EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Francisco J. Cepero Rivera 2015 TSPR 119 María Teresa Estévez Bermúdez Mariela Pérez Torres Ana Teresa Miranda Sierra José A. Marrero López 193 DPR ____
Número del Caso: TS-6235 TS-9976 TS-11899 TS-10713 TS-8359
Fecha: 24 de junio de 2015
Materia: (Ver abajo)
TS-6235 – Francisco J. Cepero Rivera Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 2 de julio de 2015, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
TS-9976 – María Teresa Estévez Bermúdez Conducta Profesional –La suspensión de la abogada será efectiva el 30 de junio de 2015, fecha en que se depositó en el correo la notificación de su suspensión inmediata.
TS-11899– Mariela Pérez Torres Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 7 de agosto de 2015, fecha en que se le notificó a la abogada de su suspensión inmediata.
TS-10713– Ana Teresa Miranda Sierra Conducta Profesional –La suspensión de la abogada será efectiva el 30 de junio de 2015, fecha en que se depositó en el correo la notificación de su suspensión inmediata.
TS-8359– José A. Marrero López Conducta Profesional – La suspensión será efectiva el 6 de julio de 2015, fecha del acuse de recibo de la notificación al abogado de su suspensión inmediata por correo certificado.
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Francisco J. Cepero Rivera TS-6235
María Teresa Estévez Bermúdez TS-9976
Mariela Pérez Torres TS-11899
Ana Teresa Miranda Sierra TS-10713
José A. Marrero López TS-8359
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2015
Una vez más, nos corresponde ordenar la suspensión
inmediata e indefinida de varios miembros de la profesión
legal por su reiterado incumplimiento con los
requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua
(PEJC).
I
A. TS-6235
El Lcdo. Francisco J. Cepero Rivera fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 20 de abril de 1979 y al
ejercicio de la notaría el 26 de julio de 1983. El 23 de
enero de 2015, la Directora del PEJC, la Lcda. Geisa M.
Marrero Martínez (Directora) presentó ante este Tribunal
el Informe sobre incumplimiento con requisito de educación
jurídica continua. En éste, detalló los esfuerzos
realizados por el PEJC para asegurar el cumplimiento del
licenciado Cepero Rivera con los requisitos que dispone el
Reglamento de Educación Jurídica Continua para los TS-6235; TS-9976; TS-11899; TS-10713; TS-8359 2
periodos del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril de 2009, del
1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2011 y del 1 de mayo
de 2011 al 30 de abril de 2013. Explicó que, para estos
periodos de incumplimiento, el PEJC había cursado las
notificaciones y citaciones correspondientes al licenciado
Cepero Rivera, otorgándole a éste varias ocasiones para
cumplir tardíamente con los requisitos.1
Según se desprende del Informe sobre incumplimiento,
el licenciado Cepero Rivera envió una comunicación al PEJC
el 27 de septiembre de 2013. En ésta, alegó que no había
cumplido con los requerimientos del PEJC por razón de un
proceso de destitución de su empleo en la Autoridad de
Carreteras, al cual presuntamente había estado sujeto por
más de diez años. Indicó que ese proceso había incidido en
su habilidad para generar ingresos y desempeñarse en la
práctica legal. En atención a ello, solicitó al PEJC copia
del Reglamento, así como una exoneración del cumplimiento
hasta tanto culminara su proceso de destitución.
El PEJC, por su parte, envió una comunicación al
licenciado Cepero Rivera en la que le explicó que su
proceso de destitución no era óbice para cumplir con los
requisitos reglamentarios y lo orientó con relación a
cómo cambiar su status a abogado inactivo en el Registro
Único de Abogados (RUA). Luego de concederle al licenciado
1 Además, se le apercibió de su deber de pagar una cuota de $50.00 en concepto de cumplimiento tardía, conforme a la Regla 30 del Reglamento de Educación Jurídica Continua, 164 D.P.R. 555 (2005). El licenciado Cepero Rivera no pagó esta cuota, aduciendo a razones económicas por razón de su destitución como empleado público. TS-6235; TS-9976; TS-11899; TS-10713; TS-8359 3
Cepero Rivera múltiples prórrogas para cumplir con los
requisitos del PEJC correspondientes al periodo de 2007-
2009, y advertirle sobre cómo su incumplimiento redundaría
en un referido a la Junta de Educación Jurídica Continua
(Junta), el asunto quedó sometido ante ésta.
Sometido el Informe sobre incumplimiento ante nuestra
consideración, el 31 de marzo de 2015, emitimos una
resolución mediante la cual le concedimos al licenciado
Cepero Rivera un término de veinte (20) días para que
compareciera y mostrara causa por la cual no debía ser
suspendido de la profesión por razón de su reiterado
incumplimiento con los requisitos del PEJC. El 5 de mayo
de 2015, el licenciado Cepero Rivera compareció mediante
una Solicitud de orden protectora. En ésta, reiteró sus
planteamientos con relación a como su destitución y la
precaria situación económica en la que se encontraba como
consecuencia de ésta, le impedían costear los créditos
requeridos y pagar la cuota de cumplimiento tardío.
Solicitó que se le permitiera continuar practicando la
profesión únicamente para litigar su caso de destitución
pendiente.
B. TS-9976
La Lcda. María Teresa Estévez Bermúdez fue admitida
al ejercicio de la abogacía el 13 de enero de 1992 y al
ejercicio de la notaría el 14 de abril de 1993. 2 El 23 de
2 La licenciada Estévez Bermúdez cesó la práctica de la notaría el 9 de diciembre de 1998. TS-6235; TS-9976; TS-11899; TS-10713; TS-8359 4
enero de 2015, la Directora del PEJC presentó ante este
Tribunal el Informe sobre incumplimiento con requisito de
educación jurídica continua para los periodos de 1 de mayo
de 2007 al 30 de abril de 2009 y del 1 de mayo de 2009 al
30 de abril de 2011. Además, en éste se indicó que la
licenciada Estévez Bermúdez había incumplido con los
requisitos reglamentarios para el periodo de 1 de mayo de
2011 al 30 de abril de 2013, a pesar de que no había sido
citada para la vista informal correspondiente.
En el Informe sobre incumplimiento presentado ante
este Tribunal, la Directora detalla las gestiones
realizadas por el PEJC para garantizar el cumplimiento de
la licenciada Estévez Bermúdez con los requisitos
reglamentarios pertinentes. Así, se indica que el 5 de
junio de 2009 y el 23 de junio de 2011, el PEJC envió los
avisos de incumplimiento correspondientes a los periodos
de 2007-2009 y 2009-2011 y le otorgó a la licenciada un
tiempo razonable para cumplir con las horas crédito
adeudadas. Asimismo, se nos informa que la licenciada
Estévez Bermúdez fue citada a vistas informales para los
dos periodos de incumplimiento, a las que no compareció.
También, el Informe de incumplimiento detalla cómo la
licenciada Estévez Bermúdez fue apercibida de que su
incumplimiento e incomparecencia conllevaría que su caso
fuera referido ante la Junta. Transcurridos los términos
para cumplimiento que le fueron otorgados y realizadas las TS-6235; TS-9976; TS-11899; TS-10713; TS-8359 5
advertencias de rigor, la Directora recomendó a la Junta
rendir el Informe sobre incumplimiento que nos ocupa.
El 31 de marzo de 2015, este Tribunal emitió una
resolución mediante la cual le concedimos a la licenciada
Estévez Bermúdez un término de vente (20) días para que
suspendida del ejercicio de la profesión por haber
incumplido con los requerimientos del PEJC. La referida
resolución fue devuelta con el siguiente mensaje: “Return
to sender, insuficient address, unable to forward.” Al día
de hoy, la licenciada Estévez Bermúdez no ha comparecido.
C. TS-11899
La Lcda. Mariela Pérez Torres fue admitida a la
práctica de la abogacía el 16 de enero de 1997 y a la
práctica de la notaría el 20 de agosto de 1999. El 21 de
educación jurídica continua para los periodos del 1 de
mayo de 2007 al 30 de abril de 2011 y del 1 de mayo de
2009 al 30 de abril de 2011. En el informe se indicó que
la licenciada Pérez Torres había sido notificada
debidamente mediante los avisos de incumplimiento
correspondientes a ambos periodos y que se le habían
otorgado términos adicionales para garantizar su
cumplimiento. Transcurridos los referidos términos, la
licenciada fue citada para una vista informal con relación
al periodo de 2007-2009. En esta vista, la licenciada TS-6235; TS-9976; TS-11899; TS-10713; TS-8359 6
Pérez Torres suscribió una prórroga mediante la cual se
comprometió a subsanar las deficiencias señaladas por el
PEJC en un término de veinte (20) días. Transcurrido dicho
término, el PEJC le concedió un término final e
improrrogable de treinta (30) días. Así las cosas, el 24
de enero de 2014, el PEJC le envió a la licenciada una
misiva con un recuento de las múltiples oportunidades que
le habían sido otorgadas para cumplir con los requisitos
reglamentarios y se le advirtió sobre una citación a vista
informal para el periodo de 2009-2011. Posteriormente, la
licenciada Pérez Torres fue citada a la vista informal
correspondiente a ese último periodo, a la cual compareció
y, nuevamente, suscribió una prórroga para garantizar el
cumplimiento.
Ante el incumplimiento de la licenciada Pérez Torres
con ambas prórrogas y demás términos que le fueron
concedidos, la Directora presentó el asunto ante la JEC y
procedió a rendir el informe que nos ocupa. El 31 de marzo
de 2015, emitimos una resolución mediante la cual le
concedimos a la licenciada Pérez Torres un término de
veinte (20) días para que compareciera y mostrara causa
por la cual no debía ser suspendida de la profesión por su
reiterado incumplimiento. La resolución, sin embargo, fue
devuelta por el servicio de correo con el siguiente
mensaje: “Return to sender, attempted not known, unable to
forward.” Al día de hoy, la licenciada Pérez Torres no ha
comparecido. TS-6235; TS-9976; TS-11899; TS-10713; TS-8359 7
D. TS-10713
La Lcda. Ana Teresa Miranda Sierra fue admitida al
ejercicio de la abogacía el 4 de enero de 1994 y a la
práctica de la notaría el 24 de junio de 1996. 3 El 23 de
enero de 2015, la Directora presentó ante este Tribunal el
Informe sobre incumplimiento con requisito de educación
jurídica continua para los periodos del 1 de mayo de 2007
al 30 de abril de 2009 y del 1 de mayo de 2009 al 30 de
abril de 2011. En este informe, se detallaron los
esfuerzos realizados por el PEJC para asegurar el
cumplimiento de la licenciada Miranda Sierra con los
requisitos reglamentarios correspondientes.
Específicamente, se indicó que el PEJC le había cursado a
la licenciada los avisos de incumplimiento relacionados a
ambos periodos, otorgándole un tiempo razonable para que
cumpliera con los requerimientos. Además, se detalló que
la licenciada Miranda Sierra había sido citada para vistas
informales con relación a ambos periodos, a las cuales no
compareció. También, se informó que, transcurridos los
términos que le fueron concedidos, y realizadas las
advertencias de rigor, el asunto fue sometido ante la
Junta.
Presentado el Informe sobre incumplimiento, el 31 de
marzo de 2015, emitimos una resolución mediante la cual
ordenamos a la licenciada Miranda Sierra, en un término de
veinte (20) días, comparecer y mostrar causa por la cual
3 La licenciada Miranda Sierra cesó la práctica de la notaría el 11 de agosto de 1997. TS-6235; TS-9976; TS-11899; TS-10713; TS-8359 8
no debía ser suspendida de la profesión como consecuencia
de su reiterado incumplimiento con los requerimientos del
PEJC. La referida resolución fue devuelta por el servicio
de correo con el siguiente mensaje: “Return to sender, not
deliverable as addressed, unable to forward.” Al día de
hoy, la licenciada Miranda Sierra no ha comparecido.
E. TS-8359
El Lcdo. José Marrero López fue admitido al ejercicio
de la abogacía el 16 de agosto de 1986. El 23 de enero de
2015, la Directora del PEJC presentó ante este Tribunal el
abril de 2011. En el referido informe, se indicó que el 5
de junio de 2009 y el 23 de junio de 2011, el PEJC envió
los avisos de incumplimiento correspondientes a ambos
periodos. Asimismo, el licenciado Marrero López fue citado
para una vista informal para el periodo de 2007-2009, a la
cual no compareció. El 31 de enero de 2014, el licenciado
fue citado a una vista informal para el periodo de
incumplimiento de 2009-2011 a la cual tampoco compareció.
Transcurridos los múltiples términos otorgados por la PEJC
para asegurar el cumplimiento, y habiendo apercibido al
licenciado de las consecuencias de su incomparecencia e
incumplimiento, la Directora procedió a referir a la Junta
el asunto. TS-6235; TS-9976; TS-11899; TS-10713; TS-8359 9
Atendido el asunto por la Junta y presentado el
Informe sobre incumplimiento ante este Tribunal, el 31 de
ordenamos al licenciado Marrero López comparecer y mostrar
causa, en un término de veinte (20) días, por la cual no
debía ser suspendido de la profesión como consecuencia de
su reiterado incumplimiento con los requerimientos del
PEJC. Al día de hoy, el licenciado Marrero López no ha
comparecido.
II
En repetidas ocasiones nos hemos expresado en torno a
cómo los requisitos establecidos en el Reglamento de
Educación Jurídica Continua, 164 D.P.R. 555 (2005),
responden al deber ineludible de todo abogado y abogada
del País de “mantener un alto grado de excelencia y
competencia en su profesión a través del estudio y la
participación en programas educativos de mejoramiento
profesional . . .”. Canon 2 del Código de Ética
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. XVII-E. La desidia y dejadez
ante los requerimientos del PEJC, no solo representan un
gasto de recursos administrativos por parte de ese
programa, sino que además, reflejan una patente falta de
compromiso con el deber de excelencia y competencia que
encarna el Canon 2 del Código de Ética Profesional.
Para garantizar el cumplimiento de la clase togada
con ese deber ético-profesional, este Tribunal adoptó el
Reglamento de Educación Jurídica Continua, supra, el cual, TS-6235; TS-9976; TS-11899; TS-10713; TS-8359 10
salvo contadas excepciones, exige a todos los miembros
activos admitidos a la profesión legal la aprobación de 24
horas crédito en cursos de educación jurídica. Además, el
Reglamento contiene los procedimientos para certificar el
cumplimiento con las horas crédito y revisar los avisos de
incumplimiento.
Por otro lado, en múltiples instancias le hemos
recordado a los miembros de la profesión legal su deber de
contestar con diligencia los requerimientos exigidos por
parte de este Tribunal, advirtiendo que la dejadez en este
ámbito es incompatible con la práctica de la profesión.
Véanse In re Guzmán Rodríguez, 187 D.P.R. 826 (2013); In
re Trinidad Torres, 183 D.P.R. 371 (2011); In re Colón
Rivera, 170 D.P.R. 440 (2007). A esos efectos, hemos
afirmado que no contestar los requerimientos de este
Tribunal infringe el Canon 9 de los Cánones de Ética
Profesional, puesto que constituye una afrenta a nuestro
poder inherente de regular el ejercicio de la profesión
legal. Véanse In re Guzmán Rodríguez, supra; In re Rosado
Cruz, 176 D.P.R. 1012 (2009).
Asimismo, y en aras de garantizar que los miembros de
la profesión legal atiendan con la premura requerida las
comunicaciones de este Foro, la Regla 9(j) del Reglamento
del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B, impone la
obligación a todo abogado y abogada de mantener sus datos
actualizados en el RUA. Hemos sido enfáticos en recordarle
a los miembros de la profesión legal que incumplir con TS-6235; TS-9976; TS-11899; TS-10713; TS-8359 11
esta obligación obstaculiza el ejercicio de nuestra
jurisdicción disciplinaria. In re Arroyo Rosado, 2014
T.S.P.R. 89. El incumplimiento con esta obligación,
además, constituye fundamento suficiente para decretar la
separación inmediata del ejercicio de la abogacía. Id.
A pesar de estos recordatorios y de las múltiples
suspensiones de miembros de la profesión legal por
incumplir con los requisitos dispuestos en el Reglamento
de Educación Jurídica Continua, supra, estamos obligados,
nuevamente, a ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria
para sancionar a los abogados y abogadas de epígrafe por
su incumplimiento.
III
El licenciado Cepero Rivera incumplió con los
requisitos reglamentarios del PEJC para los periodos de
2007-2009 y 2009-2011. Si bien éste compareció ante el
PEJC y ante este Tribunal, su destitución como empleado
público y las precariedades económicas por las que
atraviesa no lo eximen de ceñirse a disposiciones
reglamentarias que aspiran al mejoramiento profesional de
aquellos que ejercen la abogacía en nuestra jurisdicción.
La licenciada Estévez Bermúdez incumplió con los
2007-2009 y 2009-2011. Asimismo, ésta no compareció ante TS-6235; TS-9976; TS-11899; TS-10713; TS-8359 12
el PEJC luego de los múltiples requerimientos que le
fueron cursados. La licenciada Estévez Bermúdez, además,
incurrió en conducta altamente reprensible al ignorar la
orden de comparecencia de este Tribunal y al no actualizar
sus datos en el RUA. Esta conducta obstaculiza el
ejercicio de nuestro poder inherente para reglamentar la
profesión legal y constituye una falta ética adicional.
La licenciada Pérez Torres incumplió con los
2007-2009 y 2009-2011. Asimismo, ésta no cumplió con los
términos que le fueron concedidos una vez suscribió una
prórroga para ambos periodos. La licenciada Pérez Torres,
además, incurrió en conducta altamente reprensible al
ignorar la orden de comparecencia de este Tribunal y al no
actualizar sus datos en el RUA. Como explicamos, esta
conducta obstaculiza el ejercicio de nuestro poder
inherente para reglamentar la profesión legal y constituye
una falta ética adicional.
La licenciada Miranda Sierra incumplió con los
2007-2009 y 2009-2011. Asimismo, ésta no compareció ante
fueron cursados. La licenciada Miranda Sierra, además,
incurrió en conducta altamente reprensible al ignorar la TS-6235; TS-9976; TS-11899; TS-10713; TS-8359 13
sus datos en el RUA. Como explicamos, esta conducta
obstaculiza el ejercicio de nuestro poder inherente para
reglamentar la profesión legal y constituye una falta
ética adicional.
El licenciado Marrero López incumplió con los
2007-2009 y 2009-2011. Asimismo, éste no compareció ante
fueron cursados. El licenciado Marrero López, además,
ignoró la orden de comparecencia emitida por este
Tribunal.
IV
Conforme a los hechos reseñados y los fundamentos de
Derecho previamente esbozados, se ordena la suspensión
inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía y la
notaría del licenciado Cepero Rivera y de la licenciada
Pérez Torres. Asimismo, se ordena la suspensión inmediata
e indefinida de la práctica de la abogacía de la
licenciada Estévez Bermúdez, la licenciada Miranda Sierra
y del licenciado Marrero López. En caso de que éstos se
encuentren representando clientes ante nuestros tribunales
en la actualidad, se les impone el deber de notificar a
éstos sobre su inhabilidad de continuar representándolos,
devolver los honorarios por trabajos no realizados e TS-6235; TS-9976; TS-11899; TS-10713; TS-8359 14
informar oportunamente de sus respectivas suspensiones a
cualquier foro judicial y administrativo en el que tengan
casos pendientes. Deberán acreditar a este Tribunal el
cumplimiento con lo anterior en un término de treinta (30)
días contados a partir de la notificación de esta Opinión
Per Curiam y Sentencia.
De otra parte, se le ordena al Alguacil de este
Tribunal incautar de manera inmediata la obra y el sello
notarial del licenciado Cepero Rivera y de la licenciada
Pérez Torres para el trámite correspondiente por el
Director de la Oficina de Inspección de Notarías.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Se dictará sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, se ordena la suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía y la notaría del licenciado Cepero Rivera y de la licenciada Pérez Torres. Asimismo, se ordena la suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía de la licenciada Estévez Bermúdez, la licenciada Miranda Sierra y del licenciado Marrero López. En caso de que éstos se encuentren representando clientes ante nuestros tribunales en la actualidad, se les impone el deber de notificar a éstos sobre su inhabilidad de continuar representándolos, devolver los honorarios por trabajos no realizados e informar oportunamente de sus respectivas suspensiones a cualquier foro judicial y administrativo en el que tengan casos pendientes. Deberán acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior en un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
De otra parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar de manera inmediata la obra y el sello notarial del licenciado Cepero Rivera y de la licenciada Pérez Torres para el trámite correspondiente por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías.
Notifíquese personalmente.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera García no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo