Cooperativa De Seguros Múltiples De Puerto Rico Y Otro v. Estado Libre Asociado De Puerto Rico Y Otros

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: April 9, 2026
• Docket: CC-2025-0230
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y Pentagon Federal Credit Union 2026 TSPR 36

Recurridos 218 DPR ___

v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

Peticionarios

Número del Caso: CC-2025-0230

Fecha: 9 de abril de 2026

Tribunal de Apelaciones:Panel XI

Oficina del Procurador General:

Hon. Omar Andino Figueroa Procurador General

Lcdo. Pedro J. García Flores Procurador General Auxiliar

Lcdo. Frank A. Rosado Méndez Subprocurador General

Representante legal de la parte recurrida:

Lcdo. Armando Franceschi Figueroa

Materia: Confiscaciones – Doctrina de impedimento colateral por sentencia es inaplicable al proceso de impugnación de confiscación civil en ausencia de una adjudicación expresa en otro procedimiento que se celebre por los mismos hechos que establezca que el bien confiscado no fue utilizado en la comisión de algún delito.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y Pentagon Federal Credit Union

Recurridos CC-2025-230 Certiorari v.

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió la Opinión del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2026.

“Lower court judges may sometimes disagree with this court’s decisions, but they are never free to defy them. […] [W]hen this Court issues a decision, it constitutes a precedent that commands respect in lower courts.” National Institutes of Health, et al. v. American Public Health Association, et al., 606 US __, 145 S. Ct. 2658, 2663 (2025) (Gorsuch, J., concurring in part and dissenting in part).

Mediante esta Opinión nos vemos obligados a reiterar el

precedente establecido en Universal Ins. y otro v. ELA y

otros, infra, para reafirmar que la doctrina de impedimento

colateral por sentencia es inaplicable al proceso de

confiscación civil en ausencia de una adjudicación expresa en

otro procedimiento que se celebre por los mismos hechos, sea CC-2025-230 2

penal, civil o administrativo, que establezca que el bien

confiscado no fue utilizado en la comisión de algún delito.

Por las razones que expondremos, expedimos en

reconsideración el recurso de certiorari presentado por el

Gobierno de Puerto Rico (Gobierno o Estado) para revocar la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

I

El 18 de marzo de 2023, agentes del orden público ocuparon

un vehículo de motor marca Ford, modelo F-150 XLT de 2021

(vehículo o camioneta), con tablilla número 1076357,

por infracción a los Artículos 3.23-A y 5.06 de la

Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como Ley de

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley de Tránsito),

9 LPRA secs. 5073 y 5126. Como resultado de dicha

intervención, el 24 de marzo de 2023 el Ministerio Público

emitió una orden de confiscación. Posteriormente, la Junta

de Confiscaciones notificó la confiscación mediante carta del

13 de abril de 2023.

A su vez, el Ministerio Público presentó una Denuncia en

contra del Sr. Francisco Falcón López (señor Falcón López),

quien conducía la camioneta al momento de su ocupación,

imputándole los actos que dieron lugar al proceso de

confiscación. Sin embargo, celebrada la vista de causa

probable para arresto, el Tribunal de Primera Instancia

concluyó que no existían méritos para continuar el

procedimiento penal iniciado.

El 15 de mayo de 2023, Pentagon Federal Credit Union

(Pentagon) y la Cooperativa de Seguros Múltiples de CC-2025-230 3

Puerto Rico (Seguros Múltiples) presentaron una Demanda

contra el Estado en la que impugnaron la confiscación

realizada. Ambas entidades alegaron que la Sra. Nancely

Serrano Cruz, titular registral del vehículo, no incurrió en

el delito que motivó la confiscación de la camioneta.

Por tanto, solicitaron que se decretara la nulidad de la

confiscación y que se ordenara la devolución del vehículo.

El 8 de junio de 2023, el Gobierno presentó su

contestación a la Demanda. En esencia, negó la mayoría de

las alegaciones formuladas por Pentagon y Seguros Múltiples,

excepto aquellas relacionadas con las circunstancias que

rodearon la ocupación y eventual confiscación de la camioneta.

Más adelante, y tras la celebración de una vista para

determinar la legitimación activa de la parte demandante,

el Tribunal de Primera Instancia determinó que Pentagon era

la única parte con legitimación activa para impugnar la

confiscación. Luego de otras incidencias procesales,

el 23 de julio de 2024 Pentagon presentó una petición de

sentencia sumaria. Allí, sostuvo que la determinación de no

causa para arresto emitida en el procedimiento penal seguido

en contra del conductor del vehículo implicaba que la

camioneta no había sido utilizada en la comisión de los actos

delictivos que dieron origen a la confiscación. En esa misma

línea, argumentó que tal adjudicación constituía un

impedimento colateral por sentencia respecto al proceso civil

de confiscación.

Por su parte, el 3 de septiembre de 2024, el Estado

presentó su oposición a la solicitud de sentencia sumaria. CC-2025-230 4

En síntesis, sostuvo que la determinación de no causa para

arresto no implicaba que el vehículo no hubiera sido utilizado

en la comisión de un delito. Asimismo, el Gobierno argumentó

que, conforme a la ley y a la jurisprudencia interpretativa,

la doctrina de impedimento colateral por sentencia era

inaplicable en este caso. Consecuentemente, planteó que,

ante la ausencia de evidencia suficiente para rebatir la

presunción de legalidad y corrección de la confiscación civil,

no procedía disponer del pleito de forma sumaria.

El 5 de septiembre de 2024, el foro primario emitió una

Sentencia mediante la cual dispuso que,

[l]a prueba documental incontrovertida ante este [t]ribunal establece que el Sr. Francisco Falcón López ciertamente conducía el vehículo confiscado el 18 de marzo de 2023 por el Municipio de Toa Baja. También[,] podemos concluir de la prueba en autos que el 5 de abril de 2023 un [t]ribunal de [j]usticia concluyó que no había ni una mera posibilidad de que el Sr. Falcón López haya incurrido en la conducta conocida como regateo, al punto de no determinar causa probable para arresto contra el mismo. Con esta prueba analizada por este [t]ribunal, no podemos concluir que existe prueba suficiente y preponderante [de] que el vehículo de motor conducido por el Sr. Falcón López fuese utilizado en la conducta conocida como regateo.1

Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia emitió el

pronunciamiento siguiente:

Dado a que la conducta delictiva imputada por el Estado en el caso civil de confiscación, es intrínsecamente la misma conducta imputada al conductor del vehículo, y que por su naturaleza, los elementos del delito no pueden ser divisivos entre el vehículo de motor y la actuación de su conductor, una vez se adjudica la conducta [de] este último como una conducta no delictiva, tal

1 Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 5 de septiembre de 2024, Apéndice del certiorari, págs. 112-133. CC-2025-230 5

adjudicación resulta ser, para todos los efectos jurídicos y prácticos, una adjudicación expresa en cuanto a la no participación del vehículo en actividad de regateo. Nuestro estado de derecho no admite otra conclusi[ó]n lógica.

[…]

El elemento esencial del delito de regateo es precisamente el conducir un vehículo junto a uno o más vehículos de motor en exceso de velocidad, en competencia de aceleración o de velocidad entre los vehículos. Por ello, su naturaleza no permite separar la conducta prohibida y penalizada al acto realizado por el conductor del vehículo. Lo contrario presupondría que el vehículo incurrió en regateo de forma independiente a la actuación de su conductor, cosa que nos llevaría a resultados ilógicos y carentes de sentido práctico o jurídicos. (Negrillas y subrayado en el original).2

A la luz de lo anterior, el foro primario declaró con

lugar tanto la solicitud de sentencia sumaria presentada por

Pentagon como la Demanda de impugnación de confiscación.

Inconforme, el 13 de septiembre de 2024 el Estado presentó

una moción de reconsideración. En ella, reiteró que, ante la

ausencia de una adjudicación expresa que estableciera que la

camioneta no fue utilizada en la comisión de un delito,

no procedía la aplicación de la figura de impedimento

colateral por sentencia. Ese mismo día, el Tribunal de

Primera Instancia denegó la solicitud de reconsideración

mediante una Orden emitida el 13 de septiembre de 2024.

El foro primario expresó lo siguiente:

[E]l vehículo confiscado objeto del pleito de autos no estuvo envuelto en el delito imputado, lo cual es final y firme. Sin embargo, el Gobierno esboza que la parte demandante no ha demostrado que el vehículo “no fue utilizado en la comisión de algún delito”. ¿En qué posible delito pudo

2 Íd., págs. 117-118. CC-2025-230 6

haber sido utilizado el vehículo? Si no hubo regateo, ¿qué prueba este [t]ribunal podría evaluar de la parte demandante para derrotar la presunción de la legalidad de la confiscación? ¿No le estaría requiriendo el [t]ribunal a la parte demandante probar un negativo?3

Aún en desacuerdo, el 15 de noviembre de 2024 el Gobierno

presentó una Apelación Civil ante el Tribunal de Apelaciones.

En esencia, planteó que el Tribunal de Primera Instancia erró

al declarar con lugar, de manera sumaria, la demanda

presentada por Pentagon, pues, además de ser contrario a

derecho, la determinación de no causa para arresto contra el

conductor del vehículo no constituía una adjudicación expresa

de que la camioneta no fue utilizada en los actos ilícitos

por los que fue confiscada. De ese modo, sostuvo que no

procedía aplicar la doctrina de impedimento colateral por

sentencia.

Por su parte, el 7 de enero de 2025 Pentagon presentó su

alegato. En su escrito, reafirmó el planteamiento de que la

determinación de no causa para arrestar al conductor de la

camioneta por el delito de “regateo” implicaba, de manera

insoslayable, que éste no incurrió en dicha conducta ilícita.

Por tal razón, sostuvo que debía concluirse que el vehículo

no fue utilizado en la comisión del delito que motivó su

confiscación, pues resultaba evidente que no podía conducirse

por sí solo.

El 31 de enero de 2025, el foro apelativo intermedio

emitió una Sentencia en la que una mayoría del Panel confirmó

3 Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 13 de septiembre de 2024, Apéndice del certiorari, pág. 132. CC-2025-230 7

la determinación del foro recurrido. En lo pertinente,

dispuso lo siguiente:

Tras una revisión de novo de la totalidad del expediente que obra ante nos, determinamos que no existen hechos materiales en controversia. Ahora bien, es un hecho incontrovertido que, bajo el procedimiento penal, el [Tribunal de Primera Instancia] no encontró causa para arresto en contra del conductor del vehículo. De tal modo que, un [t]ribunal ya adjudicó, de manera final y firme, los hechos relacionados a la alegada actividad delictiva en la que estuvo involucrado el bien confiscado. En otras palabras, dicho dictamen tuvo el efecto de adjudicar con finalidad el hecho central, tanto en el caso criminal como en el de confiscación, es decir, que el objeto confiscado no se utilizó en carreras clandestinas. Asimismo, se eliminó el nexo causal entre la comisión del delito y la propiedad confiscada.4

En cambio, la jueza Álvarez Esnard disintió de la

determinación adoptada por la mayoría y expresó lo siguiente:

El Estado entre sus alegaciones expuso que, en el caso de marras, no era de aplicación la doctrina de impedimento colateral por sentencia, conforme a lo resuelto en Universal Ins. y otro v. ELA y otros, 211 DPR 455 (2023). No empece a lo antes expuesto, la mayoría de este Panel no distingue en la Sentencia emitida la Opinión de nuestra Más Alta Curia del presente caso. Por tanto, conforme a la Ley de Confiscaciones Uniforme de 2011, según enmendada y la normativa jurídica vigente, no puedo colegir con la mayoría de este Panel. (Énfasis suplido).5

El 18 de febrero de 2025, el Estado presentó una moción

de reconsideración, pero fue declarada no ha lugar. Así las

cosas, el 21 de abril de 2025 compareció ante este Tribunal

mediante una petición de certiorari, en la que señaló los

errores siguientes:

4 Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 31 de enero de 2025, Apéndice del certiorari, pág. 165. 5 Íd., págs. 166-167. CC-2025-230 8

Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que aplica la doctrina de impedimento colateral por sentencia a la impugnación de la confiscación del automóvil sin que en el procedimiento penal iniciado por los mismos hechos se adjudicase expresamente que el automóvil no fue utilizado en carreras clandestinas (“regateo”), como exige el Artículo 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, y lo resuelto por esta Alta Curia en Universal Ins. Co. v. ELA, 211 DPR 455 (2023).

Erró el Tribunal de Apelaciones al exigir al Estado demostrar en una etapa sumaria que el vehículo confiscado se utilizó para cometer actividad delictiva[,] cuando en nuestro ordenamiento las confiscaciones están cobijadas por una presunción de corrección, por ende, únicamente luego de rebatida válidamente esta es que corresponde al Estado demostrar que se ha cometido un delito y el nexo causal entre tal delito y la propiedad confiscada.

En reconsideración, emitimos una Resolución el 31 de

octubre de 2025 mediante la cual le concedimos a Pentagon un

término de veinte (20) días, contado a partir de la

notificación de la Resolución, para que mostrara causa por la

cual no debíamos expedir el recurso de certiorari presentado

por el Gobierno, con el fin de revocar las determinaciones de

los tribunales recurridos. Así las cosas, el 21 de noviembre

de 2025 Pentagon compareció mediante un escrito en oposición

a la expedición del certiorari. Contando con el beneficio de

la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

A. La aplicación del precedente jurídico

Por disposición constitucional, el Tribunal Supremo de

Puerto Rico es el tribunal de última instancia. Art. V,

Sec. 3, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Conforme a este mandato,

nuestras decisiones constituyen, salvo los limitados derechos

de revisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la CC-2025-230 9

expresión última, suprema y obligatoria de la interpretación

de las leyes. Andino Torres, Ex parte, 152 DPR 509, 519

(2000), voto de inhibición del Juez Asociado Señor Rivera

Pérez. Véanse, además: Op. Sec. Just. Núm. 1983-11;

R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e

interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2.a ed. rev.,

San Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 153.

Los precedentes judiciales que emitimos no sólo resuelven

los litigios que se nos presentan, sino que también orientan

a la ciudadanía y constituyen una guía vinculante para los

tribunales inferiores. Íd. La consistencia en las decisiones

es indispensable, pues fomenta la excelencia en la práctica

de la profesión, evita la incertidumbre de los jueces cuando

se enfrentan a los casos que deben resolver y promueve la

seguridad jurídica, cuya uniformidad constituye el eje

fundamental de la ley. Util. Cons. Servs. v. Mun. de

San Juan, 115 DPR 88, 92-93 (1984), opinión disidente del

Juez Asociado Señor Rebollo López. Lo mencionado no implica

que este o cualquier otro tribunal esté atado de manera

inflexible e inexorable a lo resuelto en el pasado, ya que el

derecho es dinámico y evoluciona constantemente. Íd.,

pág. 93. Sin embargo, no cambia de manera súbita ni radical

de un día a otro o de una semana a otra. Íd.

Este Tribunal ha señalado que la doctrina del precedente

judicial o stare decisis no tiene el efecto de convertir

nuestras opiniones en un dogma que deba seguirse ciegamente

cuando nos convencemos posteriormente de que la decisión

anterior es incorrecta. Com. PNP v. CEE et al., 197 DPR 914, CC-2025-230 10

923 (2017). Así, hemos establecido ciertos criterios que

justifican, de manera excepcional, apartarnos de un

precedente: (1) cuando la decisión anterior era claramente

errónea; (2) cuando sus efectos sobre el resto del

ordenamiento son adversos, y (3) cuando la cantidad de

personas que han confiado en ella es limitada. Rivera Ruiz

et al. v. Mun. de Ponce et al., 196 DPR 410, 429 (2016).

En otras palabras, una vez emitimos nuestras ponderadas

opiniones, estas no deben variarse salvo que sean tan

manifiestamente erróneas que no puedan sostenerse sin

violentar la razón y la justicia. Hernández Jiménez et al.

v. AEE et al., 194 DPR 378, esc. 23 (2015); González v. Merck,

166 DPR 659, 688 (2006); Vega v. Caribe G.E., 160 DPR 682,

692 (2003); Capestany v. Capestany, 66 DPR 764, 767 (1946);

San Miguel, Etc. & Cía v. Guevara, 64 DPR 966 esc. 6 (1945);

Banco de Ponce v. Iriarte, 60 DPR 72, 79 (1942);

García Fernández, Ex parte, 44 DPR 296, 300 (1932).

Conscientes de la importancia de preservar la certeza

judicial, mientras este Tribunal no revoque ni modifique la

doctrina establecida en sus decisiones, los tribunales y

organismos inferiores están obligados a seguirla en los casos

en que sea aplicable. Capestany v. Capestany, supra,

pág. 767. Debe recordarse que las “Opiniones de este Tribunal

son ‘ley’ en esta jurisdicción al igual que las aprobadas por

la Asamblea Legislativa”. Almodóvar v. Méndez Román, 125 DPR

218, esc. 13 (1990). Así, cuando se establecen normas sobre

una materia que ha sido desarrollada por vía jurisprudencial,

la decisión judicial debe estar basada en un pensamiento CC-2025-230 11

consistente y sistemático, ya que las vacilaciones y

contradicciones podrían tener un efecto contrario a la

estabilidad y certidumbre que se busca garantizar. R.E.

Bernier y J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 203.

B. La Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011

i. La confiscación de los bienes

La Ley Núm. 119-2011, según enmendada, conocida como Ley

Uniforme de Confiscaciones de 2011 (Ley de Confiscaciones),

34 LPRA sec. 1724, et seq., establece un procedimiento

diseñado para garantizar el debido proceso de ley a los dueños

de bienes confiscados. Su propósito principal es ponerle fin

a trámites dilatorios y evitar que los tribunales continúen

congestionados por las demandas presentadas para impugnar las

confiscaciones efectuadas. Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 119-2011 (2011 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 1762).

Hemos señalado que la confiscación es el acto mediante el

cual el Estado ocupa todo derecho de propiedad sobre bienes

que hayan sido utilizados en relación con la comisión de

ciertos delitos. CSM v. ELA, 2025 TSPR 78, 216 DPR __ (2025);

Universal Ins. y otro v. ELA y otros, 211 DPR 455, 463 (2023);

Coop. Seg. Múlt. et als. v. ELA et al., 209 DPR 796,

804 (2022); Reliable v. Depto. Justicia y ELA, 195 DPR 917,

924 (2016). Así pues, el Gobierno puede confiscar toda

propiedad que resulte, sea producto o se utilice durante la

comisión de delitos graves, así como de aquellos menos graves

en los cuales por ley se autorice la confiscación, siempre

que tales delitos estén tipificados en el Código Penal de

Puerto Rico o en otros estatutos en los que por ley se CC-2025-230 12

autorice la confiscación. Art. 9 de la Ley de Confiscaciones,

34 LPRA sec. 1724f. Véanse, también: CSM v. ELA, supra;

Universal Ins. y otro v. ELA y otros, supra, pág. 463.

Este Tribunal ha reconocido dos (2) modalidades en el

proceso de confiscación: (1) la confiscación in personam, y

(2) la confiscación in rem. CSM v. ELA, supra; Coop. Seg.

Múlt. et als. v. ELA et al., supra, 805. La confiscación

in personam forma parte del proceso criminal dirigido en

contra de una persona imputada de delito. CSM v. ELA, supra;

Universal Ins. y otro v. ELA y otros, supra, pág. 464;

Coop. Seg. Múlt. et als. v. ELA et al., supra, pág. 805.

Si la persona resulta culpable, procede que se emita una

sentencia en la que se incluya, como sanción, la confiscación

de la propiedad incautada. Íd.

Por otro lado, la modalidad in rem constituye una acción

civil, independiente de cualquier procedimiento penal, que se

dirige contra la cosa misma y no contra el propietario,

poseedor, encargado o cualquier otra persona con interés

legal sobre el bien. CSM v. ELA, supra; Universal Ins. y

otro v. ELA y otros, supra, pág. 464; Coop. Seg. Múlt.

et als. v. ELA et al., supra, pág. 805. Esta es la modalidad

que rige en nuestro ordenamiento jurídico por virtud de la

Ley de Confiscaciones. CSM v. ELA, supra; Coop. Seg. Múlt.

et als. v. ELA et al., supra, pág. 805.

La naturaleza in rem permite que los procesos de

confiscación se lleven a cabo y concluyan antes de que se

acuse, se declare culpable o se absuelva al acusado.

Art. 8 de la Ley de Confiscaciones, 34 LPRA sec. 1724e. Debido CC-2025-230 13

al carácter civil de este proceso, la culpabilidad o inocencia

del acusado no debe tomarse en cuenta en el proceso de

confiscación; sólo debe considerarse la adjudicación de los

hechos en sus méritos. Íd. Lo determinante es si el bien fue

utilizado para cometer un delito independientemente del

resultado de la acción criminal o de alguna otra naturaleza.

Íd. Véase, además, CSM v. ELA, supra; Universal Ins. y otro v.

ELA y otros, supra, págs. 467-468.

ii. La presunción de legalidad y corrección, y el peso de la prueba en los casos de confiscaciones

La Regla 301 de las Reglas de Evidencia de 2009 (Reglas

de Evidencia), 32 LPRA Ap. VI, R. 301, define una presunción

como “una deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer

o requiere que se haga de otro hecho o grupo de hechos

previamente establecidos en la acción. A ese hecho o grupo

de hechos previamente establecidos se les denomina hecho

básico. Al hecho deducido mediante la presunción, se le

denomina hecho presumido”.

Por virtud de la Ley de Confiscaciones, existe una

presunción iuris tantum a favor del Estado, mediante la cual

se presume la legalidad y corrección de la confiscación

realizada por el Gobierno, independientemente de cualquier

otro caso penal, administrativo o cualquier otro

procedimiento relacionado con los mismos hechos. Art. 15 de

la Ley de Confiscaciones, 34 LPRA sec. 17241. Por ende, recae

sobre el demandante el peso de la prueba para derrotar dicha

presunción. Íd. Es decir, el demandante debe demostrar,

mediante preponderancia de la prueba, que la propiedad CC-2025-230 14

confiscada no fue utilizada en una actividad o acto ilegal.

CSM v. ELA, supra. Lo anterior implica que, si la parte

contra la cual opera la presunción -en este caso, la parte

demandante- no presenta prueba para rebatir el hecho básico,

el juzgador estará obligado a dar por probado el hecho

presumido. Consejo Tit. v. Rocca Dev. Corp. et als.,

2025 TSPR 6, 215 DPR __ (2025). Véase, además, Regla 302 de

las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 302. No obstante,

“[s]i se presenta evidencia en apoyo a la inexistencia de tal

hecho, la parte que interesa rebatir la presunción debe

persuadir a quien juzga de que es más probable la inexistencia

que la existencia del hecho presumido”. Íd.

Finalmente, hemos reiterado que la procedencia de la

confiscación in rem se sustenta en el cumplimiento de dos (2)

requisitos fundamentales: (1) que exista prueba suficiente y

preponderante de que se ha cometido un delito, y (2) que

exista un nexo entre la comisión del delito y la propiedad

confiscada. CSM v. ELA, supra; Universal Ins. y otro v. ELA

y otros, supra, pág. 466. Como corolario, la culpabilidad o

inocencia del propietario o dueño de la cosa en el proceso

criminal es irrelevante en cuanto a la procedencia o no de la

confiscación civil. CSM v. ELA, supra; Universal Ins. y otro v.

ELA y otros, supra, pág. 468.

iii. La doctrina de impedimento colateral por sentencia en la impugnación de confiscaciones

Respecto a la aplicación de la doctrina de impedimento

colateral por sentencia en los procesos de impugnación CC-2025-230 15

de confiscación, la Asamblea Legislativa estableció lo

siguiente:

Se dispone que, no será de aplicación en los procesos de confiscación, la doctrina de impedimento colateral por sentencia en las siguientes instancias:

(a) [c]uando el acusado haya hecho alegación de culpabilidad;

(b) cuando el acusado se someta a un programa de desvío;

(c) cuando el acusado fallezca antes o en medio del proceso que se esté llevando a cabo en contra de su persona;

(d) en ausencia de alguna adjudicación expresa en otro proceso penal, civil o administrativo, que se celebre por los mismos hechos que dieron lugar a la confiscación, en la cual se determine que el bien confiscado no fue utilizado en la comisión de algún delito; y

(e) en cualquier otra instancia que no se cumplan con los requisitos de la doctrina. (Negrilla y subrayado suplidos). Art. 8 de la Ley de Confiscaciones, supra.

Cabe señalar que, al interpretar la mencionada

disposición en Universal Ins. y otro v. ELA y otros, supra,

este Tribunal se ciñó estrictamente al estado de derecho

vigente en ese momento -el cual prevalece hasta la fecha- y

realizó un análisis ponderado y sosegado de los elementos

relevantes para disponer de la controversia ante su

consideración. Allí resolvimos que la doctrina de impedimento

colateral por sentencia no puede ser invocada en un

procedimiento de impugnación de confiscación civil como

fundamento para obtener un dictamen sumario en contra del

Estado. Íd., pág. 458. En particular, reconocimos la

intención clara y expresa de la Asamblea Legislativa al CC-2025-230 16

enmendar el Art. 8 de la Ley de Confiscaciones, supra, con el

objetivo de excluir la aplicación de la figura de impedimento

colateral en las situaciones específicas contempladas en

dicho estatuto. Universal Ins. y otro v. ELA y otros, supra,

pág. 470. Así, concluimos que la enmienda tuvo el efecto de

delimitar de manera taxativa las instancias en las que sería

procedente o no invocar la doctrina de impedimento colateral

por sentencia en un procedimiento judicial en virtud de la

Ley de Confiscaciones. Íd., pág. 471.

En ese contexto, determinamos que, en ausencia de una

adjudicación expresa en otro proceso que estableciera que el

bien confiscado no fue utilizado en la comisión de un delito,

o de alguna otra circunstancia que justificara apartarse de

la norma general, no cabía hablar de la doctrina de

impedimento colateral por sentencia. Íd., págs. 474-475.

Ciertamente, lo anterior no implica que un litigante que

impugne una confiscación pueda prevalecer si demuestra,

mediante la prueba correspondiente, que se ha configurado una

excepción a la prohibición que surge de la Ley de

Confiscaciones. Íd., pág. 475.

III

En esencia, el Gobierno arguye que la Sentencia recurrida

contraviene el precedente pautado en Universal Ins. y otro v.

ELA y otros, supra, así como la Ley de Confiscaciones, en la

medida en que el Tribunal de Apelaciones aplicó la figura de

impedimento colateral por sentencia al proceso de impugnación

de la confiscación de una camioneta sin que, en el

procedimiento criminal iniciado por los mismos hechos, se CC-2025-230 17

adjudicara expresamente que el vehículo no fue utilizado en

la comisión de un delito. Le asiste la razón. El Estado

también sostiene que el foro apelativo intermedio erró al

exigir, en una etapa sumaria, que se probara que la camioneta

confiscada se utilizó para cometer un delito, a pesar de que

en nuestro ordenamiento las confiscaciones gozan de una

presunción de corrección y legalidad. En ese sentido, el

Gobierno plantea que, una vez se rebate válidamente dicha

presunción, corresponde al Estado demostrar que se cometió un

delito, así como el nexo causal entre éste y el bien

confiscado. También le asiste la razón.

En cambio, Pentagon argumenta que los foros inferiores

no erraron al apartarse del precedente establecido en

Universal Ins. y otro v. ELA y otros, supra, ya que la

actividad ilegal conocida como “regateo”, utilizada en el

presente caso como base para la confiscación civil del

vehículo, requiere intrínsicamente que el conductor lo

utilice como medio para llevar a cabo la conducta

antijurídica. Es decir, Pentagon señala que la cosa está

inexorablemente atada a la actuación del sujeto imputado y es

parte esencial del elemento del delito o estatuto

confiscatorio, tanto en el proceso penal como en el civil.

Así, sostiene que la situación excepcional del caso de autos

debe llevar a este Tribunal a apartarse de la norma general

que rechaza la aplicación de la doctrina de impedimento

colateral por sentencia en el proceso civil de confiscación,

según establecida en nuestras decisiones más recientes. CC-2025-230 18

En cuanto al peso de la prueba, Pentagon aduce que las

determinaciones de hechos en el proceso penal, aunque guarden

silencio literal sobre el objeto confiscado, pueden tener

valor probatorio suficiente al evaluar el hecho central de la

confiscación (esto es, si se cometió o no un delito y el nexo

con la propiedad) dependiendo de la naturaleza del delito

examinado. Sostiene, además, que una vez se impugna

judicialmente la confiscación y el demandante presenta prueba

de que el conductor de la camioneta no incurrió en “regateo”,

como ocurrió en este caso, corresponde a la parte que invoca

la presunción aportar prueba que establezca la presencia de

los elementos de un delito y su conexión con la propiedad,

pues de lo contrario la presunción no cobra vida jurídica.

Por último, Pentagon argumenta que la determinación de no

causa para arresto en el caso particular del “regateo” tiene,

cuanto menos, el efecto de trasladar el peso de la prueba al

Gobierno.

De entrada, cabe señalar que, aunque no se trataba del

mismo delito, Universal Ins. y otro v. ELA y otros, supra,

fue resuelto en el mismo contexto del presente caso: la

disposición sumaria de una impugnación de confiscación

mediante la aplicación de la figura de impedimento colateral

por sentencia, basada en una determinación de no causa para

arresto en un procedimiento penal paralelo incoado por los

mismos hechos.

Debido a que la situación de hechos que examinamos no

difiere sustancialmente de aquella que ya ha sido objeto de

análisis por este Tribunal, nos vemos en la necesidad de CC-2025-230 19

reiterar el precedente establecido en el 2023 en el caso

mencionado y reafirmado en CSM v. ELA, supra, en el 2025.

Una vez más, el Gobierno se ha visto obligado a recurrir ante

este Foro para que se deje sin efecto la errónea determinación

en derecho emitida por los tribunales inferiores al aplicar

incorrectamente la doctrina de impedimento colateral por

sentencia como fundamento para disponer sumariamente de una

acción en la cual se impugnó una confiscación civil.

A pesar de que el expediente del presente caso carece de

una adjudicación expresa de que el bien confiscado no fue

utilizado en la comisión del delito de “regateo”, la mayoría

de los miembros del Panel del Tribunal de Apelaciones optó

por no aplicar la norma de derecho prevaleciente en nuestro

ordenamiento sobre este asunto sin siquiera distinguirla.

Ello ocurrió luego de que el foro apelativo intermedio

accediera abordar de manera distinta el delito que dio lugar

a la confiscación del bien en controversia, en comparación

con el delito considerado en Universal Ins. y otro v.

ELA y otros, supra.

Cabe señalar que, tanto en Universal Ins. y otro v.

ELA y otros, supra, como en el caso que hoy atendemos, la

parte demandante fundamentó su moción de sentencia sumaria en

la determinación de no causa para arrestar al conductor del

vehículo por el delito que motivó la confiscación, sin que

existiera una adjudicación expresa de que el mismo no fue

utilizado en la comisión de algún delito.

Como expresáramos, debido a la naturaleza in rem de las

confiscaciones, éstas se instan contra la cosa misma y no CC-2025-230 20

contra su poseedor. Esta ficción legal permite desvincular

la legalidad de la confiscación del resultado de cualquier

procedimiento paralelo que pueda incoarse contra la persona

a quien se le haya imputado utilizar o producir el bien

confiscado en la conducta ilícita que dio lugar a su

confiscación. De ahí la importancia de la independencia entre

ambas acciones, pues “la culpabilidad o inocencia del

propietario [de la cosa o bien] es irrelevante en cuanto a la

procedencia o no de la confiscación civil”. Íd., pág. 468.

Tampoco resulta relevante el tipo de delito al momento de

determinar si la figura de impedimento colateral por

sentencia es aplicable a una acción en la que se impugne una

confiscación. Para determinar si la doctrina es aplicable

o no, basta con referirse al mandato claro y expreso del

Art. 8 de la Ley de Confiscaciones, supra.

En esa línea, si el foro primario se confronta con

cualquiera de las instancias que se detallan en el artículo

mencionado, viene obligado a descartar la aplicación de

la figura de impedimento colateral por sentencia en

un procedimiento impugnatorio de una confiscación.

Universal Ins. y otro v. ELA y otros, supra, pág. 473.

De igual forma, el estado de derecho vigente impide que una

confiscación pueda ser derrotada mediante el mecanismo de

sentencia sumaria cuando el único fundamento invocado es la

doctrina de impedimento colateral por sentencia y no concurre

ninguna circunstancia excepcional que así lo justifique.

Íd., pág. 474. Por consiguiente, el desenlace del

procedimiento penal basado en los mismos hechos resulta CC-2025-230 21

totalmente impertinente, por lo que no procede disponer del

caso de forma sumaria. Íd.

En cuanto a la presunción de legalidad y corrección de la

confiscación impugnada, como señala el Estado, corresponde a

Pentagon rebatir la presunción que favorece al Gobierno.

Al así hacerlo recaerá sobre el Estado la carga de probar el

hecho presumido. En este caso, no existe controversia

respecto a que la confiscación realizada activó dicha

presunción. Sin embargo, ésta no puede ser rebatida mediante

la determinación de no causa para arrestar a favor del

conductor del vehículo confiscado en otro proceso paralelo

relacionado con los mismos hechos. Dado que el principal

argumento de Pentagon para aplicar la doctrina de impedimento

colateral por sentencia se basó en esa determinación de no

causa para arresto, resolvemos que no logró rebatir la

presunción de legalidad y corrección como le correspondía ni

trasladar el peso de la prueba al Gobierno. A la luz de lo

anterior, erró el Tribunal de Apelaciones al exigir al Estado

demostrar, en una etapa sumaria, que la camioneta confiscada

se utilizó para cometer una actividad delictiva.

De otro lado, del expediente ante este Tribunal se

desprende que la determinación de no causa para arresto a

favor del señor Falcón López, junto con el tipo de delito

imputado, fue crucial para que el juzgador decidiera disponer

de la causa de acción de manera sumaria y sin sujeción a la

norma establecida por este Foro. No obstante, lo

verdaderamente determinante para este Tribunal es que del

récord no se desprende que, en el procedimiento criminal CC-2025-230 22

paralelo, se haya emitido una adjudicación expresa de que el

vehículo confiscado no fue utilizado en actividad criminal

alguna, tal como lo requiere el Art. 8 de la Ley de

Confiscaciones, supra. Por lo tanto, reiteramos que,

conforme al estado de derecho y a la jurisprudencia vigente,

una determinación de no causa para arresto no puede

considerarse como una adjudicación expresa de que el vehículo

no fue utilizado para cometer un delito. Así las cosas, en

ausencia de circunstancias excepcionales que justifiquen

apartarnos del precedente establecido en Universal Ins. y

otro v. ELA y otros, supra, y su progenie, resolvemos que el

foro apelativo intermedio erró al no revocar el dictamen

emitido por el Tribunal de Primera Instancia.

En consecuencia, el proceso de impugnación de la confiscación

deberá proseguir a la etapa de juicio, en el que Pentagon

tendrá la oportunidad de rebatir, con prueba admisible, la

presunción de corrección y legalidad de la confiscación de la

camioneta.

Finalmente, entendemos que algunos jueces puedan

simpatizar más con las opiniones disidentes de ciertos

miembros de este Tribunal que con los precedentes emitidos

por la Mayoría tras un estudio mesurado y ponderado. Sin

embargo, estén o no de acuerdo, los jueces de los foros

inferiores deben seguir y respetar la norma establecida en

Universal Ins. y otro v. ELA y otros, supra. Para evitar

cualquier duda o malentendido, lo reiteramos de forma clara:

la doctrina de impedimento colateral por sentencia no aplica

en los casos en los que se impugne una confiscación civil, CC-2025-230 23

cuando, además de cumplirse cualquiera de las demás

instancias establecidas en el Art. 8 de la Ley de

Confiscaciones, supra, no exista una adjudicación expresa en

otro proceso penal, civil o administrativo, celebrado por los

mismos hechos que dieron lugar a la confiscación, en la que

se determine que el bien confiscado no fue utilizado en la

comisión de un delito. Íd.

La determinación adoptada por el foro primario, la cual

fue confirmada por una mayoría del Panel del Tribunal de

Apelaciones sin que se realizara el ejercicio necesario para

distinguir la norma establecida por este Foro

-como correctamente lo advirtió la jueza Álvarez Esnard en su

disenso-, es contraria a la esencia de nuestro sistema

judicial jerárquico, cuyo funcionamiento depende de que las

decisiones de los tribunales de mayor jerarquía sean acatadas

y ejecutadas por los jueces de jerarquía inferior.

Véase In re Candelaria Rosa, 197 DPR 445, 468 (2017).

Permitir una actuación contraria a este principio supondría

un sistema judicial disfuncional, carente de orden y

efectividad. Íd. La autoridad y legitimidad del Poder

Judicial descansa, necesariamente, en que se acaten sus

decisiones y mandatos. Íd.

Aunque, en ocasiones, los jueces podamos discrepar de la

intención y voluntad legislativa, estamos obligados a

respetarla. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, op. cit.,

pág. 299. Por ello, al interpretar un estatuto, debemos

abstenernos de sustituir el criterio legislativo por nuestros

conceptos de lo que es justo, razonable o deseable. Íd. CC-2025-230 24

IV

Por los fundamentos antes expresados, se revoca la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el

31 de enero de 2025, así como la Sentencia emitida por

el Tribunal de Primera Instancia el 5 de septiembre de 2024.

En consecuencia, se devuelve el caso al foro primario para la

continuación de los procedimientos en conformidad con lo

resuelto en esta Opinión.

Se dictará Sentencia en conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y Pentagon Federal Credit Union

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 9 de abril de 2026.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 31 de enero de 2025, así como la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 5 de septiembre de 2024. En consecuencia, se devuelve el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos de acuerdo con esta Opinión.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disiente y emite la expresión siguiente:

“Una vez más, me veo compelida a disentir y, así, sostener que una determinación final y firme de no causa para arresto debe constituir impedimento colateral por sentencia para la causa civil de impugnación de confiscación que se presente por los mismos hechos de la causa criminal. A mi juicio, un resultado favorable para los imputados en la vista de causa probable para arresto es suficiente para derrotar la presunción de legalidad y corrección de la confiscación efectuada. CC-2025-230 2

De entrada, la confiscación se deriva de un acto ilícito. Es decir, un vehículo es confiscable en la medida en que se haya utilizado para la comisión de un delito. Ahora bien, un vehículo, por sí mismo, carece de voluntad o capacidad para incurrir en una conducta delictiva; depende necesariamente de la conducta de la persona que lo conduzca. Por ende, la única manera en que un vehículo puede considerarse involucrado en un delito es si su conductor incurrió en la conducta delictiva imputada.

De lo anterior se desprende una secuencia que conduce a una conclusión lógica ineludible. Si el juzgador determinó que no existe base para sostener que el conductor incurrió en la conducta penal imputada, se desvanece el nexo que vincularía al vehículo con la actividad ilegal. En consecuencia, resulta incompatible afirmar que dicho vehículo fue utilizado para la comisión del delito alegado. Por lo tanto, la acción civil de confiscación no puede subsistir de manera independiente del hecho delictivo que supuestamente la origina.

En estos escenarios, es forzoso concluir que cuando el Estado no cumple con el peso de la prueba en la vista de causa probable para arresto, este no tiene la posibilidad de probar el hecho material de la ocurrencia de una actividad delictiva en el pleito civil de impugnación de la confiscación. Por ello, reitero los fundamentos que esbocé en CSM v. ELA, 2025 TSPR 78, 216 DPR __ (2025), Universal Ins. y otro v. ELA y otros, 211 DPR 455(2023), y en mi Opinión disidente en MAPFRE et al. v. ELA, 209 DPR 910(2022)”.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente y emite la expresión siguiente:

“Nuevamente, este Tribunal se ve en la necesidad de reiterar y explicarle a la comunidad jurídica una construcción legal ficticia en materia de confiscaciones civiles, cuya aplicación resulta incompatible con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional. En esta ocasión, la mayoría reafirma erróneamente que no procede anular la confiscación de un vehículo al amparo de la doctrina de impedimento colateral por sentencia, salvo que exista una adjudicación expresa —en un proceso penal, civil o administrativo— que establezca que el bien confiscado no fue utilizado en la comisión de un delito. Esta CC-2025-230 3

postura enfatiza, de manera incorrecta, que una determinación de no causa emitida en una vista de causa probable para arresto no constituye una adjudicación expresa que exonere a la propiedad en cuestión dentro de un proceso confiscatorio civil. Máxime, cuando como en este caso, la camioneta Ford, modelo F-150 XLT se confiscó por presuntamente haberse utilizado en carreras de competencia o regateo y ni siquiera hubo una determinación de causa probable para arresto de la persona que la conducía.

Así las cosas, disiento respetuosamente por las mismas razones y fundamentos que consigné en mi expresión disidente en CSM v. ELA, 2025 TSPR 78, 216 DPR ____ (2025) y en mis opiniones disidentes en Universal Ins. y otro v. ELA y otros, 211 DPR 455 (2023) y Coop. Seg. Múlt. et als. v. ELA et al., 209 DPR 796 (2022). En esta última, expresé que “la confiscación civil de un bien sin mediar una convicción penal vulnera las garantías del debido proceso de ley, a no ser privado de la propiedad sin justa compensación, la prohibición contra multas excesivas y registros y allanamientos irrazonables, así como la presunción de inocencia”. Coop. Seg. Múlt. et als. v. ELA et al., supra, págs. 812-813. Este menoscabo a las garantías constitucionales persiste, incluso, en casos como el presente en el que no hubo una determinación judicial de causa probable para arresto a la persona vinculada al bien mueble confiscado.

En ese sentido, me veo en la obligación de reiterar que, a mi juicio, la confiscación de un bien sin que medie una condena penal constituye un impedimento colateral por sentencia en el pleito civil en el cual se impugna la confiscación realizada por el Estado. Lo contrario crea una falsa disociación entre ambos procedimientos con la pretensión de que el objeto confiscado, en sí mismo, pudiese ser culpable de la comisión de un acto delictivo. Véase, Coop. Seg. Múlt. et als. v. ELA et al., supra, págs. 822-823. Me sostengo en que nuestro ordenamiento jurídico sencillamente no permite esta incongruencia.

Es conveniente recordar que este Tribunal ha reafirmado que, para que una confiscación in rem o civil sea procedente, deben cumplirse dos (2) requisitos fundamentales: primero, debe presentarse prueba suficiente y preponderante de que se ha cometido un delito; y segundo, debe establecerse un nexo entre ese delito y el bien CC-2025-230 4

confiscado. Véanse, Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763, 784 (2014); Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 52 (2004); Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 983 (1994). Por tanto, como se observa en este caso, si en un procedimiento penal, particularmente en la etapa de causa probable para arresto, no existe ni una scintilla o umbral mínimo de evidencia para demostrar la comisión de un delito, es imposible cumplir con el segundo requisito. Así pues, considero que la determinación de no causa tiene el efecto jurídico de quebrantar cualquier posible nexo causal entre el presunto delito y la propiedad confiscada. Como resultado, ello proscribe la confiscación civil de un bien que, por su naturaleza, es inherentemente lícito.

Enfatizo que la confiscación representa una forma de privación de propiedad que debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso de ley. Art. II, Sec. 9, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Además, como he reiterado, la mera designación formal de un procedimiento de confiscación como civil o criminal no resuelve la interrogante sobre su verdadera naturaleza y propósito punitivo. Después de todo, la confiscación actúa, en la práctica, como una sanción penal adicional impuesta contra quienes se presume han incurrido en conducta delictiva. Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA et al., 194 DPR 116, 156 (2015) (Voto particular disidente del Juez Asociado señor Estrella Martínez); Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907, 913 (2007); Santiago v. Supte. Policía de P.R., 151 DPR 511, 515-516 (2000); Del Toro Lugo v. E.L.A., supra, pág. 987; Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356, 362 (1978). Como resultado, en ausencia de prueba suficiente para acreditar la comisión de un delito, resulta insostenible y carece de fundamento jurídico el pretender que subsiste un nexo causal entre ese presunto acto o evento delictivo y el bien objeto de confiscación.

Como he señalado, no podemos pretender seguir validando una interpretación aislada y textualista de Ley Núm. 119-2011, conocida como la Ley Uniforme de Confiscaciones, 34 LPRA sec. 1724 et seq., sin considerar en este análisis las garantías constitucionales aplicables. En ese sentido, no puede considerarse constitucional que el estatuto declare irrelevante la culpabilidad o no culpabilidad del propietario en cuanto a la procedencia de la confiscación civil. Sostener la validez de esta ficción jurídica es, en CC-2025-230 5

definitiva, incompatible con los postulados de nuestro ordenamiento constitucional. Véanse, CMS v. ELA, supra, (Expresión disidente del Juez Asociado señor Estrella Martínez y Coop. Seg. Múlt. et als. v. ELA et al., supra, pág. 812 (Opinión disidente del Juez Asociado señor Estrella Martínez).

En fin, reitero mis pronunciamientos anteriores en materia de confiscaciones civiles cuando no media una condena penal por los mismos hechos que motivaron la confiscación y, por consiguiente, disiento respetuosamente”.

El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió una Opinión Disidente.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y Pentagon Federal Credit Union

Recurridos

v. CC-2025-230

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

“[E]l propósito inspirador de la doctrina de stare decisis es lograr estabilidad y certidumbre en la ley, mas nunca perpetuar errores”.

Am. Railroad Co. v. Comisión Industrial, 61 DPR 314, 326 (1943).

Una vez más, -- estando llamados y llamadas a determinar

si, tras un dictamen final y firme de no causa para arresto

contra un conductor por una presunta violación al delito de

“regateo”,1 procedía aplicar la figura de impedimento

1 En particular, contra el Sr. Francisco Falcón López (en adelante, “señor Falcón López”), se presentó una Denuncia, mediante la cual se le imputó infringir los Artículos 3.23 y 5.06 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA secs. 5073 y 5126. En lo pertinente, dicho estatuto prohíbe “las carreras de competencia, los concursos de velocidad y los concursos de aceleración […] en las carreteras estatales y municipales de Puerto Rico cuando las mismas no sean autorizadas”. Íd. Esta práctica se conoce comúnmente como “regateo”. Tras examinar la prueba presentada por el Ministerio Público, el Tribunal de Primera Instancia concluyó, -- mediante un dictamen que advino final y firme --, que no existían méritos ni tan siquiera para hallar causa probable para arresto contra el señor Falcón López. Los presuntos actos que motivaron la referida acción penal extinguida fueron los que, precisamente, dieron pie a la confiscación del vehículo que manejaba el señor Falcón López y los cuales originaron la controversia ante nuestra consideración. CC-2025-0230 2

colateral por sentencia en una acción civil de impugnación de

confiscación de un vehículo de motor --, una mayoría de mis

compañeros y compañeras de estrado, en un proceder a todas

luces erróneo, y tras la aplicación automática de determinados

precedentes establecidos por este Tribunal, concluye que la

referida doctrina no aplica a causas como las de autos.

Ante ese proceder, nos parece menester aprovechar la

presente oportunidad para reflexionar, un poco, sobre la

función del precedente en nuestro ordenamiento, así como las

razones que nos deben mover a apartarnos de él cuando las

circunstancias y los tiempos así lo exigen. Veamos.

I.

Los hechos medulares que dan margen al presente litigio

no están en controversia, razón por la cual hemos decidido

adoptar los mismos por referencia. Siendo ello así,

procedemos, pues, a plasmar, en este escrito, nuestra

reflexión acerca de la doctrina del precedente jurídico y su

relación con lo dispuesto en la causa de epígrafe.

II.

A.

Como se sabe, la doctrina del precedente, -- también

conocida como stare decisis --, es aquella que, como regla

general, establece que los tribunales deben seguir

determinaciones anteriores en casos posteriores, de modo que

se propicie estabilidad y certidumbre en las relaciones

jurídicas. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, 210 DPR 163, CC-2025-0230 3

194-195 (2022); Com. PNP v. CEE et al., 197 DPR 914, 922–923

(2017); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 921 (2009).

El nombre completo de la doctrina es stare decisis et

quieta non movere, lo que se puede traducir como “estar a lo

decidido y no perturbar lo ya establecido, lo que está quieto”.

S. Legarre y J. C. Rivera, Naturaleza y dimensiones del “stare

decisis”, 33 (Núm. 1) Rev. Chil. Der. 109 (2006).

Así pues, se ha dicho que la mencionada doctrina opera

en dos (2) dimensiones o vertientes: la vertical y la

horizontal. En su dimensión vertical, la doctrina de stare

decisis “alude a la obligación de los tribunales [inferiores]

de seguir los precedentes de sus superiores jerárquicos”. Íd.,

pág. 113. De otra parte, en su dimensión horizontal, esta

doctrina “se refiere a la obligación de los tribunales de

seguir sus propios precedentes”. Íd.

En nuestra jurisdicción, la modalidad vertical de la

doctrina de stare decisis se manifiesta como el deber del

Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones

de seguir las pautas que ha establecido este Tribunal en casos

similares que tengan ante su consideración,2 cuando éstos no

presenten elementos que permitan distinguirlos de los

2 Para que adquiera fuerza de precedente vinculante, se requiere que este Tribunal haya emitido una opinión. Ello, debido a que nuestras sentencias, -- aunque altamente persuasivas --, “no constituye[n] precedente de este Tribunal, por lo que no obliga[n] al Tribunal de Apelaciones [ni al Tribunal de Primera Instancia] […], y mucho menos nos obliga[n] a nosotros”. Delgado, Ex parte, 165 DPR 170, 182 (2005). Véase, también, Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 74 (1987); Díaz v. Colegio Nuestra Sra. Del Pilar, 123 DPR 765, 777 (1989); Figueroa Méndez v. Tribunal Superior, 101 DPR 859, 863 (1974). CC-2025-0230 4

anteriores.3 Es decir, lo anterior significa que las opiniones

de este Tribunal se convierten en una fuente de derecho

obligatoria y de aplicación general para los foros inferiores.

J. M. Farinacci Fernós, La doctrina del “stare decisis” en

Puerto Rico, 52 Rev. Jur. UIPR 67 (2018).

Empero, para la correcta disposición de los asuntos que

nos ocupan, resulta particularmente importante la dimensión

horizontal de la doctrina de stare decisis. Ésta, -- la cual,

como cuestión de hecho, sólo aplica a este Tribunal --, opera

cuando identificamos algún precedente en nuestra

jurisprudencia que podría aplicar a una controversia ante nos,

el cual generalmente debemos respetar. Íd.

Ahora bien, establecido lo anterior, conviene mencionar

aquí que la regla del precedente no supone que las opiniones

de este Tribunal sean un dogma que deba seguirse aun cuando

nos convenzamos posteriormente de que nuestra decisión

anterior es errónea y no resiste un análisis cuidadoso. Pérez

Rodríguez v. López Rodríguez, supra, pág. 195; Com. PNP v. CEE

et al., supra, pág. 923; Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo,

186 DPR 365, 391 (2012); Pueblo v. Díaz De León, supra, pág.

922; Am. Railroad Co. v. Comisión Industrial, 61 DPR 314, 326

(1943). Como veremos más adelante, desde su concepción, se ha

reconocido que la regla de stare decisis “no debe aplicarse

mecánicamente porque congelaría en el tiempo precedentes

3 S. Legarre y J. C. Rivera, Naturaleza y dimensiones del “stare decisis”, 33 (Núm. 1) Rev. Chil. Der. 109, 113 (2006) (“El tema de la analogía es crucial para la técnica del precedente. La falta de similitud entre un caso y un determinado precedente permite distinguirlos y, por tanto, no aplicar el precedente al nuevo caso que tiene elementos relevantes distintos. Esto se conoce como distinguishing”). CC-2025-0230 5

claramente absurdos o erróneos”. González v. Merck, 166 DPR

659, 677 (2006) (Hernández Denton, opinión de conformidad).

Ello, pues, “el propósito inspirador de la doctrina de stare

decisis es lograr estabilidad y certidumbre en la ley, mas

nunca perpetuar errores”. Am. Railroad Co. v. Comisión

Industrial, supra, pág. 326.

Recordemos que “[n]uestra función judicial nos obliga a

velar celosamente porque nuestras decisiones no sólo sean

correctas en derecho, sino que también estén bien

fundamentadas. En vista de ello, no procede recurrir a la

doctrina de stare decisis para evadir nuestra ineludible

obligación de velar por la corrección de nuestros dictámenes”.

González v. Merck, supra, pág. 690 (Hernández Denton, opinión

de conformidad).

Teniendo en mente esas nociones generales sobre la

doctrina de stare decisis, procedemos, pues, a examinar el

trasfondo histórico, la incorporación y el desarrollo de la

misma en nuestra jurisdicción, así como la evolución de los

acercamientos que le ha dado este Tribunal.

B.

Como es sabido, aunque la doctrina de stare decisis está

firmemente establecida en nuestro ordenamiento, no siempre fue

así. Su adopción y evolución en el derecho puertorriqueño ha

seguido un trayecto accidentado y contradictorio. Farinacci

Fernós, supra, pág. 68. Ante esa situación, y como ya

mencionamos, nos parece apropiado aprovechar la presente

oportunidad para examinar detenidamente las transformaciones CC-2025-0230 6

que ha experimentado esta norma, de modo que estemos mejor

posicionados para esbozar nuestra propuesta metodológica.

Ese trasfondo al que hicimos referencia se puede dividir

en tres (3) grandes etapas: (1) primero, un periodo inicial,

caracterizado por una adopción difusa e informal de la

mencionada doctrina; (2) luego, una fase intermedia, marcada

ya por una incorporación formal de la doctrina de stare

decisis, aunque con ciertas vacilaciones entre aplicaciones

más duras o rígidas y otras más débiles o flexibles; y (3),

finalmente, la versión actual de la mencionada doctrina, la

cual consiste en un análisis multifactorial que se ha ido

liberalizando recientemente.

Sobre este último extremo, precisa señalar que, desde el

año 1903, este Tribunal ya había adoptado cierta noción de la

doctrina de stare decisis en su vertiente vertical. Es decir,

ya se reconocía el concepto de que las determinaciones del más

Alto Foro Judicial vinculaban a los tribunales inferiores.

Véase Ex parte Mauleon, 4 DPR 123 (1903); Martorell et al. v.

J. Ochoa y Hermano, 25 DPR 759 (1917) (Wolf, opinión

disidente); Chabert v. Sánchez, 29 DPR 241 (1921); González

v. Roig et al., 31 DPR 35 (1922).

Sin embargo, tomaría hasta el año 1920 para que surgiera

la primera referencia indirecta a la vertiente horizontal de

la mencionada doctrina, -- a saber, que este Tribunal tiene

que respetar y seguir sus propias determinaciones anteriores

--, en el caso Martínez v. Campillo, Juez de Distrito, 28 DPR CC-2025-0230 7

316 (1920). Allí, el Juez Asociado señor Wolf indicó que

“[a]unque el que suscribe esta opinión disintió de la opinión

de este tribunal emitida en mayo 11, 1919, […] se siente, sin

embargo, momentáneamente obligado por dicha decisión”. Íd.

Seis (6) años después, este Tribunal aludió, -- por

primera vez de manera expresa --, a la doctrina de stare

decisis en el caso Barros v. Padial, 35 DPR 258 (1926). Allí,

también en voz del Juez Asociado señor Wolf, y en lo

relacionado con los asuntos que en ese entonces teníamos ante

nuestra consideración, pronunciamos que, luego de identificar

una tendencia en al menos siete (7) casos anteriores,

“[s]ostener otra cosa sería intervenir con la regla de stare

decisis o algo así, aun suponiendo que estuviéramos de algún

modo dispuestos de un primer examen a dar una interpretación

diferente al estatuto”. Íd., pág. 262. Al así hacerlo, esta

Curia señaló que, indistintamente de lo que se haya resuelto

en otras jurisdicciones cuyas tradiciones jurídicas estén

relacionadas con Puerto Rico, -- como España o Filipinas --,

esas determinaciones “no pueden variar la regla firmemente

establecida por nosotros y con la cual estamos todavía

completamente en armonía”. Íd., pág. 262-263.

Si bien este Tribunal, en sus dictámenes, ya había

acogido nociones de la doctrina de stare decisis, no fue hasta

el año 1932 que incorporó este principio formalmente en el

caso García Fernández, ex parte, 44 DPR 296 (1932). Allí,

luego de identificar varios precedentes en los que se aplicó CC-2025-0230 8

reiteradamente una misma norma para resolver controversias

similares, este Alto Foro, -- citando extractos de opiniones

judiciales emitidas por Jeremiah Sullivan Black, quien fue

Juez Presidente de la Corte Suprema de Pennsylvania,

contenidas en su biografía de la obra Great American Lawyers

--, pronunció lo siguiente:4

Una vez que una cuestión ha sido deliberadamente resuelta luego de argumentos solemnes, no debe ser variada, a menos que sea tan manifiestamente errónea que no pueda sostenerse sin violentar la razón y la justicia. Así lo afirma, no una corriente, sino un torrente de autoridades. Ningún juez que sienta el debido respeto hacia el principio de stare decisis -- ese gran principio que es el áncora de salvación de nuestra jurisprudencia -- puede negar que esta inamoviblemente establecido. […] Por supuesto, no estoy diciendo que debamos consagrar los meros errores de los que nos precedieron, y tropezar cada vez que lleguemos al sitio donde ellos tropezaron. Un error palpable, que viole la justicia, la razón y el derecho, debe corregirse, no importa quién lo haya cometido. (Énfasis Suplido). García Fernández, supra, págs. 300-301.

Sobre el alcance de lo anterior, el profesor Jorge M.

Farinacci Fernós nos explica que “García Fernández se

convirtió en el caso leading del stare decisis en nuestro

País[, …] se convirtió en el stare decisis del stare decisis

por muchas décadas”. Farinacci Fernós, supra, pág. 72.

Asimismo, dicho académico señala que la versión del stare

decisis allí adoptada fue una fuerte; es decir, que “hacía

difícil la revocación del precedente”. Íd., pág. 73.

4 M. C. Klingelsmith, Jeremiah Sullivan Black, en Great American Lawyers: The lives and influence of judges and lawyers who have acquired permanent national reputation, and have developed the jurisprudence of the United States. A history of the legal profession in America (W. D. Lewis, ed.), Philadelphia, The John C. Winston Co., 1909, Vol. VI, págs. 13-14. CC-2025-0230 9

Empero, y no empece a lo antes dicho, la tendencia sentada

en García Fernández, supra, de mantener una versión fuerte e

inflexible de la doctrina del precedente, pareció culminar en

el caso American Railroad Co. of P.R. v. Comisión Industrial

de P.R., supra. Allí, este Tribunal expuso que,

si bien la doctrina de stare decisis obliga a un tribunal a seguir sus decisiones en casos posteriores a fin de lograr la estabilidad y certidumbre que deben existir en la ley, […] esa doctrina no llega al extremo de declarar que la opinión de un tribunal tenga el alcance de un dogma que deba seguirse ciegamente aun cuando el tribunal se convenza posteriormente que su decisión anterior es errónea. Como insinuamos antes, el propósito inspirador de la doctrina de stare decisis es lograr estabilidad y certidumbre en la ley, mas nunca perpetuar errores. (Énfasis suplido). American Railroad Co. of P.R. v. Comisión Industrial de P.R., supra, pág. 326.

Así, pues, “las expresiones fuertes de García Fernández

han sido principalmente citadas [para] mantener la validez de

un precedente anterior, mientras que la excepción pautada en

American Railroad ha servido de base normativa […] para

revocar una decisión previa”. Farinacci Fernós, supra, pág.

74. Cónsono con ello, en casos posteriores a American

Railroad, supra, integrantes de este Alto Foro continuaron

desarrollando esa modalidad flexible del stare decisis.5

5 Véase Arvelo v. Rodríguez, 69 DPR 159, 168 (1948) (Snyder, opinión disidente) (“La regla de stare decisis no es inflexible”); Irizarry v. Pueblo, 75 DPR 786, 830 (1954) (Ortiz, opinión concurrente) (“El stare decisis no justifica la perpetuación de un error, y no debe servir de sustituto al proceso de ponderado raciocinio”); Ocasio v. Díaz, 88 DPR 676, 754 (1963) (Negrón Fernández, opinión concurrente) (“La doctrina de stare decisis tiene que descansar en la virtud misma del precedente que se invoca y ninguna interpretación errónea de la ley--con particular razón una interpretación restrictiva de legislación reparadora que va a la CC-2025-0230 10

iii.

Ahora bien, la versión contemporánea de la doctrina del

stare decisis en nuestra jurisdicción, se planteó, por vez

primera, en cierta Opinión de Conformidad emitida por el

entonces Juez Presidente de este Tribunal señor Hernández

Denton en el caso González v. Merck, supra (Hernández Denton,

opinión de conformidad). En el referido escrito, el Juez

Presidente señor Hernández Denton propuso tres (3) elementos

que el jurista o la jurista debe considerar al momento de

decidir si se debe, o no, revocar un precedente, a saber: “(1)

la decisión anterior era claramente errónea; (2) los efectos

de la decisión sobre el resto del ordenamiento son adversos,

y (3) la cantidad de personas que confían en la decisión es

limitada”. Íd., pág. 688.

Años más tarde, el referido análisis de tres (3)

factores, expuesto en González v. Merck, supra, se incorporó

en una nota al calce del caso Pueblo v. Camacho Delgado, 175

DPR 1, 20 esc. 4 (2008). Asimismo, una mayoría de este Tribunal

adoptó dicho marco tripartita, -- ya claramente como parte del

derecho aplicable --, en Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

922, así como en casos posteriores.6

Por último, y en lo que consideramos un lamentable

proceder, en casos más recientes, -- como Pueblo v. Sánchez

Valle et al., 192 DPR 594 (2015) --, al tratar la doctrina de

entraña misma de nuestra sociedad--debe sentar plaza eterna en el orden jurídico para consagrar estados negatorios de la personalidad humana”).

6 Véase E.L.A. v. Crespo Torres, 180 DPR 776, 796-797 (2011); Rodríguez v. Hospital, 186 DPR 889, 916 (2012); Pueblo v. Sánchez Valle et al., 192 DPR 594, 645-646 (2015); Rivera Ruiz et al. v. Mun. de Ponce et al., 196 DPR 412, 429 (2016); Com. PNP v. CEE, 197 DPR 914, 923 (2017). CC-2025-0230 11

stare decisis, se ha seguido una práctica de abordar

únicamente el primer criterio, relativo a determinar si la

decisión anterior es errónea, y prescindir del resto de los

factores, relacionados con las consecuencias adversas sobre

el ordenamiento y la cantidad de personas que confían en el

precedente. Farinacci Fernós, supra, pág. 79. Tal curso de

acción, seguido en decisiones recientes por una mayoría de mis

compañeros y compañeras de estrado, a todas luces,

desnaturaliza los principios más básicos que dan origen a la

doctrina aquí bajo estudio.

C.

Habiendo discutido el desarrollo histórico de la doctrina

de stare decisis, nos corresponde ahora delinear lo que, -- a

nuestro juicio --, debe ser el acercamiento correcto a dicha

doctrina en el ámbito contemporáneo. Para ello, nos parece

apropiado tomar como base el sistema de tres (3) factores

expuesto por el entonces Juez Presidente señor Hernández

Denton en González v. Merck, supra, que hemos empleado hasta

el momento, pero imprimiéndole a éste ciertos matices que nos

parecen meritorios enunciar.

Como ya indicamos, al analizar cuándo procede revocar un

precedente, debemos evaluar: (1) la corrección de la decisión

anterior, (2) la relación de ese precedente con el resto del

ordenamiento y (3) la cantidad de personas que confían en esa

determinación anterior. Repasemos, al detalle, cada uno. CC-2025-0230 12

En cuanto al primer criterio de González v. Merck, supra,

se ha dicho que éste se refiere “a la exigencia tradicional

de que se demuestre lo ‘manifiestamente erróneo’ de la

decisión que se revoca”. González v. Merck, supra, págs. 688-

689 (Hernández Denton, opinión de conformidad). Para el Juez

Presidente señor Hernández Dentón, ello se podría demostrar

“mediante prueba de que, durante el proceso deliberativo que

produjo la decisión del tribunal, no se consideraron

detenidamente todos los argumentos que aplican al caso”. Íd.

Abundando un poco más en el primer criterio, nos parece

que, en estos tiempos, el análisis del mismo no se debe enfocar

en la calidad o extensión de los argumentos que se consideraron

cuando se tomó la decisión anterior, sino, más bien, en la

corrección, racionalidad, vigencia y eficacia de la norma

finalmente pautada. Ello se debe a que el interés que persigue

ese primer criterio, en realidad, responde a la idoneidad de

la regla plasmada, y no al proceso que nos condujo a ella.7

En ese sentido, al enfrentarnos a la interrogante de si

un precedente está errado, nos parecen particularmente

ilustradores varios de los ejemplos que presenta el Exjuez

Asociado del Tribunal Supremo federal Stephen Breyer en su

obra Reading the Constitution: Why I Chose Pragmatism, Not

Textualism, Nueva York, Simon & Schuster, 2024. Allí, menciona

7 Así pues, puede que un caso en el que los alegatos de las partes hayan atendido vagamente un planteamiento haya concluido en la enunciación de una norma muy sólida que merezca mantenerse durante décadas, como también podría darse la situación de que los más completos y razonados escritos hayan desembocado en la adopción de un precedente desatinado o inadecuado que amerite revocarse. CC-2025-0230 13

que un fundamento válido para revocar un precedente es que el

derecho, -- ya sea por la vía estatutaria o por la

jurisprudencial --, ha evolucionado de una manera tal que ya

no puede decirse que el caso anterior es consistente con la

norma vigente. Íd., pág. 189. Así también, el Juez Breyer

apunta a que otra razón legítima para descartar un caso

anterior es que haya ocurrido un cambio fáctico fundamental

que erosione la premisa básica que sustentaba lo determinado

previamente. Íd., págs. 189-190. Mientras que otro escenario

que podría justificar revocar un precedente, según el Juez

Breyer, es que lo decidido antes haya resultado ser

inejecutable, inefectivo, impráctico o perjudicial para los

intereses que se quisieron adelantar. Íd., págs. 190-191.

Habiendo dicho ello, -- y en lo pertinente a los restantes

otros dos (2) criterios que se recogen en González v. Merck,

supra, --, resulta importante llamar la atención a la

tendencia reciente de una mayoría de este Tribunal de obviar

los mismos en el momento en que, para disponer de determinado

caso, invoca la doctrina del precedente, desnaturalizando así

los principios más básicos que dieron origen a la misma. A

nuestro juicio, tal proceder es indeseable y erróneo, pues

atenta contra la ponderación que el sistema de análisis

tripartita supone alcanzar.

Y es que, examinar los tres (3) factores expuestos en

González v. Merck, supra, de manera integrada, consigue

moderar o equilibrar la determinación de si cierto precedente CC-2025-0230 14

merece ser revocado, o no. Además, el evaluar, en conjunto,

todos los factores antes enumerados evita los problemas que

conlleva exigir un grado determinado de error de la decisión

anterior para descartarla. Ello así, puesto que, enfocarse

únicamente en el primero de los factores, generalmente,

implica que el análisis se incline a determinar si el

precedente está lo suficientemente errado como para conllevar

su revocación, lo que supone un criterio altamente subjetivo

y de muy poca ayuda al juzgador o a la juzgadora. Por

consiguiente, el mero hecho de determinar que un precedente

es erróneo como justificación para eliminarlo, -- sin

considerar los otros dos (2) factores, como el efecto que la

revocación de un precedente tendría en el resto del

ordenamiento o las personas que confían en él --, podría

conducir a un disloque jurídico y social innecesario.

Ya para ir finalizando esta parte de nuestro escrito, nos

parece importante dirigirnos hacia otro aspecto de la doctrina

de stare decisis que requiere nuestra atención. Se trata de

la necesidad de diferenciar entre la interpretación

estatutaria y la interpretación constitucional a la hora de

considerar si es apropiado revocar un precedente.

Sobre el particular, es menester señalar que si bien, por

un lado, la literatura favorece un acercamiento más flexible

y cambiante cuando se trata de precedentes relativos a una

interpretación constitucional, -- debido a lo difícil que

resulta enmendar la Carta Magna ante la necesidad de corregir CC-2025-0230 15

un error de interpretación judicial, así como los cambios

socioeconómicos y culturales que inciden en ella --;8 por otro

lado, una versión flexible o débil de esta doctrina, en el

ámbito constitucional, facilita la revocación de precedentes

que han establecido derechos fundamentales en los que la gente

confía. A modo de ejemplo, recordemos el caso de Dobbs v.

Jackson Women’s Health Organization, 597 U.S. 215 (2022), el

cual revocó el precedente que estableció el derecho federal

al aborto, -- luego de éste haberse reconocido hace más de

cinco (5) décadas --, en Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).

A contraparte, y ya más en lo relacionado con precedentes

que consistan en interpretaciones puramente estatutarias, se

ha favorecido una modalidad más rígida y consistente en la

aplicación de la doctrina de stare decisis. Lo anterior,

debido a la posibilidad de que la Asamblea Legislativa pueda

avalar o rechazar una interpretación de este Tribunal sobre

determinado asunto: (1) mediante su anuencia, -- es decir, la

inacción prolongada o adopción de nueva legislación o

enmiendas a la existente que dejen inalterada la disposición

que fue objeto de interpretación judicial --; o (2) a través

de una enmienda a la ley para adoptar o descartar expresamente

la interpretación judicial.

iv.

Sentenciado lo anterior, -- y en lo que consideramos un

escenario muy poco atendido por la jurisprudencia y la

literatura, por cierto --, conviene evaluar entonces lo que

8 J. M. Farinacci Fernós, La doctrina del “stare decisis” en Puerto Rico, 52 Rev. Jur. UIPR 67, 80-81 (2018). CC-2025-0230 16

debe suceder en aquellas instancias, como la de autos, en las

que la interpretación estatutaria incide directamente en las

pautas constitucionales. Es decir, ¿qué modalidad de la

doctrina de stare decisis se debería emplear en aquellos

casos, -– como el presente --, en los que un precedente

establece una interpretación estatutaria que interviene,

limita o afecta garantías o normas constitucionales? ¿Se

debería seguir la modalidad fuerte, bajo el pretexto de que,

después de todo, se está interpretando un estatuto; o se

debería recurrir a la modalidad flexible, debido a los efectos

adversos de dicha interpretación sobre una garantía o norma

de rango constitucional?

Nuestra respuesta a dichas interrogantes es sencilla. En

escenarios como los antes descritos, -- de conformidad con la

normativa antes expuesta --, el proceder más sensato lo es el

realizar un acercamiento flexible a la doctrina de stare

decisis; toda vez que, al verse involucrados derechos

constitucionales, es necesario poder corregir una

determinación estatutaria errónea que afecte o limite tales

garantías fundamentales.

Dicho ello, y toda vez que el precedente que una mayoría

de mis compañeros y compañeras de estrado hoy reafirman en la

causa de epígrafe consiste en una interpretación estatutaria

que incide directamente en la prohibición constitucional de

que el Estado tome propiedad privada para fines públicos sin

una justa compensación, procede que evaluemos la controversia CC-2025-0230 17

de marras a la luz del marco de análisis que acabamos de

exponer. Pasamos a así hacerlo.

Como mencionamos anteriormente, el primero de los

criterios de González v. Merck, supra, a evaluar en casos como

éstos, es determinar si el precedente en cuestión está errado.

Hoy, una mayoría del Tribunal invoca el precedente establecido

en Universal Ins. y otro v. E.L.A. y otros, 211 DPR 455 (2023),

en el que se resuelve que la doctrina de impedimento colateral

por sentencia es inaplicable al proceso de confiscación civil

en ausencia de un dictamen, emitido en otro proceso, que diga

textualmente que el bien confiscado no fue utilizado en la

comisión de un delito. Por los fundamentos que exponemos a

continuación, -- los cuales ya hemos señalado en ocasiones

anteriores --, colegimos que dicho precedente, en efecto, es

errado. Nos explicamos.

Según el razonamiento de la Opinión mayoritaria, una

determinación final y firme de no causa para arresto, sin más,

no constituye una adjudicación expresa de que el vehículo

confiscado no ha sido utilizado en actividad criminal alguna,

como requiere la Ley Núm. 119-2011, también conocida como la

Ley uniforme de confiscaciones, 34 LPRA 1724 et seq. (en

adelante, “Ley de confiscaciones”). Mediante dicho dictamen,

éstas y éstos emplean, de forma automática, la ficción

jurídica en la que se sostiene la confiscación civil o in rem,

a saber, la de culpar a la cosa misma por participar en la

comisión de determinado delito. Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., CC-2025-0230 18

180 DPR 655, 666 (2011); Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 52

(2004); Del Toro Lugo v. E.L.A. 136 DPR 973, 982 (1994). Tal

proceder, como hemos reiterado, nos parece totalmente errado.

Lo anterior así, pues, la confiscación de un vehículo de

motor por parte del Estado se invalida cuando no se logran

presentar cargos criminales por aquellos hechos que motivaron

el referido proceso confiscatorio en contra de la persona

propietaria del bien. Véase, CSM v. ELA, 2025 TSPR 78, 216 DPR

__ (Colón Pérez, expresiones disidentes); Universal Insurance

Comp. v. E.L.A., supra, págs. 488-490 (Colón Pérez, opinión

disidente); Coop. Seg. Múlt. et als. v. E.L.A. et als., 209

DPR 796, 826-848 (2022) (Colón Pérez, opinión disidente). Lo

anterior, puesto que, en tales instancias, no hay vínculo

entre el vehículo confiscado y el delito imputado. Universal

Insurance Comp. v. E.L.A., supra, págs. 489-490 (Colón Pérez,

opinión disidente); Coop. Seg. Múlt. et als. v. E.L.A. et

als., supra, pág. 846 (Colón Pérez, opinión disidente).

En ese sentido, insistimos, una vez más, que un vehículo

de motor no puede ser autor o coautor de un delito. En otras

palabras, -- independientemente de las distintas razones por

las cuales pueda culminar el proceso penal sin un dictamen de

culpabilidad --, para que proceda la confiscación civil de un

bien de este tipo, es necesario demostrar, entre otras cosas,

que determinada persona, en efecto, cometió un delito. En

ausencia de ello, el vehículo de motor no puede confiscarse.

Y es que, pretender distinguir entre el acto ilegal que

da pie a la confiscación y el bien confiscado no es más que CC-2025-0230 19

una ficción jurídica carente de sentido lógico, práctico y

legal. Ello, pues resulta llanamente imposible desvincular el

acto humano tipificado como delito, -- en este caso, acelerar

un vehículo de motor para competir con otro en una vía pública

--, del posible involucramiento de la cosa confiscada en una

actividad ilegal. Es decir, si un tribunal concluye, mediante

una sentencia final y firme, que el Estado no satisfizo ni tan

siquiera el estándar probatorio para hallar causa probable

para arresto contra quien manejaba el vehículo, entonces no

existe justificación para aplicar la presunción de corrección

de una confiscación, pues el bien no estaría vinculado con

delito alguno. De este modo, y en lo relacionado con el primero

de los tres (3) criterios desarrollados en González v. Merck,

supra, resulta forzoso concluir que el precedente en el que

hoy descansa una mayoría de este Tribunal es erróneo. Ahora

bien, conforme al marco analítico expuesto, ello, por sí sólo,

no es suficiente para concluir que el precedente aquí bajo

estudio merece ser revocado, pues antes tenemos que

enfrentarnos a los otros dos (2) factores de González v. Merck,

supra, a saber, el efecto del precedente en el ordenamiento y

la cantidad de personas que confían en él.

Sobre esto último, basta con señalar que concluir que un

dictamen final y firme mediante el cual se establezca que no

existe causa probable para arresto constituye una adjudicación

expresa de que el vehículo confiscado no ha sido utilizado

para una actividad delictiva, -- de ninguna manera --, afecta CC-2025-0230 20

adversamente el resto del ordenamiento. Ello, toda vez que,

con tal conclusión, no se añaden, alteran o eliminan

requisitos procesales o sustantivos de clase alguna.

Simplemente estaríamos aclarando que tales dictámenes

satisfacen lo que ya requiere la ley. Por lo tanto, el segundo

criterio de los desarrollados en González v. Merck, supra, en

esta ocasión, no impide apartarnos de nuestros precedentes.

Asimismo, y en lo relacionado con el presente litigio,

nos parece que el tercer criterio de los desarrollados en

González v. Merck, supra, tampoco es óbice para la revocación

del precedente que hoy se utiliza para disponer de los asuntos

ante nuestra consideración. En casos como el de autos, quien

único podría decir que confía en el precedente en cuestión,

al extremo de verse potencialmente afectado adversamente por

su revocación, es el Estado. Esto último, debido a que, a

nuestro juicio, ni la ciudadanía ni las compañías aseguradoras

confían en el precedente aquí reafirmado por una mayoría de

este Tribunal como una fuente de protección de sus derechos y

relaciones jurídicas, si no, más bien, como una limitación

irracional a sus garantías constitucionales. Siendo ello así,

no nos parece que haya un grupo significativo de personas que

se afectaría por la revocación del precedente.

En fin, a partir de las razones antes expuestas, nos

parece claro que, en lo relacionado con la cusa de epígrafe,

están presentes todos los elementos necesarios para poder

apartarnos de los precedentes que, sobre el tema aquí bajo CC-2025-0230 21

estudio, se habían desarrollado. Por tal razón,

respetuosamente, disentimos del curso de acción seguido en el

día de hoy por una mayoría de este Tribunal.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado