EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Vivian Alina Díaz Ramos
Peticionaria Certiorari
v. 2017 TSPR 156
198 ____ Celestino José Matta Irizarry
Recurrido
Número del Caso: CC-2016-1148
Fecha: 11 de agosto de 2017
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan y Caguas
Abogadas de la parte peticionaria:
Lcda. María Santos Rivera Lcda. Yadira Santiago Vázquez
Abogadas de la parte recurrida:
Lcda. Maritza González Ortiz Lcda. Carmen Emilia Mora Ruiz
Materia: Derecho de Familia - Improcedencia de la aplicación retroactiva de las Guías Mandatorias para computar las pensiones alimentarias en Puerto Rico, Reglamento 8529 de 30 de octubre de 2014.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria
v. Núm.CC-2016-1148
Celestino José Matta Irizarry
Opinión emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2017
En esta ocasión nos corresponde determinar si procede
la aplicación retroactiva de las Guías mandatorias para
computar las pensiones alimentarias en Puerto Rico,
Reglamento 8529 de 30 de octubre de 2014 (Guías de 2014).
Así, el presente caso nos requiere aclarar el concepto de
caso pendiente en el contexto particular de una obligación
de brindar alimentos a los hijos menores de edad.
I
La Sra. Vivian Alina Díaz Ramos (peticionaria) y el
Sr. Celestino José Matta Irizarry (recurrido) procrearon
tres (3) hijos durante su matrimonio. Posteriormente,
durante el trámite de divorcio, se concedió a la señora
Díaz Ramos la custodia de los menores de edad y se fijó una
pensión alimenticia de $1,137.50 quincenales al amparo de
las Guías para determinar y modificar las pensiones
alimentarias en Puerto Rico, Reglamento 7135 de 2006, de 24
de abril de 2006 (Guías de 2006). CC-2016-1148 2
Pasado más de tres (3) años, el 9 de julio de 2012, la
señora Díaz Ramos presentó una solicitud de revisión de la
pensión alimenticia. Con el fin de fijar la nueva pensión,
la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA) celebró
catorce (14) vistas en las cuales recibió prueba sobre el
ingreso de ambos padres, los nuevos gastos universitarios
de dos (2) de los hijos y la disminución de las relaciones
paterno-filiales. Así pues, ante los cambios en las
necesidades de los menores, la EPA fraccionó la revisión en
ocho (8) periodos.1
Finalmente, la EPA rindió un Informe el 18 de abril de
2016 en el cual recomendó computar la pensión según lo
dispuesto en la Guía vigente para cada periodo. Es decir,
la pensión para los primeros cinco (5) periodos -
comprendidos desde el 9 de junio de 2012 al 31 de noviembre
de 2014- se computaron a tenor con lo dispuesto en las
Guías de 2006 y los restantes tres (3) periodos -
comprendidos desde el 1 de diciembre de 2014 en adelante-
se calcularon en virtud de las Guías mandatorias para
Reglamento 8529 del 30 de octubre de 2014 (Guías de 2014).2
1 Los periodos fueron desglosados de la siguiente manera: (1) del 9 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012; (2) del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013; (3) del 1 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014; (4) del 1 de junio de 2014 al 31 de octubre de 2014; (5) del 1 de noviembre de 2014 al 31 de noviembre de 2014; (6) del 1 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014; (7) del 1 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2015; (8) del 1 de junio de 2015 en adelante. 2 La EPA consignó en su Informe las siguientes recomendaciones: CC-2016-1148 3
El 19 de abril de 2016, el Tribunal de Primera Instancia
emitió una Resolución en la cual acogió las precitadas
recomendaciones de la EPA.
Así las cosas, el 29 de abril de 2016, la señora Díaz
Ramos presentó ante el foro primario dos (2) mociones. En
la moción intitulada Cómputo de retroactivo de pensión
alimentaria y solicitud de resolución ordenando pago indicó
que, conforme al desglose de la pensión alimenticia que
debió pagar el señor Matta Irizarry desde el 2012 a mayo de
2015, éste adeudaba $30,836.41. Por otra parte, la segunda
moción urgió el cobro de honorarios de abogados.
Del 9 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012, el PNC [Padre No Custodio] debió haber pagado una pensión alimentaria de $3,754.00 mensuales.
Del 1ro de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013, el PNC debió haber pagado una pensión alimentaria de $3,574.00 mensuales.
Del 1ro de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014, el PNC debió haber pagado una pensión alimentaria de $3,800.00 mensuales.
Del 1ro de junio de 2014 al 31 de octubre de 2014, el PNC debió haber pagado una pensión alimentaria de $3,050.00 mensuales.
Del 1ro de noviembre de 2014 al 31 de noviembre de 2014, el PNC debió haber pagado una pensión alimentaria de $2,846.00 mensuales.
Del 1ro de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, el PNC debió haber pagado una pensión alimentaria de $1,572.00 mensuales.
Del 1ro de enero de 2015 al 31 de mayo de 2015, el PNC debió haber pagado una pensión alimentaria de $1,680.00 mensuales.
Del 1ro de junio de 2015 en adelante, el PNC deberá para una pensión alimentaria de $2,162.00 mensuales. Véase Informe de 18 de abril de 2016. Véase Informe de la EPA, en la pág. 16. CC-2016-1148 4
Ante esto, el señor Matta Irizarry presentó, el 3 de
mayo de 2016, una Moción de reconsideración en la cual
indicó que las Guías de 2014 debieron retrotraerse a todos
los periodos en revisión toda vez que las nuevas guías
aplican a los casos pendientes. En vista de ello, alegó que
su caso aún estaba en etapa de descubrimiento de prueba
ante la EPA cuando advino la fecha de efectividad de las
Guías de 2014. Consecuentemente, solicitó al foro primario
que recalculara la pensión correspondiente de los periodos
comprendidos desde el 9 de julio de 2012 al 30 de noviembre
de 2014 al amparo de las Guías de 2014. No obstante, el
foro primario denegó tal solicitud mediante una Resolución
notificada el 8 de junio de 2016.
Por estar en desacuerdo, el señor Matta Irizarry
presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de
Apelaciones el 1 de julio de 2016. El foro apelativo
intermedio notificó, el 4 de octubre de 2016, la Sentencia
en la cual concluyó que las Guías de 2006 fueron derogadas,
pues así lo dispuso expresamente el artículo 5 de las Guías
de 2014.3 Además, puntualizó que el artículo 29 de las Guías
de 2014 establece que estas aplicarán a todo caso
pendiente. De esta forma, revocó el dictamen recurrido y
3 El artículo 5 de las Guías de 2014 dispone lo siguiente: “Con la aprobación del presente Reglamento queda derogado el Reglamento Núm. 7135 titulado Guías para Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico de 24 de abril de 2006. Se dispone que las pensiones alimentarias que se hayan fijado conforme al Reglamento Núm. 7135 solo serán revisadas o modificadas si se cumplen con los criterios establecidos en el Artículo 19 de la Ley”. Guías de 2014, supra, en la pág. 2. CC-2016-1148 5
devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
realizara un nuevo cómputo de la pensión alimenticia
retrotrayendo las Guías de 2014 a todos los periodos en
controversia.
Ante este mandato del Tribunal de Apelaciones, la
peticionaria presentó una Moción de reconsideración el 17
de octubre de 2016, mas ésta fue denegada el 4 de noviembre
de 2016. Asimismo, el 4 de noviembre de 2016 la
peticionaria recibió la notificación de una Resolución y
Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia en la
que se computó la pensión alimenticia para todos los
periodos adeudados al amparo de las Guías de 2014.
Por estar inconforme, la señora Díaz Ramos compareció
ante este Tribunal mediante una Moción en auxilio de
jurisdicción y un recurso de certiorari. La peticionaria
solicitó la paralización de los procedimientos relacionados
con la aplicación retroactiva de las Guías de 2014. Arguyó
que la referida Resolución y Orden fue emitida
prematuramente, pues no había transcurrido los diez (10)
días laborables luego de haber advenido final y firme la
decisión del Tribunal de Apelaciones.4
Por su parte, en el recurso de certiorari señaló que
la aplicación retroactiva de las Guías de 2014 a todos los
4 La regla 84 (E) del Tribunal de Apelaciones dispone lo siguiente respecto a las mociones de reconsideración: “transcurridos diez (10) días laborables de haber advenido final y firme la decisión del Tribunal de Apelaciones, el Secretario (a) enviará el mandato al Tribunal de Primera Instancia o a la agencia correspondiente, junto con todo el expediente original cuando este haya sido elevado”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 84. CC-2016-1148 6
periodos en controversia supuso una reducción de
aproximadamente $36,500.00, entiéndase, un treinta y ocho
por ciento (38%) de la pensión alimenticia de los tres (3)
menores de edad.5 Por esto, la peticionaria planteó que erró
el Tribunal de Apelaciones al revocar la Sentencia dictada
por el Tribunal de Primera Instancia y haber ordenado un
nuevo cómputo aplicando retroactivamente las Guías del 2014
a todos los periodos adeudados. Además, arguyó que la
determinación del foro apelativo intermedio contravino el
principio de la irretroactividad de las leyes y lo resuelto
en Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 D.P.R. 728
(2009).
5 Desglose de la reducción en la pensión alimenticia mensual tras la aplicación retroactiva de las Guías de 2014 a los primeros cinco periodos. Pensión Pensión alimenticia alimenticia Diferencia mensual mensual mensual Periodo* según según la (por ciento Sentencia Resolución y de del TPI del Orden del disminución) 19 de abril TPI del 2 de de 2016 febrero de 2016 9/julio/2012- -$1,257.00 $3,754.00 $2,497.00 31/diciembre/2012 (-33.5%) 1/enero/2013- $1,122.00 $3,574.00 $2,452.00 31/diciembre/2013 (-31.4%) 1/enero/2014- $1,343.00 $3,800.00 $2,457.00 31/mayo/2014 (-35.3%) 1/junio/2014- $1,470.00 $3,050.00 $1,580.00 31/octubre/2014 (-48.2%) 1/noviembre/2014- $1,470.00 $2,846.00 $1,376.00 31/noviembre/2014 (-51.7%) *Cabe aclarar que en la precedente tabla no se incluyeron los tres (3) periodos comprendidos desde el 1 de diciembre de 2014 en adelante, puesto que sobre ellos no existe controversia en cuanto a la aplicabilidad de las Guías de 2014. CC-2016-1148 7
Examinado los recursos, el 15 de diciembre de 2016
declaramos “con lugar” la Moción en auxilio de jurisdicción
y concedimos a las partes un término de veinte (20) días
para que mostraran causa por la cual debíamos expedir el
presente recurso de certiorari. Contando con el beneficio
de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.
II
En nuestro ordenamiento jurídico, todo padre y madre
tiene “el deber de alimentar [a sus hijos no emancipados],
tener[l]os en su compañía, educarlos e instruirlos con
arreglo a su fortuna, y representarlos en el ejercicio de
todas las acciones que puedan redundar en su provecho”.
Cód. Civ. P.R. Art. 153, 31 L.P.R.A. Sec. 601. Es de tal
envergadura esta obligación que hemos reconocido que la
reclamación de alimentos es constitutiva del derecho a la
vida protegido por la Constitución de Puerto Rico. Véase
Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 D.P.R. 728
(2009); Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001). Ello
pues, este derecho está:
[D]estinado a proteger la supervivencia de la persona, su desarrollo biológico y su formación, a fin de que ésta pueda insertarse activamente en la sociedad y paralelamente generarse la oportunidad de concretar su proyecto de vida que comprenda la realización de la persona en el ámbito material y espiritual”. Cecilia G. González Fuentes, Alimentos: El derecho de alimentos desde la perspectiva de los derechos fundamentales 15 (Perú, 2007).
En calidad de servir como garante de este derecho, el
legislador creó la Agencia para el Sustento de Menores
(ASUME) cuya política pública es procurar que los padres CC-2016-1148 8
legales cumplan con su deber de mantener a sus hijos
menores de edad. Véase Ley orgánica de la Administración
para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre
de 1986, según enmendada, 8 L.P.R.A. sec. 502. (Ley
orgánica de la ASUME). Para lograr la consecución de tal
objetivo, la Asamblea Legislativa delegó al administrador
de la ASUME la facultad de adoptar reglamentos dirigidos a
instrumentar el cómputo de las pensiones alimenticias.
Véase 8 L.P.R.A. sec. 518. En virtud de esta facultad, el
29 de octubre de 2014, la ASUME promulgó las nuevas Guías
de 2014 cuyo propósito es “establecer las guías mandatorias
para determinar las pensiones alimentarias de los y las
alimentistas menores de edad en Puerto Rico, basadas en
criterios numéricos y descriptivos, los cuales faciliten el
cómputo de la cuantía de la obligación alimentaria”.
Artículo 3, Guías de 2014, supra, en la pág. 1.
Sin embargo, la puesta en vigor de las Guías de 2014
ha producido dictámenes dispares. Para comprender este
conflicto interpretativo es necesario examinar el artículo
29 de estas Guías, el cual dispone lo siguiente:
Este Reglamento entrará en vigor a los 30 días de su presentación ante el Departamento de Estado, según establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. El mismo aplicará a todos los casos que estén pendientes y a los que se presenten con posterioridad a la fecha de su vigencia. Artículo 29, Guías de 2014, supra, en la pág.33.
Sobre este particular, diversos foros inferiores han
optado por una aplicación prospectiva de las Guías de 2014,
pues el texto del precitado artículo indica que éstas CC-2016-1148 9
“entrará[n] en vigor a los 30 días de su presentación ante
el Departamento de Estado”. Por otra parte, en un sinnúmero
de dictámenes, el Tribunal de Apelaciones -incluyendo el
panel adjudicador de la Sentencia aquí recurrida- concluyó
que las Guías de 2014 son de aplicación retroactiva en
consideración a que la segunda oración del artículo 29
dispone que éstas “aplicará[n] a todos los casos que estén
pendientes”.6
Asimismo, alertamos que el concepto de caso pendiente
ha sido interpretado de forma conflictiva. En ciertas
instancias, se define como aquel en que no ha advenido
final y firme una sentencia o resolución. Por lo tanto, un
caso aún en etapa apelativa se consideraría como uno
pendiente.7 Sin embargo, otros adjudicadores han definido
caso pendiente como aquel que ha quedado sometido para la
dilucidación ante el Tribunal, entiéndase, luego de haber
concluido el desfile de la prueba.8
6 Véase Rivera Umpierre v. García Collazo, KLAN201300818 (2015); Tirado Pérez v. Serrano Nieves, KLAN201400770 (2015); Castrodad Santos v. Negrón Cortés, KLAN201500560 (2015); Colón Álvarez v. Ramírez Figueroa, KLAN201600411 (2016). 7 En Colón Álvarez v. Ramírez Figueroa, KLAN 201600411 (2016), el foro apelativo intermedio recurrió al uso y costumbre para significar el concepto de caso pendiente, puesto que el Reglamento 8529 no dispone nada al respecto. Por ello, concluyó que “‘caso pendiente’ se refiere a un caso en que todavía no se haya celebrado vista evidenciaria o que todavía no esté sometido”. Colón Álvarez, en la pág.7. Asimismo, determinó “que los casos pendientes a los cuales hace referencia el Reglamento 8529 se refiere a todo caso en donde no haya recaído sentencia o resolución final; es decir aquellos casos que no hayan concluido”. Id. 8 Véase Meaux Rivera v. García Aguirre, KLAN201500934 (2015). CC-2016-1148 10
Ahora bien, este Tribunal se enfrentó a este conflicto
interpretativo anteriormente. Destacamos pues, que en
Torres Rodríguez examinamos de forma particular el asunto
de la retroactividad de las Guías de 2006. Mediante estas
Guías se introdujo, por primera vez, la cláusula de ajuste
de la pensión por ampliación de las relaciones filiales.
Ante esto, el padre no custodio alegó que el ajuste a la
pensión alimenticia básica -computada en virtud de las
Guías de 2006- debía retrotraerse al 2003, año en el cual
el tribunal amplió sus relaciones paterno-filiales.9 El
conflicto interpretativo sobre la aplicación retroactiva de
las Guías de 2006 se circunscribió al lenguaje del artículo
12, disposición legal idéntica a la que hoy procedemos a
dirimir.10
Con tal de disponer de aquella controversia, este
Tribunal optó por emplear un examen para determinar la
retroactividad de las Guías de 2006. Este requiere evaluar:
“en primer lugar, si el reglamento tiene efecto
retroactivo; en segundo lugar, si la agencia que lo adopta
tiene la facultad delegada de otorgarle efecto retroactivo
9 En este caso, el Tribunal de Primera Instancia revisó la pensión para los periodos comprendidos desde el 1997. Torres Rodríguez, 177 D.P.R. en la pág. 736. 10 El referido artículo 12 dispuso lo siguiente:
Este Reglamento entrará en vigor a los treinta (30) días de su presentación ante el Departamento de Estado, según establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. El mismo aplicará a todos los casos que estén pendientes y a los que se presenten con posterioridad a la fecha de su vigencia. Artículo 12, Guías de 2006, supra, en la pág. 31. CC-2016-1148 11
a ese reglamento y en tercer lugar, si el efecto
retroactivo del reglamento es válido”. Torres Rodríguez,
177 D.P.R. en las págs. 758-759 (2009).
Tras la aplicación de este análisis concluimos que “el
Artículo 12 del Reglamento Núm. 7135, supra, establec[ió]
de forma palmaria que su aplicación debe ser prospectiva,
al exponer que su entrada en vigor será a los treinta días
de su presentación en el Departamento de Estado sin
especificar si tendr[ía] efecto retroactivo”. Id., en la
pág. 761. Además, al analizar los poderes delegados a la
ASUME, concluimos que no surgía de la Ley Orgánica de la
referida agencia la intención expresa ni tácita para que
ésta creara reglamentos de aplicación retroactiva. Por el
contrario, enfatizamos que:
La intención legislativa no fue permitir que la ASUME pudiera promulgar reglamentos de aplicación retroactiva que pudieran menguar de alguna forma las pensiones alimenticias. Esto es así, porque lo más importante para el legislador es el bienestar del menor, el cual se podría afectar ante la disminución de la pensión alimenticia, aunque se trate de un ajuste. En ese sentido, no podemos ni debemos refrendar la aplicación retroactiva de un reglamento que a todas luces no puede comportar tal pretensión. Id., en la pág. 763.
Sin embargo, en aquel entonces este Tribunal nada dispuso
acerca del concepto caso pendiente en el contexto de una
obligación de suplir alimentos a los menores de edad.
A pesar de nuestro dictamen en Torres Rodríguez, en el
presente caso, el Tribunal de Apelaciones –al igual que el
recurrido- puntualizan que las Guías de 2014 pueden ser
aplicadas retroactivamente. Además, el foro apelativo CC-2016-1148 12
intermedio subraya que la controversia ante nuestra
consideración se distingue de lo resuelto en Torres
Rodríguez, pues se circunscribió únicamente a si la
cláusula de ajuste a la pensión alimenticia por las
relaciones paterno-filiales, introducidas por primera vez
mediante las Guías de 2006, era de aplicación retroactiva.
Por el contrario, la peticionaria reafirma que la
retroactividad es la excepción en nuestro ordenamiento
jurídico y que en Torres Rodríguez se resolvió exactamente
la presente controversia. Ello pues, el texto del artículo
12 de las Guías de 2006 y el artículo 29 de las Guías de
2014 son un calco exacto. Asimismo, el análisis empleado
por este Tribunal para concluir que la ASUME carecía de
facultad para promulgar reglamentos con efecto retroactivo
fue extensivo a todo el cuerpo reglamentario y no meramente
a la cláusula de ajuste a la pensión alimentaria por las
relaciones paterno-filiales como arguyó el recurrido.
III
A.
Como es sabido, la obligación de suplir alimentos está
revestida por un alto interés público, pues el Estado
procura que mediante esta prestación económica los menores
de edad logren la aptitud de valerse por sí mismos. Hoy
día, esta obligación abarca la satisfacción tanto de las
necesidades vitales como del abrigo, la habitación, la
salud, la educación, entre otros. Ante la confluencia de
estos elementos que propenden al desarrollo óptimo del ser CC-2016-1148 13
humano, surge el desdoblamiento de la obligación de brindar
alimentos, entiéndase, la distinción entre la obligación
jurídica básica y las obligaciones de cumplimiento
periódico. Adoración Padial Albás, La obligación de
alimentos entre parientes 181-182, Bosh, España (1997).
En materia de los alimentos entre parientes, la
obligación jurídica básica surge de la relación habida
“entre alimentante y alimentista, de naturaleza
estrictamente personal”. Id., en la pág. 182. Ahora bien,
el cumplimiento con esta obligación jurídica básica genera,
a su vez, obligaciones periódicas cuyo contenido se
adscribe “a lo indispensable para el sustento” del
alimentista. Id.
Es por ello que, diversos estudiosos de la materia
coinciden en que la obligación de brindar alimentos es una
personalísima, imprescriptible, de carácter recíproco,
relativa, variable y no es susceptible de ser satisfecha
mediante la figura de la solidaridad. Véase Manuel Medina
de Lemus, Derecho Civil: Derecho de Familia 33, T. IV
(2005); González Fuentes, supra, en la pág. 14.
De las precitadas características, la relatividad y
variabilidad manifiestan la susceptibilidad de cambio en el
contenido de la obligación por el mero paso del tiempo, lo
cual hace de este deber uno sui generis. Veamos.
Por relatividad debemos entender que la configuración
de la prestación requiere evaluar tanto las necesidades del
alimentista como las posibilidades económicas del obligado. CC-2016-1148 14
Véase Medina de Lemus, supra, en la pág. 33. Es decir, la
obligación se circunscribe a un balance entre las
necesidades del menor de edad y el principio de
proporcionalidad el cual considera el patrimonio de ambos
padres del alimentista. Por su parte, la variabilidad se
refiere a que es un derecho condicional y variable, lo que
provoca que en determinados supuestos se aumente o se
reduzca la cuantía de esta obligación. Id.
Ante la naturaleza cambiante del contenido de la
obligación de suplir alimentos, surge el esquema de
revisiones periódicas. En virtud de la Ley Orgánica de la
ASUME, las pensiones se revisan o se modifican cada tres
(3) años. Véase 8 L.P.R.A. sec. 518. Además, cabe señalar
que, las Hojas de trabajo para computar pensiones
alimentarias, se completan por intervalos de tiempo de un
año o de cierto espacio de tiempo en el cual surgió un
cambio sustancial en las necesidades del menor o en la
proporcionalidad por la que responde cada padre
alimentante.11 Mediante la revisión de las pensiones por
intervalos de tiempo se facilita su cómputo. De esta forma
el procedimiento aritmético empleado para este cálculo
puede abonar a la fijación de pensiones más armónicas, pues
11 El formulario intitulado Hojas de trabajo para computar pensiones alimentarias es utilizado para evaluar las necesidades de los menores y calcular la proporción del alimento por el cual responde cada padre. Disponible en: https://www2.pr.gov/agencias/asume/informacion/Documents/Ho ja%20de%20trabajo%20para%20computar%20pensiones%20alimentar ias%20Basadas%20en%20el%20Reglamento%208529.pdf (última visita, 24 de marzo de 2017). CC-2016-1148 15
este diseño de revisiones facilita la adecuación entre la
obligación y la realidad que le circunda.
B.
En vista de que la presente controversia versa sobre
un asunto de temporalidad, procedemos a examinar las
disposiciones del Derecho transitorio aplicables. En primer
lugar, es necesario enfatizar que en nuestro ordenamiento
jurídico es norma general que “las leyes no tendrán efecto
retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario”
Cód. Civ. P.R. Art. 3, 31 L.P.R.A. Sec. 3. Esta norma
responde a que “[e]l principio de irretroactividad es
expresión o efecto del valor de seguridad jurídica. . . . A
través del referido principio . . . se trata de mantener un
estado de certeza e inamovilidad de las situaciones a fin
de que los sujetos actúen amparados por una determinada
legislación....” Beatriz Verdera Izquierdo, La
irretroactividad: problemática general 32, (Dykinson,
Madrid, 2006). Consecuentemente, la retroactividad de las
leyes es una excepción en nuestro ordenamiento, por lo que
la intención del legislador sobre tal efecto debe relucir
del propio cuerpo normativo ya sea de forma tácita o
expresa. Véase Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177
D.P.R. 728 (2009); Asoc. Maestros v. Depto. Educación, 171
D.P.R. 640 (2007); Consejo Titulares v. Williams
Hospitality, 168 D.P.R. 101 (2006).
Por otra parte, cabe puntualizar que el principio de
la irretroactividad de las leyes se extiende a la CC-2016-1148 16
aplicación de los reglamentos administrativos, pues “[l]a
palabra ‘Leyes’ utilizada por el artículo 3 [del Código
Civil] ha de entenderse en sentido amplio, por lo que el
principio de irretroactividad deberá aplicarse a las demás
normas jurídicas; por ejemplo, a las disposiciones
administrativas”. Torres Rodríguez, 177 D.P.R. en la pág.
758. Véase, además, F. Bonet Ramón, Compendio de Derecho
Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1959, T. I, en la
pág. 203.
A pesar de que el principio de la irretroactividad
aparenta solucionar las problemáticas surgidas de la
sucesión de las leyes en el tiempo, la realidad es que no
existe una fórmula universal para ello. Verdera Izquierdo,
supra, en la pág. 131. Esto es así, puesto que “la
aplicación de una regla aparentemente tan sencilla, se
encuentra una de las más graves dificultades que ofrece la
ciencia del Derecho: la de determinar con precisión qué es
lo que debe considerarse como pasado respecto a la nueva
ley”. Pascual Fiore, De la irretroactividad e
interpretación de las leyes 30, (4ta ed., Ed. Reus, Madrid,
2009).
Para la debida adjudicación de la presente
controversia, es meritorio examinar los diversos supuestos
de retroactividad. El Derecho transitorio ha elaborado
diversas clasificaciones, entre las cuales se encuentra la
categoría según el grado de retroactividad. Esta
categorización se basa en el efecto de retroactividad, CC-2016-1148 17
entiéndase, si es de grado máximo, medio o mínimo. Verdera
Izquierdo, supra, en la pág. 85.
La retroactividad de grado máximo es aquella en la que
“[l]a ley nueva se aplica incluso a las consecuencias de
actos y relaciones jurídicas realizados bajo la vigencia de
la anterior”. Id., en la pág. 87. Por su parte, la
retroactividad en grado medio surge cuando:
“[l]a ley retroactiva se aplica a efectos que ya existían o habían nacido durante la vigencia de la ley derogada, pero que han de ejecutarse después de la entrada en vigor de la nueva norma. Consecuentemente, la nueva ley es aplicada a efectos aún no consumados de situaciones que nacieron al amparo de la norma antigua”. Id., en la pág. 90.
Finalmente, la retroactividad de grado mínimo surge cuando
“[l]a nueva ley se aplica a los efectos de una relación
jurídica regulada según la vigencia de la legislación
anterior, pero sólo a los que nazcan después de estar
vigente la nueva ley, sustituyendo desde entonces la nueva
regulación a la antigua”. Id., en la pág. 91.
IV
Como bien anticipamos, la señora Díaz Ramos solicitó,
el 9 de julio de 2013, la revisión de la pensión alimenticia
de los tres (3) menores de edad procreados con el señor
Matta Irizarry. Sin embargo, la revisión de la pensión
estuvo ante la consideración de la EPA y el Tribunal de
Primera Instancia durante más de tres (3) años, periodo en
el cual hubo un cambio en las guías para fijar las
pensiones. La ASUME promulgó las Guías de 2014 el 30 de
octubre de 2014, cuya fecha de efectividad sería, CC-2016-1148 18
específicamente, el 29 de noviembre de 2014. A esos efectos,
la EPA recomendó en su Informe del 18 de abril de 2016,
fijar la pensión utilizando las guías que estuviesen
vigentes para cada periodo. Por lo tanto, los primeros cinco
(5) periodos en revisión se computaron al amparo de las
Guías de 2006 y los restantes periodos según lo establecido
en las Guías de 2014. Finalmente, el 19 de abril de 2016, el
Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en la
cual acogió las recomendaciones de la EPA.
Por hallarse inconforme, el señor Matta Irizarry
recurrió al Tribunal de Apelaciones, foro que determinó que
las Guías de 2014 aplican retroactivamente a todos los
periodos en controversia. Ante este dictamen -lo cual supuso
una reducción del treinta y ocho por ciento (38%) de la
pensión de los menores- la señora Díaz Ramos acudió ante
este Tribunal.
Ahora bien, para disponer correctamente de la presente
controversia, es necesario aplicar el análisis de la
irretroactividad de los reglamentos administrativos acogido
en Torres Rodríguez a los hechos antes esbozados.
El primer criterio a evaluarse es si el reglamento en
cuestión tiene efecto retroactivo. De la lectura del
artículo 29 de las Guías de 2014 surge claramente que estas
entrarán “en vigor a los treinta (30) días de su
presentación ante el Departamento de Estado”.12 Artículo 29,
12 En Torres Rodríguez concluimos que no era de aplicación retroactiva, puesto que el texto no aludió expresamente a su aplicación retroactiva. CC-2016-1148 19
Guías de 2014, supra, en la pág. 33. Sin embargo, el
mencionado artículo también dispone que “aplicará a todos
los casos que estén pendientes y a los que se presenten con
posterioridad a la fecha de su vigencia”. Según reseñamos,
el concepto de caso pendiente ha sido una de las principales
fuentes de la disparidad adjudicativa en los foros
inferiores ya que para algunos éste revela la intención
tácita del legislador para impartirle efecto retroactivo al
reglamento. Para disipar cualquier duda sobre este
particular, procedemos a analizar el concepto caso pendiente
en el contexto de una obligación de suplir alimentos.
Como bien detallamos, la obligación de dar alimentos es
una particular, sensitiva al devenir del tiempo, por lo que
la Ley Orgánica de la ASUME diseñó un mecanismo para el
cómputo de las pensiones basado en un análisis de
periodicidad. De esta forma, se pretende fijar pensiones
que, con mayor certeza, reflejen o se ajusten a los cambios
en las necesidades del menor o en la capacidad económica de
los alimentantes.
Asimismo, cabe recordar que la acción mediante la cual
se inicia una revisión de pensiones alimenticias surge de la
obligación jurídica básica. No obstante, lo que se modifica
en este proceso es el contenido de las obligaciones
periódicas de brindar alimentos.
Es por ello que, al considerar el desdoblamiento
jurídico de la obligación de brindar alimentos, es forzoso
concluir que la multiplicidad de las obligaciones que CC-2016-1148 20
fraccionan el tiempo permite el cálculo de las pensiones
según la normativa vigente para cada periodo. Por
consiguiente, en este contexto particular, caso pendiente no
implica retroactividad.
En segundo lugar, debemos analizar el criterio de si a
la agencia administrativa le fue delegada la facultad para
aprobar un reglamento con efecto retroactivo. En Torres
Rodríguez, concluimos que del artículo 19 de la Ley Orgánica
de la ASUME, no surge que la Asamblea Legislativa le haya
delegado, de forma tácita o expresa, este poder. Al
presente, la referida Ley no ha sido enmendada para investir
a la ASUME con el poder para promulgar reglamentos con
efecto retroactivo.
Tras estas conclusiones, resulta inmeritorio examinar
el tercer criterio del análisis de la irretroactividad de
los reglamentos administrativos. Finalmente, concluimos que
–al considerar la naturaleza de la obligación de suplir
alimentos, la transitoriedad del asunto y el diseño
jurídico dispuesto por la Ley Orgánica de la ASUME–
corresponde el cálculo de las pensiones en virtud de la
normativa vigente para cada periodo en controversia.
Por ende, procede el cálculo de la pensión alimenticia
según lo dispuesto en la Resolución emitida por el Tribunal
de Primera Instancia el 19 de abril de 2016. En otras
palabras, los primeros cinco (5) periodos –comprendidos
desde el 9 de junio de 2012 al 31 de noviembre de 2014- se
computan en virtud de las Guías de 2006 y los restantes CC-2016-1148 21
tres (3) periodos -comprendidos desde el 1 de diciembre de
2014 en adelante- se calculan al amparo de las Guías de
2014.
V
Por los fundamentos que anteceden, expedimos el
presente recurso y concluimos que erró el Tribunal de
Apelaciones. Por tanto, se revoca la Sentencia aquí
recurrida y se confirma la Resolución del Tribunal de
Primera Instancia emitida el 19 de abril de 2016.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, expedimos el presente recurso y concluimos que erró el Tribunal de Apelaciones. Por tanto, se revoca la Sentencia aquí recurrida y se confirma la Resolución del Tribunal de Primera Instancia emitida el 19 de abril de 2016.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados señor Kolthoff Caraballo y señor Rivera García concurren sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón inhibido.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo