EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos J. Rivera Ruiz, et al.
Recurridos Certiorari v. 2016 TSPR 197 Municipio Autónomo de Ponce, et al. 196 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: AC-2014-40
Fecha: 14 de septiembre de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce, Panel VIII
Abogadas de la parte Peticionaria:
Lcda. Carmen E. Torres Rodríguez Lcda. Marieli Paradizo Pérez
Abogados de la parte Recurrida:
Lcdo. Carlos J. Rivera Ruiz Lcda. Yadira Manfredy Ramos
Materia: Responsabilidad Civil Extracontractual – El término prescriptivo para solicitar resarcimiento en los casos de daños y perjuicios ocasionados por cualquier acto u omisión culposo o negligente de carácter continuado, comienza a transcurrir cuando se verifiquen los últimos actos u omisiones o cuando se produzca el resultado definitivo, lo que sea posterior
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Recurridos
v. AC-2014-0040 Municipio Autónomo de Ponce, et al.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2016.
Nos corresponde determinar cuándo comienza a
transcurrir el término prescriptivo para incoar una
acción de responsabilidad civil extracontractual por
daños continuados. Aprovechamos la ocasión para
aclarar nuestros pronunciamientos previos sobre este
asunto. Así, resolvemos de forma definitiva que ante
daños y perjuicios causados por cualquier acto u
omisión culposa o negligente de carácter continuado,
el término prescriptivo para incoar una acción para
solicitar resarcimiento comienza a transcurrir
cuando se verifiquen los últimos actos u omisiones o
se produzca el resultado definitivo. AC-2014-0040 2
I
El 4 de diciembre de 2009, un grupo de residentes de
la Calle Clarisas en la Urbanización La Rambla de Ponce
(recurridos), presentaron una petición de mandamus y
demanda sobre daños y perjuicios contra el Municipio
Autónomo de Ponce (Municipio). Expresaron que la Calle
Clarisas se inundaba cuando llovía copiosamente debido a
la falta de mantenimiento y a problemas con el sistema de
alcantarillado. Alegaron que esta situación impedía la
entrada y salida de la urbanización y provocaba daños a
los vehículos y propiedad mueble de los residentes, así
como daños a la salud y severas angustias emocionales. Por
esa razón, solicitaron que el Municipio corrigiera este
problema y les compensara por los daños y perjuicios
sufridos.
Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de
Primera Instancia concluyó que el Municipio tenía el deber
ministerial de proveerle mantenimiento a las alcantarillas
y tuberías pluviales. Por lo tanto, proveyó ha lugar a la
petición de mandamus. Posteriormente, el Municipio
presentó una moción de sentencia sumaria, a la que
acompañó unas deposiciones en las que los recurridos
admitieron que conocían desde hacía varios años el
carácter recurrente de las inundaciones. Debido a la
previsibilidad de los daños, el Municipio señaló que los
daños reclamados eran continuados y su período
prescriptivo culminó un año después de que los recurridos AC-2014-0040 3
advinieron en conocimiento del carácter recurrente de las
inundaciones. Los recurridos se opusieron y señalaron que
esa no era la doctrina aplicable.
El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de
sentencia sumaria. En lo pertinente, el foro primario
concluyó ―que los alegados daños sufridos por los
demandantes debido a las inundaciones en la calle Clarisas
son daños continuados, y que al día de hoy alegadamente
continúan ocurriendo‖. Apéndice, pág. 321. En
consecuencia, ese foro determinó que la acción en daños de
la parte demandante no estaba prescrita, puesto que no se
había dado el último suceso, ocurrido un resultado final,
ni cesado la causa que generaba los daños. Íd. No
obstante, el foro primario determinó que los siguientes
hechos, entre otros, no estaban en controversia: (1) la
Sra. Matos Socorro Hernández González reside en la Calle
Clarisas hace treinta años. Sufre el problema de las
inundaciones prácticamente desde que vive en ese lugar;
(2) El Sr. Gilberto Rodríguez Zayas vivió en la Calle las
Clarisas de la Urbanización La Rambla por espacio de
veinticinco años. Este indicó que siempre que llueve la
calle se inunda. El evento de inundación más remoto del
que se acuerda ocurrió en el 1995; (3) La Sra. Milagros
Rodríguez Rolón reside en la Calle Clarisas número 1256
hace veinticinco años. En su deposición, declaró que la
calle donde residía se inundaba desde 1988. Apéndice,
págs. 324-325. AC-2014-0040 4
Insatisfecho con el dictamen del Tribunal de Primera
Instancia, el Municipio presentó un recurso de certiorari
ante el Tribunal de Apelaciones. Allí señaló, en síntesis,
que el foro primario erró al concluir que los daños
reclamados en la demanda no estaban prescritos. Por su
parte, el foro apelativo intermedio denegó la expedición
del recurso, pues concluyó que el Tribunal de Primera
Instancia no erró cuando denegó la desestimación por el
fundamento de prescripción. Apéndice, págs. 13-25. Para
llegar a esa conclusión, el Tribunal de Apelaciones
concluyó, al igual que el Tribunal de Primera Instancia,
que la presente reclamación es una por ―daños que se
regenera[n] ya que día a día la posibilidad de
inundaciones sigue estando presente, por lo que, al ser un
daño que persiste y no habiendo cesado la causa que los
regenera, los mismos son de carácter continuado‖. Apéndice,
pág. 24.
En desacuerdo con esa decisión, el Municipio presentó
un recurso de certiorari ante nos. Sostuvo que el Tribunal
de Apelaciones erró al confirmar el dictamen del Tribunal
de Primera Instancia y no desestimar la demanda por estar
prescrita. El 31 de octubre de 2014, acogimos la apelación
como un recurso de certiorari y expedimos el auto. Con el
beneficio de la comparecencia de ambas partes, pasamos a
resolver. AC-2014-0040 5
II
A. La prescripción es una figura que extingue un derecho
debido a que una parte no lo ejerce en un período de
tiempo determinado por ley. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux.
Mutuo, 186 DPR 365, 372-373 (2012). En nuestro
ordenamiento, a diferencia de otros, la prescripción
extintiva es una figura de derecho sustantiva y está
regulada por las disposiciones del Código Civil. Íd. Este
estatuto dispone en su Art. 1861, 31 LPRA sec. 5291, que:
―Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo
fijado por la ley‖. Sin embargo, el término para ejercer
las acciones se puede interrumpir de tres maneras, a
saber, por ―su ejercicio ante los tribunales, por
reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier
acto de reconocimiento de la deuda por parte del deudor‖.
Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303.
Estas normas tienen ―su fundamento en la necesidad de
poner término a las situaciones de incertidumbre en el
ejercicio de los derechos y en la presunción de abandono
por parte de su titular‖. Maldonado Rivera v. Suárez y
otros, 2016 TSPR 57, págs. 8-9, 195 DPR ___ (2016) citando
a J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y
usucapión. 3ra ed. Ed. Bosh, Barcelona, 1996, pág. 32.
Así, ―la inactividad, silencio o falta de ejercicio del
derecho constituye el fundamento de la prescripción
extintiva por ser contrario al interés social una
prolongada situación de incertidumbre jurídica‖. Íd. No AC-2014-0040 6
obstante, ―la prescripción no es una figura rígida sino
que […] admite ajustes judiciales, según sea requerido por
las circunstancias particulares de los casos y la noción
sobre lo que es justo‖. Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR
181, 189-190 (2002).
Como norma general, el término prescriptivo de un año
dispuesto en el Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec.
5298, comienza a transcurrir desde que el agraviado tuvo
–o debió tener- conocimiento del daño que sufrió y estuvo
en posición de ejercer su causa de acción. Art. 1869 del
Código Civil, 31 LPRA sec. 5299; véase, además, Maldonado
Rivera v. Suárez y otros, supra, pág. 11. Por esa razón,
cuando la causa de acción es por responsabilidad civil
extracontractual, es importante precisar el tipo de daño
por el que se reclama, para ―poder establecer el punto de
partida o momento inicial del cómputo y de esta forma
conocer con certeza cuál será su momento final‖. Rivera
Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 167 (2007).
Desde hace varias décadas, reconocimos en nuestro
ordenamiento varios tipos de daños. Rivera Encarnación v.
ELA, 113 DPR 383, 386 (1982). Entre estos se encuentran
los llamados daños continuados y los daños sucesivos.
Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 566
(1995). Por un lado, los daños sucesivos son
una secuencia de reconocimientos de consecuencias lesivas por parte del perjudicado, las que se producen y manifiestan periódicamente, o aun continuamente, pero que se van conociendo en momentos distintos entre los que medió un lapso de tiempo finito, sin que en AC-2014-0040 7
momento alguno sean previsibles los daños subsiguientes, ni sea posible descubrirlos empleando diligencia razonable. Dicho en otras palabras, se trata de una secuencia de daños ciertos que se repiten (sin que sea necesario que sean idénticos en su naturaleza, grado, extensión y magnitud) cuya repetición no es previsible en sentido jurídico ni son susceptibles de ser descubiertos empleando diligencia razonable. […] Cada uno de los daños unitarios que en conjunto constituyen los daños sucesivos presentes en dichos ejemplos constituye una unidad jurídica de ‗daño‘ que origina la correspondiente causa de acción resarcitoria. Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 191.
Por otro lado, los daños continuados son
aqu[e]llos producidos por uno o más actos culposos o negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan en consecuencias lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas hacen que también se conozca — por ser previsible— el carácter continuado e ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto por elementos de daño actual (aquel que ya ha acaecido) y de daño futuro previsible y por tanto cierto. Rivera Prudencio v. Mun. San Juan, supra, pág. 167.
Como vemos, la diferencia entre ambos tipos de daños
es que en los sucesivos, cada lesión a causa de un acto u
omisión culposa o negligente produce un daño distinto, que
a su vez, genera una causa de acción independiente,
mientras en que en los continuados se genera una sola
causa de acción que comprende todos los daños ciertos,
tanto los actuales como los previsibles en el futuro, como
consecuencia de una conducta torticera continua. Esa
diferencia implica que en estos dos escenarios el término
prescriptivo para presentar una reclamación de AC-2014-0040 8
indemnización comienza a transcurrir en momentos
distintos.
Conviene aclarar que aunque tradicionalmente nos
referimos a las doctrinas bajo estudio como ―daños
continuos‖ o ―daños sucesivos‖, lo que en realidad es
continuo o sucesivo en estos escenarios es el acto u
omisión que produce el daño y no, necesariamente, la
lesión sufrida. Respecto a los daños continuados, así lo
advertimos hace más de sesenta años cuando expusimos que
la esencia de esa doctrina ―no descansa en la naturaleza
[…] del perjuicio ocasionado por la perturbación, y sí en
el carácter continuo o progresivo de la causa [acto u
omisión torticera] que lo origina, que renueva
constantemente la acción dañosa‖. (Énfasis suplido)
Arcelay v. Sánchez, 77 DPR 824, 838 (1955). Por eso,
entendemos que una clasificación más precisa es ―daños y
perjuicios causados por actos [u omisiones] continuos‖.
Capella v. Carreras, 57 DPR 258, 266 (1940). De esta
forma, evitamos la confusión que genera la traducción del
inglés al español del término tort como daño o daños.
Adviértase que cuando esa palabra se utiliza en plural
describe el área del Derecho que estudia la
responsabilidad civil extracontractual, pero a la misma
vez puede utilizarse en sustitución de los términos
perjuicios o lesiones.
Nuestros pronunciamientos previos sobre este asunto,
particularmente en lo referente a los llamados daños AC-2014-0040 9
continuados, han sido imprecisos, pues hemos aplicado
normas contradictorias entre sí. Eso ha llevado a una
confusión doctrinal. Véanse J.J. Álvarez González,
Análisis del Término 2006-2007 - Responsabilidad civil
extracontractual, 77 Rev. Jur. UPR 603, 617-619 (2008) y
J.J. Álvarez González, Análisis del Término 2001-02 -
Responsabilidad civil extracontractual, 72 Rev. Jur. UPR
615, 638-642 (2003). Por lo tanto, resulta necesario
clarificar la regla que rige en nuestro ordenamiento en
estos casos.
Hace más de setenta años, en Capella v. Carreras,
supra, un caso sobre un estorbo,1 establecimos que los
―daños y perjuicios causados por actos continuos […] están
latentes hasta que cesa la causa que los genera. Bien
puede decirse que en tal caso la acción dañosa se renueva
de día en día, de hora en hora, de minuto en minuto, de
segundo en segundo.‖ Consecuentemente, concluimos que la
demanda no estaba prescrita debido a que al momento de
reclamarse la indemnización, la perturbación continuaba
vigente. Posteriormente, en Arcelay v. Sánchez, 77 DPR 824
(1955), donde los daños eran producto de ruidos y hedores
que producía constantemente una planta pasteurizadora,
1 En los casos de estorbos públicos, el Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2761, crea una causa de acción para que una persona pueda solicitar que estos cesen y que se le indemnice por los perjuicios que le crearon. A pesar de esto, en lo que respecta a la indemnización, nuestro análisis en este tipo de casos se ha centrado en el Art. 1803 del Código Civil de 1902, o su equivalente actual, el Art. 1802 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5141. AC-2014-0040 10
reiteramos la norma precitada. De esa manera, enunciamos
que esa regla ―no descansa en la naturaleza intrínseca del
perjuicio ocasionado por la perturbación, y sí en el
carácter continuo o progresivo de la causa que lo origina,
que renueva constantemente la acción dañosa‖. Íd., pág.
839. Además, indicamos que esa norma no solo aplicaba
cuando se reclamara indemnización por los daños causados a
la propiedad del demandante, sino que aplicaba también a
los escenarios donde se reclama por los daños y perjuicios
personales. También validamos que el demandante enmendara
su demanda para reclamar indemnización por los perjuicios
causados hasta el momento del juicio debido a que estos
continuaron después de que se presentó la demanda. Íd.,
págs. 846-848. Justificamos nuestro proceder al expresar
que de esa forma se evitaba la ―multiplicidad de acciones,
siempre que el mal que produzca los daños sea de carácter
continuo, y que los perjuicios subsiguientes sean
similares a los que dieron lugar a la reclamación
original‖. Íd., pág. 847. De igual modo, en Seda et al. v.
Miranda Hnos.& Co., 88 DPR 355 (1963), ratificamos esta
misma norma y expresamos que se podía recobrar por los
daños y perjuicios ―por todo el tiempo de la duración del
estorbo‖. Íd., pág. 361. Hasta ese momento nuestra
doctrina sobre este asunto no causó mayores confusiones.
El desfase que hoy atendemos comenzó décadas después,
cuando este Tribunal se enfrentó a casos donde los daños
no eran ocasionados propiamente por estorbos. AC-2014-0040 11
En Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra, pág.
575, un caso en el que aunque no se encontraban ante
nuestra consideración daños continuados, sino daños
sucesivos producidos por la publicación de una serie de
artículos libelosos, establecimos que al momento de
determinar cuándo inicia el término prescriptivo en estos
escenarios ―Lo determinante es el momento cuando comienza
la producción de los daños, que deberá tomarse en
consideración como el inicio del término de prescripción,
al presuponer que los perjudicados los conocían desde
entonces y que pudieran ejercitar la causa de acción‖.
(Énfasis en original). A pesar de que esas expresiones
constituyen obiter dicta, se repitieron en nuestra
jurisprudencia y crearon la confusión doctrinal que hoy
abordamos. Véanse J.J. Álvarez González, Análisis del
Término 2001-02 - Responsabilidad civil extracontractual,
supra, pág. 640, n. 83; Ruth E. Ortega-Vélez,
Jurisprudencia Responsabilidad Civil Extracontractual, 2da
Ed. Rev., Ediciones Scisco, 2009, pág. 138.
Poco tiempo después, en Sánchez et al. v. A.E.E., 142
DPR 880 (1997), una Sentencia breve, varios jueces
emitieron Opiniones concurrentes y disidentes en donde
abordaron, de forma directa o indirecta, este mismo
asunto. El entonces Juez Asociado señor Hernández Denton
expuso lo siguiente: ―La jurisprudencia española moderna
ha declarado con carácter general que en caso de daños
continuados el cómputo del plazo de prescripción comienza AC-2014-0040 12
en el momento de la producción del resultado definitivo‖.
(Citas omitidas). Íd., pág. 921 (Opinión disidente del
Juez Asociado señor Hernández Denton). Igualmente, la
entonces Jueza Asociada señora Naveira de Rodón abordó
indirectamente este punto al expresar que ―[e]l término
prescriptivo en acciones por la creación de un ambiente
hostil de trabajo debe comenzar a decursar desde que cese
dicho ambiente. Esta norma reconoce que el término
prescriptivo […] debe comenzar a decursar cuando se
disipan las circunstancias que podrían entorpecer el
ejercicio de la acción‖. (Énfasis suplido). Íd., pág. 913
(Opinión disidente de la Jueza Asociada señora Naveira de
Rodón).
Luego, en Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 195,
determinamos que ante un patrón de maltrato físico y
emocional, ―el último incidente de maltrato, cuando la
víctima rompe con el ciclo de maltrato y reconoce que ha
sufrido un daño cierto, es el que activa la causa de
acción y, en consecuencia, constituye el momento a partir
del cual puede ejecutarse la misma‖. (Énfasis suprimido).
No obstante, para justificar ese resultado, citamos el
caso de Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra.
Subsiguientemente, en Nazario v. ELA, 159 DPR 799, 807
(2003), una Sentencia publicada, aplicamos nuevamente la
norma de Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra, e
indicamos que en los casos de daños continuados ―lo
determinante para establecer el inicio del término AC-2014-0040 13
prescriptivo […] es el momento en que comienza la
producción del daño‖. (Énfasis original). Razonamos que
esto se debía a que ―al ser previsibles, se entiende que
el término prescriptivo comienza a transcurrir cuando el
perjudicado conoce, por primera vez, el daño y el
responsable de éste y que dicho daño comprende todas sus
consecuencias como posibles de prever.‖ Nazario v. ELA,
supra, pág. 807. Además de que esos pronunciamientos
fueron en una Sentencia, la cual no establece precedente,
también es importante mencionar que en ese caso la mayoría
del Tribunal determinó finalmente que la controversia ante
su consideración se trataba de daños sucesivos y no
continuados, por lo que no aplicó la precitada norma. Sin
embargo, el Juez Asociado señor Corrada Del Río emitió una
Opinión disidente, pues entendió que los daños en cuestión
eran continuados. Allí, luego de hacer un repaso de las
distintas normas sobre prescripción en este tipo de casos,
sugirió que en nuestro ordenamiento se aplicara la norma
que computa el término prescriptivo a partir del momento
en que finaliza la causa que genera los daños. Nazario v.
ELA, supra, págs. 828-829 (Opinión disidente del Juez
Asociado señor Corrada del Río) (―Entendemos que por estar
los daños continuados inexorablemente atados a la causa
que la origina, el conocimiento definitivo de los
quebrantos ocasionados se verifica el día que cesa la
fuente de éstos, ya que mientras ésta exista, y por ende AC-2014-0040 14
sean previsibles más daños relacionados a ella, no cabe
hablar de resultado definitivo‖). (Énfasis suprimido).
Posteriormente, en Rivera Prudencio v. Mun. San Juan,
supra, pág. 167, dispusimos que ―el plazo prescriptivo
para reclamar por daños de naturaleza continua comienza a
transcurrir cuando se verifica el último de los actos o se
produzca el resultado definitivo‖. (Énfasis suplido). Sin
embargo, al igual que en el caso anterior, finalmente
concluimos que los daños en cuestión eran sucesivos, así
que no aplicamos esta norma, por lo que esos
pronunciamientos sobre el tema que hoy atendemos
constituyen obiter dicta. Luego, en Umpierre Biascoechea
v. Banco Popular, 170 DPR 205 (2007), (Sentencia), la Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión de
conformidad en la que expuso que, conforme a la doctrina
civilista moderna, ―el inicio del plazo prescriptivo para
reclamar por […] [daños continuados] comienza en el
momento de la producción del resultado definitivo o hasta
que se verifique el último de los actos‖. (Énfasis en el
original). Íd., págs. 215-219. Igualmente, la entonces
Jueza Asociada señora Fiol Matta emitió una Opinión
disidente en la que coincidió, en cuanto a este punto, con
lo expresado por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez. Íd., págs. 230-231
Como vemos, nuestra jurisprudencia es inconstante en
cuanto a cuándo comienza a transcurrir el término
prescriptivo en casos de daños y perjuicios causados por AC-2014-0040 15
actos u omisiones continuas. Una de las razones para estas
contradicciones es la tensión aparente entre la teoría
cognoscitiva del daño que rige en nuestro ordenamiento y
la corriente doctrinal que postula que el término
prescriptivo en estos casos comienza a transcurrir cuando
se produce el resultado definitivo. Esto se debe a que, en
la mayoría de los casos, el reclamante conoce que está
sufriendo un daño desde que comienzan los actos u
omisiones culposas o negligentes continuos y no desde que
se produce el resultado final. H. Brau del Toro, Los daños
y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed.,
San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. II, Cap. X, pág. 582. Esto
nos llevó a forzar excepciones a la norma con tal de
procurar resultados justos de acuerdo a los hechos de los
casos. Así, vemos que en los casos donde se buscaba
disuadir los estorbos y combatir la violencia doméstica,
concluimos que el término prescriptivo comenzaba a
transcurrir con el resultado definitivo o el último acto u
omisión torticera, mientras que ante otros hechos,
resolvimos lo contrario.
Otra de las razones por las cuales existen
incongruencias en la doctrina es que nuestros casos se han
basado en autoridades de otras jurisdicciones que con el
paso del tiempo han cambiado su postura. Por ejemplo, los
precedentes de mediados del siglo pasado estaban anclados,
en gran medida, en fuentes del common law estadounidense,
mientras que los casos más recientes citan con aprobación AC-2014-0040 16
a tratadistas civilistas, que a su vez, comentan la
jurisprudencia española. Esta última también ha variado en
tiempos recientes. Por ello, además de repasar nuestros
pronunciamientos previos sobre este asunto, entendemos que
es importante examinar el tratamiento que otras
jurisdicciones le han brindado a la controversia ante
nuestra consideración.
Sobre este particular, el tratadista Puig Brutau
comenta que ―[a]lgunas sentencias [españolas] han estimado
que el año de plazo para recurrir ha de contarse, no en el
momento de cesar el daño, sino desde que empieza a
producirse, pues desde que se tuvo conocimiento del mismo
se pudo ejercitar la acción. Sin embargo, en otros casos
la jurisprudencia se ha inclinado claramente a favor de la
otra posibilidad‖. J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción
extintiva y usucapión, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosh, 1996,
pág. 77 citando a Díez-Picazo, La prescripción en el
Código Civil, Barcelona, 1964 pág. 240. Véase, además,
Reglero Campos en Albaladejo y Díaz Alabar, Comentarios al
código Civil y Compilaciones Forales, Madrid, Ed. EDERSA,
1994, Tomo XXV, Vol. 2, págs. 454-464.
Por un lado, la vertiente más estricta de la doctrina
tiene su origen en varias sentencias que el Tribunal
Supremo español emitió a principios del siglo pasado que
partían ―del momento de comienzo de producción de los
daños como iniciador de la prescripción, presuponiendo que
los perjudicados los conocían desde entonces y que AC-2014-0040 17
pudieron sin obstáculo alguno ejercitar la pertinente
acción‖. J. Santos Briz, La responsabilidad civil, 7ma
ed., Madrid, Ed. Montecorvo, 1993, pág. 1187. Por otro
lado, la segunda vertiente la encontramos en la doctrina
española moderna que exhibe ―una tendencia más elástica al
situar el comienzo de la prescripción no en el inicio de
los daños, sino al realizarse su verificación total‖.
(Énfasis suplido) Íd., pág. 1188. En esta misma línea, ―la
jurisprudencia ha cambiado radicalmente el rumbo seguido
por la que era dominante hasta la década de los sesenta
[…], señalando que en los casos de daños continuados, el
dies a quo del plazo de la prescripción no ha de remitirse
a la fecha de la ocurrencia del accidente, sino al momento
en que el perjudicado conoce de modo cierto los quebrantos
definitivamente ocasionados‖. Albaladejo y Díaz Alabar,
op. cit., págs. 460-461. Véase, además, I. Sierra Gil de
la Cuesta, Comentario del Código Civil, Ed. Bosch, 2000,
T.9, pág. 554. Como resultado, el Tribunal Supremo de
España ha expuesto en casos recientes que ―es consolidada
doctrina jurisprudencial la que refiere el comienzo del
cómputo de la prescripción en este tipo de casos cuando se
trata de daños continuados […] a aquel en que se produce
el resultado definitivo.‖ (Énfasis suplido) Díez-Picazo y
Ponce de León, La prescripción extintiva en el Código
Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Ed.
Aranzadi, 2da ed., 2007, pág. 253. Es decir, ―el cómputo
del plazo de prescripción no se inicia hasta la producción AC-2014-0040 18
del definitivo resultado, cuando no es posible fraccionar
en etapas diferentes o hechos diferenciados la serie
proseguida.‖ (Énfasis suplido) Íd., pág. 1003.
Los tratadistas españoles añaden que no siempre
resulta fácil ―determinar […] cuándo se produce o ha
producido ese ‗definitivo resultado‘ [puesto] que en
relación con el concepto de daños continuados se nos
ofrece como algo vivo, latente y conectado precisamente a
la causa originadora y determinante de los mismos, que
subsiste y se mantiene hasta su adecuada corrección‖.
Albaladejo y Díaz Alabar, op. cit., pág. 460. Ahora bien,
el entendido en la doctrina española moderna identifica
ese momento cuando ―el perjudicado conoce de modo cierto
los quebrantos definitivamente ocasionados‖. (Énfasis
suplido) Díez-Picazo y Ponce de León, op cit., pág. 1003.
Esto es, cuando la conducta culposa o negligente ha dejado
de causar los daños por los que se reclama indemnización.
Por otra parte, la mayoría de los estados de la Unión
siguen una norma similar a la del derecho civilista
español respecto a este asunto. ―The continuing tort
doctrine constitutes an established exception to the usual
rule that a statute of limitations starts to run at the
time of injury. In those cases […] the statute does not
begin to run […] until the negligent or other wrongful act
or incident has terminated.‖ Speiser, et als., The
American Law of Torts, West Group, 2013, Vol. 1A, sec.
5:27, págs. 347-353. Esta doctrina, en ocasiones conocida AC-2014-0040 19
como ―continuing tort doctrine‖ y en otras como
―continuing violation doctrine‖, se ha aplicado a casos de
responsabilidad civil extracontractual por maltrato
emocional, estorbos, impericia profesional, controversias
sobre seguros, discrimen, intrusiones y explosiones, entre
otros. Íd. Véase, además, Elad Peled, Rethinking the
Continuing Violation Doctrine: The Application of Statutes
of Limitations to Continuing Tort Claims, 41 Ohio N.U.L.
Rev. 343 (2015).
B. Luego de examinar nuestra jurisprudencia, los
precedentes modernos en otras jurisdicciones que nos
resultan altamente persuasivos, así como los comentarios
recientes de distintos tratadistas, entendemos que lo más
adecuado es uniformar nuestra doctrina en aras de darle
certeza a nuestro ordenamiento. De esta forma, resolvemos
que ante daños y perjuicios causados por cualquier acto u
omisión culposo o negligente de carácter continuado, el
término prescriptivo para incoar una acción para solicitar
resarcimiento comienza a transcurrir cuando se verifiquen
los últimos actos u omisiones o se produzca el resultado
definitivo, lo que sea posterior. Esta norma no es
incompatible con la teoría cognoscitiva del daño que rige
en nuestro ordenamiento. ―Por estar los daños continuados
inexorablemente atados a la causa que los origina, el
conocimiento definitivo de los quebrantos ocasionados se
verifica el día que cesa la fuente de éstos, ya que
mientras exista, y por ende sean previsibles más daños AC-2014-0040 20
relacionados a ella, no cabe hablar de resultado
definitivo‖. Nazario v. ELA, supra, pág. 828 (Opinión
disidente del Juez Asociado señor Corrada del Río).2
Naturalmente, esto no excluye que un demandante pueda
probar, además, que conoció el daño sufrido en un momento
distinto al que cesó la causa que lo generó.
No encontramos razón para no modernizar nuestra
doctrina al igual que ha sucedido en otras jurisdicciones.
Tampoco hallamos una justificación válida para tratar de
forma distinta los casos en donde los daños no son
producidos estrictamente por estorbos o actos de violencia
doméstica. Independientemente de la naturaleza o el tipo
de acto u omisión que genere el daño, en el contexto de
daños continuados, el perjudicado se encuentra sufriendo
un perjuicio que no ha de cesar, y por el contrario, se ha
de repetir hasta que la causa generadora deje de existir.
2 Conviene recalcar que en ocasiones, como en este caso, las opiniones disidentes del pasado encuentran eco en el presente y se convierten en precedentes de cara al futuro. ―A dissent in a court of last resort is an appeal to […] the intelligence of a future day, when a later decision may possibly correct the error into which the dissenting judge believes the court to have been betrayed.‖ Charles Evans Hughes, The Supreme Court of the United States 68 (1936). El hecho de que una postura no consiga la mayoría de los votos en un momento dado no significa, necesariamente, que es errónea. Simplemente no persuadió a la mayoría de los jueces que componían el Tribunal Supremo en un momento dado. Después de todo, este Tribunal no es supremo porque es infalible; solo es supremo en jerarquía. Por esta razón, al reexaminar nuestra jurisprudencia, en esta ocasión nos persuaden los planteamientos previos de varios jueces y juezas de este Tribunal, quienes desde sus respectivas Opiniones de conformidad, concurrentes o disidentes, abordaron la cuestión que hoy resolvemos de manera definitiva. AC-2014-0040 21
Por lo tanto, la norma que anunciamos hoy es aplicable a
todos los casos sobre daños y perjuicios producidos por
actos u omisiones continuados.
Tampoco nos persuaden las propuestas alternas que al
momento de determinar cuándo comienza a transcurrir un
plazo prescriptivo, por ejemplo, obligan a los tribunales
a analizar si a pesar de reclamarse por daños continuados
los perjuicios por los que se reclama indemnización tienen
suficiente sustantividad y autonomía propia, o si por el
contrario, el daño por el que se reclama es de carácter
unitario y sin sustantividad propia. Laracruz Berdejo y
otros, Elementos de Derecho Civil II, 5ta Ed., Madrid, Ed.
Dykinson, 2013, T. II, Vol. 2, pág. 492. Igualmente, no
nos convence la propuesta del profesor Brau del Toro
respecto a que debe existir una distinción en el
tratamiento brindado a los estorbos permanentes y a los
estorbos continuos para fines de prescripción. H. Brau del
Toro, op. cit., págs. 582-583. Estas alternativas, aunque
pueden tener su mérito, desnaturalizan la esencia de los
daños continuados, crean una nueva submodalidad de estos y
a su vez, la equiparan a los daños sucesivos para fines de
prescripción. La doctrina que hoy incorporamos
definitivamente a nuestro ordenamiento nos parece más
apropiada.
Lo contrario implica fraccionar innecesariamente las
causas de acción, pues obligaríamos a los perjudicados a
presentar sus demandas desde que se inician los daños, AC-2014-0040 22
incluso cuando la fuente que los genera no ha cesado y,
por el contrario, continúa y continuará causando
perjuicios adicionales. Esto provoca litigios
excesivamente extensos, pues los demandantes tienen que
enmendar constantemente sus demandas para incluir
alegaciones y reclamos por daños sufridos, aunque por la
misma causa, con posterioridad a la presentación de la
demanda original. ―En este contexto, el balance de los
intereses involucrados en los términos prescriptivos se
inclina en favor de los demandantes, pues la desestimación
de su causa de acción los expondría a un [acto u omisión
culposo o negligente], que, en teoría, podría continuar
indefinidamente‖. (traducción nuestra) Peled, op cit.,
pág. 348, citando a Tyler T. Ochoa & Andrew J. Wistrich,
The Puzzling Purposes of Statutes of Limitations, 28 PAC.
L.J., 453, 505 (1997).
A diferencia de lo que podría intimarse, esta norma no
fomenta que los demandantes se crucen de brazos, más bien,
desincentiva que las personas actúen de forma culposa o
negligente continuamente. De esta forma, no penalizamos a
un demandante que presenta su reclamación cuando todavía
no ha transcurrido un año desde que cesó la causa que
generaba los daños por los que solicita indemnización.
Recuérdese que el foco de análisis en la doctrina ante
nuestra consideración es la omisión o el acto continuo y
no propiamente los daños sufridos. Arcelay v. Sánchez,
supra, pág. 838. Si en nuestro ordenamiento se reconoce la AC-2014-0040 23
interrupción y el comienzo de un nuevo término
prescriptivo mediante actos extrajudiciales, también
debemos reconocer que el término prescriptivo no comienza
cuando la causa generadora del daño no ha cesado. En ese
sentido, en ambos escenarios se preserva el derecho de los
perjudicados a reclamar indemnización por los daños que
sufrieron.
Por otra parte, constantemente enfatizamos el valor
del precedente en nuestro ordenamiento. No obstante,
nuestras decisiones no son un dogma escrito en piedra. Por
eso, ―cuando el razonamiento de una decisión ya no resiste
un análisis cuidadoso, no estamos obligados a seguirla‖.
Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 391.
―[E]l propósito inspirador de la doctrina de stare decisis
es lograr estabilidad y certidumbre en la ley, mas nunca
perpetuar errores‖. Am. Railroad Co. of P.R. v. Comisión
Industrial, 61 DPR 314, 326 (1943). Ahora bien, solo
procederá dejar a un lado precedentes: ―(1) si la decisión
anterior era claramente errónea; (2) si sus efectos sobre
el resto del ordenamiento son adversos, y (3) si la
cantidad de personas que confiaron en ésta es limitada‖.
Pueblo v. Delgado, 175 DPR 1, nota 8 (2008); González v.
Merck, 166 DPR 659, 688 (2006).
A la luz de todo lo anterior y debido a la confusión
que ha causado en nuestra doctrina, dejamos sin efecto
nuestros pronunciamientos previos en contrario a esta
Opinión, en particular, los expuestos en Galib Frangie v. AC-2014-0040 24
El Vocero de P.R., supra, y su progenie, en cuanto a este
asunto particular. Con ello, sacamos esa espina de nuestra
jurisprudencia y eliminamos las dolencias que esta le
causa a nuestra doctrina de daños y perjuicios.
III
En este caso, tanto el Municipio como los recurridos
están de acuerdo con las determinaciones de los foros
recurridos de que la causa que genera los daños por los
que se reclama es de carácter continua. Los daños son el
resultado de las inundaciones producidas como consecuencia
de los defectos de las alcantarillas de la calle donde
viven los recurridos. La única discrepancia es cómo debe
computarse el término prescriptivo, pues los recurridos
admitieron en varias deposiciones que conocían de la
recurrencia de las inundaciones desde hacía muchos años.
Al analizar esos hechos a la luz de la norma
discutida, concluimos que la demanda de epígrafe no está
prescrita, puesto que no se han verificado los últimos
actos u omisiones ni se ha producido el resultado
definitivo. Más bien, nos encontramos ante una causa de
acción que se regenera día a día mientras subsista la
falta de mantenimiento de las alcantarillas y tuberías.
Eso causa inundaciones recurrentes y previsibles.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la
determinación del Tribunal de Apelaciones. En
consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera AC-2014-0040 25
Instancia, Sala Superior de Ponce, para que continúen los
procedimientos.
Rafael L. Martínez Torres Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos, en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, confirmamos la determinación del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, para que continúen los procedimientos.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez está conforme con la determinación de este Tribunal y hace constar la siguiente expresión: ―Me place consignar mi conformidad con la opinión que hoy emite una mayoría de este Foro. Como bien subraya la opinión mayoritaria, ‗este Tribunal no es supremo porque es infalible, solo es supremo en jerarquía‘. Carlos J. Rivera Ruiz, et al. v. Municipio Autónomo de Ponce, et al., 2016 T.S.P.R. ___, en la nota 2, 19_ D.P.R. ___ (2016).
El trayecto de la doctrina de los daños continuados en nuestra jurisprudencia ha sido uno AC-2014-0040 2
extenso. A pesar de ello, durante los últimos veinte años, el consenso respecto a la controversia puntual que hoy atendemos se podría describir como elusivo. Esto, a pesar de que, hace nueve años, intenté persuadir a una mayoría de este Tribunal de adoptar la normativa que hoy pautamos. Véase Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 D.P.R. 205 (2007) (Rodríguez Rodríguez, Opinión de conformidad). Empero, fue preciso esperar.
La doctrina del precedente judicial guía el proceder de este Tribunal en aras de salvaguardar la uniformidad en la interpretación del Derecho y la ley. Ahora bien, no podemos descansar en este principio cuando la aplicación del mismo tiene el efecto de perpetuar una lectura errónea del Derecho. Véase Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 922 (2009); Pueblo v. Pérez Pou, 175 D.P.R. 218, 251-252 (2009) (Rodríguez Rodríguez, Opinión disidente).
En fin, estoy satisfecha con que, de forma definitiva, hayamos logrado armonizar la doctrina de los daños continuados con la figura de la prescripción extintiva. Así, proveemos a la teoría general del Derecho de Responsabilidad Civil Extracontractual una mayor estabilidad‖.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo