El Juez Asociado Señor Negrón García
emitió la opinión del Tribunal.
A manera de trasfondo conceptual para la solución de este caso y con referencia a la evolución jurídica de la condición de la mujer, evocamos las siguientes palabras: “[l]os cambiados artículos suponen el reconocimiento, por el legislador, de unas realidades sociales que hasta ahora no habían trascendido al campo del Derecho (la norma, casi siempre en retraso frente a la vida) : la nueva identidad de la esposa, que no se define ya exclusivamente como madre y animal doméstico o de labor dentro de la casa, sino como ser con dignidad y libertad igua-les a las del varón, y por tanto con derecho a que, como regla general, se le deparen las mismas oportunidades y posibili-dades jurídicas”. J. L. Lacruz Berdejo, El Nuevo Derecho Civil de la Mujer Casada, Madrid, Ed. Civitas, S.A., 1975, pág. 23. (Bastardillas nuestras.)
Manteniendo en mente las mismas, nos pronunciamos sobre la validez constitucional del Art. 109 del Código Civil —no tocado en esa reforma— que en lo pertinente reza:
Si la mujer que ha obtenido el divorcio no cuenta con sufi-cientes medios para vivir, el Tribunal Superior podrá asignarle alimentos discrecionales de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la propiedad del marido, sin que pueda exceder la pensión alimenticia de la cuarta parte de los ingresos, rentas o sueldos percibidos. 31 L.P.R.A. see. 385.
HH
Las partes se divorciaron por la causal de abandono. Du-rante el matrimonio no procrearon hijos. Subsiguientemente, [612]*612Elsa Milán Rodríguez, en calidad de cónyuge inocente, solicito pensión alimenticia en virtud del transcrito artículo. Su ex-esposo, aquí peticionario, Ensor Muñoz Gil De Lamadrid, se opuso impugnando la constitucionalidad de dicho precepto por alegadamente representar una clasificación discriminatoria a base de sexo y privarle de la igual protección de las leyes, en contravención al primicial mandato plasmado en la Carta de Derechos de nuestra Ley Fundamental:
La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, o condición social, ni ideas jurídicas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igual-dad humana. (Bastardillas nuestras.)
El planteamiento no prosperó y el ilustrado foro de ins-tancia negó la desestimación. En síntesis resolvió, “. . . que estamos obligados a suplir la omisión del Artículo 109 y ar-monizarlo de tal manera que no quede duda de que dicho Artículo no hace una distinción discriminatoria, porque aun cuando le impone la obligación al hombre de proveer alimen-tos a la mujer, no prohíbe que a su vez un Tribunal le imponga una pensión alimenticia a la mujer en favor de su ex-esposo cuando la situación de éste lo requiera y la situación de aqué-lla lo permita.” (Bastardillas nuestras.) Revisamos.
HH HH
La genealogía de la disposición que nos ocupa se remonta al Art. 177 del Código Civil de 1902 procedente, a su vez, del 160 del Código Civil del estado de Louisiana.
Debido a su antigüedad, carecemos de un Diario de Sesio-nes que de modo más científico nos permita investigar los motivos legislativos que impulsaron su redacción original. Aún así, de su lectura podemos extraer que la hipótesis central en que descansa es que la mujer se encuentra en condi-ciones de inferioridad económica. Este supuesto, posiblemente válido hace varias décadas, formaba parte del armazón y diseño jurídico que situaba a la mujer en una posición de es-tricta sumisión y absoluta fragilidad frente al hombre, lo que, a su vez, exigía una defensa legal superior y una protección económica mayor. Específicamente podemos detectar como tesis primaria que casi todos los ex-maridos, en contraste con las esposas, cuantitativa y cualificativamente, son de incues-tionable solvencia económica y autosuficiencia. De lo con-trario ¿cómo se explica el lenguaje que les impone para el solo beneficio de la mujer una pensión de hasta una cuarta (%) parte de sus ingresos?
Aceptamos que existe un interés apremiante y legítimo del Estado en la reglamentación de las relaciones familiares y alimentos entre parientes. Como atinadamente expone Manresa, citando a Arrazola:
“El ser humano, que viene a la vida con el destino que le señale su propia naturaleza, tiene un derecho a la existencia y al [614]*614desarrollo de la misma según sus facultades; es decir, tiene un derecho absoluto a su conservación. En la organización actual de la familia y de la sociedad se halla impuesta, primero a los parientes y después al Estado, la obligación de proveer a dicha necesidad; y cada uno en su caso está en el deber de procurar al que por sí no podría cumplir dicho fin, los medios necesarios para su conservación y desarrollo: deber altamente social, que no de-pende de la voluntad del que le tiene, sino que se impone a todos como una de las condiciones necesarias de la vida progresiva de la humanidad.” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1956, Vol. I, págs. 782-783.
Resulta genuino el propósito gubernamental de que durante la vigencia del matrimonio, al igual que una vez rota esa unión, exista y subsista potencialmente la obligación de prestar alimentos al ex-cónyuge. Independientemente de que este deber esté o no basado en el derecho a la existencia proclamado por Arrazola, o fundado en otras razones tales como los sentimientos de cariño y afecto que nacen en el seno familiar, los principios filosóficos, éticos y morales de solidaridad humana, o en motivaciones de tipo religiosas —piedad o caridad— ciertamente se justifica el interés, la intervención y reglamentación del Estado en materia de prestación de alimentos bajo la premisa, incuestionablemente válida, de que sobre los fondos y el erario públicos no debe exclusivamente recaer la obligación de proveer para la subsistencia de los menesterosos.
Ahora bien, lo que plantea serias cuestiones en el caso de autos, claro está, es que el interés del Estado en el área de la prestación de alimentos post-divorcio parece operar en bene-ficio de un solo sexo, por cuanto es únicamente la mujer y no el hombre quien aparentemente puede solicitarlos.(2) Estas dificultades se agudizan al percatarnos de que aparte de las [615]
Free access — add to your briefcase to read the full text and ask questions with AI
El Juez Asociado Señor Negrón García
emitió la opinión del Tribunal.
A manera de trasfondo conceptual para la solución de este caso y con referencia a la evolución jurídica de la condición de la mujer, evocamos las siguientes palabras: “[l]os cambiados artículos suponen el reconocimiento, por el legislador, de unas realidades sociales que hasta ahora no habían trascendido al campo del Derecho (la norma, casi siempre en retraso frente a la vida) : la nueva identidad de la esposa, que no se define ya exclusivamente como madre y animal doméstico o de labor dentro de la casa, sino como ser con dignidad y libertad igua-les a las del varón, y por tanto con derecho a que, como regla general, se le deparen las mismas oportunidades y posibili-dades jurídicas”. J. L. Lacruz Berdejo, El Nuevo Derecho Civil de la Mujer Casada, Madrid, Ed. Civitas, S.A., 1975, pág. 23. (Bastardillas nuestras.)
Manteniendo en mente las mismas, nos pronunciamos sobre la validez constitucional del Art. 109 del Código Civil —no tocado en esa reforma— que en lo pertinente reza:
Si la mujer que ha obtenido el divorcio no cuenta con sufi-cientes medios para vivir, el Tribunal Superior podrá asignarle alimentos discrecionales de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la propiedad del marido, sin que pueda exceder la pensión alimenticia de la cuarta parte de los ingresos, rentas o sueldos percibidos. 31 L.P.R.A. see. 385.
HH
Las partes se divorciaron por la causal de abandono. Du-rante el matrimonio no procrearon hijos. Subsiguientemente, [612]*612Elsa Milán Rodríguez, en calidad de cónyuge inocente, solicito pensión alimenticia en virtud del transcrito artículo. Su ex-esposo, aquí peticionario, Ensor Muñoz Gil De Lamadrid, se opuso impugnando la constitucionalidad de dicho precepto por alegadamente representar una clasificación discriminatoria a base de sexo y privarle de la igual protección de las leyes, en contravención al primicial mandato plasmado en la Carta de Derechos de nuestra Ley Fundamental:
La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, o condición social, ni ideas jurídicas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igual-dad humana. (Bastardillas nuestras.)
El planteamiento no prosperó y el ilustrado foro de ins-tancia negó la desestimación. En síntesis resolvió, “. . . que estamos obligados a suplir la omisión del Artículo 109 y ar-monizarlo de tal manera que no quede duda de que dicho Artículo no hace una distinción discriminatoria, porque aun cuando le impone la obligación al hombre de proveer alimen-tos a la mujer, no prohíbe que a su vez un Tribunal le imponga una pensión alimenticia a la mujer en favor de su ex-esposo cuando la situación de éste lo requiera y la situación de aqué-lla lo permita.” (Bastardillas nuestras.) Revisamos.
HH HH
La genealogía de la disposición que nos ocupa se remonta al Art. 177 del Código Civil de 1902 procedente, a su vez, del 160 del Código Civil del estado de Louisiana.
Debido a su antigüedad, carecemos de un Diario de Sesio-nes que de modo más científico nos permita investigar los motivos legislativos que impulsaron su redacción original. Aún así, de su lectura podemos extraer que la hipótesis central en que descansa es que la mujer se encuentra en condi-ciones de inferioridad económica. Este supuesto, posiblemente válido hace varias décadas, formaba parte del armazón y diseño jurídico que situaba a la mujer en una posición de es-tricta sumisión y absoluta fragilidad frente al hombre, lo que, a su vez, exigía una defensa legal superior y una protección económica mayor. Específicamente podemos detectar como tesis primaria que casi todos los ex-maridos, en contraste con las esposas, cuantitativa y cualificativamente, son de incues-tionable solvencia económica y autosuficiencia. De lo con-trario ¿cómo se explica el lenguaje que les impone para el solo beneficio de la mujer una pensión de hasta una cuarta (%) parte de sus ingresos?
Aceptamos que existe un interés apremiante y legítimo del Estado en la reglamentación de las relaciones familiares y alimentos entre parientes. Como atinadamente expone Manresa, citando a Arrazola:
“El ser humano, que viene a la vida con el destino que le señale su propia naturaleza, tiene un derecho a la existencia y al [614]*614desarrollo de la misma según sus facultades; es decir, tiene un derecho absoluto a su conservación. En la organización actual de la familia y de la sociedad se halla impuesta, primero a los parientes y después al Estado, la obligación de proveer a dicha necesidad; y cada uno en su caso está en el deber de procurar al que por sí no podría cumplir dicho fin, los medios necesarios para su conservación y desarrollo: deber altamente social, que no de-pende de la voluntad del que le tiene, sino que se impone a todos como una de las condiciones necesarias de la vida progresiva de la humanidad.” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1956, Vol. I, págs. 782-783.
Resulta genuino el propósito gubernamental de que durante la vigencia del matrimonio, al igual que una vez rota esa unión, exista y subsista potencialmente la obligación de prestar alimentos al ex-cónyuge. Independientemente de que este deber esté o no basado en el derecho a la existencia proclamado por Arrazola, o fundado en otras razones tales como los sentimientos de cariño y afecto que nacen en el seno familiar, los principios filosóficos, éticos y morales de solidaridad humana, o en motivaciones de tipo religiosas —piedad o caridad— ciertamente se justifica el interés, la intervención y reglamentación del Estado en materia de prestación de alimentos bajo la premisa, incuestionablemente válida, de que sobre los fondos y el erario públicos no debe exclusivamente recaer la obligación de proveer para la subsistencia de los menesterosos.
Ahora bien, lo que plantea serias cuestiones en el caso de autos, claro está, es que el interés del Estado en el área de la prestación de alimentos post-divorcio parece operar en bene-ficio de un solo sexo, por cuanto es únicamente la mujer y no el hombre quien aparentemente puede solicitarlos.(2) Estas dificultades se agudizan al percatarnos de que aparte de las [615]*615diferencias innatas resultantes de la conformación anatómica y aquellas intangibles del campo sicológico sobre las cuales no nos es permisible especular —tales como cualidades afectivas, reacciones y otras— en el mundo cambiante de las realidades, claramente la necesidad de una persona recibir “alimentos y habitación” para subsistir con un mínimo de decoro, no es condición privativa del sexo femenino. Más bien es una cir-cunstancia neutral e inmanente que se origina en la natura-leza misma y que crudamente se proyecta, a cualquier edad, sobre toda la especie humana, sea varón o mujer.
En Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975), y Comisión Asuntos de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980), —bajo el Art. II, Secs. 1 y 7 prohibitivas del discrimen por razón de sexo y la desigual protección de las leyes— resolvimos aplicar a casos de esta índole la fórmula de estricta supervisión judicial. En ambas decisiones advertimos la tendencia irreversible de la mujer a incorporarse a las diversas fases de la actividad económica, profesional y social de manera sustancial. Allí cuestionamos seriamente la validez de “premisas subjetivas, erróneas, tradicionales y estereotipadas que emanan de una visión masculina que consciente o inconscientemente tiene su razón de ser en la caracterización de la mujer como sexo débil”. Como resultado de ese análisis anulamos dos disposiciones legislativas, una en el ámbito laboral relativa a las condiciones del trabajo durante horas de almuerzo —Ley Núm. 105 de 6 de junio de 1967 (29 L.P.R.A. see. 458)— y otra que exigía la corroboración cualificada del testimonio de la perjudicada en procesos por delito de violación o tentativa de cometerlo (Regla 154 de Procedimiento Criminal).
Con esta perspectiva en mente, no es menester mucho es-fuerzo mental ni una exhaustiva elaboración para concluir que el esquema legislativo cristalizado en el artículo en cues-tión representa, de su faz y sin lugar a dudas, un trato dife-rente, injustificado y discriminatorio contra el hombre por [616]*616razón de sexo, que al presente —bajo el prisma de un riguroso escrutinio judicial y a menos que oportunamente detectemos la cualidad de doble refracción— no puede prevalecer. Sus antecedentes demuestran que su texto —inalterado hasta la actualidad por más de cien años— más bien responde a una concepción arcaica y estereotipada de la función tradicional limitada que indefectiblemente se le atribuía en el antaño a la mujer: hogar y madre. El precepto refleja un enfoque que se ha quedado rezagado en la reforma y modernización de la con-dición jurídica de la mujer, que metódicamente ha llevado a efecto la Asamblea Legislativa (3) en los últimos años, en su [617]*617afán de nivelación y de darle vigencia al ideal de la Asamblea Constituyente de “reconocer el advenimiento de la mujer a la plenitud del derecho, y a la igualdad de oportunidades con el hombre”. Zachry, pág. 280. Aclaramos que ninguna razón válida o de peso nos ha brindado el Estado para tan cruda diferenciación. Ninguna tampoco hemos encontrado que la justifique. (4)
III
Establecido el carácter discriminatorio del Art. 109, resta examinar la corrección del dictamen de instancia sosteniéndolo bajo la fórmula de que el citado precepto extiende su protección tanto al hombre como a la mujer. A tal efecto, dicho foro razonó que “. . . la mujer fue prosperando social, intelectual y económicamente hasta llegar a la mujer de 1980. Con mayor oportunidad de educación, de competencia en el mercado de empleo. Con una Constitución que impide el discrimen por razón de sexo. El enfoque e interpretación de las leyes tiene que ser diferente. Hoy los dos tienen iguales oportunidades lo que implica deberes. Puede por circunstancias especiales una mujer tener la necesidad, llenando todos los requisitos de ley, [de] utilizar la protección que le ofrece el Artículo 109, y puede de la misma forma el hombre de hoy, al cual la mujer se ha equiparado en el campo social, intelectual y económico, verse en la necesidad de por razones muy parti-[618]*618culares, y llenando todos los requisitos de ley, utilizar la pro-tección que el Artículo 109 le ofrece”.
Merece nuestra aprobación el resultado a que llegó la ilustrada sala de instancia. En materia de hermenéutica constitucional y ante estatutos que adolecen de inconstitucionalidad por sub-inclusión, se reconoce la facultad de los tribunales de extender los beneficios estatutarios a aquellos grupos o clases excluidos. Orr v. Orr, 440 U.S. 268 (1979);(5) Frontiero v. Richardson, 411 U.S. 677 (1973); Weinberger v. Wiesenfeld, 420 U.S. 636 (1975); Califano v. Goldfarb, 430 U.S. 199 (1977); Welsh v. United States, 398 U.S. 333, 361 (1970) —opinión concurrente Juez Asociado Señor Harlan. La regla es consustancial con el principio de que el Poder Judicial —en abono de una deferencia hacia el Poder Legislativo— debe esforzarse por lograr interpretaciones congruentes y compatibles con el mantenimiento de la constitucionalidad de una ley. En su operación, a diferencia de éste, [619]*619sin embargo, el impedimento constitucional podrá ser salvado, no mediante la interpretación del texto que por sus claros términos no es susceptible de serlo de otra manera, sino por la extensión de los beneficios a la clase excluida. El propósito legislativo, que quedaría frustrado con la anulación del esta-tuto, queda así en vigor y se supera el discrimen.
En esta tarea judicial, el criterio rector lo constituye, por tanto, la importancia “[d]el motivo legislativo presumido”. L. Kanowitz, “Benign” Sex Dscrimination: Its Trouble and Their Cure, 31 Hastings L.J. 1379, 1413 (1980). En esta misión de averiguar la mens legislativa hemos de evitar guiar-nos, en lo posible, por una mecánica literal y eludir mirar las palabras y frases con una óptica empañada, estereotipada o de clisé que adjudique a dicho Poder un interés a destiempo discriminatorio y excluyente.
En virtud de lo anteriormente expuesto, al confrontarnos con la alternativa de anular el Art. 109 del Código Civil o extender su ámbito protector a la clase excluida, estimamos que ante la importancia del propósito legislativo en él encarnado, así como para superar todo discrimen injustificado por razón de sexo, y la urgencia de mantener incólume los beneficios que hasta ahora ha conferido la reglamentación sobre el deber de alimentos, la segunda opción es la única apropiada. Por ende, decretamos que la norma de derecho consignada en dicho artículo no prohíbe, en situaciones meritorias análogas a las allí visualizadas, que los tribunales impongan a una mujer divorciada el deber de prestar una pensión alimenticia para beneficio de su ex-cónyuge varón. Sostenemos su constitucionalidad.
Se dictará sentencia confirmatoria.
Los Jueces Asociados Señores Rigau y Martín concurren en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió voto concurrente al que se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué, quien está, además, conforme con la opinión del Tribunal.
[620]*620—O—
Loyacano v. Loyacano, 358 So.2d 304 (1978). Es de notarse que el Art. 301 del Código Napoleónico concedía a ambos cónyuges, ante circuns-tancias imperiosas, el derecho a recibir pensión alimenticia en caso de divorcio. Este precepto no fue incorporado al Código Civil de Louisiana. Dicha jurisdicción evolucionó estatutariamente hacia el texto que se ha importado aquí. D. E. Ried, Note: Alimony and Equal Protection: A Search for Rational Relationships, 22 Loyola L. Rev. 1036-1060 (1976); Loyacano, pág. 312.