilla Paint Center, Inc. Y Otros v. Esso Standard Oil Company, Co. (Puerto Rico)

2011 TSPR 194

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: December 15, 2011
• Docket: CC-2010-1135
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Aguadilla Paint Center, Inc.; CB Gasoline Service Group; Micada de Puerto Rico, Inc. Certiorari

Recurridos 2011 TSPR 194

v. 183 DPR ____

Esso Standard Oil, Co. (Puerto Rico)

Peticionario

Número del Caso: CC-2010-1135

Fecha: 15 de diciembre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón, Panel VI

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, la Jueza Varona Méndez y la Juez Gómez Córdova

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Salvador Antonetti Stutts Lcdo. Carlos Valldejully Sastre Lcdo. Carlos J. Sagardía Abreu Lcda. Carla Framil Ferrán Lcdo. Pedro A. Delgado Hernández

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Juan A. Ramos Díaz

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Amir Cristina Nieves Villegas Procuradora General Auxiliar

Materia: Ley de Monopolios (“Ley 77”); Ley de Gasolina (“Ley 3”); Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Aguadilla Paint Center, Inc.; CB Gasoline Service Group; Micada de Puerto Rico, Inc.

Recurridos

v. CC-2010-1135 Certiorari

Esso Standard Oil Company, (Puerto Rico)

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2011.

En esta ocasión la controversia que nos

ocupa es relativamente sencilla: ¿tiene

legitimación activa una persona privada, detallista

de gasolina, para presentar una causa de acción

ante el Tribunal de Primera Instancia contra un

distribuidor-mayorista de ese producto por alegadas

violaciones a las disposiciones relativas al deber

de desvinculación operacional que establece el Art. 4A de la Ley de Control de Productores, Refinadores

y Distribuidores-Mayoristas de Gasolina?1 Al atender

1 23 L.P.R.A. sec. 1104a. CC-2010-1135 2

tal interrogante, interpretamos por primera vez de forma

conjunta dos estatutos que regulan la competencia en el

mercado de gasolina, a saber: la Ley de Control de

Productores, Refinadores y Distribuidores-Mayoristas de

Gasolina, Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según

enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 1101 et seq. (Ley de Gasolina),

y la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio, Ley Núm.

77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A sec.

257 et seq. (Ley de Monopolios).

I

La peticionaria Esso Standard Oil Company (la

peticionaria o Esso) es una corporación dedicada a la

importación, distribución y venta de gasolina al por mayor,

o sea, un distribuidor-mayorista.2 Por su parte, las

recurridas Aguadilla Paint Center, Inc., y CB Gasoline

Service Group, Inc. (las recurridas) son detallistas,3 o

sea, vendedores al detal de gasolina, en este caso gasolina

importada, distribuida y vendida por la peticionaria Esso

(detallistas de marca).

Para agosto de 2004, las recurridas presentaron una

demanda ante el tribunal de instancia en la que imputaron a

2 Véase Art. 1(f) de la Ley de Gasolina, supra, 23 L.P.R.A. sec. 1101(f). 3 Véase Art. 1(g) de la Ley de Gasolina, supra, 23 L.P.R.A. sec. 1101(g). CC-2010-1135 3

la peticionaria Esso, inter alia, incurrir en la práctica de

vinculación operacional, en contravención al Art. 4A de la

Ley de Gasolina, supra, y al Art. 7 de la Ley de

Monopolios.4 Además, solicitaron resarcimiento en daños y

perjuicios, según el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 5141.

Luego de múltiples incidentes procesales,5 el 12 de

marzo de 2010 Esso solicitó la desestimación de la demanda

al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil.6 En su

moción, Esso argumentó básicamente que la causa de acción de

las recurridas, fundada en la obligación de “desvinculación

operacional” que establece el Art. 4A de la Ley de Gasolina,

supra, debía ser desestimada porque el Art. 8 de la Ley de

Gasolina, 23 L.P.R.A. sec. 1108, establece que una violación

al Art. 4A “constituirá una práctica o acto injusto o

engañoso y estará sujeto a las disposiciones de las secs.

257 et seq.” de la Ley de Monopolios, supra.

4 10 L.P.R.A. sec. 263. 5 El 1 de octubre de 2004, Esso solicitó por primera vez la desestimación de la demanda, basado en que el Art. 4 de la Ley de Gasolina desplazaba la aplicación del Art. 7 de la Ley de Monopolios (caso DAC2005-0343). Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación, por lo que Esso recurrió ante el Tribunal de Apelaciones (caso KLCE2005-00564). El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto mediante “Resolución” de 26 de mayo de 2005. Entonces, Esso recurrió ante este Tribunal mediante certiorari, el cual denegamos el 10 de noviembre de 2005. Tal determinación advino final y firme, continuando así los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. 6 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 10.2. CC-2010-1135 4

El tribunal de instancia declaró no ha lugar la

solicitud de desestimación de Esso, al concluir “que un

ente privado como la demandante puede presentar una acción

al amparo del Artículo 7 de la [Ley de Gasolina, 23

L.P.R.A. Sec. 1107] sobre competencia en el mercado de

gasolina, ante el Tribunal de Primera Instancia”.7

Inconforme, Esso recurrió ante el Tribunal de Apelaciones

mediante recurso de certiorari. Dicho foro concluyó que,

luego de un análisis ponderado del recurso presentado y los

documentos que obraban en el expediente, Esso no lo había

colocado en condiciones de conceder el remedio solicitado y

que el dictamen recurrido no ameritaba su intervención en

esa etapa procesal.

Ante tal dictamen, Esso acudió ante esta Curia

mediante recurso de certiorari esbozando los siguientes

señalamientos de error:

Erró el Tribunal de Apelaciones al no expedir el auto solicitado y reconocer que el Art. 12(a) de la Ley de Monopolios excluye demandas privadas por alegada vinculación operacional bajo el Art. 4A de la Ley de Gasolina.

Erró el Tribunal de Apelaciones al no expedir el auto solicitado y no ordenar la desestimación de la reclamación bajo el Art. 4A de la Ley de Gasolina, ya que los demandantes no tienen legitimación activa para incoarla y, por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia carece de jurisdicción sobre la materia para atenderla.

7 Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 179. CC-2010-1135 5

Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que Esso no lo colocó en “condiciones de conceder el remedio solicitado”, ya que se cumplen los criterios para la expedición del auto contenidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Expedido el certiorari, paralizamos los procedimientos

y ordenamos a las partes presentar sus correspondientes

alegatos.8 Con el beneficio de la posición de todas las

partes, resolvemos.

II

A. Ley de Control de Productores, Refinadores y Distribuidores-Mayoristas de Gasolina

Según surge de su Exposición de Motivos, la aprobación

de la Ley de Control de Productores, Refinadores y

Distribuidores-Mayoristas de Gasolina, Ley Núm. 3 de 21 de

marzo de 1978, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 1101 et

seq., tuvo como propósito –entre otros- combatir el

problema “que representa el que el control de los abastos

de productos energéticos y, en especial, la gasolina y

otros combustibles derivados del petróleo y del gas

natural, continúe concentrándose en las manos de unos pocos

que dominan todos los aspectos relacionados con la

producción, refinación y mercadeo de estos productos”.9 De

8 También ordenamos a la Procuradora General de Puerto Rico que compareciera y expresara su posición sobre la controversia, en carácter de Amicus Curiae; la Procuradora General así lo hizo. 9 Véase Exposición de Motivos de la Ley de Gasolina, supra. CC-2010-1135 6

manera que el legislador buscó eliminar las ventajas

competitivas existentes en el mercado de la gasolina o

combustibles especiales de motor, así como disponer sobre

la supervisión de ese proceso y establecer medidas para el

cumplimiento de los propósitos perseguidos por dicho

estatuto. A tenor con este fin, el legislador tipificó

delitos y fijó penalidades a los infractores del estatuto.

De esta manera, la Asamblea Legislativa determinó que,

ante la falta de uniformidad competitiva, era necesario

instituir salvaguardas minuciosas que impidieran las

actuaciones de las compañías petroleras y distribuidoras de

productos energéticos dirigidas a monopolizar los puntos de

distribución pública de gasolina.10 Además, la Ley de

Gasolina persigue proteger la industria de la venta de

combustible al detal de toda práctica discriminatoria que

pretenda eliminar al detallista individual de gasolina de

la competencia del mercado, así como también de aquellas

prácticas discriminatorias y de control sobre la estructura

de precios dirigidas a favorecer a unos detallistas en

perjuicio de otros y del consumidor.11

Por otro lado, apenas unos meses después de aprobada

la Ley de Gasolina, la Legislatura aprobó -a manera de

10 Véase Exposición de Motivos de la Ley de Gasolina, supra. 11 Íd. CC-2010-1135 7

addendum a esta última- la Ley Núm. 73 de 23 de junio de

1978, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 1131 et seq. (Ley

Núm. 73), dirigida a la “Reglamentación y Control de la

Industria de la Gasolina”. Con la aprobación de la Ley Núm.

73 se declaró “la industria de la gasolina en todas sus

facetas como una revestida de interés público”.12 Al así

hacerlo se reconoció que la industria de la gasolina

constituye un elemento fundamental para la seguridad y el

bienestar del pueblo de Puerto Rico. Esto debido a que de

la disponibilidad de ese producto dependía en gran medida

en aquel entonces –y evidentemente continúa siendo así en

la actualidad- el normal funcionamiento de nuestra economía

y el continuo desarrollo de las actividades cotidianas del

País.13

Cónsono con la Ley de Gasolina, el propósito de la Ley

Núm. 73 es regular de manera efectiva ciertos aspectos de

la industria de la gasolina y así asegurar que los

intereses del pueblo de Puerto Rico estén adecuadamente

protegidos de actividades perjudiciales que tengan lugar en

cualquiera de los distintos niveles operacionales de esa

industria.14 Al así actuar, el legislador señaló que es al

12 23 L.P.R.A. sec. 1131. 13 Véase la Exposición de Motivos de la Ley de Reglamentación y Control de la Industria de la Gasolina, Ley Núm. 73 de 23 de junio de 1978, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 1131 et seq. (Ley Núm. 73). 14 Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 73, supra. CC-2010-1135 8

Gobierno al que 1e compete asegurar que exista una

situación estable dentro de toda actividad que afecte el

bienestar general de la ciudadanía, así como asegurar el

buen orden de la comunidad y la protección de los mejores

intereses del sistema económico y gubernamental.15

Con el fin de cumplir con sus propósitos, la Ley

Núm. 73 estableció ciertas obligaciones y prohibiciones que

se detallan en su Art. 3.16 Entre ellas y a manera de

ejemplo, se prohíbe que en las relaciones entre

distribuidores-mayoristas y detallistas existan

simultáneamente contratos de arrendamiento y

subarrendamiento (lease and lease-back), cuando dicha

relación tenga el efecto o el propósito de cancelar la

obligación del pago entre las partes o de restringir

irrazonablemente el derecho a la libre contratación o a la

disposición de la propiedad.17 Además, la Ley Núm. 73

estableció la obligación a todo distribuidor-mayorista de

presentar en la Oficina de Asuntos Monopolísticos (O.A.M.)18

una copia legible de todo contrato en el que se establezca

una relación comercial con un detallista, dentro de los

15 Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 73, supra. 16 23 L.P.R.A. sec. 1131. 17 23 L.P.R.A. sec. 1133(a). 18 Como detallaremos más adelante, la Oficina de Asuntos Monopolísticos (O.A.M.) es una entidad adscrita al Departamento de Justicia, con facultades para la administración de la legislación sobre prácticas monopolísticas, así como para la fiscalización de éstas. CC-2010-1135 9

diez días siguientes a su formalización, así como toda

enmienda o modificación subsiguiente a éste.

Conjuntamente, y para asegurar el cumplimiento de sus

objetivos y propósitos, la Ley Núm. 73 facultó a varias

agencias gubernamentales y les impuso la responsabilidad de

realizar diversas funciones. Entre esas agencias se

encuentran el Departamento de Comercio,19 la Comisión de

Servicio Público, la Junta de Planificación, la

Administración de Reglamentos y Permisos y el Departamento

de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.).20

Finalmente, es menester considerar lo que establece el

Art. 5 de la Ley Núm. 73 con relación a la Ley de

Monopolios, supra:

§ 1134 Aplicación de la Ley de Monopolios

Nada de lo aquí dispuesto o promulgado por reglamento o de otra forma, conforme a las disposiciones de las secs. 1131 a 1135 de este título, será interpretado como que exceptúa de o confiere inmunidad en cuanto a la aplicabilidad de las disposiciones de las secs. 257 a 274 del Título 10.21

En resumen, es evidente que desde sus inicios tanto la

Ley de Gasolina como su addendum, la Ley Núm. 73,

dispusieron no sólo para la protección de la industria de

venta de combustible al detal de toda práctica

19 Actualmente Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. 20 23 L.P.R.A. secs. 1133(c)-1133(h). 21 23 L.P.R.A. sec. 1134. CC-2010-1135 10

discriminatoria en perjuicio de los mejores intereses del

pueblo de Puerto Rico, sino que reconocieron expresamente

la injerencia de la Ley de Monopolios, supra, en tal

proceso. Así, ambas leyes dispusieron para que la actuación

del Departamento de Justicia de Puerto Rico, a través de su

O.A.M., fuera una cardinal en el cumplimiento de sus

disposiciones fiscalizadoras. Además, el legislador dispuso

para que otras agencias gubernamentales, tales como el

D.A.Co., tuvieran también participación.

A tono con todo lo anterior, el Art. 2(a) de la Ley de

Gasolina, supra, 23 L.P.R.A. sec. 1102, establece que:

... ningún productor, refinador o distribuidor- mayorista adquirirá o establecerá, abrirá, operará o recobrará para operar estación alguna de servicio de venta al detal de gasolina para ser operada con personal de su propia compañía o empresa subsidiaria, agente, agente por comisión, o bajo contrato con alguna persona natural o jurídica, que opere o administre dicha estación de servicio de venta al detal mediante convenio o arreglo remunerado con dicho productor, refinador o distribuidor-mayorista. La estación de servicio de venta de gasolina sólo podrá ser operada por un detallista.

Asimismo, el Art. 4 de la Ley de Gasolina, supra, 23

L.P.R.A. sec. 1104, establece que:

[t]odo productor o refinador de petróleo o distribuidor-mayorista de productos de petróleo que supla gasolina y/o combustibles especiales a estaciones de servicio para la venta al detal de dichos productos estará obligado a proveer uniformemente a todos los detallistas de venta de gasolina y/o combustibles especiales a quienes supla, todo descuento, deducción, disminución o CC-2010-1135 11

rebaja en precios que conceda de forma directa o indirecta.22

Ahora bien, relacionado directamente a la controversia

que nos ocupa, analizamos el Art. 4A de la Ley de Gasolina,

supra, el cual dispone lo siguiente:

§ 1104a Desvinculación operacional

Ningún refinador, productor de petróleo o distribuidor-mayorista podrá, mediante convenio, arreglo, contrato, esquema corporativo operacional, con cualquier detallista y/o persona natural o jurídica, o de cualquier otra forma operar directamente una estación de servicio de venta al detal de gasolina de forma que impida su completa desvinculación operacional. Ningún refinador, productor de petróleo o distribuidor- mayorista podrá, mediante convenio, arreglo, contrato, esquema corporativa [sic] operacional, con cualquier detallista y/o persona natural o jurídica, o de cualquier otra forma imponer, requerir, fijar o limitar directamente el margen de ganancia y/o el precio de venta al detal de la gasolina y/o combustibles especiales en la estación de servicio de venta al detal.

22 Por su parte, el Art. 5 de la Ley de Gasolina, supra, 23 L.P.R.A. sec. 1105, dispone para que todo productor o refinador de petróleo o distribuidor-mayorista de productos de petróleo que supla gasolina o combustibles especiales a detallistas, le aplique uniformemente a todos los vendedores al detal a quienes supla, de la renta de equipos y rótulos, cuando de una forma directa o indirecta éstos sean provistos a dichos detallistas por ese productor, refinador o distribuidor- mayorista.

Mientras, el Art. 6 de la Ley de Gasolina, supra, 23 L.P.R.A., sec. 1106, ordena la distribución uniforme de combustible en periodos de escasez o disminución en el abasto o disponibilidad de gasolina o de combustibles especiales. El Art. 7 de la mencionada Ley prohíbe que un vendedor al detal de combustible, a sabiendas, solicite o induzca la concesión, o rebaja en precios o en la renta de equipos y rótulos, en violación a los Arts. 4 y 5 de la Ley de Gasolina, 23 L.P.R.A. sec. 1107. CC-2010-1135 12

El Art. 4A de la Ley de Gasolina, supra, es el

resultado de una enmienda que se hiciera a este estatuto

mediante la Ley Núm. 157 de 21 de agosto de 1996 y otra

enmienda al propio artículo –que añade la segunda oración-

mediante la aprobación de la Ley Núm. 74-2005. El artículo

establece la “desvinculación operacional” o, lo que es lo

mismo, prohíbe la llamada “vinculación operacional” de los

mayoristas de gasolina con las estaciones de venta a1

detal. La Ley Núm. 157 también enmendó la Ley de Gasolina

para establecer que “desvinculación operacional” es el cese

por parte de un refinador, productor de petróleo o

distribuidor-mayorista “de participar en forma directa en

la operación o actividades de intercambio comercial de la

venta al detal de gasolina y combustibles especiales en 1as

estaciones de servicio de venta al detal”.23

De otra parte, y cardinal a la controversia que nos

ocupa, debemos considerar también el Art. 8 de la Ley de

Gasolina, el cual dispone lo siguiente:

§ 1108 Violación de competencia justa

Cualquier violación a las secs. 1102, 1102a, 1104, 1104a, 1105 y 1105a de este título constituirá una práctica o acto injusto [o] engañoso y estará sujeto a las disposiciones de las secs. 257 et seq. del Título 10.24 (Énfasis suplido.)

23 23 L.P.R.A. sec. 1101(j). 24 23 L.P.R.A. sec. 1108. CC-2010-1135 13

El Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra, está dirigido

a dos fines íntimamente ligados. En primer lugar, instaurar

como “práctica o acto injusto o engañoso” toda violación a

los Arts. 2, 2A, 4, 4A, 5 y 5A de la Ley de Gasolina. En

segundo lugar, establecer que cualquier violación a los

artículos mencionados estará sujeta a lo dispuesto en la

Ley de Monopolios, supra. Complementando esta disposición,

el Art. 10 de la Ley de Gasolina dispone que “[e]l

cumplimiento de los propósitos y las disposiciones de las

secs. 1101 a 1110 de [la Ley de Gasolina] será

responsabilidad del Secretario de Justicia, por conducto de

la Oficina de Asuntos Monopolísticos de dicho

Departamento”.25

En su versión original, el Art. 8 de la Ley de

Gasolina, supra, leía de la siguiente manera:

Cualquier violación a los Arts. 4, 5, 6 y 7 constituirá una práctica o acto injusto o engañoso y estará sujeto a las disposiciones del Artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964.26

Nótese que este artículo originalmente hacía

referencia a violaciones al Art. 4 de la Ley de Gasolina,

supra, el cual establece la obligación de todo productor o

refinador de petróleo o distribuidor-mayorista de productos

25 23 L.P.R.A. sec. 1110. 26 Art. 8 de la Ley Núm. 3 de 25 de marzo de 1978. CC-2010-1135 14

de petróleo de proveer uniformidad en todo descuento,

deducción, disminución o rebaja en precios, a los

detallistas; violaciones al Art. 5, el cual establece la

obligación de todo productor o refinador de petróleo o

distribuidor-mayorista de productos de petróleo de proveer

uniformidad en la renta de equipos y rótulos a los

detallistas; y violaciones al Art. 6, el cual establece la

distribuidor-mayorista de productos de petróleo de

instaurar un prorrateo indiscriminado y una distribución

uniforme entre todos los detallistas a quienes supla

gasolina para la venta, durante tiempos de escasez, o

disminución en el abasto o disponibilidad de gasolina o de

combustibles especiales. Por otro lado, el Art. 8 en su

versión original también hacía referencia a violaciones al

Art. 7, el cual establece una prohibición al detallista de

solicitar o inducir la concesión o rebaja en precios en la

renta de equipos y rótulos. Como puede percibirse, cada

disposición a la cual el Art. 8 en su versión original

hacía referencia –Arts. 4 al 7- contenía una prohibición

cuya violación, constituía “una práctica o acto injusto o

engañoso”.

Ahora bien, desde su redacción original el Art. 8 de

la Ley de Gasolina, supra, ha sufrido dos enmiendas. La

primera de ellas mediante la aprobación de la Ley Núm. 157

de 21 de agosto de 1996 (Ley Núm. 157), la cual en su

Exposición de Motivos señalaba lo siguiente (haciendo

referencia a la Ley Núm. 3 de 1978, Ley de Gasolina): CC-2010-1135 15

En el 1978, la Asamblea Legislativa aprobó legislación dirigida a proteger a los detallistas de gasolina de posibles prácticas predadoras de parte de compañías mayoristas distribuidora de gasolina. Una de esas leyes, la Ley Núm. 3... dispuso que ninguna compañía mayorista podía operar directamente estaciones de gasolina, sujeto a determinadas excepciones. La responsabilidad para vigilar por el cumplimiento de esta ley fue asignada al Secretario de Justicia a través de su Oficina de Asuntos Monopolísticos. (Énfasis suplido.)27

Como puede verse, en la Exposición de Motivos de la

Ley Núm. 157, la Asamblea Legislativa mencionó la Ley de

Gasolina entre aquellas cuya intención es “proteger a los

detallistas de gasolina de posibles prácticas predadoras de

parte de compañías mayoristas distribuidoras de gasolina”.

(Énfasis suplido.)28 Además, señaló que la Ley de Gasolina

“dispuso que ninguna compañía mayorista podía operar

directamente estaciones de gasolina, sujeto a determinadas

excepciones”.29 De manera que la Ley Núm. 157, en su

Exposición de Motivos reconoció como una práctica

depredadora, esto es, dañina a los detallistas y prohibida

por la Ley de Gasolina, aquella en la cual el mayorista

operaba directamente una estación de gasolina. Señalaba,

además, que la fiscalización de esa prohibición era un

27 Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 157 de 21 de agosto de 1996 (Ley Núm. 157). 28 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 157, supra. 29 Íd. CC-2010-1135 16

asunto a ser trabajado por la Oficina de Asuntos

Monopolísticos.

Por otro lado, en su último párrafo, la Exposición de

Motivos de la Ley Núm. 157 también señala como su propósito

el enmendar la Ley de Gasolina a los efectos de que se

establezca la completa separación entre las operaciones de

ventas al detal y las de mayoristas y refinadores de

gasolina. El texto mencionado lee así:

Con la presente medida se pretende cerrar las brechas de excepción que, por quedar abiertas en 1978, han limitado el logro de los objetivos públicos en esta industria. En específico, se establece la completa separación entre las operaciones de ventas al detal y las de mayoristas y refinadores de gasolina, disponiéndose un plazo para que se lleven a efectos las desvinculaciones necesarias hasta lograrlos. (Énfasis suplido.)30

Como parte de las enmiendas realizadas a la Ley de

Gasolina dirigidas a establecer esa “completa separación

entre las operaciones” de detallistas y mayoristas, la Ley

Núm. 157 creó el mencionado Art. 4A, que prohíbe todo acto

que impida la llamada “desvinculación operacional”. La

definición de “desvinculación operacional”, que la propia

Ley Núm. 157 también estableció como una de las enmiendas a

la Ley de Gasolina, supra, señala que ésta “ocurre cuando

un... distribuidor mayorista cesa de participar en forma

directa en la operación y/o actividades de intercambio

30 Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 157. CC-2010-1135 17

comercial de la venta al detal de gasolina... en las

estaciones de venta al detal”.31

Ahora bien, la enmienda al Art. 8 de la Ley de

Gasolina, supra, producida por la Ley Núm. 157 cambió la

mayoría de los artículos a los que hacía referencia la

versión del artículo original. La versión del Art. 8

después de la enmienda de la Ley Núm. 157 pasó a ser la

siguiente:

Cualquier violación a los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 constituirá una práctica o acto injusto o engañoso y estará sujeto a las disposiciones del Artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada.

Al analizar el texto anterior tenemos que concluir que

la referida enmienda al Art. 8 producida por la Ley Núm.

157 produjo cambios ilógicos en unos casos e inconsecuentes

en otros. Nos explicamos. En primer lugar, no guarda

relación alguna con la lógica el que una ley en cuya

Exposición de Motivos se señala que su propósito es

enmendar la Ley de Gasolina para establecer una completa

separación entre las operaciones de ventas al detal y las

de mayoristas, evitando así “posibles prácticas predadoras

[monopolísticas] de parte de compañías mayoristas

distribuidoras de gasolina”; que crea el Art. 4A de

“desvinculación operacional” para esos fines, y que

31 23 L.P.R.A. sec. 1101(j). CC-2010-1135 18

reconoce que la fiscalización de tal cumplimiento descansa

en el expertise de la O.A.M., no incluya el Art. 4A como

parte de la enmienda al mencionado Art. 8 de la Ley de

Gasolina, supra.

Por otro lado, la enmienda al Art. 8 de la Ley de

Gasolina, supra, que introdujo la Ley Núm. 157 también

incluyó, como “práctica o acto injusto o engañoso”,

cualquier violación al Art. 1 de la Ley de Gasolina, supra,

23 L.P.R.A. sec. 1101. Sin embargo, el Art. 1 de la Ley de

Gasolina, supra, solo establecía en ese entonces –y

establece actualmente- una serie de definiciones de

términos, ninguno de los cuales constituye una prohibición

per se. Por lo tanto, nadie podía cometer una violación al

Art. 1 de la Ley de Gasolina, supra, pues tal artículo no

prohibía ni prohíbe cosa alguna.

Por último, lo mismo ocurría con el Art. 3 de la Ley

de Gasolina, supra, 23 L.P.R.A. sec. 1103. Tal artículo

establecía en aquel momento –y permanece igual al presente-

la creación del “Comité Interagencial sobre la Industria de

la Gasolina”. Como ocurría con el Art. 1 (“Definiciones”),

el Art. 3 no instituía prohibición alguna, por lo que la

inclusión de ese artículo en la enumeración establecida por

la enmienda de la Ley Núm. 157 al Art. 8 de la Ley de

Gasolina, supra, resultaba totalmente inconsecuente.

Siendo así, la pregunta que procede es a qué obedeció

la redacción y aprobación final del Art. 8 de la Ley de

Gasolina, supra, después de la enmienda integrada por la CC-2010-1135 19

Ley Núm. 157. Aunque el historial legislativo no nos arroja

demasiada luz al respecto, sí encontramos que la primera

versión de enmienda a este artículo (que se presentó en el

Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes) señalaba

que constituiría una práctica o acto injusto o engañoso

“[c]ualquier violación a los Artículos 2, 4, 4A, 5, 5A, 6,

6A, y 7”. (Itálicas en el original y énfasis suplido.)32

Por otro lado, al codificarse la versión de la segunda

y última enmienda que sufriera este artículo mediante la

Ley Núm. 74 de 25 de agosto de 2005, se señala en su

historial la siguiente nota de codificación:

La ley enmendadora de 1996 parece haberse referido a los arts. 1, 2, 3, 4 y 5 de la propia ley en vez de los artículos enmendados o adicionados por la misma, a saber: arts. 1, 2, 4A, 5A y 8, o sea, secs. 1101, 1102, 1104a, 1105a y 1108 de este título. Sin embargo, por tener semejanza al contenido de las secciones referidas originalmente en la ley de 1978, pudiera ser que la ley de 1996 intentó referirse a los arts. 4, 4A, 5 y 5A de la ley, secs. 1104, 1104a, 1105 y 1105a de este título. (Énfasis suplido.)

Al considerar todo lo anterior, no nos cabe duda de

que la versión del Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra, que

surgió como resultado de la enmienda realizada por la Ley

Núm. 157 fue el producto de un error probablemente

tipográfico, que no reflejaba la intención o voluntad del

legislador. Como sugiere la nota de codificación del

32 Véase P. de la C. 2288 de 30 de enero de 1996, 7ma Sesión Ordinaria, 12 Asamblea Legislativa, pág. 7. CC-2010-1135 20

historial de este artículo, entendemos que la intención de

la Ley Núm. 157 era incluir los Arts. 4, 4A, 5 y 5A en la

versión del Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra, y su

exclusión responde a un mero error administrativo

(“clerical error”).

Determinamos lo anterior, considerando la norma de

hermenéutica jurídica que reiteramos en Passalacqua v. Mun.

de San Juan, 116 D.P.R. 618, 623 (1985), en donde señalamos

lo siguiente:

En Roig Commercial Bank v. Buscaglia, Tes., 74 D.P.R. 986, 998 (1953), este Tribunal determinó que si una palabra, frase o disposición ha sido aprobada por inadvertencia o error, especialmente si es contraria al resto de la ley o limitaría la efectividad de ésta, se puede eliminar. Entendemos que bajo las mismas circunstancias se puede añadir una frase o palabras, para que se pueda cumplir con la intención legislativa. (Énfasis suplido.)

De manera que, siendo consistentes con lo que ha sido

nuestra pauta en materia de interpretación jurídica al

confrontar situaciones en una ley como la del caso de

autos, determinamos que el legislador tuvo la intención de

que el Art. 4A formara parte de los enumerados en el Art. 8

de la Ley de Gasolina, supra, desde la aprobación de la Ley

Núm. 157; así debe interpretarse.

Para finalizar el análisis de los artículos de la Ley

de Gasolina que son necesarios considerar para la

resolución del caso de autos, tenemos que referirnos al CC-2010-1135 21

Art. 7, de la mencionada ley, 23 L.P.R.A. sec. 1107. Dicho

artículo dispone lo siguiente:

§ 1107 Obligación del detallista

Ninguna persona natural o jurídica que opere una estación de servicio de venta al detal podrá, a sabiendas, solicitar o inducir la concesión, o rebaja en precios o en la renta de equipos y rótulos, en violación a las secs. 1104 y 1105 de este título. (Énfasis suplido.)

Como surge claramente de su texto –incluso desde

el título-, este artículo se dirige únicamente al

vendedor al detal de combustible, prohibiéndole el que, a

sabiendas, induzca o le solicite a un productor o

distribuidor-mayorista (entre otros) la concesión o rebaja

en precios o en la renta de equipos y rótulos, en violación

a los Artículos 4 y 5 de la Ley de Gasolina. En otras

palabras, el objeto de prohibición es aquel detallista

que pretende solicitar o inducir a un productor o

distribuidor-mayorista a que le provea precios distintos en

la gasolina o los combustibles especiales, que los que

provee a otros detallistas, esto, en violación al Art. 4 de

la Ley de Gasolina, supra. De igual manera, el artículo

está dirigido únicamente a aquel detallista que solicite o

induzca al productor o distribuidor-mayorista (entre otros)

a que le provea una renta distinta de equipos y rótulos que

aquella que se le provee a otros detallistas, esto, en

violación al Art. 5 de la Ley de Gasolina.

B. Ley de Monopolios CC-2010-1135 22

Las leyes monopolísticas, así como aquellas que

pretenden establecer la justa competencia y que establecen

restricciones al comercio, constituyen estatutos que

precisan extremo cuidado tanto en su legislación como en su

interpretación jurídica. El objetivo que inspira este tipo

de estatuto está fundamentado en intereses apremiantes y,

como tal, indispensables para la economía de la

jurisdicción en la que se aplican.

Así, en Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum,33

expresamos con relación a nuestra Ley de Monopolios que,

“considerando que se trata de un asunto que incide sobre

los cimientos de nuestra sociedad democrática, entendemos

que los propósitos que subyacen dicha legislación son de la

más alta jerarquía y constituyen un interés apremiante del

Estado”.

El propósito principal de este tipo de estatuto yace

en el principio económico fundamental que dispone la

preservación de la libertad de competencia y el

entorpecimiento de toda práctica que perjudique el

desarrollo de los distintos mercados. Por lo tanto, tales

estatutos tienen como objetivo la erradicación de los actos

abusivos, desleales y monopolísticos que tiendan a limitar

33 170 D.P.R. 582, 595 (2007). CC-2010-1135 23

la actividad mercantil, favoreciendo así la libre y abierta

competencia en los mercados.34

En Puerto Rico, la Ley de Monopolios, supra, fue

redactada tomando como base dos estatutos federales: la Ley

Sherman35 y la Ley Clayton.36 De hecho, este también es el

patrón en la mayoría de los estados de la Unión que también

cuentan con estatutos que regulan de alguna manera la

competencia, los monopolios y las restricciones al

comercio, y que contienen disposiciones comparables con las

de las leyes federales antimonopolísticas.

Nuestra Ley de Monopolios fue promulgada “para

asegurarle al Pueblo en general, y a los pequeños

comerciantes en particular, los beneficios de la libre

competencia”.37 Como señalamos en Colón Cabrera v.

Caribbean Petroleum, supra, el propósito de la Ley de

Monopolios es

... evitar la confabulación entre firmas para dominar el mercado, [el] acaparamiento de materias primas, [1os] aumentos indebidos en los precios resultantes de una posición monopolística, [1as] prácticas discriminatorias en las relaciones con clientes [y la] concentración extrema de la actividad económica y

34 J. von Kalinowski, Antitrust Laws and Trade Regulation, Sec. 1.02, Second ed. (2004). 35 15 U.S.C.A. sec. 1 et seq. 36 15 U.S.C.A. sec. 12 et seq.; P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., 149 D.P.R. 691, 706-707 (1999). 37 G.G. & Supp. Corp v. S.& F. Systs.,Inc., 153 D.P.R. 861, 869 (2001). CC-2010-1135 24

de la riqueza en algunos grandes consorcios de empresas.

Ahora bien, en cuanto a la controversia que nos ocupa,

es necesario considerar en específico los Arts. 3(a) y

12(a) de la Ley de Monopolios.

C. El Art. 3(a) de la Ley de Monopolios

En lo pertinente, el Art. 3(a) de la Ley de

Monopolios38 establece que serán ilegales “[l]os métodos

injustos de competencia, así como las prácticas o actos

injustos o engañosos en los negocios o el comercio”.

(Énfasis suplido.) Así también el inciso (c) de este

artículo establece lo siguiente:

(c) Sin menoscabo de la facultad de recurrir a los medios autorizados por la sec. 269 de este título [injuctions], la Oficina de Asuntos Monopolísticos podrá radicar (sic) y tramitar querellas administrativas en el Departamento de Asuntos del Consumidor para prevenir, evitar y detener las violaciones al inciso (a) de esta sección o los reglamentos aprobados de conformidad al inciso (b) de la misma.39 Distinto a otras disposiciones de la Ley de

Monopolios, el Art. 3 tuvo su base en la Sec. 5(a)(1) de

la ley que creó la Comisión Federal de Comercio (15 U.S.C.

sec. 45), la cual -al igual que el Art. 3(a)- declara

38 10 L.P.R.A. sec. 259(a). 39 10 L.P.R.A. sec. 259(c). CC-2010-1135 25

ilegales los métodos injustos de competencia y los actos o

prácticas injustas o engañosas que afectan el comercio.40

Por otra parte, el inciso (c) del Art. 3 de la Ley de

Gasolina, 23 L.P.R.A. sec. 259(c), faculta expresamente a

la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de

Justicia a actuar como ente fiscalizador ante el D.A.Co. en

cuanto a toda violación por “métodos injustos de

competencia, así como las prácticas o actos injustos o

engañosos en los negocios o el comercio”. La Oficina de

Asuntos Monopolísticos fue creada por el Art. 16 del

mencionado estatuto para implementar el propósito que lo

inspira.41 La O.A.M. es una entidad adscrita al Departamento

de Justicia, con facultades para la administración de la

legislación sobre prácticas monopolísticas, así como para

la fiscalización de éstas. Además, posee la facultad de

promulgar reglamentos y proscribir actuaciones que

constituyan métodos injustos de competencia y prácticas o

actos injustos o engañosos en los negocios o el comercio.42

En fin, la O.A.M. es una entidad creada con una delegación

de poderes amplios que le permite al Estado contar con los

instrumentos investigativos precisos para cumplir con el

40 Diario de Sesiones del Senado de Puerto Rico de 22 de mayo de 1964, pág. 1706. 41 Art. 16(a) de la Ley de Monopolios, 23 L.P.R.A. sec. 272(a). 42 10 L.P.R.A. sec. 259(b). CC-2010-1135 26

propósito fiscalizador de la Ley de Monopolios.43 No existe

duda de que, conforme al Art. 3 de la Ley de Monopolios,

supra, es la O.A.M. el organismo gubernamental con el deber

ministerial de fiscalizar y velar por el cumplimiento de

esa ley.

Ahora bien, nótese que el Art. 3 de la Ley de

Monopolios, supra, no le confiere poderes adjudicativos a

la O.A.M. Esto es, no es a la O.A.M. a la cual le

corresponde adjudicar la controversia, sino investigar y

presentar la causa de acción. El inciso (c) del Art. 3 de

la Ley de Monopolios, supra, dispone no sólo que es ante el

D.A.Co. que la O.A.M. podrá presentar y tramitar querellas

buscando prevenir, evitar y detener las violaciones al

inciso (a) del propio artículo, sino que en el resto del

artículo se establece todo un esquema procesal y apelativo

que deberá seguirse ante esa agencia y del cual

mencionaremos algunos detalles.

Así, el inciso (c) del Art. 3 de la Ley de Monopolios,

supra, establece que una vez la parte querellada haya sido

notificada de la querella en su contra, el D.A.Co. deberá

celebrar una vista y resolver la controversia entre las

partes, otorgando el remedio más adecuado tan pronto le sea

posible.44 Mientras, el inciso (d) establece que la O.A.M.

43 Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, supra, pág. 594. 44 23 L.P.R.A. sec. 259(c). CC-2010-1135 27

tendrá un término de treinta días para recurrir en revisión

de la decisión del D.A.Co. al Tribunal de Primera

Instancia, si esta le fuera adversa.45 Por su parte, el

inciso (e) establece la forma en que se formalizará tal

recurso de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia,

del cual se tendrá que notificar a la parte querellada y al

D.A.Co., que contará con un término de quince días para

solicitar intervención.46

El inciso (g) establece que el Tribunal de Primera

Instancia revisará la decisión del D.A.Co. a base del

récord administrativo que se sometió ante la agencia y sólo

en cuanto a las conclusiones de derecho. Además, las

determinaciones de hecho del D.A.Co. “serán concluyentes

para el tribunal si estuvieren sostenidas por evidencia

sustancial”.47

Es evidente que, por la referencia directa a esa

agencia, por el procedimiento tan detallado establecido

ante ésta y considerando la naturaleza de la causas de

acción que intrincan las controversias monopolísticas

-sobre todo ante alegaciones de prácticas o actos injustos

o engañosos- el legislador decidió que fuera el D.A.Co. el

45 23 L.P.R.A. sec. 259(d). 46 23 L.P.R.A. sec. 259(e). 47 23 L.P.R.A. sec. 259(g). CC-2010-1135 28

que tuviera la jurisdicción primaria exclusiva para

tramitar y adjudicar toda querella presentada por la O.A.M.

La jurisdicción primaria exclusiva de D.A.Co. en este

asunto se confirma, además, mediante la propia Ley Orgánica

del Departamento de Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5 de

23 de abril de 1973, según enmendada,48 la cual en su Art.

6(x) incluye entre los poderes y facultades que ejercerá el

Secretario de Asuntos del Consumidor el “[a]djudicar las

querellas que la Oficina de Asuntos Monopolísticos del

Departamento de Justicia, radique (sic) y procese en virtud

de lo dispuesto en la sec. 259 [Art. 3] del Título 10”.49

Como vemos, en armonía con el Art. 3(c) de la Ley de

Monopolios, el inciso (x) del Art. 6 de la Ley Orgánica de

D.A.Co. le confiere jurisdicción a esa agencia para

adjudicar las querellas que 1e presente la O.A.M. al amparo

del Art. 3 de la Ley de Monopolios.

En conclusión, es al Departamento de Justicia a través

de la O.A.M. al que, conforme al mandato legislativo,

corresponde fiscalizar directamente las infracciones a la

Ley de Monopolios, específicamente en lo concerniente a 1as

violaciones a las disposiciones de prácticas injustas de

comercio, incluyendo toda práctica o acto injusto o

engañoso. Además, concluimos que, en virtud del Art. 3 de

48 3 L.P.R.A. sec. 341e(x). 49 Íd. CC-2010-1135 29

la Ley de Monopolios, supra, es al D.A.Co. al que

corresponde la jurisdicción primaria exclusiva en toda

causa de acción antimonopolística emprendida por la O.A.M.,

cuya causa de acción esté basada en alguna práctica o acto

injusto o engañoso.

D. El Art. 12(a) de la Ley de Monopolios

Como ya hemos establecido, una infracción a la

prohibición de vinculación operacional que estatuye el Art.

4A de la Ley de Gasolina, supra, constituye una “práctica o

acto injusto o engañoso”, acción que estaría sujeta a las

disposiciones de nuestra Ley de Monopolios, conforme al

Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra. De manera que

corresponde entonces, ante la alegación de una violación a

la disposición que exige tal “desvinculación operacional”,

remitirse a aquellos artículos de la Ley de Monopolios que

versan sobre 1as “prácticas o actos injustos o engañosos”

al comercio, a los fines de resolver cualquier interrogante

sobre esta materia. Ya hemos analizado el Art. 3 de la Ley

de Monopolios, supra, por lo que nos resta discutir el Art.

12 del mencionado estatuto, específicamente el inciso (a),

el cual dispone:

§ 268 Demandas por personas perjudicadas

(a) Cualquier persona que sea perjudicada en sus negocios o propiedades por otra persona, por razón de actos, o intentos de actos, prohibidos o declarados ilegales por las disposiciones de este capítulo, salvo las de las secs. 259 y 261 de este título, puede demandar a causa de dichos actos ante el Tribunal de Primera Instancia y tendrá derecho a recobrar tres (3) veces el importe de los daños y perjuicios que haya sufrido, más las costas del procedimiento y una CC-2010-1135 30

suma razonable para honorarios de abogado.50 (Énfasis suplido.)

El Art. 12(a) de la Ley de Monopolios, supra,

establece el llamado remedio de triple daño para toda

persona que sufra daños como consecuencia de actos

antimonopolísticos. La acción judicial para recobrar tales

daños deberá iniciarse dentro de1 término de cuatro años,

contados a partir del nacimiento de la causa de acción.51

Ahora bien, es claro del texto de este inciso (a) del Art.

12 de la Ley de Monopolios, supra, que, sin distinción

alguna, éste exceptúa de su ámbito jurisdiccional toda

causa de acción que se pretenda o se tenga que iniciar al

amparo de la sec. 259 de la propia Ley de Monopolios. O

sea, toda causa de acción por prácticas o actos injustos o

engañosos.

III

En el presente caso no albergamos dudas con relación a

que una persona privada, ya sea natural o jurídica, carece

de legitimación activa para presentar una causa de acción

contra un distribuidor-mayorista por alegada violación al

Art. 4A de la Ley de Gasolina, supra. Así surge claramente

de cada estatuto concernido. Veamos.

50 10 L.P.R.A. sec. 268(a). 51 10 L.P.R.A. sec. 268(c). CC-2010-1135 31

El Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra, establece como

una “práctica o acto injusto [o] engañoso” cualquier

violación al Art. 4A de la mencionada ley y señala que tal

violación “estará sujet[a] a las disposiciones de las secs.

257 et seq. del Título 10”, o sea, a la sección 257 “y las

siguientes” de la Ley de Monopolios.

Por su parte, el Art. 3(a) de la Ley de Monopolios

(sec. 259(a)) declara como ilegal “las prácticas o actos

injustos o engañosos”, que es precisamente la conducta

descrita y remitida ante el ámbito de esa ley por el Art. 8

de la Ley de Gasolina, supra. Nótese, entonces, que existe

una clara identificación o concordancia en el lenguaje

utilizado en ambas disposiciones. De manera que, por el

lenguaje claro de ambos estatutos –Ley de Gasolina y Ley de

Monopolios- es evidente que el legislador dispuso, a través

del Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra, el que toda

violación al Art. 4A de esa ley fuera comprendida, cubierta

o estuviera bajo el ámbito jurisdiccional del Art. 3 de la

Ley de Monopolios, supra.

Una vez determinamos que la conducta prohibida por el

Art. 4A de la Ley de Gasolina, supra, se encuentra bajo el

ámbito jurisdiccional del Art. 3 de la Ley de Monopolios

(sec. 259), nos enfrentamos al Art. 12(a) de la Ley de

Monopolios, supra, que, a su vez, exceptúa expresamente de

su ámbito jurisdiccional toda acción que se presente al

amparo de la sección 259. Por lo tanto, cualquier persona

privada que sufra daños por actuaciones prohibidas por la CC-2010-1135 32

Ley de Monopolios cuenta con un remedio de triple daño al

amparo del Art. 12(a) de la Ley de Monopolios, supra,

excepto que su causa de acción se fundamente en el Art. 3

de la Ley de Monopolios (sec. 259).52 Siendo así,

evidentemente toda causa de acción al amparo del Art. 4A de

la Ley de Gasolina, supra, se encuentra excluida de la

posibilidad del remedio de triple daño que provee el Art.

12(a) de la Ley de Monopolios, supra.

En este contexto, Esso argumenta que erró el foro de

instancia al no desestimar, al amparo de la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, la reclamación de las recurridas

fundamentada en el Art. 4A de la Ley de Gasolina.53 Le

asiste la razón. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de

1979, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, establece unas defensas

privilegiadas que, como tal, pueden presentarse en

cualquier momento del proceso.54 Es decir, tales defensas no

se pierden si no se levantan en la contestación de la

demanda o antes. Entre esas defensas privilegiadas, la

Regla 10.2 incluye la falta de jurisdicción sobre la

materia.55

52 El Art. 12(a) también incluye dentro de dicha excepción la sec. 261. 53 Véase Alegato de la parte peticionaria, pág. 15. 54 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2007, sec. 2601, pág. 234. 55 La nueva Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 11.3, señala que “[s]iempre que surja, por indicación de las partes o CC-2010-1135 33

Recientemente, en González v. Mayagüez Resort &

Casino, 176 D.P.R. 848, 855 (2009), reiteramos nuestra

pauta en el sentido de que la ausencia de jurisdicción

sobre la materia

(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste abrogársela [sic]; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso; y (6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio.

Por otro lado, una parte demandante posee legitimación

activa si cumple con los siguientes requisitos: “(1) ha

sufrido un daño claro y palpable; (2) el referido daño es

real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético;

(3) existe conexión entre el daño sufrido y la causa de

acción ejercitada; y (4) la causa de acción surge bajo el

palio de la Constitución o de una ley”.56 (Énfasis suplido.)

Considerando entonces que, como hemos establecido, una

persona privada no puede presentar una causa de acción por

alegada violación al Art. 4A de la Ley de Gasolina, supra,

las recurridas carecen de una causa de acción que surja

bajo el palio de una ley. Siendo así, el foro de instancia ______________________________________

de algún otro modo, que el tribunal carece de jurisdicción sobre la materia, éste desestimará el pleito”. 56 Col. Peritos Elec. v. A. E. E., 150 D.P.R. 327, 331 (2000). Véase, además, Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824, 835 (1992). CC-2010-1135 34

ciertamente carecía de jurisdicción sobre la materia para

atender tal causa de acción y debió desestimarla, conforme

a la Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 1979, supra.

De otra parte, recientemente establecimos en SLG

Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 D.P.R. 657, 676 (2009), que

“[s]i [un] estatuto le confiere la jurisdicción al

organismo administrativo se trata de una jurisdicción

estatutaria (exclusiva)”.57 Allí también pautamos lo

El concepto jurisdicción estatutaria o exclusiva guarda relación con la jurisdicción primaria concurrente pero es distinto en cuanto a su alcance y naturaleza. En la jurisdicción exclusiva se trata de situaciones en que no aplica la doctrina de jurisdicción primaria concurrente porque la propia ley aclara que esta última no existe. Es decir, el propio estatuto establece una jurisdicción exclusiva. En tales casos estamos frente a un mandato legislativo. De ahí, que cuando un estatuto le confiere de manera expresa la jurisdicción a un órgano administrativo sobre determinado tipo de asuntos, los tribunales no tendrán autoridad para dilucidar el caso en primera instancia. Claro está, la jurisdicción primaria exclusiva no soslaya la revisión judicial posterior de la decisión del organismo. (Citas y énfasis omitidos.) 58

Al observar la manera expresa, amplia y detallada con

la que el legislador se manifestó, determinamos que, con

excepción de los remedios autorizados por la sec. 269

57 Véase, además, D. Fernández, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia, Forum, 2001, sec. 8.3, pág. 437 esc. 1. 58 SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 D.P.R. 657, 677 (2009). CC-2010-1135 35

(injuctions), el Art. 3 de la Ley de Monopolios, supra, le

confiere jurisdicción primaria exclusiva al D.A.Co. en la

dilucidación de cualquier violación al inciso (a) del

propio artículo, esto es, la utilización de métodos

injustos de competencia y prácticas o actos injustos o

engañosos en los negocios o el comercio.

En cuanto a la determinación del tribunal de instancia

en el sentido de que “un ente privado como la demandante

puede presentar una causa de acción al amparo del Artículo

7 de la Ley de Control de Gasolina”, por lo que ya

explicamos determinamos que la misma es claramente errónea.

El Art. 7 de la Ley de Gasolina, supra, provee para una

causa de acción en contra de los detallistas y no a favor

de éstos. De otra parte, además de que la interpretación de

tal estatuto por parte del foro primario no fue la

correcta, lo cierto es que las recurridas nunca reclamaron

una causa de acción al amparo del Art. 7 de la Ley de

Gasolina, sino del Art. 7 de la Ley de Monopolios, supra.59

Ahora bien, con relación a que la causa de acción de

las recurridas pueda ser resarcida como un remedio sencillo

u ordinario de daños y perjuicios al amparo del Art. 1802

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, nada encontramos

en la ley que lo impida; al contrario. Como bien señala la

59 Véase la demanda instada por los recurridos. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 79-84. CC-2010-1135 36

Procuradora General en su comparecencia especial, surge de

la discusión reseñada en el historial legislativo con

relación a los informes camerales que originaron la Ley de

Monopolios, lo siguiente:

En cuanto a las acciones de los particulares, por triple daño, estas no se autorizan con respecto a los actos prohibidos por el Artículo 3, sin que por ello se intente afectar el derecho a entablar una acción ordinaria de daños y perjuicios, si ésta procediere conforme al Código Civil u otros principios de ley. (Énfasis suplido.)60

Como vemos, las expresiones del legislador fueron

claras. La Asamblea Legislativa no tuvo la intención de que

una causa de acción como la del caso de autos no pudiera

ser resarcida como un remedio sencillo u ordinario de daños

y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil,

supra. Todo lo contrario.

Por último, al final de su alegato las recurridas

argumentan que la causa de acción en este litigio comprende

hechos ocurridos durante los años 2000 al 2005, periodo de

tiempo en el que el Art. 8 de la Ley de Gasolina, supra, no

había sido enmendado para incluir el Art. 4A. Por esto, las

recurridas concluyen que en vista de que tal enmienda

ocurrió con posterioridad a la presentación de su causa de

acción, ésta –la enmienda de 2005- tendría un efecto

retroactivo en violación al Art. 3 de nuestro Código

60 Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 22 de mayo de 1964, pág. 1708. CC-2010-1135 37 CC-2010-1135 38

Civil.61 No les asiste la razón.

En primer lugar, ya hemos determinado basado en el

análisis del artículo enmendando y del historial

legislativo de la Ley Núm. 157, supra, que la intención de

la Asamblea Legislativa fue que el Art. 4A de la Ley de

Gasolina, supra, estuviera incluido bajo el ámbito

jurisdiccional del Art. 8 de la propia Ley, desde la

enmienda de 1996. Así lo interpretamos.

Pero, además, si aceptáramos la proposición de las

recurridas en el sentido de que el Art. 8 de la Ley de

Gasolina, supra, no incluía bajo su ámbito jurisdiccional

el Art. 4A para el año en que estos instaron su causa de

acción, tendríamos que resolver de todos modos que la

enmienda de 2005 no constituiría una enmienda con efecto

retroactivo. Nos explicamos.

La inclusión del Art. 4A de la Ley de Gasolina, supra,

al ámbito jurisdiccional del Art. 8 de la Ley de Gasolina,

supra, mediante la enmienda de 2005, constituyó un cambio

en el aspecto jurisdiccional de este artículo. Esto es,

desde la enmienda de 2005 toda causa de acción al amparo

del Art. 4A de Ley de Gasolina, supra, se encuentra

comprendida bajo el ámbito jurisdiccional del Art. 3 de la

61 El Art. 3 del Código Civil establece lo siguiente:

Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieran lo contrario. En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior. 31 L.P.R.A. sec. 3. CC-2010-1135 39

Ley de Monopolios, supra (sec. 259). Siendo así, la

enmienda de 2005 en efecto produjo que ya no se pueden

ejercer causas de acción privadas al amparo de este

artículo y que es D.A.Co. el que adviene a tener

jurisdicción primaria exclusiva.

Desde el 1905, esta Curia resolvió, interpretando el

Art. 3 del Código Civil, supra, que:

... es un principio de derecho español, que los estatutos que regulan la jurisdicción y el procedimiento, son de interés público, y empiezan a regir retroactivamente, o más bien, que no son consideradas como retroactivas en tal sentido, que caigan bajo las restricciones de este artículo. (Énfasis suplido.)62

Así también, en Texas Co. v. Sancho Bonet, Tes., 52

D.P.R. 658, 667(1938), señalamos que:

... como se dice en 59 Corpus Juris 1173, resumiendo la jurisprudencia, “... La regla general de que los estatutos sólo se interpretarán prospectivamente (prospectively) y no retrospectiva o retroactivamente, de ordinario no es aplicable a estatutos que afectan el remedio o procedimiento, o, conforme se dice de otro modo, esa regla general está sujeta a una excepción cuando se trata de un estatuto relativo al remedio o procedimiento”. (Énfasis suplido.)

De manera que, considerando que la enmienda producida

por la Ley Núm. 74 de 25 de agosto de 2005 al Art. 8 de la

Ley de Gasolina, supra, tuvo claramente un efecto sobre los

procesos y la jurisdicción del tribunal de instancia en

causas de acción al amparo del Art. 4A de la Ley de

62 American Railroad Co. of P.R. v. Hernández, 8 D.P.R. 516, 520 (1905). CC-2010-1135 40

Gasolina, supra, tal enmienda no constituye una retroactiva

en el marco que el Art. 3 del Código Civil, supra, lo

prohíbe.63

IV

Por todo lo anterior, se revoca la Resolución emitida

por el Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, se

desestima la causa de acción fundamentada en el Art. 4A de

la Ley de Gasolina, supra, ante el Tribunal de Primera

Instancia, por falta de jurisdicción.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado

63 J.R.T. v. A.E.E. 133 D.P.R. 1, 13, (1993). Véase, además, Texas Co. v. Sancho Bonet, Tes., 52 D.P.R. 658, 667 (1938); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e intepretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 63. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Aguadilla Paint Center, Inc.; CB Gasoline Service Group; Micada de Puerto Rico, Inc.

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, se desestima la causa de acción fundamentada en el Art. 4A de la Ley de Gasolina, Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según enmendada, ante el Tribunal de Primera Instancia, por falta de jurisdicción.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo, Interina. El Juez Presidente señor Hernández Denton emitió Opinión Disidente a la cual se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.

Larissa Ortiz Modestti Secretaria del Tribunal Supremo, Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Aguadilla Paint Center, Inc.; CB Gasoline Service Group; Micada de Puerto Rico, Inc.

Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente señor Hernández Denton a la cual se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.

Por entender que ni la Ley de Control de

Productores, Refinadores y Distribuidores Mayoristas

de Gasolina, Ley Núm. 3 de 21 de marzo de 1978, según

enmendada, 23 L.P.R.A. secs. 1101, et seq. (Ley de

Gasolina), ni la Ley de Monopolios y Restricción del

Comercio, Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según

enmendada, 10 L.P.R.A. secs. 257, et seq. (Ley de

Monopolios), impiden que un participante del mercado

presente una acción en daños por violaciones a las

prohibiciones de las referidas leyes, disentimos del

curso seguido por una mayoría de este Tribunal. En

esencia, no podemos estar de acuerdo porque el

resultado de la Opinión del Tribunal es contrario a

los propósitos de los estatutos antimonopolísticos en

controversia. CC-2010-1135 2

I.

Los demandantes, Aguadilla Paint Center, Inc., CB

Gasoline Service Group y Micada de Puerto Rico, Inc., son

detallistas o vendedores al detal de gasolina importada,

distribuida y vendida por Esso Standard Oil (Esso). Es decir,

detallistas de marca. En 2004, los detallistas presentaron

una demanda contra Esso en la cual le imputaban incurrir en

la práctica ilícita de vinculación operacional y discrimen de

precios y descuentos, en contravención al Art. 4A de la Ley

de Gasolina, 23 L.P.R.A. sec. 1104a y el Art. 7 de la Ley de

Monopolios, 10 L.P.R.A. sec. 263. Asimismo, solicitaron

indemnización bajo el Art. 1802 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141. En específico, los demandantes

alegan que Esso controla la operación de las estaciones de

gasolina en violación al Art. 4A, porque establece el costo

de la gasolina, la cantidad de gasolina que vende, la

frecuencia con la que se compra la gasolina, la entrega de la

misma, el método de pago, el precio sugerido de venta y la

renta de las estaciones de servicio. De otro lado, la causa

de acción por violación al Art. 7 de la Ley de Monopolios se

basa en que, alegadamente, Esso mantiene un discrimen de

precios frente a compradores igualmente situados.

Por su parte, Esso solicitó la desestimación alegando,

en esencia, que esas dos causas de acción solo pueden ser

presentadas por el Departamento de Justicia. Por lo tanto,

los demandantes carecían de legitimación activa.

El Tribunal de Primera Instancia proveyó no ha lugar

a la moción de desestimación y el foro apelativo intermedio CC-2010-1135 3

mantuvo ese dictamen al no expedir el auto solicitado, por no

estar en posición de intervenir en esa etapa procesal.

Inconforme, Esso acude ante nos. Por su parte, los

demandantes, cuyos planteamientos quedaron excluidos de la

Opinión del Tribunal, argumentan que son conscientes de que

existen una serie de remedios en los estatutos antes

mencionados que le han sido encomendados al Departamento de

Justicia. En específico, aducen que los injunctions

preliminares y permanentes reconocidos en dichas leyes para

paralizar actuaciones prohibidas son competencia exclusiva

del Secretario de Justicia y es este quien tiene legitimación

activa para procurarlos. Sin embargo, los demandantes no

buscan interferir con esos remedios. Su única súplica es que

se les permita demostrar que Esso les causó daños al violar

los preceptos de ambas leyes por incurrir en prácticas de

vinculación operacional y discrimen de precios. Inclusive,

aunque lo solicitaron originalmente en su demanda, los

demandantes sostienen ante nos que no reclaman el beneficio

de triple daño, reconocido en los estatutos

antimonopolísticos de Estados Unidos y Puerto Rico. De nuevo,

solo quieren que se les permita demostrar cómo, al incurrir

en las prácticas prohibidas por los referidos estatutos, se

les causó daños que, en algunos casos, resultaron en la

quiebra de negocios familiares.

II.

A. Estatutos antimonopolísticos

La Ley de Gasolina, supra, tiene como propósito combatir

el control de los abastos de productos energéticos y eliminar CC-2010-1135 4

las ventajas competitivas existentes en el mercado de

gasolina. Por ello, nuestra Asamblea Legislativa procuró la

uniformidad competitiva e implantó prohibiciones a prácticas

discriminatorias y de control de precios. Unos meses más

tarde, se aprobó la Ley Núm. 73 del 23 de junio de 1978, 23

L.P.R.A. secs. 1131, et seq., (Ley 73), con el propósito de

declarar la industria de la gasolina -en todas sus facetas-

como una revestida de interés público.

A su vez, la Ley 73, supra, implantó una serie de

prohibiciones sobre acuerdos de arrendamiento y

subarrendamiento y otro tipo de vinculación entre mayoristas

y detallistas. Además, estableció que los mayoristas están

obligados a presentar ante la Oficina de Asuntos

Monopolísticos (O.A.M.) del Departamento de Justicia copia de

todos sus contratos con los detallistas. Asimismo, la Ley 73,

supra, dispuso que reconocía la existencia de la Ley de

Monopolios, supra, y que nada de lo dispuesto en la primera

contravendría la segunda. Esto es, que la Asamblea

Legislativa era consciente de la Ley de Monopolios, supra, y

de su operación.

A tono con lo anterior, el Art. 4A de la Ley de

Gasolina, 23 L.P.R.A. sec. 1104a, dispone que:

Ningún… distribuidor-mayorista podrá, mediante convenio… operar directamente una estación de servicio de venta al detal de gasolina de forma que impida su completa desvinculación operacional. Ningún… distribuidor- mayorista podrá, mediante convenio… imponer, requerir, fijar o limitar directamente el margen de ganancia y/o el precio de venta al detal de la gasolina… en la estación de servicio de venta al detal. CC-2010-1135 5

Asimismo, el Art. 8 de la Ley de Gasolina, 23

L.P.R.A. sec. 1108, dispone que: “Cualquier violación a las

secs. 1102, 1102a, 1104, 1104a, 1105 y 1105a, de este título

constituirá una práctica o acto injusto o engañoso y estará

sujeto a las disposiciones de las secs. 257, et seq., del

Título 10.” (Énfasis suplido). Esto último sobre las secs.

257, et seq., del Título 10 se refiere a la Ley de

Monopolios.

De otra parte, la Oficina de Asuntos Monopolísticos

del Departamento de Justicia tiene a su haber una serie de

remedios y facultades para fiscalizar el cumplimiento con Ley

de Monopolios, supra. Cabe resaltar que todas las secciones

de esa ley a las que la Opinión de este Tribunal hace

referencia, disponen que la O.A.M. “podrá” realizar

determinados actos.

Por su parte, el Art. 7 de la Ley de Monopolios

dispone, en lo pertinente, que:

Será ilegal el que cualquier persona, directa o indirectamente, discrimine en precio entre distintos compradores de cosas objeto de comercio del mismo grado y calidad, cuando dichas cosas sean vendidas para uso, consumo o reventa en Puerto Rico, y cuando el efecto de tal discrimen pueda ser el de reducir sustancialmente la competencia o tender a crear un monopolio en cualquier línea de comercio en Puerto Rico o afectar, destruir o evitar la competencia con cualquier persona que hubiese concedido o a sabiendas hubiese recibido el beneficio de tal discriminación, o con cualquier cliente de uno de éstos. 10 L.P.R.A. sec. 263.

Por último, el Art. 12 de la Ley de Monopolios,

preceptúa que:

Cualquier persona que sea perjudicada en sus negocios o propiedades por otra persona, por razón de actos o intentos de actos, prohibidos o CC-2010-1135 6

declarados ilegales por las disposiciones de este capítulo, salvo las de las Secs. 259 y 261 de este título pueden demandar a causa de dichos actos ante el Tribunal de Primera Instancia y tendrá derecho a recobrar tres (3) veces el importe de los daños y perjuicios que haya sufrido, más las costas del procedimiento y una suma razonable para honorarios de abogado. 10 L.P.R.A. sec. 268. (Énfasis suplido).

Como este último artículo excluye las acciones bajo

la Sec. 259, este Foro hoy concluye que no será cualquier

persona la que pueda presentar esa acción, sino que será la

O.A.M. la única legitimada bajo esa sección de la Ley de

Monopolios, supra. Por ello, ordena la desestimación de las

causas de acción bajo la Ley de Gasolina, supra, y la Ley de

Monopolios, supra, aunque permite que el caso continúe sobre

las alegaciones de daños bajo el Art. 1802 del Código Civil,

supra.

Como veremos más adelante, ese análisis es contrario

a lo expresado en Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.,

137 D.P.R. 497 (1994). Allí, establecimos el origen y los

propósitos abarcadores del Art. 2 de la Ley de Monopolios, 10

L.P.R.A. sec. 258. Este busca evitar cualquier acto,

contrato, o conspiración para restringir irrazonablemente los

negocios o el comercio en Puerto Rico. Para ello, nuestra

Asamblea Legislativa adoptó el mismo texto de la Sec. 1 del

Sherman Act, 15 U.S.C. 1. Véase: Pressure Vessels, supra;

Northern Pac. R. Co. v. United States, 356 U.S. 1, 4 (1958).

Además, establecimos que tanto el texto de nuestro

artículo como la doctrina federal coinciden en que hay tres

requisitos que se tienen que establecer para demostrar una

infracción a esta disposición: (1) deberá existir algún CC-2010-1135 7

contrato, combinación o conspiración entre dos o más

entidades, (2) el cual restringe irrazonablemente los

negocios o el comercio (3) en Puerto Rico. Pressure Vessels,

supra, pág. 509. Finalmente, en el referido caso, resolvimos

que un demandante puede traer prueba para demostrar la

irrazonabilidad de unos contratos a la luz de su efecto

sustancialmente adverso sobre la libre competencia, ello como

vehículo para probar que, “como consecuencia de la infracción

de la ley, el demandante haya sufrido un daño”. Íd. pág. 520.

B. Concesión de poder de reglamentación

El 23 de junio de 1978, la Asamblea Legislativa aprobó

dos leyes que nos atañen frente a la actual controversia. La

primera es la Ley Núm. 72, que tuvo el propósito de

adicionar, al Art. 3 de la Ley de Monopolios, supra, una

disposición “a fin de autorizar a la Oficina de Asuntos

Monopolísticos a radicar y tramitar querellas por violaciones

a este artículo en el Departamento de Asuntos del

Consumidor”, “autorizar a dicho Departamento a resolver

dichas querellas e imponer las sanciones aquí dispuestas” y

“establecer el trámite procesal para la revisión judicial de

dichas querellas”. Véase: Ley Núm. 72 de 23 de junio de 1978,

1978 Leyes de Puerto Rico, págs. 256-257. La exposición de

motivos de esa Ley establece claramente que lo que se quiso

fue “proveer un foro adicional a los existentes donde puedan

ventilarse los actos o métodos injustos en los negocios y el

comercio”. Íd., pág. 257. (Énfasis suplido.)

Por su parte, la segunda ley aprobada, la Ley Núm. 73 de

23 de junio de 1978, supra, se estableció con el propósito de CC-2010-1135 8

“autorizar al Departamento de Justicia, de Comercio y de

Asuntos del Consumidor, a la Junta de Planificación, la

Administración de Reglamentos y Permisos y, a la Comisión de

Servicio Público a adoptar e implantar la reglamentación

necesaria para poner en efectos los propósitos y objetivos de

esta ley”. Ley Núm. 73 de 23 de junio de 1978, 1978 Leyes de

Puerto Rico, pág. 259. La exposición de motivos de esta ley

dispone que es “necesaria la intervención gubernamental en su

ejercicio del Poder de Razón de Estado para evitar la

dislocación en la integridad, funcionalidad y competencia que

debe prevalecer en el mercado de la gasolina en Puerto Rico,

industria vital a los mejores intereses de la ciudadanía y a

la dinámica económica del país”. Íd. pág. 260. Más adelante,

esa misma ley proscribe en su Art. 5 que “nada de lo aquí

dispuesto o promulgado por reglamento o de otra forma,

conforme a las disposiciones de esta ley, será interpretado

como que exceptúa de o confiere inmunidad en cuanto al

aplicación de las disposiciones de la Ley Núm. 77 de 25 de

junio de 1964, según enmendada”. Íd. Pág. 264.

Así las cosas, la Asamblea Legislativa quiso adicionar

un remedio administrativo con el propósito de allegar

herramientas a la lucha antimonopolística. No obstante, nada

de lo aquí dispuesto sobre las facultades y el trámite

administrativo tuvo el propósito de eliminar los remedios

reconocidos por la Ley de Monopolios, supra, como bien

dispuso el Art. 5 de la Ley Núm. 73, supra.

Esa acción legislativa es totalmente consistente con la

enmienda de 1970 a la Ley de Monopolios, supra. Mediante la CC-2010-1135 9

Ley Núm. 67 de 30 de mayo de 1970, se realizó una enmienda al

Art. 3 de la Ley de Monopolios, supra, que dispone que “sin

menoscabo de la facultad de recurrir a los remedios

autorizados en el Artículo 13 [que versa sobre los remedios

de injunction], la Oficina de Asuntos Monopolísticos,

mediante reglas y reglamentos promulgados… podrá proscribir

actos o prácticas específicas…”. Ley Núm. 67 de 30 de mayo de

1970, 1970 Leyes de Puerto Rico, pág. 185.

Por ello, el Art. 3 de la Ley de Monopolios, supra,

según enmendado, simplemente reconoce la facultad

administrativa de reglamentar prácticas ilícitas y provee un

foro ante el Departamento de Asuntos del Consumidor para

examinar violaciones a los estatutos aquí discutidos.

III.

Por los fundamentos que anteceden, disentimos del

resultado de la Opinión Mayoritaria. Somos del criterio que

nada en los estatutos que hemos discutido impide la

legitimación activa de los demandantes y que, a pesar de que

bajo el Art. 12 de la Ley de Monopolios, supra, se excluye el

Art. 3, la acción de los demandantes en nada contraviene la

delegación legislativa de poder para reglamentar, que se

concede en ese Art. 3. En síntesis, se les debe permitir a

los demandantes probar un caso de daños por violaciones a las

disposiciones específicas de los estatutos aquí discutidos.

Veamos.

La Ley de Gasolina, supra, fue adoptada con

posterioridad a la aprobación de la Ley de Monopolios, supra.

Asimismo, la primera expresa que la Asamblea Legislativa fue CC-2010-1135 10

consciente de las disposiciones de la segunda, al momento de

aprobarla. La Ley de Gasolina expresa en su Art. 8 que

cualquier violación a varios de sus artículos, incluyendo el

Art. 4A, “constituirá una práctica o acto injusto a (sic)

257, et seq. del Título 10”. 23 L.P.R.A. sec. 1108.

Cuando acudimos a las secs. 257 y siguientes del

Título 10, es decir, la Ley de Monopolios, encontramos que el

Art. 12 reconoce una causa de acción a: “cualquier persona

que sea perjudicada en sus negocios o propiedades por otra

persona, por razón de actos, o intentos de actos, prohibidos

o declarados ilegales por las disposiciones de este capítulo,

salvo las de las secs. 259 y 261…” 10 L.P.R.A. sec. 268.

Cónsono con los propósitos legislativos de nuestros

estatutos y de los estatutos federales en que se basa la

legislación local, esa causa de acción, es totalmente

independiente del poder legislativo de reglamentar que se le

confirió a las agencias administrativas mediante el Art. 3 de

la Ley de Monopolios, 10 L.P.R.A. sec. 259.

Esto es importante porque, según la Opinión del

Tribunal, las prácticas violatorias del Art. 8 de la Ley de

Gasolina, supra, sólo estarían sujetas a la acción bajo el

Art. 3 de la Ley de Monopolios, que dispone que “los métodos

injustos o engañosos en los negocios o el comercio, por la

presente se declaran ilegales”. 10 L.P.R.A. sec. 259. Es

decir, que porque el Art. 8 de la Ley de Gasolina declara

“actos injustos y engañosos” lo prohibido en dicha ley y que, CC-2010-1135 11

como el Art. 3 de la Ley de Monopolios es el que prohíbe los

“actos injustos y engañosos” y, éste, a su vez, está excluido

del Art. 12 de la Ley de Monopolios que reconoce la acción de

triple daño, entonces los demandantes no tienen disponible

esa causa de acción por violaciones a la Ley de Gasolina,

Esa interpretación textualista -que propone el

peticionario y que adopta completamente este Tribunal- es

totalmente contraria a los propósitos de ambas leyes. Además,

los artículos bajo los cuales reclaman los demandantes no

deben interpretarse como los únicos artículos de esas leyes

que permiten una acción en daños. Si bien esa interpretación

que hace la Opinión de este Tribunal permite que los

demandantes continúen con su causa de acción en daños bajo el

Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, cabe

preguntarnos: ¿qué alegaciones podrán presentar los

demandantes para demostrar que fue la realización de

prácticas prohibidas por parte del demandado la que le

causaron los daños que buscan indemnizar, si se le han

desestimado las causas de acción bajo la Ley de Monopolios y

la Ley de Gasolina?

Somos del criterio que se pudo llegar a una

interpretación distinta. Máxime ante el hecho de que la

propia Opinión del Tribunal reconoce el origen directo de

nuestros estatutos antimonopolísticos de sus análogos

federales.

En los Estados Unidos, los “private actions” juegan un

rol crítico en el régimen antimonopolístico. J. Von CC-2010-1135 12

Kalinowski, Antitrust Law and Trade Regulation, Sec. 160.01,

2d. ed., Vol. 8 pág. 160-2 (supl. 2011). “In enacting the

antitrust laws, the U.S. Congress was convinced that private

antitrust litigation is one of the surest weapons for

effective antitrust enforcement and that private suits are an

important element of the Nation´s antitrust enforcement

scheme… The Supreme Court has labeled the private action as a

vital means of enforcing the antitrust policy of the United

States and as an important weapon of antitrust enforcement.”

Íd. (Citas omitidas). (Énfasis suplido).

Por ello, nuestra interpretación es que la alegada

acción ilícita de los demandados podría estar prohibida por

la Ley de Monopolios, supra, y los demandantes así podrían

demostrarlo conforme a nuestra Opinión en Pressure Vessels,

supra, que, en esencia, le permite a un participante del

mercado reclamar daños por una actuación prohibida bajo el

estatuto antimonopolístico.

De hecho, en la legislación federal, el remedio de

triple daño está disponible bajo la Sec. 4 del Clayton Act.

El texto de esa sección es sumamente sencillo y simplemente

reconoce una causa de acción a cualquier persona afectada por

razón de cualquier acto prohibido bajo una ley

antimonopolística. 15 USC sec. 15. Para obtener ese remedio,

el demandante sólo tiene que probar que el daño fue causado

por razón de una actuación antimonopolística. J. Von

Kalinowski, op. cit. sec. 161.02, pág. 161-9. (“Thus, in

antitrust cases, it is not sufficient simply to demonstrate

an injury, even injury directly caused by the defendant. The CC-2010-1135 13

injury will not be considered antitrust injury unless it was

caused by reason of a violation of the antitrust

laws.”)(Citas omitidas.) Esto demuestra que el Congreso quiso

permitirles a los participantes del mercado presentar una

acción de daños por el mero hecho de otro haber realizado una

práctica antimonopolística.

Por lo tanto, habríamos concluido que la demanda

presentada por los recurridos podía continuar. Con su

decisión, este Tribunal deja en suspenso un importante

elemento de la lucha antimonopolística, en particular sobre

el negocio de distribución de combustibles en Puerto Rico.

Basta mirar a décadas pasadas para recordar las prácticas

indeseables que sufrimos en el País durante la crisis

petrolera de los años 1970´s. Hoy, de espaldas a la política

pública de los Estados Unidos, a base de la cual formulamos

nuestros estatutos sobre esta materia, este Tribunal ata las

manos y cierra las puertas de la justicia a quienes alegan

haber sufrido un daño que ahora será más difícil de

demostrar.

De la normativa federal antes descrita es evidente que,

desde principios del siglo pasado, el ordenamiento dispuso

que los competidores jugarían un rol central en la lucha

contra el control ilícito de los mercados, mediante la

presentación de acciones para recuperar el daño causado por

acciones monopolísticas. No vemos por qué los participantes

del mercado de gasolina puertorriqueño no puedan hacer lo

mismo, cuando nuestra legislación también tiene el propósito CC-2010-1135 14

de apoderar a los afectados con legitimación para reclamar

remedios por prácticas injustas.

IV.

A modo de epílogo, la decisión de este Tribunal se emite

en los momentos en que está entredicho la capacidad de la

Oficina de Asuntos Monopolísticos para adelantar los

propósitos legislativos. De la propia información publicada

por el Departamento de Justicia sobre su presupuesto para el

año fiscal en curso surge que, desde el año 2009, dicha

Oficina ha perdido casi de un cuarenta por ciento de su

personal, apenas cuenta con cuatro abogados en la actualidad,

y, durante el mismo periodo, se le ha recortado sobre un

quince por ciento de su presupuesto. Véase: Departamento de

Justica, Presupuesto Aprobado para el año 2012, disponible

en: http://www.pr.gov/presupuesto/aprobado_2012/justicia.htm.

En suma, habríamos permitido que el litigio

continuara en sus méritos en vez de resolverlo sumariamente,

sin permitirle al demandante establecer su caso. La

desestimación de acciones privadas contra el control ilícito

de los mercados en nuestra jurisdicción es contraria tanto a

la intención como al espíritu de la Ley de Monopolios y la

Ley de Gasolina y priva a los detallistas de gasolina un

instrumento muy importante para vindicar sus derechos ante

prácticas injustas de los mayoristas.

Federico Hernández Denton Juez Presidente