María Umpierre Biascoechea v. BPPR, Jesús Cáez
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Umpierre Biascoechea
Recurrida Certiorari v. 2007 TSPR 21 Banco Popular de Puerto Rico, Jesús Cáez 170 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC-2005-554
Fecha: 5 de febrero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Juez Ponente:
Hon. Héctor Urgell Cuebas
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José J. Santiago Meléndez Lcdo. Carlos A. Padilla Vélez Lcdo. Carlos F. López López
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Miguel A. Negrón-Matta
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrida
v. CC-2005-554 Banco Popular de Puerto Rico, Jesús Cáez
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 5 de febrero de 2007
Acude ante nosotros el Banco Popular de Puerto
Rico de una sentencia dictada por el Tribunal de
Apelaciones en la que se confirmó la previa
determinación del Tribunal de Primera Instancia,
negándose a desestimar el pleito de epígrafe por
prescripción según alegaba el Banco.
El foro apelativo intermedio resolvió que el
término prescriptivo en el caso de autos se
interrumpió cuando la recurrida, María Umpierre
Biascoechea, acudió a la Corporación del Fondo de
Seguro del Estado a recibir tratamiento médico por
motivo de unas alegadas presiones a las que la
sometía su supervisor. Y que el mismo Cc-2005-554 2
comenzó a transcurrir nuevamente a partir de la resolución
final de dicha agencia.
Expedimos el recurso el 14 de octubre de 2005.
Contamos con el beneficio de la comparecencia de las partes
por lo que estamos preparados para resolver y procedemos a
así hacerlo. Analizado los argumentos de las partes en
este caso, se revoca el dictamen del Tribunal de
Apelaciones y se desestima la demanda instada por cuanto la
misma estaba prescrita.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez emite Opinión de conformidad a la que
se le une el Juez Presidente señor Hernández Denton. El
Juez Asociado señor Fuster Berlingeri y la Jueza Asociada
señora Fiol Matta disienten con opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrida CC-2005-554 v.
Banco Popular de Puerto Rico, Jesús Cáez
Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se une el Juez Presidente señor Hernández Denton
El caso de marras nos brindó la oportunidad de
resolver cuándo comienza a transcurrir el término
prescriptivo de un año para instar una reclamación
por hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente
hostil. Hecha tal determinación, se debía auscultar
si dicho término se interrumpe cuando la empleada
perjudicada acude a la Corporación del Fondo del
Seguro del Estado para recibir tratamiento por los
daños que el alegado ambiente hostil le produjo.
I
La recurrida, María Umpierre Biascoechea comenzó
a trabajar en el Banco Popular de Puerto Rico (el
“Banco” o “Banco Popular”), el 2 de enero de 1998. CC-2005-554 2
Allí se desempeñaba como cajera-receptora (“teller”).
Durante el período de tiempo que laboró en la Sucursal de
Altamira del Banco Popular, alegadamente fue víctima de un
patrón de hostigamiento sexual por parte de su supervisor
inmediato, el codemandado Sr. Jesús Cáez. El 4 de febrero
de 2000, ocurrió un último incidente de alegado
hostigamiento cuando el señor Cáez le gritó a la señora
Umpierre Biascoechea en presencia de algunos compañeros de
trabajo y clientes, por ésta haberse ausentado de sus
labores sin notificación previa. Luego de esa fecha, la
recurrida no se presentó a trabajar en el Banco.
A raíz de lo sucedido, la señora Umpierre Biascoechea
se reunió con el gerente de la sucursal, el Sr. Javier
Vélez, para brindarle su versión de lo ocurrido así como
para informarle sobre los problemas que confrontaba con su
supervisor.1 En dicha reunión, la recurrida notificó que
había acudido a un médico privado que le había recomendado
descanso por varias semanas por estar sufriendo de una
depresión severa. Ante tal situación, el 7 de febrero de
2000 el gerente Vélez completó un informe patronal y
refirió a la recurrida a la Corporación del Fondo del
Seguro del Estado (el “Fondo”).
La señora Umpierre Biascoechea acudió al Fondo y alegó
“que debido a una serie de incidentes con su supervisor,
quien la presionaba constantemente, se ha afectado
1 No surge claramente de los autos si la recurrida Umpierre Biascoechea le comunicó a sus superiores en esa reunión sobre el patrón de hostigamiento al que fue alegadamente sometida. CC-2005-554 3
emocionalmente.”2 El 8 de febrero de 2000, el Fondo le
recomendó recibir tratamiento en descanso. Sin embargo,
subsiguientemente, la agencia emitió una resolución, de
fecha 19 de julio de 2001 y notificada el 23 de julio de
2001, en la cual concluyó que la señora Umpierre
Biascoechea padecía de un desorden depresivo atípico, no
relacionado con el empleo. En su consecuencia, el caso
ante el Fondo fue cerrado y archivado.
Mientras se encontraba en descanso, y antes de la
notificación del Fondo, la recurrida presentó su carta de
renuncia al Banco, con fecha a manuscrito de 12 de marzo de
2000.3 El 13 de marzo de 2001, la representación legal de
la recurrida envió una misiva al Banco Popular reclamando
extrajudicialmente a éste y al señor Cáez, por el ambiente
hostil al cual estuvo expuesta la recurrida y que culminó
con su renuncia involuntaria.
El 15 de junio de 2001, previo a recibirse la
notificación del Fondo, la señora Umpierre Biascoechea
presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia,
Sala Superior de Bayamón, alegando haber sido hostigada
2 Véase, Decisión del Administrador Sobre: Relación Causal - Compensabilidad - Condición Emocional No Relacionado, apéndice del recurso de certiorari, pág. 181. 3 Existe una alegada controversia de hecho en cuanto a la fecha exacta en que se notificó la renuncia de la recurrida al Banco Popular. Según consta en el expediente, la carta de renuncia tiene fecha a manuscrito de 12 de marzo de 2000. Sin embargo, en un documento preparado por el Banco Popular, titulado Alegación Hostigamiento Sexual María Umpierre vs. Jesús Cáez, aparece que la referida carta de renuncia fue entregada el día 13 de marzo de 2001. En vista de la conclusión a que llegamos la referida “controversia” es claramente inconsecuente para la solución del caso. CC-2005-554 4
sexualmente por el señor Cáez, lo que le ocasionó daños y
angustias mentales ascendentes a $100,000.00. La demanda
se presentó al amparo de la Ley Núm. 69 de 6 de julio de
1985, 29 L.P.R.A. secs. 1321 et seq., y la Ley Núm. 17 de
22 de abril de 1988, 29 L.P.R.A. secs. 155 et seq. Se
adujo en la misma que el Banco Popular era responsable
solidariamente con el señor Cáez de sus daños, por tener
conocimiento de los alegados actos de hostigamiento sexual
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Umpierre Biascoechea
Recurrida Certiorari v. 2007 TSPR 21 Banco Popular de Puerto Rico, Jesús Cáez 170 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC-2005-554
Fecha: 5 de febrero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Juez Ponente:
Hon. Héctor Urgell Cuebas
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José J. Santiago Meléndez Lcdo. Carlos A. Padilla Vélez Lcdo. Carlos F. López López
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Miguel A. Negrón-Matta
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrida
v. CC-2005-554 Banco Popular de Puerto Rico, Jesús Cáez
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 5 de febrero de 2007
Acude ante nosotros el Banco Popular de Puerto
Rico de una sentencia dictada por el Tribunal de
Apelaciones en la que se confirmó la previa
determinación del Tribunal de Primera Instancia,
negándose a desestimar el pleito de epígrafe por
prescripción según alegaba el Banco.
El foro apelativo intermedio resolvió que el
término prescriptivo en el caso de autos se
interrumpió cuando la recurrida, María Umpierre
Biascoechea, acudió a la Corporación del Fondo de
Seguro del Estado a recibir tratamiento médico por
motivo de unas alegadas presiones a las que la
sometía su supervisor. Y que el mismo Cc-2005-554 2
comenzó a transcurrir nuevamente a partir de la resolución
final de dicha agencia.
Expedimos el recurso el 14 de octubre de 2005.
Contamos con el beneficio de la comparecencia de las partes
por lo que estamos preparados para resolver y procedemos a
así hacerlo. Analizado los argumentos de las partes en
este caso, se revoca el dictamen del Tribunal de
Apelaciones y se desestima la demanda instada por cuanto la
misma estaba prescrita.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez emite Opinión de conformidad a la que
se le une el Juez Presidente señor Hernández Denton. El
Juez Asociado señor Fuster Berlingeri y la Jueza Asociada
señora Fiol Matta disienten con opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrida CC-2005-554 v.
Banco Popular de Puerto Rico, Jesús Cáez
Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se une el Juez Presidente señor Hernández Denton
El caso de marras nos brindó la oportunidad de
resolver cuándo comienza a transcurrir el término
prescriptivo de un año para instar una reclamación
por hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente
hostil. Hecha tal determinación, se debía auscultar
si dicho término se interrumpe cuando la empleada
perjudicada acude a la Corporación del Fondo del
Seguro del Estado para recibir tratamiento por los
daños que el alegado ambiente hostil le produjo.
I
La recurrida, María Umpierre Biascoechea comenzó
a trabajar en el Banco Popular de Puerto Rico (el
“Banco” o “Banco Popular”), el 2 de enero de 1998. CC-2005-554 2
Allí se desempeñaba como cajera-receptora (“teller”).
Durante el período de tiempo que laboró en la Sucursal de
Altamira del Banco Popular, alegadamente fue víctima de un
patrón de hostigamiento sexual por parte de su supervisor
inmediato, el codemandado Sr. Jesús Cáez. El 4 de febrero
de 2000, ocurrió un último incidente de alegado
hostigamiento cuando el señor Cáez le gritó a la señora
Umpierre Biascoechea en presencia de algunos compañeros de
trabajo y clientes, por ésta haberse ausentado de sus
labores sin notificación previa. Luego de esa fecha, la
recurrida no se presentó a trabajar en el Banco.
A raíz de lo sucedido, la señora Umpierre Biascoechea
se reunió con el gerente de la sucursal, el Sr. Javier
Vélez, para brindarle su versión de lo ocurrido así como
para informarle sobre los problemas que confrontaba con su
supervisor.1 En dicha reunión, la recurrida notificó que
había acudido a un médico privado que le había recomendado
descanso por varias semanas por estar sufriendo de una
depresión severa. Ante tal situación, el 7 de febrero de
2000 el gerente Vélez completó un informe patronal y
refirió a la recurrida a la Corporación del Fondo del
Seguro del Estado (el “Fondo”).
La señora Umpierre Biascoechea acudió al Fondo y alegó
“que debido a una serie de incidentes con su supervisor,
quien la presionaba constantemente, se ha afectado
1 No surge claramente de los autos si la recurrida Umpierre Biascoechea le comunicó a sus superiores en esa reunión sobre el patrón de hostigamiento al que fue alegadamente sometida. CC-2005-554 3
emocionalmente.”2 El 8 de febrero de 2000, el Fondo le
recomendó recibir tratamiento en descanso. Sin embargo,
subsiguientemente, la agencia emitió una resolución, de
fecha 19 de julio de 2001 y notificada el 23 de julio de
2001, en la cual concluyó que la señora Umpierre
Biascoechea padecía de un desorden depresivo atípico, no
relacionado con el empleo. En su consecuencia, el caso
ante el Fondo fue cerrado y archivado.
Mientras se encontraba en descanso, y antes de la
notificación del Fondo, la recurrida presentó su carta de
renuncia al Banco, con fecha a manuscrito de 12 de marzo de
2000.3 El 13 de marzo de 2001, la representación legal de
la recurrida envió una misiva al Banco Popular reclamando
extrajudicialmente a éste y al señor Cáez, por el ambiente
hostil al cual estuvo expuesta la recurrida y que culminó
con su renuncia involuntaria.
El 15 de junio de 2001, previo a recibirse la
notificación del Fondo, la señora Umpierre Biascoechea
presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia,
Sala Superior de Bayamón, alegando haber sido hostigada
2 Véase, Decisión del Administrador Sobre: Relación Causal - Compensabilidad - Condición Emocional No Relacionado, apéndice del recurso de certiorari, pág. 181. 3 Existe una alegada controversia de hecho en cuanto a la fecha exacta en que se notificó la renuncia de la recurrida al Banco Popular. Según consta en el expediente, la carta de renuncia tiene fecha a manuscrito de 12 de marzo de 2000. Sin embargo, en un documento preparado por el Banco Popular, titulado Alegación Hostigamiento Sexual María Umpierre vs. Jesús Cáez, aparece que la referida carta de renuncia fue entregada el día 13 de marzo de 2001. En vista de la conclusión a que llegamos la referida “controversia” es claramente inconsecuente para la solución del caso. CC-2005-554 4
sexualmente por el señor Cáez, lo que le ocasionó daños y
angustias mentales ascendentes a $100,000.00. La demanda
se presentó al amparo de la Ley Núm. 69 de 6 de julio de
1985, 29 L.P.R.A. secs. 1321 et seq., y la Ley Núm. 17 de
22 de abril de 1988, 29 L.P.R.A. secs. 155 et seq. Se
adujo en la misma que el Banco Popular era responsable
solidariamente con el señor Cáez de sus daños, por tener
conocimiento de los alegados actos de hostigamiento sexual
y no tomar medidas correctivas para evitar los mismos.
Ambos codemandados (“los peticionarios”) contestaron
oportunamente la demanda. Luego de varios trámites
procesales, presentaron conjuntamente una solicitud de
sentencia sumaria. En ella plantearon, esencialmente, que
la reclamación por hostigamiento sexual al amparo de la Ley
Núm. 17 estaba prescrita y, en la alternativa, que los
hechos alegados no fueron lo suficientemente severos como
para configurar una causa de acción por hostigamiento
sexual en ninguna de sus modalidades.
Sobre la alegación de prescripción, los peticionarios
sostuvieron que el último de los alegados actos de
hostigamiento sexual ocurrió el 4 de febrero de 2000 y era
a partir de esa fecha que comenzaba a transcurrir el
término prescriptivo de un año para presentar su
reclamación judicial o, para reclamar extrajudicalmente por
los daños sufridos. Habida cuenta que ninguna de las dos
cosas había ocurrido dentro de ese término, forzoso era
concluir que la demanda instada estaba prescrita. CC-2005-554 5
Arguyeron además que, aún tomando como inicio del plazo la
fecha de renuncia el 12 de marzo de 2000, la demanda estaba
igualmente prescrita porque la reclamación extrajudicial se
instó un día después de haber vencido el plazo
prescriptivo.
La recurrida se opuso a la solicitud de los
demandados. Adujo, que según los propios documentos
preparados por el Banco Popular, su renuncia se presentó el
13 de marzo de 2000 y es a partir de esa fecha que comienza
a computarse el plazo prescriptivo. Conforme a ello, la
reclamación extrajudicial del 13 de marzo del siguiente año
interrumpió oportunamente el término prescriptivo, en
consecuencia, la demanda fue presentada dentro del término
previsto. No obstante esta argumentación, la recurrida
planteó que el término prescriptivo quedó interrumpido por
el referido al Fondo y comenzó a transcurrir nuevamente con
la resolución final de esta agencia que su condición no
estaba relacionada con su trabajo.
Los peticionarios replicaron y señalaron que una
acción por hostigamiento sexual está excluida de la
inmunidad patronal y de la exclusividad de remedios de la
Ley de Compensaciones por Accidentes de Trabajo por
constituir actos intencionales y discriminatorios, por lo
que una reclamante no tiene que esperar a la determinación
final del Fondo para acudir al tribunal e instar la acción
correspondiente. CC-2005-554 6
Trabada así la controversia, el Tribunal de Primera
Instancia declaró sin lugar la moción de sentencia sumaria
presentada. De la intricada Minuta de la vista celebrada
se desprende que el tribunal concluyó que, toda vez que el
Banco había referido a la señora Umpierre Biascoechea al
Fondo por el alegado hostigamiento sexual, el término
prescriptivo comenzaba a transcurrir en la fecha en que el
Fondo determinó que su condición no estaba relacionada con
el empleo. Es decir, que la fecha a partir de la cual se
computaría el término de un año para instar la
correspondiente reclamación judicial era el 19 de julio de
2001. Véase apéndice del recurso de certiorari, págs. 348-
349.
Inconformes con dicha determinación, los peticionarios
acudieron al Tribunal de Apelaciones solicitando, inter
alia, la desestimación del presente pleito por estar
prescrita la reclamación. El foro apelativo intermedio
resolvió que el término prescriptivo en el caso de autos
quedó interrumpido al acudir la perjudicada al Fondo y
final de dicha agencia. El tribunal utilizó como
fundamento nuestras decisiones en Padín v. Cía. de Fomento
Industrial, 150 D.P.R. 403 (1998) y Vega Lozada v. J. Pérez
& Cía., 135 D.P.R. 746 (1994). Por tal razón, se confirmó
al tribunal de instancia, concluyendo que la presente causa
de acción fue incoada dentro del término provisto de un
año. CC-2005-554 7
Insatisfecho aún, los peticionarios presentaron un
recurso de certiorari ante este Tribunal. En el mismo
sostuvieron que el tribunal a quo erró “al concluir que la
reclamación por alegados daños y perjuicios por
hostigamiento sexual no estaba prescrita, porque el plazo
prescriptivo de un (1) año quedó interrumpido al acogerse
la demandante a las disposiciones de la Ley de
Compensaciones por Accidentes del Trabajo y hasta tanto el
Fondo del Seguro del Estado no emitiese su determinación
sobre si la reclamación era o no compensable.” Expedimos
II
Los dos asuntos principales a resolver en esta ocasión
son: Primero, ¿cuándo comienza a correr el término
prescriptivo en una causa de acción por hostigamiento
sexual en su modalidad de ambiente hostil? Segundo, si la
referida reclamación se interrumpe cuando la empleada
agraviada es referida por su patrono al Fondo para recibir
tratamiento médico por los alegados daños sufridos como
consecuencia del ambiente hostil que invoca.
A
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, en su Artículo II, Sección 1, establece que “la
dignidad del ser humano es inviolable” y proscribe el
discrimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento,
origen o condición social, ideas políticas o religiosas.
Siguiendo este mandato constitucional, la Asamblea
Legislativa ha aprobado variada legislación de naturaleza CC-2005-554 8
indemnizatoria dirigida a implantar la política pública del
Estado contra el discrimen incluyendo, en lo que nos
concierne, el discrimen por razón de sexo.
Entre las leyes aprobadas se encuentra la Ley Núm. 69
de 6 de julio de 1985, 29 L.P.R.A. secs. 1321 et seq., la
cual proscribe, específicamente, el discrimen en el empleo
por razón de sexo. Posteriormente, la Asamblea Legislativa
promulgó la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (“Ley Núm.
17”), 29 L.P.R.A. secs. 155 et seq., mejor conocida como la
Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo. Ésta persigue la
erradicación del hostigamiento sexual del taller empleo y
establece, entre otras cosas, una causa de acción en daños
por su violación. Art. 11, Ley Núm. 15, 29 L.P.R.A. sec.
155j.4
Ninguna de las disposiciones legales antes
mencionadas, sin embargo, proveyó de un término
prescriptivo para instar la reclamación civil que
autorizaban. En vista de ello, en Suárez Ruiz v. Figueroa
Colón, 145 D.P.R. 142 (1998) nos dimos a la tarea de
atender dicha omisión y establecimos que el término en
4 Ante todo, el hostigamiento sexual es una de las manifestaciones típicas de la violencia de género, reflejo de discrimen y de desigualdad. El acoso sexual es una expresión moderna con la que se designa un problema antiguo y de los más importantes con el que las mujeres han de enfrentarse en el trabajo, lo que no significa que sean las mujeres las únicas víctimas del acoso.
Es una práctica ilegal e indeseable que atenta contra la dignidad del ser humano. De ahí la clara política pública que condena este comportamiento y le impone al patrono un deber afirmativo y continuo, hasta que el empleado cesa de trabajar, de velar porque este comportamiento no se suscite en el ambiente de trabajo. CC-2005-554 9
cuestión era de un año. A tales efectos, expresamos lo
siguiente:
Por constituir la Ley de Discrimen por Sexo en el Empleo [Ley Núm. 69] y la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo [Ley Núm. 17] parte de un esquema legislativo dirigido a erradicar el discrimen por razón de sexo en el empleo, por éstas reconocer acciones de carácter indemnizatorio de naturaleza similar a las acciones instadas a tenor con la Ley Núm. 100 y a las acciones bajo el artículo 1802 del Código Civil y por iguales fundamentos a los esbozados en Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., resolvemos que en ausencia de disposición legislativa, el término prescriptivo de las acciones instadas a tenor con las mencionadas leyes es el de un (1) año. (Énfasis nuestro.)
Suárez Ruiz, 145 D.P.R. pág. 146.
Como sabemos, el propósito de la prescripción es
fomentar el pronto reclamo de los derechos a la misma vez
que se procura la tranquilidad del obligado frente a la
eterna pendencia de una acción civil en su contra. La
prescripción extintiva procura castigar la inercia en el
ejercicio de los derechos, pues ello da lugar a una
presunción legal de abandono, lo que conjuntamente con la
exigencia de nuestro ordenamiento jurídico para eliminar la
incertidumbre de las relaciones jurídicas, constituyen los
basamentos de la prescripción extintiva. Véase, Ortiz
Rivera v. PRTC, res 10 de agosto de 2004, 162 D.P.R. ___,
2004 TSPR 133; Vera v. Dr. Bravo, res. 27 de febrero de
2004, 161 D.P.R. ___, 2004 TSPR 30. Véase además, J.
Santos Briz, Tratado de Derecho Civil, Ed. Bosch,
Barcelona, España, 2003, pág. 763; J. Puig Brutau,
Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Ed. CC-2005-554 10
Bosch, Barcelona, España, 1996, pág. 32; L. Díez Picazo, La
prescripción en el Código Civil, Ed. Bosch, Barcelona,
España, 1984, pág. 93; L. Díez Picazo y Ponce de León, La
prescripción extintiva en el Código Civil, En la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Thomson-Civitas,
Madrid, España, 2003.
En nuestra jurisdicción, la prescripción constituye un
derecho sustantivo, Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342, 347
(2001), Vega Lozada v. J. Pérez & Cía. Inc., 135 D.P.R.
746, 753 (1994), que acarrea la desestimación de cualquier
demanda presentada fuera del término establecido por ley.
Rimco, Inc. Pérez y Cía. de P.R., Inc., 130 D.P.R. 60, 65
(1992).
De ordinario, el término prescriptivo comienza a
transcurrir desde que el agraviado tuvo conocimiento del
daño y pudo ejercitar su causa de acción, lo que no
necesariamente coincide con el momento en que se sufre el
daño reparable. Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181,
189 (2002) y casos allí citados. Véase además, Artículo
1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298; J. Puig
Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, Ed.
Bosch, Barcelona, 3ra ed., 1996, págs. 68-70. Como ya
hemos indicado en el pasado, el plazo para la prescripción
no corre contra quien por imposibilidad física o, por
ignorancia del hecho causante del perjuicio o, por
ignorancia de que puede ejercitar una acción, no ejerce su
derecho. Si tal ignorancia es producto de la negligencia o CC-2005-554 11
descuido del reclamante, no se aplaza el comienzo del
transcurso del término. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R.
232, 244 (1984).
La pregunta que tenemos que hacernos en esta ocasión
es cuál es el punto de partida --o momento inicial-- del
cómputo (dies a quo) de la acción civil por hostigamiento
sexual, de suerte que podamos determinar si la reclamación
instada en este caso se ajustó a dicho término. Hemos
reconocido que el momento exacto en que se conoce, o se
debió conocer el daño, constituye un delicado problema de
prueba e interpretación, debido a la variedad de
“circunstancias en que se da el problema del conocimiento
del daño.” Galib Frangie v. El Vocero, 138 D.P.R. 560, 574
(1995). Véase también, Delgado Rodríguez v. Nazario de
Ferrer, 121 D.P.R. 347, 360 (1988); Rivera Encarnación v.
E.L.A., 113 D.P.R. 383, 385-386 (1982). Hechos distintos
requerirán soluciones diversas. Esta determinación es
particularmente delicada cuando se trata de daños
producidos por un período prolongado de tiempo, como por
ejemplo, los llamados daños continuados. L. Díez-Picazo y
Ponce de León, op. cit., pág. 246(“La determinación del
momento inicial de la prescripción suscita dificultades en
los casos que se pueden llamar de daños continuados o de
daños con secuela.”)
El daño continuado se refiere a aquellos “producidos
por uno o más actos culposos o negligentes imputables al
actor, coetáneos o no, que resultan en consecuencias CC-2005-554 12
lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas sin
interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas
hace también que se conozca --por ser previsible-- el
carácter continuado e ininterrumpido de sus efectos,
convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto
por elementos de daño actual (aquel que ya ha acaecido), y
de daño futuro previsible y por tanto cierto.” H.M. Brau
Del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en
Puerto Rico, Pub. JTS, 1986, Vol. II, pág. 648. Véase,
Santiago v. Ríos Alonso, ante, pág. 191. En estos casos
nos enfocamos más en la causa de los daños que en el evento
dañoso en particular. Es decir, el principio que anima la
doctrina del daño continuado no descansa en la naturaleza
intrínseca del perjuicio ocasionado por la perturbación y
sí, en el carácter continuo o progresivo de la causa que lo
ocasiona, la cual renueva constantemente la acción dañosa.
Este tipo de daños lo produce uno o más actos
negligentes o culposos que, llegado determinado momento, la
agraviada logra percatarse que las consecuencias lesivas
ocasionadas continuarán en el futuro. En ese momento, por
convertirse en un daño cierto, sobreviene una sola causa de
acción resarcitoria por todas las consecuencias lesivas
ininterrumpidas y sostenidas. Bajo esta categoría, los
daños derivados del acto ilícito se estiman como una unidad
y no como una pluralidad de daños particulares.
De lo anterior se coligen tres factores que
caracterizan el daño continuado, a saber: 1) un acto o CC-2005-554 13
varias actuaciones negligentes o culposas;5 2) que dichos
actos unidos entre sí causen daños ininterrumpidos y
sostenidos; y 3) que sea previsible que los daños continúen
en el futuro. Este tercer criterio supone que existen unos
daños “actuales” junto a otros que son “previsibles”,
aunque estos últimos no se verifiquen. Ello hace entonces
que todos los daños sean ciertos. La certeza se fundamenta
en que la afectada, una vez advierte de la naturaleza de
los agravios ya experimentados y constata que los mismos
tienen un patrón y están unidos por ser el resultado de una
misma causa, logra comprender y puede razonablemente
prever, que de mantenerse vigente la causa continuará
sufriendo daños de la misma naturaleza hasta tanto no cese
la misma.
La doctrina civilista moderna postula que ante la
imposibilidad de fraccionar en etapas distintas los actos
culposos o negligentes, ya que como hemos visto los daños
continuados se producen sucesiva e ininterrumpidamente, el
inicio del plazo prescriptivo para reclamar por estos daños
comienza en el momento de la producción del resultado
definitivo o hasta que se verifique el último de los actos.
Ello, naturalmente presupone que ésta no confronta
obstáculo alguno para ejercitar su causa de acción. Véase,
F. Reglero Campos en M. Albaladejo, Comentarios al Código
5 Este primer elemento coloca dentro del concepto de años continuados la situación de que un acto culposo atribuible a cierta persona o entidad es la causa próxima de una serie de daños resultantes. Es decir, que los daños en cuestión tienen una causa común. Agosto Ortiz v. Municipio de Río Grande, 143 D.P.R. 174, 184-185 (1997). CC-2005-554 14
Civil y Compilaciones Forales, Ed. Rev. Der. Priv., Madrid,
España, 1994, Tomo XXV, Vol. 2, pág. 458; J.L. Lacruz
Berdejo, Derecho de Obligaciones, Ed. Bosch, Barcelona,
España, 1995, 3ra ed., Vol. 2, pág. 518; I. Sierra Gil de
la Cuesta, Comentario del Código Civil, Ed. Bosch,
Barcelona, España, 2000, Tomo 9, pág. 554.
Es decir, en caso de daños continuados el cómputo del
plazo de prescripción no se inicia sino hasta la producción
del definitivo resultado. Comentando el tenor de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo español, el profesor
Díez-Picazo y Ponce de León señala lo siguiente: “Las
sentencias más modernas . . . se inclinan por la idea de
que el comienzo del plazo de prescripción se produce con la
verificación total del daño. . . .” (Énfasis nuestro.) L.
Díez-Picazo y Ponce de León, op. cit., pág. 246.6
6 Sobre este particular, confróntese la siguiente jurisprudencia que versa sobre la prescripción en situaciones que involucran daños de carácter continuo. E.g., STS 10 de septiembre 1986 (“Debe indicarse que es doctrina igualmente constante de esta Sala que la computación de los plazos iniciales en la prescripción, no puede comenzar sino a partir de que concluyan las actuaciones o presupuestos fácticos en que se apoye el ejercicio de la acción esgrimida. . . .”) (Énfasis nuestro.) STS 12 diciembre 1980 (A. 4747)(“En los casos de comportamiento ilícito continuado . . . no ha dejado de sostener la doctrina científica el criterio de que el día inicial de la prescripción será no el del comienzo del hecho sino el de su verificación total . . . parece justo iniciar el cómputo del tiempo para la posible reacción contra el acto antijurídico el de su plena efectividad e incluso el de su cesación . . . .”) (Énfasis nuestro.) STS 27 junio 1990 (A. 4900)(“Por ser los daños de que se trata de los denominados continuados, esto es, aquellos que continuamente se están operando y produciendo, respecto de los cuales la Jurisprudencia de la Sala tiene declarado que ‘el cómputo del plazo de prescripción no se inicia hasta la producción del definitivo resultado, cuando no es posible CC-2005-554 15
Nuestra jurisprudencia revela un criterio parecido al
español. En Capella v. Carreras, 57 D.P.R. 258 (1940),
resolvimos que los estorbos producen un daño continuo cuya
causa de acción no comienza a prescribir hasta que cese el
estorbo. Indicamos expresamente que cuando “se trata de
daños y perjuicios causados por actos continuos . . .
[éstos] están latentes hasta que cesa la causa que los
genera. . . [E]n tal caso la acción dañosa se renueva de
día a día. . . .” (Énfasis nuestro.) 57 D.P.R., pág.
266. Posteriormente nos hemos reafirmado en esta doctrina.
E.g., Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824, 837-839
(1955)(son daños continuados aquellos generados por los
ruidos y pestes que producía una planta pasteurizadora);
Seda v. Miranda Hmnos. & Co., 88 D.P.R. 355, 361 (1963)(son
daños continuados los ocasionados por una chimenea que
despedía humos y ruidos).
A un resultado análogo llegamos en Santiago v. Ríos
Alonso, ante, donde resolvimos que el término prescriptivo
de una acción torticera derivada de la violencia doméstica
tuvo su inicio cuando cesó dicha conducta. Estas
decisiones, por supuesto, estuvieron matizadas por hechos
particulares y por el interés público en evitar los
fraccionar en etapas diferentes o hechos diferenciados la serie proseguida’ . . . no resultando siempre fácil determinar en la práctica cuándo se produce o ha producido ese ‘definitivo resultado’ que en relación con el concepto de daños continuados se nos ofrece como algo vivo, latente y conectado precisamente a la causa originadora y determinante de los mismos, que subsiste y se mantiene hasta su adecuada corrección.”) Véase también, STS 21 marzo 2005 (A. 3878); STS 24 mayo 1993 (A. 3727). CC-2005-554 16
estorbos y combatir la violencia doméstica. Mas no dejan
de apoyar la norma general que el término prescriptivo de
las acciones sobre daños continuos comienza a transcurrir
cuando se ha verificado la previsibilidad del daño y el fin
de la conducta ilícita.7 Véase además, C. Irizarry Yunqué,
Responsabilidad Civil Extracontractual, 4ta. Ed., 2000,
pág. 730.
Pasemos en este momento a reseñar las características
de la acción por hostigamiento sexual en su modalidad de
ambiente hostil, para luego entonces determinar la
naturaleza del daño resultante.
B
La delimitación del concepto concreto de acoso sexual
en el trabajo presenta variadas dificultades debido a la
complejidad de las relaciones interpesonales. No empece,
hemos reconocido dos modalidades de hostigamiento sexual, a
saber: el hostigamiento sexual por ambiente hostil y el
7 Galib Frangie v. El Vocero, 138 D.P.R. 560 (1995), no contradice cabalmente el principio aludido. Allí se planteó que una serie de artículos periodísticos produjeron un daño continuo cuya causa de acción estuvo sujeta a la prescripción desde la fecha del último artículo. Indicamos al respecto, “que las características señaladas, [respecto los daños en dicho caso], no son suficientes para constituir un daño continuo.” (Énfasis nuestro.) 138 D.P.R., pág. 574. Luego expresamos que “lo determinante en cuanto a los daños continuos es el momento cuando comienza la producción de los daños, que deberá tomarse en consideración como el inicio del término de prescripción, al presuponer que los perjudicados los conocían desde entonces y que pudieran ejercitar la causa de acción.” 138 D.P.R., pág. 575. Empero, habiéndose resuelto que no existía tal daño, estas expresiones constituyeron un obiter dictum que no debe oponerse al análisis más deliberado de Capella Carreras, Arcelay, Seda y Santiago Ríos. Cf., Álvarez González, Análisis del término del Tribunal Supremo de Puerto Rico: Responsabilidad civil extracontractual, 72 Rev. Jur. U.P.R. 615, 638-642 (2003). CC-2005-554 17
llamado hostigamiento equivalente o quid pro quo. Bajo la
primera vertiente, la que nos ocupa, “el hostigamiento
sexual se produce cuando la conducta sexual para con un
individuo tiene el efecto de interferir irrazonablemente
con el desempeño de su trabajo o de crear en el mismo un
ambiente intimidante, hostil u ofensivo.” Rodríguez
Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 D.P.R. 117, 131-132
(1990). La conducta puede afectar el funcionamiento y la
efectividad de la víctima en el empleo, desalentar al
empleado a permanecer en el mismo y dificultarle su
progreso en su carrera. Véase, Art. 3(c), Ley Núm. 17, 29
L.P.R.A. sec. 155b(c). Véase además, Afanador Irizarry v.
Roger Electric, 156 D.P.R. 651, 662 (2002); In re Robles
Sanabria, 151 D.P.R. 483, 492 (2000).
Estas particularidades de la causa de acción hacen que
la misma no sea fácilmente discernible por lo que se
dificulta establecer una regla rígida para establecer
cuándo comienza a correr el plazo prescriptivo. Adviértase
además, que la ley establece que para determinar si una
alegada conducta constituye hostigamiento sexual en el
empleo se considerará la totalidad de las circunstancias en
que ocurrieron los hechos. Es decir, es una determinación
que se hace caso a caso. Art. 4, Ley Núm. 17, 29 L.P.R.A.
sec. 155c.
Antes bien, por su propia naturaleza, el ambiente
hostil involucra varios actos acaecidos a través de un
período de tiempo que crean un ambiente de tal naturaleza CC-2005-554 18
pernicioso como para violar la ley. A estos efectos,
expresamos en Robles Sanabria, ante, pág. 492, lo
Para establecer un caso prima facie de hostigamiento sexual por ambiente hostil, la parte promovente de la acción debe probar que ha ocurrido más de un incidente de conducta sexual ofensiva. Un acto aislado o un mero ‘piropo’, aunque pudiera ser no deseado, no origina una causa de acción bajo esa modalidad. De ahí que se diga que el hostigamiento por ambiente abusivo se caracteriza por su multiplicidad. (Énfasis nuestro.)(Citas omitidas.)
Son los actos repetidos de naturaleza hostigante que
unidos entre sí o vistos en conjunto, crean el ambiente
abusivo y hostil, toda vez que cada acto por sí solo podría
no ser lo suficientemente severo como para justificar una
reclamación por hostigamiento sexual. Habida cuenta que
los daños se configuran por la concatenación de varios
eventos aislados, que unidos entre sí configuran un patrón
de comportamiento que procura un particular estado de
aprehensión en la perjudicada, debemos concluir que éstos
necesariamente están enmarcados dentro de la categoría de
daños continuados. E.g., Santiago Rivera v. Ríos Alonso,
ante. Es evidente que hay una gran simetría o afinidad
entre los daños reclamados a causa de un ambiente hostil y
la doctrina del daño continuado. Recordemos, como ya
apuntamos, que en casos de daños continuados la atención se
centra en el ambiente que ha producido la conducta
proscrita que es la causa de los daños, y no en los actos
por separado que contribuyen a crear ese ambiente, que son
los eventos dañosos en particular. CC-2005-554 19
A la luz de lo anterior, resolvemos que en el presente
caso el término prescriptivo de un año para instar la
reclamación de hostigamiento sexual por ambiente hostil
comenzó a correr a partir del 4 de febrero de 2000, fecha
en que la señora Umpierre Biascoechea, por motivo de un
incidente que estimó hostigante con su supervisor
inmediato, decidió no regresar a su trabajo. Es en este
momento que finalizaron los eventos o actos de alegado
hostigamiento. Una vez la recurrida no regresó a su
trabajo cesó de estar expuesta al acto que le producía, a
tenor con su alegación, los daños por los que reclamaba.
Es decir, al no estar en su empleo ella no estaba expuesta
a un ambiente hostil. Siendo imposible entonces la
ocurrencia de nuevos actos de naturaleza hostigante, el
punto de partida para el cómputo de la prescripción es el
día que cesó de acudir a su empleo por ser ese el momento
en que finalizó la alegada conducta prohibida.
La recurrida nos arguye que el término debe computarse
a partir de la fecha en que sometió su carta de renuncia.
No compartimos ese criterio. Ya para esa fecha la
peticionaria no estaba expuesta al alegado ambiente hostil
por el cual reclamó judicialmente. En cuyo caso, no
podemos adoptar como punto de partida una fecha en la cual
había cesado la conducta proscrita y se había producido ya
el resultado definitivo del daño sufrido.
Esta postura es la que mejor se ajusta a las
particularidades de la causa de acción por hostigamiento CC-2005-554 20
sexual en la modalidad de ambiente hostil, procurando así
hacer efectiva la política pública que anima la Ley de
Hostigamiento Sexual. Al así resolver, tomamos en
consideración que la prescripción es un instituto flexible
que nos permite adecuar su alcance conforme las
circunstancias, de suerte que se procure hacer cumplida
justicia. “El Derecho representa no solo lucha contra la
injusticia, sino también por más justicia.” (Énfasis en
original.) M. Zavala de González, Actuaciones por daños,
Ed. Hammurabi, Buenos Aires, Argentina, 2004, pág. 239.
Véase, Vega v. J. Pérez & Cia., Inc., 135 D.P.R. 746, 754
(1994).
Conviene observar que la norma acogida responde, no
sólo a nuestra jurisprudencia, sino también a los
propósitos de la prescripción extintiva. Ésta viene a
salvar la confianza de los deudores en la apariencia que
genera la inercia del deudor conforme exige la equidad.
También protege al demandado de las reclamaciones cuyo
récord evidenciario ha desaparecido, y fomenta la
estabilidad de las relaciones jurídicas.
Así mal puede sostener el causante de un daño continuo
que la equidad vindica su confianza en la inercia del
deudor durante aquel periodo de tiempo en que tuvo lugar su
conducta reñida con la equidad. Igualmente, la perdida del
récord evidenciarios que pueda ocurrir en estos casos habrá
de ser atenuada, debido a la persistencia de la conducta, y CC-2005-554 21
responderá en gran medida a las acciones del propio
demandado y no exclusivamente a la inercia del deudor.
La norma acogida también procura una mayor estabilidad
de las relaciones jurídicas. Evidentemente, la
previsibilidad de un daño continuo puede configurarse antes
de culminar la conducta dañina, como, por ejemplo, cuando
se configura un “ambiente hostil” que dura varios años.
Hemos reconocido, sin embargo, que a menudo resulta difícil
determinar el momento preciso de la previsibilidad –e.g. el
día que surgió un ambiente hostil Tal dificultad hace
incierta e inestable las relaciones jurídicas en estos
casos. Al añadirse el requisito de que haya cesado la
conducta dañosa, se podrá determinar con mayor precisión
cuándo comienza a correr los correspondientes términos
prescriptivos, abonando así la estabilidad jurídica.
Conforme lo discutido anteriormente y al aplicarlo a
los hechos de este caso, habría que concluir que la demanda
instada estaba prescrita. Ahora bien, el Tribunal de
Apelaciones resolvió que la reclamación judicial no estaba
prescrita habida cuenta que la misma quedó interrumpida por
el referido hecho al Fondo de Seguro del Estado. Tenemos
entonces que evaluar este señalamiento. Veamos.
III
Como apuntamos anteriormente, con la prescripción se
pretende propiciar el pronto reclamo de un derecho, a la
misma vez que procura ponerle coto a la incertidumbre de CC-2005-554 22
una posible reclamación en contra del obligado. Colón
Prieto v. Géigel, ante, a la pág. 243.
De conformidad con el Artículo 1873 del Código Civil,
31 L.P.R.A. sec. 5303, el término para instar una
reclamación se interrumpe por su ejercicio ante los
tribunales, por la reclamación extrajudicial del acreedor y
por cualquier reconocimiento de deuda por parte del deudor.
Díaz de Diana v. AJAS Ins. Co., 110 D.P.R. 471 (1980).
Díez Picazo, op. cit., pág. 109. La reclamación
extrajudicial que interrumpe el término prescriptivo de una
acción puede manifestarse a través de variadas acciones ya
que la ley no exige una forma especial para efectuar las
mismas.
No obstante, toda reclamación extrajudicial debe
cumplir con los siguientes requisitos para que tenga el
efecto interruptor de la prescripción, a saber: (1) debe
ser oportuna, lo que exige que se presente dentro del
término establecido; (2) el reclamante debe poseer
legitimación, por lo que la reclamación la debe ejercitar
el titular del derecho o acción cuya prescripción pretende
interrumpir; (3) el medio utilizado para realizar la
reclamación debe ser el idóneo para ello; y, (4) debe
existir identidad entre el derecho reclamado y aquél
afectado por la prescripción. Maldonado v. Russe, ante,
pág. 353.
Hemos resuelto que la presentación de una querella
administrativa puede considerarse como una forma de CC-2005-554 23
interrupción judicial. E.g., Matos Molero v. Roche
Products, Inc., 132 D.P.R. 470, 486 (1993); Srio. del
Trabajo v. F.H. Cop., Inc., 116 D.P.R. 823, 824 (1985).
Cuando ello ocurre, el término queda congelado durante la
pendencia del trámite administrativo y comienza a
computarse nuevamente al cesar la causa interruptiva, es
decir, cuando se produzca la acción final de la agencia.
Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, ante, págs. 146-147 (1998);
De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238 (1985).
En Srio. del Trabajo v. F.H. Co., ante, resolvimos que
la presentación de una querella administrativa ante la
Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos interrumpía el término prescriptivo para
instar una reclamación de discrimen bajo la Ley Núm. 100 de
30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 146
et seq. Reconocimos, que la propia Ley Núm. 100 deposita
en el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos el deber de
velar por el cumplimiento de las disposiciones contra el
discrimen consignadas en la ley. En Matos Molero, ante,
llegamos a idéntico resultado respecto una reclamación de
discrimen instada ante la Oficina de Igualdad de
Oportunidades en el Empleo (“EEOC”, por sus siglas en
inglés), al concluir que para efectos prácticos, presentar
un cargo ante la EEOC equivale a presentar el cargo ante la
Unidad Antidiscremen del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos. CC-2005-554 24
En ambas ocasiones fundamentamos nuestra decisión en
dos criterios, a saber: primero, la existencia de una
identidad de propósitos entre la acción administrativa y la
civil, y segundo, que la notificación de la querella al
patrono constituyó una reclamación extrajudicial bastante
para interrumpir la prescripción.
Por otro lado, en Suárez Díaz, ante, se solicitó que
extendiéramos la norma anteriormente esbozada a un
procedimiento interno creado por el patrono para dilucidar
quejas relacionadas con discrimen en el empleo,
específicamente, querellas sobre hostigamiento sexual.
Luego de analizar los requisitos antes mencionados,
concluimos que la querella presentada ante el foro patronal
no tuvo el efecto interruptor deseado. Indicamos que “el
propósito de este tipo de acción judicial [la reclamación
judicial por hostigamiento sexual] es imponer una
responsabilidad civil y criminal al patrono, mientras que
el trámite interno ante el patrono tiene como propósito
investigar los casos de alegado hostigamiento sexual en el
empleo y de ser necesario, tomar las medidas disciplinarias
y correctivas correspondientes.” 145 D.P.R., pág. 154.
Además, apuntamos que la acción judicial persigue el
resarcimiento del agraviado, mientras que el procedimiento
interno sólo persigue “disciplinar al empleado hostigador y
. . . eliminar cualquier ambiente hostil en el empleo.”
Loc. cit. Nos negamos así a concluir que la querella
presentada tuvo efecto interruptor alguno sobre el término CC-2005-554 25
prescriptivo para instar la correspondiente acción
judicial.
Adicionalmente, en Maldonado v. Russe, ante,
concluimos que la presentación de una querella ante el
Negociado de Normas de Trabajo (el “Negociado”) del
Departamento del Trabajo por, entre otras cosas, discrimen
por condición de embarazo no interrumpía el término
prescriptivo para instar la reclamación judicial
correspondiente. Ello así, toda vez que el Negociado no
estaba “facultado para investigar las acciones por
discrimen reconocidas por diversas legislaciones laborales,
pues tal prerrogativa corresponde a la Unidad Antidiscrimen
del Departamento del Trabajo.” 153 D.P.R., pág. 355. 8
En el caso de marras se nos ha planteado que el
referido al Fondo de Seguro del Estado tuvo el efecto de
interrumpir el término prescriptivo por lo que no fue sino
hasta la decisión final del Fondo, que comenzó a
transcurrir el término para reclamar judicialmente. Para
atender este señalamiento, pasemos a evaluar el esquema
regulador especial creado por la Ley de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo, a fin de determinar si el proceso
administrativo ante el Fondo persigue propósitos afines a
8 En Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582 (1986), interpretamos que el término prescriptivo de un año para incoar la acción por violación a derechos civiles no quedó interrumpido cuando el empleado destituido de su puesto acudió a J.A.S.A.P. Ello pues, las disposiciones legales aplicables no concedían a la agencia la facultad de responsabilizar civilmente a los patronos y sus remedios se limitaban a la reinstalación y los haberes dejados de percibir del empleado, remedios que se imponen al patrono y no necesariamente al causante del daño. CC-2005-554 26
la reclamación judicial por actuaciones discriminatorias
constitutivas de hostigamiento sexual.
IV
La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo
(la “Ley de Compensaciones”), Ley Núm. 45 de 18 de abril de
1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., concede
inmunidad absoluta a los patronos asegurados con el Fondo
contra cualquier acción de daños y perjuicios que el obrero
o empleado de ordinario pudiera instar en su contra en
relación a accidentes laborales que originaron la lesión.9
Esta legislación de carácter remedial, establece un esquema
de aportación patronal compulsoria con el propósito de
proveerle a los obreros que sufren alguna lesión o
enfermedad que ocurra en el curso del trabajo y como
consecuencia del mismo, un remedio rápido y eficiente,
libre de las complejidades de una reclamación judicial
ordinaria. Martínez Rodríguez v. Bristol Myers, 147 D.P.R.
383, 392-393 (1999); Segarra Hernández v. Royal Bank, 145
D.P.R. 178 (1993).
9 Hemos sido enfáticos al extender la inmunidad patronal a los co-empleados --oficiales, supervisores, agentes o compañeros empleados-- cuyos actos negligentes o culposos hayan sido la causa del accidente, cuando sus actuaciones hayan surgido en el desempeño de los deberes generales de su empleo. González Rivera v. Multiventas, res. 19 de octubre de 2005, 165 D.P.R. ____, 2005 T.S.P.R. 149; Guzmán Cotto v. E.L.A., 156 D.P.R. 693 (2002); Rivera Santana v. Superior Packaging, 132 D.P.R. 115 (1992). No obstante lo anterior, un oficial, agente o empleado será responsable bajo el Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, por los daños sufridos por un compañero empleado cuando el acto negligente sea distinto e independiente del deber del patrono de proveer un lugar seguro de empleo. Guzmán Acevedo v. De Jesús Rivera, 155 D.P.R. 296 (2001). CC-2005-554 27
Tal esquema provee una responsabilidad objetiva social
que pretende evitar que los empleados queden en una
situación de desamparo al tener que demostrar en un juicio
la negligencia del patrono para poder ser indemnizados.
Martínez Rodríguez v. Bristol Myers, ante, págs. 392-393;
Santiago Hodge v. Parke Davis, Co., 126 D.P.R. 1, 9 (1990).
Así pues, sin importar el grado de negligencia atribuible
al patrono, el único remedio que tiene un obrero por una
lesión ocurrida en el empleo es precisamente el que se
dispone en la Ley de Compensaciones por Accidentes del
Trabajo. Art. 18 de la Ley de Compensaciones, 11 L.P.R.A.
sec. 21. Ello claro está, siempre y cuando el patrono esté
asegurado.
Es menester enfatizar que la protección laboral “se
extiende [exclusivamente] a las lesiones sufridas como
consecuencia de accidentes que provengan de cualquier acto
o función inherente al trabajo de un empleado u obrero, que
ocurran en el curso de dicho trabajo o como consecuencia de
éste.” Lebrón Bonilla v. E.L.A., 155 D.P.R. 475, 484
(2001); Ortiz Pérez v. F.S.E., 137 D.P.R. 367, 373 (1994).
Debido a ello, la Ley de Compensaciones no aplica a las
lesiones del trabajador producidas intencionalmente por el
patrono, como lo son las prácticas discriminatorias, toda
vez que éstas no se pueden considerar como inherentes a, o
relacionadas con, el empleo. Segarra Hernández v. Royal
Bank, ante, pág. 196; Alonso García v. Comisión Industrial,
102 D.P.R. 689, 695-699 (1974). Con enorme claridad CC-2005-554 28
indicamos lo siguiente en Odriozola v. Superior Cosmetic
Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 501 (1985): “No puede alegarse
seriamente que una práctica discriminatoria sea inherente
al empleo. Tampoco proviene de un acto del obrero, sino de
una actuación del patrono . . . . Tan ajeno al trabajo es
el discrimen que se ha creado en Puerto Rico una ley
especial para castigarlo: la Ley Núm. 100.” Antes bien, al
no ser compensables los daños producidos por el discrimen
no opera la inmunidad patronal y exclusividad de remedios
que ordena la legislación laboral. Íbid.
A la luz de la discusión que antecede no podemos
concluir que exista identidad de propósitos entre la acción
judicial para reclamar por hostigamiento sexual en el
empleo en la modalidad de ambiente hostil, y el esquema
rehabilitador que provee el Fondo del Seguro del Estado.
Adviértase, como señalamos, que la reclamación ante el
Fondo persigue proveer sostenimiento económico y
tratamiento médico adecuado al empleado que ha sufrido
daños por un accidente o lesión en el trabajo. Pero bajo
ningún supuesto ese daño puede ser de naturaleza
intencional como lo es el discrimen pues éstos no son daños
inherentes al empleo.
La acción judicial basada en la Ley Núm. 17 es
precisamente uno el mecanismos disponible al empleado para
resarcir su daño. Por lo tanto, ésta provee el remedio que
no atiende el Fondo. Siendo ello así, no existe identidad
de propósitos entre la acción administrativa ante el Fondo CC-2005-554 29
del Seguro del Estado y la judicial instada al amparo de la
Ley Núm. 17, que nos permita resolver que la acción ante el
Fondo tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo
aplicable en este caso.
Ciertamente, el patrono tiene un deber legal de
referir al Fondo a un empleado que le dice que ha sufrido
un daño como consecuencia de un incidente ocurrido mientras
se encontraba trabajando. 11 L.P.R.A. sec. 14. Pero,
cuando se trata de hostigamiento sexual, por haber sido
esta causa expresamente excluida de los beneficios del
Fondo, el empleado agraviado tiene una acción distinta e
independiente ante el tribunal cuya prescripción empieza a
partir del último incidente de hostigamiento.
En virtud de lo antes expuesto, resulta forzoso
concluir que la reclamación judicial por hostigamiento
sexual instada por la señora Umpierre Biascoechea no quedó
“congelada” por haber sido ésta referida al Fondo de Seguro
del Estado.10 Siendo ello así y no habiéndose presentado la
correspondiente reclamación dentro del año previsto para
ello, la demanda instada estaba prescrita.
Finalmente, debemos indicar que tanto el foro primario
como el tribunal apelativo intermedio concluyeron que, a la
luz de nuestros dictámenes en Padín v. Cía. de Fomento
Ind., ante, y Vega Lozada, ante, el término para instar la
10 Cabe destacar aquí que la demanda en este caso se presentó antes de que el Fondo del Seguro del Estado emitiese su determinación final de que los daños de la señora Umpierre no estaban cubiertos por el Fondo. CC-2005-554 30
acción en este caso se había interrumpido con el referido
al Fondo. Erraron al así resolver. Ninguno de dichos
casos versaba sobre la interrupción extrajudicial de un
término prescriptivo. En Padín y Vega Lozada se planteó,
respectivamente, cuándo comenzaba para un obrero el término
para instar una reclamación judicial contra un tercero
responsable, o contra un patrono no asegurado. Lo allí
dispuesto no es de aplicación al asunto sobre cómo se
interrumpe administrativamente un plazo prescriptivo.
Por los fundamentos antes expuestos procede revocar el
dictamen del Tribunal de Apelaciones y desestimar la
reclamación instada, por lo que estoy conforme con la
sentencia dictada.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
vs. CC-2005-554 Certiorari
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 5 DE FEBRERO DE 2007.
En mi criterio, en el caso de autos el
término prescriptivo se interrumpió cuando el
gerente del Banco refirió a la recurrida al Fondo
del Seguro del Estado y ella acudió allí para
procurar tratamiento para la condición que la
afligía.
Estoy de acuerdo con la mayoría del
Tribunal en cuanto a que el proceso ante el Fondo
no persigue los mismos propósitos que una
reclamación judicial. Pero en mi criterio lo
verdaderamente crucial cuando se examina el asunto
de la prescripción de un derecho es si el titular
de éste se cruzó de brazos totalmente en cuanto a
hacer uso del mismo. Si el titular no hizo nada CC-2005-554 2
durante el término que tenía para ejercer el derecho, éste
debe estimarse prescrito. Pero si el titular se valió en
algo de su derecho, aunque no sea su aprovechamiento óptimo,
no puede estimarse que el titular lo abandonó a tal grado
que se materializó su extinción. La prescripción extintiva
presupone el “silencio” del titular. Cualquier ejercicio,
por poco que sea, contradice ese “silencio”.
Es por lo anterior, que considero que la recurrida
interrumpió aquí el término prescriptivo
extrajudicialmente. No hubo total inacción de su parte. Los
actos extrajudiciales, por su propia naturaleza, nunca
pueden tener los rasgos definitorios de una acción
judicial; no obstante, el Derecho admite plena eficacia a
la interrupción extrajudicial de la prescripción. Lo
determinante es si hubo tal inacción de parte del titular
que debe estimarse que éste abandonó su derecho. Si hubo
alguna acción extrajudicial, ésta interrumpe la
prescripción porque sólo de la total inacción puede
presumirse el abandono de un derecho. De otro modo no puede
privarse a un titular de lo que legítimamente le pertenece.
No debe olvidarse que la prescripción supone una
expoliación, por lo que no debe estimarse qué ha ocurrido,
excepto cuando es claro que el titular ha abandonado su
derecho.
Como la mayoría del Tribunal resuelve de otro modo, yo
disiento.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Umpierre Biascochea Recurrida
Certiorari v.
CC-2005-554 Banco Popular de Puerto Rico; Jesús Cáez Peticionarios
Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2007.
Disiento de la determinación que toma en el
día de hoy una Mayoría de este Tribunal de
desestimar la reclamación de daños por hostigamiento
sexual al entender que la misma está prescrita. El
resultado al que llega la Mayoría del Tribunal en el
presente caso es contraria a la tendencia liberal
sobre la prescripción de las acciones que hemos
establecido en nuestra jurisprudencia, la cual
requiere que consideremos los elementos subjetivos
que afectan el dies a quo y el ejercicio efectivo de
una acción judicial. Véase Santiago v. Ríos Alonso,
156 D.P.R. 181, 195 (2002).
El hostigamiento por ambiente hostil se produce
cuando la conducta hacia una persona por razón de su CC-2005-554 Opinión disidente 2
sexo interfiere irrazonablemente con el desempeño de su
trabajo o crea un “ambiente intimidante, hostil u
ofensivo”. Rodríguez Meléndez v. Supermercados Amigo, Inc.,
126 D.P.R. 117, 132 (1990). Esta vertiente del
hostigamiento sexual se caracteriza por la multiplicidad de
actos que la configura. In re Robles Sanabria, 151 D.P.R.
483, 500 (2000). La modalidad del ambiente hostil requiere
que acaezcan varios actos discriminatorios repetidos que
constituyan un patrón de conducta hostigante. Cada uno de
estos actos unidos entre sí o en conjunto produce el efecto
intimidante y hostil en la persona perjudicada. En Santiago
v. Ríos Alonso, supra, pág. 192, resolvimos que una causa
de acción fundamentada en unos incidentes repetidos que
componen un cuadro de daños físicos, emocionales y físico
constituye una modalidad de daños continuados. Por esta
razón, entiendo que los daños producidos por hostigamiento
sexual por ambiente hostil están enmarcados dentro de esta
categoría.
Anteriormente, citando al tratadista Herminio Brau del
Toro, hemos definido los daños continuados como “aquéllos
producidos por uno o más actos culposos o negligentes
imputables al actor, coetáneos o no, que resultan en
consecuencias lesivas ininterrumpidas, sostenidas,
duraderas[,] sin interrupción, unidas entre sí, las cuales
al ser conocidas hacen también que se conozca —por ser
previsible— el carácter continuado e ininterrumpido de sus
efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto CC-2005-554 Opinión disidente 3
compuesto por elementos de un daño actual (aquel que ya ha
acaecido) y de daño futuro previsible y por tanto cierto”.
Galib Frangie v. El Vocero, 138 D.P.R. 560, 575 (1995);
Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 190; Nazario v. ELA,
2003 T.S.P.R. 116, en la pág. 10. Véase H.M. Brau del
Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto
Rico, 2nda Ed.,Publicaciones J.T.S., San Juan (1986), pág
648.
La doctrina civilista y nuestra jurisprudencia han
señalado que una acción por daños continuados se renueva
día a día hasta que la causa que los genera cesa. Capella
v. Cabrera, 57 D.P.R. 258, 266 (1940); Arcelay v. Sánchez
Martínez, 77 D.P.R. 824, 837-839 (1955). A su vez, en
Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 195, en el contexto de
violencia doméstica, establecimos que el momento a partir
del cual comienza a correr el término prescriptivo de la
acción en daños es cuando la víctima de un ambiente de
maltrato e intimidación rompe con el ciclo de barbarie, y
cesa, por tanto, la conducta represiva hacia ésta. Por
consiguiente, es forzoso concluir, al igual que lo hace la
Opinión de conformidad, que el plazo prescriptivo para la
acción que aquí nos ocupa comienza a transcurrir cuando se
produce el resultado definitivo del daño o hasta que se
verifique el último de los actos. Véase Nazario v. ELA,
supra, en la pág. 11; Santiago v. Ríos Alonso, supra.
Al aplicar la doctrina antes explicada, tanto la
Mayoría de este Tribunal como la Opinión de conformidad CC-2005-554 Opinión disidente 4
resuelven revocar al Tribunal de Apelaciones y desestimar
la acción de la demandante por prescripción. En particular,
entiende la Opinión de conformidad que la exposición de la
señora Umpierre Biascochea a un ambiente hostil cesó el 4
de febrero de 2000, fecha en que dejó de presentarse al
trabajo. Expresa que es desde entonces que finalizaron los
actos del alegado hostigamiento. No estoy de acuerdo.
En los hechos del presente caso, debe tenerse en
cuenta que si bien la señora Umpierre Biascochea dejó de
acudir a su trabajo el 4 de febrero de 2000, no presentó su
renuncia en dicha fecha. No es hasta el 12 o 13 de marzo de
2000,11 después de reunirse con la gerencia del Banco y de
ser diagnosticada con depresión severa, que la demandante
se siente compelida a renunciar a su puesto. Ese día de su
renuncia como empleada del Banco debe ser el punto de
partida para el cómputo de la prescripción de la acción en
daños.
No podemos concluir que el que la perjudicada no haya
asistido a su trabajo por un tiempo antes de renunciar
finalizó, de por sí, el patrón de hostigamiento al que
alegadamente era sometida. Hemos señalado que el
hostigamiento por ambiente hostil interfiere
11 Al examinar el expediente del caso, se desprende que existe una controversia de hecho en cuanto a la fecha exacta en la que la señora Umpierre Biascochea notificó su carta de renuncia al Banco Popular. La carta está fechada 12 de marzo de 2000, mientras que en algunos documentos del patrono se señala que la carta fue entregada el 13 de marzo de 2000. Contrario a la Opinión de conformidad, y según explicaré más adelante, entiendo que la solución a esta controversia es determinante para poder establecer el dies a quo en el caso de autos. CC-2005-554 Opinión disidente 5
irrazonablemente con el desempeño del trabajo de la víctima
y causa en ésta ansiedad, debilita su autoestima y su
confianza. Rodríguez Meléndez v. Supermercados Amigo, Inc.,
supra, pág. 132. Por eso, el ambiente hostil no se
experimenta sólo con la cercanía física al hostigador y en
la incomodidad próxima del entorno laboral. Mientras
perdure la relación laboral, la ausencia física de la
perjudicada de su lugar de trabajo no suprime los efectos
del hostigamiento en su estado anímico y emocional ni
altera la ansiedad producto del ambiente intimidante y
hostil del lugar de trabajo al cual debe regresar. El
ambiente hostil creado por el patrón de conducta hostigante
no está delimitado por un espacio físico determinado sino
que se encuentra también en un estado mental y emocional de
humillación e intimidación que trasciende el lugar de
trabajo. Ante esta realidad, la ausencia de la perjudicada
de su lugar de trabajo es un intento suyo de minimizar los
efectos nocivos del hostigamiento pero no finaliza de forma
automática el ambiente hostil que según las alegaciones la
afectaba y envilecía las condiciones de su empleo.
Como señalé anteriormente, tanto la Ley núm. 17 como
nuestra jurisprudencia establecen que una de las
manifestaciones del hostigamiento sexual es la de
interferir de manera irrazonable con el desempeño del
trabajo o afectar impermisiblemente las condiciones de
empleo. Art. 3 Ley núm. 17, 29 L.P.R.A. sec. 155b; In re
Robles Sanabria, supra, pág. 500; Rodríguez Meléndez v. CC-2005-554 Opinión disidente 6
Supermercados Amigo, Inc., supra, pág. 132. No debemos
pasar por alto que la señora Umpierre Biascochea vio sus
condiciones de empleo afectadas de modo tan significativo e
irrazonable que tuvo que ausentarse de su trabajo. Su
decisión de alejarse de su lugar de empleo no fue
caprichosa ni pueril, mas bien fue provocada directamente
por el hostigamiento que alega haber sufrido constantemente
y por el ambiente hostil que contaminaba su entorno
laboral. La renuncia eventual de la señora Umpierre
Biascochea fue para ella la solución más efectiva para
cesar la conducta hostigante y poder desprenderse
totalmente del ambiente hostil que sufría tanto en su lugar
de trabajo como en su estado anímico frente a éste. Por
eso, no es hasta que se vio obligada a renunciar a su
trabajo, que se concretó el “resultado definitivo” del daño
al que alude la Opinión de conformidad. Dado que el daño
definitivo (que incluye la pérdida de su trabajo) se
produjo en un momento posterior al alegado último acto de
hostigamiento sexual (que fue lo que provocó la ausencia
inicial), es la fecha de la renuncia la que es determinante
para el cómputo de la prescripción.
Por último, es necesario destacar otra razón de peso
para concluir que la fecha de renuncia es la que determina
el dies a quo en el caso de autos. Me refiero a la
obligación del patrono de evitar el hostigamiento, que no
cesó respecto a la señora Umpierre Biascochea cuando ella
se ausentó de su trabajo. CC-2005-554 Opinión disidente 7
La Ley núm. 17 tiene dos propósitos fundamentales,
prohibir terminantemente el hostigamiento sexual en el
empleo, por ser éste una forma de discrimen por razón de
sexo que viola la dignidad humana, e imponer las
responsabilidades pertinentes en caso de incumplimiento.
Véase Art. 1 Ley núm. 17, supra, 29 L.P.R.A. sec. 155. Así,
la ley establece expresamente el deber de todo patrono de
“prevenir, desalentar y evitar el hostigamiento sexual en
el empleo” y garantizar que los empleados “puedan trabajar
con seguridad y dignidad”. Art. 10 Ley núm. 17, supra, 29
L.P.R.A. sec. 155i. La violación por parte del patrono a
su deber de mantener el centro de trabajo libre de
hostigamiento sexual e intimidación contribuye a la
manifestación del ambiente hostil, y es el fundamento de su
responsabilidad por los daños causados a la víctima del
hostigamiento. A estos efectos, la ley responsabiliza al
patrono no sólo por sus propias acciones sino también por
las actuaciones hostigantes de sus agentes o supervisores.
Véase Art. 5 y 6 Ley núm. 17, supra, 29 L.P.R.A. secs.
155d-155e. El lenguaje de la Ley núm. 17 nos exige concluir
que el deber de todo patrono de asegurarle a cada uno de
sus empleados unas condiciones de trabajo libre de
hostigamiento sexual es continuo e ineludible. Como bien
señaló el Juez Asociado señor Negrón García en Sánchez v.
Autoridad de Energía Eléctrica, 142 D.P.R. 880, 886 (1997)
(Opinión concurrente), “[este deber] prosigue, en cuanto de CC-2005-554 Opinión disidente 8
cada empleado en particular, hasta su último día de
trabajo”.
El último día de trabajo de la señora Umpierre
Biascochea no fue el día en que huyó de un centro de empleo
que según alega estaba cargado de intimidación, hostilidad
y humillación. Su último día de trabajo fue el día de su
renuncia. El deber del Banco de mantener un centro de
trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación se
extendió, respecto a las alegaciones de la señora Umpierre
Biascochea, hasta ese día. Interpretar que la obligación
del patrono fue interrumpida por la ausencia de la
perjudicada, sería dar al traste con la máxima
constitucional que exige la inviolabilidad de la dignidad
del ser humano y con nuestra política pública imperante que
busca erradicar el hostigamiento sexual en el empleo. El
Banco tenía la responsabilidad de cumplir con su deber
patronal para con su empleada hasta el día en que ésta dejó
efectivamente de serlo. Es hasta ese momento que el
patrono pudo tomar las medidas necesarias para establecer
unas condiciones de empleo que permitieran el regreso de la
señora Umpierre Biascochea a un ambiente laboral libre de
hostigamiento e intimidación. Entre el último día de
asistencia de la demandante a su trabajo y su renuncia, la
obligación del patrono conforme a la Ley núm. 17 estaba
vigente. Por eso, su posible responsabilidad ante el daño
alegado por la señora Umpierre Biascochea no cesó durante
este periodo. El que el patrono refiriese a la señora CC-2005-554 Opinión disidente 9
Umpierre Biascochea al Fondo del Seguro del Estado no fue
una medida apropiada ni suficiente para corregir la alegada
situación de hostigamiento.
Por todo lo anterior, devolvería el caso al Tribunal
de Primera Instancia para que se continúen los
procedimientos y se resuelva la controversia en cuanto a la
fecha exacta en que se notificó la renuncia de la señora
Umpierre Biascochea al Banco Popular.12 La solución a esta
controversia de hecho será la que determine si la
reclamación por daños instada en el caso de autos estaba
prescrita. Siendo distinto el resultado al que llega una
Mayoría de este Tribunal, disiento.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada
12 Véase supra nota 1.
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