Departamento de Asuntos del Consumidor v. Luma Energy, LLC y otros

2025 TSPR 126

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: December 1, 2025
• Docket: CT-2025-0003
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Departamento de Asuntos del Consumidor

Peticionario

v. 2025 TSPR 126

Luma Energy, LLC; LUMA Energy 216 DPR ___ ServCo, LLC; Negociado de Energía de Puerto Rico; Autoridad de Energía Eléctrica

Recurridos

Número del Caso: CT-2025-0003

Fecha: 1 de diciembre de 2025

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcda. Valerie Rodríguez Erazo

Representantes legales de la parte recurrida:

Luma Energy, LLC; Luma Energy ServCo, LLC

Lcdo. Frank Torres Viada Lcdo. José Andreu Fuentes Lcda. Margarita Mercado Echegaray Lcda. Yahaira De la Rosa Algarín Lcdo. Jan M. Albino López

Autoridad de Energía Eléctrica

Lcdo. Juan M. Martínez Nevarez Lcda. Mirelis Valle Cancel

Representantes legales de los Amici Curiae:

Senado de Puerto Rico Cámara de Representantes de Puerto Rico

Lcdo. Charles A. Rodríguez Colón Lcdo. Miguel A. Rodríguez Ramos

Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica

Lcdo. Fernando E. Agrait Lcdo. José Leonardo Pou Román CT-2025-0003 2

Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público

Lcdo. Edgardo L. Rodríguez Cardé Lcda. Yarymar González Carrasquillo

Oficina Independiente de Protección al Consumidor de la Junta Reglamentadora del Servicio Público

Lcda. Hannia B. Rivera Díaz Lcdo. Pedro E. Vázquez Meléndez

Materia: Derecho Constitucional – Legitimación activa del Departamento de Asuntos del Consumidor para presentar una acción a favor de los consumidores; Inconstitucionalidad de la inmunidad o exoneración de responsabilidad concedida por un ente administrativo al violar la separación de poderes.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Departamento de Asuntos del Consumidor Peticionario

v. CT-2025-0003

LUMA Energy, LLC; LUMA Energy ServCo, LLC; Negociado de Energía de Puerto Rico; Autoridad de Energía Eléctrica Recurridos

El Juez Asociado señor Candelario López emitió la Opinión del Tribunal.

En San Juan Puerto Rico, a 1 de diciembre de 2025.

“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el

poder detenga al poder”. - Montesquieu

En esta ocasión tenemos la oportunidad de reafirmar

que las agencias administrativas solamente tienen los

deberes y las facultades que le son delegadas por la

Asamblea Legislativa. En específico, nos corresponde pasar

juicio sobre si el Negociado de Energía de Puerto Rico

(NEPR o Negociado) se extralimitó al otorgar un relevo de

responsabilidad por negligencia ordinaria a una entidad

privada por daños relacionados con la operación del sistema

eléctrico. Así, debemos resolver si el relevo de

responsabilidad antes descrito constituye una inmunidad

frente a reclamaciones extracontractuales de terceros. De CT-2025-0003 2

contestar en la afirmativa, nos corresponde justipreciar

si el Negociado, siendo un foro administrativo, tiene la

facultad legal para aprobar, mediante resolución, una

cláusula de exoneración de responsabilidad a un ente

privado.

Por considerar que el relevo de responsabilidad en

cuestión es, en efecto, una inmunidad frente a

reclamaciones extracontractuales causadas por negligencia

ordinaria, y, por entender que la Asamblea Legislativa no

le delegó al NEPR la facultad para otorgar dicha inmunidad,

concluimos que la actuación del Negociado es ultra vires

por contravenir la doctrina de separación de poderes.

Recordemos que la delegación legislativa no representa una

renuncia del poder legislativo, sino que es la expresión

de su capacidad para estructurar, distribuir y

operacionalizar la gestión pública de manera eficiente.

I

El presente recurso tiene su origen en una

controversia sobre la interpretación contractual de una

cláusula de exoneración de responsabilidad. El 22 de julio

de 2025, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo)

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) una

Solicitud de sentencia declaratoria para declarar

inconstitucional la sección 4.1(g) del Puerto Rico

Transmission and Distribution System Operation and

Maintenance Agreement (OMA), en contra de LUMA Energy, LLC, CT-2025-0003 3

LUMA Energy ServCo, LLC, (en conjunto, LUMA), el Negociado

y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En síntesis,

solicitó que se declarara nula e inconstitucional la

Sección 4.1(g) del OMA y el Resolution and Order emitido

por el Negociado el 31 de mayo de 2021 (Resolución del

NEPR), por entender que, mediante esta, el NEPR le otorgó

a LUMA y a la AEE una inmunidad casi absoluta frente a

reclamaciones de consumidores, que no estaba facultado en

ley a conceder. En consecuencia, solicita que se permita

que todo ciudadano pueda llevar reclamaciones en daños

causados por la negligencia y la fluctuación del servicio

de energía eléctrica ante LUMA.

Según expuso el DACo, el 24 de febrero de 2021, LUMA

presentó ante el NEPR un Request for Approval of Terms of

Service and Memorandum of Law in Support, en el cual, entre

otras cosas, solicitó que se apruebe la sección 4.1(g) del

OMA. Alegó que esta sección concede un relevo total para

LUMA y sus empleados, oficiales y contratistas contra

reclamos de consumidores por daños causados por negligencia

o fluctuaciones en el servicio eléctrico. Sostuvo que,

previo a la firma del OMA, la corporación pública no gozaba

de tal inmunidad y contaba con un mecanismo para que los

consumidores presentaran sus reclamos.

Surge del OMA que la citada Sección 4.1(g) establece

lo siguiente:

(g) Liability Waiver. In connection with the submission of the Initial Budgets to PREB, the CT-2025-0003 4

Parties agree to apply for inclusion in the Rate Order that the associated tariff or terms of service include: (i) a waiver of Owner’s, ManagementCo’s and ServCo’s liability to customers or any Person receiving Power and Electricity for any Losses arising in any way out of or in connection with the operation of the T&D System and the provision of Power and Electricity including any events of interrupted, irregular or defective electric service due to Force Majeure Events, other causes beyond Owner’s, ManagementCo’s or ServCo’s control or ordinary negligence, gross negligence or willful misconduct of Owner, ManagementCo or ServCo, or their respective employees, agents or contractors; and (ii) a waiver in all cases of responsibility for any loss of profits or revenues, special, exemplary, punitive, indirect, incidental or consequential damages, including loss of revenue, loss of use of equipment, cost of capital, cost of temporary equipment, overtime, business interruption, spoilage of goods, claims of customers of electric customers or other economic harms, in each case howsoever and whensoever arising, including where caused by any of Owner’s, ManagementCo’s or ServCo’s ordinary negligence, gross negligence or willful misconduct (collectively the “Liability Waiver”).

(Énfasis suplido).

Añadió el DACo que, el 25 de mayo de 2021, el Negociado

celebró una vista pública con el propósito de escuchar al

público general en cuanto a los términos de servicio

propuesto. Así las cosas, el 31 de mayo de 2021, el

Negociado emitió su resolución en la cual determinó, entre

otros asuntos, lo siguiente:

5. Notwithstanding anything to the contrary in these Modified Terms of Service and Regulation 7982, PREPA, its directors, officers, employees, agents and contractors (including LUMA Energy, LLC, LUMA Energy Servco, LLC, their directors, officers, employees, agents and contractors) (the "Released Parties") shall not be liable contractually or extra-contractually, to customers, or any user receiving power or CT-2025-0003 5

electricity from PREPA and/or LUMA for any losses arising in any way out of or in connection with the operation of the T&D System and the provision of power and electricity including any events of interrupted, irregular or defective electric service due to Force Majeure events or from pre- existing deteriorated electric system conditions, other causes beyond the control of the Released Parties, unauthorized acts by employees, sabotage, strikes or due to ordinary negligence (excluding gross negligence, willful misconduct or dolo) of the Released Parties or their respective employees, agents or contractors. In any event that the Released Parties are found responsible howsoever and whensoever in connection with the provision of service to customers or users receiving power or electricity from PREPA and/or LUMA, customers or users shall only recover direct damages (including direct physical loss, injury or damage to a customer or customer's property). For the foregoing and without otherwise restricting the generality thereof, "direct physical loss, injury or damage" shall not include any loss of profits or revenues, special, exemplary, punitive, indirect, incidental, or consequential damages, including loss of revenue, loss of use of equipment, cost of capital, cost of temporary equipment, overtime, business interruption, spoilage of goods, claims of customers of electric customers or other economic harms.

De acuerdo con el DACo, la Resolución del NEPR

modificó el contenido que se pretendía adoptar de la

Sección 4.1(g) del OMA para dejar fuera casos de

negligencia crasa de LUMA. A su juicio, otorgó un abarcador

relevo de responsabilidad mediante un proceso

“administrativo y contractual”, violando el principio de

reserva de la ley, pues no fue producto de un proceso

legislativo. Además, el DACo adujo que el Estado no puede

conferir, por fiat administrativo y contractual, una

inmunidad cuasi soberana a una empresa privada sin que ello CT-2025-0003 6

sea evaluado por la Legislatura. De este modo, concluyó

que el NEPR intenta limitar o suprimir las reclamaciones

extracontractuales en perjuicio de terceros sin

participación ni aval de la Asamblea Legislativa,

constituyendo una usurpación del poder legislativo y un

atentado contra la doctrina de separación de poderes.

Así las cosas, el 24 de julio de 2025, el Senado de

Puerto Rico y la Cámara de Representantes de Puerto Rico

presentaron una Solicitud y alegato del Senado de Puerto

Rico y la Cámara de Representantes de Puerto Rico en calidad

de amigos de la corte. En resumen, adoptaron el

planteamiento del DACo de que el NEPR aprobó por vía

administrativa una cláusula de inmunidad casi absoluta a

favor de LUMA sin la intervención de la Asamblea

Legislativa y en perjuicio de terceros no contratantes,

entiéndase, los consumidores. De esta forma, alegaron que

la inmunidad dispuesta en la Sección 4.1(g) del OMA y la

Resolución del NEPR constituyen una violación a la

separación de poderes consagrada en la Constitución de

Puerto Rico. Además, ambos cuerpos legislativos

sostuvieron que, al aprobar la Ley de la Autoridad de

Energía Eléctrica de Puerto Rico, infra, y la Ley para

Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, infra, no

delegaron a la AEE ni a la Autoridad para las Alianzas

Público-Privadas (AAPP) la facultad de otorgar inmunidad a

favor de la AEE y LUMA. Por consiguiente, solicitaron que

se declare ha lugar la petición de sentencia declaratoria CT-2025-0003 7

presentada por el DACo y se declaren nulas la Sección 4.1(g)

del OMA y la Resolución del NEPR.

Por su parte, el 6 de agosto de 2025, el Instituto de

Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) presentó

una Solicitud de intervención como amicus curiae, en apoyo

a que se conceda el remedio solicitado por DACo. En primer

término, indicó que, en el año 2021, litigó el mismo asunto

ante el NEPR y ante el Tribunal de Apelaciones, aunque en

esa ocasión no se le reconoció legitimación activa para

ello.1 El ICSE reconoció la naturaleza constitucional del

planteamiento del DACo sobre división de poderes. No

obstante, señaló que la controversia puede atenderse como

un asunto de estricto derecho de daños y perjuicios, pues,

contrario a lo dispuesto en la Resolución del NEPR, nuestro

ordenamiento jurídico no permite limitar las categorías ni

las cuantías de daños que puede recuperar una persona como

reparación por el daño sufrido. Según el ICSE, en Puerto

Rico la responsabilidad por daños contractuales o

extracontractuales es materia estrictamente sustantiva,

determinada por legislación, por lo que solo la Asamblea

Legislativa puede crear exenciones o inmunidades. En ese

sentido, arguyó que el NEPR legisló una inmunidad que solo

puede ser concedida por la vía legislativa y, además, que

1 Véase In re: Revisión de los términos de servicio de LUMA (extensión de responsabilidad), caso núm. KLRA202100406, en el cual el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso incoado por el ICSE, por carecer de legitimación activa. CT-2025-0003 8

estamos ante un asunto contractual, no tarifario, como

pretenden hacer ver el Negociado y LUMA.

Así las cosas, el 8 de agosto de 2025, el DACo presentó

ante nos un Recurso de certificación intrajurisdiccional.

A grandes rasgos, reiteró los fundamentos que levantó ante

el foro primario, y adujo que, durante una vista pública

celebrada por la Cámara de Representantes, LUMA admitió no

haber atendido 1,828 querellas de consumidores sobre daños

a la propiedad, pérdida de enseres y otras consecuencias

atribuibles a fallas eléctricas, por entender que la

Resolución del NEPR la exime de hacerlo. Según el DACo,

este reconocimiento público promueve que los consumidores

se queden sin remedios ante fallas operacionales de la

entidad que gestiona este servicio esencial. Ante ello

sostuvo que la controversia está madura para adjudicación,

y que amerita nuestra intervención urgente para detener

este estado de indefensión, restaurar el balance

constitucional y reafirmar que en Puerto Rico nadie puede

operar al margen de la responsabilidad legal.

El 12 de agosto de 2025 emitimos una Resolución en la

que concedimos un término de tres (3) días para que las

partes recurridas se expresaran sobre el recurso de

epígrafe. Al día siguiente, el ICSE presentó una Moción

en cumplimiento de resolución en la cual, en apoyo a que

se expidiera el recurso, solicitó que consideráramos sus

argumentos como amicus curiae ante el foro primario, los

cuales reiteró en su escrito. CT-2025-0003 9

El 15 de agosto de 2025, el Senado y la Cámara de

Representantes comparecieron de manera conjunta, y

adoptaron la posición del DACo en cuanto al carácter

constitucional de esta controversia. En específico,

destacaron que la doctrina de separación de poderes les

concede facultad exclusiva para examinar, establecer y

otorgar inmunidad ante reclamaciones por daños.

En esa misma fecha, el NEPR presentó su Moción en

cumplimiento de orden, oponiéndose a la expedición del

recurso. De entrada, argumentó que esta no es una

controversia constitucional sustantiva ni sobre separación

de poderes. Por el contrario, sostuvo que versa sobre un

relevo de responsabilidad otorgado como parte de un proceso

tarifario efectuado dentro de las facultades delegadas al

NEPR, para evaluar modificaciones a los términos de

servicio relacionados a la responsabilidad de LUMA y la AEE

por pérdidas de clientes y usuarios del sistema eléctrico

como consecuencia de su operación.

El Negociado expuso que, un “liability waiver” en el

ámbito de compañías que proveen servicios esenciales al

público, tiene como finalidad evitar que el costo de

indemnizar reclamaciones incremente sustancialmente el

costo del servicio, el cual en la mayoría de los casos

sería finalmente sufragado por los propios clientes y

usuarios. Arguyó que el relevo procura mantener tarifas

más bajas y estables, preservando la viabilidad financiera

de la operación y la continuidad del servicio eléctrico. CT-2025-0003 10

Aunque rechazó los términos propuestos por las partes,

sostuvo que aprobó ciertas modificaciones que entendió

salvaguardaban el interés público, y que las adoptó, luego

de celebrar vistas públicas en las cuales participó la

Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC).

Además, según el NEPR, en este caso no está presente

el criterio de urgencia que requiere la expedición de un

recurso de certificación intrajurisdiccional, pues el

relevo fue adoptado cuatro (4) años antes de la

presentación de esta solicitud de sentencia declaratoria.

Indicó que esta etapa de los procedimientos tampoco era

propicia, pues las partes aún no habían comparecido ante

el foro de instancia ni realizado descubrimiento de prueba.

De manera escueta, insistió en que no estamos ante una

controversia constitucional sustancial, y reiteró que, en

su estimación, los usuarios terminarán pagando las

indemnizaciones que se concedan. Finalmente, cuestionó una

vez más la legitimación del DACo para instar esta acción.

También en esa fecha, LUMA presentó su Oposición a

recurso de certificación intrajurisdiccional. LUMA siguió

el ejemplo del NEPR y cuestionó la urgencia de expedir una

certificación. Levantó, además, “asuntos de índole

jurisdiccional” que debe atender el foro de instancia antes

de atender en los méritos la validez del relevo de

responsabilidad impugnado, a saber: (1) la legitimación

activa del DACo, la cual, a su juicio, ostenta la OIPC; (2)

la ausencia de un daño claro, real y palpable del DACo que CT-2025-0003 11

le permita cuestionar si la determinación del NEPR viola

la separación de poderes o si privó a la Asamblea

Legislativa de sus prerrogativas; y (3) la falta de parte

indispensable, ante la ausencia de la AAPP en el pleito.

Arguyó que la limitación de responsabilidad de compañías

de servicio eléctrico responde a una delegación de poderes

de la Legislatura al NEPR, aunque no citó la disposición

específica que confiere tal facultad. Repitió, sin más, el

argumento de que la limitación de responsabilidad es parte

inherente al proceso de fijación de tarifas, con el

propósito de asegurar tarifas razonables. En cuanto al

relevo de responsabilidad como mecanismo regulatorio, LUMA

indicó que se trata de la norma en los Estados Unidos y

otras jurisdicciones, pues lo contrario “socavaría el poder

válidamente delegado en el NEPR de cumplir sus deberes y

funciones sobre la fijación de tarifas del servicio

eléctrico”.

Finalmente, compareció la AEE a través de una breve

Moción en cumplimiento de orden de mostrar causa para

pronunciarse a favor de que acojamos y expidamos el recurso

ante nuestra consideración, pues “los abonados de la A.E.E.

merecen tener certeza sobre sus derechos”.

Evaluadas las posiciones de las partes, el 22 de

agosto de 2025, emitimos una Resolución en la cual

expedimos el recurso de certificación intrajurisdiccional.

Así, concedimos un término de quince (15) días al DACo para CT-2025-0003 12

presentar su alegato, y quince (15) días a partir de

entonces a los recurridos para presentar su posición.

El 8 de septiembre de 2025, el DACo presentó su

alegato. Desde su punto de vista, la controversia ante

nuestra consideración requiere responder la siguiente

pregunta: ¿puede una agencia administrativa conferir a un

operador privado una inmunidad general frente a

reclamaciones extracontractuales de terceros, incluida la

negligencia ordinaria, sin autorización legislativa

expresa? Por entender que no, solicitó que emitamos una

sentencia declarando que no es posible tal atribución por

tratarse de un acto que rebasa la competencia del NEPR y

altera el régimen sustantivo de responsabilidad civil sin

que se lo permita su ley habilitadora.

Según el DACo, su ley orgánica le confiere

legitimación estatutaria para instar esta acción, pues la

Asamblea Legislativa le encomendó expresamente “vindicar y

hacer efectivos los derechos de los consumidores en todos

los foros necesarios”, en cualquier asunto “que afecte o

pueda afectar” sus intereses. Arguyó que muchos

consumidores han sufrido daños por actos negligentes de

LUMA y otros podrían razonablemente verse afectados de no

intervenir el DACo. En cuanto a la competencia de la OIPC,

sostuvo que se limita a asuntos relacionados a tarifas,

facturación, calidad de servicio y otros aspectos técnicos

de los servicios regulados, no a derechos sustantivos de

los consumidores en materia de daños. Adujo de manera CT-2025-0003 13

sucinta que no existen partes indispensables ausentes de

este pleito, pues, aunque la AAPP firmó el OMA, no asumió

obligaciones o deberes atinentes a esta controversia.

En lo sustantivo, el DACo reiteró que la limitación

de responsabilidad a favor de un operador privado no

constituye un componente básico y legítimo de la tarifa

eléctrica, sino una concesión ultra vires del NEPR. En

cuanto a esto, señaló que la Ley Núm. 57-2014, infra, no

delegó al Negociado la facultad de eximir a un operador

privado de responsabilidad civil frente a reclamos de

consumidores por actos de negligencia. Destacó además que

está constitucionalmente establecido que toda franquicia o

concesión de carácter público debe ser determinada por ley,

por lo que compete a la Asamblea Legislativa conceder

relevos de responsabilidad como el otorgado por el NEPR.

En consecuencia, concluyó que el Negociado se extralimitó

al otorgar una inmunidad a LUMA sin autoridad en ley, por

lo cual la actuación impugnada es nula ab initio.

El mismo día, el ICSE presentó un Alegato del Amicus

Curiae. Adujo que coincidía con el DACo y la Asamblea

Legislativa en que la exención otorgada a LUMA es ilegal

porque la determinación administrativa del NEPR se

inmiscuye indebidamente en el Poder Legislativo,

beneficiando no solo a LUMA, sino a la propia AEE. A manera

de ejemplo, identificó varias instancias en que el

legislador concedió exenciones de responsabilidad por daños

y perjuicios, entre ellas, a patronos bajo el Fondo del CT-2025-0003 14

Seguro del Estado y en casos de impericia en centros de

educación médica. Asimismo, cuestionó la prudencia de

facultar a un regulador para que exima de responsabilidad

a entidades bajo su jurisdicción.

El 23 de septiembre de 2025, LUMA presentó su alegato.2

En su escrito, como hizo al oponerse a la expedición del

recurso, planteó los impedimentos jurisdiccionales que, a

su juicio, deben guiar nuestro análisis, a saber: falta de

legitimación activa del DACo, falta de parte indispensable

y, en cuanto a la inconstitucionalidad de trasladar a las

facturas de sus clientes los pagos de indemnización que

tenga que realizar, que DACo solicita una opinión

consultiva. En términos sustantivos, LUMA enfatizó las

bases que han justificado la concesión de limitaciones de

responsabilidad para compañías de servicio público en

diversas jurisdicciones estadounidenses. Adujo que los

tribunales de estas jurisdicciones han validado que la

regulación de tarifas se extiende a la adopción de límites

de responsabilidad por negligencia, sin requerir que la ley

habilitadora del ente regulador lo faculte expresamente.

Partiendo de la premisa de que la limitación de

responsabilidad es parte inherente de la función

2 Previo a la presentación de su alegato, el 19 de septiembre de 2025, LUMA notificó a esta Curia, mediante una Moción informativa, que presentó un Urgent Motion of LUMA to Enforce the Automatic Stay en el caso Núm. 17-BK-4780-LTS, actualmente ventilándose ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley PROMESA. En lo pertinente, el 30 de octubre de 2025, el DACo presentó una Moción informativa en la cual anejó el Memorandum Order Denying Urgent Motion of LUMA to Enforce the Automatic Stay, del 27 de octubre de 2025, declarando no ha lugar la petición de LUMA. CT-2025-0003 15

regulatoria delegada, sostuvo que el NEPR estaba facultado

a emitir su resolución.

En esa misma fecha comparecieron el Senado y la Cámara

de Representantes para unirse al alegato del DACo, dejando

clara su posición de que el NEPR se excedió en sus

facultades al conceder una inmunidad, que solo la Asamblea

Legislativa puede conceder. En particular, citaron la

Sección 13 del Art. VI de la Constitución de Puerto Rico,

que, en lo pertinente, prescribe que “[e]l procedimiento

para otorgar franquicias, derechos, privilegios y

concesiones de carácter público será determinado por ley”.

Dado lo anterior, solicitaron que se decrete la nulidad de

la Resolución del NEPR.

Dentro del término concedido, compareció la AEE y la

OIPC, esta última, mediante Solicitud de intervención y

alegato de la interventora Oficina Independiente de

Protección al Consumidor de la Junta Reglamentadora de

Servicio Público. Rechazó la postura del DACo de que no

está facultada para atender controversias de naturaleza

constitucional, pues la Ley Núm. 57-2014, infra, la faculta

para comparecer como parte peticionaria o como interventora

en cualquier acción relacionada con tarifas, facturas,

política pública o cualquier otro asunto que pueda afectar

a los clientes del servicio eléctrico. En los méritos, la

OIPC coincide en que la Sección 4.1(g) del OMA es ilegal

por tratarse de un “autorelevo” de responsabilidad por la

AEE y LUMA en ausencia de intención manifiesta de los CT-2025-0003 16

consumidores de relevarlos. De igual modo, indicó que el

OMA es un contrato de adhesión en el que los clientes no

participaron y, por lo tanto, debe interpretarse

restrictivamente contra la agencia.

Finalmente, el 24 de septiembre de 2025, el Negociado

presentó su alegato. En lo pertinente, reiteró la

necesidad y deseabilidad de que un operador privado cuente

con límites de responsabilidad por negligencia, así como

la fuente de derecho que entiende apoya su actuación al

otorgar el relevo, esto es: que esa es la práctica en

diversos estados de Estados Unidos. Además, levantó los

mismos argumentos jurisdiccionales indicados por LUMA.

Evaluados detenidamente los alegatos de las partes,

así como los escritos presentados por las partes

interventoras y amigos de la corte, procedemos a resolver.

II

Teniendo ante nuestra consideración una controversia

relacionada a un asunto de alto interés público, a saber,

sobre el sistema de energía eléctrica de Puerto Rico,

conviene que hagamos un recuento histórico de los hechos

que la anteceden.

La historia del Gobierno de Puerto Rico como encargado

de producir y administrar la energía eléctrica del país

tiene su origen en la tercera década del siglo XX. Ante

la necesidad de producir energía eléctrica a un bajo costo CT-2025-0003 17

debido al proceso de industrialización que se avecinaba,

el Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA) tenía

como objetivo la electrificación rural del país. Así, la

PRRA, agencia creada por el Congreso de los Estados Unidos

para liderar la recuperación puertorriqueña tras los

eventos atmosféricos de 1928 y 1932,3 determinó que las

plantas hidroeléctricas a ser construidas fueran entregadas

eventualmente al Gobierno de Puerto Rico para ser

incorporadas en el creciente sistema de energía eléctrica.4

Posteriormente, con la aprobación de la Ley Núm. 83

de 2 de mayo de 1941, actualmente conocida como la Ley de

la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, se creó

la Autoridad de Fuentes Fluviales (AFF). Entre los

propósitos del referido estatuto, la Asamblea Legislativa

buscaba centralizar el servicio eléctrico de Puerto Rico.

Fue bajo el desarrollo de la AFF, y posteriormente, la

AEE,5 que la electricidad adquirió acceso a la totalidad de

la población puertorriqueña. No obstante, la tasa de

crecimiento anual proyectada en el consumo eléctrico era

tal, que ameritaba la necesidad de incrementar en la

capacidad de generación.

3 Véase, Executive Order 7057, Establishing the Puerto Rico Reconstruction Administration (May 28, 1935). 4 E. Látimer Torres, Historia de la Autoridad de Energía Eléctrica:

Implantación de los Sistemas de Luz y Fuerza en Puerto Rico 1893-1993, 1ra ed., San Juan, First Book Pub. of P.R., 1997, pág. 342. 5 Mediante la Ley Núm. 57 de 30 de marzo de 1979, la Asamblea Legislativa le cambió el nombre a la Autoridad de Fuentes Fluviales a la Autoridad de Energía Eléctrica. CT-2025-0003 18

A medida que aumentaba el consumo de energía

eléctrica, la empresa privada fue incorporada en dichas

operaciones. A modo de ejemplo, para la década de 1990,

fueron instaladas la EcoEléctrica en Guayanilla y AES en

Guayama, cada una produciendo alrededor de 15% de la

electricidad que consumía el país.

En lo aquí pertinente, se aprobó la Ley de

Transformación y ALIVIO Energético, Ley Núm. 57-2014, según

enmendada, 22 LPRA sec. 1051 et seq., cuya Exposición de

Motivos esboza lo siguiente:

Luego de más de setenta (70) años de creada, y más de tres décadas luego de cumplir con su mandato de electrificación total del País, la AEE se ha convertido en un monopolio que se regula a sí misma, decide sus tarifas sin fiscalización real, incurre en ineficiencias operacionales, gerenciales y administrativas, cuyo costo al final del día es asumido directamente por el consumidor, y mantiene una gobernanza interna que carece de transparencia y participación ciudadana. Todo ello contribuye a que Puerto Rico esté en una de las primeras posiciones con respecto a los costos energéticos más altos entre las jurisdicciones de los Estados Unidos.

A. Negociado de Energía de Puerto Rico

Por virtud de la Ley de Transformación y ALIVIO

Energético, supra, se creó la Comisión de Energía de Puerto

Rico, ahora el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

22 LPRA sec. 1054b. El NEPR fue concebido como una entidad

especializada e independiente, encargada de reglamentar,

supervisar y hacer cumplir la política pública energética

del Gobierno de Puerto Rico. 22 LPRA sec. 1051a(j). En

aras de promover la transparencia y autonomía en sus CT-2025-0003 19

menesteres, el NEPR fue separado de cualquiera de las

entidades bajo su jurisdicción. 22 LPRA sec. 1054k.

Esto constituyó un paso significativo en la

fragmentación de las facultades que, en su momento, eran

exclusivas de la AEE, y delegó al NEPR ciertos poderes de

fiscalización como regulador independiente. Entre las

facultades otorgadas al NEPR por la Asamblea Legislativa,

se encuentran las siguientes:

(a) Fiscalizar y asegurar la cabal ejecución e implementación de la política pública sobre el servicio eléctrico en Puerto Rico;

(b) Establecer mediante reglamento las normas de política pública en relación con las compañías de servicio eléctrico, así como toda transacción, acción u omisión que incida sobre la red eléctrica y la infraestructura eléctrica en Puerto Rico, e implementar dichas normas de política pública. Estos reglamentos deberán ser cónsonos con la política pública energética declarada por vía de legislación;

(c) Establecer e implementar los reglamentos y las acciones regulatorias necesarias para garantizar la capacidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia y razonabilidad en tarifas del sistema eléctrico de Puerto Rico y establecer las guías, estándares, prácticas y procesos a seguir para los procesos para la compra de energía, la modernización de plantas o instalaciones generadoras de energía, disponiéndose que todo contrato de compraventa de energía deberá cumplir con los estándares, términos y condiciones establecidos por el NEPR de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Política Pública Energética y esta Ley.

[…]

(k) Revisar y aprobar políticas, planes estratégicos y planes a corto, mediano y largo plazo relacionados con la planificación integrada de recursos energéticos en Puerto Rico, y fiscalizar el cumplimiento con los mismos; CT-2025-0003 20

(n) Aprobar, revisar y, según fuere aplicable, modificar las tarifas o cargos que cobren las compañías de servicio eléctrico o el Contratante de la red de transmisión y distribución en Puerto Rico por cualquier asunto directa o indirectamente relacionado con la prestación del servicio eléctrico;

(nn) Demandar y ser demandada en reclamaciones o causas de acción a nombre propio en el Tribunal de Primera Instancia del Gobierno de Puerto Rico contra cualquier persona natural o jurídica que incumpla o interfiera con los requisitos, fines y objetivos de esta Ley, o en cualquier otro foro administrativo del Gobierno de Puerto Rico. A tales fines, se le reconoce legitimación activa al Negociado para interponer los recursos necesarios, incluyendo y sin limitarse a solicitar un desacato contra cualquier persona natural o jurídica que incumpla los mandatos contenidos bajo la jurisdicción del Negociado de Energía, ante el foro judicial para asegurar el cabal cumplimiento con la política pública establecida en esta Ley;

(oo) Adoptar reglas, pronunciamientos y reglamentos que sean necesarios para cumplir con sus deberes, emitir órdenes y establecer multas para dar cumplimiento a las facultades que por ley se le conceden, y para la implementación de esta Ley. Los reglamentos se adoptarán de conformidad con la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.

22 LPRA sec. 1054b.

Por su parte, una vez fue anunciada la privatización

de la AEE, se aprobó la Ley de Política Pública Energética

de Puerto Rico, Ley Núm. 17-2019, según enmendada, 22 LPRA

sec. 1141 et seq. El propósito de este estatuto fue

facilitar la entrega de las operaciones de la AEE a

entidades privadas. En específico, abrió el mercado del CT-2025-0003 21

sistema eléctrico de Puerto Rico a la empresa privada,

sujeto a la regulación del NEPR, al disponer que la AEE no

poseería el derecho exclusivo de producir, transmitir,

distribuir y comercializar el suministro de energía

eléctrica. 22 LPRA sec. 1141b.

B. Autoridad para las Alianzas Público-Privadas

La privatización de las operaciones de la AEE se rige

por varios estatutos, incluyendo la Ley de Alianzas

Público-Privadas, Ley Núm. 29-2009, según enmendada, 27

LPRA sec. 2601 et seq., y la Ley para Transformar el Sistema

Eléctrico de Puerto Rico, Ley Núm. 120-2018, según

enmendada, 22 LPRA sec. 1111 et seq. El primer estatuto

mencionado establece el marco regulatorio bajo el cual la

AAPP lleva a cabo los procesos de privatización de

entidades gubernamentales, y la política pública del

Gobierno de Puerto Rico respecto a la creación de Alianzas

Público-Privadas mediante contrato. 27 LPRA sec. 2604. Por

otro lado, la segunda ley esbozada creó el andamiaje

jurídico para los contratos de Alianzas Público-Privadas

de la AEE.

A saber, la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico

de Puerto Rico, supra, provee para la venta o traspaso de

los activos o funciones de la AEE, al definir las

transacciones de la AEE como toda aquella mediante la cual

se “establezca una o más Alianzas con respecto a cualquier

función, servicio o instalación de la AEE o un Contrato de CT-2025-0003 22

Venta de los activos de la AEE relacionados a la generación

de energía”. 22 LPRA sec. 1113(m). De igual manera, al

amparo de ambas leyes mencionadas, la AAPP es la entidad

facultada para llevar a cabo cualquier transacción de la

AEE. 22 LPRA sec. 1115(b). Además, la AAPP es la encargada

de supervisar el desempeño y cumplimiento del contratante

bajo un contrato de alianza, y rendir informes anuales

sobre el desarrollo de los proyectos. 27 LPRA sec. 2609(d).

Por su parte, una vez la AAPP ejecuta una transacción

de la AEE, es necesario que el NEPR emita un Certificado

de Cumplimiento de Energía para que esta se perfeccione.

22 LPRA sec. 1118(a). Así las cosas, al momento de consumar

una transacción de la AEE, la AAPP y el NEPR son las

agencias encargadas de preparar un plan de trabajo para la

supervisión del desempeño y cumplimiento de la AEE y la

entidad contratada, conforme cada contrato de alianza o de

venta. 22 LPRA sec. 1118(d).

Así, al amparo de la Ley para Transformar el Sistema

Eléctrico de Puerto Rico, supra, el 22 de junio de 2020,

la AAPP, LUMA y la AEE firmaron el OMA.

C. Oficina Independiente de Protección al Consumidor

La Ley de Transformación y ALIVIO Energético, supra,

creó la OIPC, con el propósito de educar, asistir y

representar a los clientes de los servicios bajo la

jurisdicción de la Junta Reglamentadora de Servicio Público CT-2025-0003 23

de Puerto Rico. 22 LPRA sec. 1054nn(a). En específico, la

Exposición de Motivos del referido estatuto dispone la

importancia de la OIPC como ente fiscalizador del sistema

energético de Puerto Rico:

Como aspecto importante para garantizar la participación y fiscalización ciudadana en el sistema energético, se crea por virtud de esta Ley la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (“OIPC”), cuya función será representar y defender los intereses de los consumidores de los servicios energéticos, tanto ante la Autoridad como ante la entidad reguladora. La OIPC tendrá el deber, entre otros, de ser defensor y portavoz de los intereses de los clientes en todos los asuntos que estén ante la Comisión de Energía, incluyendo los asuntos relacionados a las disputas sobre facturas con la AEE. Además, tendrá el deber de coordinar la participación ciudadana en el proceso interno de revisión de tarifas de la Autoridad y ante la Comisión de Energía, según sea el caso, de modo que se garantice una participación activa en este proceso. Con este nuevo ente, se garantiza que el público no se sienta indefenso ante el poder y tamaño de la AEE y otros generadores de energía.

Entre los poderes y deberes delegados a la OIPC por

la Asamblea Legislativa, la agencia es la encargada de lo

siguiente:

(d) Presentar querellas o recursos legales ante el Negociado de Energía, el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico y el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos de Puerto Rico a nombre y en representación de clientes, que no tengan otra representación legal, en relación con controversias sobre cualquier asunto que afecte el servicio, tarifa o en cualquier otro asunto que afecte los intereses o derechos de los clientes de servicio eléctrico, telecomunicaciones y transporte. Previo a radicar querellas en representación de CT-2025-0003 24

clientes deberá verificar que el cliente haya cumplido con las disposiciones pertinentes administrativas para su reclamo. Si existiera un conflicto de interés entre distintas clases de clientes con respecto a alguna causa de acción o controversia, la prioridad de la OIPC será representar y defender a los clientes residenciales y comerciales con pequeños negocios;

(h) Participar o comparecer como parte interventora en cualquier acción, ante cualquier agencia gubernamental del Gobierno de Puerto Rico o del Gobierno Federal con jurisdicción, relacionada con tarifas, facturas, política pública o a cualquier otro asunto que pueda afectar a los consumidores y/o clientes de servicio eléctrico, de telecomunicaciones y de transporte;

(i) Participar o comparecer como parte peticionaria o como parte interventora en cualquier acción ante el Tribunal General de Justicia o ante los tribunales de la jurisdicción federal, relacionada con tarifas, facturas, política pública o a cualquier otro asunto que pueda afectar a los clientes de servicio eléctrico, telecomunicaciones y transporte;

22 LPRA sec. 1054qq. (Énfasis suplido).

Habiendo esbozado el trasfondo histórico del

sistema de energía eléctrica de Puerto Rico,

procedemos a atender los asuntos jurisdiccionales.

III

A. Legitimación activa

La doctrina de legitimación activa o standing se

define como "la capacidad que se le requiere a la parte

[querellante o demandante] de una acción para comparecer

como litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia CT-2025-0003 25

actos procesales y, de esta forma, obtener una sentencia

vinculante". Rivera et al. v. Torres et al., 214 DPR 111,

133 (2024) (citando a Hernández, Santa v. Srio. de

Hacienda, 208 DPR 727, 739 (2022)). De ordinario, quien

solicita un remedio judicial debe demostrar que: (1) sufrió

un daño claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y

preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe una relación

causal razonable entre el daño y la acción ejercida; y (4)

la causa de acción surge al palio de la Constitución o de

una ley. Amadeo Ocasio et al. v. Gobernador et al., 211 DPR

278, 285 (2023) (Sentencia).

No obstante, en el ejercicio de determinar si las

partes tienen legitimación activa para instar una acción,

los tribunales debemos analizar el cumplimiento de los

criterios mencionados, salvo cuando exista un estatuto que

expresamente confiera legitimación activa. Rivera et al.

v. Torres et al., supra. Por tanto, al momento de evaluar

la existencia de legitimación activa estamos llamados a

examinar si la Asamblea Legislativa la ha otorgado por la

vía estatutaria. Es decir, el primer paso es determinar

si existe legitimación estatutaria. Rivera et al. v. Torres

et al., supra.

B. Legitimación estatutaria

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado la

figura de la legitimación estatutaria desde el año 1974.

Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 DPR 716 (1974). CT-2025-0003 26

A saber, esta surge cuando un estatuto “de manera expresa

o implícita, otorga a una persona legitimación activa para

instar una acción judicial, independientemente de que esta

haya sufrido un daño particular, más allá del mero hecho

de la violación de la ley”. J. M. Farinacci Fernós,

Cualquier persona: La facultad plenaria de la Asamblea

Legislativa para otorgar legitimación activa por la vía

estatutaria, 84 Rev. Jur. UPR 359, 360 (2015).

Dicho de otro modo, cuando la Asamblea Legislativa

concede legitimación activa de manera estatutaria, el

promovente está facultado a presentar su causa de acción,

sujeto únicamente a las exigencias incluidas en ese

estatuto, e independientemente haya sufrido un daño real y

palpable. Rivera et al. v. Torres et al., supra. De esta

manera, al evaluar la concesión de legitimación

estatutaria, estamos llamados a auscultar la voluntad

legislativa en cuanto a las circunstancias que deben estar

presentes para que una parte pueda presentar un asunto ante

la consideración de los tribunales. Íd.

Nuestra interpretación de la doctrina de legitimación

estatutaria ha sido consistente. En Salas Soler v. Srio.

de Agricultura, supra, partimos de la premisa que la

Asamblea Legislativa tenía plena facultad para otorgar

legitimación activa en cualquier circunstancia, y que, por

consiguiente, nos correspondía analizar el lenguaje

estatutario para determinar el nivel de legitimación

otorgado por la legislatura. J. M. Farinacci Fernós, supra, CT-2025-0003 27

en la pág. 139. Posteriormente, al atender asuntos donde

la legitimación estatutaria de una de las partes ha estado

en controversia, hemos aplicado la misma metodología. Íd.;

Rivera et al. v. Torres et al., supra, en la pág. 134;

Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 835-836

(1992). Así las cosas, una vez reconocemos la existencia

de la legitimación estatutaria que se reclama, los

tribunales estamos llamados a analizar el alcance de la

misma, interpretando la intención del legislador.

i. Legitimación activa del DACo

En nuestro ordenamiento jurídico, la ley orgánica de

una agencia administrativa es el mecanismo legal mediante

el cual la Asamblea Legislativa autoriza y delega los

poderes necesarios para que ésta actúe conforme el

propósito de su creación. D.A.Co. v. Fcia. San Martín, 175

DPR 198, 203 (2009) (citando a Amieiro González v. Pinnacle

Real Estate, 173 DPR 363, 371 (2008)). A su vez, hemos

afirmado reiteradamente que, al interpretar el alcance de

los poderes delegados a una agencia, no debemos limitar a

una interpretación restrictiva el análisis de su ley

habilitadora. D.A.Co. v. Fcia. San Martín, supra, en las

págs. 203-204.

En lo pertinente, según la exposición de motivos de

su ley orgánica, el propósito primordial del DACo es

vindicar, proteger e implementar los derechos del

consumidor. Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del CT-2025-0003 28

Consumidor, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según

enmendada, 3 LPRA sec. 341 et seq. (Ley Orgánica del DACo).

Además de ser una agencia especializada en vindicar los

derechos del consumidor de manera firme y agresiva, el DACo

fue creado para ser el organismo capaz de sacar a los

consumidores de su estado de indefensión, fiscalizar el

cumplimiento de las leyes dirigidas a protegerlos, y

proveerles una representación adecuada en la defensa de sus

derechos. Íd.

Mediante el Artículo 6 de la referida ley, la

legislatura le impuso al Secretario o Secretaria del DACo

el deber ministerial de representar a los consumidores de

Puerto Rico ante entidades privadas u organismos públicos

en cualquier asunto que afecte o pudiese afectar sus

intereses. 3 LPRA sec. 341e(e). Además, este funcionario

público también goza de la facultad para comparecer por y

en representación de los consumidores, ante los tribunales

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del gobierno de

los Estados Unidos, en cualquier procedimiento que afecte

o pueda afectar los intereses del consumidor en general,

de grupos de consumidores o de cualquier consumidor en

particular. 3 LPRA sec. 341e(f).

De igual manera, la Ley Orgánica de DACo establece que

el DACo es la agencia encargada de promover y velar por el

cumplimiento de todas las leyes, reglas, reglamentos y

órdenes que afecten los intereses del consumidor, en

coordinación con las demás agencias y departamentos de CT-2025-0003 29

Puerto Rico. 3 LPRA sec. 341e(s). Esto incluye la facultad

de interponer cualquier remedio legal que sea necesario

para hacer efectivos los propósitos de su ley habilitadora.

3 LPRA sec. 341e(i).

C. Parte indispensable

En cuanto a la figura de parte indispensable, la Regla

16.1 de Procedimiento Civil establece que “[l]as personas

que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda

adjudicarse [una] controversia, se harán partes y se

acumularán como demandantes o demandadas, según

corresponda”. 32 LPRA Ap. V., R. 16.1. Este precepto forma

parte del principio constitucional que dispone que “ninguna

persona será privada de su libertad o propiedad sin [un]

debido proceso de ley”. Art. II, Sec.7, Const. PR, LPRA,

Tomo 1.

A su vez, la Regla 16.1, supra, encarna el principio

fundamental de incluir a todas las partes con interés para

que, así, el decreto judicial que se emita sea completo.

Oriental Bank v. Pagán Acosta y otros, 2024 TSPR 133, 215

DPR ___ (2024) (citando a López García v. López García, 200

DPR 50, 64 (2018)). Sobre el referido interés, hemos

expresado en numerosas ocasiones que el mismo debe ser uno

real e inmediato, y que no basta con que sea un interés

especulativo ni futuro. Oriental Bank v. Pagán Acosta y

otros, supra; Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR

374, 389-390 (2020); López García v. López García, supra. CT-2025-0003 30

En cuanto a la ausencia de una parte indispensable en

un pleito, hemos sentenciado que su comparecencia “es un

interés tan fundamental, que constituye una

defensa irrenunciable que puede presentarse en cualquier

momento durante el proceso”, e incluso, los foros

apelativos podemos y debemos levantarla motu proprio.

Oriental Bank v. Pagán Acosta y otros, supra (citando a

López García v. López García, supra, en la pág. 65). Por

consiguiente, toda sentencia dictada en ausencia de una

parte indispensable es nula, pues priva al tribunal de

jurisdicción sobre la persona sobre la cual se pretende

hacer valer un dictamen. Oriental Bank v. Pagán Acosta y

otros, supra (citando a García Colón et al. v. Sucn.

González, 178 DPR 527, 539 (2010)).

Así, al momento de interpretar la Regla 16.1 de

Procedimiento Civil, supra, es menester que los tribunales

evaluemos juiciosamente, con un enfoque pragmático, las

particularidades de cada caso, y los derechos de las partes

que no están presentes en el pleito, pero cuyos derechos

podrían verse afectados. Oriental Bank v. Pagán Acosta y

otros, supra (citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de

derecho procesal civil, 2da ed., Estados Unidos, Pubs. JTS,

2011, T. IV, págs. 1415-1418).

IV

Previo a adentrarnos en el derecho sustantivo de la

controversia ante nos, debemos atender, como cuestión de CT-2025-0003 31

umbral, varios asuntos jurisdiccionales que se plantearon

en los escritos. A saber, que estamos privados de la

jurisdicción para atender el pleito de epígrafe, debido a

que el DACo: (1) no tiene legitimación estatutaria para

representar los intereses de los consumidores del servicio

eléctrico, ya que esa facultad le corresponde a la OIPC;

(2) no tiene legitimación activa para instar el pleito de

epígrafe por razón de no demostrar que sufrió un daño real

y palpable; y (3) omitió acumular a la AAPP como parte

indispensable. Adelantamos que no le asiste la razón.

Sabido es que, al momento de evaluar la legitimación

activa que tiene una parte para instar un pleito, el primer

paso es reconocer si la Asamblea Legislativa la ha otorgado

por la vía estatutaria. Por tanto, para resolver si el

DACo está capacitado para presentar la causa de acción ante

nos, debemos determinar inicialmente si existe algún

estatuto que expresamente le confiera legitimación activa

para ello. A saber, estamos llamados a auscultar la

voluntad legislativa en cuanto a las circunstancias que

deben estar presentes para que DACo pueda presentar el

recurso ante nuestra consideración.

Un examen de la Ley Orgánica del DACo, supra, revela

que el propósito primordial del DACo es vindicar, proteger

e implementar los derechos del consumidor, siendo esta la

agencia encargada de sacar al consumidor de su estado de

indefensión y proveerle una representación adecuada en la

defensa de todos sus derechos. Así, mediante el Art. 6 del CT-2025-0003 32

referido estatuto, la Asamblea Legislativa le impuso al

DACo el deber de “representar al público consumidor ante

cualquier entidad privada u organismo público en cualquier

asunto que afecte o pueda afectar los intereses del

consumidor”. 3 LPRA sec. 341e(e).

Por ser la entidad encargada de defender los derechos

de los consumidores en Puerto Rico, la Legislatura le

concedió al DACo la legitimación estatutaria para

comparecer a los tribunales, al disponer que es la agencia

con la facultad y el deber para:

Comparecer por y en representación de los consumidores ante cualquier tribunal, junta o comisión, organismo administrativo, departamento, oficina o agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o del gobierno de los Estados Unidos en cualquier vista, procedimiento o asunto que afecte o pueda afectar los intereses del consumidor en general, de grupos de consumidores o de cualquier consumidor en particular.

3 LPRA sec. 341e(f). (Énfasis suplido).

De esta manera, no cabe duda de que la Asamblea

Legislativa expresamente delegó en el DACo la

responsabilidad de promover y velar por el cumplimiento de

todas las leyes, reglas, reglamentos y órdenes que afecten

los intereses del consumidor. 3 LPRA sec. 341e(s). Para

ello, le impuso el deber y la facultad de interponer

cualquier remedio legal que sea necesario para hacer

efectivos los propósitos de su ley habilitadora, teniendo

siempre como norte la protección de los derechos del

consumidor puertorriqueño. 3 LPRA sec. 341e(i). CT-2025-0003 33

Por consiguiente, al interpretar la intención

legislativa detrás de la aprobación de la Ley Orgánica del

DACo, supra, es menester que reconozcamos la legitimación

estatutaria conferida a la agencia por la Asamblea

Legislativa para comparecer a los tribunales, siempre y

cuando el asunto en cuestión afecte o pueda afectar los

derechos del consumidor. En lo pertinente a la

controversia que nos ocupa, el DACo sostiene que la

Resolución del NEPR tiene el efecto de privar a los

consumidores del servicio eléctrico de su derecho a

reclamar daños que puedan surgir a raíz de la negligencia

de LUMA, conforme establece nuestro Código Civil. Así, por

entender que el DACo presentó el recurso de epígrafe con

miras a vindicar un derecho reconocido por nuestro

ordenamiento jurídico, y habiéndolo instado en

representación del consumidor, reiteramos que tiene

legitimación estatutaria para hacerlo.

A su vez, estamos en desacuerdo con el planteamiento

de LUMA en cuanto a que, al amparo de la Ley de

Transformación y ALIVIO Energético, supra, se faculta

exclusivamente a la OIPC a comparecer judicialmente en

asuntos relacionados a los clientes de servicio eléctrico.

Si bien es cierto que la OIPC fue creada con el propósito

de representar y defender los intereses de los consumidores

de los servicios energéticos de Puerto Rico, cuando se

plantean cuestiones de naturaleza tarifaria y controversias

que requieran peritaje técnico especializado, lo que se CT-2025-0003 34

examina en el caso de autos son principios generales del

derecho civil y contractual, como la validez y alcance de

cláusulas de exención de responsabilidad o la aplicabilidad

del principio de legalidad para lo que está facultado DACo.

Así, tras reconocer la legitimación estatutaria

conferida al DACo por su ley habilitadora, procedemos a

atender el asunto de la falta de parte indispensable. En

síntesis, LUMA sostiene que la AAPP es parte indispensable

del pleito, puesto que el DACo está solicitando la nulidad

de una cláusula establecida en un contrato en donde la AAPP

funge como administrador. En específico, aduce que, como

administrador, la AAPP es responsable de supervisar el

cumplimiento de este contrato, en la forma prevista y con

sujeción a los términos y condiciones establecidos en el

OMA. Por tanto, argumenta que la AAPP tiene un interés

real e inmediato en el pleito, por lo cual, sin su

comparecencia, estaríamos impedidos de emitir un dictamen

que abarque un remedio completo.

Por su parte, el DACo argumenta que el NEPR, LUMA y

la AEE son las únicas partes verdaderamente indispensables

en el pleito ante nos. Indica que, a pesar de que la AAPP

fue firmante del OMA, la Sección 4.1(g) de este únicamente

establecía la obligación de solicitar al NEPR un relevo de

responsabilidad. Es decir, arguye que la cláusula del

contrato por sí sola no confiere inmunidad alguna, sino que

fue el NEPR quien ejerció su jurisdicción primaria y

exclusiva sobre tarifas y términos de servicio para acoger CT-2025-0003 35

la petición de inmunidad mediante la Resolución del NEPR.

Por consiguiente, al no poder obligar al Negociado a

conceder la inmunidad, ni tampoco controlar su alcance o

contenido, el DACo plantea que la AAPP podría considerarse

una parte interesada, pero no indispensable.

Como expresamos, para que una parte sea considerada

indispensable, debe tener un interés real e inmediato en

el pleito, y que no puede tratarse de meras especulaciones

o un interés futuro. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank,

supra. Por tanto, como cuestión de umbral, tenemos la

obligación de evaluar si los derechos de la AAPP se verán

afectados, y de qué manera, al no estar presente en el

pleito de epígrafe.

Surge del expediente que la AAPP fue firmante del OMA,

en calidad de administrador encargado de supervisar el

cumplimiento de las partes con los términos estipulados.

Por tanto, la AAPP está encargada de supervisar el

desempeño y cumplimiento de la AEE y LUMA, y rendir informes

anuales sobre el desarrollo de los proyectos. 27 LPRA sec.

2609(d). Siendo este su rol principal, consideramos que

la AAPP no es una parte indispensable por el mero hecho de

haber firmado en calidad de administrador. Es decir, no

surge cuál es el interés real e inmediato que tiene la AAPP

en el pleito. En conclusión, justipreciamos que la AAPP

no es una parte indispensable en el pleito ante nos, por

la sencilla razón de que, en calidad de administrador, no

posee un interés real e inmediato en el mismo. Sin duda, CT-2025-0003 36

los derechos y las obligaciones de la AAPP permanecerán

inalterados.

Aclarados los aspectos de legitimación y parte

indispensable, procedemos a esbozar el derecho sustantivo

aplicable a la controversia ante nuestra consideración.

V

A. Sentencia declaratoria

Por su parte, la sentencia declaratoria es un

mecanismo que está disponible, aunque existan otros

remedios, y tiene la eficacia de una sentencia o resolución

definitiva. Rosario Rodríguez v. Rosado Colomer et al., 208

DPR 419, 428 (2021) (citando a Senado de PR v. ELA, 203 DPR

62, 71 (2019)). En el pasado, la hemos definido como un

“mecanismo remedial y profiláctico que permite anticipar

la dilucidación de los méritos de cualquier reclamación

ante los tribunales, siempre y cuando exista un peligro

potencial contra quien la solicita”. Rosario Rodríguez v.

Rosado Colomer et al., supra, en la pág. 427 (citando a

Senado de PR v. ELA, supra); Beltrán Cintrón et al. v. ELA

et al., 204 DPR 89, 109 (2020) (citando a Senado de PR v.

ELA, supra).

Así pues, este recurso extraordinario puede ser

dictado en todo proceso judicial donde “[l]os hechos

alegados demuestran que existe una controversia sustancial

entre partes que tienen intereses legales adversos, sin que CT-2025-0003 37

medie lesión previa de los mismos con el propósito de

disipar la incertidumbre jurídica y contribuir a la paz

social”. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto

Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed.

LexisNexis, 2017, Sec. 6001, pág. 623.

A su vez, el mecanismo de la sentencia declaratoria

provee para que toda persona cuyos derechos fuesen

afectados por un estatuto, ordenanza municipal, contrato o

franquicia, pueda solicitar una determinación sobre

cualquier divergencia en la interpretación o validez de

estos, y que se dicte una declaración de los derechos,

estados u otras relaciones jurídicas que de aquellos se

deriven. Regla 59.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Respecto a los contratos, estos pueden ser interpretados

antes o después de haber sido infringidos. Íd.

B. Separación de poderes

La doctrina de separación de poderes constituye una

garantía esencial de la democracia. La misma está

consagrada en la Sección 2 del Artículo I de la Constitución

de Puerto Rico y dispone que “[e]l Gobierno del Estado

Libre Asociado tendrá forma republicana y sus Poderes

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establecen por

esta Constitución, estarán igualmente subordinados a la

soberanía del pueblo de Puerto Rico”. Art. I, Sec. 2, Const.

PR, LPRA, Tomo 1. En el pasado hemos mencionado que “[e]n

el Estado moderno la separación de poderes conlleva un CT-2025-0003 38

sistema de contrapesos y de sabia utilización del poder

discrecional de cada rama con el propósito de asegurar un

‘equilibrio dinámico’ que asegure el funcionamiento

efectivo del sistema republicano de gobierno”. Pueblo v.

González Malavé, 116 DPR 578, 599-600 (1985).

Así, el principio de separación de poderes, además de

enmarcar el ámbito de acción de las ramas de gobierno,

asegura que ninguna de las tres ramas domine o interfiera

de forma indebida con la otra. Senado v. Tribunal Supremo

y otros, 208 DPR 115, 135 (2021); Rodríguez Casillas et al.

v. Colegio, 202 DPR 428, 450 (2019). Después de todo, el

propósito de la separación de poderes es proteger la

libertad de los ciudadanos y garantizar la independencia

de cada una de las ramas de gobierno. Díaz Carrasquillo v.

García Padilla, 191 DPR 97, 110 (2014).

Asimismo, ante nuestros deberes como Tribunal de

última instancia, resulta obligatorio siempre tener

consciencia de “las delicadas fronteras constitucionales

que existen entre las tres (3) ramas de gobierno”. A.A.R.,

Ex parte, 187 DPR 835, 855 (2013). Ante ello, cabe destacar

que, “en el desempeño normal de nuestras funciones

revisoras bajo el sistema de separación de poderes, los

tribunales debemos actuar con prudencia y deferencia a la

voluntad legislativa, siempre que la misma esté enmarcada

dentro del esquema constitucional”. Rodríguez Casillas et

al. v. Colegio, supra, en las págs. 450-451 (citando a

P.I.P. v. C.E.E., 120 DPR 580, 611 (1988)). Esto se debe CT-2025-0003 39

a que “[c]uando el legislador se ha manifestado en lenguaje

claro e inequívoco, el texto de la ley es la expresión por

excelencia de toda intención legislativa”. Cuevas v.

Ethicon Div. Of J&J Prof. Co., 148 DPR 839, 850 (1999).

De este modo, cuando se presenta un conflicto entre

los poderes constitucionales de cada rama, le corresponde

al poder judicial definir sus límites. En ese sentido, es

nuestra tarea “distinguir entre ‘facultades que integran

la entraña misma del sistema y poderes trasladables, por

razones de peso, a otras ramas’”. Nogueras v. Hernández

Colón, 127 DPR 405, 426 (1990) (citando a In re Rodríguez

Torres, 106 DPR 698, 709 (1978)). Luego, teniendo en

consideración las circunstancias históricas

prevalecientes, debemos “delimitar los contornos de los

poderes públicos para evitar la concentración indebida de

poderes y promover el más eficiente funcionamiento del

sistema”. Íd., págs. 426-427.

C. Facultad de la Asamblea Legislativa de otorgar

inmunidad

En el ámbito de la responsabilidad civil

extracontractual, la “inmunidad dispuesta por ley no es

meramente una defensa; se trata más bien de la inexistencia

de una causa de acción”. Rodríguez Ruiz v. Hosp. San Jorge,

169 DPR 850, 861 (2007). En consecuencia, una persona que

goza de inmunidad “no puede ser objeto de un litigio,

independientemente de que haya realizado un acto o una CT-2025-0003 40

omisión, culposo o negligente”. Rodríguez Figueroa et al.

v. Centro de Salud, 197 DPR 876, 884 (2017). La razón de

ser de esta doctrina no se encuentra en la conducta del

individuo, sino en el hecho de que la inmunidad es una

prerrogativa de la Asamblea Legislativa atendiendo a

consideraciones de política pública que trascienden los

límites de los actos u omisiones particulares. Rodríguez

Figueroa et al. v. Centro de Salud, supra, en la pág. 884

(citando a Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724, 745

(1991)).

En nuestro ordenamiento jurídico, existen distintos

supuestos en los cuales se ha reconocido la inmunidad “por

razones de orden público o de política pública”. Consejo

Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 DPR 643, 656 (2006). Un

ejemplo de ello es la inmunidad patronal, la inmunidad

interfamiliar, la inmunidad condicionada de jueces y

fiscales, entre otros tipos de inmunidad. Como corolario,

hemos enfatizado antes que, “salvo disposición expresa que

conceda inmunidad a un grupo o sector de la población,

debemos entender que éstos se encuentran sujetos a la

imposición de responsabilidad civil extracontractual por

sus actos u omisiones negligentes o culposas”. Íd., en la

pág. 657.

D. Obligaciones y contratos

Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y

cuasicontratos, y de los actos u omisiones ilícitos en los CT-2025-0003 41

que intervenga culpa o negligencia.6 31 LPRA ant. sec. 2992.

En cuanto a las obligaciones contractuales, estas tienen

fuerza de ley, según lo estipulado entre las partes

contratantes. 31 LPRA ant. sec. 2994. Por consiguiente,

ni la validez ni el cumplimiento de las obligaciones

contractuales pueden dejarse al arbitrio de uno de los

contratantes. 31 LPRA ant. sec. 3373.

Un contrato existe desde que una o varias personas se

obligan a dar alguna cosa o prestar algún servicio. 31 LPRA

ant. sec. 3371. Para que tenga eficacia jurídica, en el

contrato deben concurrir los requisitos de objeto, causa

de la obligación, y el consentimiento de los contratantes.

31 LPRA ant. sec. 3391. Así, siempre que concurran estas

condiciones esenciales para su validez, los contratos son

obligatorios. 31 LPRA ant. sec. 3451. Es decir, las partes

contratantes se obligan al cumplimiento de lo expresamente

pactado, al igual que a todas las consecuencias que, según

su naturaleza, sean conformes a la ley, al uso y a la buena

fe. LPRA ant. sec. 3375.

En más de una ocasión hemos establecido que, en

nuestro ordenamiento jurídico, rige el principio de

libertad de contratación o la autonomía de la voluntad.

Cruz, López v. Casa Bella y otros, 213 DPR 980, 995 (2024);

6 Si bien es cierto que la controversia ante nos surge por actos ejecutados en el año 2021, estos fueron llevados a cabo en virtud de la disposición de un contrato firmado antes de que entrara en vigor el Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA 5311 et seq. Por tanto, el Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1 et seq., es el cuerpo estatutario aplicable a los hechos de este caso. 31 LPRA secs. 11717, 11718. CT-2025-0003 42

Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011).

En otras palabras, mediante el principio de pacta sunt

servanda, las partes contratantes son libres de establecer

todos los pactos, cláusulas y condiciones que estimen

convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes,

la moral o el orden público. 31 LPRA ant. sec. 3372.

E. Derecho a remedios por daños por culpa o negligencia

En materia de obligaciones, sabido es que los actos y

omisiones culposos o negligentes generan responsabilidad

civil extracontractual. En específico, el Artículo 1536

del Código Civil de Puerto Rico del 2020, 31 LPRA sec.

10801, dispone que toda persona que por culpa o negligencia

cause daño a otra, está obligada a reparar el daño causado.

En cuanto a esta norma, hemos reiterado que la

indemnización de un daño solamente procede cuando concurren

los elementos de (1) acto u omisión culposa o negligente;

(2) daño real causado al reclamante; y (3) relación causal

entre el acto u omisión y el daño ocasionado. Sucn. Mena

Pamias et al. v. Mélendez et al., 212 DPR 758, 768 (2023);

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010).

En lo pertinente a personas o entidades dedicadas a

generar y distribuir electricidad en Puerto Rico, desde

mediados del siglo XX, hemos establecido que, atendido el

carácter inherentemente peligroso de ese elemento, estas

deben ejercer el más alto grado de cuidado para evitar

causar daños. Torres Solís et al. v. A.E.E. et als., 136 CT-2025-0003 43

DPR 302, 311 (1994); Ramos v. Aut. Fuentes Fluviales, 86

DPR 603, 609 (1962). Sin embargo, eso no significa que

responden en cualquier caso en que se cause un perjuicio,

sino que es requisito que el daño haya sido producido por

su culpa o negligencia, al omitir desplegar un grado de

cuidado en proporción al riesgo o peligro envuelto. Ramos

v. Aut. Fuentes Fluviales, supra. Así, este grado de

cuidado se extiende más allá de la instalación,

mantenimiento y operación del equipo utilizado para la

generación y distribución de electricidad. A saber,

incluye la obligación de realizar una inspección adecuada

para descubrir defectos y situaciones de peligro o riesgo

para el público, y tomar las debidas precauciones para

asegurarse que no surjan. Íd.

No obstante, siendo la generación y distribución de

electricidad un servicio de primera necesidad, hemos

reiterado que esta no debe impedirse requiriendo que se

adopte toda protección concebible por la mente humana a

fines de evitar todos los riesgos posibles, sin importar

su imprevisibilidad. Íd., en la pág. 610. Es decir, el

beneficio social proporcionado por la electrificación no

puede derrotarse mediante la exigencia de una

responsabilidad absoluta a las entidades encargadas de

generar y distribuir electricidad. Íd. CT-2025-0003 44

VI

A

La controversia ante nos se circunscribe a determinar

si la Sección 4.1(g) del OMA y la Resolución del NEPR le

conceden inmunidad a LUMA al otorgar un relevo de

responsabilidad frente a reclamaciones de los consumidores

por daños causados por actos negligentes, interrupciones

del servicio y fluctuaciones en el servicio eléctrico. En

virtud del recurso de certificación intrajurisdiccional de

epígrafe, decidimos expedirlo por entender que tenemos ante

nuestra consideración una controversia constitucional de

alto interés público.

Comenzamos expresándonos sobre si la cláusula

impugnada por el DACo, a saber, la sección 4.1(g) del OMA

y la Resolución del NEPR, antes citadas, en efecto, le

conceden la referida inmunidad a LUMA. En específico, en

la Resolución del NEPR, el Negociado determinó, entre otras

cosas, que la AEE, sus directores, oficiales, empleados,

agentes y contratistas (incluyendo a LUMA y sus respectivos

directores, oficiales, empleados, agentes y contratistas)

no serán responsables, contractual ni

extracontractualmente, frente a los clientes o a cualquier

usuario que reciba energía eléctrica o servicio de

electricidad, por cualquier pérdida que surja de cualquier

forma o en cualquier relación con la operación del Sistema

de Transmisión y Distribución y la prestación del servicio

eléctrico, incluyendo negligencia ordinaria. CT-2025-0003 45

Según hemos reiterado, la inmunidad “no es meramente

una defensa, se trata más bien de la inexistencia de una

causa de acción”. Rodríguez Ruiz v. Hosp. San Jorge, supra,

pág. 861. Ello implica que, quien goza de inmunidad no

puede ser objeto de litigio sin importar si realizó un acto

u omisión, culposo o negligente. Rodríguez Figueroa et al.

v. Centro de Salud, supra, en la pág. 884. En el caso ante

nos, el NEPR aprobó una disposición cuyo efecto es

precisamente suprimir la posibilidad de entablar una

reclamación civil contra LUMA por actos negligentes en la

prestación del servicio eléctrico.

De hecho, el texto mismo de la cláusula revela que no

se trata de una mera delimitación tarifaria, sino que

elimina de manera general toda posibilidad de

responsabilidad civil por negligencia ordinaria. En

específico, al indicar que LUMA y su personal “shall not

be liable contractually or extra-contractually”, la

Resolución del NEPR impide el acceso efectivo de los

consumidores a los tribunales, ya que extiende la

exoneración a todo tipo de responsabilidad civil,

contractual o extracontractual. Por lo tanto, es indudable

que el texto de la cláusula impugnada impone una barrera

jurídica que impide el acceso efectivo de los consumidores

a los tribunales, lo cual, en la práctica, equivale a una

inmunidad hacia LUMA.

Ahora bien, con anterioridad hemos expresado que,

salvo disposición expresa de la Asamblea Legislativa que CT-2025-0003 46

éstos se encuentran sujetos a la imposición de

responsabilidad civil extracontractual por sus actos u

omisiones negligentes o culposas. Consejo Cond. Plaza del

Mar v. Jetter, supra, en la pág. 657. De esta manera, la

validez de una inmunidad está sujeta a que la misma haya

sido concedida por el legislador.

Cónsono con lo esbozado, LUMA argumenta que la

limitación de responsabilidad de compañías de servicio

eléctrico que ofrecen servicios esenciales responde a la

delegación de poderes de la Asamblea Legislativa al NEPR

mediante la Ley de Transformación y ALIVIO Energético,

supra. En otras palabras, LUMA asegura que, al amparo de

esta ley, el NEPR ostenta poderes sobre fijación de

tarifas, lo que sin duda, y a su entender, incluye el

mecanismo de limitación de responsabilidad o lo que, a

nuestro juicio, resulta en la inmunidad concedida.

Por su parte, el DACo argumenta que el Negociado

intentó establecer una inmunidad casi absoluta por la vía

contractual y administrativa, sin que hubiese ninguna

intervención de la Legislatura. En su opinión, ello

vulnera el principio constitucional de separación de

poderes, pues es la Asamblea Legislativa la rama de

gobierno con la autoridad para delegar a una agencia

administrativa la facultad de conferirle inmunidad a

entidades privadas como LUMA. CT-2025-0003 47

Por consiguiente, tenemos ante nuestra consideración

una controversia constitucional relacionada estrictamente

a la validez de una cláusula aprobada por el Negociado que

otorga inmunidad a LUMA al liberarle de responsabilidad por

daños relacionados con la operación del sistema eléctrico.

Acotada así la controversia, advertimos que no nos

corresponde en esta etapa adjudicar el efecto, si alguno,

que tendría la invalidez de la cláusula sobre la tarifa

mensual. Aclaramos que, por disposición expresa de ley,

el Negociado es la entidad facultada para autorizar

modificaciones o aumentos en la tarifa eléctrica. Por lo

tanto, corresponde entonces al NEPR determinar si el pago

de indemnizaciones en daños constituye un costo operacional

autorizado para propósitos de revisión de tarifa eléctrica,

y de serlo, de autorizar o rechazar la misma. Por lo tanto,

el referido planteamiento por LUMA y el Negociado no se

atenderá en este recurso por no ser susceptible de

adjudicación en esta etapa.

B

Ahora bien, nos corresponde determinar si el Negociado

puede, al amparo de sus facultades, validar una cláusula

que exime de responsabilidad civil a un concesionario

privado de servicio público esencial, o si dicha concesión

se trata de una prerrogativa exclusiva de la Asamblea

Legislativa. De tratarse de este último escenario, la

ausencia de delegación expresa invalidaría la concesión de CT-2025-0003 48

inmunidad por el Negociado por ser contraria al orden

público y la estructura constitucional de Puerto Rico.

LUMA plantea que el mecanismo regulatorio de

limitación de responsabilidad es la norma en Estados Unidos

y en otras jurisdicciones, y su aprobación se delega a los

reguladores de energía con poderes sobre fijación de

tarifas. De esta forma, sostiene que los tribunales de

Estados Unidos han determinado que las comisiones o

agencias reguladoras de compañías de servicios públicos

poseen autoridad implícita para otorgar relevos de

responsabilidad. Por consiguiente, concluyó que las

limitaciones de responsabilidad forman parte del régimen

normativo aplicable a los servicios públicos y su legalidad

e interpretación obedece a tal normativa y no al derecho

contractual.

Previo a entrar en el análisis pertinente, es

importante aclarar que, distinto a la práctica en Puerto

Rico, en los Estados Unidos el concepto de tarifa en los

servicios públicos comprende un conjunto de reglas,

condiciones y cargos que rigen la relación entre la empresa

de servicio y sus clientes. 64 Am. Jur. 2d Public Utilities

sec. 51 (2025). Además, en el derecho de Estados Unidos,

regido por el common law, las empresas de servicio público

reguladas tienen la obligación de presentar tarifas ante

la comisión de servicio público correspondiente, en las que

consignan tanto los precios del servicio como los términos

y condiciones aplicables a la relación con sus abonados. CT-2025-0003 49

Íd. De este modo, conforme al filed rate doctrine, una vez

dichas tarifas son presentadas y aprobadas por la agencia

administrativa competente bajo el marco legal aplicable,

estas no constituyen meramente un contrato entre las

partes, sino que adquieren la fuerza y efecto de ley. Íd.

Véase, también, Colich & Sons v. Pacific Bell, 198

Cal.App.3d 1225, 1232 (1988). De esta forma, en Estados

Unidos, la función de fijar tarifas es una cuasilegislativa

ejercida por un organismo administrativo facultado por la

legislatura con esa autoridad. 64 Am. Jur. 2d Public

Utilities sec. 58 (2025).

Cabe destacar que esta doctrina no se limita

únicamente a controversias sobre el precio del servicio,

sino que también cubre aspectos no tarifarios, como los

términos y condiciones del suministro, dentro de los cuales

se incluyen las cláusulas de limitación de responsabilidad.

Íd. (citando a Zurich American Insurance Company v.

Southern Connecticut Gas Company, 442 F.Supp.3d 510, 514

(2020)). Así, las cláusulas de limitación de

responsabilidad tienen el propósito de restringir la

responsabilidad de la empresa de servicio frente a

reclamaciones de consumidores por interrupciones, fallas o

irregularidades en la prestación del servicio. Véase John

L. Rudy, Limitation of Liability Clauses in Public Utility CT-2025-0003 50

Tariffs: Is the Rationale for State-Sponsored Indemnity

Still Valid?, 52 Buff. L. Rev. 1379 (2004).7

C

Cónsono con lo anterior, LUMA arguye que, al igual que

en los Estados Unidos, la Asamblea Legislativa delegó al

NEPR, mediante la Ley de Transformación y ALIVIO

Energético, supra, poderes sobre limitación de tarifas que

incluyen el mecanismo de limitación de responsabilidad.

Ello pues, según adujo, es el Negociado quien tiene la

facultad en ley de aprobar tarifas energéticas propuestas

por la AEE y demás compañías de energía en Puerto Rico.

Además, sostuvo que el NEPR tiene la autoridad de

fiscalizar todo tipo de operación, proceso y mandato

relacionado con la eficiencia del sector energético, para

lo cual, sigue modelos de estructura de países europeos y

latinoamericanos y de las comisiones reguladoras de

servicios públicos establecidas en diferentes estados de

Estados Unidos. En específico, LUMA cita el Art. 6.3(rr)

de la referida ley para destacar que las disposiciones de

este estatuto deben ser interpretadas liberalmente, y que

la enumeración de los poderes y autoridades del NEPR no se

interpretarán como que excluyen o impiden cualquier otro

7 Históricamente, las cláusulas de limitación de responsabilidad, conocidas también como indemnity by tariff, surgieron en los Estados Unidos como mecanismo para proteger a las empresas eléctricas de reclamaciones por negligencia ordinaria. Estas cláusulas se incorporaron en las tarifas reguladas por las comisiones de servicios públicos, que controlaban tanto las tarifas como las condiciones del servicio. Su justificación principal era evitar litigios costosos y mantener las tarifas bajas para los consumidores dentro de un sistema de control estatal. Rudy, supra, págs. 1393-1395. CT-2025-0003 51

poder o autoridad de otra manera conferida. 22 LPRA sec.

1054b.

DACo, por su parte, expresó que esta ley no le otorga

al Negociado la autoridad para conferir inmunidad a

entidades privadas, sino que su función regulatoria está

limitada a asegurar el cumplimiento con la política pública

energética y proteger los intereses de los consumidores del

servicio de energía eléctrica mediante la fiscalización de

la operación del sistema eléctrico. Adelantamos que

coincidimos con el DACo respecto a que la Ley de

Transformación y ALIVIO Energético, supra, no tiene ninguna

expresión implícita o expresa del legislador en la cual se

le haya delegado al NEPR la facultad de otorgar inmunidad

a favor de la AEE o de LUMA. Veamos.

Tal y como hemos discutido anteriormente, en nuestro

ordenamiento jurídico existen diferentes supuestos en los

cuales se ha reconocido la inmunidad por razones de orden

público o política pública. Véase Consejo Cond. Plaza del

Mar v. Jetter, supra, en la pág. 656. Sin embargo, hemos

sido en extremo cautelosos al insistir que, salvo

disposición expresa que conceda la inmunidad a un grupo o

sector de la población, debemos entender que éstos se

encuentran sujetos a la imposición de responsabilidad civil

extracontractual por sus actos u omisiones negligentes o

culposos. Íd., en la pág. 657. De este modo, por ejemplo,

se creó por la vía estatutaria: una exención a la

responsabilidad por daños y perjuicios a los patronos bajo CT-2025-0003 52

el Fondo del Seguro del Estado;8 una inmunidad a ciertos

profesionales e instituciones de la salud contra una acción

civil de daños por culpa o negligencia por impericia

profesional;9 entre otros supuestos.

D

En atención al derecho antes expuesto, analizamos las

disposiciones pertinentes de la Ley de Transformación y

ALIVIO Energético, supra, con el fin de identificar si el

legislador confirió expresamente una inmunidad a las

compañías de servicio eléctrico ante acciones de

responsabilidad civil o, si le otorgó al NEPR la facultad

de concederla. El Art. 6.3 del mencionado estatuto provee

un extenso listado de los poderes y deberes del Negociado,

entre los cuales se encuentran: aprobar tarifas justas y

razonables; fiscalizar el cumplimiento de la política

pública energética; emitir reglamentos; ordenar

investigaciones y audiencias; imponer multas por

incumplimiento; y garantizar la protección de los

consumidores. 22 LPRA sec. 1054b. Un examen minucioso del

listado de poderes y deberes del NEPR nos permite concluir

que, en efecto, no hay ninguna disposición que expresamente

delegue facultad al NEPR para otorgar inmunidad o limitar

8 Véase el Art. 18 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 LPRA sec. 21, en el cual establece la inmunidad patronal y la exclusividad del remedio contra cualquier reclamación, siempre y cuando dicha reclamación provenga de una lesión, enfermedad o muerte cubierta por dicha ley. 9 Véase Art. 7 de la Ley Núm. 136 de 27 de julio de 2006, según

enmendada, conocida como la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 10035. CT-2025-0003 53

la responsabilidad de compañías de servicio eléctrico en

el ámbito de la responsabilidad civil.

Destacamos que el inciso (rr) del Art. 6.3 de la citada

ley dispone que “las acciones, reglamentaciones y

determinaciones del NEPR se guiarán por las leyes

aplicables, por el interés público y por el interés de

proteger los derechos de los clientes o consumidores”. 22

LPRA sec. 1054b. Además, el mismo inciso establece que

“[l]as disposiciones de esta Ley serán interpretadas

liberalmente para poder alcanzar sus propósitos y

dondequiera que algún poder específico o autoridad sea dada

al NEPR, la enumeración no se interpretará como que excluye

o impide cualquier otro poder o autoridad de otra manera

conferida a esta”. Íd. Asimismo, el referido inciso aclara

que el NEPR “tendrá, además de los poderes enumerados en

esta Ley, todos los poderes adicionales implícitos e

incidentales que sean apropiados y necesarios para efectuar

y llevar a cabo, desempeñar y ejercitar todos los poderes

antes mencionados y para alcanzar los propósitos de esta

Ley”. Íd.

En cuanto a esto último, aun cuando este inciso

reconoce poderes implícitos e incidentales al Negociado,

precisamos que estos deben interpretarse a la luz de la ley

y del interés público, lo cual incluye la protección de los

derechos de los consumidores y no su restricción. El

enunciado sobre la interpretación liberal de las

disposiciones de la ley, si bien busca ampliar la facultad CT-2025-0003 54

regulatoria del NEPR, no es suficiente para concluir que

se le han conferido poderes para alterar el régimen de

responsabilidad civil que rige nuestro ordenamiento

jurídico. Reiteramos que una interpretación expansiva de

las facultades del NEPR no puede sobrepasar los límites

impuestos por principios fundamentales del derecho civil.

Por lo tanto, concluimos que no hay delegación alguna en

la Ley de Transformación y ALIVIO Energético, supra, que

confiera facultades al NEPR para otorgar una inmunidad o

limitar la responsabilidad civil de las empresas de

energía. Una delegación de tal magnitud evidentemente

requiere una manifestación legislativa clara e inequívoca,

y ello no es el caso en el referido estatuto.

Una corporación pública carece de poder para alterar

el régimen de responsabilidad extracontractual del

ordenamiento civil. Una resolución administrativa no puede

crear de facto inmunidades que la ley no confiere ni

autoriza a conferir. El cliente no es parte del contrato

entre la corporación y el contratista, y el ordenamiento

reconoce la acción directa contra quien causa el daño.

Ahora bien, no debe confundirse la cláusula aquí

examinada con una hold harmless clause típica. Una

cláusula de indemnización o hold harmless es un acuerdo por

el cual una parte asume contractualmente la obligación de

defender, indemnizar o mantener indemne a la otra frente a

reclamaciones de terceros surgidas en la ejecución del

contrato. Su efecto opera exclusivamente entre las partes. CT-2025-0003 55

Es decir, no suprime la acción directa del tercero

perjudicado ni crea una exención sustantiva de

responsabilidad civil. En cambio, una cláusula como la

avalada por el NEPR, que exonera completamente de

responsabilidad extracontractual tanto a PREPA como a LUMA,

no es una mera asignación de riesgo, sino un intento de

establecer por contrato una inmunidad cuasi legislativa.

Reiteramos que esta prerrogativa corresponde

exclusivamente a la Asamblea Legislativa. Por ello, una

resolución administrativa que extingue la habilidad de

terceros de invocar una causa de acción reconocida por ley

viola la doctrina constitucional de separación de poderes.

La separación de poderes “es la salvaguarda que

nuestra Constitución consagra para preservar las libertades

del Pueblo y un sistema democrático de Gobierno”. Domínguez

Castro et al. v. ELA I, 178 DPR 1, 91 (2010). Como bien

indicáramos, “la separación de poderes conlleva un sistema

de contrapesos y de sabia utilización del poder

González Malavé, supra, en las págs. 599-600. En este

caso, resolvemos que, la Ley de Transformación y ALIVIO

Energético, supra, carece de disposición expresa que

autorice al NEPR a otorgar inmunidad o alterar el régimen

de responsabilidad civil, por lo que su actuación carece

de base legal y resulta nula ab initio. CT-2025-0003 56

Al crear un régimen de inmunidad por vía de la

Resolución del NEPR, el Negociado invadió la esfera

exclusiva del poder legislativo, pues solo la Asamblea

Legislativa tiene la prerrogativa constitucional de definir

los supuestos en que procede una exoneración de

responsabilidad. Reiteramos que la facultad de determinar

cuándo y bajo qué condiciones una entidad privada puede

gozar de inmunidad responde a un juicio de política pública

que solo el legislador puede realizar, no una agencia

mediante resolución administrativa. Por consiguiente, el

intento del NEPR de conferir inmunidad a LUMA constituye

una violación directa al principio constitucional de

separación de poderes.

VII

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos

mediante Sentencia Declaratoria que la Sección 4.1(g) del

OMA y la Resolución del NEPR son inconstitucionales por

infrigir la doctrina de separación de poderes, sin

menoscabar el resto del OMA, el cual permanece en vigor.

Además, las reclamaciones instadas por los consumidores

deberán ser atendidas conforme a los procedimientos

establecidos. CT-2025-0003 57

A tenor con lo esbozado, reiteramos que la facultad

de concederle inmunidad a una entidad privada responde a

un juicio de política pública que solamente la Asamblea

Legislativa puede realizar.

Se dictará Sentencia en conformidad.

Raúl A. Candelario López Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

LUMA Energy, LLC.; LUMA Energy ServCo, LLC; Negociado de Energía de Puerto Rico; Autoridad de Energía Eléctrica Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de diciembre de 2025.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, los cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, resolvemos mediante Sentencia Declaratoria que la Sección 4.1(g) del Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement (OMA) y el Resolution and Order emitido por el Negociado de Energía de Puerto Rico el 31 de mayo de 2021 son inconstitucionales por infrigir la doctrina de separación de poderes, sin menoscabar el resto del OMA, el cual permanece en vigor. Además, las reclamaciones instadas por los consumidores deberán ser atendidas conforme a los procedimientos establecidos.

A tenor con lo esbozado, reiteramos que la facultad de concederle inmunidad a una entidad privada responde a un juicio de política pública que solamente la Asamblea Legislativa puede realizar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión de conformidad. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurre sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió una Opinión concurrente a la cual se unió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CT-2025-0003 Certificación LUMA Energy, LLC; LUMA Energy ServCo, LLC; Negociado de Energía de Puerto Rico; Autoridad de Energía Eléctrica

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.

Las fluctuaciones en el voltaje, los relevos de carga

y otras acciones y omisiones han provocado que miles de

consumidores toquen a las puertas de las oficinas

comerciales de LUMA y otros foros para reclamar

multiplicidad de daños. Sin embargo, se han topado con la

barrera del relevo de responsabilidad civil extracontractual

invocado por LUMA. Nos encontramos ante un relevo de

responsabilidad de tal envergadura que impide a los

consumidores reclamar los daños provocados por un servicio

eléctrico interrumpido, irregular o deficiente, como

resultado de fuerza mayor, deterioro preexistente del

sistema, actos de sabotaje o negligencia ordinaria. CT-2025-0003 2

Estoy conforme con que este Tribunal no se haya relevado

de su responsabilidad y procediera a declararlo nulo. Me

explico.

Principalmente, son dos los asuntos apremiantes que a

este Tribunal le corresponde resolver: (1) si el

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo o parte

peticionaria) tiene legitimación activa para impugnar la

constitucionalidad de un relevo de responsabilidad civil

extracontractual concedido por el Negociado de Energía de

Puerto Rico (NEPR o Negociado) en los términos del servicio

eléctrico a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a LUMA

Energy, LLC y LUMA Energy ServCo, LLC (en conjunto, LUMA),

incluido en el Libro de Tarifas de la AEE, por actos

negligentes en la operación y mantenimiento del sistema de

transmisión y distribución de la energía que causen daños a

los consumidores; y (2) si ese relevo de responsabilidad

civil extracontractual es nulo.

LUMA rechaza que el DACo tenga legitimación y que el

relevo de responsabilidad civil extracontractual sea

inválido. A esa posición, se une el NEPR. El DACo, por su

parte, responde en la afirmativa y, a su favor, intervienen

el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico y el

(ICSE).

En vista del análisis subsiguiente, también respondo

afirmativamente a ambas controversias. En primer orden, el CT-2025-0003 3

DACo tiene legitimación activa para solicitar la declaración

de invalidez del relevo de responsabilidad concedido por el

NEPR en una Resolution and order del 31 de mayo de 2021 en

el caso NEPR-MI-2021-0007. En segundo orden, el relevo es

nulo. Veamos.

I Los hechos procesales de este caso están reseñados en

la Opinión de este Tribunal y, por ello, omito reproducirlos

en esta Opinión de conformidad.

A. La legitimación activa es una de las doctrinas de

autolimitación judicial que se ha desarrollado en virtud del

principio de la justiciabilidad. Mediante su creación por

vía jurisprudencial, se ha procurado que un pleito se tramite

a nombre de la persona que por ley tenga el derecho que se

reclama. En el pasado he subrayado el origen judicial de

esta norma y, por ello, he recalcado que su aplicación

responde a la prudencia en la intervención en controversias

particulares. En ese respecto, también he resaltado que

nuestra Constitución carece del requisito de caso o

controversia y he exhortado a tomar en cuenta las diferencias

textuales, estructurales, históricas y funcionales de

nuestro ordenamiento jurídico frente al federal. Véase B.

Billboard BG v. Out of Home Media, 213 DPR 1076, 1082 (2024)

(Voto particular disidente del Juez Asociado señor Estrella

Martínez); Amadeo Ocasio et al. v. Gobernador et al., 211 CT-2025-0003 4

DPR 278, 320 (2023) (Opinión de conformidad del Juez Asociado

señor Estrella Martínez).

Recordemos, entonces, que existen dos (2) vertientes de

la legitimación activa. Por un lado, la tradicional u

ordinaria, aquella que requiere que un demandante demuestre

que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño es

real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3)

existe una relación causal razonable entre la acción que se

ejercita y el daño alegado; y (4) la causa de acción surge

al palio de la Constitución o de alguna ley. Fund. Surfrider

y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 572 (2010); Hernández Torres

v. Gobernador, 129 DPR 824, 836 (1992); Hernández Agosto v.

Romero Barceló, 112 DPR 407, 414 (1982).

Por el otro lado, la legitimación estatutaria es

aquella que se le concede a una persona o parte por

autorización de una ley, independientemente de si sufrió o

no un daño claro, palpable o particularizado. Com. de la

Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 723-724 (1980);

Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 DPR 716, 720 (1974).

Como norma general, hemos pautado que, en ausencia de

un estatuto que expresamente confiera legitimación activa a

ciertas personas, corresponde acudir a los elementos de la

legitimación activa ordinaria. Hernández Torres v.

Gobernador, supra, pág. 835.

A la luz de lo anterior, un análisis sosegado del

Derecho aplicable arroja que el DACo tiene legitimación

estatutaria en virtud de su ley habilitadora. Veamos. CT-2025-0003 5

El Art. 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según

enmendada, también conocida como la Ley Orgánica del

Departamento de Asuntos del Consumidor (Ley Orgánica del

DACo), 3 LPRA sec. 341e, delineó los deberes y facultades

que la Secretaria del DACo tendrá “en adición a los poderes

y facultades transferidos” por el resto del estatuto. En lo

pertinente, el inciso (e) del citado artículo faculta a la

Secretaria a “[r]epresentar al público consumidor ante

consumidor”. Íd. Similarmente, el inciso (f) dispone el

poder de:

[c]omparecer por y en representación de los consumidores ante cualquier tribunal, junta o comisión, organismo administrativo, departamento, oficina o agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o del gobierno de los Estados Unidos en cualquier vista, procedimiento o asunto que afecte o pueda afectar los intereses del consumidor en general, de grupos de consumidores o de cualquier consumidor en particular. Íd.

De esta forma, diáfanamente y sin ambages, el Art. 6 de la

Ley Orgánica del DACo, supra, le concede legitimación

estatutaria al DACo para reclamar en nombre de los

consumidores en cualquier procedimiento ante cualquier foro

que afecte o pueda afectar los intereses de estos.

En oposición, LUMA plantea que la legitimación

estatutaria para reclamar en representación del consumidor-

cliente del sistema eléctrico- la ostenta exclusivamente la

Oficina Independiente de Asuntos del Consumidor (OIPC). En

la alternativa, argumenta que, aun si se reconociera lo CT-2025-0003 6

contrario, el DACo no probó la existencia de un daño claro,

real y palpable, requisito mayormente vinculado con la

legitimación activa tradicional. No le asiste la razón.

Como esbocé, el Art. 6 de la Ley Orgánica del DACo,

supra, no limita el ámbito de acción del DACo en

representación de los consumidores. Al contrario, el

estatuto es amplio al concederle legitimación estatutaria a

la agencia. Según mencioné anteriormente, esa facultad de

representación alcanza cualquier procedimiento ante

cualquier foro o asunto que afecte los intereses de tan solo

un consumidor. Es decir, allí en donde tan solo un consumidor

se vea o pueda verse afectado, el DACo podrá acudir en

representación de sus intereses.

Visto de ese modo, no convencen los argumentos de LUMA

en cuanto a que la OIPC ostenta exclusivamente la

legitimación para reclamar lo que DACo postula. A diferencia

del DACo, la OIPC fue creada por el Art. 6.40 de la Ley Núm.

57-2014, según enmendada, también conocida como la Ley de

Transformación y ALIVIO Energético (Ley Núm. 57-2014), 22

LPRA sec. 1054nn, para asistir, representar y defender a los

clientes del servicio bajo la jurisdicción de la Junta

Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico. Según la

Exposición de motivos de esa ley, la OIPC tiene la función

del servicio energético ante la AEE y la Comisión de Energía

-ahora NEPR–, incluyendo disputas sobre facturas, así como CT-2025-0003 7

el deber de coordinar la participación ciudadana activa en

el proceso interno de revisión de tarifas de la AEE y el

Negociado.

En lo pertinente, el Art. 6.42 de la Ley Núm. 57-2014,

22 LPRA sec. 1054qq, enumera el poder de representación de

la OIPC ante los tribunales de Puerto Rico y los Estados

Unidos. En específico, establece que la OIPC podrá:

(i) Participar o comparecer como parte peticionaria o como parte interventora en cualquier acción ante el Tribunal General de Justicia o ante los tribunales de la jurisdicción federal, relacionada con tarifas, facturas, política pública o a cualquier otro asunto que pueda afectar a los clientes de servicio eléctrico, telecomunicaciones y transporte;

De esa forma, dispone de una facultad de representación

similar a la del DACo, limitada a los consumidores del

servicio eléctrico, pero no excluyente de la legitimación

amplia que la Ley Orgánica del DACo le concede al DACo para

representar a cualquier consumidor. Nada en la Ley Núm. 57-

2014, supra, conduce a concluir que la facultad concedida a

la OIPC y la legitimación conferida al DACo son mutuamente

excluyentes. La mera existencia de una ley que otorga una

facultad de representación más general, como la Ley Orgánica

del DACo, supra, frente a un estatuto que permite una de

carácter más específico, como la Ley Núm. 57-2014, supra, no

activa automáticamente la doctrina de que una disposición

jurídica especial prevalece sobre una general. Para que ello

ocurra, se requiere que exista un choque o una contradicción

entre las normas involucradas. Guardiola Álvarez v. Depto. CT-2025-0003 8

de la Familia, 175 DPR 668, 678 (2009); A.I.I.Co. v. San

Miguel, 161 DPR 589, 597-598 (2004); Córdova & Simonpietri

v. Crown American, 112 DPR 797, 800 (1982); Ex parte Ramos,

53 DPR 374 (1938); J.M. Farinacci Fernós, Hermenéutica

puertorriqueña. Cánones de interpretación jurídica, 1ª ed.,

San Juan, Ed. Interjuris, 2019, pág. 47.

Como vemos, este no es el caso de las dos (2) agencias

concernidas en este tema. Por el contrario, en esta ocasión

coexisten dos (2) concesiones de legitimación activa para

reclamar en favor del consumidor. Y más, cuando, en virtud

del interés público impulsado tanto por la Ley Orgánica del

DACo, supra, como por la Ley Núm. 57-2014, supra, no existe

espacio para una interpretación restrictiva del poder de

representación que lo limite exclusivamente a la OIPC en los

asuntos relacionados con los consumidores del servicio

eléctrico.

A la luz de lo anterior, ante un estatuto que

expresamente le confiere legitimación al DACo, tampoco hace

falta acudir a los elementos tradicionales del daño de la

Gobernador, supra. Al contrario, una lectura de los incisos

(e) y (f) del Art. 6 de la Ley Orgánica del DACo, supra,

demuestra un estándar mínimo –que el consumidor en general,

un grupo de consumidores o, incluso, un solo consumidor se

afecte o se pueda ver afectado –para que el DACo pueda

ejercer su facultad estatutaria de representación.

Precisamente, el instar una reclamación en pro de los CT-2025-0003 9

consumidores para que se reconozca la invalidez de un relevo

de responsabilidad, que le privaría del derecho a reclamar

por los daños causados por la culpa o negligencia de un

proveedor de servicio eléctrico, constituye un ejercicio

legítimo de esa legitimación reconocida al DACo en su ley

orgánica.

A tales efectos, al analizar el estatuto que le otorga

legitimación activa al DACo, concluyo que no es requerido

que los consumidores, ni la agencia en representación de

estos, cumpla con probar un daño claro y palpable, como se

requiere en la legitimación activa ordinaria.

Todavía más, la denegación de querellas por daños

causados por la presunta negligencia de LUMA, en virtud de

un relevo de responsabilidad inválido, representa un daño

real y palpable que los consumidores ya han experimentado o

un daño inminente que podrían sufrir. De este modo, el DACo

tendría legitimación aun si se le exigiera cumplir con el

requisito de daño, conforme al estándar propio de la

legitimación activa tradicional.

Ahora bien, lo anterior no es óbice para autorizar la

intervención de la OIPC en este pleito. Por el contrario,

esa acción es cónsona con el reclamo principal de ambas

entidades a favor de los consumidores. Sabido es que la

intervención es un vehículo procesal de utilidad y uso común

en los tribunales, el cual no es fuente de derechos

sustantivos ni establece una causa de acción. IG Builders et

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 320 (2012). Mediante este CT-2025-0003 10

mecanismo, se permite que un tercero comparezca en una acción

judicial previamente instada y presente una reclamación o

una defensa, convirtiéndose en parte para esos fines. Íd.,

págs. 320-321, citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de

derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., T.

II, 2011, pág. 779. Su uso debe procurar un balance entre la

economía procesal y la necesidad de que los casos concluyan

dentro de un tiempo razonable. Íd., pág. 321. Por todo ello,

al evaluar una solicitud de intervención debe aplicarse un

análisis pragmático. Íd. En específico, se debe considerar

si existe un interés que amerite protección y si ese interés

se vería afectado, como cuestión práctica, por la ausencia

del interventor en el caso. Íd., citando a S.L.G. Ortiz-

Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 80 (2011); véase

también Chase Manhattan Bank v. Nesglo, Inc., 111 DPR 767,

770 (1981).

En este caso, tanto el DACo como la OIPC persiguen

proteger a los consumidores y, por ello, ejercen válidamente

facultades en defensa del interés público. Por tal razón, el

interés del consumidor, el cual amerita protección, se ve

aún más robustecido por la intervención de la OIPC.

B.

Además del cuestionamiento sobre la legitimación activa

del DACo para presentar la acción de epígrafe, LUMA también

argumenta que la Autoridad para las Alianzas Público

Privadas (AAPP) es una parte indispensable cuya ausencia

incide sobre nuestra jurisdicción para adjudicar la CT-2025-0003 11

controversia. A su juicio, la presencia de la AAPP es

indispensable porque el DACo solicita la declaración de

nulidad de una cláusula contractual del Puerto Rico

Maintenance Agreement (O&M Agreement), al que esa entidad

compareció como parte administradora con funciones de

supervisión. En ese sentido, planteó que esa entidad tiene

un interés en el pleito que se vería afectado inmediatamente

por una declaración de nulidad. Igualmente, resaltó que la

declaración de nulidad del relevo de responsabilidad sería

un cambio de ley regulatoria que, en virtud del O&M

Agreement, podría constituir una modificación materialmente

adversa a LUMA que, a su vez, se podría interpretar como un

evento de incumplimiento que dé lugar a la terminación del

contrato.

En cambio, para el DACo, la AAPP no es una parte

indispensable porque, aunque firmó el O&M Agreement, ese

contrato no está en controversia en el presente pleito y,

además, esa entidad únicamente se obligó a presentar el

relevo de responsabilidad al Negociado, siendo este último

quien lo otorgó a LUMA. También, arguyó que, si algo, la

AAPP podría ser considerada parte interesada, mas no

indispensable. Por último, esbozó que la ausencia de la AAPP

no impide la adjudicación válida de la controversia ni vicia

el remedio declaratorio solicitado.

En nuestro ordenamiento, la Regla 16.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que “[l]as personas que tengan CT-2025-0003 12

un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la

controversia, se harán partes y se acumularán como

demandantes o demandadas, según corresponda”. La idea es

que, sin una parte indispensable, no se puede proseguir

porque, ante su ausencia, los asuntos litigiosos no se pueden

adjudicar correctamente, pues sus derechos quedarían

afectados. López García v. López García, 200 DPR 50, 63

(2018). De ordinario, para que aplique esta norma, la parte

ausente debe tener un interés común en el pleito que sea

real, inmediato y de tal magnitud que su presencia se torne

en un requisito indispensable para impartir justicia

completa entre las partes o impida la confección de un

decreto sin afectarlo. Íd., citando a R. Hernández Colón,

Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil,

6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 1202, pág.

166. Por eso, también hemos pautado que el interés necesario

no puede tratarse de meras especulaciones o de un interés

futuro. Íd., pág. 64.

Ahora bien, hemos rechazado aplicar una fórmula rígida

para determinar la aplicación de esta norma. Por el

contrario, su interpretación debe seguir un enfoque

pragmático en el que se evalúe cada caso a la luz de las

circunstancias particulares que se presenten. Íd. En esa

vía, hemos destacado que se debe examinar el tiempo, el

lugar, el modo, las alegaciones, la prueba, la clase de

derechos, los intereses en conflicto, el resultado y la

formalidad. Íd., págs. 64-65, citando a J.A. Cuevas Segarra, CT-2025-0003 13

op.cit., pág. 695. En fin, lo esencial es descifrar “si el

tribunal puede hacer justicia y conceder un remedio final y

completo a las partes presentes sin afectar los intereses de

la parte ausente”. Íd., pág. 65.

En este contexto, cabe recordar que la razón de ser de

la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, es proteger el

debido proceso de ley de las personas ausentes, así como

resguardar contra los efectos que implicaría una sentencia

y evitar la multiplicidad de pleitos. Íd., págs. 65-66. Por

tratarse de una violación del debido proceso de ley, la falta

de parte indispensable es un fundamento para relevar los

efectos de una sentencia y también está disponible como

defensa afirmativa irrenunciable que puede presentarse en

cualquier momento. Íd.

Por todo ello, no considero que la AAPP sea una parte

indispensable que impida la atención de este recurso de

certificación, especialmente cuando lo que se solicita es

una sentencia declaratoria en virtud de la Regla 59.1 de

Procedimiento Civil, supra. Contrario a lo esbozado por

LUMA, este pleito versa sobre la declaración de nulidad de

la concesión otorgada por el Negociado del relevo de

responsabilidad civil, contenido en la Resolution and order

del 31 de mayo de 2021 en el caso NEPR-MI-2021-0007. La

Sección 4.1(g) del O&M Agreement concierne únicamente a la

obligación de las partes contratantes –la AEE, la AAPP y

LUMA– de someter cierto lenguaje de relevo de

responsabilidad a la consideración del Negociado. Para CT-2025-0003 14

efectos prácticos, esa cláusula contractual no está en

controversia. De la misma manera, tampoco está en

controversia la posibilidad de modificación material que

contempla el Artículo 14 del O&M Agreement. De este modo,

sostengo que el DACo acumuló a las partes cuya presencia es

indispensable por el interés que poseen en el litigio: la

AEE, el NEPR y LUMA.

A.

El principio de la separación de poderes es una doctrina

fundamental del sistema político en los Estados Unidos y en

Puerto Rico. La Constitución de los Estados Unidos incorpora

este principio de forma implícita. Trump v. United States,

603 US 593, 637-638 (2024); Sheila Law LLC v. Consumer

Financial Protection Bureau, 591 US 197, 227 (2020).

Mientras, la Constitución de Puerto Rico lo consagra

expresamente. Art. 1, Sec. 2, Const. PR, LPRA, Tomo 1; Dalmau

Ramírez et al. v. ELA et al., 214 DPR 841, 855 (2024); Senado

v. Tribunal Supremo y otros, 208 DPR 115, 135 (2021); Clase

A, B y C v. PRTC, 183 DPR 666, 681 (2011); Colón Cortés v.

Pesquera, 150 DPR 724, 754 (2000).

Al separarse los poderes, se busca principalmente

proteger la libertad de los individuos frente a una peligrosa

acumulación del poder en una sola persona o entidad. Collins

v. Yellen, 594 US 220, 245 (2021); Clase A, B y C v. PRTC,

supra. Asimismo, se persigue promover el más eficiente

funcionamiento del sistema. Clase A, B y C v. PRTC, supra, CT-2025-0003 15

citando a Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 405, 426-427

(1990). Esto último se logra especialmente al delinear los

contornos de los poderes de las ramas del gobierno. Íd.;

Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 878 (2014)

(Opinión disidente del Juez Asociado señor Estrella

Martínez).

En virtud de este principio, el poder político se divide

en tres ramas –la legislativa, la ejecutiva y la judicial–

con responsabilidades y ámbitos de acción definidos para

garantizar la independencia de cada una. Dalmau Ramírez et

al. v. ELA et al., supra, págs. 855-856. En esa distribución

del poder, también se instituye un régimen de pesos y

contrapesos (checks and balances) para evitar que las

acciones de una invadan o usurpen el campo de acción de otra.

Íd., pág. 856; AAR, Ex parte, 187 DPR 835, 852-853 (2013);

Colón Cortés v. Pesquera, supra, pág. 752; Sinking Fund

Cases, 99 US 700, 718 (1878). Así, esta separación se

violenta cuando una rama invade el territorio de otra,

independientemente de si la rama afectada está de acuerdo o

no con la intromisión. Free Enterprise Fund v. Public Co.

Accounting Oversight Bd., 561 US 477, 497 (2010); New York

v. U.S., 505 US 144, 182 (1992).

De esta forma, la separación no es total, pues existe

cierta interdependencia entre las tres ramas porque,

precisamente, el propósito de la separación de poderes es

generar un equilibrio dinámico entre estos poderes de igual CT-2025-0003 16

rango. Nieves Huertas et al. v. ELA I, 189 DPR 611, 619

(2013); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 89 (1998).

Cada rama desempeña una función propia, soberana e

independiente, pero para hacerlo debe interrelacionarse y

colaborar con las otras, mientras mantiene íntegra su

autoridad. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1,

91 (2010). Y es que, a grandes rasgos, la ley es creada por

el poder legislativo, cumplida por el poder ejecutivo e

interpretada por el poder judicial. Patchak v. Zinke, 583 US

244, 249 (2018), citando a Massachusetts v. Mellon, 262 US

447, 488 (1923); Banco Popular, Liquidador v. Corte, 63 DPR

66, 70 (1944). No obstante, dentro de esa distribución

también existen múltiples normas para delimitar el campo de

acción de cada rama.

A nivel del más alto foro federal, al analizar la

separación de poderes se han desarrollado dos (2)

principios: (1) la doctrina de la delegación o no delegación

(nondelegation doctrine) y (2) la doctrina de las cuestiones

principales (major questions doctrine).

En primer orden, el principio de la delegación impide

que el Congreso descargue sus poderes legislativos o su

capacidad de hacer las leyes en otra rama o entidad. Loving

v. United States, 517 US 748, 758 (1996). Sin embargo, ello

no implica que el Congreso no pueda delegar cierta autoridad

para ejecutar las leyes en conformidad con el estatuto. Íd.;

Field v. Clark, 143 US 649, 693-694 (1892). En ese sentido, CT-2025-0003 17

se ha requerido que, para que una delegación del poder

legislativo sea válida, el Congreso plasme, mediante ley, un

principio inteligible (intelligible principle) para obligar

a la entidad autorizada en la ejecución del poder que se le

delegó. Gundy v. United States, 588 US 128, 135 (2019);

Mistretta v. United States, 488 US 361, 372 (1989), citando

a J.W. Hampton, Jr., & Co. v. U.S., 276 US 394, 409 (1928).

Esto es, que se incluya una política general a seguir, así

como límites a la autoridad. Íd., págs. 145-146.

En segundo orden, la doctrina de cuestiones principales

es empleada cuando se presentan casos extraordinarios en los

que una agencia reclama tener una autoridad de tal historia

y amplitud, o de vasta importancia económica y política, que

surge duda de si el poder legislativo tuvo la intención de

conferirla. West Virginia v. Environmental Protection

Agency, 597 US 697, 721 (2022), citando a Food and Drug

Admin. v. Brown & Williamson Tobacco Corp., 529 US 120, 159-

160 (2000). En estos casos extraordinarios, el más alto foro

federal ha reiterado que la separación de poderes y el

entendimiento práctico de la intención legislativa impiden

descifrar que existe una presunta delegación en un texto

estatutario ambiguo. Íd., pág. 723. Por eso, aplica un

escrutinio intensificado (heightened scrutiny). 3 Rich,

Modern Constitutional Law Sec. 38:6 (Supl. 2025). En tales

situaciones, se requiere más que una base meramente

plausible que sirva para concluir que una acción de la

agencia es necesaria; es imperativo que se provea una CT-2025-0003 18

autorización clara del Congreso para ejercer el poder que se

alega tener. West Virginia v. Environmental Protection

Agency, supra, pág. 721.

Mientras tanto, en Puerto Rico también hemos analizado

en extenso la separación de poderes.

A grandes rasgos, hemos rechazado adoptar una noción

rígida de la doctrina de separación de poderes y, en su

lugar, hemos optado por un criterio flexible y pragmático.

Misión Ind. P.R. v. J.P., supra; Banco Popular, Liquidador

v. Corte, supra. También, hemos hecho eco de la doctrina de

la delegación de poderes según su acepción federal. Sánchez

et al. v. Depto. de Vivienda et al., 184 DPR 95, 119-120 y

122 (2011). Así, la Asamblea Legislativa no puede delegar

poderes arbitrarios e ilimitados a los organismos

administrativos, pues siempre tiene que incluir en la ley

normas suficientes y adecuadas que sirvan de guía y limiten

el uso de la facultad delegada, independientemente sea de

promulgación de reglamentos o de resolver controversias

según hechos concretos. López v. Junta de Planificación, 80

DPR 646, 661 (1958). Asimismo, para adjudicar controversias

que requieren un pronunciamiento sobre la aplicación de la

separación de poderes, nos corresponde: (1) dilucidar si, en

la operación real del sistema y en el contexto histórico

específico, el poder delegado tiende a desembocar en una

concentración de poder indebida en una de las ramas o en una

disminución indeseable de la independencia incompatible con CT-2025-0003 19

el ordenamiento político de nuestra Constitución; (2)

distinguir entre las facultades que integran la entraña

misma del sistema y aquellos poderes trasladables por

razones de peso; y (3) delimitar los contornos de los poderes

públicos para evitar la concentración indebida de poderes y

promover el más eficiente funcionamiento del sistema.

Nogueras v. Hernández Colón, supra. (Citas omitidas).

Para las agencias del Poder Ejecutivo, la ley,

especialmente la habilitadora, es su fuente de poder.

Raimundi v. Productora, 162 DPR 215, 225 (2004). De ahí que

una agencia administrativa no pueda asumir jurisdicción

sobre una situación cuando no está autorizada por ley. Íd.

Tampoco hay espacio para sustituir la ley por la necesidad,

la utilidad o la conveniencia. Íd. Por ello, ante dudas sobre

la existencia de un poder reclamado, debemos resolver en

contra de su ejercicio. Íd. Esto, pues, las agencias

administrativas “solo tienen los poderes otorgados

expresamente por su ley habilitadora y aquellos que sean

indispensables para llevar a cabo los [poderes] conferidos”.

(Bastardillas en el original). Íd., pág. 224.

De igual manera, la delegación de un poder a las

agencias administrativas por parte de la Asamblea

Legislativa será válida cuando se establezcan normas

adecuadas o un principio inteligible que encauce las

determinaciones de esa entidad. Sánchez et al. v. Depto. de

Vivienda et al., supra, pág. 122. Por eso, nuestro dictamen

al respecto dependerá de un análisis caso a caso en el que CT-2025-0003 20

se evalúe la delegación conferida y los criterios que fijó

la Asamblea Legislativa. Íd.

Ahora bien, en Col. Médicos et als. v. Com. Seguros et

al., 201 DPR 362 (2018), fuimos más exigentes en cuanto a la

delegación de poderes a las agencias administrativas. Véase

también J.M. Farinacci, Divergencias entre la doctrina

federal y puertorriqueña en el derecho administrativo, 92

Rev. Jur. UPR 187, 203-204 (2023). En esa ocasión, reiteramos

que las agencias administrativas solamente pueden ejercer

los poderes que la ley habilitadora expresamente les ha

otorgado y que sean indispensables para llevar a cabo su

encomienda primordial. Col. Médicos et als. v. Com. Seguros

et al., supra, pág. 372. Por eso, una agencia no puede asumir

jurisdicción sobre una actividad, materia o conducta cuando

no está claramente autorizada por ley. Íd.; Ayala Hernández

v. Consejo Titulares, 190 DPR 547 (2014). Además, las

agencias deben arribar a sus conclusiones sin apartarse de

la ley habilitadora, incluso cuando persigan un presunto

propósito legítimo. Íd. Toda actuación que no obedezca el

poder conferido mediante legislación es ultra vires y, por

lo tanto, nula. Íd. A la misma vez, pautamos que los

criterios amplios y generales que servirán de guía para las

agencias podrán surgir del historial legislativo. Íd., págs.

372-373. Cónsono con ello, hemos matizado que las leyes

habilitadoras deben ser interpretadas de manera consistente

con la intención legislativa, la política pública y el

interés social que la inspira. Íd., pág. 373. CT-2025-0003 21

C.

Ahora bien, no podemos desentender este asunto del

Derecho Administrativo respecto al análisis del campo de

acción de las agencias administrativas.

Por virtud jurisprudencial, los tribunales estamos

llamados a otorgarle una amplia deferencia a las decisiones

de las agencias administrativas, dada la experiencia y

pericia que estas poseen para atender los asuntos bajo su

tutela. Vázquez et al. v. DACo, 2025 TSPR 56, 216 DPR ___

(2025); Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 819 (2021).

Sin embargo, esta deferencia no es absoluta, pues no “podemos

imprimirle un sello de corrección, so pretexto de

deferencia, a las determinaciones o interpretaciones

administrativas irrazonables, ilegales o contrarias de

derecho”. Super Asphalt v. AFI y otro, supra.

Esto, a su vez, complementa la Sec. 4.5 de la Ley Núm.

38-2017, según enmendada, también conocida como la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico, 3 LPRA sec. 9675m, en cuanto establece que los

tribunales sostendrán las determinaciones de hechos de las

agencias si se basan en evidencia sustancial, mientras que

las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus

aspectos.

A la luz de todo ello, la referida deferencia debe ceder

cuando una agencia: (1) emitió una determinación sin base en

evidencia sustancial; (2) erró al aplicar una ley o un

reglamento; (3) actuó de forma arbitraria, irrazonable o CT-2025-0003 22

ilegal; (4) tomó una determinación carente de base racional;

y (5) actuó de manera que lesionó derechos constitucionales

fundamentales. Super Asphalt v. AFI y otro, supra, citando

a Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 628 (2016).

Entretanto, recientemente, en Vázquez et al. v. DACo,

supra, abordamos la decisión del Tribunal Supremo federal en

Loper Bright Enterprises v. Raimondo, 603 US 369 (2024), y

decidimos que “tal y como resolvió el máximo foro federal,

los tribunales deben ejercer un juicio independiente al

decidir si una agencia ha actuado dentro del marco de sus

facultades estatutarias”. Vázquez et al. v. DACo, supra. Al

respecto, expresamos:

Hoy hacemos eco a las palabras del foro federal y concluimos que la interpretación de la ley es una tarea que corresponde inherentemente a los tribunales. Así, enfatizamos la necesidad de que los foros judiciales, en el ejercicio de su función revisora, actúen con el rigor que prescribe la LPAU, supra. Como corolario, al enfrentarse a un recurso de revisión judicial proveniente de una agencia administrativa, será el deber de los tribunales revisar las conclusiones de derecho en todos sus aspectos. No guiados por la deferencia automática […] sino que por los mecanismos interpretativos propios del Poder Judicial. Íd.

En esa ocasión, reconocí la utilidad analógica de la

doctrina federal establecida en Loper Bright Enterprises v.

Raimondo para evitar que los tribunales incurramos en una

deferencia excesiva y desproporcional en áreas que las

agencias no tienen un conocimiento especializado. Íd.

(Opinión de conformidad del Juez Asociado señor Estrella

Martínez). Asimismo, rechacé la adopción de una postura de CT-2025-0003 23

deferencia autómata y a ciegas hacia una determinación de

una agencia. Íd.

En esencia, el Tribunal Supremo federal en Loper Bright

Enterprises v. Raimondo, supra, pautó que los tribunales no

tienen que brindar deferencia a la interpretación de una ley

que realice una agencia administrativa simplemente porque el

estatuto es ambiguo. De esa forma, quedó revocada la norma

de dos (2) pasos de Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources

Defense Council, Inc., 467 US 837 (1984), la cual requería

que los tribunales otorgaran deferencia a las

interpretaciones permisibles de las agencias, incluso cuando

el tribunal entendiera el estatuto de forma distinta. Loper

Bright Enterprises v. Raimondo, supra, pág. 378.

Según la norma revocada, primero, el tribunal debía

auscultar si el Congreso se había expresado directamente

sobre la controversia específica en cuestión. Íd., pág. 379.

Segundo, si la intención legislativa no estaba clara y, por

ende, el estatuto guardaba silencio o era ambiguo en cuanto

al asunto, entonces le correspondía al tribunal brindarle

deferencia a la interpretación de la agencia cuando

estuviese basada en una lectura permisible del estatuto.

Íd., págs. 379-380.

Tras Loper Bright Enterprises v. Raimondo, los

tribunales deben ejercer un juicio independiente para

descifrar si una agencia actuó dentro de la autoridad

estatutaria. Íd., pág. 412. Según delineó el Tribunal

Supremo federal, esa tarea puede ser informada por el juicio CT-2025-0003 24

del Poder Ejecutivo. Íd., págs. 412-413. Igualmente, cuando

una ley delegue la autoridad a una agencia en conformidad

con los límites constitucionales, los tribunales deberán

respetarla y asegurarse de que la agencia actúe dentro de

ella. Íd., pág. 413.

Ello no significa que las impresiones de las agencias

deben descartarse de plano. Al decidirse Loper Bright

Enterprises v. Raimondo, también se citó favorablemente a

Skidmore v. Swift & Co., 323 US 134 (1944). En aquella

ocasión, el más alto foro federal consideró que las

determinaciones, interpretaciones y opiniones de una agencia

representan un conjunto de experiencias y criterios

fundamentados a los cuales los tribunales y los litigantes

pueden acudir como guía. Skidmore v. Swift & Co., supra,

pág. 140. Para definir cuánto peso otorgarles a esos

criterios agenciales, pautó lo siguiente:

The weight of such a judgment in a particular case will depend upon the thoroughness evident in its consideration, the validity of its reasoning, its consistency with earlier and later pronouncements, and all those factors which give it power to persuade, if lacking power to control. Íd.

D.

Como bien sugiere la jurisprudencia citada, cuando

estamos ante una agencia administrativa que afirma poseer un

determinado poder, nos corresponde examinar los estatutos

aplicables a la delegación reclamada.

En este caso, son dos (2) las leyes más importantes

para la evaluación del poder delegado o no delegado al NEPR. CT-2025-0003 25

La primera, la Ley Núm. 57-2014, supra, creó el Negociado y

delimitó sus poderes, deberes y jurisdicción. La segunda, la

Ley Núm. 120-2018, según enmendada, también conocida como la

Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico

(Ley Núm. 120-2018), 22 LPRA sec. 1111 et seq., edificó el

marco legal necesario para la privatización del sistema de

transmisión y distribución de energía, el cual previamente

estaba en manos de la AEE.

En primer orden, y en lo pertinente, el Art. 6.3 de la

Ley Núm. 57-2014, 22 LPRA sec. 1054b, instituye los poderes

y deberes del NEPR, entre los cuales se encuentran los

siguientes:

(a) Fiscalizar y asegurar la cabal ejecución e implementación de la política pública sobre el servicio eléctrico en Puerto Rico;

(b) Establecer mediante reglamento las normas de política pública en relación con las compañías de servicio eléctrico, así como toda transacción, acción u omisión que incida sobre la red eléctrica y la infraestructura eléctrica en Puerto Rico, e implementar dichas normas de política pública. Estos reglamentos deberán ser cónsonos con la política pública energética declarada por vía de legislación;

(c) Establecer e implementar los reglamentos y las acciones regulatorias necesarias para garantizar la capacidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia y razonabilidad en tarifas del sistema eléctrico de Puerto Rico y establecer las guías, estándares, prácticas y procesos a seguir para los procesos para la compra de energía, la modernización de plantas o instalaciones generadoras de energía, disponiéndose que todo contrato de compraventa de energía deberá cumplir con los estándares, términos y condiciones establecidos por el NEPR de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Política Pública Energética y esta Ley. CT-2025-0003 26

(d)Fiscalizar la calidad, eficiencia y confiabilidad del servicio eléctrico provisto por cualquier compañía de energía certificada en Puerto Rico para garantizar una red robusta que atienda las necesidades de la isla;

(f)Formular e implementar estrategias para lograr los objetivos de esta Ley, incluyendo, pero sin limitarse a, lograr la meta de reducir y estabilizar los costos energéticos permanentemente, controlar la volatilidad del precio de la electricidad en Puerto Rico, el establecimiento de programas de respuesta a la demanda, los estándares de la Cartera de Energía Renovable y eficiencia energética, promover el almacenamiento de energía e integración de generación distribuida, entre otros. En el ejercicio de sus poderes y facultades, el Negociado de Energía, requerirá que los precios en todo contrato de compraventa de energía, toda tarifa de trasbordo y todo cargo de interconexión eléctrica sean justos y razonables, cónsonos con el interés público y cumplan con los parámetros que establezca el Negociado vía reglamento;

(n) Aprobar, revisar y, según fuere aplicable, modificar las tarifas o cargos que cobren las compañías de servicio eléctrico o el Contratante de la red de transmisión y distribución en Puerto Rico por cualquier asunto directa o indirectamente relacionado con la prestación del servicio eléctrico;

(p) Asegurar que los poderes y facultades que ejerza el NEPR sobre la Autoridad, su sucesora, el Contratante de la red de transmisión y distribución, las compañías de energía y cualquier persona natural o jurídica que se haya beneficiado o pueda beneficiarse del sistema eléctrico de Puerto Rico, incluyendo lo relacionado con la aprobación o revisión de las tarifas garanticen el pago de la deuda de la Autoridad con los bonistas;

(rr) Revisar decisiones finales de las compañías de energía con respecto a querellas y solicitudes CT-2025-0003 27

de investigación de sus clientes. Todas las órdenes que expida y emita el NEPR se expedirán a nombre del Negociado de Energía de Puerto Rico y de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico. Todas las acciones, reglamentaciones y determinaciones del NEPR se guiarán por las leyes aplicables, por el interés público y por el interés de proteger los derechos de los clientes o consumidores. Las disposiciones de esta Ley serán interpretadas liberalmente para poder alcanzar sus propósitos y dondequiera que algún poder específico o autoridad sea dada al NEPR, la enumeración no se interpretará como que excluye o impide cualquier otro poder o autoridad de otra manera conferida a esta. El NEPR aquí creado tendrá, además de los poderes enumerados en esta Ley, todos los poderes adicionales implícitos e incidentales que sean apropiados y necesarios para efectuar y llevar a cabo, desempeñar y ejercitar todos los poderes antes mencionados y para alcanzar los propósitos de esta Ley. Íd.

Por otra parte, el Art. 6.4 de la Ley Núm. 57-2014, 22

LPRA sec. 1054c, le confiere jurisdicción primaria exclusiva

al NEPR sobre la aprobación de las tarifas y cargos que

cobren las compañías de energía en relación con cualquier

servicio eléctrico a sus clientes, así como sobre los casos

y controversias relacionados. A su vez, es el Art. 6.25 de

la citada ley, 22 LPRA sec. 1054x, el que regula ese proceso

de aprobación y revisión de las propuestas de tarifas que

presenten las compañías de servicio eléctrico. Al hacerlo,

le encomienda al NEPR asegurarse de que todas las tarifas

sean “justas y razonables y consistentes con prácticas

fiscales y operacionales acertadas que proporcionen un

servicio confiable, al menor costo razonable”. Íd.

A mi juicio, un análisis de estas normas arroja que la

labor encomendada por la Asamblea Legislativa al NEPR en

este asunto consiste en decidir qué tarifa es justa y CT-2025-0003 28

razonable, así como fiscalizar a las compañías de servicio

eléctrico. De ninguna disposición de la Ley Núm. 57-2014,

supra, surge palmariamente una delegación de poder al NEPR

para otorgar relevos de responsabilidad civil extra-

contractual como parte de la aprobación de las tarifas y

cargos que cobrarán las compañías de energía.

En segundo orden, como mencioné, la Ley Núm. 120-2018,

supra, erigió el andamiaje estatutario que permitió la

privatización del sistema de transmisión y distribución de

energía eléctrica mediante el establecimiento de Alianzas

Público-Privadas. Según su Exposición de motivos, para la

Asamblea Legislativa fue importante: (1) la utilización del

marco legal ofrecido por la Ley de Alianzas Público Privadas,

Ley Núm. 29-2009, según enmendada, 27 LPRA sec. 2601 et seq.,

porque proveía la transparencia y flexibilidad necesaria

para una negociación que redundara en un sistema energético

financieramente viable con un enfoque en el bienestar del

consumidor; (2) la regulación de la industria energética

mediante un regulador independiente, en la figura del NEPR,

con el fin de llevar a cabo sus funciones de manera firme y

contundente; y (3) la sujeción de todo contratante en las

transacciones de la AEE a la potestad del NEPR sobre las

tarifas y cargos.

En ese esfuerzo, la Sección 3 de la Ley Núm. 120-2018,

22 LPRA sec. 1113, provee varios lineamientos importantes

sobre la intención legislativa y la política pública CT-2025-0003 29

promulgada en ese estatuto. Entre ellos, destaco que la

Asamblea Legislativa: (1) dejó claro que la AEE es una

criatura legislativa, dotada por delegación de su

existencia, facultades, deberes, actividades y

administración de activos y franquicias pertenecientes al

Pueblo de Puerto Rico; (2) afirmó que “ninguna ley o

reglamento podrán ser utilizados o interpretados en

contraposición a las disposiciones de esta Ley, excepto por

enmiendas a la misma”; (3) consignó que los contratos que

surjan de esa ley estarán revestidos y protegidos por nuestra

normativa constitucional respecto al disfrute de la

propiedad, el debido proceso de ley y la no aprobación de

leyes que menoscaben obligaciones contractuales legítimas;

(4) subrayó que su intención es agilizar un proceso justo y

transparente para establecer alianzas público-privadas

respecto a cualquier función, servicio o instalación de la

AEE, de forma que redunde en tarifas razonables y acceso

universal; e (5) hizo la salvedad de que si no era posible,

por razones de mercado, crear un entorno competitivo en cada

una de las actividades relacionadas al servicio eléctrico,

más rigurosas tendrán que ser las evaluaciones de las

propuestas para garantizar que resulten en el beneficio del

Pueblo de Puerto Rico.

Para cumplir con este objetivo, la Sección 5 de la

referida ley autoriza a la AEE a ejecutar cualquier

transacción y otorgar contratos de alianza relacionados con

ella. 22 LPRA sec. 1115. Entre las tareas de esa corporación CT-2025-0003 30

pública, esta sección le delega el designar un Comité de

Alianzas para, entre otras cosas, negociar los términos y

condiciones que considere apropiadas para los contratos de

alianza. Sobre estos, el inciso (d) de la Sección 8 de la

Ley Núm. 120-2018, 22 LPRA sec. 1118, faculta al NEPR a

asistir a la AEE en la supervisión del desempeño y

cumplimiento de los contratantes bajo los contratos de

alianza, una vez se consume la transacción. En este asunto,

subordina al NEPR al contrato, pues deja claro que no tendrá

autoridad para alterarlo o enmendarlo. Íd. Con relación a la

facultad de cobrar derechos, rentas o tarifas, el inciso (f)

de la Sección 8, supra, es diáfano en cuanto a que el NEPR

retiene su jurisdicción para revisar y aprobarlos.

Lo que un estudio de ambos estatutos revela es que no

existe una concesión expresa por la Asamblea Legislativa a

la AEE o al NEPR del poder de otorgar un relevo de

responsabilidad a las compañías que sean parte de una

transacción relacionada con la transmisión y distribución de

la energía eléctrica. De hecho, al respecto, se guarda

silencio.

E.

En nuestro ordenamiento, impera la codificación del

Derecho Privado mediante el Código Civil de 2020, 31 LPRA

sec. 5311 et seq. En términos generales, el Art. 1 del Código

Civil de 2020, 31 LPRA sec. 5311, dispone que el código, por

ser de origen civilista, será interpretado con atención a CT-2025-0003 31

las técnicas y la metodología del Derecho Civil. Entretanto,

el Art. 2 coloca como las fuentes del ordenamiento jurídico

a la Constitución, la ley, la costumbre y los principios

generales del Derecho. 31 LPRA sec. 5312. Por ello, el Código

Civil y nuestra normativa civilista son creaciones de la

Asamblea Legislativa. Por lo tanto, su aprobación y

derogación son prerrogativas legislativas.

En lo pertinente, el Art. 1063 del Código Civil de 2020,

31 LPRA sec. 8984, incluye, entre las fuentes de las

obligaciones, los actos u omisiones en los que interviene la

culpa o negligencia. Así, el Art. 1536 prescribe que “[l]a

persona que por culpa o negligencia causa daño a otra, viene

obligada a repararlo”. 31 LPRA sec. 10801. A esta obligación,

también le llamamos responsabilidad civil extracontractual

y es una creación legislativa, pues le compete a la Asamblea

Legislativa aprobar lo relativo a ella. Visto así, todas las

personas poseen legitimación para reclamar reparación a

quien les cause un agravio mediando la culpa o la

negligencia.

Cónsono con ello, también hemos reconocido la facultad

del agraviado de liberar al responsable de causarle un daño.

Esta potestad nace del Art. 14 del Código Civil de 2020, 31

LPRA sec. 5333, al establecerse que “[l]os derechos que

concede la ley pueden renunciarse siempre que no se prohíba

su renuncia o que esta no sea contraria a la ley, a la moral CT-2025-0003 32

ni al orden público, ni en perjuicio de tercero”. Véase

también Negrón Vélez v. ACT, 196 DPR 489, 504 (2016).

Precisamente en virtud de un lenguaje como ese, en el

pasado establecimos como requisito indispensable que toda

renuncia, expresa o tácita, debe ser clara, terminante,

explícita e inequívoca. Eastern Sands, Inc. v. Roig Comm.

Bank, 140 DPR 703, 719-720 (1996); Torres Solís et al. v.

A.E.E. et als., 136 DPR 302 (1994); Chico v. Editorial Ponce,

Inc., 101 DPR 759, 778 (1973). A eso, también hemos sumado

que, de ordinario, la renuncia de derechos es de estricta

interpretación, no se presume y no se permite deducirla de

expresiones de dudosa significación. Íd., citando a Quiñones

Quiñones v. Quiñones Irizarry, 91 DPR 225, 266 (1964).

Visto así, identifico dos (2) fuentes de derecho

posibles para que no exista responsabilidad de un tercero

por los daños que causa a razón de actos u omisiones culposas

o negligentes: (1) la renuncia del derecho a indemnización

por parte del agraviado, observable típicamente en relevos

de responsabilidad o acuerdos de transacción; y (2) el acto

legislativo de eximir de responsabilidad ciertos actos u

omisiones. Esto último se puede apreciar en el Art. 1537 del

Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 10802, en el que la

Asamblea Legislativa codificó la inmunidad familiar e

impidió acciones de daños entre padres e hijos, abuelos y

nietos, y cónyuges, sujeto a ciertas restricciones.

IV CT-2025-0003 33

Delimitado todo esto, lo que queda es delimitar: ¿quién

tiene el poder para qué?, tal y como decía el Prof. Raúl

Serrano Geyls respecto a controversias constitucionales de

similar naturaleza. R. Serrano Geyls, Derecho constitucional

de Estados Unidos y Puerto Rico, Puerto Rico, Ramallo Bros.

Printing, 1986, Vol. I, pág. 571.

En primer lugar, considero imperativo identificar con

claridad la existencia del poder delegado en cuestión. La

cuestionada facultad de la que trata este caso es la

reclamada por el NEPR para conceder un relevo de

responsabilidad extracontractual en nombre de los clientes

-consumidores del servicio eléctrico- y a favor de la AEE y

LUMA, incluidos sus directores, oficiales, empleados,

agentes y contratistas, por cualquier pérdida relacionada

con la operación y manejo del sistema de transmisión y

distribución de energía. Este relevo de responsabilidad

abarca daños provocados por un servicio eléctrico

interrumpido, irregular o deficiente, como resultado de

fuerza mayor, deterioro preexistente del sistema, actos de

sabotaje o negligencia ordinaria. Entre sus disposiciones,

el relevo mantiene exclusivamente la responsabilidad por los

daños causados mediando negligencia crasa, willful

misconduct o dolo.

En segundo lugar, del derecho esbozado surge

diáfanamente que este poder –el de relevar o eximir de

responsabilidad civil extracontractual– pertenece a la CT-2025-0003 34

Asamblea Legislativa en lo colectivo y a cada persona en lo

individual. De ese modo, vislumbro que, para que

colectivamente se exima de responsabilidad extracontractual

a los proveedores de la energía eléctrica, se requiere un

acto legislativo positivo, claro e inequívoco, en el que

expresamente se disponga el relevo o se delegue el poder de

ejecutarlo en una autoridad del Poder Ejecutivo, junto a un

principio inteligible que le acompañe.

Recordemos, igualmente, que las agencias

administrativas no pueden asumir jurisdicción sobre una

conducta sin una autorización legal clara, pues únicamente

tienen aquellos poderes que su ley habilitadora expresamente

les otorgue y que sean indispensables para ejecutar su

et al., supra, pág. 372. Toda actuación que no responda a un

poder conferido mediante legislación es ultra vires. Íd. En

ese análisis, no podemos sustituir la fuente de poder de una

agencia con la necesidad, la utilidad o la conveniencia.

Raimundi v. Productora, supra, pág. 225. Ante duda sobre la

existencia del poder reclamado, debemos resolver en contra

de su ejercicio. Íd.

Por eso, al no encontrar –ni el NEPR ni LUMA señalar –

una disposición estatutaria en la que la Asamblea

Legislativa haya conferido al Negociado la autoridad para

ejecutar un relevo a LUMA en nombre de los consumidores del

servicio de energía eléctrica, considero imperativo declarar CT-2025-0003 35

que el NEPR se excedió al arrogarse ese poder y, por lo

tanto, violentó el principio de la separación de poderes.

Del silencio de la Asamblea Legislativa no podemos validar

una delegación, y mucho menos una tan amplia como la que

reclama el Negociado. Tampoco lo puede hacer una agencia del

Poder Ejecutivo, ya que ello sobrepasa las salvaguardas que

la separación de poderes impone para evitar una acumulación

indebida del poder en una sola rama. Al igual, no persuaden

los argumentos de necesidad, utilidad o conveniencia de

reconocerle al Negociado este poder de relevar. De este modo,

es evidente que en este pleito no se supera un escrutinio en

el crisol de la doctrina de la delegación de poderes, ni la

de cuestiones principales de derecho.

Por un lado, de lo anterior se desprende que no nos

hallamos ante unos estatutos que establezcan un principio

inteligible para obligar al NEPR en la ejecución de un poder

delegado. Véase Gundy v. United States, supra, y Sánchez et

al. v. Depto. de Vivienda et al., supra. En ese sentido, la

Asamblea Legislativa tampoco delineó una política o norma

general que el Negociado tenga que aplicar o que encauce el

ejercicio del referido poder. Íd.; López v. Junta de

Planificación, supra.

En contrario, el NEPR plantea que la Resolution and

order del 31 de mayo de 2021 fue el resultado de un

procedimiento tarifario participativo en el que la agencia

ejerció su conocimiento técnico especializado y aprobó unos CT-2025-0003 36

términos consistentes con el derecho vigente, el interés

público y la política pública energética de Puerto Rico. En

otras palabras, para el Negociado, la facultad de otorgar un

relevo de responsabilidad está incluido en su poder de

negociar la tarifa. No le asiste la razón.

Los Arts. 6.3, 6.4 y 6.25 de la Ley Núm. 57-2014, supra,

ciertamente le confieren al NEPR facultades para aprobar y

revisar las tarifas y cargos que cobren las compañías de

energía a su clientela. Sin embargo, estos poderes son

primordialmente de fiscalización. En cambio, la Ley Núm.

120-2018, supra, no colocó al Negociado en el centro de la

negociación del contrato de alianza con la compañía

seleccionada para operar el sistema de transmisión y

distribución de energía. De hecho, el O&M Agreement solo fue

firmado por la AEE, la AAPP y LUMA. Lo que sí hizo la Ley

Núm. 120-2018, supra, fue preservar las facultades de

fiscalización del NEPR. Sin una delegación legislativa

expresa al respecto, al NEPR únicamente le corresponde

fiscalizar, regular y negociar la tarifa, no decretar por

fíat administrativo una inmunidad civil extracontractual. Es

decir, el poder delegado es para gestionar y fiscalizar la

tarifa, y no para relevar de responsabilidad. Me reafirmo en

que esa tarea, o su delegación, corresponde a la institución

que tiene el poder para ejercerla: la Asamblea Legislativa.

A ello se suma que, en el esquema adoptado por la Ley

Núm. 57-2014, supra, y la Ley Núm. 120-2018, supra, la CT-2025-0003 37

Asamblea Legislativa no modificó nuestro ordenamiento de

responsabilidad civil de manera que las facultades provistas

al Poder Ejecutivo incluyeran el poder delegado de relevar

de responsabilidad. Ante esa realidad, no es posible

concluir que, dada nuestra tradición civilista, el NEPR, la

AEE o la AAPP ostentan la potestad de relevar de

responsabilidad a las compañías de servicio eléctrico.

Tampoco podemos separar el concepto de responsabilidad

civil de la intención legislativa y del interés social que

la inspiran. Por medio de ella se busca que las personas

agraviadas obtengan reparación por los daños que sufren a

costa de la culpa o la negligencia de otras personas o

entidades. Ese ánimo reparador hace todavía más importante

resguardar nuestro ordenamiento civil de exoneraciones no

autorizadas en ley.

Por último, entiendo pertinente recalcar que tampoco

corresponde hablar del menoscabo de una obligación

contractual. El O&M Agreement entre la AEE, la AAPP y LUMA

incluyó que las partes someterían al NEPR los términos

específicos de un relevo de responsabilidad y lo cumplieron.

El contrato no requería la aprobación del relevo, únicamente

que se sometiera a la consideración del NEPR. Eso se hizo

según se pactó. Además, a mi juicio, considero que tampoco

es correcto que la declaración de nulidad del relevo

constituye un incumplimiento o modificación material del O&M

Agreement bajo su Artículo 14 porque una interpretación tan CT-2025-0003 38

abarcadora de esa disposición atentaría contra la ley y el

orden público.

V.

Hoy LUMA reclama una inmunidad que la haría operar

impune frente a los reclamos de miles de consumidores.

Nuestro ordenamiento no ampara tal evasión de

responsabilidad. Por los fundamentos expuestos, estoy

conforme con el dictamen de este Tribunal.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CT-2025-0003 LUMA Energy, LLC; LUMA Energy ServCo., LLC; Negociado de Energía de Puerto Rico; Autoridad de Energía Eléctrica

Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ a la que se une la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ.

En medio de la crisis energética por la que

atraviesa el País, caracterizada por las continuas

y constantes interrupciones en el servicio

eléctrico, -- ocasionadas, en gran parte, debido al

desconocimiento que ha demostrado tener la empresa

privada que maneja el mismo --, alguien debe y tiene

que responderle a las consumidoras y los

consumidores puertorriqueños cuando, en escenarios

como los antes descritos, sufren cuantiosas e

innumerables pérdidas. Habiendo examinado cuidadosa

y detenidamente los deberes y las responsabilidades

que las empresas LUMA Energy, LLC y LUMA Energy

ServCo., LLC (en adelante y en conjunto, “LUMA CT-2025-0003 2

Energy”) contrajeron con el Pueblo de Puerto Rico, en el

momento en que contractualmente se obligaron a proveer los

servicios de transmisión, distribución y mantenimiento de

nuestra red eléctrica, notamos que es la referida empresa

privada la llamada a responder por las pérdidas antes

descritas.1 Cualquier interpretación en contrario que sobre

1 Según la Sección 18.2(a) del Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement, -- otorgado entre LUMA Energy, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (en adelante, “AEE”) --, la AEE, generalmente, será responsable de indemnizar a LUMA Energy por toda suma que esta última se vea obligada a pagar para satisfacer una sentencia final y firme dictada a favor de un abonado o cliente de la AEE o LUMA Energy. No obstante, la Sección 18.2(b) del referido acuerdo indica que, como excepción a lo anterior, cuando las pérdidas sufridas por LUMA Energy sean consecuencia de su propia negligencia ordinaria o crasa, o de su conducta culposa o intencional, la AEE no vendrá llamada a reembolsar o realizar pago alguno a LUMA Energy.

En específico, las referidas disposiciones contractuales establecen lo siguiente:

Section 18.2 Indemnification by Owner.

(a) Generally. Subject to the limitations on liability set forth in this Section 18.2 (Indemnification by Owner), Section 18.3 (Limitation on Liability), Section 18.4 (Insurance and Other Recovery), Section 18.5 (Liability Limitation for Certain Damages) and Section 18.6 (Additional Liability Limitation for Certain Damages), Owner shall indemnify, defend and hold harmless Operator and the Equity Participants and its and their respective Affiliates and Representatives (each, including Operator, an “Operator Indemnitee”), from and against (and pay the full amount of) any and all Losses incurred by an Operator Indemnitee to the extent arising or resulting from, in each case, as determined by a final and non-appealable judgment by a court of competent jurisdiction: [. . .] (vi) claims brought against Operator by a T&D Customer in connection with the T&D System or Operator’s performance of the O&M Services; [. . .].

(b) Limitations. [. . .] Owner shall not be required to reimburse or indemnify any Operator Indemnitee for any Losses to the extent caused by or due to: (i) [. . .]; (ii) the negligence (including gross negligence) or willful misconduct of any Operator Indemnitee; [. . .]. Sección 18.2 del Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement (22 de junio de 2020), docs.pr.gov/files/P3-PublicaPrivadas/Projects/Projects/TD - LUMA/OM Agreement/executed-consolidated-om-agreement-td.pdf.

De otra parte, la Sección 7.6(a)(i) del Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement establece que ciertos gastos serán únicamente responsabilidad de LUMA Energy y que no CT-2025-0003 3

esto último se haya realizado, particularmente aquella que

realizó el Negociado de Energía de Puerto Rico (en adelante,

“Negociado de Energía”), no tiene cabida en nuestro

ordenamiento jurídico. Por ello, concurrimos con el resultado

al que llega una mayoría de este Tribunal en el presente caso.

Nos explicamos.

Los hechos que dan vida al presente litigio se recogen

con particular precisión en la Opinión que hoy emite este

Tribunal, razón por la cual hemos decidido adoptar los mismos

por referencia. En esencia, y en lo que respecta a la causa de

epígrafe, veníamos llamadas y llamados a resolver si cierta

Resolución y Orden emitida por el Negociado de Energía excedía

las facultades delegadas por la Asamblea Legislativa a la

referida agencia administrativa y, en consecuencia, la misma

era nula. Mediante dicho dictamen, y a grandes rasgos, el

Negociado de Energía relevó a LUMA Energy y a la Autoridad de

serán transferibles a la AEE ni a sus abonados. Dicha sección dispone como sigue:

Section 7.6 Disallowed Costs.

(a) Generally. Subject to the limitations on liability in Section 18.3 (Limitation on Liability), none of the following shall be treated as T&D Pass-Through Expenditures for purposes of payment from Owner to Operator, and each shall be the sole responsibility of Operator (collectively, “Disallowed Costs”):

(i) any and all T&D Pass-Through Expenditures, Capital Costs, Outage Event Costs or Excess Expenditures incurred as a result of Operator’s negligence (including gross negligence) or willful misconduct, except in connection with Section 5.10 (Environmental, Health and Safety Matters) where the applicable standard shall be gross negligence or willful misconduct to the extent provided therein;

[. . .]. Sección 7.6(a) del Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement (22 de junio de 2020), docs.pr.gov/files/P3- PublicaPrivadas/Projects/Projects/TD - LUMA/OM Agreement/executed-consolidated-om-agreement-td.pdf. CT-2025-0003 4

Energía Eléctrica (en adelante, “AEE”) de responsabilidad,

tanto contractual como extracontractual, en aquellos casos en

que, como consecuencia de su negligencia en el manejo de

nuestra red eléctrica, se causasen daños a las consumidoras y

los consumidores puertorriqueños.

Al acercarse a dicha controversia, una mayoría de mis

compañeras y compañeros de estrado correctamente resuelven

que, en efecto, la referida Resolución y Orden es nula, toda

vez que el mencionado organismo administrativo no tiene la

autoridad ni la facultad en ley para eximir o limitar la

responsabilidad civil por la que una parte viene llamada a

responder en escenarios donde ésta cause daños a otros como

consecuencia de su negligencia. Y es que no podía ser de otra

forma.

Como sabiamente lo ha ilustrado a lo largo de todo este

litigio el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad

Económica, -- hábilmente representado por los licenciados

Fernando E. Agrait y José L. Pou --, en Puerto Rico, la

autoridad para eximir de responsabilidad civil, en escenarios

como los aquí bajo estudio, corresponde exclusivamente a la

Asamblea Legislativa, y no a organismos administrativos.

Máxime, si tomamos en consideración que, el asunto de la

delimitación de la responsabilidad civil, en el contexto de

los temas que hoy nos ocupan, debe ser tomado como uno no

tarifario. Con dicha apreciación, y con los muy bien elaborados

fundamentos que desarrolló el Instituto de Competitividad y

Sostenibilidad Económica en apoyo a ésta, coincidimos. CT-2025-0003 5

Recordemos que, en virtud de la doctrina de separación de

poderes,2 es la Asamblea Legislativa quien tiene la

prerrogativa de crear, -- mediante la aprobación de una ley -

-, una agencia administrativa y delegarle a ésta ciertos

poderes para que actúe conforme a los propósitos para los

cuales fue creada. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012); López

Nieves v. Méndez Torres, 178 DPR 803, 810 (2010); Caribe

Comms., Inc. v. PRTCo., 157 DPR 203, 211 (2002). “Esa

delimitación de poderes precisa la acción administrativa y las

circunstancias en las que puede actuar la agencia”. López

Nieves v. Méndez Torres, supra. Véase, D. Fernández

Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme, 2.a ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág.

517. Así, cuando una agencia administrativa actúa por encima

de los poderes que le fueron delegados, esa actuación se

considera nula. R&B Power, Inc. v. Junta de Subastas de la

2 A grandes rasgos, la doctrina de separación de poderes es aquella que postula que nuestro sistema republicano de gobierno está compuesto de tres grandes poderes de gobierno, a saber: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Córdova y Otros v. Cámara Representantes, 171 DPR 789, 799 (2007); Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875, 882 (2005); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 45, 89 (1998). Bajo este esquema, cada poder cosntitucional de gobierno tiene sus responsabilidades muy bien definidas. El Poder Legislativo es el llamado a establecer la política pública, el Poder Ejecutivo el encargado de implementarla y el Poder Judicial resuelve cualesquiera controversias que puedan surgir a raíz de lo anterior. A. Acevedo Vilá, Separación de poderes: Entre la teoría y práctica, 2.a ed., San Juan, Ediciones SITUM, 2023, pág. 31; Véase, Banco Popular de Puerto Rico v. Corte de Distrito de San Juan, 63 DPR 66, 71 (1944).

Como se sabe, el propósito de la precitada doctrina es evitar que una de las tres ramas de gobierno amplíe su autoridad e interfiera con el poder de otra. Córdova y Otros v. Cámara Representantes, supra; Acevedo Vilá v. Meléndez, supra; Misión Ind. P.R. v. J.P., supra. La doctrina de separación de poderes no busca promover la eficiencia en el gobierno; busca impedir que se ejercite un poder arbitrario. Acevedo Vilá, op.cit., pág. 32. Véase también, C.M. Llull Vera, Separación de poderes en Puerto Rico: ¿Existe entre las Ramas Ejecutivas y Legislativa?, 41 (Núm. 2) Rev. D. P. 275 (2002) y Myers v. United States, 272 US 52, 293 (1926)(Brandeis, opinión disidente). CT-2025-0003 6

Administración de Servicios Generales, 213 DPR 685, 701 (2024);

FCPR v. ELA et al., 211 DPR 521, 536 (2023); Amieiro González

v. Pinnacle Real Estate, 173 DPR 363, 371 (2008).

En lo referente al Negociado de Energía, y según se

desprende de su ley habilitadora, a la referida agencia

administrativa se le delegaron, entre otros, los siguientes

poderes: (1) establecer e implementar los reglamentos, así como

las acciones regulatorias necesarias para garantizar la

capacidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia y

razonabilidad en tarifas del sistema eléctrico; (2) fiscalizar

todo lo relacionado con la calidad, eficiencia y confiabilidad

del servicio eléctrico provisto por las compañías de energía

en el País; (3) garantizar el acceso universal al servicio

eléctrico; (4) implementar estrategias para cumplir con los

objetivos de la ley en cuestión, incluyendo la reducción y

estabilización de los costos energéticos permanentemente y

controlar la volatilidad del precio de electricidad, entre

otros; (5) emitir órdenes y otorgar los remedios legales

necesarios para hacer efectivos los propósitos del precitado

estatuto y hacer que se cumplan sus reglas, reglamentos,

órdenes y determinaciones; y (6) revisar decisiones finales

emitidas en querellas y solicitudes de investigación

presentadas por las consumidoras y los consumidores

puertorriqueños ante las compañías de energía. Ley Núm. 57 de

27 de mayo de 2014, mejor conocida como la Ley de

Transformación y ALIVIO Energético, 22 LPRA sec. 1051 et seq.,

incisos (c)-(f), (pp), (rr). Como se puede apreciar, entre las CT-2025-0003 7

facultades delegadas al Negociado de Energía, no estuvo, --

como correctamente sostiene una mayoría de este Tribunal --,

el poder de conceder inmunidad a una entidad privada en

reclamaciones por responsabilidad civil, como consecuencia de

su negligencia.

En ese sentido, cualquier cláusula contractual contenida

en el Puerto Rico Transmission and Distribution System

Operation and Maintenance Agreement que viabilice o pudiese

viabilizar tal proceder, -- como lo sería la Sección 4.1(g)

del mismo --, tendría una presunción de nulidad por

considerarse ultra vires.3 Lo anterior así, ya que, según

mencionamos, un organismo administrativo, -- en este caso, el

Negociado de Energía --, no tiene la autoridad ni la facultad

3 En específico, la Sec. 4.1(g) del Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement dispone lo siguiente:

(g) Liability Waiver. In connection with the submission of the Initial Budgets to PREB, the Parties agree to apply for inclusion in the Rate Order that the associated tariff or terms of service include: (i) a waiver of Owner’s, ManagementCo’s and ServCo’s liability to customers or any Person receiving Power and Electricity for any Losses arising in any way out of or in connection with the operation of the T&D System and the provision of Power and Electricity including any events of interrupted, irregular or defective electric service due to Force Majeure Events, other causes beyond Owner’s, ManagementCo’s or ServCo’s control or ordinary negligence, gross negligence or willful misconduct of Owner, ManagementCo or ServCo, or their respective employees, agents or contractors; and (ii) a waiver in all cases of responsibility for any loss of profits or revenues, special, exemplary, punitive, indirect, incidental or consequential damages, including loss of revenue, loss of use of equipment, cost of capital, cost of temporary equipment, overtime, business interruption, spoilage of goods, claims of customers of electric customers or other economic harms, in each case howsoever and whensoever arising, including where caused by any of Owner’s, ManagementCo’s or ServCo’s ordinary negligence, gross negligence or willful misconduct (collectively the “Liability Waiver”). Sección 4.1(g) del Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement (22 de junio de 2020), docs.pr.gov/files/P3-PublicaPrivadas/Projects/Projects/TD - LUMA/OM Agreement/executed-consolidated-om-agreement-td.pdf. CT-2025-0003 8

para eximir o limitar la responsabilidad civil por la que una

parte viene llamada a responder en escenarios donde ésta cause

daños a otros como consecuencia de su negligencia. Ello, como

ha sido previamente sentenciado por este Tribunal en

innumerables ocasiones, recae bajo los poderes de la Asamblea

Legislativa.4

Por último, es norma reiterada que, en los sistemas

civilistas como el nuestro, los contratos constituyen ley entre

las partes. Carmen Carrasquillo Pérez v. Asociación Consejo de

Titulares del Condominio Parque 352, 214 DPR 1033, 1050 (2024);

Efraín Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 DPR 355, 369

(2008); Wanda Monteagudo Pérez v. Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, 172 DPR 12, 20 (2007). Así pues, como regla

general, se hará valer la voluntad de los contratantes, según

expresado en el acuerdo habido entre éstos. Carmen Carrasquillo

Pérez v. Asociación Consejo de Titulares del Condominio Parque

352, supra; Jiménez López v. SIMED, 180 DPR 1, 10 (2010); López

v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 DPR 562, 569 (2003). Ahora

bien, lo anterior será así siempre y cuando el contrato, -- o

alguna de sus cláusulas --, no sea contrario a la ley, la moral

4 Recordemos que, el Art. 1536 del Código Civil de 2020 establece que, en nuestro ordenamiento jurídico, “la persona que por culpa o negligencia cause daño a otra, viene obligada a repararlo”. 31 LPRA sec. 10801. Ahora bien, nuestra Asamblea Legislativa, -- dentro de sus prerrogativas constitucionales --, tiene la facultad de eximir o limitar la responsabilidad civil por la cual una persona, ya sea natural o jurídica, venga llamada a responder ante otra en caso de causarle daño. Véase, Rodríguez Figueroa y otros v. Centro de Salud Mario Canales Torresola y otros, 197 DPR 876 (2017). Dicha exención o limitación ocurrirá, claro está, mediante legislación aprobada a esos fines. Íd. Así pues, ante la ausencia de una disposición expresa concediendo inmunidad, se presume que quien cause un daño responderá extracontractualmente por sus actos culposos o negligentes. Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 DPR 643, 657 (2006); Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724, 741 (1991); Feliciano Rosado v. Matos, Jr., 110 DPR 550, 565 (1981). CT-2025-0003 9

o el orden público. Art. 342, Código Civil de Puerto Rico de

2020, 31 LPRA sec. 6312. Véase también Vélez v. Izquierdo, 162

DPR 88, 98 (2004); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR

713, 724-725 (2001). En dichos escenarios, el contrato en su

totalidad o la cláusula de la que se trate se considerara nula.

Íd. No albergamos duda alguna que la Sección 4.1(g) del Puerto

Rico Transmission and Distribution System Operation and

Maintenance Agreement es una de éstas últimas, lo que, a

nuestro juicio, también abona a la conclusión a la que hoy

llegan una mayoría de mis compañeras y compañeros de estrado,

con la cual el juez que suscribe concurre.

En fin, como ha quedado claramente demostrado a lo largo

de este escrito, en nuestro ordenamiento jurídico, es el Poder

Legislativo el que tiene la prerrogativa de eximir, a modo de

excepción, a una parte de responsabilidad civil, -- o

establecer los límites hasta los que responderá --, ante la

eventualidad de que, por su culpa o negligencia, le cause daño

a otra. Esto es así, pues, para otorgar tal privilegio, es

indispensable la aprobación de una ley a esos efectos; un poder

que, como indicamos, recae, única y precisamente, sobre este

último.

No podía, pues, el Negociado de Energía, ejerciendo

poderes que sólo le competen a la Asamblea Legislativa, -- y

que, dicho sea de paso, tampoco le fueron delegados al referido

ente mediante su ley habilitadora --, eximir a LUMA Energy de

responsabilidad cuando, por sus propios actos negligentes,

cause daños a las consumidoras y los consumidores CT-2025-0003 10

puertorriqueños. Al así hacerlo, el Negociado de Energía, sin

lugar a dudas, se extralimitó de las facultades que le fueron

concedidas por el legislador y la legisladora para lograr su

encomienda, actuando de una manera que no tiene cabida en

nuestro sistema jurídico.

Por tanto, procedía, tal y como lo hizo una mayoría de

este Tribunal, declarar la nulidad de la Resolución y Orden

emitida por el Negociado de Energía el 31 de mayo de 2021.

LUMA Energy, como cualquier otra persona, natural o jurídica,

-- en ausencia de legislación que disponga lo contrario --,

tiene la obligación de responder ante las consumidoras y los

consumidores puertorriqueños para reparar aquellos daños que,

por sus actos negligentes, le haya causado a éstos. El error

señalado fue cometido.

Es, pues, por todo lo antes expuesto que concurrimos con

el resultado al que hoy llega una mayoría de este Tribunal.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado