EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Peticionario 2015 TSPR 162 V. 194 DPR ____ José A. Concepción Guerra
Recurrido
Número del Caso: CC-2014-818
Fecha: 10 de diciembre de 2015
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General
Lcda. Tanaira Padilla Rodríguez Subprocuradora General
Lcda. Eva Soto Castelló Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcda. Ivette Aponte Nogueras Lcdo. Alberic Prados Bou
Materia: Derecho Penal – Elemento de la premeditación para la configuración del delito de asesinato en primer grado; Ley de Armas – Art. 7.03, duplicación de la penas impuestas.
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El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v. CC-2014-0818
José A. Concepción Guerra
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2015.
Este caso nos brinda la oportunidad de
esclarecer los contornos del elemento de la
premeditación en la configuración del delito de
asesinato en primer grado. En particular, debemos
precisar si un narcotraficante que libraba una
guerra callejera cometió asesinato en primer grado
al disparar contra un menor de edad bajo la
creencia de que era un integrante de una
organización criminal rival. Como segunda
controversia, nos corresponde determinar si el Art.
7.03 de la Ley de Armas, infra, autoriza la
duplicación de las penas impuestas sobre un acusado
con agravantes o atenuantes. CC-2014-0818 2
I.
El 17 de abril de 2008, a eso de las 10:00 p.m., el
menor de trece años de edad Eliezer O. Encarnación Alicea
(Eliezer) salió a jugar con un grupo de niños en la
urbanización donde vivía. Mientras Eliezer jugaba al
esconder con sus vecinos por las calles y los pasillos
entre las casas de la urbanización Bosque de las Palmas de
Bayamón se acercó a la propiedad FF-16. En ese momento,
Giancarlo, uno de los niños que jugaba con Eliezer y a
quien le correspondía el turno de buscar y encontrar a sus
amigos, escuchó dos fuertes detonaciones. Al llegar al
pasillo colindante entre las residencias FF-16 y FF-17, de
donde provino el sonido, Giancarlo observó el cuerpo inerte
de Eliezer tendido en el suelo. A la distancia pudo ver que
en el patio posterior de la casa FF-16 se alejaba un hombre
alto, blanco y con una tenue barba. De inmediato se dirigió
donde el Dr. Cirilo Encarnación Kuilan, padre de Eliezer.
Al oír el ruido de los disparos, la señora Ramos —
residente de la propiedad FF-17— salió de su casa y se
dirigió al área del pasillo entre su casa y la FF-16. Allí
vio al menor Eliezer en el suelo y al notar que no
reaccionaba, corrió donde su hija y le solicitó que llamara
al 9-1-1. Cuando se encontraba en el pasillo entre ambas
residencias, la señora Ramos sintió que el portón de la
casa FF-16 se abrió y avistó a tres sujetos salir a toda
prisa de su interior. Estos se montaron en dos vehículos y
partieron a toda marcha. CC-2014-0818 3
El padre de Eliezer también escuchó las detonaciones
pero pensó que se trataba de petardos. Este acomodaba la
bicicleta de su hijo en la marquesina de su hogar cuando
vio a Giancarlo correr en su dirección. El menor le informó
que Eliezer yacía en el piso del pasillo entre las
propiedades FF-16 y FF-17. El padre de Eliezer se dirigió
de prisa al lugar y allí encontró el cuerpo de su hijo
acostado boca arriba. Rápidamente buscó a su esposa y junto
a otro vecino, también médico, intentaron sin éxito revivir
el cuerpo inanimado del menor. Entonces, su madre le
levantó la camisa y notó el fatal disparo en el tórax que
atravesó su corazón y causó su muerte al instante.
Aproximadamente a las 10:07 p.m., la guardia de
seguridad de la urbanización en turno observó cuando una
guagua Toyota FJ color crema seguida por un automóvil gris
marca Scion salieron apresuradamente de la urbanización. A
esta le extrañó que ambos vehículos tuvieran las luces
apagadas. Inmediatamente, tras la salida de los autos, el
hijo de la señora Ramos llegó para indicarle lo sucedido y
solicitarle que llamara al 9-1-1.
Poco tiempo después, los agentes de la Policía de
Puerto Rico y el personal del Instituto de Ciencias
Forenses, entre otros, llegaron al lugar de los hechos. En
la escena encontraron un casquillo calibre .45 y notaron un
impacto de bala en una de las paredes internas de la
marquesina de la casa FF-16. A través de una de las
ventanas de cristal, una agente de la policía observó un CC-2014-0818 4
cargador de municiones y lo que parecía ser un silenciador
dentro de la casa.
Alrededor de las 12:30 a.m., el Sargento Baldwin
Alvarado Reyes llegó a la escena junto al Fiscal de turno.
Desde el exterior de la propiedad, el Sargento Alvarado
Reyes pudo observar peines de armas de fuego calibre .45,
parafernalia relacionada con sustancias controladas y una
cantidad significativa de dinero. Por consiguiente,
procedió a hacer un registro preventivo desde el exterior
para ver si había alguien herido o muerto, o si permanecía
alguna otra persona armada en la propiedad. Concluida la
inspección preventiva, el Sargento Alvarado Reyes procuró
una orden judicial para llevar a cabo un allanamiento en la
residencia. Luego de obtener y diligenciar la orden en la
propiedad FF-16 se ocupó una gran cantidad de evidencia.1
Posteriormente y por motivos ajenos a los hechos de
este caso, el recurrido, Concepción Guerra, fue arrestado e
ingresado en la cárcel de Guayama. Por su parte, el
confinado Jonathan Machuca Rosario también fue trasladado a
dicha institución para extinguir sus condenas. Allí creó
cierto grado de amistad con el recurrido, Concepción
Guerra. Este último, con la ayuda de Machuca Rosario,
comenzó a introducir drogas y teléfonos celulares a la
1 Incautaron drogas, parafernalia vinculada a sustancias controladas, dinero, motoras, un cargador con municiones [al cual le faltaba una bala], municiones de diferentes calibres, incluido el calibre .45. También ocuparon seis gorras, una máscara, cabellos, latas, una sábana con sangre, una cámara y una computadora, entre otros objetos. No encontraron armas de fuego. CC-2014-0818 5
institución correccional de Guayama. Transcripción de la
Prueba, 4ta Transcripción, Piezas 1-2, págs. 115-119.
Según testificó Machuca Rosario durante el juicio, en
una ocasión le preguntó al recurrido, Concepción Guerra,
sobre los rumores de la muerte de un niño en Bayamón como
parte de una conversación que sostuvieron sobre supuestos
―abusos‖ de la organización Ñeta. En específico, este
inquirió ―si era verdad lo que decían que lo que él había
hecho con el chamaquito ese era un abuso‖. Transcripción de
la Prueba, 4ta Transcripción, Piezas 1-2, pág. 122. Según
Machuca Rosario, Concepción Guerra le contestó que no lo
veía como un abuso pues él tenía una guerra en la calle con
―Bolo‖ y ese día escuchó ruidos en la parte de atrás de la
casa junto a una voz que dijo ―cógelo, cógelo‖, por lo que
creyó que era ―el enemigo‖ y le disparó al niño.
Transcripción de la Prueba, 4ta Transcripción, Piezas 1-2,
págs. 124-125. Además, le dijo que en ese momento entró
nervioso a la casa y le contó lo sucedido a su padrastro y
a un individuo conocido como ―Gordo‖. Transcripción de la
Prueba, 4ta Transcripción, Piezas 1-2, pág. 125. Confesó
que acto seguido, los tres ―salieron a las millas‖. Machuca
Rosario también declaró que le preguntó al recurrido,
Concepción Guerra, si había dejado alguna evidencia en la
propiedad. Este último respondió que dejó dinero, motoras y
varias gorras.
Ante estos hechos, se presentaron denuncias contra el
recurrido, Concepción Guerra, por violación del Art. 106 CC-2014-0818 6
del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 LPRA sec. 4734,
y por infringir los Art. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de
Puerto Rico, 25 LPRA secs. 458c y 458n. Tras los trámites
de rigor, el 9 de abril de 2012 comenzó el juicio en su
fondo por tribunal de derecho. Concluido el desfile de la
extensa prueba testifical y documental de ambas partes, el
Tribunal de Primera Instancia emitió un fallo de
culpabilidad por los delitos imputados en contra del
recurrido, Concepción Guerra.
Acto seguido, el Ministerio Público presentó una
Moción Solicitando Agravantes. Oportunamente, el recurrido,
Concepción Guerra, se opuso y procuró la reconsideración
del fallo condenatorio. El foro de primera instancia dictó
sentencia e impuso a Concepción Guerra una pena de noventa
y nueve años de cárcel por el delito de asesinato en primer
grado, veinte años por violación del Art. 5.04 de la Ley de
Armas, supra, y diez años por violación del Art. 5.15 de la
Ley de Armas, supra.2 En cuanto a las violaciones de la Ley
de Armas, por disposición del Art. 7.03 de dicha
legislación, 25 LPRA sec. 460b, el Tribunal de Primera
Instancia duplicó las penas a cuarenta y veinte años de
reclusión, respectivamente.
2 Las penas fijas para las infracciones a los artículos 5.04 y 5.15 son de diez y cinco años de reclusión, respectivamente. Estas penas pueden variar ante la existencia de agravantes —hasta un máximo de veinte años de reclusión en el Art. 5.04 y diez años en el Art. 5.15—, o de atenuantes —hasta un mínimo de cinco años en el Art. 5.04 y un año en el Art. 5.15—. Véase 25 LPRA secs. 458c. y 458n. CC-2014-0818 7
Inconforme, el recurrido, Concepción Guerra, presentó
un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones.
Alegó la comisión de cinco errores, la mayoría con respecto
a la apreciación y evaluación de la prueba que hiciera el
juzgador de los hechos. Luego de considerar la
transcripción de la prueba y el derecho aplicable, el foro
apelativo intermedio entendió que la evidencia presentada
no era suficiente para determinar que hubo premeditación y
deliberación, elemento requerido para el delito de
asesinato en primer grado. Como resultado, redujo el fallo
de culpabilidad a uno por asesinato en segundo grado. De
igual forma, modificó las penas impuestas por las
infracciones a la Ley de Armas. El tribunal apelativo
intermedio interpretó que el Art. 7.03, supra, permite
duplicar únicamente la pena fija establecida para los
delitos imputados, y no así la pena aumentada o reducida
que sea impuesta tras considerarse probado algún agravante
o atenuante.
Insatisfecho con el dictamen, el Ministerio Público
presentó ante nos un recurso de certiorari en el que señaló
que el Tribunal de Apelaciones erró al reducir la condena
de asesinato en primer grado a segundo grado, ya que el
Ministerio Público demostró que se trató de un asesinato
deliberado, y al reducir las penas por violaciones de los
Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas puesto que el
recurrido era reincidente y se podían duplicar las penas CC-2014-0818 8
agravadas conforme a lo dispuesto en el Art. 7.03 de la Ley
de Armas.
El 12 de diciembre de 2014 expedimos el auto de
certiorari. Con el beneficio de los argumentos de ambas
partes procedemos a resolver.
II.
La primera controversia que debemos resolver en este
caso redunda en si el Ministerio Público probó el elemento
de premeditación de manera que proceda una condena por
asesinato en primer grado.
La profesora Dora Nevares-Muñiz ha expuesto lo
siguiente acerca del elemento de la premeditación en el
derecho de Puerto Rico:
La palabra deliberación en Puerto Rico se ha entendido como la resolución de matar después de darle alguna consideración por un periodo de tiempo. Sin embargo, esa definición es lo que corresponde a la premeditación tanto en los tipos legales de la tradición civilista como en las jurisdicciones norteamericanas que adoptaron el esquema de la Ley de Homicidios de Pennsylvania de 1794, que dividió los asesinatos en grados. (Énfasis suplido). Nevares-Muñiz, 23 Rev. Jur. UIA 1, sec. 1.4 (1988).
Entre las primeras expresiones de este Tribunal sobre
el elemento de la premeditación se destacan las expuestas
en el caso El Pueblo v. Lasalle, 18 DPR 421 (1912). En
aquella ocasión reconocimos que el foro de instancia expuso
acertadamente que ―si nace en nuestra mente una idea que
nos lleva a la comisión de un acto, después de haberlo
pensado, de haberlo meditado, de haberlo deliberado, y
después de haber resuelto su ejecución, eso es CC-2014-0818 9
premeditación[…]‖. Íd., pág. 432. Al pasar juicio sobre la
corrección de las instrucciones que le fueron provistas a
los miembros del jurado, delineamos detalladamente los
contornos de la figura de la premeditación. Por lo
importante que resulta para la correcta disposición de este
caso, incluimos íntegramente lo discutido en ese entonces:
La palabra premeditación quiere decir pensar de antemano, como cuando un hombre piensa respecto la comisión de un acto, y concluye y determina en su mente cometer el acto. Él entonces ha premeditado la comisión del acto. La ley no da regla alguna respecto al tiempo que debe transcurrir entre el momento cuando una persona premedita o llega a una determinación en su mente de matar a otra persona y el momento cuando él realiza el acto de matar. No es cuestión de tiempo. Es meramente una cuestión de si el acusado ha formado o no en su mente la determinación de matar al interfecto, y entonces algún tiempo posterior, inmediato o remoto lleva a efecto su determinación, previamente formada, matando al interfecto. Si existe una intención de matar y el acto de matar ocurre simultáneamente, entonces no hay premeditación. Si el prisionero pensó el propósito de matar bastante tiempo para formar un designio fijado de matar, y a un tiempo posterior, no importa tan seguido o tan remoto, lo puso en ejecución, había suficiente premeditación para justificar al jurado en presentar un veredicto de asesinato en primer grado. (Énfasis suplido). Íd., pág. 433.
En Pueblo v. Rosario, 67 DPR 371 (1947) interpretamos
el concepto de la deliberación y, de forma consistente,
mencionamos que no es necesario el transcurso de
determinado periodo de tiempo para su configuración.
Detallamos que ―[l]a deliberación, es la resolución o
decisión de matar, después de darle alguna consideración;
pero cualquier período de tiempo, por corto que sea, es
suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. Ese CC-2014-0818 10
lapso[…], puede ser tan rápido como el pensamiento.‖
(Énfasis suplido). Íd., pág. 375. Ilustrados por el
tratamiento brindado a estas figuras en las jurisdicciones
estatales de California y Oregon, advertimos que la
facultad de deliberar o premeditar la poseen solamente
aquellos que tienen una mente libre de pasión o excitación,
por lo que no puede decirse que cualquier espacio de tiempo
permite una oportunidad para deliberar y premeditar si la
mente del acusado estaba inhibida o perturbada. Íd., pág.
376. Lo anterior demuestra que percibimos como determinante
la capacidad mental que permite deliberar o premeditar y no
la cantidad de tiempo que haya podido transcurrir entre el
designio de matar y su ejecución.
Pocos años después, en Pueblo v. Méndez, 74 DPR 913
(1953), puntualizamos en la capacidad mental necesaria, sin
sujeción al factor del tiempo, e insertamos el ingrediente
del estado de serenidad y la sangre fría en el
razonamiento. Por ende, sostuvimos que:
El término premeditación significa que el acto fue preconcebido y realizado después de reflexionado. Deliberación significa un estado de serenidad o sangre fría. No significa calcular o reflexionar durante mucho tiempo, sino una intención o propósito de matar ejecutado por el acusado en un estado de serenidad, como consecuencia del deliberado propósito de satisfacer una pasión o venganza, o para ejecutar cualquier otro acto ilegal. Es suficiente que el designio de matar existiese cuando se produjo la herida mortal. (Énfasis suplido). Íd., pág. 923.
Al siguiente año, en Pueblo v. Blanco, 77 DPR 767
(1954), reiteramos que el proceso mental subjetivo que
supone que el individuo criminal ha deliberado o CC-2014-0818 11
premeditado su acto de matar aunque fuera por poco tiempo.
A tales efectos dijimos:
En otras palabras, un asesinato es del primer grado no importa lo rápidamente que el acto de matar siga a la formación definitiva de la intención si a esa intención se ha llegado con deliberación y premeditación. Esta perspectiva de la ley se manifiesta en el caso Sánchez a través de la declaración de que la intención de matar debe ser el resultado de la premeditación deliberada; debe formarse sobre una reflexión preexistente, y no sobre un arrebato de pasión suficiente para excluir la idea de deliberación. Ni la ley ni el tribunal intentan medir en unidades de tiempo la duración del intervalo durante el cual el pensamiento debe ser ponderado antes de que madure en una intención que es verdaderamente deliberada y premeditada. El tiempo variaría de acuerdo con los individuos y bajo diversas circunstancias. La verdadera prueba no es tanto la duración del tiempo como el alcance de la reflexión. Los pensamientos pueden sucederse con mucha rapidez pudiendo llegarse a un juicio frío y calculador rápidamente, pero el requisito expreso de una concurrencia de deliberación y premeditación excluye del asesinato en primer grado aquellos homicidios…, que son el resultado de un simple impulso momentáneo irreflexivo y precipitado. (Énfasis suplido). Íd., págs. 779-780.
En años subsiguientes, nuestra jurisprudencia mantuvo
esta delicada relación entre la inexistencia de un tiempo
determinado para configurar el elemento de la premeditación
y la exigencia indispensable del proceso mental del acusado
para concluir que el acto de matar fue premeditado.3 En esa
3 Véase, por ejemplo, Pueblo v. Barreto Pérez, 85 DPR 752, 761 (1962)(―No es necesario que transcurra espacio alguno de tiempo entre la muerte y el propósito o designio de matar; solamente es necesario que el acto de matar sea precedido por la ocurrencia de la voluntaria deliberación y premeditación del agente del delito, sin tener en cuenta la rapidez con que pudieran sucederse entre sí los actos del pensamiento, ni la rapidez con que pueda suceder el acto de matar. El término premeditación significa que el acto fue preconcebido y realizado después de reflexionado‖.); Pueblo CC-2014-0818 12
misma línea, en Pueblo v. Negrón Ayala, 171 DPR 406, 419
(2007), resolvimos que cualquier período de tiempo, por
corto que sea, es suficiente para que pueda tener lugar la
deliberación. A esos efectos, reafirmamos que ―la
premeditación [y la deliberación] puede[n] formarse en un
instante antes del acto, y puede[n] existir[…] no obstante
la rapidez con que el acto se haya realizado‖. Íd., pág.
420.
En la reciente opinión de Pueblo v. Rodríguez Pagán,
182 DPR 239 (2011) dijimos, citando a la profesora Nevares-
Muñiz, que ―[el] elemento de deliberación se refiere a la
decisión formada como resultado de pensar y pesar
cuidadosamente las consideraciones en pro y en contra del
propuesto curso de acción‖. Íd., pág. 248. Además, aludimos
a nuestros precedentes para enfatizar nuevamente que
cualquier periodo de tiempo, por corto que sea, es
suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. Íd.
No obstante, estas expresiones han creado cierta confusión
en la academia y la judicatura.
En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones alertó que
el énfasis brindado recientemente por este foro a la
v. Merced Jiménez, 100 DPR 270, 281 (1971)(―La deliberación es la resolución o decisión de matar, después de darle alguna consideración; pero cualquier período de tiempo, por corto que sea, es suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. Ese lapso, sostienen las autoridades, puede ser tan rápido como el pensamiento‖.); Pueblo v. Torres Montañez, 106 DPR 125, 129 (1977)(―Hemos afirmado que la deliberación es la resolución[…] de matar, después de darle alguna consideración; pero cualquier período de tiempo, por corto que sea, es suficiente para que pueda tener lugar la deliberación‖.). CC-2014-0818 13
velocidad con la cual se puede formar la premeditación crea
cierta imprecisión. Igualmente, el profesor Luis E. Chiesa
Aponte plantea que parece contradictorio sugerir, por un
lado, que la deliberación requiere sopesar cuidadosamente
los argumentos a favor y en contra de matar y, por otro
lado, que la deliberación puede manifestarse en cualquier
período de tiempo, por más corto que sea. L. E. Chiesa
Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 81 Rev. Jur. UPR 343, 367
(2012). El profesor Chiesa Aponte reconoce que la posible
contradicción responde a la coexistencia de dos teorías
doctrinales sobre cómo concebir la premeditación en las
jurisdicciones estatales.4 Una corriente de pensamiento
sostiene que el elemento de la premeditación se encuentra
presente si el acusado ha sopesado en su mente la
determinación de matar sin necesidad de que medie un
intervalo determinado de tiempo entre la intención de matar
y el acto de matar. De otra parte, una doctrina alterna
supone que para alcanzar el elemento de premeditación se
requiere una cantidad de tiempo considerable a través del
cual se sopesen las consideraciones del acto delictivo.
Consecuentemente, el profesor Chiesa Aponte nos urge a
4 Según la profesora Kessler Ferzan, diez estados permiten que la premeditación tenga lugar tan pronto como un instante antes de que la acción delictiva se produzca, seis estados permiten que exista premeditación instantáneamente o simultáneamente con el acto de asesinato, mientras que nueve jurisdicciones, ya sea por ley o jurisprudencia, requieren ―un lapso considerable de tiempo". Así, a pesar del uso del término ―premeditación‖, la mayoría de las jurisdicciones no requieren ninguna cantidad específica de tiempo para conformar ese elemento. K. Kessler Ferzan, Plotting Pre-meditation's Demise, 75 Law & Contemp. Probs. 83, 88 (2012). CC-2014-0818 14
reconocer la tensión irreconciliable que existe entre ambas
y a optar por definitivamente seguir una o la otra. Íd.
En el siglo pasado escogimos la primera corriente y el
desarrollo posterior de la figura de la premeditación en
nuestro ordenamiento se ha mantenido por este sendero. Esta
vertiente ha sido objeto de crítica en la academia
estadounidense por tener el efecto de equiparar la
premeditación con la intención de matar, desvirtuando así
la distinción entre asesinatos en primer y segundo grado.5
Aun así, hemos sido enfáticos en que la ausencia de una
fórmula predeterminada de tiempo necesario no debe menguar
la vital exigencia del requerido estado mental del acusado
como ingrediente determinante para hallar la presencia del
elemento de la premeditación. Es decir, aunque nos
reiteramos en que en nuestro ordenamiento no es necesario
que medie un intervalo de tiempo determinado entre la
intención de matar y el acto de matar, esto no quiere decir
que el delito de asesinato en primer grado pueda formarse
sin ser precedido por la deliberación y la premeditación
del acto. Pueblo v. Blanco, supra, a la pág. 779.
Premeditar implica pensar el acto delictivo antes de
ejecutarlo. Es un estado mental especial con contornos
definidos y equivale, como hemos visto, a un estado en que
5 De igual forma, la propia exigencia del elemento de la premeditación para el delito de asesinato en primer grado ha sido criticada y fue eliminada del Código Penal Modelo. Véase J. Dressler, Rethinking Criminal Homicide Statutes: Giving Juries More Discretion Eighth Annual Criminal Law Symposium: Homicide: Luncheon Keynote, 47 Tex. Tech L. Rev. 89, 93 (2015) y M. A. Pauley, Murder by Premeditation, 36 Am. Crim. L. Rev. 145, 166 (1999). CC-2014-0818 15
el actor considera distintos factores y razones en cuanto a
la naturaleza del acto y sus consecuencias. Pueblo v.
Méndez, supra, pág. 931. Ahora bien, según correctamente
expone el profesor Chiesa Aponte ―[l]a deliberación no
puede reducirse a que el sujeto haya tenido la intención
específica de matar. Una cosa es desear matar a la víctima
(o sea, tener intención específica de matar) y otra cosa es
sopesar los pros y los contra de matarla (o sea, matar con
deliberación). Se trata de elementos subjetivos distintos‖.
L. E. Chiesa Aponte, supra, pág. 366.
En consecuencia, reiteramos que un asesinato podrá ser
catalogado bajo esta modalidad de primer grado si a la
intención de matar se ha llegado después de darle alguna
consideración, sin importar lo rápido que el acto de matar
suceda a la formación definitiva de tal intención. En ese
sentido, no vemos contradicción con lo expuesto en Pueblo
v. Rodríguez Pagán, supra. En fin, el elemento de la
premeditación no es una cuestión de tiempo sino del estado
mental subjetivo del acusado.
En nuestra decisión pesa el historial legislativo
brindado a esta figura. El concepto de la premeditación ha
estado presente en la tipificación de los delitos de
asesinato desde el Código Penal de 1902 hasta el vigente.6
6 La división en grados del delito de asesinato tiene su origen en la Ley de Homicidios de 1794 del estado de Pennsylvania. Esta se incorporó a nuestro Código Penal en 1902 procedente de la edición del Código Penal de California de 1872. El Art. 83 del Código Penal de 1974 mantuvo una redacción similar a la de su antecesor de 1902. Asimismo, el Código Penal de 2004, al igual que el de 2012, CC-2014-0818 16
No empece lo anterior, es importante destacar que al
aprobarse el texto del Artículo 106 del Código Penal de
2004, se abandonó la enumeración de varios elementos
subjetivos —alevosía, deliberación y premeditación— que
contenía la redacción del delito de asesinato en primer
grado en el Art. 83 del Código Penal de 1974, para
sustituirlos por el término premeditación que corresponde
al concepto utilizado tradicionalmente para expresar la
necesidad de una deliberación previa a la decisión
criminal.7 Véase D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto
Rico de 2004, actualizado y comentado, 5ta Ed., San Juan,
Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2012, págs. 146-
147. Como resultado, el término premeditación se fusionó al
concepto de deliberar y fue definido como ―[l]a
deliberación previa a la resolución de llevar a cabo el
hecho luego de darle alguna consideración por un período de
optó por mantener la división de grados de asesinato. Véase D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico de 2012, Comentado, San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2012, pág. 138. 7 Durante la aprobación del Código Penal de 2004, la Asamblea Legislativa percibió que la distinción entre premeditación y deliberación bajo el esquema del Código Penal de 1902 y 1974 creaba serias dificultades al momento de distinguir cuándo el acto premeditado se convertía en uno deliberado, ya que ambos términos presuponen que el acto fue pensado de antemano. Como resultado, se concibió que el mejor curso a seguir era abandonar esta distinción y unir ambos conceptos bajo el término de premeditación. Por otro lado, se eliminó el elemento de la alevosía pues este respondió a un error en la traducción del término ―willful‖ del inglés al español en el Código de 1902. En ese sentido, se interpretó que su inclusión era innecesaria pues los actos intencionales son, necesariamente, voluntarios. Véase Informe sobre el P. del S. 2302 de la Comisión de lo Jurídico del Senado de 22 de junio de 2003, 5ta Sesión Ordinaria, 14ta Asamblea Legislativa, págs. 43-44. CC-2014-0818 17
tiempo‖. Art. 14(dd) del Código Penal de 2004, 33 LPRA ant.
sec. 4642(bb). Además, constituye un elemento de una
modalidad del delito de asesinato en primer grado bajo el
derogado Art. 106 del Código Penal de 2004, 33 LPRA ant.
sec. 4734(a).8
Es menester señalar que las críticas pragmáticas
formuladas a las jurisdicciones que no presentan una
exigencia de consideraciones de tiempo como requisito
necesario para que exista la premeditación han estado
presentes mucho antes de la aprobación del Código Penal de
2004. Aun así, cuando el legislador procuró enmendar
exhaustivamente nuestro ordenamiento penal sustantivo, y
fusionó los términos de deliberación y premeditación, avaló
abiertamente la interpretación que este Tribunal ha
brindado a dicho precepto y procuró su incorporación en su
nueva definición. A tales efectos, la Comisión de lo
Jurídico de la Cámara de Representantes dispuso
expresamente, en su informe del Proyecto del Senado 2302,
que toda la jurisprudencia de asesinato en primer grado por
deliberación bajo los Códigos de 1902 y 1974 quedaría
incluida dentro de la definición de premeditación adoptada
para el Código Penal de 2004. Informe sobre el P. del S.
2302 de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de
Representantes de 28 de abril de 2004, 7ma Sesión
8 Nótese que la definición de premeditación permaneció inalterada en el Código Penal de 2012 y la premeditación continúa como un elemento para la primera modalidad de asesinato en primer grado. Véase 33 LPRA sec. 5014(ii) y 33 LPRA sec. 5142(a). CC-2014-0818 18
Ordinaria, 14ta Asamblea Legislativa, pág. 21. Por lo
tanto, nuestras expresiones con relación a la rapidez con
la que se puede alcanzar el estado mental de la
premeditación forman parte integral de la definición
adoptada en aquel entonces.
Ahora bien, en Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra,
hicimos hincapié en que la existencia de la premeditación —
como elemento mental subjetivo— únicamente podrá ser
determinada caso a caso mediante una inferencia de los
hechos. Por tanto, la presencia del elemento de la
premeditación siempre requerirá evidencia de que el acusado
formó en su mente la determinación de matar, y entonces
algún tiempo después, ya sea inmediato o remoto, llevó a
cabo su determinación, previamente formada. Entre los
puntos que se tomarán en consideración para determinar si
se ha premeditado se encuentran los actos y las
circunstancias que rodean la muerte, la relación entre las
partes, la capacidad mental del autor, la motivación, las
manifestaciones y la conducta del acusado, así como los
hechos anteriores, concomitantes y posteriores al crimen.
Íd., pág. 250.
III.
No encontramos razón para desacatar la apreciación de
la prueba que hiciera el Tribunal de Primera Instancia a
los efectos de que en este caso los actos que rodean la
muerte del menor Eliezer evidencian la premeditación con la
que actuó el recurrido, Concepción Guerra. Tras examinar CC-2014-0818 19
cuidadosamente la prueba vertida durante el juicio, se
desprende que este le manifestó a Machuca Rosario que la
muerte del menor Eliezer no había sido un ―abuso‖ —como se
comentaba en la cárcel— pues él ―tenía una guerra en la
calle‖ con ―Bolo‖ y tenía que defenderse. En ese sentido,
sabía que lo buscaban y estaba preparado para repeler
cualquier ataque con fuerza letal. Es importante resaltar
que el testigo Machuca Rosario declaró que el recurrido,
Concepción Guerra, le expresó que su refrán era que si una
persona tenía una guerra con él en la calle y él se la
encontraba acompañada de su familia, si la persona no le
había hecho daño él la perdonaba, de lo contrario, ―pues,
se muere to[do] el mundo‖. Transcripción de la Prueba, 4ta
Transcripción, Piezas 1-2, pág. 124.
Si analizamos las manifestaciones, los actos, la
motivación y la conducta del recurrido, Concepción Guerra,
podemos concluir sin lugar a dudas que este concibió y
sopesó las alternativas disponibles para hacer frente a la
presencia de sus ―enemigos‖. Mientras el recurrido,
Concepción Guerra, se encontraba ―endecando‖ droga escuchó
ciertos ruidos en la parte trasera de la casa y creyó que
se trataba de sus ―enemigos‖. Por consiguiente, tomó la
decisión de detener lo que hacía y dirigirse a esa parte de
la propiedad con un arma de fuego para fulminar la vida de
estos. De esta forma, al salir de la casa y escuchar las
palabras ―cógelo, cógelo‖, el recurrido, Concepción Guerra,
ejecutó el acto ilegal que había anticipado y disparó el CC-2014-0818 20
arma de fuego. Entre un espectro de posibilidades —como lo
hubiera sido, por ejemplo, huir de la propiedad donde se
encontraba o esconderse en algún lugar— el recurrido,
Concepción Guerra, ya había escogido la opción de asesinar
a los posibles integrantes del grupo criminal de ―Bolo‖.
Había decidido de antemano matar a quien se acercara a la
residencia. Iba a disparar sin preguntar, ni indagar quién
era. Así, con la idea preconcebida de actuar de determinada
forma, dejó de ―trabajar‖ con la droga que empacaba y se
dirigió hasta la parte trasera de la propiedad que ocupaba
con un arma y al salir, abrió fuego contra el menor
Eliezer.
En conclusión, el resultado delictivo suscitado en el
presente caso, como consecuencia de la guerra librada entre
traficantes de sustancias controladas, demuestra que
Concepción Guerra había preconcebido y seleccionado el
asesinato como la opción para lidiar con sus ―enemigos‖ en
la guerra callejera. Estamos ante un asesinato premeditado,
no frente a uno cometido bajo el impulso del momento. Por
eso, el Tribunal de Apelaciones erró al modificar la
sentencia del Tribunal de Primera Instancia para reducir la
condena del recurrido, Concepción Guerra, a asesinato en
segundo grado.
IV.
Pasamos ahora a considerar si al amparo del Art. 7.03
de la Ley de Armas, supra, la pena que se puede duplicar,
de encontrarse probada alguna circunstancia agravante allí CC-2014-0818 21
establecida, es la pena fija establecida para el delito o
la pena aumentada o reducida luego de probarse algún
agravante o atenuante contemplado en el mismo artículo.
La Ley Núm. 404-2000, mejor conocida como la Ley de
Armas, 25 LPRA sec. 455 et seq., fue aprobada con el
propósito principal de lograr una solución efectiva al
problema del control de armas de fuego en manos de
delincuentes en Puerto Rico, el cual constituye una
―vertiente directa de la actividad criminal‖. Exposición de
Motivos de la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000.
Según dispuso expresamente el legislador, ―[e]stas armas
son utilizadas durante la comisión de todo tipo de actos
criminales, situación que hace necesario adoptar medidas
legislativas cuya naturaleza sancionadora constituya un
eficaz disuasivo al delincuente‖. Íd. A tales efectos, ese
estatuto orienta a las personas autorizadas en Puerto Rico
a manejar armas de fuego para que lo hagan responsablemente
y, a su vez, apercibe al delincuente de las serias
consecuencias de incurrir en actos criminales al utilizar
armas de fuego. Cancio, Ex Parte, 161 DPR 479, 484 (2004).
Enmarcado dentro del mencionado propósito legislativo,
el Art. 5.04 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458c,
dispone, en lo aquí pertinente, que toda persona que
transporte o porte cualquier arma de fuego sin tener la
correspondiente licencia o permiso de portación de armas
incurrirá en un delito grave y de resultar convicta será
sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de CC-2014-0818 22
diez años. Además, el artículo contempla la variación del
término de esta pena fija establecida entre un intervalo de
un mínimo de cinco años y un máximo de veinte años de
mediar circunstancias atenuantes o agravantes.
Por otra parte, el Art. 5.15 del mismo estatuto, 25
LPRA sec. 458n, regula la conducta proscrita con relación a
apuntar o disparar un arma. Este artículo establece que
incurrirá en un delito grave, con pena de reclusión de un
término fijo de cinco años, toda persona que
voluntariamente dispare cualquier arma en un lugar público,
o en cualquier otro sitio donde haya alguna persona que
pueda sufrir daño, o que intencionalmente, aunque sin
malicia, apunte hacia alguna persona con un arma, aunque no
le cause daño a la persona. Igualmente, este artículo
autoriza la posibilidad de aumentar hasta un máximo de diez
años o reducir hasta un mínimo de un año la pena fija
establecida de mediar circunstancias agravantes o
atenuantes. De manera que se estatuyó que las penas fijas
establecidas para las infracciones de los Arts. 5.04 y
5.15, supra, —de diez y cinco años de reclusión,
respectivamente— podrían ser variadas con la existencia de
agravantes o atenuantes.
Posterior a la entrada en vigor de la Ley de Armas,
supra, surgió la necesidad de reevaluar su contenido para
atemperarlo a las exigencias de nuestra sociedad.
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 137 de 3 de junio de
2004. Con ese fin, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley CC-2014-0818 23
Núm. 137-2004 para ―fortalecer las herramientas al alcance
del sistema judicial y corregir lagunas existentes para
penalizar severamente al delincuente que hace mal uso de la
licencia de armas y sus permisos así como el uso de armas y
municiones ilegales‖. Íd., pág. 2. Fue al amparo de esta
legislación que se enmendó el Art. 7.03 de la Ley de Armas,
25 LPRA sec. 460b, para permitir, entre otras cosas, que la
pena dispuesta para el delito imputado pueda ser duplicada
si la persona acusada ha sido condenada anteriormente por
cualquier violación a dicha ley. De conformidad con las
observaciones de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de
Representantes, el Art. 7.03, supra, se enmendó para
disponer que la pena se duplicara en casos de reincidentes
y cuando existan daños a terceros por el uso ilegal de un
arma. Informe sobre P. de la C. 4641 de la Comisión de lo
Jurídico de la Cámara de Representantes de 24 de mayo de
2004, 7ma Sesión Ordinaria, 14ta Asamblea Legislativa, pág.
10.
En lo que respecta al asunto específico ante nuestra
consideración, el recurrido, Concepción Guerra, fue acusado
y sentenciado por violaciones de los Arts. 5.04 y 5.15, con
sus correspondientes agravantes. El foro primario impuso
sobre el recurrido, Concepción Guerra, las penas fijas
establecidas de cinco y diez años por infracciones de los
Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, supra,
respectivamente. Después las aumentó hasta el máximo
permitido de diez y veinte años al aceptar los agravantes CC-2014-0818 24
presentados por el Ministerio Público. Además, al aplicar
el agravante adicional del Art. 7.03, supra, duplicó las
penas agravadas para un total de veinte y cuarenta años por
cada violación. La suficiencia de la prueba para tales
condenas fue validada por el Tribunal de Apelaciones y no
se recurrió de esa determinación ante este Tribunal.
No obstante, el foro apelativo intermedio concluyó que
el Tribunal de Primera Instancia erró al aumentar, en
presencia de agravantes, las penas fijas establecidas para
los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, supra, y una vez
aumentadas, aplicar el agravante independiente del Art.
7.03, supra, para duplicar las penas aumentadas
previamente. El Tribunal de Apelaciones razonó que este
artículo permite únicamente la duplicación de la pena fija
establecida para los delitos sin mediar aumento por
agravantes. Por consiguiente, modificó la sentencia del
foro primario para que la pena de reclusión por infringir
el Art. 5.04, supra, correspondiera a la duplicación de la
pena fija establecida de diez años para un total de veinte
años. Mientras, fijó la pena de reclusión por violar el
Art. 5.15, supra, en diez años, correspondientes al doble
de la pena fija establecida de cinco años.
Sin embargo, no encontramos apoyo legal alguno que
sustente la interpretación brindada por el foro apelativo
intermedio. Por el contrario, el tracto legislativo de la
referida ley avala la aplicación dada por el Tribunal de
Primera Instancia en el presente caso. CC-2014-0818 25
La Ley de Armas, desde su redacción original, tipificó
los delitos de los Arts. 5.04 y 5.15, supra,9 con sus
correspondientes agravantes y atenuantes. A partir de ese
momento, dicho cuerpo normativo sufrió enmiendas con la
intención legislativa expresa de ―penalizar severamente al
delincuente‖. En aras de articular esta política pública,
la Ley Núm. 137-2004 incorporó el Art. 7.03, supra, para
añadir de manera específica que en casos de reincidentes,
entre otros, las penas pueden duplicarse. Lo anterior nos
lleva a concluir que el legislador quiso imponer la
penalidad que se provee en el Art. 7.03, supra, sobre cada
delito individual, agravado o atenuado, pues estos estaban
contemplados al momento de incorporarse el mencionado
artículo mediante enmienda a la ley.
El razonamiento del foro apelativo intermedio a los
efectos de que el Art. 7.03, supra, permite únicamente
duplicar las penas fijas establecidas para los distintos
delitos tipificados, no tendría cabida en instancias donde
la pena fija establecida fuese reducida por la presencia de
atenuantes. En esa situación, aunque se pruebe algún
atenuante de los delitos imputados, el foro sentenciador
tendría que eliminar su efecto sobre la pena resultante,
pues solo podría duplicar las penas fijas establecidas. Se
anularían de facto los atenuantes, con la consecuencia de
privar al acusado de su derecho estatutario a la reducción
9 Bajo la Ley Núm. 404-2000 esos artículos estaban enumerados como 4.04 y 4.15. CC-2014-0818 26
de la pena fija establecida por la existencia de
atenuantes.
En vista de lo anterior, resolvemos que bajo el Art.
7.03 de la Ley de Armas, supra, la pena que dicho precepto
autoriza duplicar es la pena dispuesta para el delito
imputado una vez contemplados los posibles agravantes y
atenuantes. Ahora bien, en ausencia de estos agravantes o
atenuantes la duplicación se rige por la pena fija
establecida. Este dictamen es cónsono con la intención
legislativa que precede la aprobación y posterior enmienda
de la Ley de Armas. En vista de lo anterior, erró el
Tribunal de Apelaciones en su análisis de las disposiciones
legales en juego en este caso.
V.
Por las razones expuestas, se revoca la sentencia del
Tribunal de Apelaciones y se reestablece el fallo de
culpabilidad emitido por el Tribunal de Primera Instancia
de asesinato en primer grado y por violaciones de la Ley de
Armas con sus correspondientes agravantes.
Se dictará Sentencia de conformidad.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos, en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reestablece el fallo de culpabilidad emitido por el Tribunal de Primera Instancia de asesinato en primer grado y por violaciones de la Ley de Armas con sus correspondientes agravantes.
Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo