EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mercedes Idalis Izagas Santos
Peticionaria Certiorari
v. 2011 TSPR 101
Family Drug Center And Convenience 182 DPR ____ Store, Inc., h/n/c Farmacia Sarimar Drug
Recurridos
Número del Caso: CC - 2010 - 144
Fecha: 30 de junio de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel Especial
Juez Ponente: Hon. Erik Ramírez Nazario
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Edwin Rivera Cintrón
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcda. Eric Ronda del Toro
Materia: Despido Injustificado
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mercedes Idalis Izagas Santos Peticionaria
v.
CC-2010-144 Family Drug Center And Convenience Store, Inc., h/n/c Farmacia Sarimar Drug Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2011.
En este caso, analizamos el proceso que debe
seguirse cuando un empleado acogido a la reserva de
empleo establecida por la Ley del Sistema de
Beneficios por Incapacidad Temporal, mejor conocida
como SINOT, solicita la reinstalación en su puesto.
En particular, si un patrono puede exigirle que
presente evidencia que acredite su capacidad para
reintegrarse al empleo más allá de su recuperación
de la enfermedad o accidente no-ocupacional que dio
lugar a que se le declarara incapacitado para
trabajar en primera instancia. CC-2010-144 2
I.
La señora Mercedes Izagas Santos comenzó a trabajar en
la Farmacia Sarimar Drug (Family Drug Center and
Convencience Store) el 17 de agosto de 1992 en calidad de
farmacéutica licenciada. En 1996, fue ascendida a la
posición de farmacéutica regente.1 En sus catorce (14) años
como empleada de la farmacia, nunca fue disciplinada ni
amonestada, y su desempeño ha sido catalogado como bueno. A
finales del año 2005, la señora Izagas Santos anunció que se
estaría sometiendo a una operación bariátrica por padecer de
obesidad mórbida. Dicha operación, incluso, fue recomendada
por los co-dueños de la farmacia, el señor José Francois
Soto y la señora Edna Palou, ambos abogados de profesión y
casados entre sí. Para poder someterse a esta operación, la
señora Izagas Santos solicitó y obtuvo de su patrono una
licencia sin sueldo. La operación se llevó a cabo el 31 de
enero de 2006.2 Acto seguido, solicitó y obtuvo los
beneficios de la Ley 139 de 26 de junio de 1968, mejor
conocida como la Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal
1 La farmacéutica regente es la farmacéutica principal de la farmacia. Es la encargada de los medicamentos controlados que se venden, lleva los registros, es la responsable ante los organismos del Estado de esos inventarios, ante el DEA y ante el Departamento de Salud, supervisa los empleados del recetario, hace las compras, atiende los asuntos de recetas y establece los turnos de los empleados, entre otras tareas. Transcripción de la Prueba Oral, pp. 29-30. 2 El último día que trabajó la señora Izagas Santos antes de someterse a la operación fue el 27 de enero de 2006. CC-2010-144 3
(SINOT).3 Tanto la licencia sin sueldo como la solicitud
bajo SINOT tenían como fundamento la incapacidad para
trabajar que sufriría la señora Izagas Santos durante su
periodo de recuperación producto de la cirugía.
A pesar de que originalmente se había estimado que la
recuperación duraría pocos meses, la señora Izagas Santos
sufrió complicaciones que alargaron el proceso. A
consecuencia de estas complicaciones, la señora Izagas
Santos fue atendida por varios especialistas, aunque la
coordinación de su condición seguía en manos del cirujano
que llevó a cabo la operación original, el Dr. Albert Suárez
Domínguez.4
El 20 de noviembre de 2006, el doctor Suárez Domínguez
le dio un alta total a la querellante expidiéndole un
certificado médico autorizándola a regresar a su trabajo. No
hizo determinación alguna de incapacidad, ni total ni
parcial.5 El 28 de noviembre, la señora Izagas Santos le
entregó esta certificación médica al señor Soto. Éste no la
aceptó y le pidió que se la entregara cuando tuviese las
3 Las siglas se refieren al Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal establecido por dicha ley. 4 Como parte del tratamiento post-operacional y de las complicaciones posteriores, la señora Izagas Santos consumía distintos medicamentos y recibía una variedad de tratamientos. Producto de la lentitud de la recuperación, de que tenía que permanecer en descanso y de que aún no regresaba a su trabajo, la señora Izagas Santos sufrió de un periodo de depresión. Ahora bien, en ningún momento se estableció que dicha depresión la incapacitara para trabajar. 5 Determinación de Hecho número 12 del Tribunal de Primera Instancia. CC-2010-144 4
certificaciones médicas de los demás especialistas que la
atendían que demostraran su capacidad para retornar. Además,
le informó que interesaba reservarse el derecho de que un
médico de su elección la evaluara. Posteriormente se cerró
toda comunicación entre la demandante y los demandados. El 8
de enero de 2007, la señora Izagas Santos comenzó a trabajar
para otra farmacia.
El 10 de enero de 2007 la señora Izagas Santos presentó
una demanda por despido injustificado y en violación a
SINOT. En ésta, alegó que una carta enviada por la co-
propietaria de la farmacia el 26 de octubre de 2006, en
donde se le indicaba que ya no era empleada de la farmacia,
constituyó un despido y que dicho despido se hizo sin que
mediara justa causa y en violación a la reserva de un año
que dispone SINOT, periodo que terminaba en febrero de 2007.
La demanda se presentó y tramitó al amparo del procedimiento
sumario laboral dispuesto por la Ley 2 de 17 de octubre de
1961. En su alegación responsiva, el patrono levantó como
defensa afirmativa que la querellante nunca fue despedida, y
que, por el contrario, ésta no se reportó a trabajar tras
haber sido dada de alta, como dispone SINOT. Además, alegó
que la querellante incumplió con los requisitos para
reclamar la protección de reinstalación que dispone dicha
ley.
Tras la celebración del juicio y el desfile de la
prueba, el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar CC-2010-144 5
la demanda.6 La sala de instancia determinó que la carta de
26 de octubre de 2006 suscrita por la co-propietaria de la
farmacia, la señora Palou, fue, en efecto, una carta de
despido.7
La parte demandada recurrió al Tribunal de Apelaciones.
En síntesis, alegó (1) que no hubo despido, (2) que la
querellante incumplió con los requisitos de reinstalación
que dispone SINOT y (3) que se debió admitir como evidencia
los récords de los medicamentos despachados a la señora
Izagas hasta noviembre de 2006.8 El Tribunal de
Apelaciones revocó, con un disenso, la Sentencia del
Tribunal de Primera Instancia.9
Sobre el primer señalamiento de error, es decir, que la
carta del 26 de octubre constituyó un despido, el foro
intermedio revocó la determinación de la sala de instancia.
Según el Tribunal de Apelaciones, a la luz de la totalidad
de las circunstancias, en particular el hecho de que la
6 Como remedio, el Tribunal de Primera Instancia ordenó el pago de $33,480 por concepto de mesada y $8,370 de honorarios de abogado. No se dieron remedios bajo SINOT. 7 Determinación de Hecho Núm. 11 de Tribunal de Primera Instancia. 8 Sobre este tercer punto, el Tribunal de Primera Instancia rehusó admitir los récords porque eran impertinentes a la controversia, dado que la reserva de SINOT aun no había expirado a octubre de 2006 y que la querellante nunca fue declarada incapacitada por razones mentales o emocionales. Además, porque era prueba acumulativa ya que durante el juicio, a pesar de que en la alegación responsiva nunca se hizo tal defensa afirmativa de incapacidad, se pasó prueba sobre la depresión de la demandante y que tomaba medicamentos para dicho padecimiento. 9 El juez Piñero González emitió un Voto Disidente. CC-2010-144 6
peticionaria y el patrono continuaron en comunicación para
canalizar el reintegro a sus labores, dicha carta no podría
verse como un despido.
Sobre el segundo señalamiento de error, la mayoría del
panel del Tribunal de Apelaciones determinó que la señora
Izagas Santos “no había cumplido con proveer las
certificaciones médicas que acreditaran su recuperación” y,
por eso, “no cumplió con los requisitos establecidos
mediante Ley SINOT para poder reintegrarse a sus
funciones”.10 El foro apelativo concluyó que “esta sola
certificación del cirujano dadas las circunstancias de
autos, no cumple con el requisito de la Ley 139, supra, para
establecer que el trabajador está mental y físicamente
capacitado para ocupar el empleo”.11 Entendió, por el
contrario, que la señora Izagas Santos “no había demostrado
que había sido dada de alta de todas sus condiciones y que
estaba capacitada para ocupar su plaza”.12 Es decir, dado
10 Id., pp. 15 y 20 (Énfasis suplido). 11 Id., p. 21; Anejo petición de certiorari, p. 287. El foro apelativo equiparó “seguir bajo tratamiento” a no recibir un “alta” médica. Además, concluyó que, a pesar de que la única declaración de incapacidad establecida fue como consecuencia de la operación bariátrica, al estar recibiendo la señora Izagas Santos tratamiento de otros médicos, éstos también tenían que certificar que se había recuperado para regresar a sus labores. Incluso, el Tribunal de Apelaciones concluyó que “[l]a prueba presentada demuestra que al momento en que se gestionaba el regreso de la señora Izagas a su empleo, ésta no había acreditado estar mental y físicamente capacitada para ocupar su puesto. Al no suplir el certificado del psiquiatra, incumplió con este requisito de ley”. Id., p. 23; Anejo petición de certiorari, p. 289 (Énfasis suplido). 12 Id., p. 23. CC-2010-144 7
que la carta del 26 de octubre no era un despido y que
pasado el periodo de reserva de un año provisto por SINOT la
querellante, según la apreciación del tribunal intermedio,
“no ejerció adecuadamente su derecho a ser reinstalada en su
puesto”,13 la reserva de SINOT expiró.
Sobre el tercer señalamiento de error, el Tribunal de
Apelaciones concluyó que los récords de los despachos de
medicamentos a favor de la señora Izagas Santos en noviembre
de 2006 relacionados con su padecimiento de depresión eran
“relevantes para demostrar que a la fecha en que gestionaba
la reinstalación en su empleo, no estaba capacitada para
ello”.14 Además, determinó que esta prueba no admitida tenía
una probabilidad de influencia sustancial en el resultado
del pleito.
Inconforme con la determinación del Tribunal de
Apelaciones, la señora Izagas Santos recurrió ante este
Tribunal. Alega que el tribunal apelativo descartó
injustificadamente la apreciación de la prueba y
determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia,
ya que dichas determinaciones tienen apoyo en la prueba
presentada. En particular, la peticionaria argumenta que si
se interpreta la carta del 26 de octubre a la luz de los
testimonios vertidos en el juicio y la adjudicación de
credibilidad que hizo el foro de instancia, se debe concluir
que en ella se efectuó un despido. Alternativamente, plantea
13 Id. 14 Id., p. 25; Anejo petición de certiorari, p. 291. CC-2010-144 8
que, aunque se entienda que el texto de la carta admite dos
posibles interpretaciones razonables distintas, como ésta
debe interpretarse a la luz de los testimonios vertidos en
el juicio, debe prevalecer la interpretación del foro
primario.
En segundo lugar, la peticionaria aduce que, al no
alegar el patrono en su contestación a la querella que ella
no estaba capacitada para trabajar, como exige la Ley 2,
renunció a esa defensa afirmativa, por lo cual dicha
capacidad no está en controversia. En la alternativa, la
peticionaria alega que si se entendiera que su capacidad
para regresar a trabajar es un asunto en controversia, a
pesar de que cuando fue despedida aún no había expirado la
reserva dispuesta por SINOT, la indagación se tendría que
circunscribir a la incapacidad sobrevenida como consecuencia
de la operación bariátrica y no extenderse a otros
padecimientos que nunca provocaron que se le declarara
incapacitada para trabajar. Por último, la peticionaria
cuestionó la determinación del Tribunal de Apelaciones a los
efectos de que no se debían excluir los documentos relativos
con el historial de medicamentos relacionados con su
condición de depresión. El 6 de agosto de 2010 expedimos el
auto de certiorari.15
15 Hemos expresado de forma reiterada que un tribunal apelativo no debe intervenir con las determinaciones de hechos de los tribunales de instancia en ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. S.L.G. Rivera CC-2010-144 9
Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 356 (2009). Esta norma aplica particularmente a las determinaciones de hechos que hacen los tribunales de primera instancia basadas en testimonio oral. Lo anterior se debe a la oportunidad que tiene el juzgador de observar el comportamiento del testigo mientras ofrece su testimonio, lo cual constituye un factor fundamental para la adjudicación de credibilidad. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods Puerto Rico, Inc., 175 D.P.R. 799, 810 (2009). Sin embargo, esta doctrina de deferencia judicial no es absoluta, sino que cede ante las posibles injusticias que puedan acarrear determinaciones de hechos que no estén sustentadas en la prueba desfilada ante el foro primario. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. Es decir, los tribunales apelativos, por vía de excepción, pueden descartar dichas determinaciones cuando las mismas no sean razonablemente representativas de la prueba que desfiló ante el foro primario. Méndez de Rodríguez v. Morales Molina, 142 D.P.R. 26, 36 (1996). Asimismo, esta norma de deferencia judicial no es aplicable a la evaluación de prueba documental o pericial debido a que, en estos casos, los tribunales apelativos están en las mismas condiciones que el tribunal de instancia para llevar a cabo una evaluación adecuada de la prueba y llegar a sus propias conclusiones. Ríos v. Mark, 119 D.P.R. 816 (1987). En el caso de epígrafe, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que la carta del 26 de octubre de 2006 constituyó un despido. Surge de la sentencia, que esa determinación estuvo basada en el texto de la carta y no en los testimonios orales vertidos por los testigos ante el foro primario. Así queda evidenciado al disponer que: “Con fecha del 26 de octubre de 2006 […] suscribe una carta a la querellante en la que se hace una serie de imputaciones sobre su visita a la farmacia […] y la despide de su trabajo”. Apéndice petición de certiorari, p. 205. Las demás conclusiones del foro de instancia respecto a los testimonios mencionados son independientes a su determinación sobre si la carta constituyó un despido, adjudicación con base en el documento. Por su parte, el Tribunal de Apelaciones, al resolver que la carta del 26 de octubre no constituía un despido, se basó en el texto de la carta en unión a hechos incontrovertidos, entre éstos, que el señor François Soto, co-propietario de la farmacia, continuó reuniéndose con la querellante para planificar la reintegración de esta última a su empleo. Al tratarse de prueba documental y hechos que no están en controversia, el foro intermedio se encontraba en igual posición que el tribunal de primera instancia para evaluarlos y llegar a sus propias conclusiones. En ese tenor, acogemos la determinación del Tribunal de Apelaciones en cuanto a que la carta del 26 de octubre de 2006 no constituyó un despido a la luz de la continuación de las comunicaciones entre las partes para gestionar la CC-2010-144 10
II.
El Tribunal de Apelaciones concluyó que la solicitud de
reinstalación que hizo la peticionaria a su patrono debía
incluir certificaciones médicas de todos los especialistas
que la atendieron y no únicamente del médico que la atendió
en relación con la condición por la que se le incapacitó
bajo SINOT.
La sección 16 del Artículo II de nuestra Constitución
reconoce, entre otros, el derecho de todo trabajador a
“protección contra riesgos para su salud o integridad
personal en su trabajo o empleo”.16 Como parte del cauce
estatutario de ese mandato constitucional, la Asamblea
Legislativa ha aprobado varias leyes especiales dirigidas
específicamente a proteger a los trabajadores que por
accidente o enfermedad, ya sea ocupacional o no-ocupacional,
se inhabilitan temporeramente para trabajar.17 La Ley 45 de
18 de abril de 1935, según enmendada, mejor conocida como la
Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo
atiende situaciones de enfermedad o accidentes ocupacionales
reinstalación de la señora Izagas Santos. En vista de ello, limitaremos nuestra discusión al segundo y tercer señalamiento de error. 16 Const. PR, Art II., § 16. 17 García v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 364, 374 (1999); Cuevas v. Ethicon Div. J & J Prof. Co., 148 D.P.R. 839, 845 (1999); Torres v. Star Kist Caribe, Inc., 134 D.P.R. 1026, 1029 (1994); Ruy N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legislación protectora del trabajo en el derecho laboral puertorriqueño, San Juan, Puerto Rico (Revisión 2005), p. 187. CC-2010-144 11
que inhabilitan a un trabajador a continuar realizando sus
labores.18 Para situaciones de enfermedades o accidentes no
ocupacionales, se aprobó la Ley 139 de 26 de junio de 1968,
según enmendada, Ley de Beneficios por Incapacidad
Temporal.19 Como adelantáramos, si bien estas leyes cubren
supuestos distintos según la naturaleza del accidente o
enfermedad, tienen un mismo propósito y hay una notable
uniformidad entre ellas, no sólo en su lenguaje y estructura
estatutaria sino en su desarrollo interpretativo.20 Como
consecuencia, tanto la Asamblea Legislativa como este
Tribunal hemos recurrido a una para analizar e interpretar
la otra.21
En cuanto a la reserva de empleo y la obligación de
reinstalación, SINOT dispone así:
En los casos de incapacidad para el trabajo de acuerdo con las disposiciones de este capítulo, el patrono vendrá obligado a reservar el empleo que desempeña el trabajador al momento de comenzar la incapacidad y a reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones:
18 11 L.P.R.A. §§ 1 et seq. 19 11 L.P.R.A. §§ 201 et seq. 20 Véase Delgado Zayas, Op.Cit., p. 193. Por un tiempo, la única diferencia entre los estatutos era la duración del periodo de reserva cuando la Ley 45 proveía para 12 meses mientras que SINOT únicamente otorgaba 6 meses. No obstante, precisamente como parte del proceso de uniformización entre ambas leyes, ahora SINOT también provee para una reserva de empleo de 12 meses. 21 Para efectos de la figura de la reserva de empleo y del significado de incapacidad que ofrece SINOT, por su semejanza virtualmente idéntica con la Ley 45 y nuestro historial de interpretación uniforme, haremos referencia tanto a casos directamente relacionados con SINOT como la jurisprudencia interpretativa de la Ley 45. CC-2010-144 12
(1) Que el trabajador requiera al patrono que lo reponga en su empleo dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la fecha en que fue dado de alta, y siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga después de transcurridos un (1) año desde la fecha de comienzo de la incapacidad;
(2) que el trabajador esté mental y físicamente capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que solicita del patrono dicha reposición, y
(3) que dicho empleo subsista.22
Como puede observarse, la ley brinda dos tipos de
protección al obrero. Primero, le impone al patrono el deber
de reservarle al trabajador, por doce (12) meses, el empleo
en el que se desempeñaba al momento de ocurrir el accidente.
Segundo, el trabajador tiene derecho a que lo repongan en
ese mismo empleo una vez es dado de alta, si se lo solicita
al patrono y si cumple con los requisitos establecidos. El
remedio de reinstalación constituye una excepción por
consideraciones de política pública al remedio exclusivo de
la mesada provisto por la Ley 80 en casos de despidos
injustificados.23 Las obligaciones que tiene el patrono bajo
SINOT son independientes la una de la otra.24 En caso de que
22 11 L.P.R.A. § 203(q) (Énfasis suplido). 23 Véase Rivera v. Ins. Wire Prods. Corp., 158 D.P.R. 110, 117 (2002); Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178, 192 (1998); Vélez Rodríguez v. Pueblo Int‟l, Inc., 135 D.P.R. 500, 512-513, 515. 24 García v. Darex P.R., Inc., supra, p. 376. Este caso es en referencia a la Ley 45. A similar conclusión hemos llegado en cuanto a SINOT. Véase Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro, 156 D.P.R. 828 (2002). CC-2010-144 13
viole el periodo de reserva o no reinstale al empleado que
cumple con los requisitos establecidos en la ley tras haber
sido requerido por éste, el patrono le responderá en daños y
perjuicios.
De la única manera en que un patrono puede despedir a
un empleado durante el periodo de reserva es si media justa
causa.25 Por otra parte, si el patrono lo despide sin justa
causa antes de que venza el periodo de reserva, el empleado
no tendrá que solicitar su reinstalación al finalizar el
periodo de reserva para poder instar su acción de daños
contra el patrono por haber violado la reserva.26 Hemos
resuelto que esta reserva existe “con total independencia de
si en el futuro el obrero cualifica para ser reinstalado, e
impide que el obrero sea despedido”.27 Por eso, mientras la
reserva esté vigente, no se puede despedir al empleado
aunque el empleado no cumpla con los requisitos establecidos
en la ley para pedir la reinstalación.28 En otras palabras,
no será justificación para despedir a un empleado durante el
periodo de reserva el que éste no haya cumplido o que se
prevea que no podrá cumplir con los requisitos de la
reinstalación. De ser éste el caso, el patrono tendrá que
25 Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro, supra, p. 857. 26 Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, p. 127; Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro, supra, n. 13. 27 García v. Darex P.R., Inc., supra, p. 378. 28 Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, p. 124. CC-2010-144 14
esperar a que se extinga el período de reserva, salvo que
exista justa causa bajo la Ley 80 para el despido.
El objetivo de la reserva de empleo bajo SINOT es
“garantizar al obrero que se incapacita temporalmente debido
a una enfermedad o accidente no ocupacional, no sólo
tranquilidad de espíritu y el sustento de él y de su familia
por un tiempo determinado, sino el derecho a ser
reinstalado”.29 Aunque el trabajador esté inhabilitado para
realizar sus funciones, la relación obrero-patronal sigue
intacta mientras dure el periodo de reserva.30 Esta reserva
de doce (12) meses comienza a transcurrir a partir del
momento en que el obrero se inhabilite para trabajar31 y se
29 Rojas v. Méndez & Co., Inc., 115 D.P.R. 50 (1984). Véase además Delgado Zayas, Op.Cit., p. 193: “[F]ue la intención del legislador que la protección que recibiera el trabajador mediante legislación, no fuera meramente económica. Lo que pretendió proteger fue esencialmente la tenencia del empleo”. 30 Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, p. 126, citando a Santos et al. v Lederle, 153 D.P.R. 812 (2001) y Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 D.P.R. 763 (1992). Estos casos se refieren a la reserva de empleo provista por la Ley 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. §§ 1 et seq. Esta Ley atiende accidentes y enfermedades ocupacionales, mientras que SINOT atiende casos no ocupacionales. No obstante, consistentemente hemos interpretado dichos estatutos de manera integral y uniforme. Incluso, sobre el asunto específico de la vigencia de la relación obrero-patronal mientras esté activa una reserva de empleo, en Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp. por voz del Juez Asociado Corrada del Río, enfatizamos la relación íntima entre ambos regímenes estatutarios. Id., p. 126 y nota núm. 7. 31 Alvira v. SK & F Laboratories Co., 142 D.P.R. 803 (1997, Opinión Concurrente del Juez Asociado Corrada del Río, p. 819). CC-2010-144 15
trata de un plazo de caducidad.32 Además, como estatuto
reparador, estamos obligados a interpretarlo liberalmente a
favor del trabajador.33
Para disfrutar de los beneficios de la reserva de
empleo y derecho a reinstalación que provee SINOT, hace
falta que el trabajador quede incapacitado por una
enfermedad o accidente no ocupacional. En cuanto a qué
significa „incapacidad‟ para efectos de esta Ley, el propio
estatuto nos ofrece una definición:
Con respecto a un trabajador quien está empleado significa su inhabilidad por lesión, enfermedad o embarazo para desempeñar su trabajo habitual o cualquier otro trabajo.
[…]
Período de incapacidad será el período durante el cual [el empleado] está continuamente inhabilitado.34
Podemos colegir de lo anterior que el elemento central
de la definición de incapacidad es la inhabilidad del
empleado, no meramente de llevar a cabo las funciones de su
puesto en particular, sino de “cualquier otro trabajo”.
Incluso, hemos resuelto que “esta incapacidad debe ser de
tal naturaleza que [le] inhabilite para trabajar totalmente,
no tan sólo para realizar sus labores usuales”.35 No todo
padecimiento conlleva que el empleado esté incapacitado como
32 Id. 33 Rojas v. Méndez & Co., Inc., supra, p. 53. 34 11 L.P.R.A. § 202(g). (Énfasis suplido). 35 Torres González v. Depto. del Trabajo, 127 D.P.R. 931, 937 (1991) (Énfasis suplido). CC-2010-144 16
para recibir los beneficios de SINOT. Por eso, la
certificación de recuperación y recapacitación se referirá
solamente a la incapacidad que originalmente permitió al
empleado disfrutar de los beneficios de SINOT. Nada hay en
la ley que le requiera al empleado presentar una
certificación relacionada con padecimientos que nunca le
inhabilitaron para trabajar en primer lugar. Mucho menos
faculta al patrono para exigir pruebas o certificaciones
adicionales.36
Evidentemente, un obrero acogido a SINOT no deja de ser
empleado de su patrono. Por el contrario, tanto la reserva
como el derecho de reinstalación parten de la premisa de la
continuación de la relación obrero-patronal. Hemos sido
enfáticos en que “la reserva de empleo supone la
continuación y existencia de la relación obrero-patronal, al
menos durante [el periodo de la reserva]”.37 En el caso de
autos, el patrono se negó a reinstalar a la señora Izagas
Santos a su puesto, a pesar de que ésta presentó
posteriormente, dentro del periodo de reserva, una
certificación médica del doctor que condujo la operación que
la había inhabilitado para trabajar, y a pesar de que la
peticionaria nunca fue declarada como incapacitada para
36 Esto no priva al patrono de poder despedir al empleado, después de reinstalarlo, si tiene justa causa para ello, por ejemplo, que no rinda su trabajo eficientemente como dispone el artículo 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. § 185b(b). 37 Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., supra, p. 126. CC-2010-144 17
trabajar por los demás padecimientos que tenía. Al así
actuar, violó la ley.
III.
Las reclamaciones hechas al amparo de la Ley 80 pueden
tramitarse a través de la Ley 2 de 17 de octubre de 1961,
según enmendada,38 que establece un procedimiento sumario
para la rápida consideración y adjudicación de las querellas
de obreros y empleados contra sus patronos relacionadas a
salarios, beneficios y otros derechos laborales.39
Desprovista de esta alternativa, una reclamación bajo la Ley
80 sería un procedimiento ordinario más, lo cual, según
hemos dicho anteriormente, es “incompatible con alcanzar, en
su máxima expresión, el mandato legislativo de diligencia en
el dictamen judicial”.40 El deber de este Tribunal de velar
por que los procedimientos judiciales se lleven a cabo con
la mayor rapidez posible, cobra singular importancia al
enfrentarnos a una situación en la que los otros poderes
constitucionales –legislativo y ejecutivo- en el ejercicio
válido de aprobar leyes, han expresado su sentir sobre los
asuntos que a su juicio merecen especial atención.41 Las
38 32 L.P.R.A. §§ 3118 et seq. 39 Véase Vizcarrondo Morales v.WVM, Inc., 2008 T.S.P.R. 164, a la pág. 5, 175 D.P.R. ___ (2008); Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 492 (1999). 40 Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, p. 492. 41 Srio. del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 D.P.R. 660, 665 (1987). CC-2010-144 18
reclamaciones presentadas según lo dispuesto por la Ley 2
“por su naturaleza y finalidad, ameritan ser resueltas a la
brevedad posible para así lograr los propósitos legislativos
de proteger el empleo, desalentar los despidos
injustificados y proveerle al obrero despedido medios
económicos para su subsistencia mientras consigue un nuevo
empleo”.42 Por consiguiente, este estatuto también debe
interpretarse liberalmente a favor del empleado.43 Acorde a
ello, corresponde a los tribunales darle cumplimiento
estricto a los procedimientos establecidos por la Ley 2,44
sin que se entienda, no obstante, que haya sido la intención
del legislador imponer un trámite procesal inflexible e
injusto para el patrono querellado.45
Cuando se presenta una causa de acción al palio de la
Ley 2, el patrono querellado deberá hacer una sola alegación
responsiva en la cual deberá incluir todas sus defensas y
objeciones, entendiéndose que renuncia a todas las defensas
y objeciones que no incluya en dicha alegación responsiva.46
42 Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pp. 5-6. 43 Id., p. 6. 44 Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, p. 492; Mercado Cintrón v. Zeta com., Inc., 135 D.P.R. 737, 742 (1994). 45 Aguayo Pomales v. R&G Mortgage, 169 D.P.R. 36, 44 (2006). 46 32 L.P.R.A. § 3120. Esto es cónsono con lo dispuesto por la Ley 80 en su sección 185k(a): “En toda acción entablada por un empleado reclamando los beneficios dispuestos por las secs. 185a a 185m de este título, el patrono vendrá obligado a alegar, en su contestación a la demanda, los hechos que dieron origen al despido y probar que el mismo estuvo justificado.” CC-2010-144 19
La Ley 2 también dispone que las Reglas de Procedimiento
Civil se aplicarán “en todo aquello que no esté en conflicto
con las disposiciones específicas de las mismas o con el
carácter sumario”.47 Es decir, se recurrirá a las Reglas de
Procedimiento Civil cuando éstas no contradigan lo dispuesto
por la Ley 2 o choquen con su naturaleza sumaria.48 En
cuanto a la posibilidad de enmendar las alegaciones
responsivas para incluir defensas afirmativas no mencionadas
originalmente, hemos resuelto, enfáticamente, que “los
tribunales de instancia no deben permitir que una parte
querellada enmiende su contestación a la querella para
adicionar nuevas defensas afirmativas”.49 En cumplimiento
con las disposiciones antes explicadas, no recurriremos a
las Reglas de Procedimiento Civil cuando el asunto bajo
consideración está expresa y precisamente atendido por la
Ley 2. Solamente podemos ser más flexibles cuando medien
circunstancias verdaderamente excepcionales.50
En el caso de autos, la parte querellada se limitó en
su alegación responsiva a negar el despido. No ofreció
ninguna de las justificaciones enumeradas en la Ley 80.
Tampoco alegó que la querellante sufría de alguna
47 32 L.P.R.A. § 3120. 48 Aguayo Pomales v. R&G Mortgage, supra, p. 51. 49 Srio. del Trabajo v. J.C. Penny Co,. Inc., supra, p. 669. Véase además Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, p. 16; Rodríguez et al. v. Rivera et al., 155 D.P.R. 838, 857 (2001). 50 Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., supra, p. 742. CC-2010-144 20
incapacidad adicional a aquélla que era producto de la
operación bariátrica. En consecuencia, renunció a toda
defensa afirmativa adicional.
IV.
Ante el Tribunal de Apelaciones, la parte querellada
señaló que el foro de instancia incidió al no admitir
evidencia sobre el despacho de medicamentos anti-depresivos
a la querellante en noviembre de 2006. El foro apelativo le
dio la razón y la peticionaria aduce que se equivocó.
Debemos, por tanto, examinar nuestra normativa evidenciaria
para llegar a una conclusión.
Evidencia pertinente es aquélla que tiende a aumentar o
disminuir la probabilidad de la existencia de un hecho que
tiene consecuencias para la adjudicación de la acción. Esto
incluye la evidencia que sirva para impugnar o sostener la
credibilidad de una persona testigo o declarante.51 La
evidencia pertinente es admisible excepto cuando se disponga
lo contrario por imperativo constitucional, por disposición
de ley o por las Reglas de Evidencia.52 La materialidad y el
valor probatorio, como nos explica el profesor Chiesa
Aponte, son elementos fundamentales en la determinación de
pertinencia y admisibilidad,53 y “se refiere a la relación
51 Regla 401 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 401. 52 Regla 402 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap.VI R. 402. 53 Ernesto Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, Tomo I, Rep. Dominicana, p. 22. CC-2010-144 21
[entre la prueba ofrecida] con los hechos y cuestiones de
derecho en controversia”.54 Por tanto, la pertinencia está
vinculada, condicionada y sujeta al “derecho sustantivo
aplicable al caso”.55 Evidencia que no cumpla con cualquiera
de estos dos elementos no es pertinente y no será admisible
en los tribunales.56
Ahora bien, la pertinencia es condición necesaria pero
no suficiente para la admisión de cualquier medio de
prueba.57 Por ello, la Regla 403 de Evidencia permite la
exclusión de prueba pertinente “cuando su valor probatorio
queda sustancialmente superado por cualesquiera de los
siguientes factores: (a) riesgo de causar perjuicio
indebido, (b) riesgo de causar confusión, (c) riesgo de
causar desorientación del Jurado, (d) dilación indebida de
los procedimientos y (e) innecesaria presentación de prueba
acumulativa”.58 La exclusión de prueba pertinente según lo
dispuesto por esta Regla descansa en la sana discreción del
tribunal.59 La causa de exclusión por conllevar la
innecesaria presentación de prueba acumulativa tiene como
objetivo la economía procesal.60
54 Id. 55 Ernesto Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 2009, J.T.S., p. 114. 56 Véase Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 D.P.R. 216, 228 (1989). 57 Chiesa Aponte, Tratado, Op.Cit., p. 1. 58 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 403 (Énfasis suplido). 59 Chiesa Aponte, Reglas, Op.Cit., p. 116. 60 Id., p. 119. CC-2010-144 22
Evidentemente, los tribunales se pueden equivocar al
admitir prueba que no era admisible o excluir prueba que sí
lo era. En el segundo caso, la Regla 104(B) de Evidencia
dispone que le corresponde a la parte perjudicada “invocar
el fundamento específico para la admisibilidad de la
evidencia ofrecida y hacer una oferta de prueba”.61 Las
Reglas de Evidencia también atienden las consecuencias en
caso de que se cometa un error en la admisión o exclusión de
evidencia. La Regla 105 de Evidencia dispone, en lo
pertinente, como sigue:
(A) Regla General
No se dejará sin efecto una determinación de admisión o exclusión errónea de evidencia ni se revocará por ello sentencia o decisión alguna a menos que:
(1) la parte perjudicada con la admisión o exclusión de evidencia hubiera satisfecho los requisitos de objeción, fundamento u oferta de prueba establecidos en la Regla 104, y
(2) el Tribunal que considera el señalamiento estime que la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya revocación se solicita.62
Para determinar si la evidencia admitida o excluida fue
un factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida, hay
que llevar a cabo “un cálculo algo especulativo, en términos
de cuál es la probabilidad de que de no haberse cometido el
61 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 104. 62 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 105 (Énfasis suplido). CC-2010-144 23
error, el resultado hubiera sido distinto.63 De no ser así,
se entenderá que fue un error benigno (“harmless error”) y
no conlleva la revocación de la determinación.
Hemos visto que la Ley SINOT provee para una reserva de
empleo solamente por 12 meses independientemente de que el
empleado se haya recuperado física y emocionalmente. Lo que
es más, como cuestión de derecho sustantivo, para efectos
del proceso de reinstalación bajo SINOT, tan solo será
pertinente evidencia relacionada a la condición por la que
se declaró al empleado incapacitado para trabajar en primera
instancia. Siendo ello así, cualquier prueba que se refiera
a su estado físico o emocional que no esté relacionada con
la enfermedad por la cual se le incapacitó es impertinente.
Además, como también hemos visto, el patrono renunció a toda
defensa afirmativa que no incluyó en su contestación a la
demanda, tal y como disponen tanto la Ley 80 como la Ley 2,
por tanto renunció a su derecho a pasar prueba sobre el
asunto. De igual forma, durante el juicio se desfiló prueba
sobre el hecho de que la querellante, en efecto, había
tomado medicamentos anti-depresivos durante su
recuperación.64 Es decir, ya el foro primario había recibido
prueba sobre el estado emocional de la querellante y los
medicamentos que por ello ingería. El tribunal de instancia
resolvió, en su sana discreción, que la evidencia sobre el
63 Chiesa Aponte, Reglas, Op.Cit., p. 88 (Énfasis suplido). 64 Esto, a pesar de que ella nunca se estableció que dicha condición la inhabilitara para trabajar como exige SINOT. CC-2010-144 24
despacho de medicamentos era acumulativa y era innecesario
pasar prueba sobre los despachos de medicamentos para
noviembre de 2006. No erró.65
Por los fundamentos anteriormente expuestos, resolvemos
que el patrono incumplió con su obligación bajo SINOT de
reinstalar a la señora Izagas Santos una vez ésta le entregó
la certificación médica que acreditaba su recuperación
emitida por el doctor que atendió su enfermedad no-
ocupacional. Por tanto, confirmamos la sentencia del
Tribunal de Apelaciones en cuanto a que la carta del 26 de
octubre no constituyó un despido y revocamos respecto a la
desestimación por la reclamación bajo SINOT. Se devuelve el
caso al Tribunal de Primera Instancia para que otorgue el
remedio procedente bajo SINOT según establecido en esta
Opinión.66
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada
65 Incluso en el supuesto de que se entienda que la prueba era pertinente y que no era acumulativa, no estamos ni remotamente ante un error sustancial que de no haberse cometido hubiese cambiado el resultado. 66 En este caso, la señora Izagas Santos reclamó los salarios dejados de percibir y una compensación por los daños y perjuicios sufridos. No solicitó la reinstalación en el empleo. Por tanto, lo que corresponde es calcular los salarios que la empleada hubiera devengado entre el momento en que debió haber sido reinstalada y cuando inició su nuevo empleo y, de haberse probado, una compensación por los daños sufridos. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mercedes Idalis Izagas Santos Peticionaria Certiorari CC-2010-144 v.
Family Drug Center And Convenience Store, Inc., h/n/c Farmacia Sarimar Drug Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2011.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente Sentencia, confirmamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto a que la carta del 26 de octubre no constituyó un despido y revocamos respecto a la desestimación por la reclamación bajo SINOT. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que otorgue el remedio procedente bajo SINOT según establecido en esta Opinión.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo