Consejo De Titulares Del Condominio Acquamarina, Y Otros v. Triple-S Propiedad, Inc.

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: August 4, 2022
• Docket: CC-2021-166
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Consejo de Titulares del Condominio Acquamarina, Attenure Holdings Certiorari Trust 11 y HRH Property Holdings LLC 2022 TSPR 103 Peticionarios 210 DPR ____ v. Triple-S Propiedad, Inc. Recurrida

Número del Caso: CC-2021-166

Fecha: 4 de agosto de 2022

Tribunal de Apelaciones:

Panel V

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Manuel A. Pietrantoni Lcdo. Juan H. Saavedra Castro

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Fernando Sabater Clavell Lcdo. Luis J. Clas Wiscotich Lcdo. Luis R. Román Negrón Lcdo. Frank Torres Viada

Materia: Derecho de Seguros – El mecanismo de valoración o “appraisal” que establece la Ley Núm. 242-2018 es de aplicación retroactiva.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Consejo de Titulares del Condominio Acquamarina, Attenure Holdings Trust 11 y HRH Property Holdings LLC Peticionarios CC-2021-166 Certiorari

v. Triple-S Propiedad, Inc. Recurrida

El Juez Asociado señor Rivera García emitió la Opinión del Tribunal

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de agosto de 2022.

En el día de hoy debemos contestar la siguiente

interrogante: ¿tienen efecto retroactivo las enmiendas

introducidas al Código de Seguros de Puerto Rico, por la

Ley Núm. 242-2018, infra, las cuales viabilizan el

mecanismo de valoración o appraisal en las reclamaciones

al amparo de una póliza de seguros? Contestamos en la

afirmativa. De este modo, reafirmamos la intención y

mandato de nuestra Asamblea Legislativa al ampliar el

acervo de mecanismos que propician la resolución oportuna

de las reclamaciones de daños ante las entidades

aseguradoras. En particular, resolvemos que estas

enmiendas son aplicables a aquellas reclamaciones de daños CC-2021-0166 2

que fueron instadas al amparo de una póliza de seguro de

propiedad vigente al momento del paso de los huracanes

Irma y María.

I

Este recurso tiene su origen en los embates sufridos

por nuestra Isla a consecuencia del paso de los huracanes

Irma y María en el mes de septiembre de 2017. Previo a

disponer de las controversias jurídicas que precisan de

nuestra atención, examinemos el trasfondo fáctico que

motivó este pleito.

Para el 9 de abril de 2019, el Consejo de Titulares

del Condominio Acquamarina, Attenure Holdings Trust 11 y

HRH Property Holdings LLC (peticionarios) presentaron una

Demanda contra Triple-S Propiedad, Inc. (Triple-S o

recurrida) por incumplimiento de un contrato de seguros.

Esta reclamación tuvo como fin el obtener una

indemnización que compensara los daños significativos

sostenidos por la propiedad del Condominio Acquamarina

como resultado del paso del huracán María.1

Los peticionarios expusieron que el Condominio

Acquamarina es una propiedad que se compone de un solo

edificio de diecisiete (17) pisos, que incluye cuarenta y

siete (47) unidades residenciales y siete (7) pisos de

estacionamiento en varios niveles. Además, alegaron que,

1 Apéndice del Certiorari, Demanda, pág. 1. CC-2021-0166 3

para la fecha en la cual el huracán María causó los daños

en controversia, la propiedad se encontraba asegurada bajo

la póliza de propiedad comercial Núm. 30-CP-810901247-0,

expedida por Triple-S.2 Los peticionarios sostuvieron que

la póliza aseguraba la propiedad contra todo riesgo de

pérdida física, lo que incluía aquellos daños causados por

un Huracán.3

Según destacaron, luego de sufrir los daños, el

Condominio Acquamarina cumplió con todos los

prerrequisitos que le imponía la póliza de seguros

vigente, lo que incluía la notificación oportuna de la

reclamación.4 Es a partir de ello, que el condominio

intentó reclamar los daños causados por el huracán María

en la propiedad asegurada. Así, alegaron que le sometieron

a Triple-S los estimados detallados de los daños

sostenidos en apoyo a su reclamación.5 Posteriormente,

indicaron que Triple-S envió personal para evaluar el

monto de los daños.

No obstante, los peticionarios expusieron que

Triple-S se negó a pagar más de $497,514.23 por concepto

de los daños.6 Además, al momento de instar la Demanda,

habían transcurrido más de setecientos (700) días desde el

paso del huracán María sin que los peticionarios hubiesen

2 Íd., pág. 6. 3 Íd. 4 Íd. 5 Íd., pág. 7. 6 Íd., pág. 8. CC-2021-0166 4

recibido un pago por las pérdidas.7 De esta manera, los

peticionarios alegaron que Triple-S actuó con dolo y mala

fe al negarse a pagar la reclamación bajo la póliza de

seguros. Afirmaron que Triple-S, intencionalmente y a

sabiendas, le había hecho falsas representaciones con el

fin de evadir su responsabilidad contractual de pagar los

daños cubiertos por la póliza. Por todo lo anterior,

reclamaron del foro primario que se le concediera una

indemnización no menor de $14,000,000.00, menos cualquier

deducible aplicable y cualquier cantidad pagada

previamente.8

Tras varios trámites, el 10 de mayo de 2020, los

peticionarios interpusieron una Moción Solicitando

Autorización para Referir Controversia sobre los Daños al

Proceso de “Appraisal” Establecido por la Ley 242.9 Según

adujeron, el 27 de noviembre de 2018, la Asamblea

Legislativa aprobó la Ley Núm. 242-2018, infra, la cual

requiere que las aseguradoras de propiedad participen en

un procedimiento de valoración o appraisal, para resolver

las disputas en torno al valor de una pérdida sujeta a

Íd. 7

Íd., pág. 12. 8 9 Cabe resaltar que Triple-S no presentó su Contestación a

Demanda hasta el 4 de agosto de 2020, toda vez que en el ínterin estuvieron en controversia varias cuestiones de derecho, las cuales hoy no nos resultan necesarias considerar. Véase Apéndice del Certiorari, Contestación a Demanda, pág. 852. CC-2021-0166 5

reclamación, de así solicitarlo el asegurado.10 Así,

indicaron que si bien la participación del asegurado en

este proceso era opcional, para la aseguradora era

obligatoria.11 Así pues, el Condominio Acquamarina

manifestó su deseo de que la controversia sobre la

reclamación fuera referida al procedimiento de appraisal,

por entender que así se ayudaría a resolver prontamente el

caso.12

Oportunamente, Triple-S presentó su Oposición a

Moción Solicitando Autorización para Referir Controversia

sobre los daños al Proceso de “Appraisal” […]. En

síntesis, esbozó varios fundamentos por los cuales

entendía que la solicitud de los peticionarios era

improcedente. En primer lugar, argumentó que la Ley Núm.

242-2018, infra, por su propio texto, establece que su

vigencia será prospectiva.13 En segundo lugar, expuso que

si se considerara que la Ley Núm. 242-2018, infra, era de

aplicación retroactiva, esto equivaldría a un menoscabo de

obligaciones contractuales en violación de la Constitución

federal y la Constitución de Puerto Rico.14 Además,

10Apéndice del Certiorari, Moción Solicitando Autorización para Referir Controversia sobre los Daños al Proceso de “Appraisal” Establecido por la Ley 242, pág. 511. 11 Íd., pág. 512. 12 Íd., pág. 514. 13 Apéndice del Certiorari, Oposición a Moción Solicitando Autorización para Referir Controversia sobre los daños al Proceso de “Appraisal” […], pág. 638. 14 Íd. CC-2021-0166 6

sostuvo que la póliza en controversia expresamente excluyó

el mecanismo de appraisal.15

Asimismo, Triple-S argumentó que la carta normativa

CN-2019-248-D, emitida por la Oficina del Comisionado de

Seguros, y al amparo de la cual se presentó la solicitud

de referido para appraisal, es inoficiosa y nula. Lo

anterior, se fundamentó por ser esta verdaderamente un

reglamento o regla legislativa el cual fue aprobado sin

seguir los procedimientos que surgen de la Ley Núm. 38-

2017, mejor conocida como la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,

infra.16 Finalmente, argumentó que, en la eventualidad que

fuese aplicable la Ley Núm. 242-2018, infra, el proceso de

appraisal no aplicaría en virtud de las doctrinas de

waiver y estoppel.17

Consecuentemente, el 16 de julio de 2020, el Tribunal

de Primera Instancia emitió una Resolución mediante la

cual declaró sin lugar la moción instada por los

peticionarios. En términos generales, el foro primario

concluyó que la Ley Núm. 242-2018 era de aplicación

prospectiva.18 Razonó lo anterior al aludir a la Sección 6

de la Ley Núm. 242-2018, la cual dispone que el estatuto

comenzaría a regir inmediatamente después de su

15Íd. 16Íd. 17 Íd. 18 Apéndice del Certiorari, Resolución del 16 de julio de 2020,

pág. 844. CC-2021-0166 7

aprobación, lo que, a su entender, implica que estamos

ante una ley con efecto prospectivo.19 Además, señaló que

el contrato entre las partes, vigente al momento de

sufrirse los daños, expresamente excluyó el mecanismo de

appraisal mediante el endoso titulado Puerto Rico

Changes.20 Al entender que ese endoso es claro, inequívoco

y libre de ambigüedades, el tribunal de instancia estimó

que una cláusula de appraisal no sería aplicable en este

caso.21 Inconforme con este proceder, los peticionarios

instaron una Moción de Reconsideración, la cual fue

denegada.22

Aun en desacuerdo con el dictamen emitido, los

peticionarios recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones

mediante un recurso de certiorari.23 Tras recibir los

argumentos de las partes, el 18 de diciembre de 2020, el

19 Íd. 20 Íd., págs. 846-47. 21 Íd., pág. 847. 22 Apéndice del Certiorari, Resolución del 7 de agosto de

2020, pág. 895. 23 En su recurso, los aquí peticionarios plantearon ante el

foro intermedio los siguientes señalamientos de error:

El Tribunal de Primera Instancia erró al aplicar el principio de la irretroactividad de las leyes (Art. 3 del Código Civil) a la Ley 242-2018.

El Tribunal erró al concluir que la cláusula de vigencia dispone en forma clara que la Ley 242-2018 aplica prospectivamente.

El Tribunal de Primera Instancia erró al no examinar la exposición de motivos ni la intención legislativa.

El Tribunal de Primera Instancia erró al concluir que el Puerto Rico Changes Endorsement es un pacto entre la aseguradora- asegurado, cuando realmente es una obligación estatutaria que dejó sin efecto la cláusula de appraisal contenida en la póliza modelo. Apéndice del Certiorari, Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, pág. 964. CC-2021-0166 8

foro intermedio emitió una Resolución mediante la cual

denegó la expedición del auto. En su dictamen, el Tribunal

de Apelaciones expuso que, si bien entendían que las

enmiendas procedentes de la Ley Núm. 242-2018 eran de

naturaleza procesal y, por tanto, retroactivas, en esta

situación había una disposición contractual que vedaba el

proceso de appraisal.24 Es decir, que el acuerdo entre el

Condominio Acquamarina y Triple-S establecía que ninguno

de estos podía acudir a un procedimiento de appraisal, de

surgir una disputa respecto a la valoración de los

daños.25 Por tanto, consideró que obligar a las partes a

participar de un procedimiento de appraisal sería

contrario a los términos claros del contrato entre

estos.26 En desacuerdo con la determinación del foro

intermedio, los peticionarios instaron una Solicitud de

Reconsideración, la cual fue denegada.27

Inconformes aun, los peticionarios acuden ante esta

Curia mediante una petición de Certiorari, imputándole al

Tribunal de Apelaciones la comisión de los errores

siguientes:

Erró el Tribunal de Apelaciones al no expedir el recurso de certiorari y no concluir que el endoso Puerto Rico Changes incluido en la póliza es un contrato entre las partes que excluye el procedimiento de appraisal como método para la

24 Apéndice del Certiorari, Resolución del 18 de diciembre de

2020, pág. 940. 25 Íd., pág. 941. 26 Íd. 27 Apéndice del Certiorari, Resolución del 11 de febrero de

2011, pág. 949. CC-2021-0166 9

resolución de las disputas relacionadas con el Huracán María. Erró el Tribunal de Apelaciones [al] no expedir el recurso de certiorari y no concluir que la Ley 242 crea un procedimiento de appraisal de carácter contractual cuando la Ley 242 establece el procedimiento como un derecho del asegurado. Erró el Tribunal de Apelaciones al no expedir el recurso de certiorari y no aplicar retroactivamente la Ley 242-2018.

Examinado el recurso, expedimos el auto solicitado el

28 de mayo de 2021. Por su parte, Triple-S acudió ante nos

mediante su Alegato de Triple-S Propiedad, Inc. En

esencia, la recurrida reitera sus argumentos en torno a la

vigencia de la Ley Núm. 242-2018, infra; la presunta

inconstitucionalidad de una aplicación retroactiva de la

referida medida legislativa y la alegada improcedencia del

uso de una carta normativa, que realmente representa un

reglamento inválidamente aprobado, como mecanismo para

presentar la petición de referido para el appraisal.

Contando así con el beneficio de la comparecencia de

las partes, procedemos a resolver.

II

A. Los contratos de seguros y la libertad contractual

Bien sabido es que en nuestra jurisdicción los

contratos de seguro han sido revestidos de un alto interés

público por su importancia, complejidad y efecto en la CC-2021-0166 10

economía y la sociedad.28 En atención a ello, esta

industria se encuentra extensamente reglamentada mediante

su cuerpo rector, el Código de Seguros de Puerto Rico.29

Como corolario de ello, hemos expresado que en materia de

seguros las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico

tienen una función supletoria, por tratarse de una materia

reglamentada por una ley especial.30

Según lo define el Artículo 1.020 del Código de

Seguros de Puerto Rico, un seguro “[e]s el contrato

mediante el cual una persona se obliga a indemnizar a otra

o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o

determinable al producirse un suceso incierto previsto en

el mismo”.31 En virtud de este pacto, las personas y los

negocios pueden proteger sus bienes y obligaciones al

transferir el impacto económico de los riesgos o pérdidas

acordadas a cambio del pago de una prima.32 De esta

manera, el contrato de seguro tiene el propósito de

indemnizar y proteger al asegurado en caso de producirse

el suceso incierto previsto.33

28 Véanse, Consejo Titulares v. Mapfre Praico Ins., 2022 TSPR

15, pág. 10, 208 DPR __ (2022); Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 896 (2012). 29 Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, 26

LPRA sec. 101 et seq. 30 San Luis Center Apartments v. Triple-S Propiedad, Inc.,

2022 TSPR 18, pág. 7. 31 Art. 1.020 Cód. Seg. PR, 26 LPRA sec. 102. 32 Véanse, Consejo Titulares v. Mapfre Praico Ins., supra, pág.

10, Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra, pág. 897. 33 Feliciano Aguayo v. MAPFRE Panamerican Insurance Company,

207 DPR 138, 149 (2021). CC-2021-0166 11

Ahora bien, en consideración al tipo de bien o

derecho que se pretende asegurar, nuestro ordenamiento

reconoce diversas clases de seguros. En lo pertinente, una

de las pólizas que admite nuestro Código de Seguros es el

seguro de propiedad. El Artículo 4.040 de ese cuerpo lo

define como aquel seguro mediante el cual se asegura “toda

clase de bienes raíces o muebles, e interés sobre los

mismos, contra pérdida o daños por cualquier riesgo o

causa, y contra pérdida como consecuencia de tales

pérdidas o daños, que no sea una responsabilidad legal no

contractual por tales pérdidas o daños”.34

Como contrato que es, la póliza de seguros debe

cumplir con todos los elementos esenciales que exige

nuestro ordenamiento civil. Esto es, tener dentro de sí un

objeto cierto, una causa lícita y un consentimiento

válido.35 Además, como es sabido, en nuestra jurisdicción

los contratantes gozan de una amplia libertad a la hora de

acordar los pactos y cláusulas que deban consignarse en

sus contratos. No obstante, tal autonomía encuentra su

límite en la prohibición que exige que esos pactos o

cláusulas no sean contrarios a la ley, la moral o el orden

público.36 Este principio se hace aún más latente cuando

se trata de contratos que versan sobre materias altamente

34 26 LPRA sec. 404. 35 Véanse, Art. 1237 Cód. Civ. PR, 31 LPRA sec. 9771; Feliciano Aguayo v. MAPFRE Panamerican Insurance Company, supra, pág. 151. 36 31 LPRA sec. 9753. CC-2021-0166 12

reguladas. Ciertamente un ejemplo de este tipo de convenio

es el contrato de seguro.

En concreto, el Artículo 11.130 del Código de Seguros

dispone la normativa respecto a las cláusulas uniformes

que deben contener todos los contratos de seguro. Según

consigna el inciso (A) del artículo precitado, “[l]as

pólizas deberán contener las cláusulas uniformes que se

requieren por las disposiciones aplicables de este Código,

si las hubiere, correspondientes a contratos de las

distintas clases de seguros en particular”. (Énfasis

suplido).37 Más importante aún, el inciso (2) establece

que

Ninguna póliza contendrá ninguna cláusula incompatible o contradictoria con una cláusula uniforme usada o que se requiera usar, pero el Comisionado podrá aprobar una cláusula sustitutiva que en su opinión no sea en ningún sentido menos favorable al asegurado o beneficiario que la uniforme de otro modo requerida. Ningún endoso, aditamento ni ningún otro documento adherido a dicha póliza podrá en ningún respecto contradecir ninguna de las cláusulas uniformes o sustitutivas aprobadas, contenidas o que deban incluirse en la póliza. La renuncia o intento de renuncia por parte del asegurado, de cualesquiera de las cláusulas uniformes o sustitutivas, será nulo. (Énfasis suplido).38

Colegimos pues, que las disposiciones citadas

enuncian una obligación ineludible que tienen las partes

en un contrato de seguro, pues estas tienen que incluir en

su convenio aquellas cláusulas uniformes que establece

37 26 LPRA sec. 1113. 38 Íd. CC-2021-0166 13

nuestro ordenamiento. Es decir, estas cláusulas, por

imperativo de ley, rigen en una relación contractual de

seguro, independientemente de la voluntad o deseo de las

partes para así pactarlas.

Por otra parte, reiteradamente nos hemos expresado

sobre las normas de interpretación que deben regir los

contratos de seguro. Como punto de partida, encontramos

que el propio Código de Seguros dispone en su Artículo

11.250 que, “[t]odo contrato de seguro deberá

interpretarse globalmente, a base del conjunto total de

sus términos y condiciones, según se expresen en la póliza

y según se hayan ampliado, extendido, o modificado por

aditamento, endoso o solicitud adherido a la póliza y que

forme parte de ésta”.39 A su vez, hemos resaltado que los

contratos de seguro son contratos de adhesión, pues es el

asegurador quien lo redacta en su totalidad.40 Cónsono con

ello, de ordinario, venimos llamados a interpretar las

disposiciones de un contrato de adhesión libremente en

favor del asegurado.41 No obstante, tal precepto no opera

cuando las cláusulas en controversia son claras y libres

de ambigüedad.42 En tales casos, deberá prevalecer la

voluntad de las partes según allí fue expresada.43

39 26 LPRA sec. 1125. 40 Feliciano Aguayo v. MAPFRE Panamerican Insurance Company, supra, pág. 151 (2021). 41 Maderas Tratadas v. Sun Alliance, supra, págs. 898-99. 42 Íd. pág. 899. 43 Íd. CC-2021-0166 14

Huelga resaltar que, al interpretar los términos que

surjan de un contrato de seguro, precisa atenerse a las

normas de interpretación que rigen los contratos en

general.44 A esos efectos, dispone el Artículo 354 de

nuestro Código Civil que “[s]i los términos de un negocio

jurídico bilateral son claros y no dejan duda sobre la

intención de las partes, se estará al sentido literal de

sus palabras”.45 Por tanto, en ausencia de ambigüedad, el

cumplimiento con las cláusulas que surgen de un contrato

es obligatorio y constituye la ley entre las partes.46

B. El mecanismo de la valoración o appraisal y la Ley Núm. 242-2018

Por otra parte, y de conformidad con el inciso (3)

del Artículo 11.150 del Código de Seguros de Puerto Rico,

Toda póliza de seguros de propiedad, en la línea de negocios comercial o personal, deberá contener una estipulación o cláusula que disponga para la resolución de disputas relacionadas con el valor de la pérdida o daños en una reclamación a base del proceso de “appraisal”. Ello, a opción del asegurado y sin que limite la facultad del asegurado de acudir a los tribunales o algún foro administrativo directamente. A los efectos de lograr mayor uniformidad, se entenderá que el asegurador cumple con este requisito cuando la póliza contenga el lenguaje de la cláusula de “appraisal” dispuesto en el formulario de póliza establecida por el “Insurance Services Offices, Inc. (ISO)”, de ser dicho asegurador miembro de esa organización, o las guías promulgadas por la NAIC, de conformidad con lo dispuesto en el inciso

44 San Luis Center Apartments v. Triple-S Propiedad, Inc.,

supra, pág. 7. 45 31 LPRA sec. 6342. 46 San Luis Center Apartments v. Triple-S Propiedad, Inc.,

supra, pág. 8. CC-2021-0166 15

(3) del Artículo 11.190 de este Código. (Énfasis suplido).47

En virtud de esta disposición, se adopta y viabiliza

en nuestra jurisdicción el mecanismo de valoración o

appraisal, como vehículo para la resolución de disputas en

las reclamaciones bajo una póliza de seguros.

A su vez, el Artículo 11.190 del Código de Seguros

nos ilustra sobre lo que implica, en términos prácticos,

este procedimiento recién adoptado. A esos fines, indica

que el proceso de appraisal es un mecanismo “para resolver

desacuerdos exclusivamente relacionados con el valor de

una pérdida o daños en una o más partidas de la

reclamación en pólizas de seguros de propiedad en la línea

comercial o personal”.48 Consecuentemente, y sin perjuicio

de que el asegurado pueda iniciar una acción en los

tribunales, se considera válida una estipulación o

cláusula “que disponga que cualquiera de las partes podrá

solicitar por escrito someter ante un árbitro imparcial y

competente la resolución de disputas, en torno a la

valoración de daños o pérdida en una reclamación en que el

asegurador haya aceptado que está cubierta”. (Énfasis

suplido).49

Ahora bien, la disponibilidad de este mecanismo en

nuestra jurisdicción obedece a un desarrollo estatutario

47 26 LPRA sec. 1115. 48 26 LPRA sec. 1119. 49 Íd. CC-2021-0166 16

reciente, pues fue mediante la Ley Núm. 242-2018, supra,

que se adoptó en Puerto Rico el procedimiento de appraisal

en las disputas de seguros.50 De entrada, conviene

examinar la exposición de motivos de esta medida, toda vez

que consigna los antecedentes que motivaron esta actuación

legislativa. Así, se indica que

El paso de los huracanes en el año 2017, y sus devastadores efectos, no tienen precedente en la historia moderna de nuestra isla. Ha quedado evidenciado que la respuesta de la industria de seguros a esta catástrofe no fue la esperada. Son múltiples las quejas de los asegurados por las largas trabas interpuestas por las compañías de seguros para atender oportunamente sus reclamaciones. Esto, entre otras cosas, ha dilatado la recuperación económica de muchos negocios y ciudadanos, lo cual ha afectado negativamente a la economía y, en algunos casos, aumentado la migración de ciudadanos y precipitado el cierre de negocios. (Énfasis suplido).51

Al exponer el efecto práctico que tendría esta

enmienda al Código de Seguros de Puerto Rico, nuestra

Asamblea Legislativa expresó que

la presente pieza legislativa posibilita el uso del proceso de valoración o “appraisal”, para la resolución de conflictos en el pago de la cuantía correspondiente a reclamaciones de seguros de propiedad. El proceso de valoración o “appraisal” es un método en que las partes someten ante un árbitro imparcial los desacuerdos relacionados a la cuantía de una reclamación de seguros. El proceso de “appraisal” es un método alterno de resolución de conflictos, comúnmente usado en los demás estados de los Estados Unidos, que no suplanta o sustituye el derecho del asegurado a iniciar un procedimiento administrativo o una acción judicial en los tribunales. Este proceso está diseñado para brindar una alternativa rápida y de carácter no- contenciosa adicional, que facilite a las partes

50 Ley Núm. 242-2018, 2018 (Parte 2) LPR 2330-39. 51 Íd. págs. 2330-31. CC-2021-0166 17

llegar a un acuerdo en el pago por el valor justo de la reclamación. (Énfasis suplido).52

Por otra parte, al continuar nuestro examen del

historial de esta medida legislativa, encontramos que esta

fue acogida positivamente en los respectivos informes que

rindieron la Comisión sobre Relaciones Federales,

Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico y la

Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la

Cámara de Representantes de Puerto Rico.53 En particular,

destacamos que en el Informe Positivo del Senado se afirma

que esta medida surge de “la necesidad de identificar

nuevas alternativas para hacer del proceso de reclamación

de seguros uno más ágil y efectivo, tanto para los

perjudicados por el paso de los huracanes Irma y María,

como para futuros reclamantes si ocurre otra

catástrofe”.54

C. El principio de la irretroactividad de las leyes y el menoscabo inconstitucional de las obligaciones contractuales

Nuestro Código Civil, en su Artículo 9, establece que

“[l]a ley no tiene efecto retroactivo, excepto cuando se

dispone expresamente lo contrario. El efecto retroactivo

52Íd., pág. 2332. 53Véanse, Informe Positivo del P. del S. 1054, Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas Senado de Puerto Rico, 18va Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria; Informe Positivo del P. del S. 1054, Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 18va Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria. 54 Informe Positivo del P. del S. 1054, Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, Senado de Puerto Rico, 18va Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria, pág. 6. CC-2021-0166 18

de una ley, no puede perjudicar los derechos adquiridos al

amparo de una ley anterior”.55 En virtud de esta

disposición, se afirma en nuestro ordenamiento el

principio de la irretroactividad de las leyes. Este tiene

como fundamento principal el valor que acarrea la

seguridad jurídica en nuestro ordenamiento.56 Es decir, el

referido precepto favorece un estado de certeza e

inmovilidad, a fin de que los sujetos del derecho puedan

actuar amparados por determinada legislación.57

Así, hemos reconocido que la norma general es que la

retroactividad es una excepción en la esfera jurídica,

echándose a un lado solamente cuando el legislador haya

promulgado tal efecto de forma tácita o expresa en el

cuerpo legislativo en cuestión.58 Por ende, si el

legislador tiene la intención de que una ley sea aplicada

retroactivamente, debe hacerlo constar de manera expresa

o, al menos, debe surgir con claridad del estatuto.59

Cónsono con lo anterior, hemos reconocido que en

aquellos casos en los cuales el lenguaje expreso de una

disposición no resuelve categóricamente el asunto de su

vigencia temporal, existe la posibilidad de que su

aplicación retroactiva surja implícitamente del cuerpo

55 31 LPRA sec. 5323. Destacamos, que la disposición análoga

del Código Civil de 1930, el Artículo 3, es esencialmente igual. Véase 31 LPRA sec. 3. (derogado). 56 Díaz Ramos v. Matta Irizarry, 198 DPR 916, 929 (2017). 57 Íd. 58 Íd. 59 Clases A, B y C v. PRTC, 183 DPR 666, 679 (2011). CC-2021-0166 19

legislativo en controversia.60 En estos casos, procede

impartirle efecto retroactivo a una ley, en ausencia de un

mandato expreso del legislador, cuando es patente el

propósito legislativo.61 Por todo lo anterior, desde hace

décadas expresamos que “implícitamente puede establecerse

la retroactividad por el simple hecho de que se refiera a

situaciones pasadas, o que su contenido revele claramente

que para su debida aplicación ha de dársele precisamente

carácter retroactivo”. (Énfasis suplido).62

Ahora bien, aun en un caso en el cual se disponga

expresamente que una ley sería de aplicación retroactiva,

esto, de ordinario, no podrá tener el efecto de menoscabar

obligaciones contractuales ni perjudicar derechos

adquiridos al amparo de una legislación anterior.63 Esta

norma nos presenta dos (2) consideraciones, las cuales

examinaremos por separado.

En primer lugar, la prohibición que surge del

Artículo 9 del Código Civil, supra, solo entra en juego

cuando la disposición en controversia es de carácter

sustantivo. Resulta así pues es norma arraigada en nuestro

ordenamiento que la legislación de corte procesal no

resulta conflictiva con el principio de la

60 Díaz Ramos v. Matta Irizarry, supra, pág. 929. 61 Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 758 (2009). 62 Vélez v. Srio. de Justicia, 115 DPR 533, 543 (1984). 63 Íd., pág. 681. CC-2021-0166 20

irretroactividad.64 Contrario a las disposiciones

sustantivas, hemos expresado que las nuevas normas

procesales tienen efecto retroactivo y deben aplicarse con

preferencia, pues suponen mayor protección para los

derechos en litigio.65 Por lo tanto, salvo que la Asamblea

Legislativa disponga otra cosa, las nuevas normas

procesales se entienden que aplican retroactivamente, lo

que incluye los casos aún pendientes.66 Consecuentemente,

si se determina que un estatuto no tiene consecuencias

sustantivas, es decir que no afecta ningún derecho

previamente adquirido, no habría obstáculo para su

aplicación retroactiva.

En segundo lugar, en la eventualidad que la

legislación con carácter retroactivo fuera de naturaleza

sustantiva, esta tendría que sobrepasar un escrutinio

constitucional al amparo de la cláusula contra el

menoscabo de las obligaciones contractuales tanto de la

Constitución federal como de la Constitución de Puerto

Rico.67 Ambas cláusulas buscan asegurar la estabilidad en

las relaciones contractuales.68 No obstante, la protección

de las obligaciones contractuales no es absoluta, pues

esta debe ser armonizada con el poder de reglamentación

64 Véanse, Clases A, B y C v. PRTC, supra, pág. 680, Ortiz v.

Fernós López, 104 DPR 851, 852 (1976); Cortés Córdova v. Cortés Rosario, 86 DPR 117, 123 (1962). 65 Clases A, B y C v. PRTC, supra, pág. 680. 66 Íd.; Ortiz v. Fernós López, supra, pág. 852. 67 Const. EU, Art. I, Sec. 10; Const. PR, Art. II, Sec. 7. 68 Trinidad Hernández v. ELA, 188 DPR 828, 834 (2013). CC-2021-0166 21

del Estado, en beneficio del interés público.69 Por ende,

no toda legislación que menoscaba una obligación

contractual es inconstitucional.70

Al evaluar una presunta interferencia estatal con la

contratación privada, debe auscultarse si, en efecto,

existe una relación contractual, y si el menoscabo sufrido

por la relación es severo.71 Además, de entenderse que el

menoscabo es sustancial, debe evaluarse si la acción del

gobierno responde a un interés legítimo y si está

racionalmente relacionada con la consecución de ese

interés.72 A fin de cuentas, se trata de un balance entre

el interés social en promover el bien común y el interés,

igualmente social, de proteger las transacciones

contractuales contra la aplicación arbitraria e

irrazonable de las leyes.73

D. Los reglamentos de aplicación general y los reglamentos de administración interna

Según queda definido en la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

(LPAU),74 un reglamento

[s]ignifica cualquier norma o conjunto de normas de una agencia que sea de aplicación general que ejecute o interprete la política pública o la ley, o que regule los requisitos de los procedimientos o

69 Íd. 70 Íd.; Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 132 (2010). 71 Trinidad Hernández v. ELA, supra, pág. 834. 72 Íd., págs. 834-35. 73 Domínguez Castro v. ELA, supra, págs. 133-34. 74 Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq. CC-2021-0166 22

prácticas de una agencia que tenga fuerza de ley. El término incluye la enmienda, revocación o suspensión de una regla existente. (Énfasis suplido).75

Acto seguido, el estatuto excluye de la definición de

lo que es un reglamento las siguientes directrices:

(1) Reglas relacionadas con la administración interna de la agencia o comunicaciones internas o entre agencias que no afectan los derechos o los procedimientos o prácticas disponibles para el público en general. (2) Documentos guía según definidos en esta Ley. (3) Órdenes de precios del Departamento de Asuntos del Consumidor y otros decretos u órdenes similares que se emitan o puedan emitir en el futuro por otras agencias, y que meramente realizan una determinación de uno o varios parámetros de reglamentación con base a un reglamento previamente aprobado y que contiene las normas para su expedición. (4) Formas y sus instrucciones, siempre que no constituyan documentos guía.76

En el curso de nuestras interpretaciones de la LPAU,

hemos identificado dos (2) tipos de reglas que pueden

surgir en el quehacer administrativo, a saber: las reglas

legislativas y las reglas no legislativas. Son reglas

legislativas aquellas que crean derechos, imponen

obligaciones y establecen patrones de conducta.77 Por el

contrario, las reglas no legislativas constituyen

pronunciamientos administrativos que no alteran ni los

derechos ni las obligaciones de los individuos.78

75 3 LPRA sec. 9603. 76 Íd. 77 Sierra Club v. Junta de Planificación, 203 DPR 596, 605

(2019). 78 Mun. de Toa Baja v. DRNA, 185 DPR 684, 696 (2012). CC-2021-0166 23

La distinción entre ambos tipos de reglas es crucial,

pues la LPAU dispone ciertos requisitos para la aprobación

de las reglas legislativas que resultan innecesarios

respecto a las reglas no legislativas. Bajo la Sección 2

de la LPAU, cuando se trate de una actuación que aprueba,

enmienda o deroga una regla o reglamento, debe observarse

un proceso determinado.79 Así, en todo procedimiento de

reglamentación debe cumplirse con cuatro (4) requisitos

básicos: (1) notificar al público la reglamentación que se

aprobará; (2) proveer oportunidad para la participación

ciudadana, que incluya vistas públicas cuando sea

necesario u obligatorio; (3) presentar la reglamentación

ante el Departamento de Estado para la aprobación

correspondiente; y (4) publicar la reglamentación

aprobada.80

Por otra parte, cuando se trata de reglas no

legislativas, hemos expresado que estas meramente surgen

cuando las agencias aprueban directrices u otras

reglamentaciones informales, con el propósito de dar

uniformidad a sus propios procesos, pautar la discreción

administrativa u otros fines internos.81 El común

denominador en estas reglas es que no constituyen

pronunciamientos administrativos que alteran derechos y

79 3 LPRA secs. 9611-16. 80 Sierra Club v. Junta de Planificación, supra, pág. 606. 81 Mun. de San Juan v. JCA, 152 DPR 673, 691-92 (2000). CC-2021-0166 24

obligaciones.82 En estos casos, la LPAU dispensa a la

agencia del cumplimiento con los requisitos de

reglamentación.83

III

Según intimamos, debemos resolver si la aplicación

del mecanismo de valoración o appraisal, en las

reclamaciones al amparo de una póliza de seguro de

propiedad, aplica retroactivamente a las relaciones

contractuales vigentes al momento de efectuarse las

enmiendas al Código de Seguros de Puerto Rico, por medio

de la Ley Núm. 242-2018, supra. Necesariamente, esto

requerirá que nos expresemos, por primera vez, sobre la

vigencia de estas enmiendas. De concluir que estas tienen

un efecto retroactivo, tendríamos que precisar si esa

aplicación implica un menoscabo inconstitucional de las

obligaciones contractuales aquí litigadas. Presumiendo que

ese no fuera el caso, aun restaría por dilucidar si el

mecanismo en controversia fue viabilizado mediante una

acción reglamentaria improcedente. Veamos.

Al examinar el texto de la Ley Núm. 242-2018, supra,

surge la evidente intención de incorporar el mecanismo del

appraisal a nuestro ordenamiento de seguros. Ahora bien,

la controversia ante nos únicamente exige que determinemos

si este mecanismo tiene que estar disponible en las

82 Mun. de Toa Baja v. DRNA, supra, pág. 696. 83 Íd. CC-2021-0166 25

reclamaciones cuyo origen sea previo a la aprobación de la

Ley Núm. 242-2018, supra. Es decir, debemos decidir si son

de vigencia retroactiva. Es por ello que hoy no tenemos

razón por la cual debamos expresarnos detalladamente sobre

los contornos del mecanismo de appraisal.

Según surge de nuestra normativa, la intención de que

un estatuto rija de forma retroactiva representa una

desviación del curso ordinario del proceso legislativo. La

vigencia retroactiva no es la norma general. Aun así,

puede proceder sujeto al cumplimiento con ciertos

requisitos. En primer lugar, debemos examinar si la

intención de que el estatuto tenga vigencia retroactiva

fue consignada expresa o tácitamente por el legislador.

Tal consideración requiere, naturalmente, un examen del

lenguaje del estatuto en cuestión y del contexto en el

cual el mismo se aprobó.

En lo aquí concerniente, no hay duda de que la Ley

Núm. 242-2018, supra, obedece su existencia a los extensos

daños sufridos por nuestra jurisdicción como resultado del

paso de los huracanes Irma y María. Tampoco albergamos

duda de que este ejercicio legislativo procedió de una

determinación de que la respuesta de la industria de

seguros fue menos que ideal. Así surge expresamente de la

exposición de motivos de la Ley Núm. 242-2018.

El paso de los huracanes en el año 2017, y sus devastadores efectos, no tienen precedente en la CC-2021-0166 26

historia moderna de nuestra isla. Ha quedado evidenciado que la respuesta de la industria de seguros a esta catástrofe no fue la esperada. Son múltiples las quejas de los asegurados por las largas trabas interpuestas por las compañías de seguros para atender oportunamente sus reclamaciones. Esto, entre otras cosas, ha dilatado la recuperación económica de muchos negocios y ciudadanos, lo cual ha afectado negativamente a la economía y, en algunos casos, aumentado la migración de ciudadanos y precipitado el cierre de negocios. (Énfasis suplido).84

Además, la exposición de motivos reafirma que las

aseguradoras, por su rol preeminente en la recuperación y

reconstrucción, deben mejorar su respuesta.85 Así, se

aprobaron las enmiendas al Código de Seguros de Puerto

Rico, que previamente reseñamos. Ahora bien, llama a

nuestra atención la disposición que surge de la Sección 6

de la Ley Núm. 242-2018.86 Allí se expresa, respecto a la

vigencia de la ley, que esta “comenzará a regir

inmediatamente después de su aprobación”.87 Según razonó

el Tribunal de Primera Instancia, y como ha reiterado

consistentemente Triple-S, tal lenguaje expresamente

dispone que estamos ante una ley cuya vigencia es

prospectiva. Es decir, sostienen que esta disposición, sin

más, resuelve la interrogante sobre la retroactividad de

las enmiendas. No estamos de acuerdo.

De entrada, esta disposición solo indica que la ley

entrará en vigor tan pronto la misma sea debidamente

84 2018 (Parte 2) LPR 2330-31. 85 Íd., pág. 2331. 86 Íd., pág. 2339. 87 Íd. CC-2021-0166 27

aprobada. Es decir, que la Ley Núm. 242-2018, en vez de

entrar en vigor en determinada fecha posterior, operaría

tan pronto fuera aprobada conforme dispone nuestra Carta

Magna. Nada más se puede deducir del lenguaje escogido por

nuestra Asamblea Legislativa. Por tanto, resulta necesario

recurrir al texto del estatuto y su historial.

Un examen de las distintas disposiciones expresas de

la Ley Núm. 242-2018, supra, no revela con claridad la

intención legislativa respecto a su vigencia. No obstante,

al estudiar el trasfondo de la medida se esclarece este

particular. Como reseñamos previamente, la exposición de

motivos no lleva a otra conclusión que no sea que esta

ley, y las enmiendas que promueve, surgen como reacción al

desenlace de los eventos atmosféricos experimentados en el

2017. No hay duda, pues, de que a la hora de legislar,

pesaron fuertemente en nuestros legisladores las vivencias

que se experimentaron posterior a los huracanes.

Lo anterior nos conduce a dos (2) conclusiones. La

primera es una fundada eminentemente en el sentido común.

Esto es, que la legislación aprobada resultaría de poca

utilidad si excluyese de su ámbito práctico la

impresionante cantidad de reclamaciones que surgieron

posterior a los huracanes Irma y María. Al expresarnos

así, no perdemos de vista que nuestro rol como Poder

Judicial no es el de justipreciar los motivos por los CC-2021-0166 28

cuales nuestro Poder Legislativo actuó de determinada

manera.

No existe duda alguna de que el beneficio viabilizado

por estas enmiendas fue ideado para ser hecho extensivo a

los asegurados que sufrieron daños en los huracanes del

2017. El fin de esta legislación es “codificar las

actuales protecciones a los consumidores que el derecho

común provee y adoptar iniciativas innovadoras, en busca

de una rápida y mejor respuesta de la industria de seguros

para las víctimas de los huracanes Irma y María y en caso

de ocurrir una futura catástrofe natural”.88

Por otra parte, encontramos varias fuentes altamente

persuasivas que inciden en nuestro análisis. Como vimos,

en el Informe Positivo del Senado, al encomendar al pleno

de ese cuerpo el P. del. S. 1054, se expresó que las

enmiendas al Código de Seguros surgen de “la necesidad de

identificar nuevas alternativas para hacer del proceso de

reclamación de seguros uno más ágil y efectivo, tanto para

los perjudicados por el paso de los huracanes Irma y

María, como para futuros reclamantes si ocurre otra

catástrofe”.89 La única interpretación razonable de este

lenguaje es que la legislación se concibió para que su

efecto fuera retroactivo.

882018 (Parte 2) LPR 2333. 89 Informe Positivo del P. del S. 1054, Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas Senado de Puerto Rico, 18va Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria, pág. 6. CC-2021-0166 29

Además, encontramos que la Ley Núm. 242-2018, supra,

también fue objeto de interpretación por parte del Poder

Ejecutivo. Luego de examinar esta disposición, la

Secretaria de Justicia emitió una Opinión en la cual

expresó su conclusión de que las enmiendas efectuadas al

Código de Seguros de Puerto Rico, por medio de la Ley Núm.

242-2018, tenían que ser aplicables a las reclamaciones

pendientes relacionadas con los huracanes Irma y María.90

Concluyó que esta legislación constituyó una actuación

excepcional del legislador “ante la lentitud y retraso de

la resolución de reclamaciones a las aseguradoras en torno

a los daños a la propiedad ocasionados por los huracanes

Irma y María”.91

De esta manera, no albergamos duda de que la Ley Núm.

242-2018, supra, fue en efecto diseñada para añadir los

beneficios y procedimientos que de ella emanan a las

reclamaciones que surgieron de los huracanes del 2017.

Resolvemos pues, que la Ley Núm. 242-2018, supra, fue

diseñada y aprobada con la intención de que fuera aplicada

retroactivamente. Réstanos por dilucidar si esta

aplicación retroactiva es válida.

Al considerar esta interrogante, nos ceñimos a

examinar un solo aspecto de esta legislación: ¿es esta

sustantiva o procesal? Como vimos, una legislación

90 Op. Sec. Just. Núm. 2019-01, pág. 6. 91 Íd., pág. 9. CC-2021-0166 30

retroactiva con efectos sustantivos, es decir, que cree,

modifique o elimine derechos u obligaciones, debe

sobrepasar un escrutinio de menoscabo de obligaciones

contractuales para ser constitucionalmente válida. A

contrario sensu, si la legislación fuera de corte procesal

resultaría innecesario análisis ulterior.

Un examen ponderado de la Ley Núm. 242-2018, supra,

nos convence que esta ley solamente tiene efectos

procesales. Tal hallazgo procede de la naturaleza del

mecanismo de la valoración o appraisal en sí. Este

procedimiento es eso mismo, un procedimiento. No hace ni

más o menos probable la posibilidad de que un asegurado

advenga exitoso en su reclamación. Tampoco crea, modifica

o elimina derecho alguno del asegurado o la aseguradora.

En palabras de nuestra Asamblea Legislativa, lo único que

ofrece el mecanismo del appraisal es “un proceso alterno

que es más económico, eficiente y expedito”.92

Evidentemente, la Ley Núm. 242-2018, supra,

particularmente en lo que concierne al mecanismo del

appraisal, únicamente tiene efectos procesales. No tiene

efecto sobre una disposición contractual entre las partes

de un contrato de seguro. La disponibilidad de este

mecanismo no prejuzga ni afecta la procedencia de una

reclamación. Habida cuenta de ello, resulta innecesario

92 2018 (Parte 2) LPR 2332. CC-2021-0166 31

cualquier análisis ulterior sobre la constitucionalidad de

la medida.

Cabe señalar que, en este pleito, las partes han

tenido posturas encontradas respecto al efecto que

tendrían sobre el mecanismo de appraisal, las

disposiciones del endoso Puerto Rico Changes, suscrito por

las partes. Según surge, este endoso descartó el mecanismo

de appraisal en el contrato entre las partes.93 Según

aduce Triple-S, aun siendo este mecanismo uno dispuesto

por ley, este fue rechazado voluntariamente mediante

contrato. A igual conclusión llegó el Tribunal de

Apelaciones. Carece de todo mérito este argumento.

La cláusula uniforme que viabiliza la disponibilidad

del mecanismo de appraisal surge del Art. 11.150 del

Código de Seguros de Puerto Rico.94 Por mandato del

Artículo 11.130 del mismo cuerpo, salvo una dispensa

otorgada por el Comisionado de Seguros, toda cláusula

uniforme tiene que estar presente en un contrato de

seguro.95 En atención a ello, de poco sirve aludir a la

ausencia de esta cláusula en el contrato entre las partes,

toda vez que el mecanismo del appraisal no había sido

reconocido en Puerto Rico previo a las enmiendas.

93 Apéndice del Certiorari, Oposición a Moción Solicitando

Autorización para Referir Controversia sobre los daños al Proceso de “Appraisal” […], pág. 746. 94 26 LPRA sec. 1115. 95 26 LPRA 1113. CC-2021-0166 32

Así, por imperativo estatutario, cualquier endoso o

aditamento que se haya pactado contrario a lo exigido en

ley sencillamente es nulo e inexistente. El endoso Puerto

Rico Changes, y cualquier otro pacto similar, surgen bajo

un régimen en el cual el appraisal no se reconocía. Luego

de estatuirse el procedimiento, y en consideración a que

su disponibilidad es obligatoria, resulta irrelevante

cualquier pacto sobre un asunto en el cual las partes

carecían de ámbito para disponer otra cosa.

Por último, Triple-S argumenta que la carta

normativa, CN-2019-248-D, emitida por la Oficina del

Comisionado de Seguros,96 representa una actuación

administrativa improcedente, al amparo de la LPAU. De

entrada, destacamos que esta carta normativa fue circulada

por el Comisionado de Seguros luego de haberse emitido la

Opinión 2019-01 de la Secretaria de Justicia. A poco

examinar el documento, encontramos que este meramente

instrumenta el proceso mediante el cual se puede solicitar

el referido de la reclamación para el mecanismo de

appraisal. Similar a la Ley Núm. 242-2018, supra, aquí,

nuevamente, salta a la vista que estamos ante una

disposición procesal.

Como vimos, los reglamentos o reglas legislativas

“crean derechos, imponen obligaciones y establecen

96 Carta Normativa CN-2019-248-D, Oficina del Comisionado de Seguros, 20 de marzo de 2019. CC-2021-0166 33

patrones de conducta”.97 La carta normativa CN-2019-248-D

no crea obligación alguna, no afecta ningún derecho ni

impone patrones de conducta. Es decir, no es una regla

legislativa. Todo lo contrario, la carta normativa solo

pretende normalizar los procesos que puedan instarse al

reclamar el mecanismo de appraisal. Su efecto es de

naturaleza logística y procesal. Por ende, su aprobación

no estaba supeditada al cumplimiento con los requisitos

para la reglamentación de la Sección 2 de la LPAU.98

En fin, nuestro dictamen se limita a validar la

aplicación retroactiva de una de las medidas reparatorias

que nuestra Asamblea Legislativa tuvo a bien emplear en su

afán por atender los terribles daños que ocasionaron los

huracanes Irma y María. En nuestro rol como máximos

intérpretes de nuestro ordenamiento jurídico, no

encontramos fundamento alguno para intervenir con esta

actuación legislativa. Ante una disposición cuyo único

efecto es de naturaleza procesal, la cual viene acompañada

de un poderoso interés social en agilizar los

procedimientos de reclamaciones a las aseguradoras,

resultaría improcedente obstaculizar tan loable objetivo.

Así, reiteramos nuestra conclusión de que las

enmiendas al Código de Seguros de Puerto Rico, producto de

97 Sierra Club v. Junta de Planificación, 203 DPR 596, 605 (2019). 98 Véanse, 3 LPRA secs. 9611-16; Sierra Club v. Junta de Planificación, supra, pág. 606. CC-2021-0166 34

la Ley Núm. 242-2018, supra, son de aplicación

retroactiva. En la medida que un asegurado solicite un

referido al proceso de appraisal, de conformidad con los

requisitos aplicables, este mecanismo debe estar

disponible para agilizar la pronta resolución de las

propiedad.

IV

Por los fundamentos previamente consignados, se

revoca la Resolución emitida por el Tribunal de

Apelaciones. El Tribunal de Primera Instancia deberá

referir la reclamación entre las partes para el

procedimiento de valoración o appraisal, según contemplado

en el Código de Seguros de Puerto Rico.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Consejo de Titulares del Condominio Acquamarina, Attenure Holdings Trust 11 y HRH Property Holdings LLC Peticionarios CC-2021-166 Certiorari

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la que se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Primera Instancia deberá referir la reclamación entre las partes para el procedimiento de valoración o appraisal, según contemplado en el Código de Seguros de Puerto Rico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco emitió una Opinión Concurrente. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no intervino.

Javier O. Sepulveda Rodriguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Consejo de Titulares del Condominio Acquamarina, Attenure Holdings Trust 11 y HRH Property Holdings LLC

Peticionarios CC-2021-0166 v.

Triple-S Propiedad, Inc.

Recurrida

Opinión concurrente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

Concurro con la decisión de este Tribunal de que

corresponde la aplicación retroactiva de la Ley Núm. 242-

2018, la cual enmienda la Ley Núm. 77-1957, conocida como

Código de Seguros de Puerto Rico, infra. Sin embargo,

entiendo que esta aplicación retroactiva pudo haber sido

sostenida por otros fundamentos. Además, difiero del

proceder de la Mayoría de concluir que no existe un menoscabo

a la obligación contractual entre las partes. Sin lugar a

duda, el procedimiento de appraisal dispuesto en la Ley Núm.

242-2018, modifica sustancialmente el contrato entre partes

privadas. Así pues, lo correcto es aplicar los criterios CC-2021-0166 2

sobre la validez constitucional de menoscabo a las

obligaciones contractuales al estatuto en controversia.

Por los hechos del presente caso encontrarse expuestos

correctamente en la Opinión del Tribunal, procedo a discutir

el derecho aplicable y mi postura al respecto.

El Art. 3 del Código Civil de Puerto Rico vigente al

momento de los hechos, dispone que “[l]as leyes no tendrán

efectos retroactivos, si no dispusieren expresamente lo

contrario”. 31 LPRA ant. sec. 3 (derogado). Como hemos

indicado anteriormente, el principio de irretroactividad

responde al importante objetivo de mantener la certeza y la

seguridad jurídica. Consejo Titulares v. Mapfre Praico Ins.,

208 DPR ___, 2022 TSPR 15; Díaz Ramos v. Matta Irizarry, 198

DPR 916, 929 (2017). Sin embargo, esta disposición no

constituye un principio rígido de aplicación absoluta, sino

que existen excepciones donde se puede aplicar

retroactivamente una ley. Torres Rodríguez v. Carrasquillo

Nieves, 177 DPR 728 (2009).

Por tal razón, los tribunales también deben considerar

la intención de la Asamblea Legislativa al aprobar una ley,

ya esté plasmada de forma tácita o expresa. Íd., pág. 758.

Así que, si la intención de la legislatura era proveerle

efecto retroactivo a una ley, de desprenderse de la misma,

debe darse tal efecto. Íd.; Nieves Cruz v. UPR, 151 DPR 150

(2000). Por ejemplo, esta intención tácita o expresa puede

surgir de un análisis de diversos elementos, como la CC-2021-0166 3

Exposición de Motivos, que por lo general recoge el propósito

legislativo. Consejo Titulares v. Mapfre Praico Ins., supra;

Brau, Linares v. ELA, 190 DPR 315, 339 (2014); IFCO Recycling

v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 747 (2012). Por otro

lado, cuando no surge un mandato expreso del legislador, la

retroactividad de la ley solo procede cuando la intención es

obvia, patente y su aplicación es “necesaria para corregir

un grave mal social o para hacerle justicia”. Nieves Cruz v.

UPR, supra, pág. 159.

El Art. II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico y

el Art. I, Sec. 10 de la Constitución de los Estados Unidos

disponen que no se aprobarán leyes que menoscaben las

obligaciones contractuales. El propósito de ambas cláusulas

es asegurar la estabilidad de las relaciones contractuales

que se hayan establecido previo a la aprobación de algún

estatuto. Domínguez Castro et al. v. ELA I, 178 DPR 1, 81

(2010). No obstante, este Tribunal ha expresado que la

protección de las obligaciones contractuales no es absoluta,

pues el Estado también tiene un poder de reglamentar en

beneficio del interés público. AMPR et als. v. Sist. Retiro

Maestro V, 190 DPR 854, 868 (2014). Véase, United States

Trust Co. of N. Y. v. New Jersey, 431 US 1, 21 (1977). Por

eso, en reiteradas ocasiones hemos expresado que no todos

los menoscabos a las obligaciones contractuales son

inconstitucionales. AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestro V,

supra. CC-2021-0166 4

Para analizar la validez constitucional de un estatuto

bajo esta cláusula, hemos establecido dos (2) criterios a

utilizar dependiendo de si se modifica un contrato en el que

el Estado es parte, o uno entre partes privadas. Íd., pág.

869. Al momento de evaluar la interferencia del Estado en la

contratación privada, primero debemos auscultar si existe

una relación contractual y si la modificación constituye un

menoscabo sustancial o severo. AMPR v. Sist. Retiro Maestro

V, supra, pág. 869; Energy Reverves Group, Inc. v. Kanasa

Power & Light Co., 459 U.S. 400 (1983). De determinarse que

el menoscabo es severo, será necesario evaluar si la

interferencia del Estado responde a un interés legítimo y si

está racionalmente relacionado con la consecución del

objetivo. AMPR v. Sist. Retiro Maestro V, supra; Energy

Reverves Group, Inc. v. Kanasa Power and Light Co., supra.

Por último, si el Estado demuestra que su interferencia

responde a un interés legítimo y significativo, le

corresponde al Tribunal determinar si los cambios

contractuales provocados por el estatuto están basados en

condiciones razonables y apropiadas para cumplir el fin

público que persigue la regulación. Energy Reverves Group,

Inc. v. Kanasa Power and Light Co., supra. Por lo tanto, si

el contrato afectado es entre partes privadas, el Tribunal

hará su análisis utilizando el escrutinio racional, donde

deberá evaluar si la interferencia gubernamental cuenta con

un interés legítimo y si está racionalmente relacionada con

la consecución del objetivo. CC-2021-0166 5

El paso de los Huracanes Irma y María y la respuesta de

la industria de seguros ante esta histórica catástrofe

provocó que la Asamblea Legislativa tomara acción para

proteger a los asegurados. De esta forma, aprobó la Ley Núm.

242-2018 que codificó el proceso de valoración o appraisal

para “brindar una alternativa rápida y de carácter no-

contenciosa adicional, que facilite a las partes llegar a un

acuerdo en el pago por el valor justo de la reclamación”.

Exposición de Motivos, Ley Núm. 242-2018. Particularmente,

resalto el pronunciamiento siguiente:

Esta Administración tiene el firme compromiso de establecer herramientas legales adicionales que posibiliten una mejor respuesta de la industria de seguros a la población asegurada y contar con una industria mejor capacitada para manejar las reclamaciones pendientes y afrontar futuros eventos catastróficos.

Es momento de, partiendo de las experiencias ya vividas, codificar las actuales protecciones a los consumidores que el derecho común provee y adoptar iniciativas innovadoras, en busca de una rápida y mejor respuesta de la industria de seguros para las víctimas de los huracanes Irma y María y en caso de ocurrir una futura catástrofe natural. La presente pieza legislativa propone una serie de enmiendas al Código de Seguros de Puerto Rico que recogen el sentir de las expresiones presentadas en la cumbre [Respuesta de la Industria de Seguros ante Eventos Catastróficos y Mecanismos para Asegurar la Protección de los Asegurados] dirigidas a establecer procesos que sean más agiles y faciliten la adecuada respuesta a los asegurados y el pago de las reclamaciones. Exposición de Motivos, Ley Núm. 242-2018 (énfasis suplido).

Por tanto, de las expresiones de la Asamblea

Legislativa es correcto concluir que la clara intención y CC-2021-0166 6

propósito de dicha enmienda fue proveer a las víctimas de

los Huracanes Irma y María, que aún tienen casos pendientes,

un método más rápido y eficiente para que reclamaran sus

daños. En vista de ello, la aplicación retroactiva de la Ley

Núm. 242-2018 está fundada más allá de solo el sentido común,

la utilidad, el ámbito práctico o el hecho que la Asamblea

Legislativa no escribe “cosas redundantes”. Es una intención

patente.

Por otra parte, aunque reconozco que se les brinda

deferencia a las opiniones del Secretario del Departamento

de Justicia y otras interpretaciones de funcionarios

públicos a pesar de que no son vinculantes, deseo discutir

dos (2) de ellas. El 7 de marzo de 2019, el Departamento de

Justicia emitió una consulta respecto a la retroactividad de

la Ley Núm. 242-2018. En esta, la entonces Secretaria de

Justicia, Hon. Wanda Vázquez Garced dispuso que:

[S]e desprende claramente de la Exposición de Motivos del estatuto que la intención legislativa al aprobar las enmiendas al Código de Seguros fue para proveer mecanismos procesales a los asegurados con reclamaciones pendientes al asegurador de su propiedad, así como agilidad a los procesos relacionados con los daños causados por el impacto de los huracanes Irma y María.

A lo anterior debo añadir que, el 20 de marzo de 2019,

la Oficina del Comisionado de Seguros circuló la Carta

Normativa Núm. CN-2019-248-D dirigida a todos los

aseguradores que suscriben seguros de propiedad en Puerto

Rico, así como sus agentes y representantes autorizados,

productores, ajustadores y público en general. En la CC-2021-0166 7

mencionada carta, el Comisionado de Seguros, Javier Rivera

Ríos, estableció una guía para el proceso de valoración o

appraisal establecido por la Ley Núm. 242-2018. Mediante

esta carta normativa, el Comisionado de Seguros expresó que:

Aunque de la Sección 6 de la Ley Núm. 242- 2018 no alude a la aplicación retroactiva de las disposiciones del proceso de appraisal en esa ley, de su Exposición de Motivos se desprende la clara intención legislativa de hacer tales disposiciones de ley aplicables a las reclamaciones surgidas por los huracanes Irma y María que estén pendientes de resolver, aun cuando hayan sido presentadas antes de la aprobación de esta ley. (Énfasis suplido).

Por lo tanto, la interpretación que hace este Tribunal

en el día de hoy es cónsona con la del Departamento de

Justicia y la Oficina del Comisionado de Seguros, puesto que

la intención de la Asamblea Legislativa queda plasmada

claramente en la Exposición de Motivos del estatuto.

Discrepo del proceder de la Mayoría de catalogar el

procedimiento de appraisal como uno exclusivamente de

carácter procesal que no conflige con el principio de

irretroactividad de las leyes. Es importante destacar que el

procedimiento creado por la Ley Núm. 242-2018 representa

gestiones y preparación legal para las partes, adicionales

a las ya incurridas, además de nuevos gastos

administrativos, legales y de otros tipos. A cinco (5) años

del paso de los Huracanes Irma y María, los casos aún

pendientes que se verán afectados por esta decisión han

pasado por largos trámites judiciales, los cuales se verán

paralizados hasta tanto se ventile la controversia en el CC-2021-0166 8

procedimiento de appraisal. Por lo que este nuevo

procedimiento significa un cambio significativo a las

estrategias ya trazadas. De más está decir que el

procedimiento de appraisal altera el acuerdo pactado entre

los contratantes. Más importante aún, es el Estado es quien

modifica un contrato entre partes privadas y altera las

condiciones ya pactadas.

A mi entender, catalogar el referido procedimiento como

uno de carácter procesal porque no afecta ningún derecho

previamente adquirido, es un razonamiento simplista. Los

casos citados en la Opinión Mayoritaria para llegar a esta

conclusión no tienen las mismas características que las del

presente caso. En Clases A, B, C v. PRTC, 183 DPR 666 (2011),

la controversia versaba sobre la concesión de la

jurisdicción primaria y exclusiva a la Junta Reglamentadora

de Telecomunicaciones para dilucidar todo reclamo sobre los

servicios de telecomunicaciones. En el caso de Ortiz v.

Fernós López, 104 DPR 851 (1976), la controversia giraba en

torno a si procedía la aplicación retroactiva de la Regla 11

de la Administración del Tribunal de Primera Instancia.

Mientras que, Cortés Córdova v. Cortés Rosario, 86 DPR 117

(1962), versa sobre un derecho ya adquirido que no sería

afectado por legislación posterior y, por tanto, tenía

carácter sustantivo. Ninguna de estas controversias atendió

un asunto en el que el Estado interfiriera y alterara lo

pactado en un contrato entre partes privadas. CC-2021-0166 9

Por otra parte, es necesario examinar jurisprudencia

federal similar a la del presente caso. En Vesta Fire

Insurance Corp. v. State of Florida, 141 F.3d 1427 (11th

Cir. 1998), el tribunal confirmó una legislación que

restringía la capacidad de las aseguradoras para retirarse

del mercado de seguros residenciales posterior al Huracán

Andrew. Esta ley dispuso que, en un período de doce meses,

ninguna aseguradora podría cancelar o negarse a renovar más

del 5% de sus pólizas residenciales en Florida o más del 10%

de sus pólizas residenciales en un solo condado de Florida.

Íd., pág. 1429. El tribunal admitió que la legislación

sustancialmente menoscabó los derechos de los aseguradores,

pero, determinó que era constitucional porque el Estado

había demostrado un propósito público legítimo: la

protección y estabilización de la economía de la Florida,

particularmente el mercado de bienes raíces. Íd., pág. 1434.

En State v. All Prop. & Cas. Ins. Carriers, 937 So. 2d

313 (La. 2006), se presentó una alegación similar en cuanto

a un estatuto que amplió el plazo de prescripción para los

asegurados demandar a sus aseguradoras por la cobertura de

su póliza. El tribunal determinó que el propósito de los

estatutos era proteger la salud y el bienestar general de

los ciudadanos de este estado afectados por los Huracanes

Katrina y Rita, un propósito que el tribunal consideró

significativo y legítimo. Íd., pág. 326. El tribunal llegó

a la conclusión de que la Asamblea Legislativa había

utilizado medios razonables para lograr este propósito. CC-2021-0166 10

Incluso, los tratadistas de seguros han establecido

que, como regla general, los estatutos que retroactivamente

hacen mandatorio los procedimientos de arbitraje o de

appraisal, así como los que alteran derechos establecidos

pueden no estar cumpliendo con las salvaguardias

constitucionales. Véase, 1 Plitt, Maldonado and Roger,

Couch on Insurance, sec. 209.19 (2021). Por lo tanto,

considerando la intención legislativa y tras exponer

decisiones federales en un marco similar al de autos, lo que

resta es evaluar si el Estado cumple con el criterio de

racionalidad.

De los hechos en el caso de autos surge que existía una

relación contractual entre los peticionarios y la recurrida.

Por lo tanto, la modificación que realiza el Estado al

implantar retroactivamente el procedimiento de appraisal –

el cual no estaba disponible en el contrato entre las partes

– debe ser considerado un menoscabo severo porque altera lo

pactado entre los contratantes. En particular, el

procedimiento de appraisal representa gestiones y

preparación legal adicionales para las partes, además de las

ya incurridas, a lo que también hay que sumar nuevos gastos

económicos.

Ahora bien, el Estado debe probar que posee un interés

público legítimo y significativo al intervenir

sustancialmente en la contratación entre partes privadas,

incluyendo un procedimiento de valoración que no estaba

contemplado en la póliza de seguros. En la Exposición de CC-2021-0166 11

Motivos de la Ley Núm. 242-2018, la Asamblea Legislativa

expone que las reclamaciones de seguros a causa de esta

catástrofe en el año 2017 “ha dilatado la recuperación

económica de muchos negocios y ciudadanos, lo cual ha

afectado negativamente a la economía y, en algunos casos,

aumentado la migración de ciudadanos y precipitado el cierre

de negocios”. Estas razones nos llevan a concluir que el

Estado ha demostrado tener un interés público legítimo y

significativo para alterar la relación contractual en

cuestión.

Por último, entiendo que los cambios contractuales

provocados por la Ley Núm. 242-2018 están basados en

condiciones razonables y apropiadas para cumplir con el fin

público de esta regulación. Lo anterior, ya que agiliza y

facilita que las partes lleguen a un acuerdo más rápido sobre

el pago por el valor justo de la reclamación. Más aún, cuando

cientos de familias todavía se encuentran sufriendo por los

estragos estructurales y económicos causados por los

Huracanes Irma y María. Además, este procedimiento no priva

a ninguna de las partes de recurrir a los tribunales en caso

de que surjan disputas legales. El procedimiento de

appraisal se limita simplemente a resolver las discrepancias

entre las partes sobre el valor de la reclamación. Por lo

que el Estado cumplió con demostrar tener un interés legítimo

y que su modificación a las relaciones contractuales está

racionalmente relacionada. CC-2021-0166 12

V

Por los fundamentos expuestos anteriormente y por

existir un claro menoscabo a las obligaciones contractuales

de las partes en el presente caso, procedía aplicar el

criterio de racionalidad a las actuaciones del Estado para

evaluar la constitucionalidad del estatuto. Además, de la

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 242-2018 surge una clara

intención por parte de la Asamblea Legislativa de que su

aplicación fuera retroactiva. Por consiguiente, concurro con

la Opinión Mayoritaria de este Tribunal.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada