Allio v. Santiago Chardón Y Otros

2026 TSPR 13

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: February 3, 2026
• Docket: CC-2026-0050
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

MICHAEL ALLIO (en su capacidad de albacea y fiduciario del Fideicomiso Testamentario del Caudal de David John Allio Littauer) Certiorari

Recurrido 2026 TSPR 13

v. 217 DPR ___

CARMEN SANTIAGO CHARDÓN (por sí y en representación de sus hijos) y otros

Peticionarios

Número del Caso: CC-2025-0050

Fecha: 3 de febrero de 2026

Tribunal de Apelaciones

Panel Especial

Representantes legales de las partes peticionarias:

Lcda. Olga García Vincenty Lcda. Patricia Cordero Alcaraz

Representantes legales de la parte recurrida:

Lcda. Jessica Hernández Sierra Lcdo. Jorge Quintana Brito Lcda. Brenda Berríos Morales

Materia: Sucesiones; Ley de Fideicomisos – Nulidad de los fideicomisos testamentarios por incumplimiento con el requisito de inscripción en el Registro de Fideicomisos en virtud de la Ley Núm. 219-2012.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

MICHAEL ALLIO (en su capacidad de albacea y fiduciario del Fideicomiso Testamentario del Caudal de David John Allio Littauer)

Recurrido

v.

CARMEN SANTIAGO CHARDÓN (por sí y en representación de sus hijos) y otros

CC-2025-0050 Certiorari MICHAEL ALLIO (en su capacidad de albacea y fiduciario del Fideicomiso Testamentario del Caudal de David John Allio Littauer)

CARMEN SANTIAGO CHARDÓN (por sí y en representación de sus hijos) y otros

Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada Rivera Pérez.

En San Juan, Puerto Rico a 3 de febrero de 2026.

En el presente recurso nos corresponde resolver si el

Tribunal de Apelaciones erró al no expedir la petición de CC-2025-0050 2

certiorari que presentaran Giancarlo Allio Santiago y Mia

María Allio Santiago, tras concluir que no existían las

circunstancias para requerir su intervención en esta etapa

de los procedimientos.

En el referido recurso se solicitó al foro intermedio

que revocara un dictamen del Tribunal de Primera Instancia,

en el cual reiteró su determinación de denegar el

planteamiento sobre la nulidad de los fideicomisos

constituidos en testamento abierto.

Por los fundamentos que se exponen a continuación,

resolvemos que el Tribunal de Apelaciones erró al denegar

expedir el certiorari, puesto que negar su expedición

constituye un fracaso a la justicia y, además, la

controversia surge en una etapa idónea. Lo anterior, debido

a que, conforme a la Ley Núm. 219-2012, Ley de Fideicomisos,

según enmendada, 32 LPRA sec. 3351 et seq., los fideicomisos

son nulos por no haber sido inscritos en el Registro de

Fideicomisos. Por tanto, el dictamen interlocutorio tiene un

efecto significativo y sustancial en la determinación final

del pleito y debió ser expedido.

I.

El Sr. David John Allio Littauer (testador) falleció el

12 de febrero de 2023. El 25 de mayo de 2021 otorgó la

Escritura Núm. 16 sobre testamento abierto ante el notario

Jorge A. Cartalaya Brao. En este declaró a su hijo, Giancarlo

Allio Santiago, y a su hija, Mia María Allio Santiago (los

hermanos Allio o peticionarios), únicos y universales CC-2025-0050 3

herederos; más instituyó a su favor dos fideicomisos los

cuales fueron nombrados como “Support Trust” y “Life Trust”.

Además, el testador nombró a su hermano, el Sr. Michael K.

Allio Littauer (recurrido), como albacea del caudal, y

fiduciario de los fideicomisos, concediéndole la facultad

exclusiva de administrar los bienes que componen ambos

patrimonios.

El 3 marzo de 2023, el Sr. Michael K. Allio aceptó el

cargo y obtuvo la correspondiente carta testamentaria, según

surge de la Resolución dictada por el Tribunal de Primera

Instancia el 21 de marzo de 2023, en el caso alfanumérico,

SJ2023CV02101.1

Así las cosas, el 11 de agosto de 2023 presentó una

solicitud sobre división de comunidad de bienes hereditarios

en contra de la Sra. Carmen Santiago Chardón (señora Santiago

Chardón) por sí y en representación de sus hijos: Giancarlo

y Mia María, ambos de apellidos Allio Santiago.2 Alegó que

su hermano, el Sr. David John Allio Littauer, dispuso

mediante testamento que todos los bienes del caudal relicto

fueran constituidos en dos fideicomisos, ambos a favor de su

hijo y su hija. A esos efectos, señaló que el “Life Trust”

1 Véase apéndice del recurso, págs. 123-124. Destacamos que la Ley Núm. 219-2024 enmendó el Artículo 597 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933, según enmendado, 32 LPRA sec. 2571; y el Artículo 2 de la Ley 282-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario”. Mediante esta enmienda se eliminó la figura de las “cartas testamentarias” y se atemperó el Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico a la figura del “ejecutor de la herencia” incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Título VI de la Ley 55-2020, según enmendada, Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5311 et seq. Véase exposición de motivo de la Ley Núm. 219-2024. 2 El caso fue alfanuméricamente designado como SJ2023CV07752 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). CC-2025-0050 4

fue constituido el 5 de abril de 2023, en el estado de Rhode

Island, y el “Support Trust” fue constituido como el “Allio

Support Trust” el 30 de junio de 2023, mediante la Escritura

Núm. 17 otorgada ante la notaria Lilianna María Muñiz.

En la contestación a la demanda y reconvención, la

señora Santiago Chardón, por sí y como madre custodia con

patria potestad de los entonces menores, aquí peticionarios,

alegó que los fideicomisos testamentarios eran nulos por no

haberse registrado como requiere la ley.3 Además, en apretada

síntesis, solicitó que el albacea fuera destituido de su

cargo. El Sr. Michael K. Allio replicó a la reconvención

negando los hechos esenciales.

Luego de varios trámites procesales, y en lo aquí

pertinente, el 13 de septiembre de 2023, la señora Santiago

Chardón por sí y en representación de los entonces menores,

presentó Moción Solicitando se declaren nulos los

Fideicomisos Testamentarios.4 En esencia, adujo que, a tenor

con el Artículo 5 de la Ley Núm. 219-2012, supra, 32 LPRA

sec. 3351d, el testamento donde se establecieron los

fideicomisos tenía que ser registrado en el Registro de

Fideicomisos adscrito la Oficina de Inspección de Notarías

del Poder Judicial (ODIN).

El Sr. Michael K. Allio se opuso a lo solicitado y

arguyó que el “Support Trust”, constituido en Puerto Rico el

3 Entre otros asuntos, solicitó que se nombrara un defensor judicial a los menores; que el apartamento en el Condominio Regatta fuese declarado el hogar seguro de estos; y que se ordenara el pago de la Sentencia emitida en el caso SJ2021RF00135, a favor de Carmen Santiago por la cantidad de $50,000. 4 Véase SUMAC Entrada Núm. 32. CC-2025-0050 5

30 de junio de 2023, mediante la Escritura Núm. 17, fue

debidamente inscrito en el Registro Especial de

Fideicomisos.5 En cuanto al “Life Trust” indicó que el mismo

fue constituido en el Estado de Rhode Island, por lo cual no

tenía que ser inscrito.6

El 2 de noviembre de 2023, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una orden indicando que iba a aplazar su

determinación, en cuanto a la solicitud de desestimación y

nulidad de Fideicomisos testamentarios, hasta tanto se

nombrara un defensor judicial para los menores.7 El 21 de

noviembre de 2023 se nombró defensor judicial al Lcdo. Ramón

E. Dapena Guerrero.8 Finalmente, el 8 de enero de 2024,

notificada al día siguiente, el foro primario mediante

resolución declaró “no ha lugar” a la solicitud de nulidad

de los fideicomisos sin expresar fundamento.9

Posteriormente, el 10 de mayo de 2024, el Defensor

Judicial de los entonces menores, presentó una moción en la

cual informó al Tribunal que los menores fueron emancipados

mediante sus respectivas escrituras públicas, ambas

otorgadas el 2 de abril de 2024.10 Ante ello, solicitó el

5 Acompañó con la referida moción copia del Número de Inscripción, FDC- 30062023-2475, expedido por la Oficina de Inspección de Notaria (ODIN). Véase SUMAC Entrada Núm. 52. 6 Además, indicó que la señora Santiago no tiene legitimación activa

para solicitar la nulidad de los fideicomisos, por cuanto esta no es beneficiaria. Véase SUMAC 52. 7 Véase SUMAC Entrada Núm. 84. 8 Véase apéndice del recurso, págs. 186-189. (SUMAC Entrada Núm. 96). 9 Véase apéndice del recurso, págs. 213-214. (SUMAC Entrada Núm. 120).

Destacamos que inconforme con el dictamen, la señora Santiago solicitó reconsideración y el albacea presentó su oposición. El 11 de agosto de 2024, notificada el 14 siguiente, el foro primario declaró “no ha lugar” al petitorio. Véase SUMAC Entrada Núm. 138. 10 Véase apéndice del recurso, págs. 270-283. (SUMAC Entrada Núm. 182). CC-2025-0050 6

relevo de su representación legal. También, peticionó que,

conforme al Artículo 10 de la Ley de Fideicomisos, 32 LPRA

sec. 3352 (c), procedía poner a los peticionarios en posesión

de la mitad del caudal relicto y reiteró que el fideicomiso

de Rhode Island sea “reincorporado” en Puerto Rico. El

albacea se opuso a lo peticionado por el Defensor Judicial.

En esencia, argumentó que ambos fideicomisos fueron

instituidos a favor de los hermanos Allio y que, conforme a

sus cláusulas, no puede realizar actos para su beneficio

personal.11

El 12 de julio de 2024, los peticionarios, en su

carácter personal y representados por la Lcda. Olga García

Vincenty, presentaron un escrito en el cual solicitaron la

nulidad de los fideicomisos. Adujeron que los fideicomisos

constituidos por testamento no fueron registrados por el

notario que otorgó la escritura sobre testamento abierto en

el Registro Especial de Fideicomisos y, a tenor con la ley,

son nulos.12 Además, y en la alternativa, argumentaron que,

de considerarse que los fideicomisos no fueron constituidos

en el testamento, igualmente serían nulos, ya que el testador

era el único que podía haberlos constituido en vida. A su

entender, el testamento solo facultó al albacea a administrar

esos fideicomisos, no a constituirlos.

El Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden a

ODIN, el 13 de agosto de 2024, para que acreditara si “los

11 Véase apéndice del recurso, págs. 349-387. (SUMAC Entrada Núm. 218). 12 Véase apéndice del recurso, págs. 388-414. (SUMAC Entrada Núm. 237). CC-2025-0050 7

fideicomisos Support Trust y Life Trut fueron registrados”

y la fecha exacta de su inscripción.13 El 15 de agosto de

2024, el foro primario fue informado sobre la certificación

expedida por ODIN, la cual indica que en el Registro de

Fideicomisos no surge la inscripción del instrumento

público.14

Así las cosas, el 20 de agosto de 2024, se atendieron

varios asuntos, y entre ellos, la solicitud de nulidad

instada por los peticionarios. A esos efectos, el foro

primario consignó lo siguiente: “[r]especto a la solicitud

de nulidad de los fideicomisos el Tribunal mantiene su

determinación del 8 de enero de 2024 (Sumac 120)”.15

En desacuerdo, tanto el Albacea como los peticionarios

presentaron sus respectivos recursos de certiorari ante el

Tribunal de Apelaciones. Ambos recursos fueron consolidados

y posteriormente fue denegada su expedición.16 Tras evaluar

los planteamientos, el foro apelativo intermedio razonó que:

Luego de examinar los recursos consolidados, resolvemos que no se han producidos circunstancias que requieran nuestra intervención en esta etapa. Las determinaciones recurridas no exhiben los elementos jurídicos, que activan nuestra facultad revisora de conformidad a los parámetros de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Tampoco contemplamos la existencia de los criterios jurídicos que motiven

13 Véase SUMAC Entrada Núm. 269. 14 Véase apéndice del recurso, págs. 508-510. (SUMAC Entrada Núm. 275). 15 Véase apéndice del recurso, pág. 517. (SUMAC Entrada Núm. 291). Además,

en la referida resolución el Tribunal autorizó el alquiler del apartamento, y a que la señora Santiago Chardón residiera en el mismo hasta que fuera alquilado. El 24 de agosto de 2024, el albacea solicitó reconsideración parcial a los únicos efectos de que ordenara a la señora Santiago Chardón a desalojar la propiedad y pagar la renta atrasada. Más ello fue denegado por el foro primario mediante una resolución notificada el 29 de agosto de 2024. 16 Oportunamente, los peticionarios solicitaron al foro intermedio que

reconsiderara su dictamen, lo cual fue denegado mediante una Resolución notificada el 21 de enero de 2025. CC-2025-0050 8

nuestro ejercicio revisor a tenor con la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. KLCE202401032 consolidado KLCE202401060, pág. 11.

Inconformes, los hermanos Allio comparecen ante esta

Curia y señalan los siguientes errores:

PRIMER ERROR: Erró el TA al denegar expedir el auto y concluir que no se dan los elementos que le permiten intervenir en esta etapa del caso, según lo conceden la Regla 52.1, [infra], y la Regla 40, [infra].

SEGUNDO ERROR: Erró el TA al no expedir el auto y no revocar al TPI, el cual abusó de su discreción, al denegar la solicitud de los peticionarios para que se declaren nulos los fideicomisos creados por el albacea y fiduciario.

TERCER ERROR: Erró el TA al no expedir el auto y no revocar al TPI, el cual abusó de su discreción, al denegar la solicitud para que se determine que procede declarar nulo el Support Trust por afectar la legítima de los peticionarios, así como al negarse a determinar su derecho al 50% del caudal.

CUARTO ERROR: Erró el TA al no expedir el auto y no revocar al TPI, el cual abusó de su discreción, al denegar la solicitud de los peticionarios para que dicte resolución, dando por terminados los fideicomisos.

QUINTO ERROR: Erró el TA al no expedir el auto y no revocar al TPI, al denegar la solicitud de los peticionarios para que se cree y se inscriba en Puerto Rico el fideicomiso creado en Rhode Island.

SEXTO ERROR: Erró el TA al no expedir el auto y no revocar al TPI, al denegar la solicitud de remoción de sus funciones al albacea y fiduciario, así como al denegar que este justifique y rembolse gastos no autorizados e irrazonables, realizados con cargo al caudal hereditario, a pesar de los serios incumplimientos con la ley sobre sus obligaciones.

El 21 de febrero de 2025, notificada y archivada en

autos el 26 siguiente, declaramos “no ha lugar” a la Petición

de Certiorari. Inconformes, presentaron una oportuna Moción

de reconsideración en la cual argumentaron que, contrario al CC-2025-0050 9

mandato de ley, y sin que pueda ejercerse discreción alguna,

los dos fideicomisos testamentarios, no fueron inscritos en

el Registro Especial de Fideicomisos. Asimismo, indicaron

que la etapa del procedimiento es la más propicia para su

consideración, ya que aún el Albacea no ha cumplido con la

presentación de un inventario y avalúo de forma final.17

Evaluados los argumentos esbozados, el 2 de mayo de

2025 dictamos una Resolución en la que determinamos

reconsiderar. Así las cosas, examinado el recurso, así como

el escrito de la parte recurrida, procedemos a consignar el

marco jurídico aplicable a la controversia ante nuestra

consideración.

II.

A. Recurso de certiorari

El recurso de certiorari es un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar las determinaciones de un foro inferior. 800 Ponce

de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020); Mun. Caguas v. JRO

Construction, Inc., 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders et

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). La determinación

de expedir o denegar un recurso de certiorari está enmarcada

dentro de la discreción judicial. 800 Ponce de León v. AIG,

supra, pág. 174; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, págs.

337-338. Dicha discreción es “una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. García v. Asociación, 165 DPR 311,

17 Véase Moción de reconsideración, pág. 3. CC-2025-0050 10

321 (2005); Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR

651, 657-658 (1977).

En BPPR v. SLG Gómez-López, 213 DPR 314, 334-335 (2023)

señalamos lo siguiente:

Como regla general, los foros apelativos no intervendrán en la discreción de los foros primarios a no ser que las decisiones emitidas resulten arbitrarias o en un abuso de su discreción. Específicamente, la discreción ha de ceder en las circunstancias en las que se configura: un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que la intervención en esa etapa evitaría un perjuicio sustancial a la parte afectada por su determinación. (notas al calce omitidas).

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de

dicho recurso se encuentra delimitada a las instancias y

excepciones contenidas en la Regla 52.1 de las Reglas de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Esta regla establece que

el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia, solo se expedirá cuando:

[…] se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto CC-2025-0050 11

en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. [Negrillas suplidas].

Cabe resaltar que, los límites impuestos en la Regla

52.1, supra, a los asuntos interlocutorios, fueron aprobados

por la Asamblea Legislativa bajo el entendimiento de que

existen asuntos que podían esperar hasta la conclusión del

caso para ser revisados en apelación, y con el propósito de

acelerar los trámites ante el foro apelativo. IG Builders et

al. v. BBVAPR, supra, pág.336. No obstante, con posterioridad

a su aprobación, la Regla 52.1, supra, fue enmendada por la

Ley Núm. 220-2009 y la Ley Núm. 177-2010. Estas enmiendas

añadieron otros escenarios o circunstancias a dicha regla en

referencia a la naturaleza o el efecto que produciría a las

partes esperar la revisión en apelación. 800 Ponce de León

v. AIG, supra, pág. 175. En este aspecto, la Ley Núm. 177-

2010 extendió la facultad revisora del Tribunal de

Apelaciones a resoluciones u órdenes interlocutorias que

traten asuntos de interés público o situaciones que requieran

la atención inmediata del foro revisor, pues aguardar hasta

la conclusión del caso conllevaría un fracaso irremediable

de la justicia. Íd., pág. 176.

De esta manera, se incorporó al texto de la Regla 52.1,

supra, la consideración de aquellas situaciones

excepcionales que pudieran “afectar sustancialmente el

resultado del pleito o tener efectos limitativos para la

defensa o reclamación de una parte o conllevar cuestiones CC-2025-0050 12

neurálgicas o de política pública”.18 Por su naturaleza,

estos deben estar sujetos a revisión inmediata y oportuna

por el tribunal intermedio.

Por otro lado, el examen que hace el Tribunal de

Apelaciones previo a expedir un certiorari no se da en el

vacío ni en ausencia de otros parámetros. McNeil Healthcare

v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 404 (2021); IG Builders

et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, según enmendado,19 4 LPRA Ap.

XXII-B, señala los criterios que debe tomar en consideración

al evaluar si debe expedir este recurso.20 En particular, la

Regla 40, supra, dispone:

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.

18 Véase Mun. Caguas v. JRO Construction, supra (citando a, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 533). Véase, además, 800 Ponce de León v. AIG, supra, pág. 176. 19 In re Aprob. Enmdas. Reglamento TA, 2025 TSPR 42, 215 DPR __ (2025). 20 Con la entrada en vigor del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos en el Tribunal de Apelaciones (SUMAC TA), el Reglamento del Tribunal de Apelaciones requirió varias enmiendas para atemperar las disposiciones que lo requiriesen a la digitalización y automatización del proceso de presentación de recursos y escritos ante el foro apelativo intermedio. No obstante, la Regla 40, supra, mantuvo el mismo lenguaje. Íd. CC-2025-0050 13

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

En síntesis, la precitada regla exige al foro apelativo,

evaluar si alguna de las circunstancias allí enumeradas está

presente en el recurso peticionado. No obstante, vale

destacar que ninguno de estos criterios es determinante por

sí solo para el ejercicio de jurisdicción y tampoco son una

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2004),

citando a, H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo,

Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 560.

B. El Fideicomiso testamentario

El fideicomiso puertorriqueño fue incorporado en

nuestro acervo jurídico con unas características

particulares. En este convergen principios del fideicomiso

anglosajón (trust) con nuestra tradición de origen

civilista. Álvarez v. Sec. Hacienda, 78 DPR 412, 420 (1955).

Así, el fideicomiso fue concebido como una “figura híbrida”

en la que resultaba difícil “precisar los contornos de su

conmixtión anglosajona y civilista”. Dávila v. Agrait, 116

DPR 549, 569 (1985). En Dávila v. Agrait, supra, analizamos

la naturaleza jurídica de esta institución en sus dimensiones

históricas y legales. En resumen, destacamos que:

[…] nuestra adaptación de la ley panameña de fideicomisos no creó un todo coherente e integrado a perfección. Nuestra ley tiene zonas grises, lagunas y vacíos. Hasta tanto se legisle sobre el particular, esas deficiencias no se atienden adhiriéndonos exclusivamente al respetable pensamiento de Alfaro. La CC-2025-0050 14

lección es clara. La creación del fideicomiso puertorriqueño tomó como punto de partida la obra del ilustre panameño, más la intención central fue incorporar a nuestro ordenamiento jurídico, con ajustes, el trust anglosajón. Esta innegable realidad sirve de guía. Es hacia las características de éste donde hay que acudir para resolver, con debido respeto a nuestra tradición civilista, muchas de las interrogantes que plantea nuestra Ley Núm. 41 de Fideicomisos de 23 de abril de 1928. Íd., pág. 565.

La primera regulación de esta institución ocurrió

mediante la incorporación de los Artículos 834 al 874 del

Código Civil de 1930, 32 LPRA secs. 2541-2181.

Posteriormente, estos articulados fueron derogados por la

actual Ley Núm. 219-2012, supra. De esta manera, la Asamblea

Legislativa atemperó la normativa sobre fideicomisos “a las

necesidades actuales de la población y de la economía

[puertorriqueña]” Además, esta pieza legislativa, propone

que no es necesario adaptar el trust angloamericano a las

legislaciones civilistas. Surge de su exposición de motivos

lo siguiente:

[…] esta Asamblea Legislativa entiende necesario no contaminar ninguno de los dos sistemas, salvo que se trate de instituciones que puedan adaptarse del sistema angloamericano al sistema civil. Es por estas razones que proponemos que el fideicomiso se consagre en una ley especial fuera del Código Civil. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 219-2012.

Esta legislación introdujo varios cambios

significativos, entre estos, una nueva definición del

fideicomiso y la creación de un Registro de Fideicomisos

adscrito a la Oficina de Inspección de Notaría. El Artículo

1 de la Ley Núm. 219-2012, supra, 32 LPRA sec. 3351, define

el fideicomiso como:

[U]n patrimonio autónomo que resulta del acto por el cual el fideicomitente le transfiere bienes o CC-2025-0050 15

derechos, y que será administrado por el fiduciario para beneficio del fideicomisario o para un fin específico, de acuerdo con las disposiciones del acto constitutivo y, en su defecto, conforme a las disposiciones de este capítulo.

Además, la naturaleza y extensión de los deberes y

facultades de las partes serán determinadas por el acto

constitutivo del fideicomiso. A falta de disposición en dicho

acto, serán determinados por los estatutos dispuestos en

dicha pieza legislativa. Artículo 4 de la Ley Núm. 219-2012,

supra, 32 LPRA. sec. 3351c. El “acto constitutivo” al que se

refiere el Artículo 1, supra, es la forma en que este debe

ser constituido.

Por su parte, el Artículo 7 de la Ley Núm. 219-2012,

supra, 32 LPRA sec. 3352, determina que la voluntad de

constituir fideicomiso debe declararse expresamente por acto

entre vivos, mediante escritura pública o constituirse por

testamento.

El fideicomiso “entre vivos” o “inter vivos” es aquel

que se constituye cuando el fideicomitente acude ante un

notario o notaria y expresamente declara su intención de

crear el fideicomiso, el cual, tiene que realizarse en

escritura pública.

Por otro lado, el fideicomiso testamentario, conocido

como “fideicomiso mortis causa”, es constituido mediante

testamento. Allí el testador deja previsto, para el supuesto CC-2025-0050 16

de su fallecimiento, el fideicomiso con determinación cierta

del fideicomisario (trustee) así como los beneficiarios.21

En los fideicomisos testamentarios el causante ostenta

dos funciones: la de testador y fideicomitente.22 Por ende,

a pesar de que se constituye en una fecha cierta —es decir,

la fecha del otorgamiento del testamento—, el mismo no

surtirá efectos hasta tanto el fideicomitente fallezca.23

Los tratadistas norteamericanos, George Gleason Bogert

y George Taylor Bogert, nos comentan:

It is obvious, therefore, that if a settlor it desires to create an express trust of realty or personality to take effect at his death, by means of a transfer of the all and equitable interest in property to a trustee and beneficiary, respectively, he must draft and execute an instrument which meets the formal requirements of wills in the appropriate jurisdiction and which describes a trust under which the trustee is to hold property given to him.(Negrillas suplidas). George Gleason Bogert & George Taylor Bogert, Trusts and Trustees, West Publ. Co., 2da Ed. Rev., 1984, sec.101, pág. 226.

En nuestra jurisdicción, el Artículo 8 de la Ley Núm.

219-2012, supra, 32 LPRA sec. 3352a, dispone el contenido

que es necesario expresar en el acto constitutivo del

fideicomiso. Estos son:

(a) el lugar y fecha en que se constituye el fideicomiso; (b) la declaración expresa de la voluntad de constituir fideicomiso; (c) el nombre del fideicomiso que se constituye; (d) la individualización de los bienes del patrimonio, o cuota del mismo, objeto del fideicomiso. Si no resulta posible tal individualización a la fecha de su constitución, debe constar la descripción de los requisitos y características que deben reunir los bienes;

21 Véase Gabriela Castrodad García, Nuevo Código, nuevos retos: los fideicomisos testamentarios y los cambios en el derecho sucesorio, 91 Rev. Jur. UPR 1087. 22 Íd. 23 Íd. CC-2025-0050 17

(e) la determinación de la persona que puede incorporar otros bienes al fideicomiso y del modo en que pueden ser incorporados, en su caso; (f) la designación completa y clara del fideicomitente, del fiduciario y del fideicomisario o de los sustitutos, en su caso. Cuando se trate de fideicomisarios futuros o de clases de fideicomisario, deberán expresarse circunstancias suficientes para su identificación; (g) las facultades y deberes del fiduciario y las prohibiciones y limitaciones que se le imponen en el ejercicio del fideicomiso; (h) cualquier reserva de derechos que haga el fideicomitente; (i) el plazo o condición a que se sujeta el fideicomiso, en su caso; (j) las reglas de acumulación, distribución o disposición de los bienes, rentas y productos de los bienes del fideicomiso; y (k) cualquiera otra cláusula que el fideicomitente quiera incluir que no sea contraria a la ley, a la moral o al orden público.

En otras palabras, la escritura pública y el testamento

que se otorgue debe cumplir con los requisitos de este

articulado. Incluso, este permite que el fideicomitente

incluya cualquier cláusula siempre y cuando no sea contraria

a la ley, a la moral o al orden público. En este sentido,

es importante resaltar que nuestro ordenamiento sucesorio

está cimentado en dar cumplimiento a la voluntad del

testador en la disposición de sus bienes en lo que no sea

contrario a la ley. Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 480

(2000); Torres Ginés v. ELA, 118 DPR 431 (1987).

En virtud de lo anterior, la intención del testador de

constituir un fideicomiso debe surgir expresamente del

testamento.24 Además, el testamento debe cumplir con las

formalidades dispuestas en el Código Civil de 2020, con la

24 En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expresado que la voluntad del testador es la “ley de la Sucesión”. Fernández Franco v. Castro Cardoso, 119 DPR 154 (1986); Calimano Díaz v. Rovira Calimano, 113 DPR 702 (1983); Moreda v. Rosselli, supra, pág. 480. CC-2025-0050 18

Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, Ley

Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec.2001 et seq., y el

Reglamento Notarial de Puerto Rico, según enmendado, 4 LPRA

Ap. XXIV.25 Los tratadistas norteamericanos reseñan lo

siguiente:

“As we have seen, to create a trust, the settlor must manifest the intention to do so. This manifestation of intention must identify the trust’s beneficiaries, its property and its purposes”. Austin Wakeman Scott, William Franklin Fratcher & Mark L. Ascher, Scott and Ascher on Trusts, Aspen Publ., 5ta Ed., 2006, Vol. 1, sec. 7.1, pág. 340.

C. El Registro de Fideicomisos

Como indicáramos, entre uno de los cambios

significativos de la Ley Núm. 219-2012, supra, es la creación

del Registro de Fideicomiso y el requisito de inscripción

del instrumento público constitutivo.

El Artículo 5 de la Ley Núm. 219-2012, supra, 32 LPRA

sec. 3351d, dispone:

Se crea el Registro de Fideicomisos adscrito a la Oficina de Inspección de Notarías de la Rama [Poder] Judicial, dispondrá reglamentación a los efectos de los requisitos y la forma en que habrá de establecerse el Registro. Todo fideicomiso constituido en Puerto Rico se inscribirá en el Registro Especial de Fideicomisos, bajo pena de nulidad.

25El Código Civil dispone en el Artículo 1645, 31 LPRA sec. 11272, lo siguiente: Todo lo relativo a la redacción, el idioma, las formalidades, el otorgamiento y la autorización del testamento abierto se rige íntegramente por lo dispuesto en la legislación notarial para los instrumentos públicos, con las únicas salvedades contenidas en los artículos siguientes. Además, los notarios y las notarias tienen que cumplir con los requisitos formales de fondo y de forma para que el testamento sea válido. Moreno Martínez v. Martínez Ventura, 168 DPR 283 (2006). El cumplimiento con los requisitos de fondo tiene que surgir expresamente de la faz de la escritura del testamento o, de lo contrario, este será nulo ab initio. Íd., pág. 292. Véase, además, Instrucciones Generales a los notarios y las notarias (revisadas-julio 2016), Instrucción núm. 18: Subsanación de las faltas en los instrumentos públicos, y la Regla 39 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, supra. CC-2025-0050 19

En la inscripción se harán constar las siguientes menciones: (a) el nombre del fideicomiso que se constituye; (b) fecha y lugar de su constitución; (c) número de escritura y nombre del notario ante quien se otorgó, en su caso; (d) el nombre y la dirección del fideicomitente; (e) el nombre y la dirección del fiduciario o fiduciarios y de sus sustitutos, si alguno; y (f) el nombre y la dirección del fideicomisario o fideicomisarios y de sus sustitutos, si alguno. El notario que otorga el acto de constitución del fideicomiso tendrá la obligación de notificarlo a la Oficina de Inspección de Notarías no más tarde de los primeros diez días del mes siguiente a su otorgamiento. [Negrillas nuestras].

Como surge del citado articulado, el registro está

adscrito a la Oficina de Inspección de Notarias (ODIN) del

Poder Judicial. Con el fin de dar cumplimiento al mandato

legislativo, esta oficina diseñó varios formularios, entre

ellos, el de Notificación de Fideicomiso (OAT-1687).

En este formulario se indica si el fideicomiso es con

fines o sin fines de lucro, si está sujeto o no a una

condición suspensiva o si el fideicomiso se constituyó en un

testamento. En cuanto a este último, en el formulario también

hay que indicar los datos de inscripción en el Registro de

Poderes y Testamento. Igualmente hay que especificar los

datos del fideicomitente y del fideicomisario, más sus

sustitutos.

Además, el Artículo 5 de la Ley Núm. 219-2012, supra,

de forma clara y, sin excepciones, establece que todo

fideicomiso que no se inscriba en el registro es nulo.26 En

26 Véase, además, Lugo Irizarry, Carmen Teresa, El fideicomiso como instrumento de planificación financiera y sucesoral, Ed. SITUM, 2022, pág. 52. CC-2025-0050 20

nuestro estado de derecho es doctrina arraigada que cuando

el lenguaje de una ley es claro, los tribunales venimos

obligados a respetar la voluntad legislativa. Véase, PR Fast

Ferries, et al. v. AAPP, 213 DPR 103, 110 (2023). Véase,

además, San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, 189 DPR

849, 866 (2013). Asimismo, es principio sustantivo que “lo

que es “nulo” no puede ser objeto de “relevo” de parte de un

tribunal pues lo nulo nunca tuvo eficacia alguna, nunca

“nació” en derecho, nunca existió”. Montañez v. Policía de

P.R., 150 DPR 917, 921 (2000).

En virtud, de las disposiciones legales y los criterios

jurisprudenciales expuestos, procedemos a analizar la

controversia que se encuentra ante nuestra consideración.

III.

En el presente recurso, nos corresponde determinar si

el foro a quo erró al no expedir el auto solicitado y en

consecuencia mantener la determinación del TPI que denegó

declarar la nulidad de los fideicomisos. De acuerdo con el

trámite procesal, los peticionarios por sí, y contando con

su propia representación legal, presentaron una moción en la

cual solicitaron la nulidad de los fideicomisos

testamentarios por no estar inscrito en el Registro de

Fideicomisos. En la alternativa, adujeron que el causante no

facultó expresamente al albacea para constituir los

fideicomisos, sino a administrarlos.

De otra parte, el recurrido indicó haber constituido

los fideicomisos conforme a la voluntad del testador. Por lo CC-2025-0050 21

cual, argumentó que el “support trust” fue constituido el 30

de junio de 2023 mediante la Escritura Núm. 17 ante la

Notaria Lillianne Marie Muñiz y que la referida escritura

consta inscrita en el Registro de Fideicomisos según

inscripción número, FDC-30062023-2475.27 En cuanto al “life

trust”, indicó haberlo otorgado en el estado de Rhode Island,

por lo cual no era necesaria su inscripción.

Adelantamos que no le asiste la razón al recurrido y

que el Tribunal de Apelaciones erró al no expedir el recurso.

Veamos.

Como surge del derecho antes consignado, el fideicomiso

constituido en testamento establece varios requisitos para

su validez. Entre estos, el testamento donde se constituyan

los fideicomisos debe cumplir con las formalidades

establecidas en el Código Civil, en la Ley Notarial y su

reglamento.

En lo aquí pertinente, el testamento abierto tiene que

ser otorgado en escritura pública, y notificado al Registro

de Poderes y Testamento adscrito a la ODIN.28 Asimismo, el

fideicomiso que allí se constituya tiene que cumplir con los

requisitos dispuestos en la Ley Núm. 219-2012, supra.

En el presente caso, el testamento del Sr. David John

Allio Littauer fue otorgado mediante la Escritura Pública

27Véase nota alcalce núm. 4. 28 A esos fines se creó el Formulario OAT 1658 titulado Formulario Notificación de Testamento. Los Registros de Poderes y de Testamentos, adscritos al Registro General de Competencias Notariales (RGCN), manejan las notificaciones relacionadas con el otorgamiento de poderes y de testamentos, así como las solicitudes de certificaciones relacionadas con estos. Véase, Instrucción General núm. 18, supra. CC-2025-0050 22

Núm. 16, sobre testamento abierto ante el notario Jorge A.

Cartalaya Brao. Además, surge del expediente electrónico que

el mismo fue inscrito en el Registro de Poderes y Testamento,

según consta en la certificación expedida el 1 de mayo de

2023 por el Director de Inspección de Notarías del Tribunal

Supremo de Puerto Rico.29 Ahora bien, los fideicomisos allí

constituidos tienen, a su vez, que cumplir con los requisitos

dispuestos en la Ley Núm. 219-2012, supra.

De entrada, se requiere una expresión cierta del

testador en la creación de un fideicomiso en su testamento.

Así, el notario o la notaria otorgante del testamento ha de

redactar en este el fideicomiso conforme a la voluntad del

testador, adaptándola a las formalidades jurídicas, para su

eficacia. Por lo tanto, y en lo aquí pertinente, veamos el

contenido del testamento otorgado por el Sr. David John Allio

Littauer.

En el testamento se consignó lo siguiente:30

---FOURTH: The Testator hereby gives, devises and bequeaths his entire state as follows:----------- -- (a) Pursuant to the provision of the Civil Code of Puerto Rico of 2020, specifically Article 1659, 31 L.P.R.A., the Testator declares as his inheritors his two (2) children, Giancarlo Alessandro Allio and Mia Maria Allio, who were both born on September twenty (20) two thousand five (2005) in Providence, Rhode Island, in equal shares of his total estate. […]------------------ --- (b) It is the Testator’s intention that a portion of his estate that is herein devised equivalent to fifty percent (50%) of the Testator’s liquid assets bequeathed to his two children shall be placed jointly or individually for their benefit in a trust fund (the “Life Trust”) to be administered by the Testator’s

29 Véase Anejos, SUMAC Entrada Núm. 1. 30 Véase apéndice del recurso a las págs. 61-75. CC-2025-0050 23

brother Michael Allio, or if Michael Allio is not available, said trust fund shall be administered by the Testator’s other brother Mark Allio, hereinafter collectively referred to as “trustee”, subject to the terms and conditions that are described later in this document. All of the income of said trust fund or trust funds shall be accumulated to principal and all of the principal of said trust fund or trust funds shall be preserved for the benefit of the aforementioned beneficiaries and the distributions be made as described below. When the children reach the age of eighteen (18), the trustee, in his sole discretion, may distribute a maximum of ten percent (10%) of the principal of said trust fund or trust funds for the children’s college education and medical expenses.------------------ ---(c) It is the Testator’s intent that fifty percent (50%) of the liquid assets shall be placed in a separate trust fund with his brothers Michael Allio and Mark Allio as fiduciaries for the benefit, care and raising of the Testator’s two children Giancarlo Alessandro and Mia Maria (the “Support Fund”). Said trust fund will be administered by Michael Allio who will determine an annual budget to be disbursed to the fiduciary which should never exceed the equivalent of ten percent (10%) of the total value of the trust fund at any given time. If Michael Allio is not available as administrator of the trust fund, then the trust fund shall be administered by Mark Allio, subject to the terms and conditions that are described later in this document. It is the Testator’s intention that any assets left and available in the Support Fund be consolidated with the Life Trust fund once the children individually graduate from college and obtain gainful employment and/or establishes him or herself in a self supporting manner, at which time the Support Fund be terminated.------------------------------ --- (d) It is the Testator’s intention that when each child graduate from college or university and obtains gainful employment, or establishes his or herself in a self supporting manner, in the field of his or her choice, an additional ten percent (10%) of the principal of his or her Life Trust may be distributed to the beneficiary for the sole purpose of securing a principal residence, rented or purchased, and the payment being applied to rent or down payment or the full price of the purchase, respectively.-------------------------- ---(e)Except as provided in subsection “f” hereunder, it is the Testator’s intention that a distribution of one fourth (1/4) of the Trust CC-2025-0050 24

principal (the “distribution amount”) be made to each child out of their respective Life Trust when the child reaches the age of twenty five (25) and that two (2) further distributions equivalent to one half (1/2) of the remaining assets in the fund be made to that child at age thirty (30), and at age thirty five (35) and thereafter that child’s Life Trust shall be terminated.------------------

De lo anterior, surge claramente la declaración expresa

y la voluntad del testador de constituir dos fideicomisos.

Los cuales fueron nombrados como “Life Trust” y “Support

Fund”. De igual manera, se individualizaron los bienes del

patrimonio objeto del fideicomiso y claramente se designó al

fiduciario (el recurrido), y los fideicomisarios (los

peticionarios). En cuanto a la persona del fideicomitente,

señalamos que en el fideicomiso testamentario el testador

ostenta dos funciones: testador y fideicomitente.

En el testamento, el testador también estableció las

reglas de acumulación, distribución y disposición de los

bienes en los fideicomisos. Además, en la cláusula “THIRTEEN”

del testamento se establecieron las facultades y deberes del

fiduciario (Trustee), más las prohibiciones y limitaciones

al ejercicio de su cargo.31

En resumen, el testamento -como “acto constitutivo”-

contiene los requisitos de contenido dispuestos en el

Artículo 8 de la Ley Núm. 219-2012, supra. Destacamos,

además, que el testamento fue debidamente registrado en el

Registro de Poderes y Testamento.32 Por ende, de una lectura

del testamento se desprende que en este quedaron constituidos

31 Véase apéndice del recurso, pág.67. 32 Íd., pág. 77. CC-2025-0050 25

los fideicomisos. En consecuencia, no le asiste la razón al

recurrido al argumentar que en el testamento se le encomendó

o comisionó a otorgar los fideicomisos. Si así hubiese sido,

los fideicomisos no serían testamentarios.

Ahora bien, la Ley Núm. 219-2012, supra, exige para la

validez de esos fideicomisos, su inscripción en el Registro

de Fideicomisos. Lo cual en el presente caso no ocurrió,

según surge de la Certificación (CFID-2024-000045) expedida

por el Director de la ODIN, a solicitud del Tribunal de

Primera Instancia, el 15 de agosto de 2024.33 Por lo tanto,

a pesar de que los fideicomisos fueron expresamente

constituidos en testamento, al no haberse cumplido con el

requisito de su inscripción, estos son nulos.

En el presente caso surge diáfanamente que en la

Escritura Pública Núm. 17 el recurrido compareció como

administrador del caudal para establecer un fideicomiso

(Trust) que denominó “Allio Siblings Support Trust u/w of

David John Allio”. En la escritura pública se dispuso lo

siguiente:34

----------------------APPEARS------------------- ---AS SOLE PARTY: MICHAEL KELLY ALLIO LITTAUER, also known as Michael K. Allio, of legal age, single, strategy consultant and resident of Providence, Rhode Island, in his capacity as Executor of the Estate of David John Allio Littauer, also known as David John Allio and David J. Allio, by the authority granted to him by the Tribunal De Primera Instancia Sala Superior De San Juan located in San Juan, Puerto Rico, and pursuant to the Will of David John Allio, dated on the twenty fifth (25th) day of May, two thousand twenty

33 Véase SUMAC Entrada Núm. 275. 34 Negrillas en el original. Véase apéndice del recurso, pág. 104. CC-2025-0050 26

one (2021) and registered under number 391-010 at the Registry of Wills of Puerto Rico (“the Will”).

De otra parte, el recurrido otorgó un “Life Trust u/w

of David John Allio, dated May 25, 2021” mediante documento

otorgado en el estado de Rhode Island, Providence County, y

notarizado el 5 de abril de 2023, por el notario público

Leigh E. Furtado. En el apartado titulado “Establishment of

Trust” se consignó lo siguiente:35

THIS TRUST AGREEMENT, to be known as the “Life Trust u/w of David John Allio, dated May 25, 2021” is made by MICHAEL K. ALLIO, of Providence, Rhode Island in his capacity as Executor of the Estate of David John Allio by the authority granted to him by the Tribunal De Primera Instancia Sala Superior De San Juan located in San Juan, Puerto Rico and as directed to be established pursuant to the Will of David John Allio, dated May 25, 2021 (the “Will”), and in his capacity as the initial trustee named in said Will (the “Trustee”) for the benefit of the children of DAVID JOHN ALLIO (who shall be referred to herein as the “Settlor” even though the trust is funded pursuant to the terms of the Will), namely, MIA MARIA ALLIO (“MIA”) and GIANCARLO ALESSANDRO ALLIO (“GIANCARLO”).

De ambos documentos se desprende que el recurrido

constituyó los supuestos fideicomisos en su capacidad de

administrador del caudal hereditario, según surge de las

cartas testamentarias expedidas por el Tribunal de Primera

Instancia el 21 de marzo de 2023 en el caso alfanumérico,

SJ2023CV02101.36 Estos fideicomisos podrán contener las

35Véase apéndice del recurso, pág. 82. 36Allí el foro primario expidió y otorgó a favor del aquí recurrido, el Sr. Michael Kelly Allio, Cartas Testamentarias de Albaceazgo y Administración de la herencia del causante, para actuar como Albacea en el ejercicio y ejecución del albaceazgo y la administración y partición de la herencia del causante, “la cual por disposición expresa del Testamento tendrá las facultades que le confiere la Ley y todas las que legalmente sean necesarias para cumplir su cometido; relevándolo de prestación de fianza por el término y con las facultades que le confiere CC-2025-0050 27

mismas cláusulas y los mismos beneficiarios establecidos en

el testamento abierto otorgado el 25 de mayo de 2021 por el

Sr. David John Allio Littauer. No obstante, estos no son los

fideicomisos constituidos en el testamento, y cuya nulidad

aquí declaramos.

En el testamento otorgado el 25 de mayo de 2021, el

testador nombró al Sr. Michael Kelly Allio Littauer ejecutor

del caudal hereditario, sin el pago de fianza y sin

limitación de tiempo.37 En sus argumentos, este señaló que,

en cumplimiento de sus funciones, notarizó el 5 de abril de

2023, en el estado de Rhode Island, el documento necesario

para constituir un “life trust” en dicho estado, y el 30 de

junio de 2023 otorgó la Escritura Núm. 17 para constituir un

“support trust”. Ambos documentos fueron otorgados en

documentos separados y con posterioridad al fallecimiento

del Sr. David John Allio Littauer. De ello surge, que estos

llamados fideicomisos, son distintos a los testamentarios

cuya nulidad aquí declaramos.

En cuanto a los documentos otorgados por el recurrido,

los peticionarios argumentaron que estos afectan su legítima

y que el recurrido ha actuado en incumplimiento con las

funciones dispuestas en el Código Civil de Puerto Rico. Por

lo cual solicitan su destitución como administrador de los

bienes. Asimismo, solicitaron que los bienes dispuestos en

el Código Civil y demás leyes de Puerto Rico”. Véase apéndice del recurso, pág. 124. 37 Véase cláusula “ELEVEN” del testamento. Apéndice del recurso, pág.

67. CC-2025-0050 28

el estado de Rhode Island sean transferidos a nuestra

jurisdicción. No obstante, ninguna de estas controversias ha

sido atendida por el Tribunal de Primera Instancia.

Así las cosas, corresponde al Tribunal de Primera de

Primera Instancia determinar si el albacea se excedió en sus

facultades al constituir los alegados fideicomisos

denominados “Allio Siblings Support Trust u/w of David John

Allio” y “Life Trust u/w of David John Allio, dated May 25,

2021”. Asimismo, deberá analizar su validez y las

formalidades de su otorgamiento. Por otro lado, es el foro

primario quien se encuentra en mejor posición para emitir

las órdenes que sean necesarias, y que permitan un traspaso

ordenado de los bienes, de así entenderlo. Además,

puntualizamos que en el presente recurso no hay evidencia de

las cuentas bancarias y/o de las instituciones financieras

donde se transfirieron lo activos.38 El tiempo transcurrido

en el caso es significativo y opera en contra de los derechos

de los herederos testamentarios. Por lo cual, la vista

evidenciaria deberá calendarizarse a la mayor brevedad.

En conclusión, erró el Tribunal de Apelaciones al no

expedir el recurso de certiorari. Si bien, este foro

intermedio tiene amplia discreción para determinar qué

recurso expedir, enfatizamos que dicha discreción no es

absoluta e ilimitada. Como vemos, contrario a lo resuelto,

38El estatuto de Rhode Island requiere la preparación de un memorando de fideicomiso, juramentado ante un notario público. El memorando debe cumplir con los requisitos dispuestos en “Rhode Island General Law”, Titulo 34, Sección 34-4-27. CC-2025-0050 29

este es el momento más oportuno para examinar la

determinación de nulidad de los fideicomisos testamentarios.

La revisión del dictamen del Tribunal de Primera Instancia

promueve la economía procesal y la rápida disposición del

litigio.

En atención a lo aquí resuelto, no es necesario discutir

los restantes errores, relacionados a las actuaciones del

recurrido como albacea del caudal.

IV.

Por todo lo antes expuesto, se revoca el dictamen del

Tribunal de Apelaciones, ya que debió atender el recurso

instado. Además, se revoca la determinación del Tribunal de

Primera Instancia, debido a que los fideicomisos

testamentarios son nulos. Se devuelve el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que a la mayor brevedad posible señale

vista evidenciaria conforme a lo aquí resuelto.

Camille Rivera Pérez Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

MICHAEL ALLIO (en su capacidad de albacea y fiduciario del Fideicomiso Testamentario del Caudal de David John Allio Littauer) Recurrido v. CARMEN SANTIAGO CHARDÓN (por sí y en representación de sus hijos) y otros Peticionarios CC-2025-0050 Certiorari MICHAEL ALLIO (en su capacidad de albacea y fiduciario del Fideicomiso Testamentario del Caudal de David John Allio Littauer) Recurrido v. CARMEN SANTIAGO CHARDÓN (por sí y en representación de sus hijos) y otros Peticionarios

SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2026.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones, ya que debió atender el recurso instado. Además, se revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia, debido a que los fideicomisos testamentarios son nulos. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que, a la mayor brevedad posible, señale vista evidenciaria conforme a lo aquí resuelto.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco emitió la siguiente expresión conforme en parte y CC-2025-0050 2

disidente en parte, a la cual se unió el Juez Asociado señor Estrella Martínez: “En Puerto Rico existen dos formas de crear Fideicomisos: por actos entre vivos en escritura pública o por testamento. Art. 7 de la Ley Núm. 219-2012, según enmendada, conocida como Ley de Fideicomisos, 32 LPRA sec. 3352. En ambos escenarios, estos deben ser inscritos para adquirir validez. Art. 5 de la Ley Núm. 219-2012, 32 LPRA 3351d. En este caso, la Opinión mayoritaria concluye acertadamente que los Fideicomisos en pugna (el Life Trust y Support Trust) son mortis causa y que, como no fueron inscritos, son nulos. Sin embargo, considera apropiado devolver este asunto al Tribunal de Primera Instancia para que se evalúe si los actos del Albacea para constituir los Fideicomisos por su cuenta fueron legítimos. Discrepo de tal proceder. Resulta contradictorio concluir, por un lado, que la intención del Causante era crear los Fideicomisos en su testamento, pero por el otro, dejar la puerta abierta a que el Tribunal de Primera Instancia interprete que el Testador pretendió comisionar al Albacea a que los creara él. Una lectura del testamento permite constatar que el Causante no revistió al Albacea con esa facultad. En cuanto a los Fideicomisos Life Trust y Support Trust, la encomienda del Albacea iba dirigida a que este colocara los bienes líquidos del Causante en los entes jurídicos y, posteriormente, los administrara. Esto, a diferencia del Allio Family Trust, para el cual el Testador expresamente autorizó que sus hermanos —siendo uno de ellos el aquí Albacea— pudieran establecer y manejarlo de suscitarse algunas de las circunstancias previstas en el instrumento público. Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 62-64. Debe tenerse en cuenta que, en ausencia de expresión del Testador, las facultades que tiene un Albacea son las contempladas en el Código Civil. Art. 1740 del Código Civil de 2020, 30 LPRA sec. 11512. En ese sentido, se debe considerar que el Albacea solo puede enajenar los bienes de la herencia o gravarlos cuando el Testador expresamente lo ha autorizado. En defecto de autorización, es necesario el consentimiento unánime de los herederos o autorización judicial. Art. 1741 del Código Civil de 2020, 30 LPRA sec. 11513. Así pues, al haberse determinado que los Fidecomisos impugnados son nulos, las actuaciones CC-2025-0050 3

que tomó el Albacea para constituirlos —sin autorización expresa del Causante— se deben entender igualmente ultra vires. Así procedía haberse concluido. Con esa premisa de fondo, correspondía entonces devolver este asunto al foro primario para que dicho foro tomase las salvaguardas correspondientes. De esa forma, se hubiese provisto una solución más concreta y útil al caso y, a su vez, se prevendría el surgimiento de controversias futuras sobre el mismo asunto”.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión conforme en parte y disidente en parte, a la cual se unió la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

Bettina Zeno González Secretaria del Tribunal Supremo Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

MICHAEL ALLIO (en su capacidad de albacea y fiduciario del Fideicomiso Testamentario del Caudal de David John Allio Littauer)

CARMEN SANTIAGO CHARDÓN (por sí y en representación de sus hijos) y otros

Peticionarios CC-2025-0050 Certiorari

MICHAEL ALLIO (en su capacidad de albacea y fiduciario del Fideicomiso Testamentario del Caudal de David John Allio Littauer)

CARMEN SANTIAGO CHARDÓN (por sí y en representación de sus hijos) y otros

Opinión de conformidad en parte y disidente en parte emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ a la cual se une la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO.

En San Juan, Puerto Rico, 3 de febrero de 2026.

Esta vez teníamos la oportunidad de atender si, dadas

las circunstancias particulares de este caso y la figura del

albacea en nuestro ordenamiento jurídico, eran válidos

ciertos fideicomisos, unos de carácter testamentario que no CC-2025-0050 2

fueron notificados al Registro Especial de Fideicomisos, y

otros fundados por el albacea con posterioridad al

fallecimiento del testador, en un intento de constituir los

testamentarios.

Acertadamente, la Opinión mayoritaria declara la

nulidad de los fideicomisos que el testador preceptuó en su

Testamento Abierto porque no fueron notificados al Registro

Especial de Fideicomisos, tal y como requiere el Art. 5 de

la Ley de Fideicomisos, infra. Por entender correcto ese

proceder, estoy conforme en ese extremo.

No obstante, a la misma vez, se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para que este determine si el

albacea se excedió en sus facultades cuando constituyó los

fideicomisos por su propia cuenta. Así, se deja la puerta

abierta para que se valide una actuación del albacea que fue

ejecutada sin autorización expresa del testador y sin

facultad estatutaria. Como soy del criterio de que tales

acciones deberían ser declaradas ultra vires,

respetuosamente discrepo del curso dispositivo adoptado en

esta ocasión.

Advierto, además, que la posibilidad de validar que un

albacea pueda, sin autorización testamentaria expresa,

otorgar fideicomisos no registrados como parte de sus

facultades en ley, supone el riesgo de tornar en inoficioso

el Registro Especial de Fideicomisos, su propósito y el

requisito de registrar los fideicomisos testamentarios. Ese CC-2025-0050 3

resultado atentaría contra la letra clara y la intención del

Art. 5 de la Ley de Fideicomisos, infra.

Expuesto este breve contexto, esbozaré las razones que

motivan esta desavenencia, no sin antes examinar las

circunstancias procesales más relevantes del caso.

I

Sobre los hechos de este caso no hay controversias

mayores.

El 25 de mayo de 2021, el Sr. David John Allio Littauer

(señor David Allio Littauer o Causante) otorgó un Testamento

Abierto en el que: (1) instituyó a sus dos hijos como

herederos únicos y universales (peticionarios); (2) designó

dos fideicomisos a favor de estos, uno nombrado Life Trust

y otro Support Trust (Fideicomisos Testamentarios); y (3)

nombró albacea y fiduciario de los fideicomisos a su hermano,

el Sr. Michael Allio (señor Michael Allio o albacea Michael

Allio).1 Ninguno de estos dos fideicomisos fue notificado al

Registro Especial de Fideicomisos.2

Posteriormente, el 12 de febrero de 2023, el señor David

Allio Littauer falleció y, el 3 de marzo de 2023, el señor

Michael Allio aceptó el cargo de albacea.3

1 Entrada Núm. 1 del expediente digital del caso SJ2023CV07752 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos del Tribunal de Primera Instancia (SUMAC-TPI).

2 Entrada Núm. 275 del expediente digital del caso en el SUMAC-TPI.

3 Entrada Núm. 1 del expediente digital del caso en el SUMAC-TPI. CC-2025-0050 4

Una vez iniciada por el señor Michael Allio la solicitud

de división de la comunidad hereditaria, este informó que el

5 de abril de 2023 constituyó un fideicomiso titulado Life

Trust en el estado de Rhode Island y que el 30 de junio de

2023 otorgó otro nombrado Support Trust en Puerto Rico.4

En desacuerdo, la Sra. Carmen Santiago Calderón (señora

Santiago Calderón), madre de los hijos del señor David Allio

Littauer, solicitó que los fideicomisos creados por el

albacea Michael Allio fueran declarados nulos.5 Según

argumentó, los Fideicomisos Testamentarios no fueron

registrados.

En respuesta, el albacea Michael Allio arguyó que la

señora Santiago Calderón carecía de legitimación activa para

reclamar la nulidad de los fideicomisos y, en los méritos,

planteó que el Support Trust fue registrado al momento de

crearse en Puerto Rico, mientras que no era necesario

notificar el Life Trust porque fue constituido en Rhode

Island.6

4 Íd. Nótese que el señor Michael Allio creó estos fideicomisos con los mismos nombres que los Fideicomisos Testamentarios que dispuso el señor David Allio Littauer. Asimismo, según una certificación del Registro Especial de Fideicomisos, el fideicomiso titulado Support Trust, creado por el señor David Allio Littauer, fue notificado al Registro Especial de Fideicomisos el 6 de julio de 2023. Véase Entrada Núm. 52 del expediente digital del caso en el SUMAC-TPI.

5 Entradas Núm. 20 y 32 del expediente digital del caso en el SUMAC-TPI, entre otras.

6 Entrada Núm. 52 del expediente digital del caso en el SUMAC-TPI. CC-2025-0050 5

Tras múltiples trámites, el 8 de enero de 2024, el

Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la

solicitud de nulidad.7

El 12 de julio de 2024, los peticionarios, ya en su

carácter personal, solicitaron que se declararan nulos tanto

los Fideicomisos Testamentarios, por no haber sido

notificados en el Registro Especial de Fideicomisos, como

los creados por el albacea Michael Allio, por haberse

establecido sin facultad para ello.8

El 15 de agosto de 2024, los peticionarios sometieron

al foro primario una certificación emitida por la Oficina de

Inspección de Notarías (ODIN) en la que se informó que del

Registro Especial de Fideicomisos no surgía la notificación

de los Fideicomisos Testamentarios.9

A pesar de ello, el 20 de agosto de 2024, el Tribunal

de Primera Instancia sostuvo su determinación de declarar no

ha lugar a la solicitud de nulidad.10

7Entrada Núm. 120 del expediente digital del caso en el SUMAC-TPI.

El 17 de enero de 2024, la señora Santiago Calderón solicitó reconsideración, la cual fue denegada el 14 de febrero de 2024. Véase Entrada Núm. 138 del expediente digital del caso en el SUMAC-TPI.

8Entrada Núm. 237 del expediente digital del caso en el SUMAC-TPI.

9Entrada Núm. 275 del expediente digital del caso en el SUMAC-TPI.

Entrada Núm. 291 del expediente digital del caso en 10

el SUMAC-TPI. CC-2025-0050 6

Inconformes, tanto el señor Michael Allio como los

peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones, el cual

denegó expedir los recursos presentados por ambas partes.11

Acto seguido, los peticionarios promovieron el recurso

de epígrafe. Ante nos, reiteraron su petitorio bajo el mismo

fundamento: los fideicomisos son nulos porque no fueron

notificados al Registro Especial de Fideicomisos, según

requiere la ley. Igualmente, argumentaron que el Support

Trust afecta su legítima, que procedía inscribir en Puerto

Rico el fideicomiso creado en Rhode Island, y que

correspondía remover al señor Michael Allio de sus funciones

como albacea por serio incumplimiento de sus obligaciones y,

en consecuencia, ordenarle reembolsar los gastos no

autorizados e irrazonables.

Por su parte, el señor Michael Allio sostuvo que él

constituyó los fideicomisos según la voluntad del Causante.

También, reiteró que el Support Trust se constituyó en Puerto

Rico el 30 de junio de 2023 mediante una Escritura Pública

que se notificó al Registro Especial de Fideicomisos,

mientras que el Life Trust se otorgó en otro estado y, por

ello, no se requiere su notificación al Registro. Además,

negó que se hubiesen cometido los demás errores señalados

por los peticionarios o que existiera jurisdicción para

atenderlos.

Los recursos fueron atendidos por el Tribunal de 11

Apelaciones mediante una Resolución del 19 de diciembre de 2024 en el caso identificado como KLCE202401032 consolidado con el KLCE202401060. CC-2025-0050 7

Con este escenario en mente, repasaré el derecho que

informa y sustenta tanto mi conformidad como mi disidencia.

II

A.

La Ley de Fideicomisos, Ley Núm. 219-2012, según

enmendada, 32 LPRA sec. 3351 et seq., fue promulgada para

ordenar en una ley especial todo el andamiaje jurídico

aplicable a los fideicomisos con el fin de promover su uso

en temas de familia, sucesiones y desarrollo económico.

Exposición de motivos de la Ley Núm. 219-2012.

Entre sus disposiciones, la Ley de Fideicomisos creó el

Registro de Fideicomisos como un catastro adscrito a la ODIN.

Art. 5 de la Ley de Fideicomisos, 32 LPRA sec. 3351d. En esa

faena, se impuso un importante requisito: “[t]odo

fideicomiso constituido en Puerto Rico se inscribirá en el

Registro Especial de Fideicomisos, bajo pena de nulidad”.

(Subrayado nuestro). Íd. Junto a ello, se dispuso que aquel

notario o aquella notaria que otorgue un acto de constitución

de fideicomiso tiene la obligación de notificarlo a la ODIN

no más tarde de los primeros (10) días del mes siguiente a

su otorgamiento. Íd. Así, la intención legislativa quedó

diáfanamente plasmada: la consecuencia de no notificar

oportunamente el acto constitutivo de fideicomiso es la

nulidad del fideicomiso.

De esa forma, este requisito no es poca cosa. Sobre el

mismo, nos ilustra la Dra. Carmen Teresa Lugo Irizarry que

el propósito detrás de la notificación y publicidad del CC-2025-0050 8

Registro Especial de Fideicomisos es evitar los fideicomisos

secretos, mejorar el tráfico jurídico, dar conocimiento a

acreedores y agencias gubernamentales, así como proveer

mayor seguridad, confianza y garantías. C. T. Lugo Irizarry,

Análisis Crítico sobre la Ley de Fideicomisos de Puerto Rico,

2da Ed., San Juan, Ediciones SITUM, 2017, pág. 43-44. Según

abunda la doctora Lugo Irizarry, la nulidad del fideicomiso

se impone como consecuencia de la falta de notificación

oportuna al Registro como la manera de obligar a los

constituyentes de un fideicomiso a inscribirlo. Íd., pág.

44. De este modo, el Registro Especial de Fideicomisos fue

concebido como un mecanismo con un funcionamiento similar al

del Registro de Poderes y Testamentos y al del Registro de

Corporaciones. Íd.

B.

En el derecho de sucesiones, la voluntad del testador

o de la testadora es la ley de la sucesión. Vilanova et al.

v. Vilanova et al., 184 DPR 824, 858 (2012); Moreda v.

Rosselli, 150 DPR 473, 480 (2000); Vda. de Sambolín v.

Registrador, 94 DPR 320, 327 (1967). Más allá de su matiz

interpretativo, ese axioma implica que un testamento válido

será la principal fuente de las directrices del testador en

cuanto a lo que quiere que ocurra con su caudal tras su

fallecimiento. En ese sentido, es allí donde se encontrarán

las disposiciones del testador relativas a las facultades o

deberes de los instituidos por él. CC-2025-0050 9

En ello, coincide el Código Civil, 31 LPRA sec. 5311 et

seq., al reglamentar la figura del albacea. Tres son los

artículos relevantes en ese respecto. Primero, el Art. 1739

del Código Civil, 31 LPRA sec. 11511, define que el albacea

es la persona que el testador designa expresamente para

ejecutar o vigilar la ejecución de su última voluntad.

Segundo, el Art. 1740 del Código Civil, 31 LPRA sec.

11512, enumera ciertas facultades legales generales para que

el albacea cumpla su encomienda en ausencia de instrucciones

expresas del testador. En concreto, ese articulado expone:

En ausencia de expresión del testador, el albacea tiene en el cumplimiento de su encomienda las facultades siguientes:

(a) tomar las precauciones necesarias para la conservación y la custodia de los bienes; (b) ejecutar todo lo ordenado en el testamento y, siendo legal, sostener su validez; (c) intervenir en los litigios o incidentes que se susciten sobre los bienes hereditarios; (d) pagar los legados, con el consentimiento de los herederos; y (e) realizar la partición de la herencia cuando no hay contador partidor. (Subrayado nuestro). Íd.

Tercero, el Art. 1741, 31 LPRA sec. 11513, impone un

límite significativo al campo de acción del albacea al

preceptuar que este no puede enajenar o gravar los bienes de

la herencia sin una autorización expresa del testador o, en

su defecto, sin el consentimiento unánime de los herederos

o la autorización de un tribunal.

A la luz de lo anterior, resulta palmario que, ausente

una autoridad testamentaria expresa, las facultades del CC-2025-0050 10

albacea son las que están enumeradas taxativamente en el

Art. 1740 y sujetas a los límites del Art. 1741 del Código

Civil.

III

Según adelanté, en esta ocasión nos correspondía

evaluar la validez tanto de los Fideicomisos Testamentarios

como de los fideicomisos que creó el señor Michael Allio,

quien reclamó haber actuado dentro de las facultades

conferidas como albacea. En otras palabras, lo que está en

cuestión es si procedía la creación de fideicomiso alguno.

Como coincido con la declaración de nulidad de los

Fideicomisos Testamentarios porque estos no fueron

notificados al Registro Especial de Fideicomisos, tal y como

requiere el Art. 5 de la Ley de Fideicomisos, supra, estoy

conforme con esa parte de la Opinión que hoy suscribe una

mayoría de este Tribunal. Luego de que, el 25 de mayo de

2021, el señor David Allio Littauer válidamente dispusiera

en su testamento la creación de los Fideicomisos

Testamentarios, transcurrió el término establecido en el

referido Artículo para que estos fueran notificados al

Registro Especial de Fideicomisos.12 La drástica consecuencia

de ese incumplimiento es la nulidad de los Fideicomisos

Ahora bien, respetuosamente difiero en lo que concierne

a la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia

12La ODIN así lo certificó. Véase Entrada Núm. 275 del expediente digital del caso en el SUMAC-TPI. CC-2025-0050 11

para que este determine si el albacea se excedió en sus

facultades cuando constituyó los fideicomisos por su propia

cuenta. Sostengo que cuando tomó la iniciativa de crearlos

en un intento de constituir los inválidos Fideicomisos

Testamentarios, el señor Michael Allio no ejecutó lo que

ordenó el Testamento Abierto, ejerció funciones que el

Causante no le delegó expresamente y obró fuera de las

facultades que le concede el Código Civil al albacea. En ese

sentido, reitero que el señor Michael Allio actuó sin

autoridad testamentaria o legal y, por eso, el curso correcto

hubiese sido declarar también la nulidad de los fideicomisos

que este creó. Esta determinación es un asunto de estricto

derecho que podemos atender en esta etapa sin necesidad de

delegarlo al foro primario.

En este respecto, un examen del Testamento Abierto

demuestra de manera evidente que el señor David Allio

Littauer no proveyó para que el albacea creara los

fideicomisos por su cuenta. Por cierto, en el Testamento

Abierto no se le encomendó ni comisionó al albacea otorgar

los fideicomisos. Por ese motivo, estimo que el albacea

Michael Allio actuó más allá de lo que dispuso el testador.

Distinto a ello, lo que sí hizo el Causante fue disponer

unos Fideicomisos Testamentarios. Por eso, tampoco es

posible concebir que la disposición testamentaria en la que

se instituyeron los fideicomisos pueda ser, a la misma vez,

la creación de unos fideicomisos testamentarios y la

encomienda expresa o implícita al albacea de crearlos tras CC-2025-0050 12

su muerte. Al contrario, ante nos tenemos un detallado

Testamento Abierto que diseña una clara estructura de

fideicomisos para apoyar a los hijos del Causante.13 En él,

también se designa al señor Michael Allio como albacea,

administrador de los Fideicomisos Testamentarios y

fiduciario junto con su otro hermano. Todavía más, el

Causante, en su última voluntad, sí le delegó al albacea la

facultad para constituir otro fideicomiso distinto a los

testamentarios, titulado Allio Family Trust, en caso de que

sus hijos le premurieran, repudiaran la herencia o no la

pudiesen aceptar.14 De esa forma, no surge del Testamento

Abierto una disposición a favor de que el albacea establezca

los fideicomisos, ni siquiera en caso de la nulidad de los

Fideicomisos Testamentarios.

Visto de este modo, ausente una autoridad testamentaria

expresa para crear los fideicomisos, corresponde evaluar si

el albacea Michael Allio contaba con alguna otra facultad

legal para actuar de la manera en que lo hizo. En esa tarea

13 De hecho, el Testamento Abierto es claro en cuanto a los demás deseos del señor David Allio Littauer. Por ejemplo, este ordenó: (1) la cremación de su cuerpo y la dispersión de sus cenizas en el mar por este haber sido parte importante de su vida; (2) la utilización de parte de su caudal para una fiesta para que su familia y amigos se reunieran y celebraran su vida; (3) su deseo de que sus hijos aprendieran a navegar, así como el uso de su caudal para ello; (4) su deseo de que sus hijos pasaran al menos dos semanas al año con los padres del Causante, sus tíos y primos; y (5) todo un esquema para apoyar económicamente a sus hijos en el caso de la muerte de ambos padres.

14 Este fideicomiso operaría en beneficio de cualquier descendiente de los padres del Causante. CC-2025-0050 13

es fundamental atender lo que dispone el Código Civil en

cuanto al albacea y sus facultades.

Según reseñé, en virtud del Art. 1739 del Código Civil,

supra, el albacea está encargado de ejecutar o vigilar la

ejecución de la última voluntad del testador. A su vez, el

Art. 1740, supra, enumera ciertas facultades legales

generales para que el albacea cumpla su encomienda en

ausencia de instrucciones expresas del testador. Entre

estas, se destacan por su pertinencia: (1) tomar las

precauciones necesarias para conservar y custodiar los

bienes; y (2) ejecutar todo lo ordenado en el testamento y

sostener su validez. A mi juicio, ninguna de estas facultades

incluye la tarea no delegada por el Causante de crear los

inválidos Fideicomisos Testamentarios y transferir a ellos

los bienes que constituyen el caudal hereditario.

Finalmente, el Art. 1741 del Código Civil, supra,

impide que el albacea enajene o grave los bienes de la

herencia sin autorización expresa del testador o, en su

defecto, sin el consentimiento unánime de los herederos o la

autorización de un tribunal. Así, resulta diáfano que las

facultades del albacea, según codificadas, no incluyen la

autoridad para crear fideicomisos sin permiso expreso del

testador. Por tanto, reafirmo que el señor Michael Allio

también excedió las funciones supletorias que le reconoce el

Código Civil al cargo del albacea.

Dicho todo esto, además, al dejarse la puerta abierta

para que el foro primario ratifique los fideicomisos creados CC-2025-0050 14

por el albacea Michael Allio, sin autorización testamentaria

ni estatutaria expresa, se tornaría en inoficiosa la

creación del Registro Especial de Fideicomisos, su propósito

y la intención legislativa que motivó el requisito de

notificación como requisito necesario para la validez de un

fideicomiso. Mediante el Registro y su publicidad, la ley

busca evitar los fideicomisos secretos y proporcionar mayor

seguridad, confianza y garantías al tráfico jurídico. Para

lograrlo, la Asamblea Legislativa impuso la obligación de

notificar los actos constitutivos de fideicomiso dentro de

un término particular. La consecuencia de incumplirse tal

deber es la nulidad. El propósito de ese diseño se derrota

si se permite que un albacea otorgue, sin encomienda para

ello, unos fideicomisos que originalmente fueron dispuestos

en un testamento, pero no notificados al Registro conforme

a la Ley de Fideicomisos, supra.

De acuerdo con lo anterior, ausente una autorización

expresa contingente del Causante en caso de una declaración

de invalidez o falta de cumplimiento con el requisito de

notificación, la consecuencia es la nulidad de los

Fideicomisos Testamentarios y aquellos creados por el señor

Michael Allio en su carácter de albacea. Permitir que se

eluda ese resultado sin que el testador lo haya previsto

significaría, de su faz, traicionar la intención que motivó

requerir el registro de los fideicomisos y prescribir la

nulidad como sanción por su incumplimiento. CC-2025-0050 15

El riesgo que esto último implicaría es que, incumplida

la Ley de Fideicomisos, comoquiera se pueda crear un

fideicomiso testamentario sin notificarlo al Registro y sin

que el testador así lo haya ordenado. En efectos prácticos,

declarar nulos los fideicomisos testamentarios, pero

contemplar que luego el albacea pueda crearlos y

registrarlos correctamente, equivaldría, en esencia, a

subsanar lo que en un inicio no se hizo, como si los

fideicomisos iniciales hubieran sido constituidos de forma

válida desde un principio. Ese resultado atentaría contra la

letra clara y la intención del Art. 5 de la Ley de

Fideicomisos, supra.

IV

Por los fundamentos expuestos, estoy conforme con

aquella parte de la Opinión mayoritaria que declara nulos

los Fideicomisos Testamentarios por no haber sido

notificados según requiere el Art. 5 de la Ley de

Fideicomisos, supra. Por otro lado, respetuosamente disiento

en cuanto a la devolución del caso al Tribunal de Primera

Instancia para que revise si el señor Michael Allio se

excedió en el ejercicio de sus facultades cuando creó los

fideicomisos por su cuenta y si estos son válidos. En su

lugar, también hubiese declarado nulos y ultra vires estos

últimos fideicomisos constituidos por el albacea Michael

Allio.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado