Universidad De Puerto Rico v. Laborde Torres Y Otros

2010 TSPR 225

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: December 13, 2010
• Docket: CT-2010-0008
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Universidad de Puerto Rico

Peticionarios Certiorari

v. 2010 TSPR 225

Gabriel Laborde Torres y otros 180 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CT-2010-8

Fecha: 13 de diciembre de 2010

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Raúl M. Arias Marxuach Lcda. Maralyssa Álvarez Sánchez

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Alex O. Rosa Ambert Lcdo. Luis José Torres Asencio Lcdo. José J. Nazario de la Rosa Lcdo. Juan Santiago Nieves Lcdo. Manuel A. Rodríguez Banchs Lcdo. César A. Rosado Ramos Lcdo. Hans S. Perl Matanzo Lcdo. Carlos Cotto Cartagena Lcdo. Enrique G. Juliá Ramos Lcdo. Edgardo L. Rivera Rivera Lcdo. Harry Anduze Montaño Lcdo. Frank Torres Viada Lcdo. Gaspar Martínez Mangual

Materia: Certificación

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del pr oceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servici o público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionarios

v. CT-2010-008 Gabriel Laborde Torres y otros

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2010.

La Universidad de Puerto Rico (U.P.R.) nos

solicita, mediante este recurso de certificación

intrajurisdiccional, que revisemos una

determinación del Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de San Juan. En ella se desestimó por

académica una solicitud de injunction permanente,

un interdicto posesorio y una orden de cese al

amparo del Artículo 277 del Código de

Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2761, contra

varios líderes estudiantiles. El foro primario

entendió que el reclamo de la U.P.R. se tornó

académico, ya que el riesgo de que la protesta

estudiantil se reanudara e interrumpiera las CT-2010-008 2

labores en la universidad era incierto. Sin embargo, la

U.P.R. estima que la controversia sigue viva, ya que los

estudiantes aprobaron un“voto de huelga preventivo” en

una asamblea el 21 de junio de 2010. Según la U.P.R.,

ello redunda en que el cambio en la conducta de los

estudiantes no tuvo visos de permanencia y que el

conflicto continuará. Ese hecho, nos indica la U.P.R., es

de conocimiento general, por lo que nos invita a que

tomemos conocimiento judicial al respecto.

La U.P.R. alega que en este pleito aplica una de las

excepciones a la doctrina de academicidad. A saber,

cuando una situación de hechos es cambiada, pero no tiene

características de permanencia, el pleito no es

académico. Bajo ese fundamento, la U.P.R. nos requiere

que revoquemos al foro primario y que atendamos el pleito

por su alto interés público. Además, la U.P.R. solicita

que, de entender que el caso no es académico, nos

expresemos sobre ciertos aspectos de la controversia

relacionados al derecho a la libre expresión.

Por su parte, los estudiantes recurridos alegan que

la controversia de autos fue resuelta mediante un proceso

de mediación, el cual culminó con la suscripción de un

acuerdo entre las partes aprobado por el Tribunal de

Primera Instancia. Por lo tanto, entienden que todas las

causas de acción son académicas, salvo las de daños y

perjuicios que continúan ante la consideración del

Tribunal de Primera Instancia. Los estudiantes recurridos CT-2010-008 3

aducen, contrario a la U.P.R., que la probabilidad de que

ellos incurran nuevamente en los actos que motivaron la

solicitud de injunction permanente es “patentemente

especulativa”. Sobre este particular, enfatizan que la

composición de los estudiantes en este nuevo año

académico es distinta.

De entrada, concluimos que la U.P.R. tiene razón.

Pese a los esfuerzos de mediación entre las partes, los

estudiantes recurridos han actuado de una manera que

refleja que su conducta no fue de carácter permanente y

que fue un subterfugio para evadir la revisión judicial.

El hecho de que los estudiantes reunidos en asamblea

aprobaron un “voto de huelga preventivo” es indicativo de

que sus actos al levantar el conflicto no tenían visos de

duración. Es más, del mismo acuerdo entre las partes

surge que algunas controversias subsistirían, como es el

caso de la cuota especial. Por tal razón, el cambio en

conducta de los recurridos da base a la aplicación de una

excepción a la doctrina de academicidad. Sin duda, luego

de la aprobación de un “voto de huelga preventivo”, el

cual es de conocimiento público, el asunto subsumido en

este caso merece nuestra atención por el alto interés

público de la controversia.

I

Como se sabe, la Universidad de Puerto Rico ha sido

objeto de múltiples protestas estudiantiles durante

décadas. Muchas de ellas han generado gran tensión en CT-2010-008 4

Puerto Rico. Véase por ejemplo de forma general, L.

Nieves Falcón, I. Cunningham, I. Rivera, F. Torres, H.

Amundaray, Huelga y sociedad: Análisis de los sucesos en

la U.P.R. 1981-1982, España, Ed. Edil, 1982.

Desafortunadamente cada vez que se genera una de estas

manifestaciones, se crean polémicas entre estudiantes, la

administración y terceros ajenos a la comunidad

universitaria. Esos conflictos no son siempre de

resolución fácil e inmediata. Precisamente, la

controversia que hoy nos ocupa tiene su origen en la más

reciente protesta estudiantil que mantuvo paralizado al

sistema universitario más grande del territorio por 62

días consecutivos. De hecho, sucesos relacionados a la

misma protesta estudiantil dieron pie a nuestra Opinión

de 10 de mayo de 2010, en Moreno v. Pres. U.P.R. II, 2010

T.S.P.R. 70, 2010 J.T.S. 79, 178 D.P.R. ___ (2010).

Tal y como indicáramos entonces, el 13 de abril de

2010 se celebró una Asamblea General de Estudiantes

convocada por el Presidente del Consejo General de

Estudiantes, el Sr. Gabriel Laborde Torres. Allí se

aprobó un “paro” de 48 horas, para los días 21 y 22 de

abril y se creó un Comité Negociador. Llegado el 21 de

abril, se inició la protesta estudiantil y los

estudiantes cerraron los portones del Recinto de Río

Piedras. La U.P.R. expone que ese día unas personas

encapuchados forcejearon con los guardias universitarios

y cerraron los portones con cadenas. Además, alega que CT-2010-008 5

hubo varios incidentes de violencia en las afueras y

dentro del Recinto. Como consecuencia de tales actos, la

Rectora decretó un receso académico indefinido al

entender que la administración perdió el control del

acceso a la universidad.

Ante la situación que vivía el Recinto de Río

Piedras, el 21 de abril de 2010 la U.P.R. presentó en el

Tribunal de Primera Instancia una “Demanda Jurada” en la

que solicitó un entredicho provisional, un injunction

preliminar y un injunction permanente. La U.P.R. requirió

a varios líderes estudiantiles que desistieran de impedir

el acceso al Recinto de Río Piedras.1 Posteriormente, se

enmendó la demanda para incluir una reclamación en daños

y perjuicios y se solicitó un interdicto posesorio.

Asimismo, se instó al tribunal a que concediera una orden

al amparo del Artículo 277 del Código de Enjuiciamiento

Civil, supra.

En síntesis, la U.P.R. solicitó que: (1) los

estudiantes devolvieran el control del Recinto de Río

Piedras a la administración; (2) que abandonaran las

facilidades mientras estuviera vigente el receso

1 Inicialmente la demanda incluyó a Gabriel Laborde, Rosaly Motta, Roberto Thomas, Víctor Rodríguez, Waldemiro Vélez Soto, Adriana Mulero, entre otros. Posteriormente, se añadió a Santiago Velázquez Lamela, Verónica Guzmán Correa, Aníbal González Mictil, Adriana Berríos Pérez, María Currutherd Ferrero, Arturo Ríos Escribano, Rashid Marcano Rivera, Giovanni Roberto Cáez, René Vargas Martínez, Jean Carlo Bonilla Rivera, David Carrasquillo Medero, Aníbal Núñez González, José García Oquendo, Miriam Ruiz Rapala e Ian Camilo Cintrón Moya. CT-2010-008 6

académico; (3) no impidieran la entrada al Recinto de Río

Piedras de todas aquellas personas que fueran autorizadas

por las autoridades universitarias y que no incurrieran

en violencia e intimidación contra estas personas; (4) no

causaran daño a la propiedad, y (5) removieran las

barricadas que impedían el acceso. La U.P.R. también

solicitó el interdicto posesorio con la intención de que

se les devolviera su propiedad, y un mandato de “cese y

desista” para restablecer el orden institucional.

Finalmente, la U.P.R. pidió una compensación por los

daños y perjuicios que alegadamente sufrió.

Tras varios trámites procesales, entre los cuales se

concedió un entredicho provisional y un interdicto

preliminar, el 11 de junio de 2010 el Tribunal de Primera

Instancia ordenó a las partes acudir a un proceso de

mediación para dirimir sus conflictos, entre los cuales

se encontraba un aumento en la cuota académica. Las

partes seleccionaron como mediador al Lcdo. Pedro López

Oliver. El proceso de mediación comenzó el 12 de junio de

2010 y culminó el 16 de junio de 2010 con la suscripción

de un acuerdo entre las partes. Ese acuerdo lo firmaron

todos los miembros del Comité Negociador y nueve de los

trece miembros de la Junta de Síndicos de la U.P.R.

Con relación a la cuota, según dispuso la sentencia

del Tribunal de Primera Instancia, el acuerdo entre las

partes recogió lo siguiente: CT-2010-008 7

1. La administración universitaria se compromete a no imponer una cuota en la primera sesión académica del año académico 2010-2011.

2. La Junta de Síndicos considera que será necesaria el establecimiento de una cuota a partir de enero de 2011. Sin embargo, la Junta de Síndicos se compromete a que, de establecer dicha cuota, ésta no será mayor de la cantidad que representa el aumento en la Beca Pell para los años 2009-10 y 2010-11, tomando como base lo que se recibiría de la Beca Pell en el 2008-2009.

3. Lo antes dispuesto no debe ser entendido como una aceptación del Comité Negociador Nacional, representantes de los estudiantes en este proceso de mediación, a la imposición de un aumento en los costos de estudio a partir de enero de 2011.

Sentencia Parcial y Orden del Tribunal de Primera Instancia del 29 de junio de 2010, pág. 7 [énfasis suplido].

El Tribunal de Primera Instancia ordenó unir al

expediente judicial el acuerdo titulado “Entendidos entre

la Administración de la Universidad y el Comité

Negociador Nacional”. Ese documento fue certificado por

la Junta de Síndicos y, posteriormente, por los

estudiantes. Para ello, los líderes estudiantiles

convocaron una asamblea para el 21 de junio de 2010, en

la cual llevaron a votación los convenios entre las

partes. Allí, entre otras cosas, se ratificó el acuerdo

producto del proceso de mediación y se emitió un “voto de

huelga preventivo” para repudiar la imposición de una

cuota especial en enero de 2011.

Como consecuencia del convenio, el Tribunal de

Primera Instancia ordenó a las partes mostrar causa por

lo cual no debía desestimar la “Demanda Enmendada Jurada” CT-2010-008 8

presentada por la U.P.R. y la “Reconvención y Demanda

Contra Tercero” que presentaron los estudiantes Verónica

Guzmán Correa y René Vargas Martínez.2 Mediante moción en

cumplimiento de orden la U.P.R. expuso que la solicitud

de injunction permanente y la reclamación de daños y

perjuicios no eran académicas. Explicó que sólo hubo un

cese voluntario temporero de la conducta que el

injunction permanente busca evitar y que ya había

amenazas de que la gesta de los estudiantes se repetirá.

La U.P.R. alegó que existe una posibilidad real de que se

impida el libre acceso al Recinto de Río Piedras en un

“futuro cercano” ya que los estudiantes emitieron, en la

Asamblea General, un “voto de huelga preventivo” en

repudio a la imposición de una cuota especial efectiva en

enero 2011.

Por lo tanto, la U.P.R. insistió en que no se

desestimara el injunction permanente y la causa de daños

y perjuicios. Aseguró que las expresiones realizadas por

algunos líderes estudiantiles en la asamblea eran indicio

de que próximamente iniciaría otra protesta, lo que hace

que el conflicto entre las partes siga vivo. En cuanto al

acuerdo producto de la mediación, la U.P.R. indicó que

éste no era un acuerdo de transacción ya que no 2 Estos codemandados instaron una “Reconvención y Demanda Contra Terceros” en la que reclaman a la Presidenta de la Junta de Síndicos, Lcda. Ygrí Rivera, y al Presidente de la Universidad, Dr. José Ramón de la Torre, en su carácter personal, por los daños que alegadamente han sufrido por la publicación de documentos confidenciales y por un supuesto abuso de los procedimientos judiciales. CT-2010-008 9

“pretendió aclarar las relaciones jurídicas objeto de

este pleito mediante concesiones recíprocas de las

partes”.

Por su parte, los líderes estudiantiles codemandados

se opusieron a la moción y aseveraron que la controversia

se resolvió con el acuerdo suscrito el 16 de junio de

2010 en mediación. Mencionaron que la U.P.R. intenta

mantener viva una controversia de forma disfrazada y que

realmente es altamente especulativo que se genere otra

huelga. Aducen que la U.P.R. retomó el control del

recinto y que los portones fueron abiertos. Éstos

entienden que ambos aspectos son el núcleo del remedio

interdictal que solicitó la U.P.R. Alegan, además, que de

ocurrir una huelga en el futuro, otros serían los

estudiantes participantes, puesto que la composición

estudiantil cambió. Por lo tanto, sostienen que, en ese

momento, la U.P.R. podría acudir a la vía judicial.

El 29 de junio de 2010, el Tribunal de Primera

Instancia emitió “Sentencia Parcial y Orden” en la que

desestimó por académica la solicitud de injunction

permanente, interdicto posesorio, y la orden de cese al

amparo del Artículo 277 del Código de Enjuiciamiento

Civil, supra, que presentó la U.P.R. También ordenó que

la reclamación de daños y perjuicios de la U.P.R. y la

demanda de terceros de los codemandados, se tramitaran en

un pleito ordinario. Con ello, concluyó que la mediación

corrigió todos los conflictos entre las partes. CT-2010-008 10

Cabe señalar que el Tribunal de Primera Instancia

hizo constar en su sentencia, bajo el título de “hechos

posteriores a la mediación”, que “varios codemandados,

algunos sobre los cuales no tenemos jurisdicción por no

haber sido emplazados, alegadamente emitieron comentarios

públicos sobre la posibilidad de otro proceso huelgario”.

Sentencia Parcial y Orden del Tribunal de Primera

Instancia, pág. 8. El foro primario no otorgó importancia

a esos comentarios y entendió que el acuerdo de mediación

hizo académica la controversia entre las partes.

Oportunamente, la U.P.R. presentó un recurso de

apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Allí señaló

que el Tribunal de Primera Instancia erró al concluir que

la causa de acción de injunction permanente era

académica. La U.P.R. sostuvo que el cese voluntario de la

conducta de los demandados no tiene carácter de

permanencia y que la huelga en un futuro cercano no es

incierta. Indicó que les correspondía a los demandados

establecer que no hay expectativa razonable de una

próxima huelga, cosa que según estiman éstos no hicieron.

El 10 de julio de 2010, la U.P.R. presentó un

recurso de certificación ante este Tribunal. Alega que

existen cuestiones de alto interés público relacionadas a

asuntos constitucionales sustanciales que ameritan que

traigamos el pleito ante nuestra consideración. Nos

solicita que adelantemos el trámite judicial por la

importancia y pronta atención que requiere este CT-2010-008 11

conflicto. Además, invoca que de no hacerlo se vulnera el

interés de la U.P.R. en mantener su misión como el primer

centro docente del país. Para ello, la U.P.R. considera

que debe proteger las tareas institucionales y que debe

imperar el orden en la universidad. Precisa que el

injunction permanente tiene el propósito de mantener la

continuidad de las funciones académicas y

administrativas, asegurando que el desempeño de las

tareas se lleve a cabo de forma ordenada y segura, sin

menoscabar el ejercicio del derecho a la libertad de

expresión de los estudiantes. Por lo tanto, la U.P.R. nos

invita a discutir los medios y formas en que tales

manifestaciones se pueden generar. Ello, según aduce la

U.P.R., amerita que este Tribunal se exprese sobre el

tipo de foro que es la universidad y el alcance del

derecho fundamental a la libre expresión dentro de ésta.

II

A. La certificación intrajurisdiccional.

El Art. 3.002 de la Ley Núm. 22 de agosto de 2003,

según enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura de

2003, específicamente en sus incisos (e) y (f), 4

L.P.R.A. sec. 24s(e)(f), dispone los dos escenarios en

los cuales, como parte de su competencia, este Tribunal

puede atender asuntos mediante el auto de certificación.

Ambos escenarios se diferencian a base de la procedencia

del auto. Así, cuando los autos proceden del Tribunal de

Primera Instancia o del Tribunal de Apelaciones se CT-2010-008 12

denominan certificaciones intrajurisdiccionales y cuando

proceden de alguno de los tribunales del sistema federal

son conocidos como certificaciones interjurisdiccionales.

Ahora bien, el tipo de certificación que nos atañe en

esta ocasión es el intrajurisdiccional, el cual surge del

Art. 3.002(e) de la Ley de la Judicatura, id. La

disposición legal antedicha expresa que este Tribunal,

[m]ediante auto de certificación, a ser expedido discrecionalmente, motu proprio, o a solicitud de parte, podrá traer inmediatamente ante sí para considerar y resolver cualquier asunto ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones cuando se plantee la existencia de un conflicto entre decisiones previas del Tribunal de Apelaciones, se planteen cuestiones noveles de derecho, o se planteen cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial al amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de la Constitución de Estados Unidos. Id.

Así pues, el auto de certificación

intrajurisdiccional “es un mecanismo de carácter

discrecional que nos permite traer de inmediato ante

nuestra atención asuntos que se encuentran ante la

consideración de foros inferiores, obviando el trámite

ordinario de los procedimientos.” Rivera v. J.C.A., 164

D.P.R. 1, 7 (2005). Ello, como ya hemos mencionado, puede

hacerse a solicitud de parte o motu proprio. Art.

3.002(e), supra. Es un recurso de carácter excepcional

porque la norma preferida en nuestro ordenamiento es que

los casos maduren durante el trámite ordinario para

evitar así que el foro de última instancia se inmiscuya a

destiempo. Rivera v. J.C.A., supra. Sin embargo, el auto CT-2010-008 13

de certificación es el mecanismo adecuado para atender

asuntos que requieren urgente solución, ya sea porque se

afecta la administración de la justicia o porque el

asunto es de tal importancia que exige una pronta

atención. Id. Además, es un recurso que nos permite

eliminar prácticamente la posibilidad de que algunos

tipos de casos evadan nuestros pronunciamientos sobre los

asuntos que éstos presentan. Presidente de la Cámara v.

Gobernador, 167 D.P.R. 149, 160-161 (2006).

Por esa razón, hemos utilizado el auto de

certificación en muchas ocasiones para atender

controversias del más alto interés público. Véanse, entre

otros, Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra; Domínguez Castro

et al. v. E.L.A. I, Op. de 2 de febrero de 2010, 2010

T.S.P.R. 11, 2010 J.T.S. 20, 177 D.P.R. ___ (2010),

certiorari denegado el 4 de octubre de 2010 (09-1483),

562 U.S. ___ (2010); San Gerónimo Caribe Project v.

E.L.A. I, Op. de 31 de julio de 2008, 2008 T.S.P.R. 130,

2008 J.T.S. 149, 174 D.P.R. ___ (2008); McClintock v.

Rivera Schatz, 171 D.P.R. 584 (2007); Romero Barceló v.

E.L.A., 169 D.P.R. 460 (2006); Rivera v. J.C.A., supra;

Suárez v. C.E.E. I, 163 D.P.R. 350 (2005).

B. La controversia entre las partes.

En este caso nos encontramos ante el cuestionamiento

de si la solicitud de injunction permanente que presentó

la U.P.R. por el cierre de su institución a raíz de la

“huelga estudiantil” no es académica porque no tiene CT-2010-008 14

visos de permanencia. En la solicitud de certificación la

U.P.R. alega que aunque ya la institución está operando

en su normalidad, sigue latente la amenaza porque el fin

de la pasada “huelga” fue temporero. Los estudiantes

recurridos alegan todo lo contrario en su escrito de

oposición. Para ellos, el recurso es académico.

La controversia ante esta Curia presenta serias

implicaciones sobre las funciones de la U.P.R. Esas

funciones están revestidas del más alto interés público.

Asimismo, el caso presenta interrogantes constitucionales

sustanciales, relacionadas con los derechos de los

estudiantes, que merecen nuestra intervención en estos

momentos. Además, por la particularidad de los hechos,

éste es uno de esos casos que podría escapar a nuestros

pronunciamientos y que requiere una pronta atención. Por

ello se cumplen los requisitos para la expedición del

auto de certificación.

Por su parte, la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4

L.P.R.A. Ap. XXI-A, dispone que este Tribunal se reserva

la facultad “para prescindir de términos, escritos o

procedimientos específicos a los fines de lograr el más

justo y eficiente despacho del caso o del asunto de que

se trate”. En el caso particular ante nos, evaluados los

escritos presentados por las partes, así como el resto

del expediente, estamos en posición de resolver. Por eso,

como ambas partes han comparecido y de conformidad con la

facultad que nos otorga la Regla 50 de nuestro CT-2010-008 15

Reglamento, procedemos a expedir el auto de certificación

y a resolver el recurso.

III

A. Conocimiento judicial de hechos adjudicativos.

El primer asunto que debemos considerar es si el

Tribunal de Primera de Primera Instancia erró al

desestimar por académica la solicitud de injunction

permanente.

La U.P.R. expone que aplica una de las excepciones a

la doctrina de academicidad, porque la situación de

hechos fue cambiada, pero sin visos de permanencia. La

U.P.R. asegura que con la aprobación del “voto de huelga

preventivo”, los estudiantes solamente modificaron su

comportamiento de manera temporera y sin firmeza. Así

pues, nos requiere que tomemos conocimiento judicial al

respecto.

Además, la U.P.R. nos solicita que consideremos “los

comentarios recientes realizados en la prensa por parte

de líderes estudiantiles, [los cuales] revelan que existe

una probabilidad razonable de que se reorganice una

protesta estudiantil en el futuro cercano”. Sobre este

particular, la U.P.R. nos indica que podemos también

tomar conocimiento judicial. Nos cita varias

manifestaciones de líderes estudiantiles publicadas en la

prensa que muestran que las actuaciones de los

estudiantes no tienen visos de permanencia. Por ejemplo,

la U.P.R. nos presenta como anejo un artículo noticioso CT-2010-008 16

en el que se cita al codemandado, Giovanni Roberto Cáez,

declarando lo siguiente:

En este primer “round” salimos victoriosos. Cuando uno gana el campeonato en la primera pelea, uno está dispuesto a ir a la segunda porque sabe que tiene posibilidades de ganar porque ya probó su fuerza y este movimiento ha probado la fuerza que tiene. Así que estamos listos para defender la universidad pública y evitar esa cuota en enero.

Apéndice, págs. 193 y 195.

De igual modo, la U.P.R. aneja otro artículo en el

cual otro codemandado, José García, hizo una advertencia

a la Junta de Síndicos sobre la implantación de la cuota

en enero de 2011. Expresó que “si tenemos que hacer otra

huelga, la haremos más combativa que ésta”. Id., pág.

196. Asimismo, la U.P.R. adjunta otro artículo en el que

una líder estudiantil del Recinto de Aguadilla, Yanira

Ríos de Jesús,3 exhortó a los estudiantes “a estar listos

por si es necesario otro proceso huelgario, en caso de

que la Administración decida implantar la cuota o

incrementar el costo de los créditos, uno de los puntos

que causó el tranque entre [sic] las negociaciones...”.

Id., pág. 201.

Por su parte, los estudiantes recurridos sostienen

que los artículos de prensa citados son prueba de

referencia que no es admisible y que, por lo tanto, no

3 De los tres estudiantes que emitieron expresiones a la prensa, Yanira Ríos de Jesús es la única que no está incluida específicamente como demandada. Los estudiantes Giovanni Roberto Cáez y José García Oquendo son codemandados y recurridos en este pleito. CT-2010-008 17

podemos tomarlos en consideración. Alegan también que es

“altamente especulativo” considerar que la “huelga” se

repetirá, pero de ello ocurrir, la U.P.R. puede acudir

oportunamente a los tribunales.

La Regla 201 de Evidencia de 2009, 32 L.P.R.A. Ap.

IV, trata sobre el conocimiento judicial de hechos

adjudicativos. Es decir, versa sobre los hechos que

“están en controversia de acuerdo con las alegaciones y

del derecho sustantivo que rige el asunto”. Pérez v. Mun.

de Lares, 155 D.P.R. 697, 704 (2001); Asoc. de

Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991). Esta

regla sustituyó la Regla 11 de Evidencia de 1979, la cual

fue interpretada en varias ocasiones por este Tribunal.

La Regla 201 de Evidencia de 2009, supra, dicta, en

lo pertinente, que:

Regla 201. Conocimiento judicial de hechos adjudicativos

(a) Esta Regla aplica solamente al conocimiento judicial de hechos adjudicativos.

(b) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial solamente de aquel hecho adjudicativo que no esté sujeto a controversia razonable porque:

(1) es de conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del Tribunal,

(c) es susceptible de corroboración inmediata y exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.

(d) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial a iniciativa propia o a solicitud de parte. Si es a solicitud de parte y ésta provee CT-2010-008 18

información suficiente para ello, el Tribunal tomará conocimiento judicial.

(e) ................................

(f) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial en cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo la apelativa [énfasis suplido]....

Como se sabe, el conocimiento judicial es un medio

de prueba. Trata de establecer un hecho como cierto sin

la necesidad formal de presentar evidencia. E.L. Chiesa,

Tratado de Derecho Probatorio, Publicaciones J.T.S.,

1998, Tomo II, Sección 13.1, pág. 1129. Por lo tanto,

tomar conocimiento judicial de un hecho adjudicativo4

significa que el hecho es aceptado como cierto sin

necesidad de que la persona obligada presente evidencia

de su veracidad. Ello es así porque el tribunal presume

que la cuestión es tan notoria que no será disputada.

Pese a ello, la parte contraria no está impedida de

ofrecer prueba en contrario. Lluberas v. Mario Mercado e

Hijos, 75 D.P.R. 7, 20 (1953).

4 Según expone el profesor Ernesto Luis Chiesa, los hechos adjudicativos son los vinculados con las alegaciones y los que pasan a la consideración del jurado. Esto los diferencia de los hechos legislativos, que son “aquellos que las partes y el tribunal toman en consideración con relación a los efectos sociales o económicos que podría tener la norma que se establecería de resolver de una u otra manera”. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Análisis por el Prof. Ernesto Chiesa, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2009, pág. 103. Ello es pertinente, según el profesor Chiesa, ya que la Regla 201 aplica solamente a los “hechos adjudicativos.” Regla 201(a). Por lo tanto, el tribunal puede tomar conocimiento de los hechos legislativos sin cumplir con los criterios del inciso (b). CT-2010-008 19

El apartado (b) de esta regla establece los dos

criterios por los cuales el tribunal puede adquirir

conocimiento judicial. El primer criterio es la

notoriedad del hecho, lo cual incluye el conocimiento

general que exista en la jurisdicción. Asoc. de

Periodistas v. González, supra, pág. 713. Como señala el

profesor Chiesa, “a mayor generalidad el hecho, mayor

probabilidad de que se puede tomar conocimiento judicial;

a mayor especificidad más difícil es tomar conocimiento

judicial”. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto

Rico 2009, Análisis por el Prof. Ernesto Chiesa, San

Juan, Publicaciones J.T.S., 2009, pág. 104. El profesor

Chiesa utiliza como ejemplo el evento del “Milagro del

Hudson”. Indica que el tribunal puede tomar conocimiento

judicial de que un avión descendió en ese río sin que

nadie muriera. No obstante, éste no puede adquirir

conocimiento judicial de los daños sufridos por un

determinado pasajero. Id.

El segundo criterio que exhibe el inciso (b) de la

regla, expone que debe ser un hecho cuya existencia no

puede ser cuestionada. Tales hechos deben ser de

determinación inmediata al recurrir a fuentes cuya

exactitud no puede ser discutida. Al amparo de este

criterio el hecho no tiene que ser notorio o de

conocimiento general, sino de cómoda corroboración. Aquí

lo esencial es que el hecho no se disputa porque es de CT-2010-008 20

fácil verificación. E.L. Chiesa, Tratado de Derecho

Probatorio, op. cit., pág. 1137.

Ahora bien, no basta con que el hecho sea notorio o

indubitable, sino que debe ser también pertinente y

admisible. Puesto que el conocimiento judicial es un

atrecho al proceso evidenciario, el hecho tiene que ser

uno que se hubiese podido probar con evidencia admisible.

“El conocimiento judicial no tiene el efecto de hacer

admisible lo que es objeto de una regla de exclusión” de

evidencia. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto

Rico 2009, Análisis por el Prof. Ernesto Chiesa, op.

cit., pág. 104.

Sin duda, la economía judicial y lo indeseable de

que el juzgador rechace como falso lo que es a todas

luces cierto, es el cimiento para la doctrina del

conocimiento judicial. E.L. Chiesa, Tratado de Derecho

Probatorio, op. cit., págs. 1130. “[L]os jueces no viven

en un vacio. Sabemos lo que el resto de la comunidad

sabe.” Pueblo v. Marrero, 79 D.P.R. 649, 658 (1956). No

obstante, el conocimiento judicial no se refiere al

conocimiento personal del juez, sino al general que éste

pueda tener de un hecho. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia

de Puerto Rico 2009, Análisis por el Prof. Ernesto

Chiesa, op. cit., pág. 104.

Por último, el tribunal puede tomar conocimiento

judicial por su propia iniciativa o a solicitud de parte.

En el segundo de los casos, la parte proponente debe CT-2010-008 21

poner en posición al tribunal para tomar conocimiento

judicial. Entonces, el tribunal debe acceder a la

solicitud, especialmente si se trata de un hecho de fácil

verificación. Si la parte promovente no provee la

información, el tribunal rechazará la solicitud y la

parte deberá entonces presentar evidencia para probar el

hecho. Pérez v. Mun. de Lares, supra, pág. 705.

Conforme al derecho antes expuesto no cabe duda de

que este Tribunal puede tomar conocimiento judicial de

que el 21 de junio de 2010 se celebró una asamblea

convocada por los estudiantes. Este hecho no sólo es de

conocimiento general sino que es de fácil corroboración.

Tampoco se cuestiona que en dicha fecha una mayoría de

los estudiantes reunidos ratificaron un “voto preventivo

de huelga”. Este particular no ha sido cuestionado por

los estudiantes.

Ahora bien, distinto son las expresiones citadas en

el periódico que alegadamente hicieron varios

estudiantes, que en su mayoría son codemandados-

recurridos. Sin el beneficio de la prueba que se presente

en un juicio, no hay manera de que podamos tomar como

cierto el contenido de los artículos de periódicos que

cita la U.P.R. Como se sabe, este Tribunal ha establecido

como norma general que los artículos de periódicos no son

admisibles para probar lo que en éstos se relata, porque

son prueba de referencia. Pons v. Rivera Santos, 85

D.P.R. 524, 542 (1962). Evidentemente, los artículos de CT-2010-008 22

los periódicos con las citas de lo que alegadamente

dijeron los estudiantes, son prueba de referencia

inadmisible para probar la certeza de lo allí citado. Por

lo tanto, sobre ese particular los estudiantes recurridos

tienen razón. Este Tribunal no puede, sin más, considerar

ciertas esas expresiones.

Sin embargo, no debe existir duda alguna de que sí

podemos tomar conocimiento judicial de que el 21 de julio

de 2010 se realizó una asamblea de estudiantes y que allí

se ratificó un “voto preventivo de huelga”. Estos hechos

son de conocimiento general y de fácil corroboración. Con

ese hecho como premisa, debemos analizar si este pleito

es académico como resolvió el Tribunal de Primera

Instancia.

B. Academicidad: excepción de cesación voluntaria sin visos de permanencia.

Como se sabe, conforme al principio de

justiciabilidad los tribunales limitan su intervención

para resolver controversias reales y definidas que

afectan las relaciones jurídicas de partes antagónicas u

opuestas. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958).

Conforme a ello, un tribunal de justicia no debe atender

una controversia de carácter hipotético, abstracto o

ficticio. Id. Esa limitación tiene el propósito de que

los tribunales puedan precisar el momento oportuno para

su intervención. Id.

Hemos señalado que un asunto no es justiciable

cuando: (1) trata de resolver una cuestión política; (2) CT-2010-008 23

una de las partes no tiene legitimación activa para

promover un pleito; (3) después de comenzado un pleito,

unos hechos posteriores lo convierten en académico; (4)

las partes buscan obtener una opinión consultiva; o (5)

se promueve un pleito que no está maduro. Noriega v.

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994). Como vemos, la

doctrina de academicidad es una manifestación del

principio de justiciabilidad.

La academicidad recoge la situación en que, aun

cumplidos todos los criterios de justiciabilidad, ocurren

cambios en los hechos o el derecho durante el trámite

judicial que tornan académica o ficticia la solución del

pleito. El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R.

115, 123 (1988); Com. de la Mujer v. Srio. De Justicia,

109 D.P.R. 715, 724 (1980). La doctrina de academicidad

busca: (1) evitar el uso innecesario de los recursos

judiciales; (2) asegurar que haya la adversidad

suficiente para que las controversias se presenten y

defiendan competente y vigorosamente; y (3) evitar

precedentes innecesarios. Com. de la Mujer v. Srio. De

Justicia, pág. 725.

Un caso académico es aquel que intenta “obtener un

fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad

no existe, o una determinación de un derecho antes que

éste haya sido reclamado, o una sentencia sobre un

asunto, que al dictarse, por alguna razón no podrá tener

efectos prácticos sobre una controversia existente”. CT-2010-008 24

P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 675 (1995);

E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584. Conforme a ello, una

controversia puede convertirse en académica cuando su

condición viva cesa por el transcurso del tiempo. Emp.

Pub. Des., Inc. v. H.I.E.T.E.L., 150 D.P.R. 924, 936

(2000).

Al considerar el concepto de academicidad hay que

concentrarse en “la relación existente entre los eventos

pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad

presente”. Asoc. de Periodistas v. González, supra, págs.

717-718. Este análisis es trascendental para determinar

la existencia de los requisitos constitucionales de

justiciabilidad, especialmente cuando existen aspectos de

la controversia que se tornan académicos pero persisten

consecuencias colaterales de ésta que tienen vigencia y

actualidad. Véase, R. Serrano Geyls, Derecho

Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan,

Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. 1, págs. 122-126. Por lo

tanto, al examinar si un caso es académico, debemos

evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, a

fines de determinar si la controversia entre las partes

sigue viva y subsiste con el tiempo. Pres. del Senado,

148 D.P.R. 737, 759 (1999). De no ser así, los tribunales

están impedidos de intervenir.

No obstante, este Tribunal ha reconocido varias

excepciones a la doctrina de academicidad. P.P.D. v.

Gobernador I, supra, pág. 676. Tales excepciones son: (1) CT-2010-008 25

una cuestión recurrente o susceptible de volver a

ocurrir; (2) cuando la situación de hechos ha sido

cambiada por el demandado, pero no tiene visos de

permanencia; (3) cuando subsisten consecuencias

colaterales que tienen vigencia y actualidad. Moreno v.

Pres. U.P.R. II, supra; Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R.

10, 19 (2000).

La U.P.R. alega que en este caso aplica la segunda

excepción antes mencionada. Explica que los estudiantes

realizaron un cambio a su conducta, pero sin la intención

de que ese cambio fuera permanente. Asegura que la

aprobación del “voto de huelga preventivo” es prueba de

ello. Como indicáramos, podemos tomar conocimiento

judicial del hecho de que hubo una asamblea de

estudiantes en la cual se aprobó un voto preventivo de

huelga. No podemos obviar que los intentos de concluir la

controversia entre las partes mediante el acuerdo de

mediación, a raíz de esa asamblea, no necesariamente

fueron definitivos. En ese sentido creemos que la U.P.R.

tiene razón en sus argumentos.

Este Tribunal nunca ha tenido la oportunidad de

aplicar y abundar sobre la excepción de academicidad de

cesación voluntaria sin visos de permanencia.5 Sin

5 En Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 D.P.R. 149 (2006), no aplicamos la excepción de cesación voluntaria sin visos de permanencia. Concluimos que el caso era académico porque no era probable que la controversia recurriera en el futuro. No obstante, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente (continúa...) CT-2010-008 26

embargo, existe múltiple jurisprudencia al respecto del

Tribunal Supremo federal. Así, ese foro ha sostenido que

el hecho de que un demandado desista voluntariamente de

la conducta impugnada no priva automáticamente a un

tribunal de su autoridad para determinar la legalidad de

esa conducta. Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw

Environmental Services, Inc., 528 U.S. 167, 189 (2000);

City of Mesquite v. Aladdin’s Castle, Inc., 455 U.S. 283,

289 (1982). De lo contrario, se dejaría libre a la parte

demandada para volver a sus antiguas usanzas. United

States v. Concentrated Phosphate Export Ass’n, 393 U.S.

199, 203 (1968), citando a United States v. W.T. Grant

Co., 345 U.S. 629, 632 (1953).

El Tribunal Supremo federal indicó que para

determinar si un caso es académico por el cambio

voluntario de una demandado se utiliza el escrutinio

estricto. Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental

Services, Inc., supra. Por lo tanto, la culminación

voluntaria de una conducta no tornará académica una

controversia salvo que los eventos subsiguientes hagan

absolutamente claro que no es razonable esperar que la

alegada conducta impugnada volverá a ocurrir. Parents

Involved in Cmty. Sch. v. Seattle Sch. Dist. No. 1, 551

en la que señaló que no había garantía de que la parte recurrida no habría de repetir la misma conducta en el futuro. Opinó que debía aplicarse la excepción de cesación sin visos de permanencia y abundó un poco sobre este concepto y su aplicación por el Tribunal Supremo federal. CT-2010-008 27

U.S. 701, 719 (2007) citando a Friends of Earth, Inc. v.

Laidlaw Environmental Services, Inc., supra, y a United

States v. Concentrated Phosphate Export Ass’n, supra

(“subsequent events made it absolutely clear that the

allegedly wrongful behavior could not reasonably be

expected to recur”).

Si un demandante impugna una acción y el demandado

reacciona eliminándola, pero posteriormente continúa con

una acción sustancialmente similar (“substantially

similar action”), el caso no es académico. J.E. Nowak y

R.D. Rotunda, Constitutional Law, 8va ed., West Pub.,

2010, pág. 72. Concluir lo contrario dejaría en las manos

de la parte demandada la continuación del pleito. Por

eso, un caso es académico solo si: (1) puede asegurarse

que la violación alegada no va a volver a ocurrir; y (2)

el remedio provisional concedido o los eventos acaecidos

han erradicado completa e irrevocablemente los efectos de

la violación alegada. County of Los Angeles v. Davis, 440

U.S. 625, 631 (1979).

En el caso normativo United States v. W.T. Grant

Co., supra, el Tribunal Supremo señaló:

Both sides agree to the abstract proposition that voluntary cessation of allegedly illegal conduct does not deprive the tribunal of power to hear and determine the case, i.e., does not make the case moot.... A controversy may remain to be settled in such circumstances.... The defendant is free to return to his old ways. This, together with a public interest in having the legality of the practices settled, militates against a mootness conclusion.... For to say that the case has become moot means that the defendant is entitled to a dismissal as a CT-2010-008 28

matter of right,.... The courts have rightly refused to grant defendants such a powerful weapon against public law enforcement [citas omitidas; énfasis suplido].

El peso de la prueba recae en la parte que alega que

el pleito es académico. Es decir, le corresponde a ésta

demostrar que el cambio de conducta para culminar la

controversia es permanente y no es razonable esperar que

revierta. Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental

Services, Inc., supra(“the heavy burden of persuading the

court that the challenged conduct cannot reasonably be

expected to start up again lies with the party asserting

mootness”.). En ese sentido, si la parte demandada puede

probar que no existe una expectativa razonable de que la

conducta impugnada se repita, entonces el caso es

académico. United States v. W.T. Grant Co., supra.

En vista del derecho antes expuesto, los estudiantes

recurridos tienen el peso de la prueba para establecer

que su conducta con relación al fin de la huelga es

permanente. El acuerdo al que llegaron las partes tras la

intervención de un mediador no tuvo el propósito de

terminar con la litigación. Ninguna de sus cláusulas

contiene un compromiso de desistir del pleito. El único

objetivo fue levantar la “huelga estudiantil” que

imperaba entonces a cambio de una posposición hasta enero

de 2011 del cobro de una cuota especial a los

estudiantes, entre otras cosas. Los estudiantes

recurridos hicieron constar expresamente en el acuerdo

producto de la mediación que rechazan esa cuota. Luego, CT-2010-008 29

aprobaron un “voto preventivo de huelga.” Eso mantiene

viva la pugna que mantuvo a nuestro sistema universitario

paralizado por meses.

Por ende, la controversia ante nuestra consideración

se sitúa perfectamente en la excepción de academicidad

antes expuesta. No existe una garantía real de que los

estudiantes no habrán de incurrir en la conducta

impugnada, especialmente luego de la aprobación del “voto

preventivo de huelga”. Por el contrario, su conducta es

un indicio razonable de que podría volver a ocurrir otra

paralización de la U.P.R. y que la intención de los

estudiantes recurridos nunca fue culminar con la

controversia de autos.

Si concluyéramos que el litigio es académico los

estudiantes recurridos quedarían liberados de un dictamen

judicial y podrían incurrir nuevamente en la conducta

proscrita. Eso dejaría sin remedio a la U.P.R. a pesar de

sus alegaciones de daño irreparable. La adjudicación

judicial de ese reclamo no puede quedar al arbitrio

unilateral de los estudiantes recurridos. Esto cobra más

importancia cuando se trata de un asunto de tan alto

interés público. Estamos ante la posible paralización de

nuestro más alto centro público de enseñanza y la

frustración de la misión social consagrada en la Ley de

la Universidad de Puerto Rico. Es por ello que concluimos

que este caso no es académico porque le aplica la

excepción de cesación voluntaria sin visos de CT-2010-008 30

permanencia. A pesar de los esfuerzos de mediación, la

conducta posterior de los estudiantes abona a que la

U.P.R. se sienta amenazada y nada impediría que los

estudiantes retomen los actos que el injunction

permanente busca evitar.

IV

La U.P.R. ha solicitado un interdicto permanente

contra los estudiantes recurridos, que ordene el cese de

toda acción que impida el libre acceso al campus

universitario. Por su parte, los estudiantes recurridos

argumentan como defensas afirmativas que el remedio que

la U.P.R. solicita implica un menoscabo de patente

intensidad a su derecho a la libre expresión, que por

ello requiere el escrutinio judicial más alto y acucioso

posible. Toda vez que el Tribunal de Primera Instancia

tendrá que aquilatar estos planteamientos al evaluar si

emite la orden de injunction permanente que se le ha

solicitado, es imperativo definir los contornos de los

derechos constitucionales que se invocan como defensa.

Nos aseguramos así de que se protejan los derechos

legales y constitucionales de todas las partes en la

comunidad universitaria. CT-2010-008 31

A. Principios generales de la libertad de expresión.

La Sec. 4 del Art. II de la Constitución de Puerto

Rico consagra el derecho fundamental a la libertad de

expresión. Art. II, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo

1. Como tal, nuestra Carta de Derechos protege al

ciudadano puertorriqueño contra cualquier actuación

gubernamental o “ley... que restrinja la libertad de

palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en

asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de

agravios”. Id. Como corolario de la libre expresión, la

Sec. 6 del artículo citado añade que “[l]as personas

podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier

fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi

militares”. Id., Sec. 6. Hemos expresado en el pasado que

“[a]mbos derechos son fundamentales para la consecución y

[el] ejercicio de la libertad de conciencia”. Rodríguez

v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251, 255 (1979).

La garantía constitucional a la libertad de palabra

“abarca el ámbito general de la libertad de conciencia,

de pensamiento, de expresión, y las actividades propias

para ejercitar a plenitud dentro de la más dilatada

libertad la totalidad de los derechos”. Muñiz v. Admor.

Deporte Hípico, 156 D.P.R. 18, 23 (2002), citando a 4

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2564

(1951). Además, “[faculta] el desarrollo pleno del

individuo y [estimula] el libre intercambio y la

diversidad de ideas, elementos vitales del proceso CT-2010-008 32

democrático”. Velázquez Pagán v. A.M.A., 131 D.P.R. 568,

576 (1992).

“Entre las libertades individuales, la libertad de

expresión es probablemente la más esencial, una vez

garantizado el derecho a la vida y a la libertad física”.

Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, 156 D.P.R. 754,

767 (2002). “La libertad de expresión es la quintaesencia

de una sociedad democrática. De forma multidimensional,

en la constelación de valores democráticos, goza de una

primacía peculiar”. Coss y U.P.R. v. C.E.E., 137 D.P.R.

877, 886 (1995). Como resultado, este Tribunal está

llamado a la más celosa protección de un derecho tan

cardinal. Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, supra,

pág. 768.

Sin embargo, hemos reiterado a la saciedad que el

derecho a la libertad de palabra no está inmune a la

imposición de limitaciones, siempre y cuando éstas sean

interpretadas de forma restrictiva, de manera que no

abarquen más de lo imprescindible. Muñiz v. Admor.

Deporte Hípico, supra, pág. 24; Véanse también, Asoc. de

Maestros v. Srio. de Educación, supra, págs. 768-769;

Velázquez Pagán v. A.M.A., supra, pág. 576; Rodríguez v.

Srio. de Instrucción, supra, pág. 255. La libertad de

expresión no es un derecho absoluto. Por consiguiente,

puede “subordinarse a otros intereses cuando la necesidad

y conveniencia públic[a] lo requieran”. Mari Bras v.

Casañas, 96 D.P.R. 15, 21 (1968). Véanse también: Aponte CT-2010-008 33

Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 290 (1971); A. Lewis,

Freedom for the Thought that We Hate, New York, Ed. Basic

Books, 2007, pág. 169 (“People invoke the First Amendment

as if those words would settle whatever issue was being

debated. But in truth the freedoms of speech and of the

press have never been absolutes”.).

La Sec. 4 de la Carta de Derechos local, supra,

encuentra su origen en los postulados de la Primera

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América,

Enmd. I, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1. Véase, J.

Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Ed.

U.P.R., 1982, T. 3, pág. 181. La Primera Enmienda

declara, en lo pertinente, que “[e]l Congreso no aprobará

ninguna ley... que coarte la libertad de palabra o de

prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente

y a solicitar del Gobierno la reparación de agravios”.

Enmd. 1, supra. A su vez, la Enmienda Catorce, Const. EE.

UU., L.P.R.A., Tomo 1, hizo extensivas las garantías a

las libertades de expresión y prensa consagradas en la

Primera Enmienda, supra, a todos los estados de la Unión.

Véanse: Enmd. XIV, supra; J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op.

cit., pág. 1252. Por tratarse de un derecho fundamental,

la garantía de libertad de expresión y prensa de la

Constitución federal aplica en Puerto Rico. Balzac v.

People of Porto Rico, 258 U.S. 298, 314 (1922); Aponte

Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 286-287 (1971). Véase,

D. M. Helfeld, How Much of the Federal Constitution is CT-2010-008 34

Likely to be Held Applicable to the Commonwealth of

Puerto Rico, 39 Rev. Jur. U.P.R. 169, 183 (1969).

Por esa razón, “las garantías de nuestra Carta de

Derechos las interpretamos y hacemos efectivas no en

menor grado de protección que lo hace, respecto a

garantías similares, el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos”. Aponte Martínez v. Lugo, supra. Al resolver

casos y controversias que surgen bajo el palio de la

Primera Enmienda, supra, el Tribunal Supremo federal ha

bifurcado su análisis en dos grandes categorías, a saber:

(1) acciones gubernamentales que reglamentan el contenido

de la expresión, y (2) aquéllas que regulan su tiempo,

lugar y manera. J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., pág.

1253; K. Sullivan & G. Gunther, First Amendment Law, New

York, Ed. Foundation Press, 1999, pág. 193 (“The Court

has increasingly treated the distinction between content-

based and content-neutral regulations as a crucial one in

First Amendment law”.); R. Serrano Geyls, Derecho

constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, op. cit.,

T. 2, pág. 1278.

B. La reglamentación gubernamental del contenido de la expresión.

Al analizar las controversias que plantean el

derecho a la libertad de expresión, hemos adoptado el

sistema de análisis implantado por el más alto foro

federal. Por consiguiente, hemos consignado que “es

menester distinguir entre la reglamentación gubernamental

del contenido de la expresión y la reglamentación del CT-2010-008 35

tiempo, lugar y manera de la expresión”. Muñiz v. Admor.

Deporte Hípico, supra, pág. 24; Véase, además, Asoc. de

Maestros v. Srio. de Educación, supra, pág. 769.

En términos generales, hemos desfavorecido toda

intervención gubernamental que procure impedir

determinada expresión debido a su contenido. Una

intervención gubernamental incide sobre el contenido de

una expresión si

la prohibición va dirigida precisamente a las ideas o a la información que se quiere diseminar, por el mensaje o punto de vista específico de la expresión o por el efecto que esa información o idea pueda tener. Cualquier acción del Gobierno de esta naturaleza, que esté dirigida al contenido o al impacto comunicativo de la expresión, se considera tan ominosa jurídicamente que se presume contraria a la Primera Enmienda de la Constitución federal, [supra], y a la Sec. 4 del Art. II de nuestra Constitución... [supra] [Énfasis en el original.].

Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, supra, pág. 25, citando a L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., New York, Ed. Foundation Press, 1988, Sec. 12-2, págs. 789-790.

Cuando una actuación gubernamental esté diseñada

para afectar el contenido de la expresión, deberá

someterse a un escrutinio judicial estricto. Lo anterior

implica que la restricción a la actividad expresiva no se

sostendrá, a no ser que el gobierno pueda justificar que

su acción está estrechamente diseñada para alcanzar un

interés público apremiante y que tal actuación es

necesaria para alcanzar dicho interés. Véase, Perry Ed.

Assn. v. Perry Local Educators' Assn., 460 U.S. 37, 45

(1983). Véanse, además, Pleasant Grove City v. Summum, CT-2010-008 36

129 S. Ct. 1125, 1132 (2009), 555 U.S. ___ (2009); Frisby

v. Schultz, 487 U.S. 474, 841 (1988); Bd. of Airport

Comm'rs v. Jews for Jesus, 482 U.S. 569, 573 (1987); J.E.

Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., págs. 1253 y 1254.

El Tribunal Supremo federal ha permitido, en

limitadas ocasiones y mediante una regulación clara y

estrechamente diseñada, que se proscriba determinada

expresión por causa de su contenido cuando ésta puede

catalogarse bajo alguna de las siguientes

clasificaciones:

(1) speech that incites to imminent lawless action, such as a speaker who urges the lynch mob to attack; (2) speech that triggers an automatic violent response (so called “fighting words” or “true threats”); (3) obscenity, (which the Court narrowly defines to exclude much material that the popular press often describes as pornography); (4) child pornography, a limited category of speech involving photographs and films of young children; (5) certain types of defamatory speech; and (6) certain types of commercial speech, primarily false or misleading speech connected to the sale of a service or product, or offers to engage in illegal activity, such as advertisement for a male-only employee when the law forbids sex discrimination.

J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., págs. 1253-1254.

Al igual que el Tribunal Supremo federal, también

nos hemos expresado sobre esas clasificaciones, al

autorizar determinadas actuaciones o regulaciones

gubernamentales aunque incidan sobre el contenido del

mensaje, ya que la expresión resulta ser: (1) subversiva;

(2) difamatoria; (3) invasora de la intimidad; (4)

obscena; o (5) de naturaleza comercial. Colón v. Romero CT-2010-008 37

Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982); Pueblo v. Olivero

Rodríguez, 112 D.P.R. 369 (1982); Pueblo v. Burgos, 75

D.P.R. 51 (1953); Guadalupe v. Bravo, 71 D.P.R. 975

(1950); Véase, además, R. Serrano Geyls, op. cit., págs.

1279-1447.

No obstante, cuando una actuación gubernamental

impide cierto mensaje por causa de su contenido y la

expresión no está dentro de alguna de esas

clasificaciones, el gobierno tendrá la carga onerosa de

establecer que la limitación a la expresión cumple con

los requisitos esenciales de un escrutinio judicial

estricto; a saber, que está diseñada estrechamente para

alcanzar un interés gubernamental apremiante. J.E. Nowak

& R.D. Rotunda, op. cit., pág. 1254.

C. La reglamentación gubernamental del tiempo, lugar y la manera de la expresión, y el análisis tripartita de foros.

El Estado no puede suprimir de manera total y

absoluta el ejercicio de la expresión legítima. Tampoco

se favorece, como regla general, la regulación del

contenido de la expresión protegida. Ahora bien, el

Estado sí puede limitar, bajo ciertas condiciones, el

tiempo, lugar y la manera en que un ciudadano ejerce su

derecho a la libre expresión. Véase, Perry Educ. Ass'n v.

Perry Local Educators' Ass'n, supra, pág. 45. Véanse,

además, Hill v. Colo., 530 U.S. 703, 726 n. 32 (2000);

Burson v. Freeman, 504 U.S. 191, 197 (1992); J.E. Nowak &

R.D. Rotunda, pág. 1255. Sin este tipo de límite o CT-2010-008 38

restricción, nuestra sociedad democrática estaría

desprovista de algún grado sensato de orden y civilidad,

ya que los ciudadanos estarían libres para expresar su

mensaje sin importar el contexto específico del lugar, el

momento o el modo en que lo hacen. Id.

El Tribunal Supremo federal ha establecido que una

regulación o actuación gubernamental que tan solo incida

sobre el tiempo, lugar y la manera de la expresión, será

válida únicamente si cumple con un escrutinio judicial

intermedio. El escrutinio judicial intermedio requiere

que la regulación o actuación gubernamental cumpla con

tres exigencias: (1) que sea neutral en cuanto al

contenido de la expresión; (2) que haya sido diseñada

estrechamente para alcanzar un interés gubernamental

importante o significativo que no esté relacionado con la

supresión del contenido de la expresión; y (3) que no

impida medios alternativos de comunicación. Burson v.

Freeman, supra, pág. 197; Véanse, además, Ward v. Rock

Against Racism, 491 U.S. 781, 791 (1989); United States

v. Grace, 461 U.S. 171, 177 (1983); J.E. Nowak & R.D.

Rotunda, op. cit., págs. 1255 y 1257.

La utilización de un escrutinio judicial intermedio

evita los rigores de un escrutinio judicial estricto.

Este último exige que se pruebe un interés gubernamental

apremiante e inclina el péndulo de intereses hacia el

extremo de permitir todo tipo de expresión en cualquier

sitio, ocasión o forma. En el otro extremo, revisar las CT-2010-008 39

regulaciones o actuaciones gubernamentales a la luz de un

escrutinio de razonabilidad mínima facultaría que el

Estado suprima adversamente la libertad de expresión en

nuestra sociedad, ya que se presumiría constitucional la

acción impugnada y quien se opone a ella tendría la carga

pesada de demostrar que el gobierno no persigue un

interés gubernamental legítimo. Véase, J.E. Nowak & R.D.

Rotunda,op.cit.

Cuando el Gobierno restringe el derecho a la

libertad de expresión en propiedad pública, se desata una

pugna de intereses entre el derecho del Estado a limitar

el uso que se ejerce sobre ésta, y el derecho de todo

ciudadano a utilizar la propiedad del Estado para

actividades intrínsecas a la libertad de palabra. Bd. of

Airport Comm'rs v. Jews for Jesus, supra, pág. 572. Para

alcanzar un balance de intereses, el Tribunal Supremo

federal ha instaurado un análisis tripartita, en donde el

grado de expresión permitido dependerá del tipo de foro

identificado. Según el caso normativo Perry Educ. Ass'n

v. Perry Local Educators' Ass'n, supra, págs. 45-46, los

tres foros de expresión son: (1) el foro público

tradicional; (2) el foro público por designación, y (3)

el foro público no tradicional. Véanse, además, Ark.

Educ. TV Comm'n v. Forbes, 523 U.S. 666, 677 (1998);

Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund, Inc., 473

U.S. 788, 802 (1985). CT-2010-008 40

Un foro público tradicional es un lugar que por uso

y costumbre o por fíat gubernamental ha sido destinado a

la reunión pacífica y al debate público. Perry Educ.

Ass'n v. Perry Local Educators' Ass'n, supra, pág. 45.

Las calles, aceras y parques son lugares que por

excelencia se han considerado foros públicos

tradicionales, ya que por tiempo inmemorable han sido

reservados para el uso del pueblo y para la reunión entre

ciudadanos con el fin de cultivar la comunicación y

discutir asuntos de interés social. Id., citando a Hague

v. CIO, 307 U.S. 496, 515 (1939) (“Wherever the title of

streets and parks may rest, they have immemorially been

held in trust for the use of the public, and, time out of

mind, have been used for purposes of assembly,

communicating thoughts between citizens, and discussing

public questions.”).

Al analizar toda regulación o limitación de la

libertad de palabra en este tipo de foro, los tribunales

deben emplear el análisis dual antes esbozado, examinando

si la acción interfiere con el contenido de la expresión

o si sólo coarta el tiempo, lugar o la manera de hacerla.

Si la regulación o limitación suprime el contenido de la

expresión en un foro público tradicional, los tribunales

aplicarán el escrutinio judicial estricto antes

explicado, a no ser que se trate de alguna de las

clasificaciones de expresión que han sido proscritas por

su contenido (i.e., obscenidad); empero, si la CT-2010-008 41

restricción solo atañe el tiempo, lugar y el modo de la

expresión, entonces será de aplicación el escrutinio

judicial intermedio antes consignado. Éste aplica a toda

regulación que sea neutral hacia el contenido de la

expresión. Perry Educ. Ass'n v. Perry Local Educators'

Ass'n, supra, págs. 45-46. Véase, también, Pleasant Grove

City v. Summum, supra, pág. 1132.

La segunda clase de foro, el foro público por

designación, consiste en aquella propiedad pública que el

Estado ha abierto a la actividad expresiva. Perry Educ.

Ass'n v. Perry Local Educators' Ass'n, supra, pág. 45. El

foro público por designación no es uno originalmente

destinado a gestiones comunicativas, pero el Gobierno,

por elección propia, opta por abrirlo para tales

propósitos. Pleasant Grove City v. Summum, supra, pág.

1132. Véase, también, Cornelius v. NAACP Legal Defense &

Ed. Fund, Inc., supra, pág. 802. Aunque el Estado no está

obligado a proveer para fines expresivos la propiedad

pública que no es catalogada tradicionalmente como un

foro público, mientras lo haga deberá cumplir con el

escrutinio empleado para evaluar la constitucionalidad de

la regulación de la expresión protegida en los foros

públicos tradicionales. Perry Educ. Ass'n v. Perry Local

Educators' Ass'n, supra, pág. 46. En U.N.T.S. v. Srio. de

Salud, 133 D.P.R. 153, 164 (1993), añadimos:

Dentro de esta categoría, el Gobierno puede designar foros públicos limitados. Éstos se abren para propósitos específicos, tales como la discusión e intercambio de ideas por ciertos CT-2010-008 42

grupos o sobre ciertos temas. Por lo tanto, en esos casos, el derecho a expresarse se extendería sólo a otros grupos de carácter similar o a otros puntos de vista sobre el mismo tema. El Gobierno no puede crear estos foros por inacción, sino sólo deliberadamente [Citas omitidas.].

Por último, el foro público no tradicional alberga

aquella propiedad pública que no ha sido destinada

tradicionalmente a la reunión pacífica o al debate

público y el Gobierno tampoco ha elegido abrirla para

actividades expresivas. J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op.

cit., pág. 1263. La categoría de foro público no

tradicional se examina a la luz de un escrutinio judicial

distinto al establecido para el foro público tradicional

y el foro público por designación. En el foro público no

tradicional,

la protección que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución federal es menor. El Gobierno puede limitar la actividad expresiva a aquella que sea compatible con el objetivo para el cual fue creada esta propiedad pública. La reglamentación de la expresión será válida siempre que sea razonable, aunque no tiene que ser la única ni la más razonable (International Soc'y for Krishna Conciousness, Inc. v. Lee, supra; Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund., supra, pág. 808), neutral en cuanto a puntos de vista (Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund., supra, pág. 806), y siempre que no sea parte de un esfuerzo por suprimir la expresión (Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators' Assn., supra, pág. 46).

U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 164.

D. La libertad de expresión en el contexto universitario.

Las instituciones universitarias han ocupado un

papel protagónico en múltiples controversias jurídicas CT-2010-008 43

respecto a los límites y contornos del derecho a la

libertad de palabra. Al respecto, la jurisprudencia

federal y local ha atendido los intereses en pugna. Por

un lado, identificamos el interés de los estudiantes en

ejercer el derecho que sin duda les asiste a la libre

expresión, sin restricciones onerosas; mientras, por otra

parte, la administración universitaria tiene el deber de

asegurar el libre ejercicio de esa expresión dentro de

los límites razonables que son compatibles con la misión

de la Universidad que la administración tiene que

promover y proteger. En otras palabras, la administración

universitaria tiene que asegurarle al país y a los

componentes del campus que la universidad pública

cumplirá su misión docente como centro de formación,

instrucción y aprendizaje.

El máximo foro federal dictaminó en Tinker v. Des

Moines Indep. Cmty. Sch. Dist., 393 U.S. 503, 505 (1969),

que el derecho a la libertad de expresión de estudiantes

de escuelas secundarias no podía limitarse absolutamente,

a no ser que el Estado demostrara que el ejercicio de

expresión estudiantil afectaba material y sustancialmente

el ambiente de aprendizaje de la escuela y el orden y la

disciplina en la institución. Según el Tribunal Supremo,

los actos expresivos de los estudiantes -protestar contra

el conflicto bélico en Vietnam mediante el uso en la

escuela de bandas negras en sus brazos- estaban cobijados

por la Primera Enmienda, supra, ya que los maestros y los CT-2010-008 44

estudiantes no pierden sus derechos constitucionales una

vez traspasan los portones escolares hacia las aulas de

estudio. Íd., pág. 506.

En Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra,

adoptamos los pronunciamientos del Tribunal Supremo

federal en Tinker v. Des Moines Indep. Cmty. Sch. Dist.,

supra. “Los derechos básicos garantizados por nuestra

Constitución acompañan tanto a maestros como a

estudiantes durante su permanencia en los predios

escolares. La prohibición de su ejercicio tiene pues que

obedecer a motivos que trasciendan del mero deseo de

evitar inconvenientes triviales”. Rodríguez v. Srio. de

Instrucción, supra, págs. 257-258.

Además, en Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ.

Humacao, 113 D.P.R. 153, 160 (1982), integramos a la

esfera universitaria los principios esbozados en

Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra. Expresamos que

es afín con la esencia vital de la universidad la norma constitucional que reconocimos en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, [supra], a los efectos de que estudiantes y profesores conservan sus derechos de expresión y asociación pacífica en consonancia con los propósitos de la institución, cuando entran a los centros de enseñanza.

Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 162.

No obstante, el criterio de las autoridades

escolares merece deferencia, para garantizar así que el

derecho a la libertad de expresión no interfiera

sustancialmente con el ambiente de enseñanza y CT-2010-008 45

aprendizaje académico. Así, en Bethel School Dist. No.

403 v. Fraser, 478 U.S. 675 (1986), el Tribunal Supremo

federal determinó que los administradores de una escuela

pueden suspender a un estudiante que emitió un discurso

sexualmente cargado en una asamblea de estudiantes, ya

que las escuelas tienen autoridad para determinar qué

constituye lenguaje sexualmente indecente y ofensivo, el

cual no está protegido por la Primera Enmienda, supra. En

Hazelwood School Dist. v. Kuhlmeir, 484 U.S. 260 (1988),

se estableció que una escuela puede ejercer control

editorial sobre el contenido de expresiones estudiantiles

en foros auspiciados por la escuela, sin tener que probar

que la expresión estudiantil interrumpe sustancialmente

las labores académicas. Sin embargo, la limitación debe

estar razonablemente relacionada con algún interés

pedagógico legítimo. Finalmente, en Morse v. Frederick,

551 U.S. 393 (2007), se determinó que una escuela puede

suspender a un estudiante por desplegar un letrero que

leía “BONG HITS 4 JESUS” en una actividad escolar.

Recientemente, el Tribunal Supremo federal extrapoló

al entorno universitario lo dicho en el contexto escolar,

y reafirmó que los tribunales le debemos deferencia al

juicio de las administraciones universitarias con

relación a qué política interna faculta el alcance de los

objetivos y fines pedagógicos que son característicos de

un centro de alta enseñanza. Christian Legal Soc'y

Chapter of the Univ. of Cal. v. Martínez, 130 S. Ct. CT-2010-008 46

2971, ___ U.S. ___ (2010). En concreto, el Tribunal

aseveró lo siguiente:

This Court is the final arbiter of the question whether a public university has exceeded constitutional constraints, and we owe no deference to universities when we consider that question.... Cognizant that judges lack the on- the-ground expertise and experience of school administrators, however, we have cautioned courts in various contexts to resist substituting their own notions of sound educational policy for those of the school authorities which they review.

Id., pág. 2988.

En fin, el derecho a la libertad de expresión de

estudiantes, empleados y profesores debe ser cónsono con

la misión educativa de la universidad. Sin embargo, la

administración universitaria no tiene un poder

irrestricto para limitar el derecho a la libertad de

palabra so pretexto de alcanzar sus objetivos

pedagógicos. Hemos requerido que “las autoridades

[universitarias] muestren los hechos que razonablemente

las han llevado a concluir que de permitir la actividad

proscrita, se alterarían substancialmente o se causaría

una seria intervención con las actividades docentes”.

Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, pág. 257. Las

autoridades universitarias deben demostrar que “las

restricciones impuestas obedecen a la necesidad real de

defender la eficiencia e integridad del servicio

público”. Id., págs. 257-258. Véase, además, Sánchez

Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 162. CT-2010-008 47

La pugna de intereses reseñada se ha desatado

frecuentemente en el contexto de un recinto universitario

público. Como tal, la jurisprudencia local y federal ha

atendido esas controversias según los confines de la

doctrina tripartita de los foros públicos establecida en

Perry Education Assn. v. Perry Local Educator's Assn.,

supra. En la esfera federal ya se ha resuelto que un

recinto universitario manifiesta muchas de las

características inherentes a un foro público; sin

embargo, por sus objetivos pedagógicos y académicos, no

puede compararse a los foros públicos tradicionales. Así,

en Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263, 268 n. 5 (1981), se

expresó:

[T]he campus of a public university, at least for its students, possesses many of the characteristics of a public forum. See generally Police Dept. of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92 (1972); Cox v. Louisiana, 379 U.S. 536 (1965). ‘The college classroom with its surrounding environs is peculiarly the marketplace of ideas.’ Healy v. James, 408 U.S. 169, 180 (1972).... We therefore have held that students enjoy First Amendment rights of speech and association on the campus. At the same time, however, our cases have recognized that First Amendment rights must be analyzed ‘in light of the special characteristics of the school environment’. Tinker v. Des Moines Independent School District, [supra, pág. 506]. We continue to adhere to that view. A university differs in significant respects from public forums such as streets or parks or even municipal theaters. A university's mission is education, and decisions of this Court have never denied a university's authority to impose reasonable regulations compatible with that mission upon the use of its campus and facilities. CT-2010-008 48

En la esfera local, ya hemos articulado que “las

facilidades educativas podrían considerarse foros

públicos, sólo si las autoridades escolares -‘mediante

política o por práctica’- han abierto esas facilidades

‘para el uso indiscriminado del público en general’”.

Coss y U.P.R. v. C.E.E., supra, pág. 889, citando a Perry

Education Assn. v. Perry Local Educator's Assn., supra,

pág. 47. En ese caso resolvimos que el periódico Diálogo

de la Universidad de Puerto Rico es un foro público por

designación.

Queda claro, entonces, que tanto en la jurisdicción

federal como en la local, los recintos universitarios no

se catalogan como foros públicos tradicionales. La

tendencia ha sido catalogar los recintos universitarios y

las escuelas como foros públicos por designación (también

conocidos como foros semipúblicos) si las prácticas o

políticas de la institución conceden espacio para

actividades expresivas. En Rodríguez v. Srio. de

Instrucción, supra, pág. 257, concluimos que las escuelas

son foros semipúblicos donde “el Estado disfruta del

derecho de mantener la tranquilidad requerida para llevar

a cabo el principal cometido asignádole; [pero],...

carece de facultad para excluir de dichas instituciones

la expresión o asociación pacífica que sea compatible con

su gestión”. Véanse, además, Rosenberger v. Rector and

Visitors of Univ. of Va., 515 U.S. 819 (1995)(al crear un

fondo que subsidiaba publicaciones estudiantiles, la CT-2010-008 49

Universidad de Virginia creó un foro público limitado);

Hays County Guardian v. Supple, 969 F.2d 111 (5to Cir.

1992) (un recinto universitario es un foro público

limitado por tener reglamentación y políticas internas

que reconocen el derecho a la libertad de expresión de

los estudiantes y por permitir la distribución en todo el

recinto del periódico de la universidad); Grace Bible

Fellowship, Inc. v. Maine School Administrative Dist. No.

5, 941 F.2d 45 (1er Cir. 1991). (al rentar las

facilidades escolares a un número amplio de grupos de la

comunidad, la escuela creó un foro público por

designación). En fin, establecer qué tipo de foro es

determinada facilidad educativa, o algún componente de

ella, es un ejercicio que debe tomar en cuenta las

características especiales de cada institución de

enseñanza, al igual que las particularidades del caso y

la controversia ante la consideración del tribunal.

V

A. La misión de la Universidad de Puerto Rico.

Es incuestionable que la Universidad de Puerto Rico

es una institución vital y de suma importancia para el

pleno desarrollo de nuestro sistema educativo y la

prosperidad del territorio. Tan es así que la propia Ley

de la Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 1 de 20 de

enero de 1966, 18 L.P.R.A. sec. 601 et seq., dispone en

el Art. 2, 18 L.P.R.A. sec. 601: CT-2010-008 50

§ 601. Objetivos

(a) La Universidad, como órgano de la educación superior, por su obligación de servicio al pueblo de Puerto Rico y por su debida fidelidad a los ideales de una sociedad integralmente democrática, tiene como misión esencial alcanzar los siguientes objetivos, con los cuales es consustancial la más amplia libertad de cátedra y de investigación científica:

(1) Transmitir e incrementar el saber por medio de las ciencias y de las artes, poniéndolo al servicio de la comunidad a través de la acción de sus profesores, investigadores, estudiantes y egresados.

(2) Contribuir al cultivo y disfrute de los valores éticos y estéticos de la cultura.

(b) En el cumplimiento leal de su misión, la Universidad deberá:

(1) Cultivar el amor al conocimiento como vía de libertad a través de la búsqueda y discusión de la verdad, en actitud de respeto al diálogo creador.

(2) Conservar, enriquecer y difundir los valores culturales del pueblo puertorriqueño y fortalecer la conciencia de su unidad en la común empresa de resolver democráticamente sus problemas.

(3) Procurar la formación plena del estudiante, en vista a su responsabilidad como servidor de la comunidad.

(4) Desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y espiritual latente en nuestro pueblo, a fin de que los valores de la inteligencia y del espíritu de las personalidades excepcionales que surgen de todos sus sectores sociales, especialmente los menos favorecidos en recursos económicos, puedan ponerse al servicio de la sociedad puertorriqueña.

(5) Colaborar con otros organismos, dentro de las esferas de acción que le son propias, en el estudio de los problemas de Puerto Rico.

(6) Tener presente que por su carácter de Universidad y por su identificación con los CT-2010-008 51

ideales de vida de Puerto Rico, ella está esencialmente vinculada a los valores e intereses de toda comunidad democrática.

Es claro que la Universidad de Puerto Rico no es

cualquier institución gubernamental. Esta institución

centenaria tiene un valor incalculable. Como expresamente

dispone su ley, tiene la misión esencial e ineludible de

transmitir e incrementar el saber por medio de las artes,

las ciencias, la cultura y, a su vez, ponerlo al servicio

de Puerto Rico. Cónsono con la búsqueda del cumplimiento

cabal de su misión, la ley promueve que la Universidad de

Puerto Rico sea un lugar donde se cultive el

conocimiento, la cultura, el servicio y el estudio, entre

otros deberes meritorios, y donde se practiquen los más

altos valores de nuestro sistema democrático. Véanse,

Consejo Educación Superior v. U.I.A., 120 D.P.R. 224

(1985); C.E.S. U.P.R. v. Gobernador, 137 D.P.R. 70 (1994)

(Sentencia). En fin, la Universidad de Puerto Rico está

esencialmente vinculada a los valores e intereses de toda

la comunidad democrática. García Cabán v. U.P.R., 120

D.P.R. 167, 180 (1987).

De esta forma, la Universidad debe procurar la

formación plena de los estudiantes, quienes son parte

fundamental de la comunidad universitaria. De igual

forma, la Universidad se nutre de los profesores, la

libertad académica y de las investigaciones que la hacen

ser una institución capaz de impartir grandes

conocimientos a la sociedad. Por ende, las funciones de CT-2010-008 52

libertad académica y estudio que dicha institución ejerce

gozan de nuestro aprecio jurídico. Sánchez Carambot v.

Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 160.

B. La U.P.R. es un foro semipúblico.

Al examinar los escritos de ambas partes,

encontramos que el interdicto permanente solicitado por

la Universidad de Puerto Rico es una actuación

gubernamental que incide sobre el tiempo, lugar y la

manera de la expresión. Por eso, está sujeto al

escrutinio constitucional aplicable a un foro limitado

por designación o semipúblico, como lo es el Recinto de

Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

La naturaleza del campus universitario como foro

limitado por designación surge de la ley. En el Art. 2 de

la Ley Universitaria, supra, el legislador estableció

como misión de la Universidad el desarrollo y el servicio

a la comunidad puertorriqueña mediante la aportación de

sus recursos académicos, intelectuales, investigativos y

culturales. Como resultado, la Universidad de Puerto Rico

ha cumplido su misión al proveer acceso al pueblo

puertorriqueño a un caudal único de bibliotecas, teatros,

museos, facilidades deportivas, investigaciones de

vanguardia, profesores y estudiantes capacitados,

actividades culturales, y otros recursos, los cuales han

adelantado el mejoramiento cultural e intelectual de

nuestra sociedad democrática. Véase, Roberto Roldán

Burgos, La doctrina de foro público y la Universidad de CT-2010-008 53

Puerto Rico: inconstitucionalidad de las prohibiciones de

entrada, 56 Rev. Jur. U.P.R. 1, 24-27 (1987). En fin, la

U.P.R. ha abierto sus facilidades para el uso

indiscriminado del público en general.

Ahora bien, esa apertura no fue irrestricta. La

apertura de la U.P.R. al público en general se hace para

adelantar una misión cultural, social y educativa.

Cualquier expresión en el campus universitario tiene que

ubicarse dentro de ese contexto y no puede derrotar el

fin último de la vida universitaria: forjar los

estudiantes que asisten al centro de alta docencia.

Demás está decir que hay lugares que resultan impropios para ejercitar algunos modos de expresión. Los tribunales, los hospitales, los templos y las escuelas son algunos de esos sitios. Así reconocimos en E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 443-444 (1975), al adoptar expresiones del Juez Hugo L. Black en Gregory v. City of Chicago, 394 U.S. 111 (1964), que nada impide al Estado mantener las escuelas y otros lugares similares libres del bullicio propio de la política y de los negocios, protegiendo así el sosiego que en ellas debe prevalecer. En contraste con los parques, plazas y calles, considerados tradicionalmente foros por excelencia de expresión pública, las escuelas y bibliotecas estatales no se organizaron para celebrar en ellas libre intercambio comunitario. Tienen pues la naturaleza de foros semipúblicos. En instituciones de esa índole el Estado disfruta del derecho de mantener la tranquilidad requerida para llevar a cabo el principal cometido asignádole. Pero, por otro lado, como bien señala el Profesor Tribe, el Estado carece de facultad para excluir de dichas instituciones la expresión o asociación pacífica que sea compatible con su gestión.

Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, págs. 256-257 (escolios y cita omitida). CT-2010-008 54

Como foro semipúblico por designación, toda

limitación a la garantía constitucional de libertad de

palabra dentro de la Universidad de Puerto Rico deberá

someterse al escrutinio constitucional adecuado para

determinar si la restricción gubernamental incide sobre

el contenido de la expresión o si solo afecta el tiempo,

lugar y la manera de manifestarse. Conceptualmente, el

remedio de interdicto permanente que solicita la

administración universitaria no incide sobre el contenido

de la expresión estudiantil, ya que la prohibición no va

dirigida a las ideas o a la información que los

estudiantes quieren diseminar y tampoco atenta contra el

mensaje o punto de vista específico de la expresión. Por

esa razón, no es de aplicación un escrutinio judicial

estricto como alegan los estudiantes recurridos. Sin

embargo, el interdicto permanente sí tendrá efectos sobre

el tiempo, lugar y la manera de la expresión.

Por tanto, el remedio de interdicto que pondere el

Tribunal de Primera Instancia en estos casos, deberá

cumplir con un escrutinio intermedio. Primero, de

concederse, el interdicto debe ser neutral en cuanto al

contenido de la expresión y no debe prohibir

absolutamente que los estudiantes expresen sus puntos de

vista, siempre y cuando lo hagan por canales que no

atenten contra el fin último de la universidad,

entiéndase, la enseñanza. Segundo, el interdicto deberá

estar estrechamente diseñado para impedir que se CT-2010-008 55

obstaculice la entrada y salida del campus y procurar

alcanzar el interés gubernamental significativo de

garantizar el orden y la disciplina en el foro

universitario; lograr un ambiente académico que cumpla

con el fin educativo de la institución universitaria;

proteger el derecho a estudiar de los estudiantes que

deseen hacerlo; permitir que el pueblo tenga acceso al

cúmulo de recursos que provee la Universidad de Puerto

Rico; y procurar la integridad y eficiencia institucional

del primer centro docente de Puerto Rico. Finalmente, el

interdicto solicitado no debe impedir medios alternos de

comunicación. Como resultado, los estudiantes deben poder

valerse de múltiples vías alternas de comunicación, a

saber: manifestaciones, marchas, pancartas, expresiones

simbólicas y el uso de la tecnología, entre otros medios

legítimos, siempre y cuando sus actos no interrumpan el

flujo normal de las clases ni atenten contra los derechos

de otros individuos dentro de la comunidad universitaria.

Amerita recordar que el remedio del interdicto

representa un riesgo mayor de censura y aplicación

discriminatoria en comparación con una legislación o

regulación que haga lo propio. Ello se debe a que la

aplicación del injunction es de naturaleza particular a

las partes en un pleito y porque no ha sido filtrado por

el proceso deliberativo inherente al foro legislativo.

Como tal, los tribunales deberán diseñar interdictos que

no constituyan una limitación a la actividad expresiva CT-2010-008 56

más allá de lo necesario para alcanzar el interés

significativo perseguido por el Estado.

En último lugar, en este caso no cabe hablar de

censura previa. El injunction permanente no busca

restringir que los estudiantes se expresen en su

totalidad, sino que solo prohíbe el acto de impedir la

entrada al campus universitario e interrumpir la

actividad docente. Véase, Madsen v. Women's Health Ctr.,

supra, pág. 764 n.2. Los estudiantes cuentan con otros

medios alternos para expresar su mensaje. El interdicto

solo incide sobre el tiempo, lugar y la manera de la

expresión y no sobre el contenido de ésta.

No hay duda de que los estudiantes de la Universidad

de Puerto Rico no pierden su derecho constitucional a la

libre expresión una vez traspasan los portones

universitarios. Así lo reconoce el Reglamento General de

Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, cuando

establece que “[e]l estudiante tendrá derecho a

expresarse, asociarse, reunirse libremente, formular

peticiones y llevar a cabo actividades igual que

cualquier otra persona en Puerto Rico y sujeto a las

disposiciones de ley y de reglamentación universitaria

aplicables”. Art. 2.15, Reglamento General de

Estudiantes, Reglamento Núm. 7733, Departamento de

Estado, 9 de septiembre de 2009.

Es imprescindible reconocer que el derecho a la

libertad de palabra de los estudiantes aporta a nuestra CT-2010-008 57

sociedad democrática una “crítica ilustrada, acuciosa y

constante”. Sanchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao,

supra, pág. 161. Sin la garantía constitucional de la

libertad de expresión, los estudiantes no alcanzarían

“esa discusión enérgica de las ideas, que es tan esencial

para el cabal desarrollo del hombre, como para la

conservación y el sostenimiento del bienestar común en

una sociedad que viva en democracia”. Id., pág. 161.

Sin embargo, ese derecho a la libertad de palabra y

asociación no es absoluto. Como ya indicamos, esa

garantía cardinal queda restringida por el interés del

Estado en velar por el orden, la civilidad y la

disciplina dentro del recinto universitario, para así

encaminar a la Universidad de Puerto Rico a alcanzar sus

objetivos docentes y académicos. Cuando el ejercicio de

expresión de los estudiantes afecta material o

sustancialmente el ambiente de aprendizaje, el orden y la

disciplina de la institución, será imprescindible limitar

la actividad expresiva para que ésta sea cónsona con los

propósitos pedagógicos del recinto académico.

C. La “huelga estudiantil”: definición y límites. Alcance del derecho constitucional de los estudiantes a protestar o a abstenerse de hacerlo.

Los estudiantes recurridos reclaman para sí el

derecho a protestar contra la administración de la U.P.R.

mediante una “huelga estudiantil”. Reclaman también que

el último de esos incidentes culminó este año mediante un

acuerdo que hace académico este pleito. Ya hemos CT-2010-008 58

explicado por qué el caso no es académico. La posibilidad

de que los recurridos u otros en común acuerdo con ellos

lancen otra “huelga de estudiantes” sigue latente. Es

contra esa conducta anunciada mediante un “voto

preventivo de huelga estudiantil” que la U.P.R. solicita

una orden judicial. Por esa razón, es menester analizar

los derechos de los estudiantes al respecto, para

asegurar que cualquier injunction que la prueba

justifique no limite impermisiblemente los derechos de

expresión y asociación de los estudiantes.

En su acepción más amplia, la huelga es una

“alteración en el trabajo, de carácter colectivo,

decidida por los trabajadores o sus representantes y

llevada a cabo por éstos con el fin de presionar para el

logro de determinados objetivos”. C. Molero Manglano,

Lecciones sobre convenios colectivos, derecho de huelga y

cierre patronal, Madrid, Librería ICAI, 1988, pág. 99.

Consiste pues, en la cesación del trabajo o de los

servicios prestados por los trabajadores en defensa de

sus intereses. Véase, I. Álvarez Sacristan, Diccionario

jurídico-laboral, 1ra ed., Madrid, Ed. Civitas, S.A.,

1988, pág. 138. En ese tenor, estar en huelga significa,

sustancialmente, abstenerse del trabajo. Véase además, M.

Alonso García, F. Almendros Morcillo, F. Pérez Amorós, E.

Rojo Torrecilla, La huelga y el cierre empresarial,

Madrid, Pub. Instituto de Estudios Económicos, 1979, pág.

27. CT-2010-008 59

En otras palabras, la huelga es una acción

concertada de un grupo de empleados que se efectúa con el

propósito de interrumpir, paralizar o detener las labores

y servicios del negocio operado por el patrono, para

mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

Véanse: Acevedo Colom, Legislación de Relaciones del

Trabajo Comentada, 1ra ed., San Juan, Albaleco, Inc.,

2007, pág. 446; O. Rojas Lugo, El Desarrollo del Derecho

Laboral en Puerto Rico e Iberoamérica y su Interelación

con el Desarrollo Político, Hato Rey, P.R., Ramallo Bros.

Printing, 1997, pág. 222.

Como se puede apreciar, la definición del concepto

huelga esté asociada a los trabajadores. De hecho, la

etimología de la palabra huelga en el idioma francés

proviene de la palabra greve. Esa palabra, a su vez,

alude al nombre de la plaza del Ayuntamiento de París,

conocida como “Plaza de Greve” o plaza de la huelga. G.

Cabanellas, Tratado de derecho laboral; derecho colectivo

laboral, Argentina, El Gráfico Impresores, 1949, T. III,

pág. 560. Esta plaza era un terreno sin construcciones

donde los obreros que estaban desempleados se reunían en

espera de que llegaran los empresarios a tratar con ellos

y a contratarlos. Id. “Cuando los obreros estaban

descontentos de las condiciones de trabajo se colocaban

en huelga (greve), lo cual quiere decir, literalmente, en

la Plaza de Greve, a la espera de mejores propuestas”.

Id. Igual acercamiento a los obreros tiene la palabra CT-2010-008 60

huelga en el idioma castellano. Ésta procede de huelgo,

que significa espacio de tiempo que uno está sin

trabajar. Id.

Desde el punto de vista jurídico, la huelga se

manifiesta como el derecho que “posee legítimamente todo

aquel trabajador que presta servicios a su patrono”.

Rojas Lugo, op. cit., pág. 219, 222. Adquiere su calidad

de derecho cuando determinado ordenamiento jurídico así

lo reconoce. Véase, Alonso García y otros, op. cit., pág.

41. En Puerto Rico, la huelga ha sido elevada a rango

constitucional. Art. II, Sec. 18 de la Constitución de

Puerto Rico.

En concreto, se trata de un derecho atribuido a los

trabajadores. Álvarez Sacristan, op. cit., pág. 138. Por

eso, ya sea a nivel individual o colectivo, “la

atribución del poder que el derecho de huelga confiere

pertenece al trabajador”. Alonso García y otros, op.

cit., pág. 46.

Las huelgas se producen como consecuencia del nacimiento de la gran industria, ante el enorme desarrollo económico que ponía grandes riquezas en pocas manos, por el proceso de concentración del industrialismo moderno, a causa de la necesidad de mejores medios de vida para los trabajadores, por efecto del espíritu de asociación y de las nuevas ideas que impusieron una distinta concepción del Derecho y una más amplia libertad de trabajo.

G. Cabanellas, op. cit., págs. 563-564.

Es ostensible que la huelga es un derecho concebido

para los trabajadores, para asegurar su derecho a CT-2010-008 61

organizarse y a negociar colectivamente. Así lo hemos

reconocido al expresar que “[e]l derecho de huelga es un

instrumento eficaz que nuestra Constitución ha puesto a

disposición de los trabajadores y de sus uniones para

procurarse mejores condiciones de trabajo y para lograr

un más alto nivel de vida cuando el patrono se niega a

acceder a sus demandas”. Agostini v. Tribunal Superior,

82 D.P.R. 219, 232 (1961) (énfasis suplido). De igual

forma, la Comisión de Carta de Derechos, en su informe a

la Convención Constituyente, juzgó propio “salvaguardar

el derecho a la huelga en forma explícita como supremo

recurso final en la reclamación del derecho obrero”. 4

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2575

(énfasis suplido). Véase, además, U.T.I.E.R. v. J.R.T.,

99 D.P.R. 512, 524 (1970).

Por eso, aparte del reconocimiento de ese derecho

que hace nuestra Constitución y los estatutos laborales

remediales, no existe ninguna otra disposición en nuestra

jurisdicción que extienda la titularidad de ese derecho a

otro grupo de personas o sector de la población.

La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo ha

rechazado la existencia de un derecho a huelga de los

estudiantes, al interpretar la Ley Nacional de Relaciones

del Trabajo, 29 U.S.C.A. sec. 153(d). En Cedars-Sinai

Med. Ctr. & Cedars-Sinai Housestaff Ass´n, 223 N.L.R.B.

251 (1976) y en St. Clare´s Hospital and Health Center,

229 N.L.R.B. 1000 (1977), la Junta Nacional resolvió que CT-2010-008 62

los residentes, internos y asociados de una institución

de salud no eran empleados según la definición de la Ley

Nacional de Relaciones del Trabajo, porque eran

estudiantes.6 Por lo tanto, no se les reconoció el derecho

a unionarse y a irse a la huelga. Véase, J. Freedley

Hundsicker, Significant Labor and Employment Law Issues

in Higher Education During the Past Decade and What to

Look for Now: A Management Perspective, 29 J.L. & Educ.

343, 348-349 (2000). De hecho, cuando posteriormente la

Junta Nacional resolvió que los residentes, internos y

asociados de otra institución de salud eran empleados, lo

hizo bajo el razonamiento de que éstos cobraban un

salario y otros beneficios, por lo que no podía

calificárseles como meros estudiantes. Boston Med. Ctr.

6 La Sec. 2(3) de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, 29 U.S.C.A. sec. 152(3), dispone:

“The term “employee” shall include any employee, and shall not be limited to the employees of a particular employer, unless this subchapter explicitly states otherwise, and shall include any individual whose work has ceased as a consequence of, or in connection with, any current labor dispute or because of any unfair labor practice, and who has not obtained any other regular and substantially equivalent employment, but shall not include any individual employed as an agricultural laborer, or in the domestic service of any family or person at his home, or any individual employed by his parent or spouse, or any individual having the status of an independent contractor, or any individual employed as a supervisor, or any individual employed by an employer subject to the Railway Labor Act [45 U.S.C.A. sec. 151 et seq], as amended from time to time, or by any other person who is not an employer as herein defined”. CT-2010-008 63

Corp., 330 N.L.R.B. 152 (1999). Es decir, para

reconocerles derechos bajo las leyes laborales había que

catalogarles como empleados en lugar de cómo estudiantes.

Aquí no está en controversia el hecho de que los

recurridos eran estudiantes de la Universidad de Puerto

Rico durante el tiempo que duró el “paro” en esa

institución. Con independencia de si algunos formaban

parte del Consejo General de Estudiantes y del Comité

Negociador creado por aquel, o solamente eran líderes o

participantes del movimiento que auspició y realizó la

“huelga” en la universidad, es indubitado que todos eran

estudiantes. Por ende, no podían ser titulares del

derecho de huelga que se reconoce en la Constitución y

las leyes laborales.

Tampoco existe en ningún reglamento de la

Universidad de Puerto Rico disposición alguna que les

reconozca a los estudiantes el derecho a huelga. La

verdad es que no nos sorprende que este derecho se le

haya reservado únicamente a los trabajadores en su

relación obrero-patronal. Es que no estamos hablando de

cualquier derecho. A pesar de su innegable utilidad, la

huelga es un recurso poderoso a utilizarse con mesura. La

propia Comisión de Carta de Derechos lo describió en su

informe a la Convención Constituyente como: “un medio

costoso e ingrato de resolver conflictos”. 4 Diario de

Sesiones de la Convención Constituyente 2575. También se

le ha llamado “un estado de guerra...”. G. Cabanellas, CT-2010-008 64

op. cit., pág. 565. Asimismo, se ha señalado que el

exceso del derecho de huelga y la posición intransigente

de las partes en conflicto, crean, con las huelgas, un

peligroso mal social. Id., pág. 267. Incluso, se ha

afirmado que las huelgas son manifestaciones socialmente

antipáticas porque sus efectos trascienden la relación de

las partes en conflicto y afectan al público en general.

Véase, N.W. Chamberlain, J. Metzger Schilling, The Impact

of Strikes: Their Social and Economic Costs, Conn.,

Greenwood Press, Pub., 1954, pág.8.

Los estudiantes son miembros de la comunidad

académica de la Universidad de Puerto Rico. Art. 10 de la

Ley Núm. 1, supra, 18 L.P.R.A. sec. 609. Como tal, están

representados oficialmente en cada recinto por el Consejo

General de Estudiantes y por el Consejo de Estudiantes de

Facultades. Id. Tanto el Consejo General como el Consejo

de Estudiantes de Facultades son estructuras creadas por

la Ley de la Universidad de Puerto Rico para garantizar

la participación estudiantil en la estructura

administrativa de la U.P.R.

El Consejo General de Estudiantes representa a todos

los estudiantes de una unidad institucional y está

constituido por un Presidente, por los representantes

estudiantiles a la Junta Administrativa y la Junta

Universitaria, los Senadores Estudiantiles electos, así

como uno o más miembros adicionales de la directiva de

cada Consejo de Estudiantes. Art. 3.2 del Reglamento CT-2010-008 65

General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico,

Reglamento Núm. 7733, Departamento de Estado, 9 de

septiembre de 2009. Por su parte, el Consejo de

Estudiantes de Facultades es la unidad organizada por

facultades, escuelas o dependencias equivalentes, para

representar a los estudiantes de éstas. Art. 3.3 del

Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de

Puerto Rico, supra.

Ambos organismos tienen las siguientes atribuciones

y responsabilidades:

1. Representar oficialmente al estudiantado que los haya elegido en los actos que se celebren dentro y fuera de la Universidad.

2. Servir de foro del estudiantado para la discusión y el esclarecimiento de los problemas que atañen a los estudiantes, a la comunidad universitaria y la comunidad en general.

3. Exponer, ante las autoridades correspondientes, sus opiniones y recomendaciones relativas a las situaciones que afectan a sus representados y la comunidad en general.

4. Realizar y auspiciar actividades culturales, sociales, recreativas, científicas, académicas, educativas, y de orientación, entre otras, que complementen la educación universitaria.

5. Formular su reglamento interno a tono con el Reglamento General de Estudiantes y el reglamento de estudiantes de la unidad.

6. Participar, según se disponga, en los procesos que la Universidad establezca para la creación y enmienda de reglamentos y políticas estudiantiles, académicas e institucionales; en especial, en la formulación de enmiendas a este Reglamento, al Reglamento General de la Universidad de CT-2010-008 66

Puerto Rico y a los reglamentos y normas de su unidad institucional.

7. Participar en el proceso de selección y evaluación del Procurador Estudiantil, de conformidad a las medidas que a tales efectos establezca el Recto de cada unidad institucional.

8. Convocar a sus representados a asambleas de estudiantes y promover su participación en dichas asambleas y en el proceso eleccionario.

9. Reunirse con el Rector, el Decano de Estudiantes o el Decano de Facultad, según corresponda, por lo menos dos veces por semestre.

10. Escoger de su propio seno los miembros de su directiva, salvo que el reglamento de estudiantes de la unidad institucional disponga para la elección directa de la misma o de alguno de sus integrantes, conforme a lo dispuesto en el Capítulo V de este Reglamento.

11. Crear comités u organismos y establecer su organización de conformidad con su reglamento interno.

Además, el Consejo General de Estudiantes tiene las

siguientes atribuciones y responsabilidades:

1. Proponer al Senado Académico, Rector y otros foros universitarios, la formulación de normas o políticas institucionales sobre cualquier asunto que estimen pertinente y recibir su respuesta oficial.

2. Formular recomendaciones a la Junta Universitaria, al Presidente y a la Junta de Síndicos sobre las propuestas que surjan de los Senados Académicos, Juntas Administrativas u organismos análogos.

3. Recibir, según se vayan aprobando, copia de todas las certificaciones y documentos normativos que surjan de estos cuerpos y funcionarios mencionados en el inciso anterior en la forma acostumbrada. CT-2010-008 67

4. Consultar con los demás Consejos Generales de Estudiantes sobre decisiones que tengan impacto sobre la Universidad como sistema, mediante los procedimientos y estructuras que faciliten dichas consultas.

Art. 3.4 del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, supra.

Como puede apreciarse, estas estructuras de

representación estudiantil son parte de la Universidad.

Sus facultades y responsabilidades denotan que se crearon

con el propósito de asistir a la Universidad en la

consecución de sus metas. En otras palabras, estos

organismos le permiten a los estudiantes contribuir, de

forma organizada, a que la Universidad de Puerto Rico

pueda lograr sus objetivos. Así, como miembros de la

comunidad académica, los estudiantes son colaboradores en

la misión de cultura y servicio de la Universidad. Art.

10(a) de la Ley Núm. 1, supra. Ahora bien, a ninguno de

estos órganos de representación estudiantil se le

reconoce la prerrogativa o facultad de negociar

colectivamente con la Universidad.

En ese sentido, el Consejo General de Estudiantes y

el Consejo de Estudiantes de Facultades son

sustancialmente disímiles a las organizaciones obreras

que se constituyen bajo Ley Núm. 130 de 8 de mayo

de 1945, según enmendada, conocida como la Ley de

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec.

61 et seq. y bajo la Ley Nacional de Relaciones del

Trabajo, supra. Conforme con estos estatutos, las CT-2010-008 68

organizaciones obreras que se constituyen para

representar a los trabajadores se crean para negociar

colectivamente con el patrono los salarios, horas de

trabajo, condiciones de empleo, y todo lo pertinente a

disputas y a quejas y agravios. Véanse, Arts. 2(10) y 5

de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29

L.P.R.A. secs. 63(10) y 66; 29 U.S.C.A. sec. 152(5).

Precisamente para hacer efectivo el proceso de

negociación colectiva estas leyes le reconocen

expresamente a los empleados el derecho a huelga. Véanse,

Art. 13 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto

Rico, 29 L.P.R.A. sec. 74; 29 U.S.C.A. sec. 163. Debido a

que el Consejo General de Estudiantes y el Consejo de

Estudiantes de Facultades no son uniones u organizaciones

obreras autorizadas a negociar colectivamente con la

Universidad, no tienen la autoridad legal para convocar a

una huelga.

Los estudiantes, por definición, no son empleados de

la Universidad, con derecho a negociar convenios o a irse

a huelga para adelantar sus objetivos. Su relación con la

universidad es de naturaleza contractual. Véanse, Ross v.

Creighton University, 957 F. 2d 410, 416 (7mo Cir. 1992);

Zumbrun v. University of S. Cal., 101 Cal. Rptr. 499, 504

(Cal. Ct. App. 1972) y casos allí citados; H. B. Hilborn,

Students-Athletes and Judicial Inconsistency:

Establishing a Duty to Educate as a Means of Fostering

Meaningful Reform of Intercollegiate Athletics, 89 Nw. CT-2010-008 69

U.L. Rev. 741, 748 (1995); K. Sarabyn, Free Speech at

Private Universities, 39 J.L. & Educ. 145, 158-159

(2010). Véase, además y en general, M. Zolandz, Storming

the Ivory Tower: Renewing the Breach of Contract Claim by

Students Against Universities, 69 Geo. Wash. L. Rev. 91

Cada estudiante firma un acuerdo con la U.P.R. en la

que la segunda se compromete a enseñar y el primero a

cumplir con sus deberes académicos. Por eso, el

estudiante que no mantiene los requisitos académicos que

la institución exige puede ser excluido de continuar sus

estudios en la institución. Por su parte, si la U.P.R. no

provee la educación que contrató con el estudiante se

expone a acciones drásticas por su incumplimiento, tanto

de parte de los estudiantes afectados como de parte de

las agencias del estado que velan por el cumplimiento del

ofrecimiento académico. La U.P.R. está obligada a

garantizar su oferta académica a todos los estudiantes.

Véanse, Art. 2(a)(1) de la Ley Núm. 1, supra; Sobre el

cumplimiento de los contratos, en general, véanse los

Arts. 1041, 1042, 1044, 1206, 1207, 1210, 1213 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 2991, 2992, 2994,

3371, 3372, 3375, 3391.

Por ende, ningún grupo de estudiantes, oficial o no,

sea una mayoría o una minoría, ni mucho menos un

estudiante en su carácter individual, tienen el derecho

de evitar que la universidad cumpla con su ofrecimiento CT-2010-008 70

académico e impedir que aquellos estudiantes que así lo

deseen asistan a clase. No hay referéndum, asamblea ni

votación –sea electrónica o por papeleta, ya sea abierta

o secreta- que conceda el derecho a ningún estudiante o

grupo de estudiantes para interferir con el derecho de

tan siquiera uno de sus pares a recibir su enseñanza. El

derecho a protestar de los recurridos y aquellos que

piensan como ellos es incuestionable. A lo que no tienen

derecho es a obligar a los demás a unirse a su protesta.

Recuérdese que tal y como los recurridos tienen el

derecho a protestar, la Constitución también le reconoce

a los estudiantes que piensen distinto el derecho a no

expresarse y a no unirse a la protesta. “There is

necessarily, and within suitably defined areas, a First

Amendment freedom not to speak publicly, one which serves

the same ultimate end as freedom of speech in its

affirmative aspect”. Harper & Row, Publishers, Inc. v.

Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 559 (1985). Véase,

además, Bartnicky v. Vopper, 532 U.S. 514, 533 n. 20

(2001).

Reafirmamos que los estudiantes tienen ese derecho a

expresarse o a no hacerlo, como cualquier otro ciudadano.

Su condición de estudiantes no les priva de ese derecho

constitucional. Incluso, el Reglamento General de

Estudiantes de la U.P.R. reconoce expresamente cuáles son

los derechos de expresión que tienen los estudiantes: el

derecho a expresarse, a asociarse y reunirse libremente, CT-2010-008 71

a formular peticiones, a llevar a cabo actividades igual

que cualquier otra persona en Puerto Rico, así como el

derecho a celebrar piquetes, marchas, mítines y otros

géneros de expresión dentro del campus universitario.

Véase, Art. 2.15 del Reglamento General de Estudiantes de

la Universidad de Puerto Rico, supra. El único límite

impuesto es que todos esos derechos se ejercen sin

impedir que los demás ejerzan los suyos y sin impedir que

se lleve a cabo la misión universitaria de educar. Por

eso, el Art. 2.18 del Reglamento hace claro que ningún

estudiante podrá interrumpir, obstaculizar ni perturbar

las tareas regulares de la universidad mientras realiza

las actividades expresivas que hemos enumerado.

Lo que los estudiantes recurridos llaman una

“huelga” no es otra cosa que una protesta estudiantil

colectiva y organizada. Aunque los estudiantes no tienen

derecho a huelga, sí pueden protestar de manera

organizada y coordinada, siempre que no incumplan los

deberes que asumieron como estudiantes y que están en el

Reglamento de Estudiantes, y siempre que no interfieran

impermisiblemente con la normalidad de las tareas

universitarias y los derechos de aquellos que no piensan

como ellos y que quieren asistir a clase.

La U.P.R. alega que los recurridos impidieron la

entrada al recinto universitario, detuvieron por completo

la toma de clases, afectaron el derecho de los

estudiantes interesados en completar sus grados CT-2010-008 72

académicos o sus cursos semestrales, paralizaron las

labores institucionales, amenazaron la acreditación

institucional y perturbaron tanto el orden como la

seguridad, la normalidad y la continuidad de las tareas

universitarias. En fin, se alega que los recurridos

tomaron el control de un recinto universitario y

pretenden hacerlo otra vez. De probarse, esa conducta

plantea un impedimento sustancial y material al propósito

central de la Universidad de Puerto Rico como primer

centro docente de nuestra Isla.

Los tribunales le debemos gran deferencia al juicio

de la administración universitaria de procurar el orden

en el contexto colegial, siempre que no se transgreda la

libertad de expresión y el derecho de los estudiantes a

protestar. El escrutinio intermedio antes reseñado

faculta a los foros judiciales a hacer ese balance de los

intereses en pugna y salvaguardar los intereses

involucrados.

D. El remedio del interdicto permanente y sus efectos sobre la libertad de palabra.

En Madsen v. Women’s Health Ctr., 512 U.S. 753

(1994), el Tribunal Supremo federal articuló que un

interdicto, por el mero hecho de aplicar a un grupo en

particular, no constituye una restricción del contenido

de una expresión protegida. An injunction, by its very

nature, applies only to a particular group (or

individuals) and regulates the activities, and perhaps

the speech, of that group. It does so, however, because CT-2010-008 73

of the group's past actions in the context of a specific

dispute between real parties”. Madsen v. Women’s Health

Ctr., supra, pág. 762. El mero hecho de que el interdicto

afecte a un grupo de personas con la misma visión sobre

determinado asunto no significa que su propósito sea

limitar el contenido de la expresión y que, por ende, le

aplique un escrutinio judicial estricto. Id., págs. 763-

764.

Un interdicto que incida sobre la libertad de

expresión difiere en su naturaleza de una reglamentación

o legislación que haga lo mismo. Id., pág. 764. Una

reglamentación o legislación afecta el contenido de la

expresión mediante dictámenes legislativos de aplicación

general que procuran propulsar ciertos intereses

particulares de la sociedad. Id. En contraste, el

interdicto es un remedio que aplica a personas

particulares y es concedido por un juez porque una parte

violó un decreto legislativo o judicial. Id. Debido a lo

anterior, el interdicto puede representar un riesgo mayor

de censura y aplicación discriminatoria, ya que no ha

gozado del debate público inherente al foro legislativo.

Id. Es por ello que el escrutinio judicial aplicable a

interdictos judiciales será más riguroso que el que se

estableció en Perry Education Assn. v. Perry Local

Educator's Assn., supra, para toda regulación que afecta

el tiempo, lugar y la manera de una expresión en un foro

público tradicional o por designación. CT-2010-008 74

Al considerar un interdicto judicial que incide

sobre el lugar, el momento o la forma de la expresión,

los tribunales debemos examinar si el injunction

representa una limitación a la actividad expresiva más

allá de lo necesario para alcanzar el interés

significativo que persigue el Estado. Id., pág. 765. (“We

must ask instead whether the challenged provisions of the

injunction burden no more speech than necessary to serve

a significant government interest.”) Véanse, además,

Schenck v. Pro-Choice Network, 519 U.S. 357, 372 (1997);

J.E. Nowak & R.D. Rotunda, op. cit., págs. 1463-1464.

Igualmente, el interdicto debe estar diseñado

estrechamente para alcanzar sus objetivos específicos.

Madsen v. Women's Health Ctr., supra, pág. 767.

En conclusión, la administración universitaria está

en mejor posición que un tribunal para diseñar la

política pública que adelanta sus objetivos pedagógicos.

Además, el remedio de injunction que solicita la U.P.R.

es el adecuado cuando están en pugna los derechos a la

libertad de palabra de los estudiantes y el interés en la

necesidad del orden y la disciplina en el contexto

universitario.

VI

Recapitulamos:

• Este pleito no es académico. Así lo demuestra la

conducta de los estudiantes recurridos luego del

acuerdo alcanzado tras un proceso de mediación. CT-2010-008 75

Su proceder al declarar un “voto preventivo de

huelga estudiantil” es un indicio razonable de

que podría volver a ocurrir otra paralización de

la U.P.R. y que la intención de los estudiantes

recurridos nunca fue culminar con la controversia

de autos.

• Este caso presenta interrogantes constitucionales

sustanciales, relacionadas con los derechos de

los estudiantes, que podrían escapar a nuestros

pronunciamientos y que requieren una pronta

atención. Por ello el caso es certificable.

• El campus de nuestra universidad pública es un

foro limitado por designación, también conocido

como foro semipúblico. Eso se desprende de la

misión que el legislador le asignó a la

Universidad de Puerto Rico, de servir a toda la

sociedad y no solo a sus componentes. En fin, la

U.P.R. es patrimonio de todos los puertorriqueños

y no solamente de los que en ella estudian o

laboran.

• Los estudiantes gozan de todas las protecciones

amplias de libre expresión y asociación que la

Constitución federal y la Constitución de Puerto

Rico garantizan a todas las personas.

• El Consejo de Estudiantes es el organismo

representativo de los estudiantes en la

estructura administrativa universitaria. Sus CT-2010-008 76

facultades están delimitadas por ley y

reglamento.

• No obstante, debe quedar claro que el Consejo de

Estudiantes no es una unión laboral y que los

estudiantes no gozan del derecho a huelga que la

Constitución y las leyes le reconocen a los

obreros. La relación entre los estudiantes y la

Universidad se basa en un acuerdo de estudios y

no en un contrato de trabajo.

• Lo que los estudiantes llaman “huelga” no es otra

cosa que una protesta organizada. Ningún

individuo o grupo tiene derecho a forzar a otro a

unirse a su protesta. Por eso, el llamado “voto

de huelga estudiantil” y el reclamo de que todos

los estudiantes vienen obligados por él es

ilegítimo. Ninguna asamblea, referéndum o

votación (electrónica o en papel) puede obligar a

nadie a unirse a una protesta en la que no cree.

• La administración de la U.P.R. tiene la

obligación de salvaguardar el ejercicio libre y

ordenado de los derechos constitucionales de

expresión y asociación de todos los estudiantes,

tanto los de los estudiantes recurridos y quienes

coinciden con su protesta, como los de aquellos

que discrepan de esas posiciones.

• Ahora bien, por tratarse de un foro semipúblico,

la administración de la U.P.R. puede reglamentar CT-2010-008 77

el ejercicio libre y ordenado de los derechos de

expresión y asociación de la comunidad

universitaria, incluyendo los estudiantes, para

asegurarse de que las manifestaciones y protestas

dentro del campus universitario no interrumpan el

flujo normal de la tareas universitarias ni

atenten contra los derechos de los individuos

dentro de la comunidad universitaria.

• Existe un interés gubernamental significativo de

universitario, lograr un ambiente académico que

cumpla con el fin educativo de la institución

universitaria, proteger el derecho a estudiar de

los estudiantes que deseen hacerlo, permitir que

el pueblo tenga acceso al cúmulo de recursos que

provee la Universidad de Puerto Rico, y procurar

la integridad y eficiencia institucional de

nuestro primer centro docente. La administración

universitaria está en mejor posición que un

tribunal para diseñar la política pública que

adelanta sus objetivos pedagógicos.

• Por consiguiente, la administración de la U.P.R.

puede reglamentar el tiempo, lugar y la manera en

que los estudiantes y demás componentes de la

comunidad universitaria ejercen actividades de

expresión protegida dentro del campus

universitario, tales como manifestaciones o CT-2010-008 78

protestas, siempre que esa reglamentación: (1)

sea neutral en cuanto al contenido de la

expresión y no prohíba absolutamente que los

manifestantes expresen sus puntos de vista; (2)

haya sido diseñada estrechamente para que no se

interrumpan o perjudiquen sustancialmente las

tareas universitarias ni se violen los derechos

de todos los componentes de la comunidad

universitaria; y (3) no impida medios

alternativos de comunicación.

• De igual modo, cualquier injunction u orden que

emita el tribunal a petición de la administración

universitaria tiene que cumplir con ese mismo

escrutinio constitucional. La orden no debe

limitar la actividad expresiva más allá de lo

necesario y debe estar diseñada estrechamente

para alcanzar el interés significativo que

persigue el Estado.

VII

Por los fundamentos anteriores, se expide el auto de

certificación y se revoca la sentencia del Tribunal de

Primera Instancia, Sala de San Juan. Se devuelve el caso

a dicho foro para que continúe con los procedimientos de

conformidad con lo aquí resuelto. El tribunal citará a

las partes a una vista de injunction permanente con la

premura que la situación amerita. Además, evaluará la

prueba de conformidad con los parámetros y el escrutinio CT-2010-008 79

constitucional explicados en esta Opinión, de manera que

se garanticen los derechos constitucionales y

estatutarios de todas las partes.

Se dictará sentencia de conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia,, se expide el auto de certificación y se revoca la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Se devuelve el caso a dicho foro para que continúe con los procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. El tribunal citará a las partes a una vista de injunction permanente con la premura que la situación amerita. Además, evaluará la prueba de conformidad con los parámetros y el escrutinio constitucional explicados en la Opinión del Tribunal, de manera que se garanticen los derechos constitucionales y estatutarios de todas las partes.

Se ordena la publicación inmediata de esta Sentencia. Notifíquese de inmediato, por fax o teléfono, y mediante notificación personal diligenciada hoy mismo por un alguacil de este Tribunal, a las partes por conducto de sus abogados. CT-2010-008 2

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente con opinión escrita. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente con opinión escrita. El Juez Presidente señor Hernández Denton está inhibido.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionaria

v. CT-2010-008 Certificación

Gabriel Laborde Torres y Otros

Voto de Inhibición emitido por el JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON

San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de

2010.

En vista de que mi señora esposa, la

Lcda. Isabel Picó Vidal, Catedrática

Retirada de la Universidad de Puerto

Rico, es Miembro de la Junta de Síndicos

de la referida institución universitaria

desde el año 2001, por imperativos

éticos, nos inhibimos de entrar a

considerar los méritos del presente caso.

Federico Hernández Denton Juez Presidente EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Universidad de Puerto Rico Peticionaria

v.

CT-2010-08 Gabriel Laborde Torres y otros Recurridos Voto disidente emitido por la Jueza Asociada Fiol Matta acogiéndose al término provisto por la Regla 5 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Disiento del trámite atropellado adoptado por la

mayoría en este caso. La ponencia que hoy es Opinión

mayoritaria se circuló en horas de la tarde del 6 de

diciembre de 2010, con el propósito de certificarla

el 13 de diciembre de 2010. De esa forma, los

compañeros que suscriben la Opinión mayoritaria

entendieron que unos seis días eran suficientes para

estudiar y reaccionar a una ponencia de 79 páginas

que atiende asuntos de alto interés público. Por el

contrario, se trata de un término excesivamente corto

que no nos permite desempeñar nuestro magisterio de

forma sosegada y responsable. CT-2010-08 2

Generalmente, un foro colegiado está regido por el

intercambio y la consideración ecuánime de las distintas

posiciones de los magistrados. Se fomenta así la

formulación de ponencias equilibradas, con el mayor insumo

de criterios y perspectivas.7 Ciertamente, nuestro

Reglamento permite acortar términos; pero esa alternativa,

por las razones antes dichas, debe utilizarse en contadas

ocasiones. Sin embargo, se está convirtiendo en una

práctica más que una excepción. Ello da la impresión de

que no se valora la acción concertada ni el diálogo y

menos aún la conveniencia y deseabilidad de que, de haber

una postura disidente, ésta pueda exponerse como parte de

la expresión conjunta del Foro, pues, después de todo, el

Tribunal no está compuesto solamente por los que están de

acuerdo con la mayoría. Véanse, como ejemplos más

recientes de esta dinámica, Domínguez Castro v. E.L.A.,

2010 T.S.P.R. 11, res. de 2 de febrero de 2010, e In re

Solicitud para aumentar el número de jueces en el Tribunal

Supremo, 2010 T.S.P.R. 214, res. de 5 de noviembre de

2010. Cabe señalar que en esos casos, al igual que en

éste, la mayoría del Tribunal acortó términos después de

haberse redactado y circulado la Opinión mayoritaria. De

esa manera, el Juez ponente pudo aprovechar todo el tiempo

que entendió necesario para elaborar su ponencia, a la vez

7 “Para impartir justicia y elaborar doctrinas jurídicas adecuadas, un tribunal colegiado tiene que disponer del sosiego y del reposo intelectual necesarios, sin los cuales toda discusión entre mentes debidamente instruidas es imposible”. In re Aumento ; Pueblo v. Rosario González, 80 D.P.R. 318, 328 (1958). CT-2010-08 3

que se limitaron las opciones a quienes quisieran

expresarse sobre su recomendación.

La práctica de acortar el término para considerar una

ponencia mayoritaria no nos permite formular

recomendaciones y señalamientos que puedan servir para

atemperar perspectivas y hasta para reconciliar posturas a

la hora de sumar votos a la ponencia circulada. Además,

prácticamente nos imposibilita redactar una respuesta a la

altura de la controversia que tenemos ante nuestra

consideración. La única alternativa en ocasiones como la

presente, es ejercer la opción de reservarnos el derecho

de certificar una ponencia sobre los méritos de la

controversia después de que se certifique la Opinión

mayoritaria. Por eso, me acojo al derecho de emitir una

ponencia fundamentada en el término de diez días, según

permite el Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico,

4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 5(b).

No obstante, habré de adelantar algunas

preocupaciones.

El caso de autos debe devolverse al Tribunal de

Primera Instancia para que disponga sobre el remedio de

injunction solicitado. Sin embargo, la Opinión que hoy

emite el Tribunal en certificación va mucho más allá. Al

dictarle al Tribunal de Primera Instancia los criterios a

los que debe responder ese dictamen la Opinión restringe

gravemente la discreción del foro de instancia en lo que CT-2010-08 4

es, precisamente, un recurso altamente discrecional. No

hay ninguna necesidad jurídica para ello.

La acción de injunction, por su potencial de limitar

las actividades legítimas de los ciudadanos está

claramente regulada y los criterios para su concesión

están ampliamente desarrollados por abundante

jurisprudencia tanto nuestra como federal. La insistencia

de la mayoría en comparar estudiantes y obreros, en

exponer su criterio sobre las actividades de expresión que

por uso y costumbre llamamos “huelgas estudiantiles” y en

elaborar extensamente sobre su particular visión de la

Universidad Pública no pasan de ser lo que en lenguaje

jurídico se llama dicta, es decir, expresiones

innecesarias para la solución del caso, que no tienen

efecto jurídico y que se deben tener por no puestas.

No son, sin embargo, expresiones innocuas, pues

pretenden reducir el marco de análisis de los complejos

problemas que enfrenta nuestro principal centro docente a

dualismos simplistas, a saber, “legal/ilegal”,

“estudiantes/obreros” y el más peligroso: “deber

contractual de enseñar/deber contractual de aprender”.

Peca también la Opinión de un enfoque generalizador que

puede confundir al foro de instancia en cuanto a quiénes

pueden estar incluidos en el dictamen de ese foro, en caso

de que entienda procedente el remedio solicitado. 32

L.P.R.A. Ap. V, R. 57.5. Esta ambigüedad, mal entendida,

puede resultar en violaciones al derecho de libertad de CT-2010-08 5

expresión de los estudiantes de la Universidad de Puerto

Rico. Por último, la discusión sobre la naturaleza del

espacio universitario como foro semi-público en lo que se

refiere a la libertad de expresión, requiere, de por sí,

mucha ponderación y análisis crítico.

Es evidente, pues, la trascendencia y complejidad de

esta decisión, así como la necesidad de un término mayor

al que la mayoría tuvo a bien conceder, para elaborar en

torno a las preocupaciones expuestas.

Liana Fiol Matta Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CT-2010-8

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2010

“La Primera Enmienda se va de la Universidad de Puerto Rico.” Rafael Martínez Torres, 1983

Disiento del curso que traza una mayoría del Tribunal

por dos razones fundamentales, a saber: porque tengo

una visión muy distinta del ámbito de protección que ofrece

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico al derecho de todo ciudadano a expresarse, y

porque creo que la Universidad es mucho más que un

mero centro de estudios, más que un lugar para la

transmisión, producción y difusión del

conocimiento. El êthos universitario es el de la

búsqueda irrenunciable de la verdad como presupuesto CT-2010-08 2

indispensable para la libertad, la transmisión del saber y

la discusión abierta, crítica y libre de cualquier asunto.

Las universidades son, a fin de cuentas, centros de

imaginación de lo posible.8 Considero entonces que para el

ejercicio puntual de este quehacer, es indispensable que

exista un recinto adecuado en el cual prime ese diálogo

abierto y crítico de parte de quienes aspiren a la verdad y

precian su libertad. La protección de ese espacio de

efervescencia debería ser nuestro norte, pues sólo así

hacemos realidad el significado del nombre que lleva esta

institución, universitatis.

La opinión que emite la mayoría de este Tribunal abre

la puerta a limitar el derecho a la libre expresión en

nuestro principal centro académico, al no justipreciar el

alcance de nuestra tradición universitaria de tolerancia

hacia la expresión y la discusión libre de temas diversos y

divergentes. El ratio de la opinión mayoritaria --o su

razón de ser-- es hacer viable lo que ya se había

anticipado por distintos funcionarios gubernamentales,

circunscribir el derecho a la expresión de los estudiantes

a un espacio específico y limitado, el cual el gobierno

concede por mera liberalidad. Véase, Anejo 1. Porque creo

que en nuestro país la tradición vivida por décadas en

nuestra Universidad la imbuye con las características de un

foro público tradicional, rechazo enérgicamente el más

reciente acto de acotamiento de derechos ciudadanos que

ultima el “nuevo” Tribunal.

8 Efrén Rivera Ramos, La universidad y lo posible, 78 Rev. Jur. U.P.R. 643 (2009). CT-2010-08 3

Debemos comenzar destacando que debido al apresurado,

atropellado y acomodaticio trámite que la mayoría concede

al caso de autos --reduciendo los términos reglamentarios

del Tribunal para certificar la ponencia circulada a sólo

cinco días, de suerte que pueda coincidir con el inicio de

una huelga universitaria pautada para mañana-- nos vemos

precisados a limitar nuestra discusión sólo a identificar

una parte del errado razonamiento expuesto por el Tribunal.

La mayoría concluye en su ponencia que la Universidad

de Puerto Rico es un foro público por designación. Para

llegar a esta conclusión se parte de la premisa de que

“tanto en la jurisdicción federal como en la local, los

recintos universitarios no se catalogan como foros públicos

tradicionales”. Opinión mayoritaria, pág. 36. Lo cierto

es, que la mayoría llega a esta conclusión luego de

tergiversar el derecho federal aplicable como mecanismo

para forzar su conclusión.

El derecho de los ciudadanos a expresarse libremente

está reconocido en la Sección 4 del Artículo II de la Carta

de Derechos de nuestra Carta Magna. Art. II, Sec. 4,

Const. E.L.A., 1 L.P.R.A. Este derecho de carácter

fundamental se encuentra fuertemente arraigado a las

nociones más básicas, y esenciales, de nuestro sistema

democrático de gobierno. Vigoreaux Lorenzana et als. v.

Quizno’s Sub, Inc. et als., 2008 T.S.P.R. 38, pág. 16, 173

D.P.R. __ (2008); Bonilla v. P.N.P., 140 D.P.R. 294, 299

(1996); Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 20-21 (1968).

Sin embargo, ya hemos expresado que el mismo no es uno

absoluto. Así, por ejemplo, el derecho a la libre

expresión puede encontrar sus límites al enfrentarse al CT-2010-08 4

derecho a la intimidad de otra persona. Véase, Colón v.

Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982).

Asimismo, en algunos casos, el derecho de la libertad

de expresión en propiedad pública podría verse limitado

mediante regulación gubernamental sobre el tiempo, lugar y

manera de llevar a cabo la expresión. Véase, U.N.T.S. v.

Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153 (1993). La validez de dicha

regulación estará sujeta a las características de la

propiedad en cuestión y su clasificación como: 1) foro

público tradicional; 2) foro público por designación; o 3)

foro no público. Id.

Los foros públicos tradicionales se han definido como

“lugares que por larga tradición o por fíat del gobierno se

han dedicado a la reunión y al debate”. Perry Ed. Assn. v.

Perry Local Educators’ Assn., 460 U.S. 37, 45 (1983).

Ejemplos clásicos de esta clase de foro son los parques,

calles y aceras, los cuales se han mantenido disponibles

para el uso del pueblo, donde las personas se pueden

reunir, comunicar y compartir sus pensamientos y discutir

asuntos de interés público. Id. En estos predios el

Estado no puede vedar de forma absoluta la libertad de

expresión, sólo puede regular el tiempo, lugar y modo en

que se realizará la expresión. Ello siempre y cuando las

limitaciones “responda[n] a un interés gubernamental

significativo, limite la intervención a la mínima necesaria

para alcanzar su objetivo y deje abiertas alternativas para

la expresión”. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág.

163, citando a Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’

Assn., supra, pág. 46. CT-2010-08 5

De otra parte, los foros no públicos son propiedades

del Estado que no se relacionan con el intercambio de ideas

y la libre comunicación de pensamiento entre los

ciudadanos. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’

Assn., supra, pág. 46. Los centros hospitalarios, los

tribunales, y dependencias policiacas son muestras claras

de esta categoría. En estos lugares la regulación

gubernamental puede limitar la libre expresión que allí se

produzca, de manera que sólo se permita aquélla que sea

compatible con el objetivo de la propiedad. En cuanto a la

validez de dicha regulación, basta con que la misma sea

razonable y, además, neutral en cuanto a puntos de vista;

sujeto a que no se trate de un disfrazado esfuerzo por

suprimir la expresión. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra,

pág. 164, citando a International Soc’y for Krishna

Conciousness, Inc. v. Lee, 505 U.S. 672 (1992); Cornelius

v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund., 473 U.S. 788 (1985);

Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra.

Finalmente, entre estas dos clasificaciones se

encuentran los foros públicos por designación. Estos

predios son generalmente foros no públicos en los que el

Estado decide abrir un espacio para la actividad expresiva,

aun cuando no está obligado a hacerlo. Perry Ed. Assn. v.

Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 45. De manera

que se trata de lugares no creados originalmente para la

libre comunicación, pero en los cuales se ha permitido la

actividad expresiva. Las bibliotecas, las escuelas y los

teatros estatales suelen ser utilizados como foros públicos

por designación. Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109

D.P.R. 251, 256-57 (1979); Southeastern Promotions, Ltd. v. CT-2010-08 6

Conrad, 420 U.S. 546 (1975). Mientras estos espacios están

abiertos a la actividad expresiva, el poder del Estado para

regular la libertad de expresión se encuentra tan limitado

como cuando se trata de un foro público tradicional.

U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 163, citando a

Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra,

págs. 45-46.

No obstante, hay una gran diferencia entre foros

públicos tradicionales y foros públicos por designación.

El carácter público de estos últimos depende de la voluntad

del Estado. Es el gobierno quien designa el espacio como

uno abierto a la expresión pública. De igual forma, el

Estado conserva la autoridad para determinar qué grupos

podrán utilizar el espacio o qué temas se podrán discutir

en él. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 164,

citando a Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn.,

supra, pág. 48. Más aún, la autoridad estatal podría

cerrar la propiedad a la actividad expresiva por parte de

la ciudadanía en general, retornando a su carácter no

público. Véase, Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’

Assn., supra, pág. 46. Tales facultades están ausentes

cuando se trata de foros públicos tradicionales. Éstos

siempre deben permanecer abiertos al flujo de ideas y

pensamientos que son parte inherente de la naturaleza misma

de estos predios. Allí no se puede delimitar qué grupos o

temas se beneficiarán del acceso a la propiedad. La regla

es sencilla: todos están invitados a ejercer su derecho a

la libertad de expresión. Por ello, aunque hay similitudes

entre los foros públicos tradicionales y los foros públicos CT-2010-08 7

por designación, en realidad, los ciudadanos gozan de mayor

protección en los primeros.

Ahí radica el afán de la mayoría de catalogar la

Universidad como un foro público por designación. Esta

determinación no es más que la semilla sembrada en

concierto, que habrá de germinar --o que ya germinó-- en el

proceder del Estado y las autoridades universitarias de

designar un lugar restringido para “ejercer” el derecho a

la libre expresión.

En lo que representa un golpe mortal a la Universidad

de Puerto Rico y a nuestro sistema democrático, la mayoría

del Tribunal hoy cataloga a la Universidad como foro

público por designación. Para ello utiliza fundamentos

que, bien leídos, revelan lo errado de su proceder.

Veamos.

La Opinión mayoritaria cita Widmar v. Vincent, 454

U.S. 263 (1981), para establecer que en la jurisdicción

federal se ha decidido que los recintos universitarios no

se pueden comparar con los foros públicos tradicionales

“por sus objetivos pedagógicos y académicos”. Opinión

mayoritaria, pág. 36.9 En primer lugar, debemos dejar claro

que la cita utilizada por la mayoría del Tribunal no es más

que un mero dictum en una nota al calce de una opinión.

Además, la referida cita, verdaderamente, no expresa que

las universidades no sean comparables con los foros

9 “A university differs in significant respects from public forums such as streets or parks or even municipal theaters. A university’s mission is education, and decisions of this Court have never denied a university’s authority to impose reasonable regulations compatible with that mission upon the use of its campus and facilities.” Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263, 268, n. 5 (1981). CT-2010-08 8

públicos tradicionales, y mucho menos dice que dichas

instituciones no sean foros públicos tradicionales. La

expresión de la Corte Suprema sólo aclara que las

instituciones universitarias no son iguales a algunos foros

públicos, como calles, parques y teatros. Ello en parte

por su misión educativa. Sin embargo, nada en la opinión

de la Corte dispone del carácter tradicional o por

designación de la universidad, y aun si lo hiciera, ello se

limitaría a la institución universitaria sobre la cual se

pasaba juicio en aquel entonces.

La expresión citada por la mayoría del Tribunal no

impone juicio alguno sobre este Foro en cuanto a la

controversia que hoy atendemos. Por un lado, este Foro

siempre puede hacer uso de la factura más ancha que

distingue nuestra Carta de Derechos de las delineaciones

mínimas sobre derechos individuales que se establecen en la

jurisdicción federal, para brindar mayor protección a

nuestros ciudadanos frente a la intromisión gubernamental.

Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 618 (1987).

Asimismo, los fundamentos históricos y realidades prácticas

que inspiran las decisiones de los foros federales en el

ámbito de la doctrina del foro público, pueden no ser

iguales al desarrollo histórico de nuestra sociedad. Estas

divergencias justifican distanciarnos de doctrinas

elaboradas en las cortes federales, de manera que se

amplíen los derechos individuales conforme a nuestras

tradiciones. Ya hemos resuelto que la Constitución del

Estado Libre Asociado “tiene un origen y un historial

distinto a la Constitución de Estados Unidos . . . Nuestra

Constitución reconoce y concede unos derechos fundamentales CT-2010-08 9

con una visión más abarcadora y protectora que la

Constitución de Estados Unidos.” López Vives v. Policía de

P.R., 118 D.P.R. 219, 226-227 (1987). Véase también, Emp.

Pub. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 D.P.R. 924 (2000).

En segundo lugar, la Opinión mayoritaria también cita

Coss y U.P.R. v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 889 (1995), como

fundamento para concluir que este Foro ha catalogado la

Universidad de Puerto Rico como uno no público tradicional.

Opinión mayoritaria, pág. 36.10 Nuevamente, son varios los

defectos del razonamiento expuesto por la mayoría.

Aclaramos una vez más que la citada expresión es sólo un

dictum traído de otra decisión de la jurisdicción federal,

y originado en la discusión sobre la libertad de expresión

en predios escolares, no universitarios. También

recordamos que en Coss y U.P.R. v. C.E.E., supra, sólo se

cuestionaba el carácter público de un medio de expresión o

foro dentro de la Universidad: el periódico Diálogo. No se

discutió entonces las características de toda la

Universidad bajo la doctrina de foro público, como hoy

pretende hacer una mayoría de este Tribunal.

De manera que no queda tan “claro”, como dice la

Opinión del Tribunal, pág. 36, que los recintos

universitarios no se catalogan como foros públicos

tradicionales. Por el contrario, estimo que la Universidad

de Puerto Rico representa un microcosmos abarcador y

10 “[L]as facilidades educativas podrían considerarse foros públicos, sólo si las autoridades escolares han- ‘mediante política o por práctica’- abierto esas facilidades ‘para el uso indiscriminado del público en general’.” Coss y U.P.R. v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 889 (1995), citando a Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., 460 U.S. 37, 47 (1983). CT-2010-08 10

complejo, nutrido de una gran tradición de valores

democráticos; por lo que, para evaluar nuestro primer

centro docente a la luz de la doctrina de foro público, es

imprescindible comprender sus propósitos, su historia, su

composición y su rol en el desarrollo de nuestro país.

Si bien es cierto que “[e]n contraste con los parques,

plazas y calles, considerados tradicionalmente foros por

excelencia de expresión pública, las escuelas y bibliotecas

estatales no se organizaron para celebrar en ellas libre

intercambio comunitario”, Rodríguez v. Srio. de

Instrucción, supra, págs. 256-57, no es menos cierto que la

Universidad es mucho más. El libre intercambio de ideas,

dinámica inherente a la institución, es precisamente lo que

engrandece el proceso educativo en los centros

universitarios. Véase, Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ.

Humacao, 113 D.P.R. 153, 159 (1982), citando a P. Monroe,

Historia de la pedagogía, Tomo II, Madrid, 1905, pág. 145

(“Tratándose de universidades, esta norma constitucional

comulga estrechamente con la esencia y razón histórica de

esta institución, en la que como afirma Monroe de un modo

claro, ‘la libertad de discusión, tanto política como

eclesiástica y teológica encontró su primer hogar’.”)

Pero, quién mejor para recordarnos qué es la

Universidad, que aquél cuyo nombre está indeleblemente

coligado a esta institución. En su discurso inaugural en

la Universidad de Puerto Rico en 1943, nos decía Don Jaime

Benítez:

[E]ntre los objetivos de la Universidad de Puerto Rico, yo le daría jerarquía primaria a éste: enseñar a los hombres a valerse de su entendimiento y de su albedrío; ayudar a los hombres a encararse con la vida, afianzados en los recursos y en las valoraciones dentro de ese CT-2010-08 11

ideal de vida noble, creadora y generosa, refrendado por treinta siglos de pensamiento, que avanza zigzagueante a través de la historia, jamás del todo oscurecido, jamás del todo realizado, que es el ideal de vida democrática. Es pues mi criterio, que el principal objetivo de esta universidad debe ser hacer hombres libres en su espíritu, hombres que no rindan la potencialidad creadora de su alma a nada de este mundo --ni al halago, ni al cliché social, ni al prejuicio, ni a la ambición, ni a la amenaza, ni al poder-- a nada en este mundo. (Énfasis nuestro.)

Jaime Benítez, La Reforma Universitaria, 1943, en Héctor

Luis Acevedo, editor, Don Jaime Benítez Entre la

Universidad y la Política, Universidad Interamericana de

Puerto Rico, 2008, págs. 467-468.

La Universidad de Puerto Rico siempre ha sido un foro

de discusión abierto al debate público. Véase, Luis Nieves

Falcón, Ineke Cunnigham, Israel Rivera, Francisco Torres,

Hiram Amundaray, Huelga y Sociedad, Editorial Edil, Inc.,

Rio Piedras, 1982. Sus recintos siempre han recibido la más

diversa gama de personas que aportan y han aportando con

sus ideas al desarrollo del país. Para la producción de

ese conocimiento enriquecedor se exige, “por supuesto,

gozar de la posibilidad de criticar y cuestionar el

conocimiento, las prácticas sociales y las creaciones

culturales y tecnológicas.” Efrén Ramos Rivera, La

universidad y lo posible, 78 Rev. Jur. U.P.R. 643, 646

(2009).

Al decir de Hannah Arendt, la libertad consiste en

lograr que sea lo que no ha sido.11 Así, los grandes

logros alcanzados por la Universidad de Puerto Rico han

sido propiciados por el cultivo de valores democráticos que

11 Hanna Arendt, Between Past and Future, Penguin Books, 2006, págs. 142-169, citado en Ramos Rivera, op. cit., pág. 649. CT-2010-08 12

nutren sus aspiraciones. Proyectos de incalculable valor

como La Nueva Constitución de Puerto Rico, preparado por la

Escuela de Administración Pública de la Universidad de

Puerto Rico −-que sirvió de guía a los redactores de nuestra

Constitución−- se han producido rodeados de la protección a

la libertad de palabra que cobija a toda la comunidad

universitaria. Y es que así tiene que ser porque en

nuestro país, la educación ha estado vinculada,

constitucionalmente, a los derechos humanos. El Art. II,

sec. 5 de la Constitución de Puerto Rico, reconoce a toda

persona “el derecho a una educación que propenda al pleno

desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del

respeto de los derechos del hombre y de las libertades

fundamentales.” En Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ.

Humacao, supra, pág. 161, ya adelantábamos que:

[E]l definitivo reconocimiento que las libertades civiles reciben en todo el ordenamiento nacional de sociedades como la nuestra, no puede ser razón hábil para menoscabar las garantías de libertad de expresión y asociación que desde tiempos pretéritos gozan los estudiantes y profesores universitarios. Precisamente, para que las salvaguardas civiles no decaigan es imprescindible la crítica ilustrada, acuciosa y constante de parte de esos grupos dedicados al más elevado estudio. Callar sus denuncias puede poner en peligro las libertades que con tanta dificultad se plasmaron en un pasado no muy remoto. Se trata, como advertimos en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, ante, de proteger esa discusión enérgica de las ideas, que es tan esencial para el cabal desarrollo del hombre, como para la conservación y el sostenimiento del bienestar común en una sociedad que viva en democracia. (Énfasis nuestro) (Citas omitidas).

Los objetivos de la ley orgánica de la Universidad

también reconocen que la institución es un foro sumamente

ligado a nuestra sociedad democrática. Así vemos que el

artículo 2 de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, 18

L.P.R.A. sec. 601, establece que la Universidad debe CT-2010-08 13

“[t]ener presente que por su carácter de Universidad y por

su identificación con los ideales de vida de Puerto Rico,

ella está esencialmente vinculada a los valores e intereses

de toda comunidad democrática”.

Esa es, a grandes razgos, la historia de nuestra

Universidad; no porque el Estado haya abierto un espacio a

la libre expresión, sino porque ésa es y ha sido su

tradición, su propia naturaleza. Nadie puede negar que la

Universidad de Puerto Rico, mientras forja los intelectos

de sus integrantes, siempre ha servido para la “reunión y

el debate” y ha estado disponible para el uso del pueblo,

para que los ciudadanos se reúnan pacíficamente y compartan

y debatan ideas sobre los asuntos que les son de interés.

Véase, Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn.,

supra, pág. 45. Ante semejante tradición, ¿cómo se puede

concluir que se trata de un foro público por designación?

¿Dónde queda toda la historia de nuestro primer centro

docente como punto de encuentro para el debate del más alto

calibre?

Unas últimas consideraciones. El caso que hoy

atendemos fue traído ante nosotros del Tribunal de

Apelaciones mediante una certificación intrajurisdiccional.

Ésta fue solicitada por la administración de la Universidad

de Puerto Rico apenas un día luego de haber presentado ante

el foro apelativo intermedio su recurso de apelación. Hoy

el Tribunal utiliza la Regla 50 de su Reglamento para

expedir y resolver la controversia sin permitir que las

partes presenten sus alegatos. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R.

50. Como si el abrupto trámite procesal que otorga la CT-2010-08 14

mayoría de este Foro al recurso de autos fuera poco, el

Tribunal también decide tomar conocimiento judicial de un

hecho adjudicativo esencial para la controversia, sin

brindarle a la parte afectada la oportunidad de expresar su

postura al respecto. Tal proceder, cuando menos, resulta

contrario a los principios básicos de justicia.

La toma de conocimiento judicial de hechos

adjudicativos es un medio probatorio que debe ser utilizado

con cautela, ello pues se releva a una parte de la carga

probatoria que, de ordinario, recae sobre ella. Este

mecanismo está disponible para hechos que no están sujetos

a controversia razonable por ser: 1) de conocimiento

general en nuestra jurisdicción, o 2) de corroboración

inmediata y exacta en fuentes que no pueden ser

razonablemente cuestionadas. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R.

201(b). Sin embargo, cuando una parte solicita al tribunal

que tome conocimiento judicial sobre un hecho, ella viene

obligada a ofrecer “información suficiente” para que el

tribunal pueda conceder su pedido. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R.

201(c). Véase, Pérez v. Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697, 705

(2001) (“Para que un tribunal pueda tomar conocimiento

judicial de un hecho adjudicativo, es necesario que la

parte proponente ponga al tribunal en condición de poder

hacerlo.”). “Si la parte que solicita que se tome

conocimiento judicial bajo la Regla 201(B)(2) no le provee

al tribunal la información correspondiente, el tribunal no

tomará conocimiento judicial y la parte tendrá que

presentar evidencia para probar el hecho adjudicativo.”

Ernesto L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico

2009: Análisis, San Juan, Publ. J.T.S., 2009, pág. 105. CT-2010-08 15

Ante la norma hasta aquí expuesta, ya se hacen

evidentes las deficiencias de la metodología adjudicativa

de la mayoría del Tribunal. La Opinión mayoritaria

menciona que la Universidad “nos requiere que tomemos

conocimiento judicial” de que estudiantes del sistema

universitario aprobaron un voto de huelga preventivo.

Opinión mayoritaria, págs. 11-12. Tal petición, como

veremos, parece encontrarse escondida en una alegación de

la Universidad a los efectos de que los estudiantes

aprobaron el referido voto preventivo. Estimo, no

obstante, que existe una diferencia entre una mera

alegación carente de evidencia que la sustente, y una

alegación acompañada de una solicitud formal para que se

admita en evidencia un hecho mediante la toma de

conocimiento judicial.

Incluso, un examen cuidadoso del expediente de autos

nos muestra que la única expresión en el recurso de

certificación que presentara la administración de la

Universidad ante esta Curia, que podría asemejarse a una

solicitud para tomar conocimiento judicial, es la

siguiente: “Como cuestión de hecho, de lo cual este

Honorable Tribunal puede tomar conocimiento judicial, la

prensa ha informado que en la ‘Asamblea Nacional’ convocada

por los estudiantes el 21 de junio de 2010 se aprobó un

‘voto de huelga preventivo’ para protestar la imposición de

una cuota especial en enero de 2011.” Recurso de

Certificación, pág. 15 (Énfasis suplido). Si ello fuera

considerado como una solicitud de toma de conocimiento

judicial, deberíamos concluir que la misma es una sumamente

vaga, por lo que el Tribunal debería denegarla de plano. CT-2010-08 16

Por otro lado, las palabras citadas distan mucho de ser lo

que la mayoría del Tribunal pretende. Aun en un gran

ejercicio de deferencia, no podemos concluir que los

peticionarios requieren la toma de conocimiento judicial de

la aprobación de un voto preventivo de huelga por parte de

los estudiantes. A lo sumo, sólo podríamos pensar que

solicitan se tome conocimiento judicial de que la prensa

divulgó una noticia, pero no que el evento del que se habla

en la noticia en efecto ocurrió. De manera que, ausente

una solicitud de parte para que este Foro tome conocimiento

judicial de la aprobación de un voto preventivo de huelga,

es forzoso concluir que la mayoría del Tribunal ha decidido

hacerlo motu proprio.

Ciertamente, las Reglas de Evidencia permiten la toma

de conocimiento judicial por iniciativa propia del tribunal

en cualquier etapa de los procedimientos. 32 L.P.R.A. Ap.

VI, R. 201(c) y (e). Empero, también garantizan el derecho

de las partes a ser escuchadas en torno a si procede la

toma de conocimiento judicial. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R.

201(d). “En todo caso, el tribunal debe respetar el

derecho de las partes a ser oídas en torno a si bajo la

regla 201(B) procede la toma de conocimiento judicial.”

Chiesa, op. cit., pág. 106. Este inciso de la Regla 201

tiene como propósito garantizar el debido proceso de ley de

las partes, de manera que éstas conozcan los hechos que

utilizará el foro judicial para arribar a su determinación

y tengan, a su vez, la oportunidad de elaborar argumentos a

favor o en contra del uso del referido mecanismo CT-2010-08 17

evidenciario.12 La importancia de esta salvaguarda procesal

se agudiza aún más cuando se toma conocimiento judicial en

etapas apelativas, como por ejemplo, en la solución de

controversias ante esta Curia. Al respecto, así se expresa

el profesor Ernesto L. Chiesa:

En relación con tomar conocimiento judicial en la etapa apelativa, es esencial que el tribunal apelativo salvaguarde el derecho de una parte a ser oído en torno a la corrección de tomar conocimiento judicial, ya sea mediante escritos o argumentación oral. De ordinario, un tribunal apelativo no revocará una decisión del tribunal sentenciador a base de tomar conocimiento judicial de un hecho adjudicativo; por lo general se trata de hechos legislativos. Si se trata de verdaderos hechos adjudicativos, es necesario que el tribunal apelativo de [sic] a la parte perjudicada oportunidad de ser oída en cuanto a si procede que se tome conocimiento judicial.”

Ernesto L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, San

Juan, Publ. J.T.S., 1998, Tomo II, Sec. 13.3, pág. 1150

(Citas omitidas).

A pesar de la claridad y el peso de la doctrina que

señalamos, la mayoría de este Tribunal toma conocimiento

judicial de un hecho adjudicativo que resulta medular para

atender la controversia sobre academicidad, sin tan

siquiera hacer un intento por escuchar los planteamientos

que pudieran ofrecer los estudiantes recurridos al

respecto. No se les permitió presentar alegatos; tampoco

se les ordenó mostrar causa por la cual no se debiera tomar

conocimiento judicial del hecho en cuestión. Véase Chiesa,

12 “An elementary sense of fairness might indicate that a judge before making a final ruling that judicial notice will be taken should notify the parties of his intention to do so and afford them an opportunity to present information which might bear upon the propriety of noticing the fact, or upon the truth of the matter to be noticed.” McCormick on Evidence, 4ta ed., Minnesota, Ed. West, 1992, Vol. 2, Sec. 333, pág. 407 (Citas omitidas). CT-2010-08 18

Análisis, op. cit., pág. 105 (“Como se puede tomar

conocimiento judicial en la etapa apelativa, el tribunal

apelativo debe emitir una orden para que se muestre causa

por la que no debe tomarse conocimiento judicial de

determinado hecho adjudicativo. Así se satisface lo

dispuesto en [la Regla 201(d)].”).

El proceder del Tribunal en efecto decomisa el derecho

de los estudiantes recurridos de ser escuchados y levantar

sus defensas. Así, la Opinión del Tribunal acomete contra

los postulados elementales del debido proceso de ley.

Al concluir debo reseñar las elocuentes palabras del

ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de

Puerto Rico, el profesor Efrén Rivera Ramos, quien en un

ensayo sobre la universidad y lo posible, nos dice:

[L]a Universidad de Puerto Rico realmente contribuyó a hacer posible otro Puerto Rico en su debido momento. Su existencia amplió el acceso a la educación superior de los sectores menos aventajados. Ha sido centro de ebullición para la irradiación de valores y la circulación de reclamos cruciales para nuestra vida de pueblo. Sus miembros y egresados han participado e intervenido en procesos económicos, sociales, políticos y culturales muy importantes para el país. Con su activismo, sus estudiantes han dado en mas de una ocasión la voz de alerta para que se corrija el rumbo en asuntos medulares de nuestra comunidad. Por otro lado, la histórica lucha por su autonomía y la protección constitucional que ser una universidad pública supone pueden asegurarle mayores espacios de libertad para la investigación, la reflexión, la expresión y la crítica sin los condicionamientos que una institución controlada por intereses económicos privados podría significar.

Esos espacios de libertad son indispensables para que la universidad pueda continuar siendo el laboratorio de lo posible. CT-2010-08 19

De más está decir que nuestro país necesita ese laboratorio ahora más que nunca. (Énfasis nuestro.)

Me hubiese gustado que este Tribunal no “[perdiera] de

vista que la mejor manera de salvaguardar el orden en las

universidades … es sosteniendo el mandato constitucional:

libre expresión para todos.” Rafael Martínez Torres, La

Primera Enmienda se va de la Universidad de Puerto Rico:

Restricciones Absolutas a los Derechos de Expresión, Rev.

Jur. U.P.R. 665 (1983). Hoy, con su proceder, una mayoría

del Tribunal expulsa la libertad de expresión de la

Universidad de Puerto Rico.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada