Myriam Vera Moraless v. Dr. Alfredo Bravo Colons

2004 TSPR 30

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: February 27, 2004
• Docket: CC-2002-0937
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Myriam Vera Morales, Benny García García y Yaritza García Vera Certiorari Demandantes-Peticionarios 2004 TSPR 30 v. 161 DPR ____ Dr. Alfredo Bravo Colón, et als

Demandados-Recurridos

Número del Caso: CC-2002-937

Fecha: 27 de febrero de 2004

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V

Juez Ponente: Hon. German J. Brau Ramírez

Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Juan Ramón Rivas Rivera

Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. José Héctor Vivas

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. CC-2002-937 2

Myriam Vera Morales, Benny García García y Yaritza García Vera

Demandantes Peticionarios Certiorari CC-2002-937 v.

Dr. Alfredo Bravo Colón, et als

Demandados Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.

San Juan, Puerto Rico, 27 de febrero de 2004.

¿El término prescriptivo para el ejercicio de

una acción de daños y perjuicios por impericia

médica debe computarse a partir de que el

perjudicado tiene conocimiento de toda la magnitud

y extensión de las consecuencias lesivas de sus

daños corporales, y de la identidad del médico que

los causó, por su conducta o actuación negligente?

¿Existe controversia real sustancial sobre hechos

materiales y esenciales en el caso de autos

relacionados con el asunto anterior que impide su

resolución mediante el mecanismo de sentencia

sumaria? Esos son los asuntos que nos presenta el

recurso ante nos. Se confirma la sentencia

recurrida. CC-2002-937 3

I

El señor Alfredo Bravo Colón es doctor en medicina y

para el mes de octubre de 1999, atendía pacientes en el

Hospital Dr. Pila de la ciudad de Ponce.

La parte demandante de autos, aquí peticionaria, alegó

ante el Tribunal de Primera Instancia que el 5 de octubre de

1999, la señora Miriam Vera Morales, residente de la ciudad

de Ponce, fue admitida en el Hospital Dr. Pila por orden del

doctor Bravo Colón para ser sometida a una intervención

quirúrgica para la extirpación de un quiste ubicado en su

ovario izquierdo. Durante ese mismo día, la señora Vera

Morales fue llevada a la sala de operaciones de dicha

institución donde se le practicó una laparotomía

exploratoria, oferoctomía derecha y ureterólisis derecha.

Estos procedimientos quirúrgicos incluyeron la extirpación

del ovario derecho de la paciente.

Tres días después de ser intervenida quirúrgicamente, la

señora Vera Morales comenzó a quejarse de dolor abdominal

generalizado, gases y estreñimientos. Tenía fiebre y padecía

de retención urinaria. Fue examinada por otros facultativos

médicos quienes encontraron que tenía efusiones pleurales

bilaterales, cantidad prominente de líquido libre alrededor

del hígado y en la cavidad pélvica, y una masa grande y de

densidad mixta que se proyectaba hacia la parte media y

superior de la pelvis hasta el abdomen, compatible con un

abceso grande. CC-2002-937 4

La señora Miriam Vera Morales fue intervenida nuevamente

el 10 de octubre de 1999, en la sala de operaciones del

Hospital Dr. Pila. Durante la intervención quirúrgica

realizada en esa fecha se constató que surgía una laceración

en su uréter derecho. Fue llevada a la unidad de cuidado

intensivo y se le conectó un respirador artificial. El 25

de octubre de 1999, fue dada de alta y enviada a su casa.

El 27 de noviembre de 1999, la señora Miriam Vera

Morales volvió a ser admitida al Hospital Dr. Pila bajo el

cuidado del doctor Héctor Cordero Jiménez. Se le diagnosticó

una laceración distal derecha del uréter y un “right

hidroneproma”. Esto es, la laceración de su uréter

provocaba extravasación de orina en la paciente. El 29 de

noviembre de 1999, la señora Vera Morales fue sometida a una

tercera intervención quirúrgica. En esa ocasión se le

practicó un procedimiento médico (Intravenus Venus

Pyelogram), mediante el cual se detectó hidronefrosis

derecha y excreción urinaria prolongada. Se le realizó un

pielograma derecho que demostró extravasación del uréter

distal. Se le removió una sonda que se le había dejado

durante la intervención quirúrgica del 10 de octubre de

1999, dirigida a la reparación de la laceración de su uréter

derecho y se le colocó en esa área un “double J”. Con esa

última intervención quirúrgica se logró liberar la

hidronefrosis y se evitó la extravasación de orina por

laceración de uréter. La paciente fue dada de alta el 4 de CC-2002-937 5

diciembre de 1999, todavía con el “double J” en el uréter,

el cual permaneció allí por espacio de seis meses.

El 30 de julio de 2001, un año y nueve meses después de

la primera intervención quirúrgica practicada por el doctor

Alfredo Bravo Colón, la señora Miriam Vera Morales y su

compañero consensual, señor Benny García García y la hija de

ambos, menor de edad, Yaritza García Vera, instaron ante el

Tribunal de Primera Instancia la demanda de autos, sobre

daños y perjuicios por impericia médica contra el doctor

Alfredo Bravo Colón y su esposa Fulana de Tal y la Sociedad

Legal de Gananciales compuesta entre ambos. Aseveró la

parte demandante, además, de los hechos antes desglosados,

que el doctor Bravo Colón había sido negligente al

practicarle la intervención quirúrgica, al aplicar un

tratamiento médico inadecuado al quiste de su ovario

izquierdo, al extirparle su ovario derecho y al lacerar su

uréter derecho. La señora Vera Morales alegó que la

negligencia del doctor Bravo Colón le había producido

grandes molestias y daños, por la extravasación de orina, lo

que le había requerido someterse a las intervenciones

quirúrgicas antes indicadas.

La parte demandada de autos contestó la demanda negando

las alegaciones y levantando varias defensas afirmativas.

Arguyó, que la causa de acción incoada en la demanda estaba

prescrita.

Luego de varios trámites la parte demandada presentó una

moción de sentencia sumaria ante el Tribunal de Primera CC-2002-937 6

Instancia. Arguyó, que la demanda fue presentada fuera del

término prescriptivo de un año dispuesto por el Artículo

1868 del Código Civil de Puerto Rico.1 Adujo, que la parte

demandante tenía conocimiento de sus daños por más de un año

antes de la presentación de la demanda y que conocía o debía

conocer que podía ejercitar una causa de acción, pues para

el 7 de diciembre de 1999 ya había contratado al abogado que

la representa en los procedimientos de autos. Se apoyó en

lo aseverado por la parte demandante en la demanda de autos.2

Desglosó una serie de hechos materiales, que alegadamente no

estaban en controversia.3

1 31 L.P.R.A. sec. 5298. 2 Acompañó con dicho documento una declaración jurada, suscrita y firmada por la demandante, señora Miriam Vera Morales, otorgada ante la Notario Público, licenciada Leida González Degró el 7 de diciembre de 1999 en Ponce, Puerto Rico, Affidávit número 3866; Apéndice IX, Volumen II, supra, págs. 20-26. 3 Los referidos hechos, según alegados, se relacionan a continuación: 1. El 5 de octubre de 1999 la demandante fue sometida a una laparotomía exploratoria, oferoctomía derecha y ureterolicis, (párrafo 3 de la Demanda). 2. Desde tres días luego de la operación de la demandante sintió dolor abdominal generalizado, gases, estreñimiento, fiebre y retención urinaria, (párrafo 4 de la Demanda).

3. El 10 de octubre de 1999 a la demandante se le diagnosticó y conocía que tenía una laceración en el uréter derecho, (véase párrafo 7 de la Demanda.)

4. El 27 de noviembre de 1999 el Dr. Héctor Cordero Jiménez diagnosticó a la demandante “right distal ureteral laceration y right hidroneproma.” (párrafo 10 de la Demanda.)

5. El 29 de noviembre de 1999 la demandante fue sometida a una intervención quirúrgica, en la cual “se evitó la extravación de orina por laceración del uréter derecho,” (párrafo 12 de la Demanda.) CC-2002-937 7

La parte demandante se opuso a dicha moción por escrito.

Arguyó, que no había tenido conocimiento de sus daños hasta

luego de haber contratado a un perito ginecólogo, doctor

Rafael Marcano, quien rindió un informe pericial el 18 de

mayo de 2001; quien opinó que el doctor Alfredo Bravo Colón

había incurrido en negligencia. Alegó, que el doctor Bravo

Colón nunca le manifestó a la señora Vera Morales que de

forma negligente le había lacerado el uréter derecho y mucho

menos que le operó el ovario derecho, máxime cuando el

documento que recoge su consentimiento para ser intervenida

quirúrgicamente hacía referencia que el ovario que iba a ser

sujeto de ese procedimiento era el izquierdo.4

_____________________ 6. El 7 de diciembre de 1999 la demandante había gestionado los servicios del Lcdo. Pablo Colón Santiago, autorizándole mediante declaración jurada a éste obtener copia fiel y exacta de los récord médicos de Myriam Vera Morales en el Hospital Dr. Pila, donde fue intervenida quirúrgicamente por el Dr. Alfredo Bravo Colón, (véase Declaración [sic] Jurada [sic] de Myriam Vera Morales #3866 [sic], suscrita ante la notario Leyda González Degró el 7 de diciembre de 1999.)(Exhibit 1)

7. La demandante conocía que fue lacerado el uréter derecho durante la intervención quirúrgica del demandante ya para el 27 de noviembre de 1999, (véase párrafo 10 de la Demanda.)

8. Aún más, ya para el 7 de diciembre de 1999 había gestionado los servicios de representación legal para a todas luces instar una reclamación contra la parte aquí compareciente, (Exhibit 1.)

9. Los hechos alegados ocurrieron el 5 de octubre de 1999 y la Demanda fue radicada el 31 de julio de 2001.

4 Dicho escrito fue juramentado por la señora Miriam Vera Morales, ante la Secretaria Auxiliar del Tribunal de Primera Instancia el 7 de febrero de 2002 en Ponce, Puerto Rico; Apéndice X, Volumen II, supra, págs.27-33. CC-2002-937 8

El 8 de febrero de 2002, el Tribunal de Primera

Instancia emitió resolución declarando no ha lugar la moción

de sentencia sumaria presentada por la parte demandada,

notificada a las partes el 28 de febrero de 2002. Concluyó

que la parte demandada no había establecido con claridad ser

acreedora a que se dictara sentencia sumaria a su favor.

Expresó al fundamentar su decisión, lo siguiente:

Como bien indica la parte demandante, la sospecha de que algo anda mal no representa conocimiento necesario; añadimos nosotros que ante la naturaleza de prueba que requiere este tipo de reclamación, no podemos establecer con exactitud desde cuando comienza a correr el término, pues la naturaleza de una reclamación por mala práctica profesional de la medicina -en contraste con otras- resulta más compleja.

De la faz de las alegaciones surge que no podemos determinar con exactitud desde cuándo nació la acción, pues la titular del derecho –la aquí demandante- tenía que realizar una serie de gestiones no tan solo para ejercitar su acción- o sea, presentar la misma ante los Tribunales, sino saber a quien o quienes dirigir su demanda y establecer alegaciones suficientes en la demanda para dar noticia al demandado o demandados del daño por el cual se reclama, pues de lo contrario, de inicio, su acción, sería derrotada Colón Prieto v. Geigel, 115 D.P.R. 232, 246-247 (1984).

Insatisfecha la parte demandada con la resolución

emitida por el Tribunal de Primera Instancia presentó el 11

de marzo de 2002, recurso de certiorari ante el entonces

Tribunal Circuito de Apelaciones. Arguyó, que no existía

impedimento alguno para que se acogiera afirmativamente su

solicitud de sentencia sumaria, pues la demandante de autos

debió haber conocido de sus daños y del autor de los mismos

desde diciembre de 1999. CC-2002-937 9

La parte demandante presentó ante el foro intermedio

apelativo escrito de oposición al recurso de certiorari el 24

de mayo de 2002. Arguyó, que solicitó y obtuvo asesoramiento

legal a los fines de indagar si sus sospechas de que “algo

andaba mal” suponían la intervención de algún acto culposo u

omisión negligente con respecto a los procedimientos médicos

a los que estuvo sometida la señora Vera Morales, y quién era

responsable. Adujo, que no fue hasta que finalmente recibió

el informe pericial del doctor Rafael Marcano que tuvo

conocimiento de sus daños y del autor de los mismos.

El tribunal intermedio apelativo expidió el auto de

certiorari solicitado y emitió sentencia el 31 de octubre de

2002, revocando la resolución recurrida, dictada por el

Tribunal de Primera Instancia y desestimó la demanda de autos

por prescripción, archivada en autos copia de su notificación

a las partes el 7 de noviembre de 2002. Dicho Tribunal

expresó al fundamentar su determinación lo siguiente:

En la situación de autos, según hemos visto, la recurrida fue operada por el peticionario el 5 de octubre de 1999, cuando se le causaron las lesiones alegadas en la demanda, consistentes en la remoción de su ovario derecho y la laceración de su uréter.

Estas lesiones fueron detectadas y tratadas mediante intervenciones llevadas a cabo el 10 octubre y el 29 de noviembre de 1999. La recurrida fue dada de alta el 4 de diciembre de 1999. Para esa fecha, la recurrida conocía de su daño, el cual había sido diagnosticado durante sus intervenciones posteriores, y sabía que el peticionario era quien le había operado inicialmente.

Tres días después de ser dada de alta, el 7 de diciembre de 1999, la peticionaria ya había acudido a su abogado y había solicitado copia CC-2002-937 10

de sus récords médicos, presumiblemente, con el propósito de investigar si el peticionario había incurrido en negligencia.

No existe controversia real sustancial, sin embargo, en torno al hecho de que la reclamación de la recurrida contra la parte peticionaria no fue presentada hasta el 31 de julio de 2001, muchos meses después de la expiración del término prescriptivo establecido por el citado art. 1868 del Código Civil para el ejercicio de tal reclamación, 31 L.P.R.A. sec. 5298. La demanda presentada por la recurrida no contenía alegación alguna para excusar su dilación, a pesar de que correspondía a dicha parte el peso para justificar la misma.

En su comparecencia, la parte recurrida ha sugerido que no estaba en posición de presentar su demanda dentro del período prescriptivo porque, tratándose de una materia técnica médica, no podía saber si contaba con una causa de acción, sino hasta consultar un perito. La recurrida señala que consultó al Dr. Rafael Marcano y que éste no emitió su opinión hasta el 18 de mayo de 2001.

Lo cierto es que, según hemos visto, el conocimiento de las normas jurídicas se presume. Una vez tuvo conocimiento de que había sufrido un daño durante la operación realizada por el peticionario, la recurrida tenía la obligación de, dentro del período prescriptivo dispuesto por ley, llevar a cabo la investigación necesaria para determinar si contaba con una causa de acción y consultar cualquier perito necesario para lo anterior. Padín Espinosa v. Compañía de Fomento Industrial, 2000 J.T.S. a la pág. 759; Vega v. J. Pérez & Cía., Inc., 135 D.P.R. a la pág. 755; López v. Autoridad de Carreteras, 133 D.P.R. 243, 256(1993); Herminio Brau del Toro, supra, a la pág. 440; véase, además, Id.; Vol. II, a la pág. 639; Ricardo De Angel Yagüez, La Responsabilidad Civil, Univ. De Deusto, Bilbao 1988, a la pág. 340; Luis Diez Picazo, La Prescripción en el Código Civil, Bosch, Barcelona, 1964, pág. 240.

La suficiencia de las gestiones llevadas a cabo por la recurrida para este trámite se evalua a la luz del estándar objetivo de la persona prudente y razonable y/o el buen padre CC-2002-937 11

de familia. H. Brau del Toro, supra, a la pág. 440.

Es significativo que, de los documentos sometidos por la recurrida ante este Tribunal, se desprende que dicha parte no envió copia de los récords médicos obtenidos del hospital sino hasta el 27 de agosto de 2000, muchos meses después que se hubieran solicitado los mismos. Los primeros honorarios del perito no fueron satisfechos sino hasta el 5 de octubre de 2000, casi diez(10) meses después de que la recurrida hubiera contratado a su abogado. El pago final al perito por su informe se hizo el 4 de junio de 2001.

La recurrida no ha ofrecido explicación alguna para esta dilación. En estas circunstancias, opinamos que su reclamación debe ser desestimada.

La recurrida plantea que era necesario que ella conociera los detalles médicos de su reclamación, antes de poder determinar que estaba asistida de algún derecho. Sugiere que existe una controversia real sustancial entre las partes sobre cuándo tuvo conocimiento sobre este particular, por lo que su reclamación no debe ser desestimada sumariamente.

Inconforme la parte demandante de autos con lo actuado

por el entonces Tribunal Circuito de Apelaciones presentó el

6 de diciembre de 2002, recurso de certiorari ante este

Tribunal.

Señaló como error cometido por el foro intermedio apelativo,

lo siguiente:

Erró el Honorable [sic] Tribunal de Circuito de Apelaciones al expedir el auto solicitado de Certiorari radicada [sic] por la parte demandada y revocando [sic] la resolución emitida por el Honorable [sic] Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce y de esta forma desestimando la presente causa de acción sumariamente por entender que el caso esta prescrito. CC-2002-937 12

El 21 de febrero de 2003, expedimos el auto de

certiorari solicitado.

En su alegato la parte peticionaria arguye que el doctor

Alfredo Bravo Colón deliberadamente le ocultó a la señora

Miriam Vera Morales su verdadera condición clínica y las

razones reales de su sintomatología. Ésta última expresa que

desconocía que andaba mal y mucho menos de que tenía algún

daño, ni contra quién reclamar. Adquirió tal conocimiento

cuando recibió el informe pericial del doctor Rafael Marcano.

Aduce, que la conducta evasiva del doctor Bravo Colón,

conjuntamente con el hecho de haber sido intervenida

quirúrgicamente en tres (3) ocasiones por tres galenos

distintos, le impidió advenir al conocimiento de que

efectivamente había sufrido un daño y quién era el

responsable del mismo. Expresa, que las meras sospechas o

síntomas, de por sí, no constituyen el conocimiento requerido

en la ley para activar el término prescriptivo, máxime cuando

el doctor, que la atendía desde antes de la primera

intervención quirúrgica, le había hecho creer que los

síntomas post operatorios que ella observaba eran normales.

En su alegato la parte recurrida sostiene que la

sentencia recurrida emitida por el entonces Tribunal de

Circuito de Apelaciones está fundamentada en la declaración

jurada suscrita por la señora Vera Morales el 7 de diciembre

de 1999, en la que autorizó a su abogado, licenciado Pablo

Colón Santiago, a obtener copia del récord médico de la

oficina del doctor Bravo Colón. Alega que la sentencia CC-2002-937 13

recurrida, esta fundamentada en las alegaciones de la demanda

las que no han sido enmendadas por los peticionarios.

Puntualiza, que acoger la posición de la parte peticionaria

resultaría en dejar sin efecto la figura de la prescripción

en casos de impericia médico-hospitalaria. Expresa, que al

permitirle a una parte que se tarde año y medio en someter a

su perito el récord médico para su evaluación constituye

falta de diligencia y abandono de su causa de acción.

La parte recurrida sostiene, además, que la señora Vera

Morales conocía para el 27 de noviembre de 1999, que su

uréter derecho fue lacerado durante la primera intervención

quirúrgica realizada por el doctor Bravo Colón. Arguye, que

el 29 de noviembre de 1999, el doctor Cordero Jiménez sometió

a la señora Vera Morales a un procedimiento quirúrgico

dirigido a la reparación de la laceración alegadamente

sufrida durante la intervención quirúrgica del doctor Bravo

Colón, practicada el 5 de octubre de 1999. Sostiene, que

resultaría insólito que durante esa hospitalización no se

discutiera por la señora Vera Morales y el doctor Cordero

Jiménez, la existencia de la referida laceración y su origen. CC-2002-937 14

II

TEORIA COGNOSCITIVA DEL DAÑO

Por la prescripción se extinguen los derechos y las

acciones de cualquier clase que sean.5 La prescripción es

materia sustantiva y no procesal. Se rige por los principios

del derecho civil. Su fundamento descansa en la necesidad de

poner fin a la inseguridad jurídica y a otros efectos

adversos que surgen cuando se postergan o dejan pendientes

posibles acciones judiciales. Tiene como elementos el factor

tiempo, el concurso de un cierto plazo, y tiene como

finalidad la certidumbre y firmeza de la vida jurídica. Su

propósito es castigar la inercia en el ejercicio de los

derechos, asegurar el señorío de las cosas, y evitar litigios

difíciles de adjudicar por la antigüedad de las

reclamaciones.6

Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo

fijado por la ley.7 El tiempo para la prescripción de toda

clase de acciones, se contará desde el día en que pudieron

ejercitarse, cuando no existe otro estatuto de naturaleza

especial, que otra cosa disponga.8 La acción para exigir la

responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la

culpa o negligencia que dispone el Artículo 1802 del Código

5 Artículo 1830 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5241. 6 De León v. Caparra Center,147 D.P.R. 797 (1999); Vega v. J. Pérez & Cía, Inc., 135 D.P.R. 746 (1994). 7 Artículo 1861 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5291. CC-2002-937 15

Civil de Puerto Rico,9 prescriben por el transcurso de un año

desde que lo supo el agraviado.10

El plazo prescriptivo de un (1) año para el ejercicio de

las acciones de daños y perjuicios por actos u omisiones de

naturaleza culposa o negligente, comienza a correr desde el

momento en que el perjudicado conoce que ha sufrido un

daño.11

Para ejercer la acción de daños y perjuicios por

impericia médica no basta tener conocimiento del daño sino

que resulta imprescindible el conocer quién es el autor del

mismo para dirigir la demanda contra él. Para que comience a

transcurrir efectivamente el plazo prescriptivo extintivo de

un (1) año para la presentación de la acción de daños y

perjuicios por impericia médica, el actor debe conocer el

daño que ha sufrido y el autor del mismo.12

La razón cognoscitiva del daño, en cuanto al momento

relevante que demarca el comienzo del término prescriptivo de

un (1) año para la presentación de una acción de daños y

_____________________ 8 Artículo 1869 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A., sec. 5299. 9 31 L.P.R.A., sec. 5141. 10 Artículo 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A., sec. 5298. Dicha disposición estatutaria lee como sigue: “Prescriben por el transcurso de un (1) año: (1) La acción para recobrar o retener la posesión. (2) La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en la sec. 5141 de este título desde que lo supo el agraviado.” 11 Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 D.P.R. 315, 324 (1994). 12 Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762, 775(1987). CC-2002-937 16

perjuicios por impericia médica, ha sido objeto de profundas

diferencias entre los comentaristas. Al obedecer el comienzo

del computo del referido plazo prescriptivo a un criterio

subjetivo las consideraciones sobre los datos relevantes para

la interpretación de este estatuto son profundamente

complejas.

Nos comenta el profesor Fernando Reglero Campos, que en

cuanto a las acciones de responsabilidad civil

extracontractual aplica la regla adoptada por el Código Civil

Español en su artículo 1.968, segundo párrafo (Artículo 1868

del Código Civil nuestro, supra), a los efectos que el plazo

de prescripción comienza a transcurrir “desde que lo supo el

agraviado”. El dato a tener en cuenta para el inicio del

cómputo del plazo de prescripción contenido en el segundo

párrafo del artículo 1.968, supra, obedece a un criterio

subjetivo.13

Expresa, el profesor Reglero Campos que la regla

establecida en el segundo párrafo del artículo 1.968, supra,

deja paso a la norma general del artículo 1.969 del Código

Civil Español (Artículo 1869 del Código Civil nuestro,

supra), en aquellos casos en que habiendo tenido el

perjudicado conocimiento del daño, no es posible todavía el

ejercicio de la acción, por concurrir algún obstáculo que lo

impida. Es decir, que una cosa es que el agraviado conozca

el daño y otra que pueda ejercitar la acción. En tal caso,

13 M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1994, T. XXV, Vol. 2, pág. 436. CC-2002-937 17

será a partir de este segundo momento cuando comenzará a

correr el cómputo del plazo prescriptivo.14 Si se ha sufrido

un daño infringido por una persona cuya identidad el

perjudicado desconoce, la acción del perjudicado es imposible

pues no puede identificar la persona pasivamente legitimada.

Por tanto, no se trata tan sólo de una cuestión de

conocimiento del daño, sino, obviamente, también del dañante.

Puntualiza, que el plazo prescriptivo no comienza hasta tanto

no se conozca la identidad del dañante o hasta que,

utilizando una mínima diligencia, pueda conocerse.15

Comenta, el profesor Reglero Campos que en aquellos

casos en que la actividad dañosa sea única, esto es, se

verifique en un espacio temporal instantáneo, y el daño

ocasionado pueda ser fácilmente evaluable en el momento en

que se produce, debe concluirse que el plazo de prescripción

comienza a computarse desde el momento en que se conoce la

causación del daño y, la persona del dañante. Esto ocurre en

los casos en que la actividad dañosa es instantánea y los

daños ocasionados son de carácter material. No así, en caso

de lesiones. En la mayor parte de estos no es posible una

evaluación o cuantificación del daño a priori.16

Expresa, el profesor Reglero Campos, que para que

comience el cómputo del plazo de prescripción de la acción

reparatoria, el perjudicado debe tener conocimiento de la

causación del daño y de la persona del dañante, sin

14 Íd., pág 437. 15 Íd., págs. 438-439. CC-2002-937 18

necesidad, en principio, de que conozca de modo definitivo el

alcance de los daños. No obstante, en caso de lesiones

corporales existen casos que esto no es suficiente, pues no

es posible, en la mayoría de las ocasiones, determinar el

alcance exacto de los mismos al momento en que se verifica el

suceso dañoso. Sobre este último tema, puntualiza lo

siguiente:

...es bien conocida la doctrina jurisprudencial, absolutamente unánime en la actualidad, según la cual, en caso de lesiones, la fijación del dies a quo del plazo prescriptivo señalado por el artículo 1.968, 2°., del Código civil (sic), hay que atender al momento en que se conozcan de modo definitivo los efectos del quebranto corporal padecido. Generalmente, dicho momento es referido al alta médica, pues sólo entonces -se dice- se halla el interesado en condiciones de ejercitar la acción valorando el alcance efectivo y total del daño y de conocer con exactitud el importe de la indemnización, ya que con anterioridad se desconoce la trascendencia de la vulnerabilidad del derecho subjetivo propio por la realización de la conducta del tercero.

Añade, el profesor Reglero Campos, que:

...la más reciente jurisprudencia no se detiene en la referencia al alta médica, sino que en muchas ocasiones alude al conocimiento definitivo de las consecuencias lesivas, incluso de las secuelas síquicas, de modo que en ocasiones el dato del alta médica deviene irrelevante.

Señala, que esa línea jurisprudencial ha adquirido

especial relieve en los últimos años, en los que se ha

suavizado aún más el rigor prescriptivo que supone el

criterio de alta médica, declarando que el inicio del plazo

de prescripción no ha de referirse en todo caso a dicho

_____________________

16 Íd., págs. 441-442. CC-2002-937 19

momento, sino que cuando quedan secuelas, el cómputo empieza

a contarse desde la sanidad total del lesionado o desde la

determinación del alcance invalidante de tales secuelas, pues

hasta que no se sepa ese alcance no puede reclamarse a base

de ellas.17

El profesor Herminio M. Brau del Toro comenta en cuanto

al momento en que se tiene conocimiento de que se ha sufrido

un daño, que por necesidad deberán existir algunas

manifestaciones exteriores o físicas que lleven al

perjudicado a reconocerlas y darse cuenta que ha sufrido una

consecuencia lesiva, aunque en ese momento no pueda valorizar

toda la magnitud y extensión de los daños. No es necesario

que se conozca su magnitud y extensión para que pueda

imputarse que tiene conocimiento de la consecuencia dañosa,

ya que tal extremo puede ser establecido en un momento

posterior durante el proceso jurídico para su reparación.18

Señala el profesor Brau del Toro sobre el alcance de la

teoría cognoscitiva del daño, lo siguiente:

Origina complicaciones adicionales el concepto que impone obligación al perjudicado de emplear una razonable diligencia para enterarse de la consecuencia lesiva, esto es, del daño. Aunque el Art. 1868 del Código Civil se limita a preceptuar que las acciones de daño causadas por culpa o negligencia prescriben al año “desde que lo supo el agraviado”, sin contener referencia alguna a la cláusula del conocimiento imputado, de “o cuando debió saberlo con la debida diligencia”, consideramos que es justo presumir que la cláusula del Art. 1868 referente a “cuando

17 Íd., pág. 445. 18 H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da. ed., San Juan, Puerto Rico, Publicaciones J.T.S., Inc., 1986, Vol. I, págs. 440 y 441. CC-2002-937 20

lo supo el agraviado”, implícitamente debe incluir la de “o cuando debió saberlo con la debida diligencia”. Así lo reconoce la doctrina. Sobre ello De Angel Yagüez nos dice lo siguiente:

La eventual alegación de desconocimiento del daño deberá juzgarse, a nuestro entender, a la luz del criterio de la excusabilidad o inexcusabilidad de la ignorancia, según es habitual en Derecho”. Véase R. de Angel Yagüez, Lecciones sobre Responsabilidad Civil, Univ. De Deusto, Bilbao, 1978, p. 138.

En el mismo sentido escribe Díez Picazo:

En términos generales parece que debe presumirse un conocimiento instantáneo por el perjudicado respecto del daño que se le haya ocasionado y que, incluso, un retraso negligente en llegar a poseer este conocimiento no debe ser tenido en cuenta. De aquí que parezca que la carga de la prueba de la determinación de este momento del conocimiento del daño debe atribuirse al demandante cuanto éste afirme haber alcanzado este conocimiento con posterioridad al daño mismo.”. L. Díez Picazo, La prescripción en el Código Civil, Ed. Bosch, Barcelona, 1964, p. 240.

La norma de conocimiento imputado tiene marcados matices objetivos. No obstante, en tal caso el perjudicado debe probar que un hombre prudente y razonable, por razón de las circunstancias particulares del caso, no habría podido descubrir la consecuencia lesiva hasta el momento en que él la conoció. Opinamos que dicha norma tiene el efecto de ratificar que el perjudicado tiene la carga de la prueba en cuanto a cuándo fue que tuvo conocimiento de la consecuencia lesiva, o en su caso, de cuándo debió obtenerlo.19

Añade, el profesor Brau del Toro que la diligencia es

función de la previsibilidad de las consecuencias dañosas

producidas por una acción u omisión culposa o negligente. CC-2002-937 21

Depende de la capacidad de preveer que se puede esperar de un

hombre razonable y prudente, ante determinadas circunstancias

particulares. Si de los hechos en cuestión surge la

existencia de un daño, o de condiciones que puedan redundar

en un perjuicio, o en la agravación de algún daño o perjuicio

ya reconocido, atendidos el conocimiento, la capacidad de

reconocer, juzgar y ponderar atribuibles al hombre prudente y

razonable, entonces el perjudicado deberá efectuar todas las

medidas cautelares que el hombre razonable y prudente

ejercería para conocer el alcance del daño por él sufrido.20

En Vega v. Pérez & Cía, Inc., supra, expresamos lo

En Colón Prieto v. Géigel, supra, resolvimos además que el verdadero punto de partida para el inicio del término prescriptivo de una acción de daños y perjuicios es la fecha en que el agraviado supo del daño y pudo ejercitar su acción. Al así resolver, aceptamos que el conocimiento que tenga el titular sobre si ha nacido ya la acción que tiene derecho a ejercer es un factor determinante al evaluar si está prescrita o no dicha acción. Por eso también hemos resuelto que un estatuto de prescripción que tenga el efecto de exigirle a los demandantes instar su acción antes de que tengan conocimiento de que tal causa acción existe, viola el debido proceso de ley. Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676(1986). No cabe duda de que hemos acogido ya en Puerto Rico la tendencia liberal en la doctrina civilista en lo relativo a la prescripción de las acciones de daños y perjuicios. Conforme a esa tendencia, por consideraciones de justicia, se estima que el término para ejercer acciones corre a partir, no desde que sufre el daño reparable, sino desde que se conocen los otros elementos necesarios para poder ejercer la acción. Como bien señalan los eminentes comentaristas Barrel Macía [A. Borrell _____________________ 19 Íd., pág. 440. 20 Íd., pág. 440. CC-2002-937 22

Macía] y Santos Briz en sus respectivas obras sobre el derecho de daños, “para que la justicia quede a salvo en todo caso, con que el agraviado haya sabido de la obligación de reparar daños, se ha de requerir, además, que haya podido ejercitar la acción”. J. Santos Briz, Derecho de Daños, Madrid 1963, pág. 293. Y, claro está, no puede ejercitarse una acción si de buena fe el titular desconoce que tiene derecho a ejercitarla. A tono con esta elevada concepción están nuestros pronunciamientos no sólo en Colón Prieto v. Géigel, supra, y en Alicea v. Córdova, supra, sino también en Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762(1987), y en Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 D.P.R. 249(1992), donde también reiteramos que una acción de daños no nace mientras el perjudicado no tenga conocimiento de su derecho a esa acción. Claro está, si el desconocimiento que impide ejercer la acción se debe a la falta de diligencia del reclamante, entonces no son aplicables las aludidas consideraciones que la doctrina liberal civilista a sobre impuesto a la normativa general sobre la prescripción. López v. Autoridad de Carreteras, 133 D.P.R. 243(1993); J. M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, págs. 1224-1225. (Énfasis nuestro).

Hemos pautado una trayectoria flexible en cuanto al

cómputo del término prescriptivo de un (1) año dispuesto en

el artículo 1868, supra. Para determinar cuándo comienza a

decursar el referido plazo hemos precisado que el momento que

se toma como verdadero punto de partida en una acción de

daños lo es la fecha en que el perjudicado conoció del daño,

quién fue el autor del mismo, y, además, desde que éste

conoce los elementos necesarios para poder ejercitar

efectivamente su causa de acción. La prescripción no es una

figura rígida sino que la misma admite ajustes judiciales, CC-2002-937 23

según sea requerido por las circunstancias particulares de

los casos y la noción sobre lo que es justo.21

En Margarita Montañéz, et als v. Hospital Metropolitano,

et als, resuelto el 24 de mayo de 2002, interpretamos

nuevamente el término prescriptivo de un (1) año, a tenor con

lo dispuesto en el artículo 1868 del Código Civil, supra.

Allí puntualizamos que el referido término para ejercer la

causa de acción de daños y perjuicios por impericia médica

comienza a transcurrir, no cuando se sufre el daño, sino

cuando se conocen todos los elementos necesarios para poder

ejercitar la acción. Esto es, el daño y la identidad de

quien lo causó. No obstante, si el desconocimiento que

impide ejercer la acción se debe a la falta de diligencia del

reclamante, entonces no son aplicables estas consideraciones

liberales sobre la prescripción.22

En Tenorio, et als v. Hosp. Dr. Pila, resuelto el 30 de

junio de 2003, nos reiteramos nuevamente en la importancia de

la etapa cognoscitiva del daño, indicando que es necesario

distinguir entre el momento en que ocurre la consecuencia

lesiva y aquel en que el perjudicado la reconozca, ya que la

diferencia conlleva efectos jurídicos distintos de vital

importancia, como lo es el momento cuando empieza a decursar

21 Santiago v. Ríos Alonso, res. el 7 de febrero de 2002, 2002 T.S.P.R. 15, 156 D.P.R.____(2002), 2002 J.T.S. 21. 22 2002 T.S.P.R. 70, 157 D.P.R.____(2002), 2002 J.T.S. 80. Allí reiteramos lo resuelto en Padín v. Cía. Fom. Ind., res. el 25 de febrero de 2000, 2000 T.S.P.R. 32, 150 D.P.R.____(2000), 2000 J.T.S. 44. CC-2002-937 24

el plazo hábil durante el cual el perjudicado puede iniciar

su causa de acción reclamando los daños sufridos.23

En esta ocasión nos volvemos a reiterar en que el plazo

de prescripción aquí aludido comienza a computarse desde el

momento en que se conoce la causación del daño, la persona

pasivamente legitimada y los elementos necesarios para

ejercitar efectivamente su causa de acción. No obstante,

resulta imprescindible aclarar cuál es la diferencia cuando

la actividad dañosa es instantánea y los daños ocasionados

son de carácter material, de aquellas otras situaciones donde

los perjuicios son lesiones corporales y no es posible la

evaluación o cuantificación de ese tipo de daños y sus

consecuencias en forma a priori. No compartimos la óptica

de distinguir, a manera de excepción, del principio general

reconocido por el profesor Reglero Campos, a los efectos que

el perjudicado debe tener conocimiento de la causación del

daño y de la persona dañante, sin necesidad de que conozca de

modo definitivo el alcance y la totalidad de los daños, la

razón cognoscitiva del daño material producido por un acto

dañoso instantáneo, de aquel que produce lesiones corporales

y que no es posible la evaluación a priori de la magnitud y

extensión de sus consecuencias lesivas al momento de

reconocerse tal perjuicio por la persona afectada, y de

identificarse al causante del mismo. Veamos.

Una vez conocido por el perjudicado el daño constitutivo

de una lesión corporal por la presencia de manifestaciones e

23 2003 T.S.P.R. 112, 159 D.P.R.____(2003), 2003 J.T.S. 113. CC-2002-937 25

indicios exteriores o físicos, y darse cuenta, o cuando

razonablemente debió haber reconocido el sufrimiento del

referido daño, e identificado el causante del mismo el plazo

prescriptivo de un (1) año ha comenzado a decursar, aunque en

ese momento no se pueda valorar a priori toda su magnitud y

extensión. No es necesario que el perjudicado conozca en ese

momento toda la magnitud y extensión de las consecuencias

lesivas de las lesiones corporales ya que tal extremo puede

ser establecido en un momento posterior durante el proceso

jurídico para su reparación.

Los tribunales tienen el deber de determinar, atendidas

las circunstancias particulares de cada caso, si el

perjudicado ejerció la diligencia de un hombre razonable y

prudente, de tener ante sí suficientes manifestaciones e

indicios exteriores del sufrimiento de un perjuicio

potencial, para identificar lo más prontamente que fuese

posible la existencia de un daño, para efectos del comienzo

del transcurso del plazo prescriptivo de un (1) año dispuesto

en el artículo 1868 del Código Civil, supra, para incoar su

acción. Los tribunales deberán determinar, considerando

tales indicios y manifestaciones, bajo el estándar de un

hombre razonable y prudente, si el perjudicado debió

reconocer que se le había infringido un daño. Se hace

necesario evaluar si la suficiencia de esos indicios y

manifestaciones razonablemente podían llevarlo a concluir que

efectivamente se había producido tal daño, aún cuando en ese

momento no pudiera conocer con certeza sobre la totalidad de CC-2002-937 26

su magnitud y extensión. Dada la subjetividad de la

disyuntiva, el juzgador de hechos deberá preguntarse, cuando

no hay controversia sobre la ocurrencia del acto u omisión

culposo o negligente y de la relación causal requerida, si la

prueba que está ante su consideración, en cuanto a la alegada

razón cognoscitiva del daño de parte del perjudicado, sería

suficiente para éste apoyar prima facie como demandante una

reclamación de indemnización por este daño y, además, si esa

prueba es persuasiva a los efectos de reconocer la existencia

del mismo y por ende, conceder el resarcimiento reclamado.

Si la prueba no es suficiente para lo uno, tampoco debe serlo

para lo otro. Si no se puede determinar a base de lo alegado

y de la prueba presentada para sostenerlo que sufrió un daño

para los efectos de conceder indemnización, tampoco puede

concluirse que el perjudicado tuvo conocimiento de algo

inexistente. Sería antijurídico e injusto exigir un quantum

de prueba que resulte insuficiente sobre la existencia de un

daño para conceder indemnización al perjudicado y que, a su

vez, resulte suficiente para determinar que su acción está

prescrita porque éste tuvo conocimiento de algo que no existe

para efectos de la adjudicación en sus méritos de lo

reclamado.24

24 H. Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, Vol. I, supra, pág. 441. CC-2002-937 27

III

SENTENCIA SUMARIA

La Regla 36 de Procedimiento Civil preceptúa lo referente

a la sentencia sumaria.25 El propósito principal de la moción

de sentencia sumaria es propiciar la solución justa, rápida y

económica de litigios civiles26 que no presentan controversias

genuinas de hechos materiales, por lo tanto no ameritan la

celebración de un juicio en su fondo, ya que lo único que

resta es dirimir una controversia de derecho.27 Utilizada de

forma apropiada, la sentencia sumaria contribuye a

descongestionar los calendarios judiciales.28

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil29 permite a un

demandado presentar una moción, basada o no en declaraciones

juradas, para que se dicte sentencia sumariamente a su favor

sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación.30

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil31 dispone lo

La moción se notificará a la parte contraria con no menos de diez (10) días de anticipación a la fecha señalada para la vista. Con anterioridad al 25 32 L.P.R.A. Ap. III, R.36. 26 Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. 27 Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860 (1995); Revlon v. Las Américas Trust Co., 135 D.P.R. 363 (1994); Rodríguez v. Srio. de Hacienda, 135 D.P.R 219(1994); Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 613 (1990); Aseg. Lloyd´s London v. Cía. Des. Comercial, 126 D.P.R. 251 (1990); Tello, Rivera v. Eastern Airlines, 119 D.P.R. 83 (1987). 28 Méndez Arocho v. El Vocero de P.R., 130 D.P.R. 867(1992). 29 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 36.2. 30 Soto v. Hotel Caribe Hilton, 139 D.P.R. 294(1994). 31 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 36.3. CC-2002-937 28

día de la vista, la parte contraria podra [sic] notificar contradeclaraciones juradas. La sentencia solicitada se dictará inmediatamente si las alegaciones, disposiciones [deposiciones], contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hubiere, demostraren que no hay controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y que como cuestión de derecho debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Podrá dictarse sentencia sumaria de naturaleza interlocutoria resolviendo cualquier controversia entre cualesquiera partes que sea separable de las controversias restantes. Dicha sentencia podrá dictarse a favor o en contra de cualquier parte en el pleito.

La parte que solicita la sentencia sumaria en un pleito

tiene la obligación de demostrar la inexistencia de una

controversia real sobre todo hecho material y esencial, que a

la luz del derecho sustantivo determinaría que se dicte

sentencia su favor.32 Cuando existe controversia real en

relación con hechos materiales y esenciales no debe dictarse

sentencia sumaria y cualquier duda debe resolverse en contra

de la parte promovente.33

Para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte

promovida opositora deberá presentar declaraciones juradas y

documentos que pongan en controversia los hechos materiales y

esenciales presentados por el promovente. No obstante, el

sólo hecho de no presentar evidencia que controvierta la

presentada por la parte promovente, no implica que

32 Hurtado v. Osuna, 138 D.P.R. 801 (1995); Tello Rivera v. Eastern Airlines, supra. 33 Bonilla Medina v. P.N.P., 140 D.P.R. 294 (1996); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272 (1990). CC-2002-937 29

necesariamente proceda la sentencia sumaria.34 Los jueces no

están constreñidos por los hechos o documentos evidenciarios

que se aduzcan en la solicitud de sentencia sumaria. Deben

considerar todos los documentos en autos, sean o no parte de

la solicitud, de los cuales surjan admisiones hechas por las

partes.35

El procedimiento de sentencia sumaria no permite que el

tribunal dirima cuestiones de credibilidad.36

En términos generales, al dictar sentencia sumaria el

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan

la solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos

con la moción en oposición, así como aquéllos que obren en el

expediente del tribunal; (2) determinar si el oponente de la

moción controvirtió algún hecho material y esencial o si hay

alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o

refutadas en forma alguna por los documentos. Analizados

estos criterios, el tribunal no dictará sentencia sumaria

cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda

que no han sido refutadas; (3) surge de los propios

documentos que se acompañan con la moción una controversia

34 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co. 136 D.P.R. 881 (1994); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al. 132 D.P.R. 115 (1992). 35 Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, supra. 36 Luan Invest. v. Rexach Const. Co. res. el 8 de diciembre de 2000, 2000 T.S.P.R. 182, 152 D.P.R.___(2000), 2000 J.T.S. 196; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra. CC-2002-937 30

real sobre algún hecho material y esencial; o (4) como

cuestión de derecho no procede.37

Aunque el tribunal dictará sentencia sumaria a su

discreción, como regla general, no es aconsejable resolver

sumariamente casos complejos o que envuelvan cuestiones de

interés público.38

Por tratarse de un remedio discrecional, el uso del

mecanismo de sentencia sumaria tiene que ser mesurado y

procederá sólo cuando el tribunal quede claramente convencido

de que tiene ante sí documentos no controvertidos, surgiendo

de los mismos que no existen controversias sobre hechos

materiales y esenciales y que, por lo tanto, lo que resta es

aplicar el derecho, ya que una vista en los méritos

resultaría innecesaria.39

Una parte tiene derecho a un juicio plenario cuando

existe la más leve o mínima duda en cuanto a cuáles son los

hechos materiales y esenciales. Toda duda en cuanto a la

existencia de una controversia real sobre los mismos debe

resolverse en contra de la parte que solicita la sentencia

sumaria.40 El propósito de utilizar un criterio tan estricto

37 Ibid. 38 Ibid. 39 Jusino et als. v. Walgreens, res. el 1 de noviembre de 2001, 2001 T.S.P.R. 150, 155 D.P.R.___(2001), 2001 J.T.S. 154; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986); Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386, 397 (1963). 40 Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940 (1972). CC-2002-937 31

para evaluar una moción de sentencia sumaria es que no se

ponga en peligro o se lesionen los intereses de las partes.41

El tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que

el Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede una

sentencia sumaria.42

Sin embargo, al revisar la determinación de primera

instancia, el tribunal de apelación está limitado de dos

maneras: primero, sólo puede considerar los documentos que se

presentaron ante el foro de primera instancia. Las partes no

pueden añadir en apelación exhibits, deposiciones o

affidávits que no fueron presentados oportunamente en el foro

de primera instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o

esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el foro

apelativo.43 Segundo, el tribunal apelativo sólo puede

determinar si existe o no alguna controversia genuina de

hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de

forma correcta. No puede adjudicar los hechos materiales y

esenciales en disputa. Esa tarea le corresponde al foro de

primera instancia.44

Una sentencia sumaria, por constituir una decisión en

los méritos, es precedente de cosa juzgada cuando se opone

entre partes debidamente relacionadas. La denegación de una

41 Philip Morris, Inc. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 207 (1975). 42 10A Wright, Miller & Kane, Federal Practice and Procedure 3d, Sec. 2716, pág. 273 (1998). 43 Íd., págs. 282-286; Véanse también, e.g., Ortiz Torres v. K & A Developers, Inc., 136 D.P.R. 192 (1994); Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950). CC-2002-937 32

moción de sentencia sumaria, sin embargo, no va más allá de

establecer la ley del caso para una ulterior moción basada

precisamente en los mismos fundamentos.45

Como hemos mencionado previamente, la parte aquí

peticionaria alegó en la demanda de autos y demás escritos

1999 la señora Miriam Vera Morales fue admitida en el

Hospital Dr. Pila del Municipio de Ponce por orden del doctor

Alfredo Bravo Colón, para ser sometida a una intervención

quirúrgica para extirpación de un quiste ubicado en su ovario

izquierdo. Por razón de que su estado de salud continuaba

deteriorándose fue intervenida nuevamente el 10 de octubre de

1999 por el doctor Sánchez Gaetan en la sala de operaciones

del Hospital Dr. Pila. Durante ese procedimiento quirúrgico

se constató la presencia de una laceración en su uréter

derecho. La señora Vera Morales afirmó al Tribunal de

Primera Instancia en su escrito de oposición a la solicitud

de sentencia sumaria, que a esa fecha el doctor Alfredo Bravo

Colón no le manifestó que le había lacerado el uréter

derecho, por su conducta negligente. Tampoco le informó que

le había intervenido el ovario derecho, pues el

consentimiento escrito que ella había firmado era para la

intervención quirúrgica de su ovario izquierdo. Expresó, que

por el contrario el doctor Bravo Colón le aseguró que el

deterioro de su estado de salud posterior a la primera

_____________________ 44 Íd., pág. 286. 45 Sucn. Meléndez v. Pesquera de Busquet, 112 D.P.R.86 (1982). CC-2002-937 33

intervención quirúrgica practicada el 5 de octubre de 1999

era una complicación inherente y normal a la misma.

Alegó, además, la peticionaria ante el Tribunal de

Primera Instancia que el 27 de noviembre de 1999 la señora

Vera Morales fue admitida nuevamente al Hospital Dr. Pila

bajo el cuidado de un tercer facultativo médico quien le

diagnosticó una laceración en su uréter derecho, que le

provocaba la extravasación de orina ya mencionada. Fue

intervenida quirúrgicamente por tercera vez por el nuevo

facultativo el 29 de noviembre de 1999. Le fueron

practicados determinados procedimientos médicos que

produjeron un mejoramiento en su estado de salud. Fue dada

de alta el 4 de diciembre de 1999 con un instrumento médico

que se le colocó en el área afectada, que fue removido seis

(6) meses después. El 7 de diciembre de 1999 la señora Vera

Morales suscribió bajo juramento una autorización a un

abogado para gestionar una copia de su récord médico en el

Hospital Dr. Pila.

La parte aquí peticionaria presentó ante el Tribunal de

Primera Instancia la demanda de autos el 30 de julio de 2001,

por lo que habiendo transcurrido el plazo prescriptivo de un

año establecido por el Artículo 1868 del Código Civil, supra,

a partir del 27 de noviembre de 1999 que fue la fecha en la

que el doctor Héctor Cordero Jiménez le diagnosticó la

presencia de laceración de su uréter derecho, la

extravasación de orina provocada por esa razón, y que se

enteró que fue intervenida en su ovario derecho y no el CC-2002-937 34

izquierdo, que era el verdaderamente afectado y para lo que

ella había dado su consentimiento, se presume que abandonó su

derecho.46 Le correspondía a la parte peticionaria,

perjudicados por las acciones del doctor Alfredo Bravo

Colón, sostener, bajo juramento, que no reconocieron la

existencia de esos daños hasta mucho tiempo después. Por el

contrario, de la demanda de autos y demás escritos

presentados por esa parte ante el Tribunal de Primera

Instancia se desprende que conocieron del daño producido a

la señora Vera Morales el 27 de noviembre de 1999. De su

escrito de oposición a la solicitud de sentencia sumaria

presentado ante el foro de primera instancia surge claramente

que el consentimiento escrito suscrito por ella al doctor

Bravo Colón era para ser intervenida quirúrgicamente en su

ovario izquierdo y no el derecho. Dado el diagnóstico del

doctor Cordero Jiménez la parte peticionaria, cuando menos,

debió razonablemente haber conocido de sus daños obteniendo

prontamente copia de su récord médico en el Hospital Dr.

Pila, para lo que autorizó por escrito a su abogado el 7 de

diciembre de 1999.

No encontramos razón o motivo para intervenir con lo

actuado por el tribunal intermedio apelativo. Dicho tribunal

hizo uso del mecanismo de sentencia sumaria en una forma

mesurada y razonable. De los documentos presentados ante el

Tribunal de Primera Instancia por la parte aquí peticionaria

surge claramente que no existe controversia real sobre

46 García Aponte, et al v. E.L.A., 135 D.P.R. 132 (1994). CC-2002-937 35

hechos materiales y esenciales. La parte peticionaria

realizó alegaciones en la demanda de autos referente a los

daños sufridos por la señora Miriam Vera Morales. Describió

en su escrito de oposición a la solicitud de sentencia

sumaria la extensión de su consentimiento para ser

intervenida quirúrgicamente. De los escritos presentados por

esa parte ante el Tribunal de Primera Instancia surge,

además, cuando se le diagnosticó su condición. Todo lo

alegado en la demanda de autos y demás escritos de la parte

peticionaria ante el Tribunal de Primera Instancia presupone

conocimiento de la presencia de los daños corporales de la

señora Vera Morales, para el 27 de noviembre de 1999,

producidos por la conducta del doctor Alfredo Bravo Colón.

Lo único que presenta este caso es la aplicación del derecho.

La celebración de una vista en los meritos por el Tribunal de

Primera Instancia resultaría innecesaria.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

sentencia recurrida, emitida por el entonces Tribunal de

Circuito de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

Efraín E. Rivera Pérez Juez Asociado CC-2002-937 36

Myriam Vera Morales, Benny García García y Yaritza García Vera

Demandantes Peticionarios

v. CC-2002-937 Certiorari

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2004.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente, confirmamos la sentencia recurrida, emitida por el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Presidenta señora Naveira Merly y la Jueza Asociada señora Fiol Matta no intervinieron.

Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo