El Juez Asociado Señor Corrada Del Río
emitió la opinión del Tribunal.
Tenemos la ocasión de expresarnos nuevamente sobre el Art. 5-A de la Ley del Sistema de Compensaciones por Ac-cidentes del Trabajo (en adelante Ley de Compensaciones), según enmendada, 11 L.P.R.A. see. 7. En la situación de autos, American Home Products, Inc., Lederle Parenterals, Inc. y Lederle Piperacillin, Inc. (en adelante Lederle) recu-rren ante nos impugnando una sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante TCA) que revocó al Tribunal de Primera Instancia (en adelante TPI). Éste, me-diante dos (2) sentencias parciales, desestimó una causa de acción bajo el Art. 5-A de la Ley de Compensaciones, supra, y otra bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141.
HH
A continuación exponemos los hechos que, luego de eva-luar la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial,(1) y la Opo-sición a solicitud de sentencia sumaria parcial y solicitud de sentencia sumaria parcial del demandante,(2) el TPI es-timó no controvertidos.
El 10 de febrero de 1993 la Sra. Lilliam Santos Berrios (en adelante señora Santos) tuvo un accidente en Leder-le,(3) su lugar de trabajo desde el 30 de septiembre de 1980. Ésta le notificó dicho accidente a su supervisora inme-[816]*816diata, la Sra. Lilliam Pérez.(4) No obstante, por entender que los dolores serían temporales, y no darle importancia al asunto, la señora Santos no le solicitó a su supervisora que la refiriese al Departamento Médico de Lederle o al Fondo del Seguro del Estado (en adelante Fondo). Lederle era patrono asegurado, mas no le dio orientación alguna a la señora Santos sobre sus derechos referentes al Fondo.
El 22 de febrero de 1993, mientras trabajaba, la señora Santos padeció fuertes dolores en la espalda y en las extremidades. Debido a ello, no acudió al trabajo por tres (3) días consecutivos. El 18 de marzo de 1993 la señora Santos le pidió, por primera vez, al médico de Lederle, Dr. Edwin Bossolo, que la enviara al Fondo. Posteriormente, en mayo de 1993, la señora Santos sufrió una recaída aso-ciada con el percance de 10 de febrero. Los dolores le cau-saron una parálisis, la cual se extendió por casi dos (2) semanas.
Cabe señalar que, pese a solicitárselo en tres (3) ocasio-nes distintas, el doctor Bossolo no refirió a la señora Santos al Fondo.(5) De igual forma, los empleados del Departa-mento de Beneficios no se lo permitieron. Incluso, una vez, tras cumplimentar la señora Santos el formulario de recla-mación al seguro por incapacidad a corto plazo y seleccio-[817]*817nar en el encasillado provisto que la incapacidad ocurrió en el transcurso del trabajo, un agente de Lederle utilizando líquido corrector borró la marca hecha por ésta.(6) En vista de ello, Prudential Insurance Company (en adelante Prudential), aseguradora de Lederle, amenazó con demandar a la señora Santos “por reclamaciones fraudulentas”.(7)
Así las cosas, el 17 de mayo de 1995, mediante carta dirigida a la señora Santos, Lederle declaró vacante la plaza de ésta. Lederle expuso como causa para ello que la señora Santos agotó las veintiséis (26) semanas que tenía como licencia por incapacidad.(8)
Posteriormente, el 22 de junio de 1995, la señora Santos acudió, por primera vez, ante el Fondo con el informe pa-tronal correspondiente. El Fondo estimó que la Ley de Compensaciones, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., cobijaba el acci-dente ocurrido y, por ende, le concedió a la señora Santos el [818]*818máximo de los beneficios y tratamiento. La señora Santos recibió tratamiento médico hasta el 20 de diciembre de 1995, “fecha en que el Fondo la dio de alta definitiva con un 20% de incapacidad permanente en sus funciones fisio-lógicas generales”. (Énfasis en el original.) Apéndice, pág. 176.(9) No conforme con dicho dictamen, la señora Santos acudió ante la Comisión Industrial en apelación.(10)
El 8 de mayo de 1996, la señora Santos, su esposo y la sociedad de gananciales compuesta por ambos (en adelante recurridos) instaron un pleito contra Lederle y Prudential alegando discrimen en el empleo, despido injustificado e incumplimiento de contrato.(11) Invocando varias causas de acción,(12) reclamaron los salarios y beneficios dejados de devengar y aquellos a que tendría derecho de no ser por su despido, mesada, daños y angustias mentales por el des-pido discriminatorio, daños sufridos y gastos médicos como consecuencia del accidente, y por último, cantidades adeu-dadas por Prudential. Al contestar la demanda, Lederle negó su responsabilidad y esgrimió como defensas, inter alia, la ausencia de hechos que justifiquen la concesión de un remedio y la prescripción.
[819]*819El 16 de octubre de 1997, tras la conclusión del descu-brimiento de prueba, Lederle presentó Solicitud de Senten-cia Sumaria Parcial. Sostuvo, en síntesis, que, incluso bajo el supuesto de negarse a referir a la señora Santos al Fondo, ésta carecía de una causa de acción ya que recibió los beneficios y el tratamiento establecidos en la Ley de Compensaciones, o, en la alternativa, que tal causa de ac-ción prescribió. Ese mismo día, Lederle presentó una mo-ción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, los hechos alegados no justifican la concesión de un remedio bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. secs. 146-151).(13) Los recurridos se allanaron a esta última.
No obstante, el 7 de enero de 1998, los recurridos se opusieron a la petición de Lederle y, a su vez, solicitaron sentencia sumaria a su favor. Fundaron su contención en que, debido a la falta de orientación por parte de Lederle sobre los derechos y beneficios en caso de accidentes, y la omisión de ésta de informar el percance al Fondo, el tér-mino prescriptivo empezó a transcurrir desde que la se-ñora Santos acudió al Fondo y advino en conocimiento de los beneficios no obtenidos.
El 21 de abril de 1998, luego de obtener el permiso co-rrespondiente, los recurridos presentaron una demanda enmendada, a los fines de incluir una causa de acción al amparo del Art. 5-A de la Ley de Compensaciones, supra. Ante ello, Lederle se opuso y solicitó la desestimación de dicha enmienda.
El 2 de junio de 1998 el TPI, mediante sentencia suma-ria parcial, desestimó la reclamación de daños y peijuicios contra Lederle porque entendió que el incumplimiento de ésta en reportar el accidente no impidió que la señora Santos recibiese los beneficios provistos por la ley. De igual forma, desestimó la causa de acción por discrimen en el [820]*820empleo ya que los recurridos se allanaron a la solicitud de Lederle. (14)
El 29 de junio de 1998, tras tomar en consideración las determinaciones de hecho previamente esbozadas, el TPI estimó que la señora Santos no tenía derecho a la reinsta-lación en su puesto y, por lo tanto, desestimó la causa de acción bajo el Art. 5-A de la Ley de Compensaciones, supra.(15)
No conformes, los recurridos acudieron ante el TCA im-pugnando, en un mismo escrito, ambos dictámenes. Luego de acoger el recurso como de
Free access — add to your briefcase to read the full text and ask questions with AI
El Juez Asociado Señor Corrada Del Río
emitió la opinión del Tribunal.
Tenemos la ocasión de expresarnos nuevamente sobre el Art. 5-A de la Ley del Sistema de Compensaciones por Ac-cidentes del Trabajo (en adelante Ley de Compensaciones), según enmendada, 11 L.P.R.A. see. 7. En la situación de autos, American Home Products, Inc., Lederle Parenterals, Inc. y Lederle Piperacillin, Inc. (en adelante Lederle) recu-rren ante nos impugnando una sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante TCA) que revocó al Tribunal de Primera Instancia (en adelante TPI). Éste, me-diante dos (2) sentencias parciales, desestimó una causa de acción bajo el Art. 5-A de la Ley de Compensaciones, supra, y otra bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141.
HH
A continuación exponemos los hechos que, luego de eva-luar la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial,(1) y la Opo-sición a solicitud de sentencia sumaria parcial y solicitud de sentencia sumaria parcial del demandante,(2) el TPI es-timó no controvertidos.
El 10 de febrero de 1993 la Sra. Lilliam Santos Berrios (en adelante señora Santos) tuvo un accidente en Leder-le,(3) su lugar de trabajo desde el 30 de septiembre de 1980. Ésta le notificó dicho accidente a su supervisora inme-[816]*816diata, la Sra. Lilliam Pérez.(4) No obstante, por entender que los dolores serían temporales, y no darle importancia al asunto, la señora Santos no le solicitó a su supervisora que la refiriese al Departamento Médico de Lederle o al Fondo del Seguro del Estado (en adelante Fondo). Lederle era patrono asegurado, mas no le dio orientación alguna a la señora Santos sobre sus derechos referentes al Fondo.
El 22 de febrero de 1993, mientras trabajaba, la señora Santos padeció fuertes dolores en la espalda y en las extremidades. Debido a ello, no acudió al trabajo por tres (3) días consecutivos. El 18 de marzo de 1993 la señora Santos le pidió, por primera vez, al médico de Lederle, Dr. Edwin Bossolo, que la enviara al Fondo. Posteriormente, en mayo de 1993, la señora Santos sufrió una recaída aso-ciada con el percance de 10 de febrero. Los dolores le cau-saron una parálisis, la cual se extendió por casi dos (2) semanas.
Cabe señalar que, pese a solicitárselo en tres (3) ocasio-nes distintas, el doctor Bossolo no refirió a la señora Santos al Fondo.(5) De igual forma, los empleados del Departa-mento de Beneficios no se lo permitieron. Incluso, una vez, tras cumplimentar la señora Santos el formulario de recla-mación al seguro por incapacidad a corto plazo y seleccio-[817]*817nar en el encasillado provisto que la incapacidad ocurrió en el transcurso del trabajo, un agente de Lederle utilizando líquido corrector borró la marca hecha por ésta.(6) En vista de ello, Prudential Insurance Company (en adelante Prudential), aseguradora de Lederle, amenazó con demandar a la señora Santos “por reclamaciones fraudulentas”.(7)
Así las cosas, el 17 de mayo de 1995, mediante carta dirigida a la señora Santos, Lederle declaró vacante la plaza de ésta. Lederle expuso como causa para ello que la señora Santos agotó las veintiséis (26) semanas que tenía como licencia por incapacidad.(8)
Posteriormente, el 22 de junio de 1995, la señora Santos acudió, por primera vez, ante el Fondo con el informe pa-tronal correspondiente. El Fondo estimó que la Ley de Compensaciones, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., cobijaba el acci-dente ocurrido y, por ende, le concedió a la señora Santos el [818]*818máximo de los beneficios y tratamiento. La señora Santos recibió tratamiento médico hasta el 20 de diciembre de 1995, “fecha en que el Fondo la dio de alta definitiva con un 20% de incapacidad permanente en sus funciones fisio-lógicas generales”. (Énfasis en el original.) Apéndice, pág. 176.(9) No conforme con dicho dictamen, la señora Santos acudió ante la Comisión Industrial en apelación.(10)
El 8 de mayo de 1996, la señora Santos, su esposo y la sociedad de gananciales compuesta por ambos (en adelante recurridos) instaron un pleito contra Lederle y Prudential alegando discrimen en el empleo, despido injustificado e incumplimiento de contrato.(11) Invocando varias causas de acción,(12) reclamaron los salarios y beneficios dejados de devengar y aquellos a que tendría derecho de no ser por su despido, mesada, daños y angustias mentales por el des-pido discriminatorio, daños sufridos y gastos médicos como consecuencia del accidente, y por último, cantidades adeu-dadas por Prudential. Al contestar la demanda, Lederle negó su responsabilidad y esgrimió como defensas, inter alia, la ausencia de hechos que justifiquen la concesión de un remedio y la prescripción.
[819]*819El 16 de octubre de 1997, tras la conclusión del descu-brimiento de prueba, Lederle presentó Solicitud de Senten-cia Sumaria Parcial. Sostuvo, en síntesis, que, incluso bajo el supuesto de negarse a referir a la señora Santos al Fondo, ésta carecía de una causa de acción ya que recibió los beneficios y el tratamiento establecidos en la Ley de Compensaciones, o, en la alternativa, que tal causa de ac-ción prescribió. Ese mismo día, Lederle presentó una mo-ción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, los hechos alegados no justifican la concesión de un remedio bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. secs. 146-151).(13) Los recurridos se allanaron a esta última.
No obstante, el 7 de enero de 1998, los recurridos se opusieron a la petición de Lederle y, a su vez, solicitaron sentencia sumaria a su favor. Fundaron su contención en que, debido a la falta de orientación por parte de Lederle sobre los derechos y beneficios en caso de accidentes, y la omisión de ésta de informar el percance al Fondo, el tér-mino prescriptivo empezó a transcurrir desde que la se-ñora Santos acudió al Fondo y advino en conocimiento de los beneficios no obtenidos.
El 21 de abril de 1998, luego de obtener el permiso co-rrespondiente, los recurridos presentaron una demanda enmendada, a los fines de incluir una causa de acción al amparo del Art. 5-A de la Ley de Compensaciones, supra. Ante ello, Lederle se opuso y solicitó la desestimación de dicha enmienda.
El 2 de junio de 1998 el TPI, mediante sentencia suma-ria parcial, desestimó la reclamación de daños y peijuicios contra Lederle porque entendió que el incumplimiento de ésta en reportar el accidente no impidió que la señora Santos recibiese los beneficios provistos por la ley. De igual forma, desestimó la causa de acción por discrimen en el [820]*820empleo ya que los recurridos se allanaron a la solicitud de Lederle. (14)
El 29 de junio de 1998, tras tomar en consideración las determinaciones de hecho previamente esbozadas, el TPI estimó que la señora Santos no tenía derecho a la reinsta-lación en su puesto y, por lo tanto, desestimó la causa de acción bajo el Art. 5-A de la Ley de Compensaciones, supra.(15)
No conformes, los recurridos acudieron ante el TCA im-pugnando, en un mismo escrito, ambos dictámenes. Luego de acoger el recurso como de certiorari, el foro apelativo intermedio revocó. Razonó que, al faltar un patrono a su obligación de informarle al Fondo un accidente ocurrido en el trabajo, el plazo de reserva de empleo empieza a correr cuando el patrono reporta tal incidente al Administrador. De igual forma, concluyó que los hechos no controvertidos dan base “a una causa de acción de reinstalación e indem-nización de los daños causados bajo el Artículo 5(a) de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y el Ar-tículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico”. Apéndice, pág. 179. Oportunamente, Lederle presentó una moción de re-consideración, la cual el TCA denegó.
En vista de ello, Lederle, recurrió ante nos, vía certio-rari, señalando la comisión de los siguientes errores:
A. Incidió manifiestamente el Tribunal Apelativo al resolver que la demandante tiene derecho a presentar una reclamación en daños y perjuicios en contra de su patrono, por la tardanza de éste en informar al Fondo del Seguro del Estado el accidente del trabajo que ésta sufriera, a pesar [de] que ella recibió los beneficios y compensación del Fondo. Esta determinación con-flige [sic] abiertamente con lo resuelto por este Honorable Tribunal en los casos de Torres v. Municipio, 62 D.P.R. 711 (1943), y Alonso v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 751 (1975).
B. Incidió manifiestamente el Tribunal Apelativo al resolver que el período de reserva de doce meses dispuesto en el Artículo [821]*8215A de la Ley Compensatoria comienza a contar desde la fecha en que la demandante se reportó al Fondo (22 de junio de 1995) y no desde la fecha de su accidente (10 de febrero de 1993). Esta interpretación es contraria al propio texto del Artículo 5A y al caso de Torres v. Star Kist Caribe[, Inc.], [134 D.P.R. 1024 (1994)], 94 J.T.S. 5. (Énfasis en el original.) Petición de Certio-rari, págs. 4-5.
Contando con el beneficio de los alegatos de ambas par-tes, resolvemos.
H-1 HH f-H
A los fines de facilitar el análisis de las controversias ante nos, atendemos en primer lugar el señalamiento de error relacionado con el Art. 5-A de la Ley de Compensa-ciones, supra.
El Art. 5-A de la Ley de Compensaciones, supra, preceptúa que
[e]n los casos de inhabilitación para el trabajo de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, el patrono vendrá obligado a reservar el empleo que desempeñaba el obrero o empleado al momento de ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones:
(1) Que el obrero o empleado requiera al patrono para que lo reponga en su empleo dentro del término de quince días, con-tados a partir de la fecha en que el obrero o empleado fuere dado de alta, y siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga después de transcurridos doce meses desde la fecha del accidente;
(2) que el obrero o empleado esté mental y físicamente capa-citado para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del patrono su reposición, y
(3) que dicho empleo subsista en el momento en que el obrero o empleado solicite su reposición. (Se entenderá que el empleo subsiste cuando el mismo está vacante o lo ocupe otro obrero o empleado. Se presumirá que el empleo estaba vacante cuando el mismo fuere cubierto por otro obrero o empleado dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hizo el requeri-miento de reposición.)
Si el patrono no cumpliere con las disposiciones de esta sec-ción vendrá obligado a pagar al obrero o empleado o a sus be-[822]*822neficiarios los salarios que dicho obrero o empleado hubiere de-vengado de haber sido reinstalado, además le responderá de todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado. El obrero o empleado, o sus beneficiarios, podrán instar y tramitar la co-rrespondiente reclamación de reinstalación y/o daños en corte por acción ordinaria o mediante el procedimiento para reclama-ción de salarios, establecido en las sees. 3118 a 3132 del Título 32 [Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961], (Énfasis suplido.) Véase, además, See. 44 del Reglamento sobre Derechos de Obreros y Empleados, 11 R.RR. see. 300.292 (1999).
De una lectura de dicho artículo surge claramente que éste le impone dos (2) obligaciones al patrono, las cuales a su vez son protecciones a favor del obrero, a saber: (1) el patrono tiene que reservar el puesto o posición por un tér-mino de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del accidente, y (2) el patrono tiene que reinstalar al obrero, de éste así solicitárselo, en tal posición, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.(16)
El Art. 5-A de la Ley de Compensaciones, supra, tiene como objetivo prevenir que un patrono despida sin justa causa a un trabajador acogido a dicho estatuto, mediante la creación de la referida reserva. García v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 364 (1999); Carrón Lamoutte v. Compañía de Turismo, 130 D.P.R. 70, 78 (1992). A través de este artículo, el legislador armonizó, de un lado, la protección y seguridad del obrero lesionado, y, por otro lado, los intereses pecuniarios del patrono. No estableció una re-[823]*823serva de empleo indefinida —Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178 (1998); Torres v. Star Kist Caribe, Inc., 134 D.P.R. 1024, 1033 (1994)— (17) sino que, al considerar la carga que la misma podría constituir para el patrono, la limitó a sólo doce (12) meses. Cuevas v. Ethicon Div. J&J Prof. Co., 148 D.P.R. 839, 847 (1999); Torres v. Star Kist Caribe, Inc., supra; Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 D.P.R. 763, 770-771 (1992). Este término de doce (12) meses, el cual por ser uno de caducidad no es objeto de interrupción, comienza a correr desde el mo-mento del accidente o enfermedad laboral.(18) Cuevas v. Ethicon Div. J&J Prof. Co., supra; Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra; Alvira v. SK & F Laboratories Co., 142 D.P.R. 803 (1997). Véase, además, García v. Darex, P.R., Inc., supra, pág. 1057.
“La reserva de doce (12) meses logra que el obrero no tenga que enfrentarse a la incertidumbre indeseable de que por haber sufrido un accidente de trabajo su patrono lo despida, a la vez que promueve un ambiente de tranquilidad en el cual el obrero puede recuperarse con mayor celeridad.” García v. Darex, P.R., Inc., supra, pág. 377. Véase, Rodríguez v. Méndez & Co., 147 D.P.R. 734, 740 (1999). Dicha reserva es independiente de si el obrero solicita o no su reinstalación dentro del período estatuido. Si el patrono no cumple con dicha reserva “respond [e] por todos los daños y perjuicios que su incumplimiento produzca”. García v. Darex, P.R., Inc., supra, pág. 380. No obstante, una vez transcurrido dicho término, el patrono está en la libertad de despedir al obrero. Soc. de Gananciales v. Royal [824]*824Bank de P.R., supra; Carrón Lamoutte v. Compañía de Turismo, supra.(19)
Por otra parte, la reserva de empleo no cobija a un obrero que, tras ser despedido, reporta al Fondo un accidente ocurrido antes del despido. Ello, debido a que “ da reserva de empleo supone la continuación y existencia de la relación obrero-patronal, al menos durante doce (12) meses consecutivos (360 días) a partir de la fecha del accidente’ Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., supra, pág. 771, citando la Consulta Núm. 13310 del Procurador del Trabajo.
>
El TCA, en el presente caso, concluyó que como Lederle no informó el accidente al Fondo, conforme el Art. 11 de la Ley de Compensaciones, 11 L.P.R.A. sec. 14,(20) el término de reserva se interrumpió y se reactivó tan pronto se le informó el accidente al Administrador del Fondo.
No podemos suscribir tal interpretación. Veamos.
[825]*825De entrada, es menester indicar que, pese a tener un “carácter remedial [sic]” e interpretarse liberalmente a favor del obrero, Art. 2 de la Ley de Compensaciones, 11 L.P.R.A. see. 2, la Ley de Compensaciones es clara; por lo tanto, su letra “no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu”. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14; Cuevas v. Ethicon Div. J & J Prof. Co., supra, pág. 849; Rojas v. Méndez & Co., Inc., 115 D.P.R. 50, 53 (1984). Además, “ ‘[e]n aras de la liberalidad no podemos ir más allá de la ley’ ”. (Corchetes en el original.) Rojas v. Méndez & Co., Inc., supra, pág. 54.
En primer lugar, la ley no sujeta la obligación del patrono —de reservar el puesto de un obrero lesionado— a la eventualidad de si el primero informa o no el accidente. Es decir, no depende de que el patrono someta el informe del accidente al Administrador del Fondo. El deber del patrono de someter el referido informe dentro del término de cinco (5) días de ocurrido el accidente, Art. 11 de la Ley de Compensaciones, supra, es independiente, cuyo propósito es “que el Administrador del Fondo pueda investigar los hechos a la mayor brevedad posible- después de ocurrido el accidente”. Torres v. Municipio, 62 D.P.R. 711, 714 (1943). Además, el mismo artículo provee la penalidad o consecuencia de rehusarse o no informar la ocurrencia de un accidente, a saber, una multa de cien (100) dólares.(21)
Segundo, a pesar de que el patrono no informe el percance, la ley le impone al obrero la obligación de acudir al Fondo en un término de cinco (5) días luego del accidente. Art. 5 de la Ley de Compensaciones, 11 L.P.R.A. see. 6; Sec. 6 del Reglamento sobre Derechos de Obreros y Empleados, 11 R.P.R. see. 300.253 (1999). Al igual que el [826]*826deber del patrono de informar el accidente, el objetivo de este artículo es la realización de una investigación ade-cuada por el Fondo a los fines de determinar si el accidente es compensable o no. Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 D.P.R. 403, 414 (2000); González Saldaña v. Comisión Industrial, 89 D.P.R. 267, 276 (1963); Guzmán Muñoz v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 700, 703 (1962). Incluso, tal como ocu-rrió en la situación de autos, si el Administrador establece que el accidente está cubierto por la ley puede otorgar la debida compensación, pese a la tardanza en presentar el informe. González Saldaña v. Comisión Industrial, supra.(22)
Tercero, conforme a lo expresado, el término de doce (12) meses de la reserva no es objeto de interrupción ya que es de caducidad. Por lo que, la falta de notificación al Fondo no puede interrumpirlo.
En la situación de autos, según surge de los hechos no controvertidos, la señora Santos sufrió el accidente ocupa-cional el 10 de febrero de 1993. En vista de ello, la obliga-ción de Lederle de reservarle su plaza cesó el 5 de febrero de 1994. Ello implica que, al momento en que la señora Santos disfrutaba de los beneficios de la licencia por inca-pacidad, Lederle no tenía que reservar el referido puesto en virtud del Art. 5-A de la Ley de Compensaciones, supra. Incluso, la señora Santos no solicitó su reinstalación den-tro de dicho término. Por lo tanto, la Sra. Santos no tenía derecho a reclamar bajo el Art. 5-A de la Ley de Compen-saciones, supra.
De igual forma, conforme a lo antes expresado, el refe-rido artículo no cobijaba a la señora Santos porque ésta [827]*827acudió al Fondo posterior a su despido. El 17 de mayo de 1995, Lederle declaró vacante la plaza que ocupaba la se-ñora Santos, quien se reportó al Fondo el 22 de junio de 1995. Es decir, al momento de acudir al Fondo, no existía el vínculo obrero-patronal necesario entre la señora Santos y Lederle.
En vista de lo anterior, erró el TCA al determinar que la señora Santos, al amparo del Art. 5-A de la Ley de Com-pensaciones, supra, tenía derecho a la reserva de empleo.
V
Por otra parte, Lederle aduce que el TCA actuó incorrec-tamente al determinar que la señora Santos tenía una causa de acción bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, por su (de Lederle) omisión de informar el accidente ocu-pacional al Fondo. Le asiste la razón.
En Torres v. Municipio, supra, reconocimos la existencia de una causa de acción por la omisión del patrono en informarle al Fondo la ocurrencia de un accidente. Ello fue reiterado en Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 751, 753 (1975), donde dispusimos lo siguiente:
[N]o hacerlo [presentar un informe escrito al Administrador del Fondo dentro de los cinco (5) días siguientes a la ocurrencia del accidente], además de constituir un delito bajo dicho artículo, es base para una acción civil del obrero contra el patrono si ello tiene el efecto de privarle de los beneficios dispuestos en la Ley. Véase Torres v. Municipio de Ponce, 62 D.P.R. 711 (1943).
Esta causa de acción tiene como propósito el que el obrero perciba los beneficios provistos por la Ley de Com-pensaciones, supra, los cuales no recibió debido a la tar-danza u omisión del patrono en cumplimentar el informe correspondiente reportando la ocurrencia del accidente.
Un obrero que presente una causa de acción bajo este supuesto debe alegar y probar los siguientes: (1) que le [828]*828notificó a su patrono el accidente ocurrido; (2) que reportó dicho accidente al Fondo, (3) que el Fondo le denegó la compensación porque el patrono no informó el accidente o porque no explicó satisfactoriamente su tardanza en pre-sentarse al Fondo, y (4) que apeló la denegación del Fondo. Torres v. Municipio, supra.(23)
Aplicando dichos requisitos al caso de autos, colegimos que, pese a notificar el accidente luego del término de cinco (5) días, la señora Santos cumple con los primeros dos, mas no así con los otros requisitos señalados ya que recibió los beneficios por parte del Fondo. Por lo que, la señora Santos carecía de tal causa de acción.
En vista de lo anterior, erró el TCA al concluir que la señora Santos tenía derecho a dicha reclamación y, a su vez, al revocar al TPI, que determinó que los hechos no justificaban la concesión de un remedio.
VI
Por los fundamentos antes expuestos, se dicta sentencia revocando la emitida por el Tribunal de Circuito de Apela-ciones el 30 de noviembre de 1998 y se dejan en vigor las pronunciadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, el 2 y el 29 de junio de 1998.
El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin [829]*829opinión escrita. El Juez Presidente Señor Andréu García no intervino.