EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Rivera Hernández, Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Etc. Certiorari Recurridos 2007 TSPR 131 Vs. 171 DPR ____ Comtec Communication, Henry Barreda Rivera, José Barreda Rivera
Peticionarios
Número del Caso: CC-2005-1208
Fecha: 22 de junio de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Juez Ponente:
Hon. José Miranda De Hostos,
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Benito I. Rodríguez Massó
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Héctor Díaz Olmo
Materia: Reclamación de Compensación por Despido, etc.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Rivera Hernández, Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Etc.
Recurridos
Vs. CC-2005-1208 Certiorari
Comtec Communication, Henry Barreda Rivera, José Barreda Rivera
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2007.
Tenemos la ocasión para interpretar el
significado y aplicar las Reglas 15.3 y 51.7 de
Procedimiento Civil de Puerto Rico, y el Art. 1.06 de
la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico.
I
La recurrida, Jessica Berastain (en adelante
Berastain o la recurrida) se enteró por lo que le
informó una amiga que en la firma COMTEC COMMUNICATION
(en adelante COMTEC), donde la amiga trabajaba, estaba
vacante la posición de recepcionista. Por ello, el 17
de febrero de 2000, Berastain se entrevistó con
Alberto Monzón (en adelante Monzón), vicepresidente de
la firma aludida, y obtuvo el puesto de trabajo CC-2005-1208 2
referido. En esa ocasión, Monzón le indicó a Berastain que
podía renunciar de inmediato al empleo que ella tenía en ese
momento, y ese mismo día la secretaria de Monzón preparó para
Berastain su carta de renuncia al otro empleo que ésta había
tenido hasta entonces.
Berastain comenzó a trabajar seguidamente en COMTEC pero
en el tercer día de empleo en dicha empresa, el 24 de febrero
de 2000, Henry Barreda Rivera, presidente de ésta, la
despidió sin siquiera pagarle el tiempo que ella había
trabajado allí.1 Barreda Rivera sólo le indicó a Berastain
que había decidido escoger otra persona para el puesto.
La recurrida se quejó ante el Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos de Puerto Rico, y obtuvo allí una
determinación oficial mediante la cual se declaró que la
firma COMTEC había discriminado en contra de Berastain, que
dicho patrono debía reinstalarla, y que le debía una
indemnización.
COMTEC negó la determinación administrativa referida,
mediante una carta de Monzón. Ello dio lugar entonces a que
el 19 de febrero de 2002, el propio Secretario del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante, el
Secretario del Trabajo) presentase una querella contra COMTEC
por despido injustificado ante el Tribunal de Primera
Instancia, en representación de Berastain. La querella
1 Barreda Rivera alegó ante nos que los salarios en cuestión le fueron pagados a Berastain pero en ambas sentencias de los foros a quo se determinó como parte de los hechos del caso que no se le pagó a la recurrida por los servicios referidos. CC-2005-1208 3
también incluyó una reclamación de discrimen por impedimento
físico por ser Berastain una lisiada que tenía amputada su
pierna derecha. En la querella, que se fundamentó tanto en
las leyes de Puerto Rico2 como en el Americans with
Disabilities Act del 1990 federal, el Secretario del Trabajo
reclamó para la obrera salarios adeudados de $18,400 hasta
enero de 2002 más $800 por cada mes que hubiese transcurrido
desde entonces sin que la querellante hubiese sido repuesta
en su empleo, más su duplo por ser un caso de discrimen.
También reclamó $25,000 como daños por la acción de
discrimen.
COMTEC no contestó la ominosa querella presentada por el
Secretario del Trabajo, aludida antes, a pesar de haber sido
debidamente emplazada mediante diligenciamiento por alguacil,
en la persona de Alberto Monzón, y a pesar de haber sido
debidamente apercibida de las consecuencias de no contestar
la querella referida. En vista de lo anterior, y al amparo de
lo dispuesto en la Sec. 4 de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre
de 1961, 32 L.P.R.A. 3121, el 12 de septiembre de 2002, el
Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia en
rebeldía en el caso de autos y condenó a COMTEC a pagar a
Berastain $71,400, más $1,600 adicionales por cada mes que
transcurriese hasta que se repusiera a Berastain en su
trabajo en COMTEC.
2 Las querellas por discrimen contra impedidos se amparan en la Ley 53 del 30 de agosto de 1992, que enmendó la Ley Núm. 44 del 2 de julio de 1985. CC-2005-1208 4
Posteriormente, Berastain contrató su propio abogado para
ejecutar la sentencia y, el 3 diciembre de 2003, presentó una
moción ante el foro de instancia. Adujo que en este caso se
había demandado a COMTEC como su patrono pero que no había
sido posible ejecutar la sentencia referida antes contra
dicha corporación, porque ésta no existía como tal, por no
estar registrada en el Departamento de Estado. Señaló que la
sentencia emitida el 12 de septiembre de 2002 había advenido
final y firme, pero COMTEC no había pagado nada. Berastain
solicitó al tribunal, al amparo de la Regla 51.7 de
Procedimiento Civil, que declarase deudores solidarios
responsables por la sentencia a un listado de personas que
incluía a Henry, Pedro y José, todos de apellido Barreda, a
Alberto Monzón y a Sandra Díaz, por ser todos ellos las
personas naturales que bajo el nombre de COMTEC Communication
habían llevado a cabo los actos descritos en la demanda.
Berastain solicitó, además, que se citara a todas las cinco
personas aludidas para que mostraran causa por la cual no
debían estar obligados por la sentencia contra COMTEC, igual
que si hubieran sido demandados desde un principio.
Mediante una Resolución emitida el 20 de enero de 2004,
el Tribunal de Primera Instancia ordenó la citación a una
vista de todos los mencionados integrantes de COMTEC. El 18
de marzo de 2004 el foro de instancia celebró la vista
referida, para dilucidar si había alguna razón por la cual a
todos dichos integrantes de COMTEC, identificados antes, no
se les debía considerar como deudores solidarios de la CC-2005-1208 5
sentencia dictada el 12 de septiembre de 2002, que estaba
pendiente de pago, y había advenido firme y final. En dicha
vista, los citados integrantes de COMTEC intentaron
defenderse al explicar que su única relación con Berastain
había sido que ésta trabajó con su firma como recepcionista
por dos días, como parte de un proceso para seleccionar
empleados. Posteriormente en dicha vista ambas partes
solicitaron tiempo para tratar de llegar a un acuerdo en
cuanto al pago de la sentencia en cuestión. Le indicaron las
partes al tribunal que se reunirían a tales fines el 31 de
marzo de ese año. El foro de instancia aceptó la solicitud de
las partes y señaló una vista de seguimiento para el 14 de
mayo de 2004.
En la vista de seguimiento referida salió a relucir que
ninguno de los demandados acudió a la reunión concertada para
tratar de llegar a un acuerdo. También quedó claro que la
parte demandada tampoco se había comunicado de modo alguno
con Berastain o su representante legal, por lo que no había
ningún acuerdo entre las partes. El Tribunal de Primera
Instancia entonces señaló una vista evidenciaria, a
celebrarse el 7 de febrero de 2005, a fin de que se
presentara prueba sobre la relación específica con COMTEC del
listado de personas que alegadamente integraban dicha
empresa.
En la Resolución convocando a todas las partes a la vista
del 7 de febrero de 2005, el foro de instancia precisó en
gran detalle lo que se habría de dilucidar en la misma. CC-2005-1208 6
Indicó concretamente que para poder establecer la
responsabilidad particular por el discrimen sufrido por
Berastain en COMTEC, era necesario: 1) conocer la relación
específica con COMTEC de todas las cinco personas que
alegadamente integraban dicha entidad; 2) dilucidar si todos
eran patronos de Berastain; y 3) dilucidar de dónde dimanaba
la alegada solidaridad que existía entre ellos. El foro de
instancia, además, hizo hincapié en dicha Resolución en
cuanto a que con esa vista se procuraba brindarle una
oportunidad a los demandados para defenderse de las
alegaciones en su contra. Específicamente se les recabó que
expusieran si había motivo alguno por el cual no se les debía
incluir a todos como deudores solidarios en la sentencia.
Celebrada la vista evidenciaria referida, sólo los
señores Henry y José Barreda comparecieron, representados por
su abogado, pero decidieron no ofrecer testimonio. Los
demandados, pues, no presentaron prueba alguna para
contradecir o refutar el testimonio de los testigos de la
parte demandante. Se limitaron a contrainterrogar a dichos
testigos. El foro de instancia recibió la prueba ofrecida por
la demandante, le otorgó credibilidad, y dictó una sentencia
enmendada en la que determinó en esencia que en este caso
había ocurrido un despido injustificado y discriminatorio y
que, dado que COMTEC no existía como corporación, las
personas que tomaban las decisiones en COMTEC, a saber
Alberto Monzón, y Henry y José Barreda eran solidariamente
responsables por la cantidad adeudada. Fundamentó el dictamen CC-2005-1208 7
de solidaridad en lo resuelto por este Foro a los efectos de
que los co-causantes de algún daño respondan solidariamente,
y citó a P.R. Fuels Inc. v. Empire Gas Co., 149 D.P.R. 691
(1999); Arroyo v. Hosp. La Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992),
y Odriozola v. Superior Cosmetic Distributors Corp., 116
D.P.R. 485 (1985).
Tras serles denegada su solicitud de determinaciones
adicionales de hechos, Henry y José Barreda, acudieron al
Tribunal de Apelaciones y alegaron que había errado el
Tribunal de Primera Instancia al determinar que ellos eran
solidariamente responsables, sin haber suficiente prueba al
respecto.
El 31 de octubre de 2005 el foro apelativo emitió una
sentencia mediante la cual confirmó el dictamen del foro de
instancia y ordenó su ejecución. Resolvió concretamente que
en el caso de autos, la acreedora en este caso, Berastain,
podía cobrar la sentencia a su favor de cualquiera de los
deudores solidarios que integraban a COMTEC, aunque éstos no
hubiesen sido partes en el pleito, en virtud de lo dispuesto
en la Regla 51.7 de Procedimiento Civil.
Oportunamente, Henry y José Barreda acudieron ante nos
mediante una petición de certiorari, en la cual plantearon
los siguientes señalamientos de error:
1. Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que los comparecientes son solidariamente responsables a la demandante por el dictamen que a su favor dictó el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y que posteriormente convirtió en Sentencia el Tribunal de Primera Instancia. CC-2005-1208 8
2. Erró el tribunal en adjudicar la controversia en contra de los comparecientes sin que surja del récord razón alguna para hacerles responsables, no sólo solidarios sino además, únicos del dictamen.
El 17 de marzo de 2006 expedimos el recurso solicitado.
El 28 de junio de 2006, luego de una prórroga, acogimos la
petición de los Barreda Rivera de aceptar la solicitud de
certiorari como su alegato. El 12 de julio de 2006 la parte
recurrida presentó su oposición.
Pasamos a resolver.
II
Por encontrarse estrechamente relacionados los errores
señalados, procederemos a examinarlos conjuntamente.
Los peticionarios alegan, en síntesis, que erró el
Tribunal de Apelaciones al determinar que ellos eran
solidariamente responsables frente a Berastain, por la
sentencia que dictó el Tribunal de Primera Instancia el 12 de
septiembre de 2002. Aducen que en vista de que la única
demandada en el proceso judicial fue COMTEC, que no tenía
personalidad jurídica, el Tribunal de Primera Instancia no
adquirió jurisdicción sobre este asunto y, por tanto, la
sentencia original fue inoperante. Veamos.
A. El alcance de la Regla 51.7 de Procedimiento Civil
Es cierto, como alegan los peticionarios, que la acción
instada por el Secretario del Trabajo fue dirigida únicamente
contra COMTEC, que es sólo el nombre común bajo el cual CC-2005-1208 9
Monzón y los Barreda hacían negocios. Se trata de una firma
sin personalidad jurídica propia. Sin embargo, el foro
apelativo encaró el planteamiento de los peticionarios de que
la sentencia contra COMTEC era inoperante, y no podía hacerse
valer contra ellos, invocando la Regla 51.7 de Procedimiento
Civil. El Tribunal de Apelaciones en efecto acogió el
planteamiento de Berastain con respecto a la objeción aludida
de los peticionarios, y resolvió que al amparo de lo
dispuesto en la Regla 51.7 de Procedimiento Civil de Puerto
Rico, la recurrida podía cobrar la sentencia a su favor
emitida contra COMTEC de cualquiera de los deudores
solidarios que integraban dicho negocio, aunque éstos no
hubiesen sido partes en el pleito. Examinemos tal dictamen
detenidamente.
La Regla 51.7. de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.
III, se refiere a deudores solidarios, y dispone lo
siguiente:
Cuando se obtiene una sentencia contra uno o más entre varios deudores solidariamente responsables de una obligación, aquellos deudores que no fueren partes en la acción, podrán ser citados para que comparezcan a mostrar por qué causa no han de estar obligados por la sentencia de igual modo que si hubieren sido demandados desde un principio. La citación, conforme lo dispuesto en esta regla, deberá relacionar la sentencia, y requerir a la persona citada para que comparezca determinado día y hora a mostrar causa de por qué no ha de estar obligada por dicha sentencia. No será necesario entablar nueva demanda. La citación deberá acompañarse de una declaración escrita y jurada del demandante, su agente, representante o abogado, manifestando que la sentencia o parte de ella, permanece incumplimentada y expresando además, la cantidad que a cuenta de la misma se debiere. CC-2005-1208 10
Hecha la citación, el deudor citado deberá comparecer en la fecha que se indica en la citación, y en dicha vista podrá aducir cualquier defensa de hecho y de derecho para eximirle de responsabilidad. Las cuestiones así planteadas podrán substanciarse como en los demás casos. (Énfasis suplido).
Como se sabe, la Regla 51.7 no tiene equivalencia
federal. Se incorporó al cuerpo de reglas vigentes
actualmente en Puerto Rico, tomada del derogado Código de
Enjuiciamiento Civil; y su fuente originaria fueron los
ordenamientos procesales civiles de California y Idaho de
principios de siglo pasado, que tenían disposiciones
similares. Pauneto v. Núñez, 115 D.P.R. 591, 595 (1984).
Lo preceptuado por la Regla aludida ha sido objeto de
nuestra consideración en varias ocasiones. Véase, Soc. de
Gananciales v. Soc. de Gananciales, 109 D.P.R. 279 (1979);
Pauneto v. Núñez, supra; Caribbean Ins. Co. v. Tribunal de
Distrito, 99 D.P.R. 91 (1970); Durán v. Sucn. Durán, 58
D.P.R. 59 (1941); Balbaño v. Cintrón, 53 D.P.R. 844 (1938);
Banco Territorial v. Vidal, 42 D.P.R. 869 (1931); y Portela
v. Saldaña, 39 D.P.R. 542 (1929). La Regla en cuestión está
basada en el principio de rapidez y economía que en general
informa también a todo el cuerpo de nuestras reglas
procesales. Aplica específicamente a casos en que se ha
demandado y dictado una sentencia contra un deudor que es
solidariamente responsable con otros deudores que no fueron
partes originalmente en la causa de acción. En tales casos,
se puede citar posteriormente a cualquiera o a todos de
dichos otros deudores solidarios para que muestren causa de CC-2005-1208 11
por qué no deben estar obligados por la sentencia en
cuestión, como si hubieran sido demandados originalmente.3
Debe señalarse que la Regla aludida es acorde con el Art.
1097 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3108, que dispone que un
acreedor tiene la opción de dirigirse contra cualquiera de
los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente.
Además, se reitera en dicho Art. 1097 que las reclamaciones
entabladas contra uno de tales deudores no serán obstáculo
para las que posteriormente se dirijan contra los demás,
mientras no resulte cobrada la deuda por completo. Véase,
Cámara Insular, etc. v. Anadón, 83 D.P.R. 374 (1961).
Ya antes hemos resuelto que deben concurrir dos
requisitos para que sea aplicable a un caso el trámite de la
Regla 57.1, a saber: (1) la responsabilidad solidaria previa,
y (2) que aquellos contra quienes se invoca pudiesen haber
sido demandados y emplazados al iniciarse la acción. Ausente
cualesquiera de estos requisitos, la regla no es aplicable.
Pauneto v. Núñez, supra.
El vínculo previo de solidaridad que contempla la Regla
51.7 entre los aludidos codeudores queda establecido de la
manera más palmaria cuando ésta surge en virtud de un
contrato a tales efectos entre los deudores concernidos. Por
ello, con tenor ilustrativo, en Pauneto v. Núñez, supra, nos
referimos en una ocasión inter alia, a una solidaridad de
fundamentos contractuales. Pero evidentemente, de su claro
tenor literal, lo que la Regla 51.7 requiere es sólo que
3 Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, págs. 824-825 (Publicaciones JTS 2000). CC-2005-1208 12
exista la solidaridad claramente, dispuesta del modo que sea.
Así pues, la solidaridad requerida también podría existir si
está preceptuada por ley. Para fines de la Regla 51.7 en
cuestión, pues, la solidaridad aludida puede ser contractual
o estatutaria. Nada en el claro texto e historial de dicha
Regla indica otra cosa.
De lo señalado antes, pues, es claro que por lo dispuesto
en la referida Regla 51.7, no es necesario que un acreedor
tenga que demandar a todos los deudores solidarios de su
crédito, sino que se puede ejecutar contra todos éstos la
sentencia dictada contra sólo uno de ellos, siempre que se
cumplan los requisitos antes señalados. Pero para que este
atajo procesal sea utilizable, obviamente es menester que se
haya instado una demanda contra al menos uno de los deudores
solidarios en cuestión. Incoada la acción judicial contra uno
de ellos, la sentencia obtenida es ejecutable contra
cualquiera o todos de ellos.
El referido requisito sine qua non es el que está ausente
en el caso de autos. En la acción judicial que aquí nos
concierne no se demandó a ninguno de los deudores solidarios
en cuestión. Ni Monzón ni los Barreda fueron demandados como
tal por el Secretario del Trabajo. La acción en cuestión se
instó únicamente contra COMTEC, que es sólo el nombre de un
negocio, no una entidad jurídica con personalidad propia.
Como COMTEC, pues, no era un deudor solidario, no podía
aplicarse aquí la citada Regla 51.7. Erró el foro apelativo
al resolver como lo hizo. CC-2005-1208 13
B. Jurisdicción sobre los demandados
Sin embargo, lo resuelto en los párrafos anteriores no
dispone finalmente de la controversia del caso de autos. Para
ello, debe examinarse la aplicabilidad aquí de lo dispuesto
por la Regla 15.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, que
también fue utilizada por el foro apelativo para
responsabilizar a los peticionarios.
La Regla 15.3 de Procedimiento Civil dispone lo
“Cuando dos o más personas operen un negocio bajo un nombre común, comprenda éste o no los nombres de dichas personas, éstas podrán ser demandadas bajo el referido nombre común, siendo suficiente emplazar a una de ellas.”
La Regla referida ha sido parte de nuestro ordenamiento
procesal desde los tiempos antaños del Código de
Enjuiciamiento Civil. En efecto, la aplicamos o examinamos
originalmente en casos hace muchas décadas atrás. Véase,
Banco de P.R. v. Olivieri y Sobrino, 10 D.P.R. 43 (1906);
Cintrón v. Colorado, 22 D.P.R. 580 (1915); Ojeda v. Coll y
Gelabert, 26 D.P.R. 538 (1918); y Rosas v. A. Bruno de
Vázquez, 41 D.P.R. 143 (1930).
Como bien ha señalado el comentarista Hernández Colón,
infra, la Regla anterior establece una excepción a la norma
sobre la necesidad de que una parte tenga personalidad
jurídica para que pueda comparecer a juicio. Conforme a la
Regla 15.3 citada antes, cuando dos o más personas operan un
negocio bajo un nombre común, dichas personas pueden ser CC-2005-1208 14
demandadas todas bajo el nombre común, siendo suficiente para
ello el emplazamiento de una sola de las personas
concernidas. No es requerido que el negocio en cuestión tenga
personalidad jurídica. Surge claramente del texto de dicha
Regla que tampoco es necesario demandar a las personas en
cuestión en su propio nombre, sino que basta con que se
utilice el nombre común bajo el que operan el negocio,
siempre que se emplace a una de dichas personas. Todos los
comentaristas sobre el procedimiento civil en Puerto Rico
están de acuerdo en que al amparo de esta Regla, para
demandar y someter a la jurisdicción del tribunal a todas las
personas que operan un negocio bajo un nombre común, sólo es
necesario utilizar el nombre común en la demanda y emplazar a
una de dichas personas que integran el negocio. Véase José A.
Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I,
Publ JTS, 2000, pág. 363; Rafael Hernández Colón, Derecho
Procesal Civil, Cap. 11, Sec. 1114, Michie de Puerto Rico,
San Juan, P.R. 1997, pág. 107; y Urrutia de Basora y Negrón
Portillo, Reglas de Procedimiento Civil de P.R., Ed. Situm,
2005, pág. 98.
En el caso de autos, se demandó inicialmente sólo a
COMTEC y se emplazó a Alberto Monzón, el Vicepresidente de
COMTEC, y una de las varias personas que juntos hacían
negocio bajo el nombre común de la firma COMTEC. En virtud de
lo dispuesto en la citada Regla 15.3, es correcta la
determinación del foro apelativo de que aquí quedaron
debidamente demandadas y emplazadas todas las personas que CC-2005-1208 15
junto a Monzón operaban un negocio bajo el nombre común de
COMTEC. Ello incluye evidentemente a Monzón, y a los señores
Barreda peticionarios aquí.4
C. La cuestión de la solidaridad
El Tribunal de Apelaciones resolvió, además, que todos
los integrantes del negocio COMTEC eran deudores solidarios
de la recurrida. Para llegar a esta conclusión, trajo a
colación lo que la Ley General de Corporaciones dispone en su
artículo 1.06, 14 LPRA sec. 2606, a saber:
“…Todas las personas que actúen como corporación sin autoridad para ello, y teniendo conocimiento de dicha situación, serán responsables solidariamente de todas las deudas y obligaciones incurridas o asumidas como resultado de dicha actuación.” (Énfasis suplido)
Conforme al mencionado artículo, es claro que incurren en
responsabilidad solidaria todas las personas que lleven a
cabo negocios a nombre de una corporación inexistente, en
cuanto a las deudas y las obligaciones que ésta contraiga. Se
trata de una carga que impone la ley para procurar que se
cumplan cabalmente los requisitos de incorporación.5
En el caso de autos es menester que quede meridianamente
claro la cuestión de si la responsabilidad de los integrantes
4 Es menester enfatizar que después de quedar demandados en virtud del mecanismo de la Regla 15.3, los peticionarios comparecieron en dos ocasiones ante el foro de instancia y en ninguna de ellas cuestionaron la manera como habían sido demandados. No ha habido cuestionamiento respecto a la validez de la centenaria Regla, según aplicada en el caso de autos. 5 Véase, Carlos E. Díaz Olivo, Corporaciones, Publ. Puertorriqueñas, Ed. 1999, págs. 47-52. CC-2005-1208 16
de COMTEC por el despido de la recurrida es solidaria o no.
De ello depende la respuesta al segundo señalamiento de error
de los peticionarios en el caso de autos. Estos han objetado
a que se les responsabilice sólo a ellos del dictamen a favor
de la recurrida. Evidentemente, en vista de las conocidas
reglas sobre el particular, si la responsabilidad de los
codeudores es solidaria, la recurrida puede reclamar la
totalidad de lo adeudado de cualquiera de ellos. Cámara
Insular, etc. v. Anadón, supra.
El fundamento, amparado en la Ley de Corporaciones, en
que se basó el foro apelativo para determinar que la
responsabilidad de los peticionarios era solidaria presenta
problemas aquí. El mismo presupone que los peticionarios
comenzaron el proceso de incorporar su negocio pero no lo
completaron cabalmente. En tal caso, su responsabilidad hacia
Berastain sería solidaria, conforme a la citada disposición
de la Ley de Corporaciones. Pero, en realidad no sabemos si
ello sucedió así o no. No hay nada en la sentencia del foro
de instancia que nos permita llegar indudablemente a tal
conclusión, más allá de las alegaciones. Tampoco se abunda
sobre ello en el propio dictamen del foro apelativo: sólo se
afirma que la responsabilidad es solidaria, bajo la Ley
General de Corporaciones de 1995. Podría ser, a modo de
hipótesis alterna, que los peticionarios sencillamente no
incorporaron su firma, optando por hacer negocios por cuenta
propia, utilizando para ello el nombre comercial de COMTEC.6
6 L. M. Negrón Portillo, en su obra Derecho Corporativo Puertorriqueño, 2da ed., 1996, pág. 16, señala que es muy CC-2005-1208 17
En este caso, sin embargo, no es necesario descansar en
la citada disposición de la Ley de Corporaciones para
dilucidar la cuestión sobre la solidaridad. Desde al menos el
1950, y a partir de Rivera v. Great Am. Indemnity Co., 70
D.P.R. 825, ha sido norma reiterada en nuestra jurisdicción
que los co-causantes de cualquier perjuicio son responsables
solidariamente a la persona perjudicada. Hemos aplicado esta
norma en numerosas ocasiones y en diferentes contextos,
incluyendo el laboral. Véase García v. Gob. de la Capital, 72
D.P.R. 138 (1951); Torres v. A.M.A., 91 D.P.R. 714 (1965);
Torres v. A.F.F., 94 D.P.R. 314 (1967); Serralta v. Martínez
Rivera, 97 D.P.R. 466 (1969); Ramos v. Caparra Dairy, Inc.,
116 D.P.R. 60 (1985); Odriozola v. Superior Cosmetic
Distributors Corp., supra; Vega v. Adm. Servs. Médicos, 117
D.P.R. 138 (1986); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118
D.P.R. 701 (1987); Arroyo v. Hosp. La Concepción, supra; y
P.R. Fuels v. Empire Gas Co., supra.
Conforme a los hechos relatados antes, aquí el Tribunal
de Primera Instancia celebró una vista evidenciaria, en la
cual desfiló prueba que pudo ser evaluada por dicho foro,
adjudicando credibilidad a los testigos que declararon. En
virtud de dicha prueba, el foro de instancia consideró
probado que Alberto Monzón, Vicepresidente de COMTEC,
contrató a Jessica Berastain; que el peticionario, Henry
Barreda, Presidente de COMTEC la despidió; que éstos dos
_______________________________________ común en Puerto Rico que personas hagan “negocios por cuenta propia pero ocultándose detrás de un nombre, dando así la impresión de que existe un negocio separado y distinto del individuo que realiza las transacciones.” CC-2005-1208 18
ejecutivos de COMTEC junto a José Barreda, un gerencial de la
firma, realizaban sus negocios en común bajo el nombre de
COMTEC. El foro de instancia determinó así mismo que Henry
Barreda, Alberto Monzón y José Barreda eran las personas que
tomaban las decisiones en COMTEC y que eran los responsables
de cualquier actuación que ocasionaran daños a un tercero.
Más aun, dicho tribunal determinó expresamente que los tres
demandados aludidos fueron co-causantes de los daños sufridos
por Berastain, quien no sólo fue despedida del empleo en
COMTEC sino, además, instada a renunciar al trabajo que tenía
antes. Dicho foro resolvió que la responsabilidad de los tres
demandados referidos era solidaria, y conforme a la extensa
jurisprudencia sobre co-causantes citada antes, no hay
fundamentos adecuados para intervenir con lo dictaminado por
el foro de instancia.
Es menester destacar otra vez que a los demandados
referidos se les dio la oportunidad de enfrentarse a la
prueba aludida que recibió el foro de instancia pero ellos
optaron por no aprovechar dicha oportunidad y prefirieron no
ofrecer evidencia alguna en su defensa. Con su proceder,
dejaron el camino libre y expedito para las determinaciones
que formuló el foro de instancia conforme a aquella prueba
que tuvo ante sí, las cuales nos obligan.
D. Conclusión
Establecido que existía responsabilidad solidaria con
respecto a los tres integrantes de COMTEC que fueron co- CC-2005-1208 19
causantes de los daños sufridos por la recurrida, y que éstos
quedaron demandados en virtud de lo dispuesto en la Regla
15.3 y emplazados a través de su socio y co-deudor solidario
Monzón, modificamos el dictamen del Tribunal de Apelaciones
que determinó que la recurrida Jessica Berastain podía cobrar
su reclamación por despido injustificado y discriminatorio de
cualquiera de los integrantes de COMTEC. Limitamos tal
dictamen a aquellos que fueron co-causantes de los daños de
la recurrida, según se ha indicado antes.
Se devolverá el caso al foro de instancia para que
determine el monto específico de lo adeudado, a razón de
$1,600 mensuales a partir del 18 de marzo de 2004, fecha en
que indiscutiblemente los tres deudores solidarios de este
caso, ya identificados, fueron todos individualmente
notificados de este asunto e instados a presentar su defensa
propia.
Así mismo deberá el foro de instancia tomar las medidas
necesarias para la expedita ejecución de la indemnización
referida.
Se dictará una sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Rivera Hernández, Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Etc.
Comtec Communication, Henry Barreda Rivera, José Barreda Rivera
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se devuelve el caso al foro de instancia para que determine el monto específico de lo adeudado, a razón de $1,600 mensuales a partir del 18 de marzo de 2004, fecha en que indiscutiblemente los tres deudores solidarios de este caso, ya identificados, fueron todos individualmente notificados de este asunto e instados a presentar su defensa propia.
Así mismo deberá el foro de instancia tomar las medidas necesarias para la expedita ejecución de la indemnización referida.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López concurre sin opinión escrita. El Juez Presidente señor Hernández Denton disiente con opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Rivera Hernández, etc.
Recurridos CC-2005-1208 Certiorari v.
Comtec Communication Henry Barreda Rivera José Barreda Rivera
Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ DENTON
Mediante la Opinión del Tribunal unas
personas que nunca fueron demandadas ni
traídas al pleito vienen obligadas a
responder por una sentencia que fue dictada
en contra de una entidad que no tiene
capacidad jurídica para ser parte en un
pleito. Por entender que en dicho proceso
hubo un defecto insubsanable basado en
ausencia de jurisdicción, somos del criterio
que el dictamen está viciado de nulidad y,
por tanto, disentimos del curso de acción
tomado por la mayoría.
I. En el caso a quo, se presentó una
demanda por despido injustificado y discrimen
por impedimento físico en contra de Comtec CC-2005-1208 2
Communication (en adelante, Comtec), bajo el entendido de
que esta entidad estaba debidamente incorporada. De la
misma manera se expidió el correspondiente emplazamiento, el
cual fue diligenciado en la persona del supuesto vice-
presidente de Comtec, en representación de ésta última.
El foro de instancia dictó una sentencia en rebeldía en
contra de Comtec. En fase de ejecución de sentencia, la
parte demandante se percató de que Comtec no existía como
corporación. En vista de ello, solicitó que se les aplicara
la sentencia a las personas naturales que actuaron en nombre
de Comtec, a pesar de que éstas nunca fueron demandadas ni
traídas al pleito.
Celebrada una vista evidenciaria, el foro de instancia
enmendó la sentencia para imponerle responsabilidad
solidaria a las personas naturales que actuaron en nombre de
Comtec, quienes –a su entender- fueron co-causantes del
daño. Dicho dictamen fue confirmado por el foro intermedio.
La parte peticionaria impugna ante nos esa decisión,
alegando que es una grave injusticia que se le
responsabilice por una sentencia que fue dictada en un
proceso del cual no fue parte. A pesar de ello, la
mayoría de este Tribunal resuelve que las personas que
operaban el negocio bajo el nombre común de Comtec quedaron
debidamente demandadas y emplazadas a través de la Regla
15.3 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.
15.3. Por tanto, entiende que procede responsabilizar a CC-2005-1208 3
esas personas por la sentencia emitida. A la luz de los
principios básicos vigentes en nuestro ordenamiento con
respecto a la jurisdicción en personam, estamos impedidos de
endosar ese proceder y, por ello, disentimos de la mayoría.
II.
Los tribunales debemos ser celosos guardianes del
ejercicio de nuestra jurisdicción. Por ende, para poder
ejercitar válidamente dicha autoridad, debemos poseer
jurisdicción sobre la materia y sobre las personas envueltas
en el litigio. Medina v. Medina, res. el 19 de mayo de
2004, 2004 T.S.P.R. 75.
El concepto de “jurisdicción sobre la persona” está
procesal y sustantivamente entrelazado con el concepto de
“parte en un litigio”. Para ser parte demandante o
demandada en un litigio es menester primero ser persona con
personalidad y capacidad jurídica para ser objeto de
derecho. Esa condición es propia de las personas naturales
desde el nacimiento y de las corporaciones desde que quedan
válidamente constituidas. Pino Development Corp. v.
Registrador, 133 D.P.R. 373 (1993).
Además, para ser parte demandada en un pleito se
requiere que la persona contra quien se dirige la
reclamación sea designada en la demanda por su nombre
correcto y que se le notifique personalmente del pleito.
Nuñez González v. Jiménez Miranda, 122 D.P.R. 134 (1988);
Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986). CC-2005-1208 4
La notificación al demandado de que existe un procedimiento
judicial en su contra se realiza a través del emplazamiento.
Mediante ese mecanismo procesal, se le garantiza al
demandado el derecho a ser oído que exige el debido proceso
de ley. Rivera Báez v. Jaume Andujar, res. el 28 de junio de
2002, 2002 T.S.P.R. 100; First Bank of P.R. v. Inmob. Nac.,
Inc., 144 D.P.R. 901 (1998); Acosta v. A.B.C., Inc., 142
DPR 927 (1997).
Cónsono con lo anterior, en diversas ocasiones hemos
reiterado que, como norma general, es necesario un
cumplimiento estricto con los requisitos exigidos para el
emplazamiento. Chase Manhattan Bank, N.A. v. Polanco
Martínez, 131 D.P.R. 530 (1992). Por tal razón, la falta de
diligenciamiento de un emplazamiento priva al tribunal de
jurisdicción sobre la persona e invalida cualquier sentencia
en su contra. No es hasta que se diligencia el
emplazamiento, que la persona puede ser considerada
propiamente parte en el pleito y el tribunal adquiere
jurisdicción sobre su persona, aunque haya sido nombrada en
el epígrafe de la demanda. Antes de ese momento, sólo es
parte nominal. Acosta v. ABC, Inc., supra.
En lo que concierne el diligenciamiento del
emplazamiento, debemos tener presente que el mismo debe
efectuarse personalmente. Por tanto, si el demandado es una
persona natural mayor de edad se le entregará copia del
emplazamiento y de la demanda a ella personalmente o un
agente autorizado o designado por ley. 32 L.P.R.A. Ap. CC-2005-1208 5
III, R. 4.4(a). En caso de una reclamación en contra de una
corporación, el diligenciamiento se hace por conducto de
personas adecuadamente autorizadas para recibir
emplazamientos a nombre de la corporación. 32 L.P.R.A. Ap.
III, R. 4.4(e); Artículo 12.01 de la Ley General de
Corporaciones, 14 L.P.R.A. Sec. 3126.
Finalmente, cabe destacar que en nuestro sistema
procesal rige el principio del demandante diligente. Por
ello, un demandante tiene el deber de realizar todos los
actos necesarios para conferirle completa jurisdicción al
tribunal sobre la persona del demandado. Por consiguiente,
“en forma alguna viene obligado un demandado a cooperar con
el demandante en el proceso del diligenciamiento del
emplazamiento en su persona”. Reyes v. E.L.A., res. el 7 de
diciembre de 2001, 2001 T.S.P.R. 168; First Bank of P.R. v.
Inmob. Nac., Inc., supra.
III.
La Opinión del Tribunal sostiene que en este caso
quedaron debidamente demandadas y emplazadas las personas
que operaban bajo el nombre común de Comtec. No estamos de
acuerdo.
En este caso no está en controversia el hecho que
Comtec no es una persona natural ni existe como
corporación. Como no tiene capacidad para ser objeto de
derecho, Comtec no podía ser parte en el litigio. Así, al
demandarse solamente a Comtec y al diligenciarse el
correspondiente emplazamiento por conducto de una persona CC-2005-1208 6
natural en representación de Comtec, en realidad no se
demandó ni se adquirió jurisdicción sobre parte alguna. En
efecto, tampoco se adquirió jurisdicción sobre la persona
natural del supuesto vice-presidente de Comtec ya que éste
nunca fue demandado en su carácter personal. Ciertamente,
el hecho de que recibió un emplazamiento a nombre de otro no
es suficiente para adquirir jurisdicción sobre su persona.
Conforme a lo anterior, en este caso no hubo una parte
demandada y, por tanto, se configuró un defecto insubsanable
de jurisdicción que vicia de nulidad la sentencia emitida.
Por ende, dicha sentencia no podía ser ejecutada ni podía
enmendarse para que fuera aplicable a personas naturales que
nunca fueron parte en el pleito. Resolver lo contrario,
implicaría trastocar la normativa vigente sobre jurisdicción
in personam, la cual se impone por imperativo del debido
proceso de ley.
Ahora bien, ante las circunstancias de este caso, para
adquirir jurisdicción procedía demandar a las personas
naturales que actuaron en perjuicio de la parte demandante
y emplazar a cada una en su carácter personal. Sin
embargo, la mayoría resuelve que las personas que operaban
bajo el nombre común de Comtec quedaron debidamente
emplazadas en virtud de lo dispuesto por la Regla 15.3 de
Procedimiento Civil, supra. Dicha norma dispone que
“cuando dos o más personas operan un negocio bajo un nombre
común, comprenda éste o no los nombres de dichas personas, CC-2005-1208 7
éstas podrán ser demandadas bajo el referido nombre común,
siendo suficiente emplazar a una de ellas”. Regla 15.3 de
Procedimiento Civil, supra. La mayoría entiende que al
haberse demandado a Comtec y al haberse emplazado al vice-
presidente de Comtec se cumplió con lo dispuesto en dicha
norma. Ello, por la mera circunstancia de que el supuesto
vice-presidente de Comtec era una de las personas que hacían
negocio bajo el nombre de Comtec.
Dicha interpretación altera sustancialmente el
significado y el uso que debe dársele a la Regla 15.3 de
Procedimiento Civil, supra. Somos del criterio que para
que encuentre aplicación dicha norma es menester
identificar claramente en el pliego de la demanda el nombre
común y las personas que utilizan ese nombre para hacer
negocios. Una vez cumplido con ese requisito de parte
nominal, la norma exime del deber de emplazar a todas las
personas identificadas en la demanda y solamente requiere
que se emplace a una de ellas. Es decir, debe
diligenciarse personalmente el emplazamiento dirigido a tal
persona como parte demandada. Por lo tanto, dicha norma no
puede aplicar en casos como éste, donde erróneamente se
demandó a una corporación que no existe y se emplazó a uno
de los supuestos oficiales en representación de dicha
corporación. De lo contrario, sería innecesario indagar si
la parte contra la cual se quiere reclamar es o no es una
corporación. Ello en vista de que con el mero acto de
demandar a la corporación y emplazar a uno de sus CC-2005-1208 8
oficiales, se adquiriría igualmente jurisdicción sobre la
corporación, si existe, o sobre quien opera bajo ese nombre
común, si la corporación no existe. Este resultado no es
cónsono con nuestro ordenamiento procesal civil que
precisamente establece unas normas específicas para adquirir
jurisdicción sobre las personas jurídicas y que, además,
requiere cierta diligencia de parte del demandante a la hora
de identificar y emplazar al demandado. En vista de todo lo
anterior, disentimos del criterio de la mayoría.
Federico Hernández Denton Juez Presidente