La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón
emitió la opinión del Tribunal.
I
Debemos resolver si en una acción en cobro de dinero donde no se ha puesto en controversia la condición económica de la parte demandada es pertinente y procede el descubri-miento de prueba sobre dicha condición.
El 10 de diciembre de 1984 la demandante recurrida General Electric Credit and Leasing Corp. of P.R., Inc. (en ade-lante G.E. Credit) presentó una demanda contra los deman-dados peticionarios, Concessionaires, Inc. y José R. Muratti, en cobro de las mensualidades adeudadas en un contrato de arrendamiento financierb.
La controversia que está ante nuestra consideración co-mienza cuando G.E. Credit notificó, el 14 de noviembre de 1985, al codemandado Muratti, en su capacidad personal y como representante de Concessionaires, Inc., un aviso de toma de deposición y producción de documentos a celebrarse el 3 de diciembre de 1985. (3) Se requirió al señor Muratti que lle-vara documentos relacionados con su condición económica, sus bienes muebles e inmuebles y su participación económica en distintas corporaciones. (4)
[37]*37La toma de deposición se celebró según pautada. Durante la misma el señor Muratti objetó y se negó a contestar las pre-guntas relacionadas con su condición económica y sus bienes. (5) Luego de varias mociones presentadas por la de-mandante y los demandados en relación con la negativa del señor Muratti a contestar dichas preguntas, el tribunal resol-[38]*38vió que venía obligado a contestar las preguntas objetadas. (6) De esta resolución recurren los demandados mediante solicitud de certiorari en la que alegan que erró el tribunal de instancia al ordenar el descubrimiento de prueba indicado. G.E. Credit compareció para oponerse a la expedición del recurso. Estamos en condiciones de resolver la controversia sometida, y así pro-cedemos a hacerlo a base de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal.
II
Recientemente reiteramos “que un amplio y liberal descubrimiento de prueba es ‘la médula del esfuerzo de destruir de una vez y para siempre la deportiva teoría de justicia’ que tanto mina la fe del pueblo en el sistema judicial.... ‘ [U] n sistema liberal de descubrimiento de pruebas antes del juicio facilita la tramitación de los pleitos y evita inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del litigio.’. . . Bien utilizado el descubrimiento de prueba acelera los procedimientos, propicia las transacciones y evita sorpresas indeseables en el juicio”. (Citas omitidas.) Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 743 (1986).
El alcance amplio del descubrimiento de prueba está bien establecido en la Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil, [39]*3932 L.P.R.A. Ap. Ill;(7) ésta contiene sólo dos limitaciones: (1) que la información solicitada no sea materia privilegiada, y (2) que la misma sea pertinente al asunto en controversia. Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 D.P.R. 210, 212 (1982); Rivera Alejandro v. Algarín, 112 D.P.R. 830 (1982); Ades v. Zalman, 115 D.P.R. 514 (1984); Ward v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 865 (1974); Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1951). El tribunal a su vez tiene amplia discre-ción, conforme los criterios rectores de la Regla 23.2 (8), para [40]*40proteger a las partes o a otras personas objeto del descubri-miento de hostigamiento, perturbación u opresión, así como de cualquier gasto o molestia indebida. Cuando se esté ante esas circunstancias, el tribunal podrá limitar el alcance y los meca-nismos de descubrimiento de prueba a utilizarse. Sierra v. Tribunal Superior, supra, pág. 562; Rodríguez v. Scotiabank de P.R., supra, pág. 216.
Como regla general el concepto de pertinencia para propósitos del descubrimiento de prueba, aunque impreciso, debe ser interpretado en términos amplios. Sierra v. Tribunal Superior, supra, pág. 573; también véanse: Oppenheimer Fund, Inc. v. Sanders, 437 U.S. 340, 351 (1978); 8 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Sec. 2008 (1970).
Al determinar la pertinencia de la información “[e]l criterio . . . bajo [la Regla 23.1(a) nuestra y la 26(b) (1) federal] es reconocidamente más amplio que el utilizado para resolver problemas de admisibilidad de prueba bajo las Reglas de Evidencia. Para que una materia pueda ser objeto de des-cubrimiento, basta con que exista una posibilidad razonable de relación con el asunto en controversia”. (Énfasis suplido.) Rodríguez v. Scotiabank de P.R., supra, págs. 212-213; Rivera Alejandro v. Algarin, supra, págs. 833-834; Wright & Miller, op. cit., Sec. 2008, págs. 41-42, 46-48; 4 Moore’s Federal Practice Secs. 26.55 [1], 26.56 [4] (2da ed. 1986).
Sin embargo, esto no significa que el ámbito del descubrimiento de prueba sea ilimitado. El concepto de pertinencia tiene que interpretarse de manera cónsona con el principio rector de las reglas procesales: lograr la solución de las controversias de forma justa, rápida y económica. A tono con esta norma se ha resuelto, bajo disposiciones similares a nuestra Regla 23.1(a), que, como regla general, no procede el descubrimiento de información relacionada con la condición [41]*41económica de los demandados en casos de daños y perjui-cios. (9) Rupe v. Fourman, 532 F. Supp. 344 (D.C. Ohio 1981); Johnson v. W. H. Stewart Co., 75 F.R.D. 541 (D.C. Okla. 1976); Hillman v. Penny, 29 F.R.D. 159 (D.C. Tenn. 1962); Leidholt v. District Court, Etc., 619 P.2d 768, 770 (Colo. 1980); Calderwood v. Calderwood, 327 A.2d 704, 706 (N.H. 1974); Doak v. Superior Court for County of Los Angeles, 65 Cal. Rptr. 193 (Cal. App. 1968); Sawyer v. Boufford, 312 A.2d 693 (N.H. 1973); Grant v. Huff, 178 S.E.2d 734, 735 (Ga. 1970);
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La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón
emitió la opinión del Tribunal.
I
Debemos resolver si en una acción en cobro de dinero donde no se ha puesto en controversia la condición económica de la parte demandada es pertinente y procede el descubri-miento de prueba sobre dicha condición.
El 10 de diciembre de 1984 la demandante recurrida General Electric Credit and Leasing Corp. of P.R., Inc. (en ade-lante G.E. Credit) presentó una demanda contra los deman-dados peticionarios, Concessionaires, Inc. y José R. Muratti, en cobro de las mensualidades adeudadas en un contrato de arrendamiento financierb.
La controversia que está ante nuestra consideración co-mienza cuando G.E. Credit notificó, el 14 de noviembre de 1985, al codemandado Muratti, en su capacidad personal y como representante de Concessionaires, Inc., un aviso de toma de deposición y producción de documentos a celebrarse el 3 de diciembre de 1985. (3) Se requirió al señor Muratti que lle-vara documentos relacionados con su condición económica, sus bienes muebles e inmuebles y su participación económica en distintas corporaciones. (4)
[37]*37La toma de deposición se celebró según pautada. Durante la misma el señor Muratti objetó y se negó a contestar las pre-guntas relacionadas con su condición económica y sus bienes. (5) Luego de varias mociones presentadas por la de-mandante y los demandados en relación con la negativa del señor Muratti a contestar dichas preguntas, el tribunal resol-[38]*38vió que venía obligado a contestar las preguntas objetadas. (6) De esta resolución recurren los demandados mediante solicitud de certiorari en la que alegan que erró el tribunal de instancia al ordenar el descubrimiento de prueba indicado. G.E. Credit compareció para oponerse a la expedición del recurso. Estamos en condiciones de resolver la controversia sometida, y así pro-cedemos a hacerlo a base de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal.
II
Recientemente reiteramos “que un amplio y liberal descubrimiento de prueba es ‘la médula del esfuerzo de destruir de una vez y para siempre la deportiva teoría de justicia’ que tanto mina la fe del pueblo en el sistema judicial.... ‘ [U] n sistema liberal de descubrimiento de pruebas antes del juicio facilita la tramitación de los pleitos y evita inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del litigio.’. . . Bien utilizado el descubrimiento de prueba acelera los procedimientos, propicia las transacciones y evita sorpresas indeseables en el juicio”. (Citas omitidas.) Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 743 (1986).
El alcance amplio del descubrimiento de prueba está bien establecido en la Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil, [39]*3932 L.P.R.A. Ap. Ill;(7) ésta contiene sólo dos limitaciones: (1) que la información solicitada no sea materia privilegiada, y (2) que la misma sea pertinente al asunto en controversia. Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 D.P.R. 210, 212 (1982); Rivera Alejandro v. Algarín, 112 D.P.R. 830 (1982); Ades v. Zalman, 115 D.P.R. 514 (1984); Ward v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 865 (1974); Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1951). El tribunal a su vez tiene amplia discre-ción, conforme los criterios rectores de la Regla 23.2 (8), para [40]*40proteger a las partes o a otras personas objeto del descubri-miento de hostigamiento, perturbación u opresión, así como de cualquier gasto o molestia indebida. Cuando se esté ante esas circunstancias, el tribunal podrá limitar el alcance y los meca-nismos de descubrimiento de prueba a utilizarse. Sierra v. Tribunal Superior, supra, pág. 562; Rodríguez v. Scotiabank de P.R., supra, pág. 216.
Como regla general el concepto de pertinencia para propósitos del descubrimiento de prueba, aunque impreciso, debe ser interpretado en términos amplios. Sierra v. Tribunal Superior, supra, pág. 573; también véanse: Oppenheimer Fund, Inc. v. Sanders, 437 U.S. 340, 351 (1978); 8 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Sec. 2008 (1970).
Al determinar la pertinencia de la información “[e]l criterio . . . bajo [la Regla 23.1(a) nuestra y la 26(b) (1) federal] es reconocidamente más amplio que el utilizado para resolver problemas de admisibilidad de prueba bajo las Reglas de Evidencia. Para que una materia pueda ser objeto de des-cubrimiento, basta con que exista una posibilidad razonable de relación con el asunto en controversia”. (Énfasis suplido.) Rodríguez v. Scotiabank de P.R., supra, págs. 212-213; Rivera Alejandro v. Algarin, supra, págs. 833-834; Wright & Miller, op. cit., Sec. 2008, págs. 41-42, 46-48; 4 Moore’s Federal Practice Secs. 26.55 [1], 26.56 [4] (2da ed. 1986).
Sin embargo, esto no significa que el ámbito del descubrimiento de prueba sea ilimitado. El concepto de pertinencia tiene que interpretarse de manera cónsona con el principio rector de las reglas procesales: lograr la solución de las controversias de forma justa, rápida y económica. A tono con esta norma se ha resuelto, bajo disposiciones similares a nuestra Regla 23.1(a), que, como regla general, no procede el descubrimiento de información relacionada con la condición [41]*41económica de los demandados en casos de daños y perjui-cios. (9) Rupe v. Fourman, 532 F. Supp. 344 (D.C. Ohio 1981); Johnson v. W. H. Stewart Co., 75 F.R.D. 541 (D.C. Okla. 1976); Hillman v. Penny, 29 F.R.D. 159 (D.C. Tenn. 1962); Leidholt v. District Court, Etc., 619 P.2d 768, 770 (Colo. 1980); Calderwood v. Calderwood, 327 A.2d 704, 706 (N.H. 1974); Doak v. Superior Court for County of Los Angeles, 65 Cal. Rptr. 193 (Cal. App. 1968); Sawyer v. Boufford, 312 A.2d 693 (N.H. 1973); Grant v. Huff, 178 S.E.2d 734, 735 (Ga. 1970); Great American Insurance Company v. Murray, 437 S.W.2d 264, 266 (Tex. 1969); Wright & Miller, op. cit., Sec. 2010, págs. 85, 93; Nota, The Use of Evidence of Wealth in Assessing Punitive Damages in New York: Rupert v. Sellers, 44 Alb. L. Rev. 422 (1980); S. E. Woodbury, Limiting Discovery of Defendant’s Wealth When Punitive Damages are Alleged, 23 Duq. L. Rev. 349 (1985). En acciones de cobro de dinero se ha negado el descubrimiento de prueba re-lacionado con información sobre las transacciones económicas del deudor con terceros cuando esa información no es perti-nente o no está relacionada con la causa de acción. Blumenthal v. Lukacs, 2 F.R.D. 427 (D.C. S.D.N.Y. 1942).
También, se ha resuelto que este tipo de descubri-miento no se justifica cuando la razón adelantada es descubrir la capacidad del deudor de poder satisfacer la sentencia que pueda recaer contra él. Ranney-Brown Distributors v. E. T. [42]*42Barwick, 75 F.R.D. 3 (D.C. Ohio 1977); (10) Great American Insurance Company v. Murray, supra, pág. 266; Sawyer v. Boufford, supra, págs. 694-695. Se ha rechazado autorizar ese descubrimiento para fomentar transacciones. Doak v. Superior Court for County of Los Angeles, supra; Sawyer v. Boufford, supra, pág. 695. Cuando la condición económica de la parte no es un elemento de la reclamación o se estipuló la suficiencia de dicha situación económica, tampoco procede ese descubrimiento. Calderwood v. Calderwood, supra, pág. 706.
En Rodríguez v. Scotiabank de P.R., supra, págs. 216-217, dijimos que: “[ajunque exista la requerida pertinencia, el derecho a la intimidad que nuestra Constitución reconoce, exige que se proteja al promovido, en palabras de la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, contra la opresión, el hostigamiento, la perturbación, las molestias o los gastos indebidos. Sólo se debe hacer disponible la información estrictamente pertinente. El método de descubrimiento puede alterarse. Aun puede prohibirse el descubrimiento cuando los fines de la justicia claramente lo requieran. La acción a tomar dependerá de las circunstancias particulares de cada caso.” Véanse también: Hillman v. Penny, supra, pág. 161; (11) Saw[43]*43yer v. Boufford, supra, pág. 695; Doak v. Superior Court for County of Los Angeles, supra; J. Swanson, Privacy Limitations on Civil Discovery in Federal and California Practice, 17 Pac. L.J. 1 (1985). Por todo lo anterior, resolvemos que el descubrimiento de prueba relacionado con la condición económica de alguna de las partes no deberá permitirse, ex-cepto cuando dicha condición esté en controversia, y aun en esas circunstancias el tribunal podrá limitarlo a aquello que sea estrictamente necesario.
I — I HH hH
G.E. Credit no ha demostrado que la condición económica del codemandado señor Muratti esté en controversia ni que esté relacionada con la materia que es objeto del pleito. Ninguna de las reclamaciones presentadas, la de cobro de dinero y la reconvención sobre daños y perjuicios, requieren la producción de información sobre la condición económica del señor Muratti. El demandante sólo tiene que probar que existe una deuda válida, que la misma no se ha pagado, que él es el acreedor y los demandados sus deudores. El derecho vigente no exige como elemento de una acción de cobro que el [44]*44deudor tenga bienes para pagar la sentencia. Lo mismo sucede con la reconvención de daños y perjuicios. El reconvencionista señor Muratti no alegó como daño ningún menoscabo en su situación económica, no puso su condición económica en con-troversia. Por más amplio y liberal que interpretemos los re-quirimientos en este descubrimiento, la información solicitada no es pertinente y tampoco se nos ha puesto en posición de de-terminar que conduciría al descubrimiento de prueba perti-nente. El descubrimiento solicitado podría quizás proceder como un incidente relacionado con la solicitud de un remedio provisional al amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, o en auxilio de la ejecución de una senten-cia que declare deudor al demandado. Regla 51.4 (32 L.P.R.A. Ap. Ill); (12) Hernández Rodríguez v. Tribunal Superior, 87 D.P.R. 77, 80 (1963).
Los argumentos de la demandante G.E. Credit de que “interesa cobrar su acreencia y no litigar un pleito hasta sus últimas consecuencias si sabe de antemano la imposibilidad de cobrar”, y que por lo tanto debe permitirse el descubrimiento de la información económica del codemandado señor Muratti no son hechos pertinentes para fines del descubrimiento de prueba en este caso. Ese descubrimiento, además de no ser pertinente, constituiría hostigamiento, perturbación y molestias indebidas. El tribunal de instancia abusó de su [45]*45discreción al no emitir una orden protectora que eliminara del descubrimiento las preguntas relacionadas con la condición económica del señor Muratti. (13)
Por todo lo anterior, se expedirá el auto, se dictará senten-cia que revoque las órdenes de 29 de enero y H de febrero de 1986 del tribunal de instancia y se devolverá el caso para que continúen los procedimientos de forma cónsona con esta opi-nión.
El Juez Presidente Señor Pons Núñez está conforme, acla-rando que a su juicio en el caso no se plantea cuestión consti-tucional alguna relativa al derecho a la intimidad. El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión escrita.
La demandante G.E. Credit alegó que la deuda ascendía a ciento cuarenta y cinco mil seiscientos dieciocho dólares con setenta y dos centavos ($145,618.72), era líquida y exigible, estaba vencida y no había sido pagada, a pesar de haber pedido el pago a los demandados. Los demandados a su vez negaron estas alegaciones, presentaron una reconvención y una demanda, contra terceros, en la cual trajeron al pleito a Ricolease y a NCR. Los de-mandados sostienen en estas alegaciones que el sistema de computadoras y su programación nunca funcionó adecuadamente y que ese equipo no cum-plió con las especificaciones y representaciones de los terceros demandados; que la venta del sistema fue realizada de mala fe, con el propósito de en-gañar y defraudar a Concessionaires, Inc., y que sin éxito habían tratado de devolver el equipo. Reclaman setecientos cincuenta mil dólares ($750,000) por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de estas actuaciones.
Luego se incluyó como terceros demandados a L. S. Technology, Inc. y a Boss Computer Corp. En esta ocasión se solicitaron cincuenta mil dólares ($50,000) adicionales por concepto de daños y perjuicios. El 9 de enero de 1986 la parte demandante presentó una demanda enmendada trayendo al pleito a la sociedad de gananciales compuesta por el señor Muratti y su esposa.