EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario Certiorari
v. 2011 TSPR 92
Antonio Rodríguez Pagán 182 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC - 2009 - 314
Fecha: 17 de junio de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce, Panel X
Juez Ponente: Hon. Troadio González Vargas
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Mayra J. Serrano Borges Procuradora General Auxiliar
Lcda. Zaira Z. Girón Anadón Subprocuradora General
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Luis E. Rodríguez Santiago
Materia: Asesinato en Primer Grado y Artículo 5.15
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El Pueblo de Puerto Rico Peticionario Certiorari
v. CC-2009-314
Antonio Rodríguez Pagán Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2011.
Este caso nos brinda la oportunidad de
examinar los efectos jurídicos de la equivocación
respecto a la víctima del asesinato en nuestro
ordenamiento penal. En particular, debemos
considerar si el elemento de deliberación
necesario para sostener una convicción de
asesinato en primer grado es atribuible al sujeto
activo cuando la víctima interviene en el ataque y
recibe el golpe mortal dirigido a otra persona.
Por las razones que expondremos a continuación,
revocamos la Sentencia del Tribunal de Apelaciones
que modificó la convicción original
de asesinato en primer grado a segundo grado y
restituimos la convicción original.
I. CC-2009-314 2
En la noche del 29 de noviembre de 2004, una veintena
de jóvenes se encontraban jugando en la cancha de
baloncesto del sector Quebrada del Agua de Ponce. Entre
ellos estaban Fernando Rodríguez Muñiz y Héctor Luis Mejías
Sánchez. Mientras jugaban, el señor Rodríguez Muñiz se
percató de que dos personas, que no pudo identificar en la
lejanía, se acercaban a la cancha cruzando por el parque de
pelota aledaño cuyas luces estaban apagadas. Cuando estas
personas entraron a la cancha, el señor Rodríguez Muñiz las
reconoció e identificó en el juicio como el señor Antonio
Rodríguez Pagán y su padre, el señor Antonio Rodríguez
González, ambos vecinos de la comunidad. Incluso, la
vivienda de éstos colindaba con el parque de pelota por el
cual cruzaron para adentrarse a la cancha de baloncesto.
Cuando la pareja se les acercó, el señor Rodríguez Muñiz
les dijo: “¡Eh!, vamos a hablar por los problemas de ayer”.1
Acto seguido, el señor Rodríguez González se vira, saca un
arma que tenía consigo y dispara contra el señor Rodríguez
Muñiz. Éste logró esquivar el disparo y se tiró al piso.2
Inmediatamente después, el señor Rodríguez Muñiz se levanta
1 Transcripción del juicio, p. 201; anejo petición de certiorari, p. 252. 2 Aunque no surge con claridad del expediente, aparentemente hubo un intercambio de palabras soeces entre Rodríguez González y Rodríguez Muñiz. Id., p. 212; anejo petición de certiorari, p. 263. En varias ocasiones durante el juicio y particularmente durante el testimonio del señor Rodríguez Muñiz, el abogado de defensa intentó incluir alegaciones hechas por los acusados contra este testigo por supuestos actos de escalamientos que éste había realizado en la vivienda de ellos. Id., p. 226-228; anejo petición de certiorari, p. 277-279. CC-2009-314 3
y le dice al señor Rodríguez González: “¡Ah!, si la sacaste
y la usaste ahora vas a tener que matarme”. El señor
Rodríguez Muñiz comenzó a caminar hacia el frente en
dirección del señor Rodríguez González. Durante este
intercambio, los señores Rodríguez Pagán y Rodríguez
González comenzaron a caminar en dirección de su casa.
Mientras el señor Rodríguez Muñiz se acercaba al señor
Rodríguez González, el hijo de éste, Antonio Rodríguez
Pagán, quien ya se encontraba dentro del patio de la casa,
sacó un arma que llevaba consigo y disparó dos veces
corridas contra el señor Rodríguez Muñiz a una distancia de
entre diez a quince pies.3 No obstante, el señor Héctor Luis
Mejías Sánchez logró empujar al señor Rodríguez Muñiz
exclamando “¡Nandito, cuidado, cuidado!”. Uno de los
disparos alcanzó al señor Mejías Sánchez mientras éste
echaba hacía el lado al señor Rodríguez Muñiz. Después de
ser llevado al hospital, el señor Mejías Sánchez falleció
el 3 de diciembre de 2004 a los 22 años de edad.
Poco después del incidente, llegó a la escena el
policía Miguel Colón Dávila para investigar una querella
sobre detonaciones en el área y la posibilidad de que
hubiera un herido de bala. Al llegar al parque de pelota,
se encontró con un grupo de personas allí reunidas.
Dirigiéndose al grupo, el agente Colón Dávila les informó
que estaba investigando una querella y algunos de los
3 No surge con exactitud del testimonio del único testigo presencial, el señor Rodríguez Muñiz, si fue uno o si fueron dos disparos. CC-2009-314 4
presentes le indicaron que se dirigiera a la casa de los
acusados. Al entrar a la residencia, el agente preguntó si
alguien había escuchado algo relacionado con los incidentes
en el parque. El señor Rodríguez Pagán le expresó “yo fui
el que disparé”.4 Acto seguido, el agente Colón Dávila le
leyó sus derechos y lo arrestó. Además, le pidió que le
enseñara el arma de fuego que utilizó. El señor Rodríguez
Pagán le mostró y entregó una pistola Glock calibre 45.
Poco después, el señor Rodríguez González admitió que él
también había disparado “al aire” y, tras ser advertido de
sus derechos, le hizo entrega al policía de su revólver
calibre 357. Además de esta evidencia, posteriormente la
policía recuperaría dos casquillos de bala en el patio de
la vivienda de los acusados que daba directamente al parque
de pelota.
Padre e hijo fueron acusados por asesinato en primer
grado actuando en concierto y común acuerdo. El juicio se
ventiló ante un tribunal de derecho. Además del agente
Colón Dávila y del señor Rodríguez Muñiz, por el Pueblo
también testificaron los agentes Orlando Echevarría
Figueroa, Omar López Rodríguez y Carlos Rivera Pérez, así
como las doctoras Rosa M. Rodríguez Castillo y María
Vázquez. Del testimonio de éstos surge que la bala extraída
al señor Mejías Sánchez pertenecía a la pistola Glock
4 Id., p. 173; anejo petición de certiorari, p. 224. CC-2009-314 5
calibre 45 que el señor Rodríguez Pagán entregó al agente
Colón Dávila.5
Por la defensa únicamente testificó el señor Pedro Luis
Pérez Torres como testigo de reputación. Éste declaró que
los acusados le daban servicio de fumigación a su negocio y
que eran personas muy responsables y tranquilos, que tenían
muchas amistades y eran personas muy buenas en la
comunidad. Tras las argumentaciones finales por la fiscalía
y los abogados de defensa, el Tribunal de Primera Instancia
encontró culpable al señor Rodríguez Pagán de asesinato en
primer grado y, por tener duda razonable, absolvió al señor
Rodríguez González.6 El foro de instancia sentenció al señor
Rodríguez Pagán a 99 años por asesinato en primer grado y a
5 años por Ley de Armas a ser cumplidas de manera
consecutiva.
Inconforme con el fallo del Tribunal de Primera
Instancia, el señor Rodríguez Pagán recurrió al Tribunal de
Apelaciones. En lo pertinente, alegó que el foro primario
incidió en su apreciación de la prueba y que no se probó su
culpabilidad más allá de duda razonable. Un panel del foro
5 Esto surge, en particular, del testimonio del agente Carlos Rivera Pérez, examinador de armas de fuego y marcas de herramienta de la Sección de Armas de Fuego en el Instituto de Ciencias Forenses. De los casquillos recuperados del patio de la vivienda de los acusados, uno pertenecía al revólver 357 del señor Rodríguez González y el otro a la pistola Glock calibre 45 del señor Rodríguez Pagán. De los testimonios de la Dra. Rodríguez Castillo y el agente Echevarría Figueroa surgen cuestionamientos relacionados con la cadena de custodia de parte de la evidencia. CC-2009-314 6
apelativo resolvió por mayoría, y en su sentencia manifestó
lo siguiente: “[S]entimos en nuestra conciencia una
perturbadora intranquilidad con respecto a la configuración
del asesinato en su modalidad de primer grado”.7 En efecto,
el Tribunal determinó que “no se configuraron los elementos
esenciales para la comisión de delito de asesinato en
primer grado” por haber “duda razonable para la
configuración de la referida modalidad del asesinato
perpetrado”.8 En particular, el foro apelativo no quedó
convencido de que se probara el elemento de deliberación
que era necesario para sostener el fallo de culpabilidad de
asesinato en primer grado.9 Específicamente manifestó que
“no se probó que el apelante, fría y calculadamente,
disparara alevosamente en ánimo de ultimar a balazos a la
víctima”.
Inconforme con esta determinación del Tribunal de
Apelaciones, la Procuradora General acudió ante este
Tribunal alegando que el foro intermedio había errado al
modificar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en
cuanto al grado del asesinato. El Estado alega que el caso
de autos se trató “de un asesinato pensado, planificado y
deliberado” lo que demuestra la existencia de una intención
6 También pesaba contra el señor Rodríguez Pagán un cargo de Ley de Armas. 7 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, p. 15; anejo petición de certiorari, p. 41. La jueza Feliciano Acevedo disintió sin opinión escrita. 8 Id., pp. 17-18; anejo petición de certiorari, pp. 43-44. 9 Id., p. 19; anejo petición de certiorari, p. 45 (Énfasis suplido). CC-2009-314 7
específica de matar.10 En particular, argumenta que el foro
apelativo “entró en consideraciones sobre los elementos
subjetivos del delito que propiamente le compete inferir de
los hechos al juzgador”.11 Aduce además que el recurrido
incurrió en una conducta fría y calculada como lo demuestra
el que acudiera armado junto a su padre a la cancha de
baloncesto, que dispararan sus armas de fuego a corta
distancia de sus blancos y que ambos la emprendieran a
tiros contra el señor Rodríguez Muñiz.12 En síntesis, expone
el Estado que la prueba demuestra que el señor Rodríguez
Pagán llegó a la cancha decidido a matar.13 El 27 de abril
de 2009 expedimos el auto de certiorari. Resolvemos.
II.
Como los hechos de este caso sucedieron antes de la
vigencia del actual Código Penal, iniciamos nuestra
discusión analizando las disposiciones pertinentes del
Código Penal de 1974. Ese Código definía el delito de
asesinato de la siguiente manera: “Asesinato es dar muerte
a un ser humano con malicia premeditada”.14 Por su parte, el
10 Petición de certiorari, p. 4. 11 Id., p. 5. 12 Como evidencia de esto, la Procuradora General hace referencia a que ambos acusados se encontraban tranquilamente en su casa, admitieron los hechos al ser abordados por el agente Colón Dávila e hicieron entrega de sus respectivas armas de fuego. 13 Petición de certiorari, p. 11. 14 Artículo 82 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. § 4001. CC-2009-314 8
artículo 83 del mismo Código establecía los diferentes
grados en los que se dividía dicho delito:
Constituye asesinato en primer grado:
(A) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura, toda clase de muerte alevosa, deliberada y premeditada, o cometida al perpetrarse o intentarse algún incendio agravado, violación, sodomía, robo, escalamiento, secuestro, estragos, mutilación o fuga.
[…]
Todos los demás asesinatos serán 15 considerados de segundo grado.
No obstante la división en dos grados, el asesinato es,
bajo el Código anterior y el actual, un solo delito.16 En
ambos casos, se trata de un delito cometido
intencionalmente,17 pues el asesinato “es un delito que, por
su definición y naturaleza, conlleva un acto perverso,
15 33 L.P.R.A. § 4002 (Énfasis suplido). 16 Pueblo v. Negrón Ayala, 171 D.P.R. 406, 418 (2007). Según nos explica el profesor Cifredo Cancel: “La historia indica que el desarrollo de la figura del asesinato en segundo grado en el common law fue motivado por el deseo de limitar la severidad de la pena (pena de muerte) aplicable al „murder‟ (asesinato). En sentido contrario, en la tradición civilista el desarrollo de la figura del dolo eventual fue motivado por el deseo de justificar la aplicación de una pena más severa a aquellos actos en que, por una parte, no aparece la clara voluntad del autor respecto del resultado, y en que, no obstante y por otra parte, parece que en muchos casos un castigo por imprudencia es insuficiente, que lo que el autor ha merecido es ser castigado por delito doloso”. Félix Cifredo Cancel, Contestación a tres problemas de Derecho Penal: Delitos contra la honestidad, asesinato, secuestro, 62 Rev. Jur. U.P.R. 127, 135 (1993). 17 El artículo 7(19) del Código Penal de 1974 definía „malicia‟ como un acto dañoso intencional. CC-2009-314 9
malintencionado y contrario a los valores éticos y morales
de nuestra sociedad”.18
Como se desprende del texto del Código de 1974, la
“malicia premeditada” es un elemento mental requerido en el
delito de asesinato independientemente de si es de primer o
segundo grado.19 La diferencia en la intención entre uno y
otro grado es el elemento de la deliberación. Es decir, la
resolución o decisión de matar, después de darle alguna
consideración al acto.20 Este elemento de deliberación se
refiere a la decisión formada como resultado de pensar y
pesar cuidadosamente las consideraciones en pro y en contra
del propuesto curso de acción.21 Ahora bien, cualquier
periodo de tiempo, por corto que sea, será suficiente para
que pueda tener lugar la deliberación. Incluso, hemos
sostenido que ese lapso de tiempo puede ser tan rápido como
el pensamiento.22
En el presente caso, el elemento de deliberación debe
analizarse a la luz del artículo 15 del Código Penal de
1974 que ofrece la siguiente definición de la intención:
El delito es intencional:
(a) Cuando el resultado ha sido previsto y querido por la persona como consecuencia de su acción u omisión;
18 Pueblo v. Negrón Ayala, supra, pp. 418-419. 19 Pueblo v. Rodríguez Vicente, 173 D.P.R. 292, 301 (2008). 20 Pueblo v. Negrón Ayala, supra, p. 419. 21 Dora Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico revisado y comentado (1986), p. 141. 22 Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra, p. 301. CC-2009-314 10
(b) Cuando el resultado sin ser querido ha sido previsto o pudo ser previsto por la persona como consecuencia natural o probable de su acción u omisión.23
Como puede observarse, para cometer el delito de
asesinato de acuerdo al Código de 1974 se requería
únicamente que el sujeto activo actuara con la intención
del artículo 15(a) ó 15(b) antes citado. La intención
recogida en el artículo 15(a) se conoce como intención
específica mientras que el artículo 15(b) recoge la figura
de la llamada intención general.24
En el primer supuesto la persona tiene un deseo
específico de efectuar el acto y quiere producir el
resultado, ratificándolo con su actuación.25 Por su parte,
la intención general, un concepto proveniente del derecho
común anglosajón, se basa en que “toda persona es
responsable por las consecuencias naturales y probables de
sus actos”.26 Es decir, que sin querer el resultado, sabe o
debe saber que éste es consecuencia necesaria de su
conducta y, no obstante ello, la lleva a cabo.
Hemos resuelto que cuando se hace referencia al
elemento de la deliberación como requisito para la comisión
del delito de asesinato en primer grado ello equivale a que
23 33 L.P.R.A. § 3062. 24 Nevares-Muñiz, Código Penal, Op.Cit., pp. 28-29. Véase además Dora Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Quinta Edición (2005), p. 193. 25 Nevares-Muñiz, Código Penal, Op.Cit., p. 28. 26 Nevares-Muñiz, Derecho Penal, Op.Cit., p. 194. CC-2009-314 11
el sujeto activo haya tenido la intención específica de
matar.27
Se trata, pues, de un elemento subjetivo adicional a
la intención criminal recogida en el artículo 15, que es la
requerida para todo delito intencional.28 Entonces, la
deliberación equivale a “una reflexión adicional, realizada
fríamente luego de darse la premeditación”.29 Mientras, en
el delito de asesinato en segundo grado, basta la intención
de realizar un acto o producir un grave daño corporal que
con toda probabilidad resultaría en la muerte de una
persona.30
27 Pueblo v. Negrón Ayala, supra, p. 419; Pueblo v. Robles González, 132 D.P.R. 554, 563 (1993). Para explicar la diferencia entre la intención específica del artículo 15(a) y la intención general recogida en el artículo 15(b), la profesora Nevares-Muñiz recurre, precisamente, al ejemplo del asesinato. Nos dice la profesora:
El asesinato en primer grado requiere que se pruebe el acto deliberado y premeditado que claramente demuestre que quiso y se previó la muerte de la víctima. Ello equivale a demostrar la intención específica de matar. En cambio, en el asesinato en segundo grado, basta la malicia premeditada, refiriéndose a la intención de realizar un acto dañoso, sin justa causa o excusa, que probablemente podría resultar en la muerte, como en efecto sucedió, pero sin que el acto haya tenido el propósito directo, específico y deliberado de matar.
Nevares-Muñiz, Derecho Penal, Op.Cit., p. 194. 28 Cifredo Cancel, Op.Cit., p. 167. 29 Nevares-Muñiz, Código Penal, Op.Cit., p. 141. 30 Pueblo v. Negrón Ayala, supra, p. 419, Pueblo v. Rosario, 160 D.P.R. 592, 610 (2003); Pueblo v. Ocasio Hernández, 139 D.P.R. 84, 91 (1995, Sentencia). CC-2009-314 12
La intención específica de matar, según definido por el
artículo 15(a) del Código Penal de 1974, es un elemento
subjetivo adicional a la intención cuya existencia, en la
mayoría de los casos, sólo podrá ser determinada mediante
una inferencia razonable de los hechos.31 Entre los
elementos que se tomarán en consideración para determinar
si se ha actuado con deliberación se encuentran los actos y
las circunstancias que rodean la muerte, la relación entre
las partes, la capacidad mental del autor, la motivación,
las manifestaciones y conducta del acusado, así como los
hechos anteriores, concomitantes y posteriores al crimen.32
Es un asunto que le corresponde, en primera instancia, al
juzgador de los hechos.
Coincidimos con la sala de instancia de que en este
caso está presente el elemento de la deliberación. La
Opinión concurrente invita a terminar aquí nuestro
análisis. Sin embargo, nuestro examen del expediente,
incluyendo la transcripción del testimonio del testigo
principal, el señor Rodríguez Muñiz, deja meridianamente
claro que el señor Rodríguez Pagán no disparó apuntando a
la víctima, el señor Mejías Sánchez. Más bien, la
intervención de la víctima produjo que ésta recibiera el
disparo. La deliberación se produjo, por tanto, respecto al
señor Rodríguez Muñiz, pero quien falleció fue el señor
31 Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra, p. 301. 32 Pueblo v. Negrón Ayala, supra, p. 420. Sobre los hechos anteriores, concomitantes y posteriores como factores a CC-2009-314 13
Mejías Sánchez y nos corresponde analizar si esa realidad
conlleva alguna consecuencia jurídica en cuanto a la
existencia de deliberación.
En nuestro ordenamiento, el error por parte del sujeto
activo puede eximirle de responsabilidad penal. Bajo el
Código de 1974, esta figura estaba recogida en los
artículos 17 y 19. El primero se refería al error sobre la
persona.33 El segundo al error de hecho.34
El error en la persona recogido en el artículo 17, que
proviene de la doctrina del derecho norteamericano conocida
como intención transferida, no exime de responsabilidad
penal pues la intención criminal del sujeto activo,
dirigida contra determinado sujeto pasivo, se traslada a la
persona que en efecto recibió el injusto.35 Es decir, la
considerarse, véase Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340, 346 (1976). 33 “Cuando por error o por algún otro accidente se comete delito en perjuicio de persona distinta, su autor incurrirá en la misma responsabilidad que si hubiere cometido el acto en perjuicio de la persona contra quien dirigió su acción”. Como veremos más adelante, la doctrina civilista divide esta modalidad del error entre error en la persona y error en el golpe. 34 “No incurre en responsabilidad la persona cuya acción u omisión respondiere a un error esencial de hecho que justifique la ausencia de toda intención o negligencia”. Esta causa de exclusión de responsabilidad penal tiene dos requisitos fundamentales: (1) que la conducta del sujeto activo incurra en un error de naturaleza esencial del hecho y (2) que sea invencible, entiéndase, que se niegue cualquier intención o negligencia criminal en la conducta del autor. El error puede recaer sobre elementos constitutivos del delito, también denominado error sobre el tipo o puede recaer sobre la antijuricidad de la conducta, también conocido como error de prohibición. Nevares-Muñiz, Código Penal, Op.Cit., p. 35. 35 Id., p. 32. CC-2009-314 14
intención criminal dirigida contra el blanco original se
atribuye al sujeto activo aunque la víctima real del acto
sea otra.
Nuestra jurisprudencia no ha discutido el error sobre
la persona en más de cincuenta años y aun en aquella
ocasión no fue necesario discutirlo a fondo. Es a 1939 que
tenemos que recurrir para encontrar cómo este Tribunal,
empleando figuras del common law, atendió una controversia
similar a la de autos.
En Pueblo v. Cartagena,36 el acusado disparó contra una
persona pero hirió a una tercera. Al concluir que no era
admisible evidencia tendente a demostrar que la muerte del
tercero fue incidental mientras el acusado, de “manera
ilegal y con malicia premeditada”, acometía contra el
blanco original con el firme y deliberado propósito de
privarle la vida, expresamos que “todas las autoridades
están de acuerdo en que si una persona con la intención de
matar a otra le ataca e incidentalmente mata a un tercero
contra quien no tenía intención alguna de hacerle daño, es
culpable de lo mismo que si el interfecto hubiera sido la
persona contra quien fue dirigida la agresión”.37 Esto es
cónsono con el artículo 17 del Código Penal de 1974. Es
36 54 D.P.R. 870 (1939). 37 Id., p. 874. Véase además Pueblo v. Colón, 65 D.P.R. 760, 766 (1946). A semejante conclusión llegamos en Pueblo v. Rivera, 36 D.P.R. 194 (1926) y Caballero v. El Pueblo, 36 D.P.R. 67 (1926), al afirmar que la circunstancia de que el acusado no intentara matar a la víctima sino a un tercero en nada influía la calificación del delito. CC-2009-314 15
decir, una vez establecida la intención del sujeto activo,
y en el caso del asesinato en primer grado la deliberación
o intención específica de matar, el que la víctima no haya
sido la persona a quien se dirigía la acción, ya sea por
error en la identificación o porque el golpe se lanzó
accidentadamente, no evita que el delito cometido contra el
tercero sea el mismo que el que se intentó cometer contra
el blanco original de la conducta criminal.
Aunque no tuvimos, durante la vigencia del Código Penal
de 1974, la oportunidad de interpretar el artículo 17
aplicable a los eventos objeto de controversia y su
interacción con el delito de asesinato en primer grado en
su modalidad de deliberación, éste fue objeto de discusión
por los tratadistas en Puerto Rico y fue atendido
expresamente en las reformas que culminaron en el Código
Penal de 2004. Producto de ese proceso, el Código Penal de
2004 suprimió el artículo 17 y consolidó las defensas de
error como excluyente de responsabilidad penal en un solo
artículo.
Durante la consideración del proyecto que pasó a ser el
Código Penal de 2004, se hizo referencia a la anomalía de
tener un artículo que declaraba expresamente que la defensa
de error no estaba disponible, mientras que en otra parte
del Código se discutían los tipos de error excluyentes de
responsabilidad penal.38 De esa forma, la normativa del
38 Véanse las expresiones vertidas en el Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, p. 27: “Como indicó el Comité de la Academia en su informe, no es CC-2009-314 16
Código Penal de 2004 responde a las deficiencias percibidas
en el suprimido artículo 17 y nos ayuda a interpretar con
mayor precisión el alcance de éste, así como las
implicaciones del artículo 17 y su interacción con la
figura del error de hecho, particularmente lo relacionado
al error esencial.
El Código Penal vigente establece el error como causa
de exclusión de responsabilidad penal en el artículo 30:
No incurre en responsabilidad la persona cuyo hecho responde a un error esencial que excluye la intención y la negligencia. Si el error se debe a imprudencia, se responderá por negligencia si ésta se sanciona expresamente por la ley. Si el error recae sobre una circunstancia agravante o que dé lugar a una modalidad más grave del delito, impedirá la imposición de la pena más grave.39
En el caso ante nuestra consideración, la víctima del
asesinato no fue el blanco del disparo hecho por el
acusado. Para calificar ese error debemos analizar lo que
se denomina por la doctrina como el error in objecto o in
persona, así como el error aberratio ictus o en el golpe,
ambos discutidos dentro del concepto general de error de
hecho.40
necesario, ni usual en el Derecho comparado declarar expresamente la irrelevancia del error in persona. La misma se deduce del carácter no esencial de la identidad de la persona en los delitos correspondientes”. 39 33 L.P.R.A. § 4658 (Énfasis suplido). 40 Eugenio Cuello Calón, Derecho Penal, Tomo I, 9na. Ed. (1971), p. 385. CC-2009-314 17
El error in objecto, también conocido como in persona,
recae sobre el objeto de la acción.41 Como nos explica Díaz
Palos, “[s]e dice que hay error in objecto cuando el sujeto
dirige su acto, por confusión, contra objeto distinto del
que estaba en su mente, pero siendo equivalente el objeto
atacado y el representado”.42 Nos dice el tratadista que la
manifestación principal de este caso es cuando “A mata a B
tomándolo equivocadamente por C.43 Es decir, bajo esta
modalidad de error de hecho, el sujeto activo confunde al
sujeto pasivo: mata a A pensando que era B.
Por otra parte, el error aberratio ictus, también
conocido como error en el golpe, es un “supuesto de
ejecución defectuosa por accidente extraño al sujeto”.44 Se
trata de un “desarrollo fallido de un hecho doloso”.45 Es
decir, el sujeto dirige realmente la acción contra el
objeto o persona que estaba en su mente, pero el efecto se
produce en otro distinto. El ejemplo ofrecido por el
41 F. Muñoz Conde y M. García Arán, Derecho Penal, Parte General, 6ta ed., Valencia, 2004, p. 276. 42 F. Díaz Palos, Dolo Penal, Barcelona, pp. 45-46 (Énfasis suplido). 43 Id., p. 46. 44 Id., p. 47 (Énfasis suplido). 45 C. Blanco Lozano, Tratado de Derecho Penal Español, Tomo I: El Sistema de la Parte General, Vol. 2: La Estructura del Delito, 2005, p. 379. Nos dice Blanco Lozano que este error es uno en el cual el objeto atacado es similar al que se pretendía atacar. CC-2009-314 18
tratadista Díaz Palos es ilustrador: “A apunta contra B,
pero su pulso vacila y alcanza a C”.46
En el caso de autos, estamos ante un error en el
golpe, figura que ha generado mucho debate y división entre
los tratadistas.47 La mayoría propone que el error en el
golpe, al igual que en la persona, no varía en lo absoluto
la responsabilidad penal del sujeto activo. La propuesta de
que el error en el golpe no exime de la responsabilidad
penal y que, como ocurre en países de common law, el dolo
dirigido a la víctima pensada se transfiere a la víctima
real, se basa en que el bien jurídico protegido por el
delito de asesinato es la vida humana en sí y no la vida de
un ser humano en particular.48
El concepto de bien jurídico proviene del hecho de que
a la norma penal, igual que a las demás normas jurídicas,
le incumbe una función eminentemente protectora.49
Consecuentemente, se tutelan aquellos objetos dignos de
protección por el derecho tras la correspondiente
46 Id. Véase además Muñoz Conde y García Arán, Op.Cit., p. 276. 47 Véase Cuello Calón, Op.Cit., p. 386 y Díaz Palos, Op.Cit., pp. 47-48. Nos explican estos tratadistas que la falta de consenso en la doctrina se basa en si la consecuencia del error aberratio ictus es que se está ante dos delitos (tentativa de asesinato contra la víctima pretendida y homicidio negligente contra la víctima real) o un solo injusto penal (asesinato contra la víctima real). 48 Por no ser pertinente a los hechos de este caso, no entraremos en la discusión de la tercera modalidad del asesinato en primer grado recogido en el artículo 106(c) que ocurre cuando el sujeto pasivo ocupa determinado puesto público. 49 Muñoz Conde y García Arán, Op.Cit., p. 59. CC-2009-314 19
valoración social.50 En cuanto al delito doloso, éste supone
una agresión consciente contra el bien jurídico protegido.51
Como nos explica el tratadista Blanco Lozano, “[e]l punto
de partida político-criminal que rige la inclusión de una
determinada conducta en la legislación penal [es] la tutela
de un determinado bien jurídico al que se considera
merecedor de salvaguarda en el ámbito del Derecho
punitivo”.52
En el delito de asesinato, el bien jurídico protegido
es la vida humana, mas no la vida de una persona
determinada.53 Por tanto, en el caso de un asesinato
producto de un error, en la persona o en el golpe, donde
estaba presente el dolo directo de primer grado al haber
deliberación o premeditación, no hace diferencia qué ser
humano finalmente sea privado de la vida, ya sea porque el
sujeto activo disparó pensando que su blanco era otra
persona o, como en este caso, que el golpe no alcanzó a la
víctima pretendida porque un tercero se interpuso. En ambos
casos la intención de matar a un ser humano estaba
presente.
La mayoría de los tratadistas apoyan esta conclusión.
Nos dice la profesora Nevares-Muñiz que el error sobre la
50 Id. 51 Id., p. 266. 52 Blanco Lozano, Op.Cit., p. 68. 53 Véase Cuello Calón, Op.Cit., p. 385; Muñoz Conde y García Arán, Op.Cit., p. 59; Dora Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, 2005, p. 136. CC-2009-314 20
persona o el error en el golpe “no [son] error[es] que
recaiga[n] sobre alguno de los elementos esenciales del
delito”, como exige el artículo 30 del Código Penal
vigente.54 Muñoz Conde señala que “[e]s irrelevante el error
en la persona: igualmente será castigado quien creyendo
matar a B mata por equivocación a C”.55 Por su parte, para
Cuello Calón este tipo de error “no aprovecha al reo, pues
se trata de un error accidental [y] no de un error
esencial”.56 Dice este tratadista que “[e]n ambas
situaciones el mal causado es distinto del propuesto”, no
obstante su “responsabilidad no sufre alteración”.57 A
semejante conclusión llega Díaz Palos, quien parte de la
premisa de que se trata de una mera “coincidencia entre
[el] resultado producido por el sujeto y la voluntad del
54 Nevares-Muñiz, Derecho Penal, Op.Cit., p. 206. La profesora nos ofrece el siguiente ejemplo: “Así, si A quiere golpear a B, y C recibe el golpe y las lesiones, A no podrá alegar el error de hecho para eximirse de responsabilidad penal. Si intención era golpear a un ser humano, irrespectivamente del ser humano que fuera golpeado”. Id., pp. 206-207 (Énfasis suplido). Véase además, Chiesa Aponte, Op.Cit., p. 170. 55 Muñoz Conde, Op.Cit., p. 14. Este tratadista manifiesta que sí es relevante el error en el golpe, pero ello únicamente en cuanto a la división en la doctrina sobre cuántos delitos podrían darse en dicho caso. Muñoz Conde reconoce que la mayoría de la doctrina trata el error en la persona de manera similar al error en el golpe. 56 Cuello Calón, Op.Cit., p. 385. El tratadista nos ofrece un ejemplo de esto: “[C]omo cuando en vez de un animal se mata a un hombre […] mientras que lo esencial es la persona humana, el hecho de que esta persona sea Pedro o Juan, es puramente accidental”. 57 Id., p. 386. CC-2009-314 21
mismo; el camino que se utilice es accidental”.58 Nos dice
el tratadista que, tanto en el error in objecto como en el
aberratio ictus, no hay diferencia en la responsabilidad
penal.59 Por tanto, “la responsabilidad del autor del hecho
no sufre alteración por haber recaído el mal en persona
distinta de aquella a quien el procesado tuvo la intención
de causarlo”.60
El tratadista Blanco Lozano también discute cómo
atender el delito de asesinato en casos donde se dé un
error en la persona y expone que “lo relevante es si el
objeto erróneamente atacado [es] semejante al que se
pretendía atacar […] porque el tipo penal de asesinato lo
único que exige al respecto es matar a otro, y el sujeto
activo lo que quería dolosamente era precisamente eso, esto
es, matar a otra persona, con independencia de que errase
acerca de su identidad”.61 En cuanto al error en el golpe,
afirma Blanco Lozano que “la solución más correcta […] no
es otra que la de considerar que nos hallamos ante un
delito de asesinato consumado” puesto que “lo único que
exige el tipo legal” es que se haya matado a otra persona
“alevosamente”.62
58 Días Palos, Op.Cit., p. 44. 59 Id., p. 87. 60 Id., p. 90. 61 Blanco Lozano, Op.Cit., p. 379. 62 Id., p. 380. Esta doctrina es cónsona con los fallos del Tribunal Supremo de España. En su Sentencia del 5 de diciembre de 1974, Repertorio de Jurisprudencia 5085, Aranzadi, pp. 3883, ese Tribunal se enfrentó a unos hechos CC-2009-314 22
Lo anterior es cónsono con nuestro ordenamiento penal
vigente. Los artículos 105 y 106 del Código Penal de 2004
correspondientes al delito de asesinato tienen como
objetivo la protección del bien jurídico de la vida.63 La
modalidad del asesinato en primer grado por premeditación
recogida en el artículo 106(a), la que, a su vez, requiere
que el sujeto activo actúe con dolo directo de primer grado
según definido en el artículo 23(a), no se afecta por el
hecho de que el autor haya incurrido en error sobre la
persona o error en el golpe. Una vez el sujeto activo ha
deliberado matar a un ser humano y actúa conforme a esa
deliberación, es irrelevante si mata a la persona
equivocada o si falla en su golpe y alcanza a un tercero.
En todos esos casos, sigue presente el elemento de la
deliberación y se ha matado a un ser humano. Eso es todo lo
que nuestro ordenamiento requiere para que se entienda
donde el sujeto activo actuó con la intención de matar pero alcanzó a un tercero que no era su víctima pretendida. Es decir, se estaba ante un error en el golpe o aberratio ictus. Tras analizar la figura del error de hecho y su impacto sobre la formación de la voluntad, el Tribunal Supremo determinó que es insostenible que, “una vez mostrada la voluntad intencionalmente antijurídica[,] no [se acepte] una solución culposa, aunque por error en el golpe, sea otra la persona agredida y lesionada o muerta”. Id., p. 3884. Esto puede ocurrir ya sea “por mala dirección de su golpe o por interposición benévola de un tercero”. Id. (Énfasis suplido). De igual forma, en su Sentencia del 22 de enero de 1979, el Tribunal Supremo de España reiteró que “tanto en el denominado error in persona como en la hipótesis de aberratio ictus, o error en el golpe, […] a efectos de la culpabilidad dolosa […] es indiferente que sea una u otra la persona muerta o lesionada”. Repertorio de Jurisprudencia 128, Aranzadi, pp. 104-105. 63 33 L.P.R.A. §§ 4733 y 4734. Igual ocurre con los artículos 82 y 83 del Código Penal de 1974. CC-2009-314 23
cometido el asesinato en primer grado en su modalidad de
premeditación o deliberación.
III.
En el caso de autos, un tribunal de derecho encontró al
acusado culpable de asesinato en primer grado en su
modalidad de deliberación. En Puerto Rico, la presunción de
inocencia es uno de los derechos fundamentales que le
asiste a todo acusado de delito.64 Por consiguiente, su
culpabilidad debe ser probada más allá de duda razonable.
Esto es consustancial con el principio de presunción de
inocencia y es un elemento del debido proceso de ley.65 Por
tanto, el peso de la prueba permanece, durante todas las
etapas del proceso a nivel de instancia, sobre el Estado.66
Para sostener un veredicto de culpabilidad, la prueba
presentada debe ser suficiente en derecho,67 es decir, se
debe probar la culpabilidad del acusado más allá de duda
razonable.
Reiteradamente hemos afirmado que esta determinación es
revisable en apelación, pues la apreciación de la prueba
desfilada en un juicio es un asunto combinado de hecho y
64 Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 786 (2002). La Regla 110 de Procedimiento Criminal establece este principio con mayor precisión. 65 Véanse secciones 7 y 11, Artículo II de la Constitución de Puerto Rico; Pueblo v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746, 764 (1993). 66 Pueblo v. Irizarry, supra, p. 787. 67 Pueblo v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746, 764 (1993). CC-2009-314 24
derecho.68 De igual forma, la determinación que ha hecho el
juzgador de los hechos a nivel de instancia a los efectos
de que la culpabilidad de la persona imputada ha quedado
establecida más allá de duda razonable es revisable en
apelación como cuestión de derecho.69 No obstante, dado que
le corresponde al jurado o, en su defecto, al juez dirimir
los conflictos de prueba, no intervendremos en tales
determinaciones en ausencia de pasión, prejuicio,
parcialidad o error manifiesto.70 Más bien, la determinación
de culpabilidad que hace el juzgador de los hechos a nivel
de instancia es merecedora de una gran deferencia por parte
del tribunal apelativo.71
En este caso, tanto los elementos objetivos del delito
de asesinato como la intención específica de matar
requerida por el artículo 84 del Código Penal de 1974,
según definida por el artículo 15(a), están sostenidos por
la prueba que obra en el expediente. De éste surge que el
acusado y su padre se presentaron a la cancha de baloncesto
el día de los hechos armados y con la intención de matar,
es decir, tras mediar deliberación. Su intención original
era matar al señor Fernando Rodríguez Muñiz. Contra éste
disparó el padre del acusado en una ocasión y el propio
68 Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 653 (1986). 69 Id. 70 Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881, 882 (1976). Véase además, Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121 131 (1991); Pueblo v. Cruz Granados, 116 D.P.R. 3, 10 (1984, Opinión del Juez Asociado Negrón García). 71 Pueblo v. Cabán Torres, supra, pp. 653-654. CC-2009-314 25
acusado en dos ocasiones posteriores. El disparo del padre
falló su objetivo. Igual ocurrió con los disparos del
acusado dirigidos contra el señor Rodríguez Muñiz. No
obstante, uno de estos disparos alcanzó al señor Héctor
Luis Mejías Sánchez, quien al ver que el acusado le
disparaba a su amigo, lo empujó, lo cual le causó la
muerte. Estos hechos están ampliamente sostenidos por la
prueba admitida y creída por el juzgador de los hechos, y
es suficiente en derecho para un fallo de culpabilidad por
asesinato en primer grado. Erró el Tribunal de Apelaciones
al modificarlo.72
72 El acusado también alegó que el testimonio del principal testigo de cargo, el señor Rodríguez Muñiz, carecía de precisión y contenía lagunas. Por tanto, estima que es insuficiente para determinar su culpa más allá de duda razonable. En cuanto a esto, es norma reiterada que “la evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito será prueba suficiente de cualquier hecho […] aun cuando no [fuese] un testimonio perfecto”. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1, 15 (1995). Véase la Regla 110(d) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 110(d). Por otra parte, las contradicciones en un testimonio sólo ponen en juego su credibilidad, asunto que le toca al juzgador de los hechos resolver. Pueblo v. Torres Rivera, 137 D.P.R. 630, 640 (1994). Pueblo v. Rodríguez Román, supra, p. 129 (1991). En Pueblo v. Rodríguez Román manifestamos que “[s]abido es que la máxima falsus in uno, falsus in ómnibus no autoriza a rechazar toda la declaración de un testigo porque haya contradicho o faltado a la verdad respecto a uno o más particulares. En otras palabras, es imprescindible armonizar toda la prueba y analizarla en conjunto a los fines de arribar al peso que ha de concedérsele a la prueba en su totalidad”. Pueblo v. Rodríguez Román, supra, p. 129, citando a García v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 823 (1962) y Pueblo v. López Rivera, 102 D.P.R. 359, 366 (1974). Además, el hecho de que un testigo incurra en contradicciones en torno a detalles de los hechos no es óbice para que no se le dé crédito a su testimonio, cuando nada increíble o improbable surge de éste. Pueblo v. Chévere Heredia, supra, p. 20. Este error tampoco se cometió. CC-2009-314 26
Por las razones previamente expuestas, se revoca la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala el
fallo de culpabilidad emitido por el Tribunal de Primera
Instancia por asesinato en primer grado.
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2009-314 Antonio Rodríguez Pagán
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala el fallo de culpabilidad emitido por el Tribunal de Primera Instancia por asesinato en primer grado.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión concurrente a la que se unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y los Jueces Asociados señores Martínez Torres y Estrella Martínez.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
Opinión concurrente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y los Jueces Asociados señor Martínez Torres y señor Estrella Martínez
San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2011
La Opinión que hoy emite el Tribunal presenta un análisis
cuidadoso y muy bien fundamentado de la figura del error sobre
la persona. No obstante, un examen riguroso del expediente
demuestra que el referido análisis es ajeno a los hechos del
caso de autos y al asunto planteado. La única controversia de
la cual verdaderamente venimos llamados a disponer, es si el
Ministerio Fiscal probó su acusación de asesinato en primer
grado más allá de duda razonable. Por lo anterior, no puedo
más que concurrir con el resultado que pronuncia el Tribunal. CC-2009-314 2
I.
La noche del 29 de noviembre de 2004, Fernando Rodríguez
Muñiz y Héctor L. Mejías Sánchez estaban jugando baloncesto
junto a otras personas en una cancha del barrio Quebrada del
Agua en Ponce. En algún momento Fernando se percató de que
Antonio Rodríguez González y su hijo, Antonio Rodríguez Pagán
(“el recurrido”), se acercaban a la cancha a través de un
parque de pelota que colinda con la residencia de éstos.
Fernando, al reconocerlos, comenzó a acercárseles siendo
seguido por su amigo Héctor, y les dijo: “¡eh!, vamos a
hablar por los problemas de ayer”. En ese momento el padre
del recurrido se volteó y le disparó a Fernando, quien se
tumbó al suelo. Acto seguido, Fernando se levantó y continuó
acercándose a Antonio Rodríguez González y al recurrido,
quienes habían comenzado a retirarse hacia su residencia.
Mientras Fernando se dirigía a ellos aún seguido por su
amigo Héctor dijo: “ah!, si la sacaste y la usaste ahora vas
a tener que matarme”. Cuando el recurrido y su padre ya
estaban accediendo al patio trasero de su hogar, Héctor dijo
“¡Nandito, cuidao, cuidao!” y empujó a Fernando justo cuando
el recurrido realizó otro disparo.73 Este segundo proyectil
73 Aunque el testimonio inicial de Fernando Rodríguez Muñiz parece hacer alusión a tres detonaciones, una lectura detenida de la totalidad de su testimonio, así como de la de los demás testigos, evidencia que sólo hubo dos disparos. El primero hecho por Antonio Rodríguez González, del cual se recuperó un casquillo calibre 357, y el segundo por Antonio Rodríguez Pagán, del cual se recuperó un casquillo 45 y la bala en el cuerpo del occiso. Transcripción de vista en su fondo, págs. 23, 35, 110-22, 172-75, 201-03. Así también lo concluyó la fiscal en su informe final: “Surgió del testimonio de nuestro testigo principal que primero el padre CC-2009-314 3
alcanzó a Héctor, quien falleció días más tarde. Una vez los
agentes de la Policía se personaron a la residencia de
Antonio Rodríguez González y el recurrido, éstos confesaron
haber realizado los disparos y cada uno entregó un arma de
fuego.
Por los hechos anteriores, se acusó de asesinato en
primer grado en concierto y común acuerdo, y violación al
artículo 5.15 de la Ley de Armas, al recurrido y su padre.
Tras celebrarse el juicio por un tribunal de derecho, en el
cual testificaron siete testigos por parte del Estado y uno
por parte de la defensa, el juzgador encontró culpable al
recurrido pero absolvió al padre, Antonio Rodríguez González.
Dictada la sentencia, el recurrido acudió al Tribunal de
Apelaciones y solicitó la revocación del dictamen en su
contra alegando la comisión de tres errores: no haberse
probado su culpabilidad más allá de duda razonable; haber
insuficiencia de prueba; y la admisión de cierta evidencia
ante las objeciones de la defensa. Por su parte, el Estado
se opuso al recurso y argumentó que los testimonios vertidos
durante el juicio establecieron todos los elementos del
delito más allá de duda razonable. Asimismo sostuvo que el
recurrido admitió los hechos durante la investigación
criminal, lo cual constituyó una admisión de parte.
Tras evaluar los argumentos ante sí, el foro apelativo
intermedio confirmó la condena por violación a la Ley de
hizo un primer tiro que no le dio a nuestro testigo. Y seguidamente el coacusado [ante nosotros recurrido] fue el que hizo el disparo que le causó la muerte al joven que resultó fallecido aquí.” Id., pág. 256. CC-2009-314 4
Armas, pero modificó el dictamen en cuanto al asesinato y
condenó al recurrido por asesinato en segundo grado. El
Tribunal de Apelaciones estimó que se probó más allá de duda
razonable el delito de asesinato, mas no su modalidad de
primer grado. Dicho foro expresó:
[N]o estamos en un caso en el que se proyecte el grado de maldad e intención deliberada que requiere la ley y la jurisprudencia para [la] configuración de un asesinato en primer grado. . . . . . . . . . . . . . . En otras palabras, el asesinato perpetrado por el apelante, en el marco del escenario descrito por el único testigo ocular de los hechos suscita serias dudas e inquietudes respecto al grado en que pudieron realmente manifestarse esos elementos, característicos de un asesinato en primer grado. La prueba del Ministerio Público fue difusa a esos efectos. Ciertamente no probó que el apelante, fría y calculadamente, disparara alevosamente en ánimo de ultimar a balazos a la víctima.
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, KLAN20070848, págs.
18-19.
Inconforme, la Procuradora General presentó ante
nosotros un recurso de certiorari acompañado de una moción en
auxilio de jurisdicción. Evaluados sus argumentos, expedimos
el recurso. En su alegato, el Estado discute como único
error la intervención realizada por el foro recurrido al
reducir la condena de asesinato a segundo grado, a pesar de
haberse probado el elemento de deliberación necesario para
establecer el asesinato en primer grado. Arguye que de toda
la evidencia que desfiló en el juicio, es posible inferir que
el recurrido se personó armado al lugar de los hechos
decidido a matar, y durante el encuentro con el occiso y su
amigo, reflexionó y actuó afirmativamente para quitarle la
vida a un ser humano. De otro lado, el recurrido en su CC-2009-314 5
alegato de oposición nuevamente afirma que este caso se
limita a determinar si el Estado satisfizo su deber de probar
más allá de duda razonable su culpabilidad. Alega el
recurrido que en ello falló el Ministerio Público.
A.
El relato hasta aquí expuesto es un resumen fiel de los
acaecimientos hasta que el recurso de autos se perfeccionó
ante nosotros. Así, el expediente muestra que la
controversia objeto de discusión ante los foros recurridos y
la cual fue traída ante nuestra consideración se
circunscribe a auscultar si el Estado cumplió con su carga
probatoria respecto al elemento de la deliberación, de manera
que proceda una condena por asesinato en primer grado. Las
partes nunca hicieron alusión alguna a la figura del error
sobre la persona ante el Tribunal de Primera Instancia, ni
ante el Tribunal de Apelaciones. Dichos foros tampoco
plantearon que el presente caso involucrara la referida
doctrina. Asimismo, en ninguno de los documentos que fueron
presentados ante este Foro es posible encontrar referencia
alguna a la equivocación respecto a la víctima del asesinato
como posible eximente de responsabilidad criminal. La razón
de todo ello es simple: este caso versa sobre la posible
duda razonable, no del posible error sobre la persona.
Como vimos, el Tribunal de Apelaciones modificó la
sentencia del Tribunal de Primera Instancia y redujo la
condena de asesinato en primer grado a segundo grado porque CC-2009-314 6
no quedó convencido de que se hubiera probado la deliberación
requerida. Su razonamiento no tuvo nada que ver con la
posibilidad de que se hubiera asesinado al individuo
equivocado. Incluso, de haber sido tal su fundamento,
probablemente hubiera descartado la condena bajo la modalidad
de segundo grado también, pues hubiera concluido que ni la
deliberación, ni la malicia premeditada, se pueden transferir
de víctima. Pero nada de ello ocurrió, sólo se modificó el
dictamen por albergar duda razonable respecto a la
deliberación del asesinato.
¿De dónde, entonces, nos surge la oportunidad de
examinar la figura del error sobre la persona? Ciertamente,
no proviene del recurso ante nuestra consideración. Es el
propio Tribunal quien se formula la innecesaria interrogante.
Sólo el Tribunal, y el Tribunal solo, se embarca en una
disquisición sumamente interesante y bien razonada respecto
al error sobre la persona que, cuando menos, se revela
inoportuna. De otra parte, me inquieta la manera en que se
presentan los hechos en la Opinión del Tribunal. Veamos.
B.
Inicialmente, el Tribunal anuncia que la controversia se
enmarca en actos en los que “la víctima interviene en el
ataque y recibe el golpe mortal dirigido a otra persona”.
Op. del Tribunal, pág. 1. (Énfasis suplido.) Más adelante
afirma que el recurrido disparó “contra [Fernando]
Rodríguez”, pero que el disparo alcanzó a Héctor L. Mejías.
Id., pág. 3. Luego expresa que “la víctima del asesinato no
fue el blanco del disparo hecho por el acusado” y que “el CC-2009-314 7
golpe no alcanzó a la víctima pretendida”. Id., págs. 24,
27. (Énfasis suplidos.) Finalmente, la Opinión concluye que
la “intención original [de los acusados] era matar al señor
Fernando Rodríguez Muñiz” y que el disparo del recurrido
“dirigido[] contra” Fernando falló su objetivo porque alcanzó
a Héctor. Id., pág. 33.
Tras examinar cuidadosamente el testimonio vertido
durante el juicio por el único testigo de los hechos,
Fernando Rodríguez Muñiz, nos percatamos que ninguna de las
aseveraciones fácticas antes citadas tienen origen en la
prueba presentada ante el foro primario. Fernando testificó
que cuando Antonio Rodríguez González “disparó, al par de
segundos se escuchó el otro tiro, que ahí fue que cogió a
Héctor Luis”. Transcripción de vista en su fondo, pág. 202.
En cuanto a Héctor, Fernando testificó: “venía hacia donde
mí y me echó hacia un lado y ahí fue que cogió el tiro”.
Id., pág. 204. Respecto a ese último disparo, Fernando sólo
expresó: “Ahí es que viene la segunda detonación, ahí fue que
le dieron a él, a Héctor Luis Mejías. Más na‟.” Id., pág.
215. No hayamos ninguna expresión en el expediente sobre
quién era la víctima pretendida, el blanco del disparo o
contra cuál persona se dirigió el proyectil del recurrido.
Por ello, no podemos afirmar que el recurrido intentó
quitarle la vida a una persona, mas por razones ajenas a su
voluntad, sus acciones causaron la muerte de otra. No
podemos concluir que el recurrido falló su objetivo.
Mas bien, la evidencia nos muestra que el recurrido
acompañó a su padre Antonio Rodríguez González ambos CC-2009-314 8
armados hasta la cancha en la cual se encontraban Fernando
Rodríguez Muñiz y Héctor L. Mejías Sánchez. Luego de que
Fernando y Héctor se dirigieran hacia el recurrido y su
padre, y Fernando los invitara a hablar sobre hechos del día
anterior, Antonio Rodríguez González le disparó a Fernando.
Poco después, cuando Fernando y Héctor continuaron
acercándoseles, el recurrido realizó un segundo disparo que
alcanzó a Héctor mientras éste empujaba a Fernando.
Posteriormente, Héctor falleció.
La relación de hechos, sin dudas, evidencia la malicia
premeditada y la deliberación con la que actuó el recurrido.
Se personó al lugar armado y una vez se enfrentó al occiso y
su amigo, no dudó en asistir a su padre abriendo fuego contra
aquéllos. De manera que erró el Tribunal de Apelaciones al
modificar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia para
reducir la condena del recurrido a asesinato en segundo
grado. Consecuentemente, estimo correcto el dictamen que
ordena hoy el Tribunal al revocar al foro recurrido.
Empero, por las razones ya señaladas, considero que el
Tribunal debió limitarse a analizar si existía duda razonable
sobre el asesinato en primer grado y evitar enunciar
doctrinas innecesarias y responder interrogantes jurídicas
que no le fueron propiamente planteadas. Véanse, Misión
Industrial de Puerto Rico v. Junta de Planificación, 146
D.P.R. 64, 145 (1998); Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125
D.P.R. 340, 351 (1990); Murcelo v. H.I. Hettinger & Co., 92
D.P.R. 411, 426 (1965); Garaje Rubén, Inc. v. Tribunal
Superior, 101 D.P.R. 236, 242 (1973); Autoridad sobre Hogares CC-2009-314 9
v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950); Banco Territorial
y Agrícola v. Vidal, 42 D.P.R. 869, 872 (1931). Hacerlo
milita en contra de la justiciabilidad del pleito, pues se
prescinde de litigantes que promuevan sus posturas
vigorosamente ante el foro judicial. Véase, Noriega v.
Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 427 (1994).
En suma, el estudio confeccionado por el Tribunal
respecto a la figura del error sobre la persona como posible
eximente de responsabilidad criminal, no era necesario para
su fallo. Véanse, Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219, 253
(2001); Martínez v. Registrador, 54 D.P.R. 7 (1938); Ponce &
Guayama Railroad Co. v. Antonetti, 17 D.P.R. 352 (1911). Por
todo lo anterior, concurro con el resultado.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada