EL Juez Asociado Señor Negrón García
emitió la opinión del Tribunal.
El 4 de mayo de 1984 Concepción Rosa Serrano —agente investigador del Cuerpo de Investigaciones Criminales (C.I.C.) de la Policía, con más de catorce (14) años de experiencia— terminó de trabajar a las 8:00 p.m. Accedió a una invitación para jugar dominó. Durante el juego conoció a Juan Romero, quien lo invitó a cenar. Ambos llegaron al restaurante La Tasqueña alrededor de la medianoche. Pidieron unos tragos y algo de comer.
Subsiguientemente, el agente Rosa Serrano se levantó de la mesa y se dirigió al baño para cambiar el revólver Magnum 357 de una cartera a su cintura. Lo hizo para tenerlo más accesible por temor a ser allí reconocido, ya que había realizado antes en el área varias investigaciones y arrestos. Pasó frente a la mesa en que estaban Arnaldo Sánchez Soto y el joven Miguel Girau. En el trayecto sacó el arma y, para examinarla, abrió la recámara o “masa”. Al hacerlo, se disparó e hirió a Sánchez Soto. Aun cuando Rosa Serrano fue advertido de lo sucedido, en la confusión del momento no vio señales de la herida y se marchó del lugar.
Ninguno de estos protagonistas se conocía. Tampoco entre ellos —o terceros— había ocurrido incidente o altercado alguno; claro está, hasta el momento de la detonación.
Por estos hechos Sánchez Soto, su esposa y varios familiares demandaron al Estado Libre Asociado y al agente Rosa Serrano en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón. Estos negaron respon-sabilidad.
Luego de varios trámites, dicho foro (Hon. Zulma Zayas Puig, Juez) dñucidó inicialmente el aspecto de responsabilidad. Previa vista evidenciaría, concluyó que la decisión de Rosa Serrano de cambiar el arma de la cartera a la cintura fue motivada por “el temor de ser reconocido” (Apéndice, pág. 16), pues había realizado antes en el área varias investigaciones y arrestos. A juicio suyo, [501]*501ello constituyó un “móvil puramente personal”. Id., pág. 18. En consecuencia, eximió al Estado de responsabilidad a base de que el agente Rosa Serrano no actuó en el cumplimiento de sus funciones como policía, según requerido por la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 L.P.R.A. see. 3077 et seq., y el Art. 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5142.
A solicitud de Sánchez Soto et al., revisamos.
I — i
Incidió la ilustrada sala sentenciadora. (1)
De ordinario, la obligación de reparar un daño dimana de un hecho propio. Art. 1802 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 5141. Por excepción, hay responsabilidad por actos ajenos si existe un nexo jurídico previo entre el causante del daño y el que viene obligado a repararlo. Art. 1803 del Código Civil, supra. (2) Vélez Colón v. Iglesia Católica, 105 D.ER. 123, 127 (1976).
La Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado configura esta última situación. Mediante la misma, éste renunció a la inmunidad de ser demandado por los daños “causados por acción u omisión de cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia”. (Énfasis suplido.) 32 L.ER.A. see. 3077.
[502]*502Analicemos, pues, en el contexto de los hechos peculiares ante nos, si el agente Rosa Serrano actuó en su “capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o empleo”.
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De entrada, es claro que la actuación generadora del daño ha de tener “alguna relación con la gestión encomendada al empleado y no [puede] respond[er] exclusivamente a motivos personales de éste”. (Énfasis suplido.) Baralt et al. v. ELA, 83 D.P.R. 277, 280 (1961). Es preciso, por lo tanto, examinar los deberes y atribuciones de los miembros de la Policía.
El Art. 3 de la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1974 —Ley Núm. 26 del 22 de agosto de 1974— dispone:
Se crea en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico un organismo civil de orden público que se denominará “Policía de Puerto Rico” y cuya obligación será proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes y ordenanzas muni-cipales, y reglamentos que conforme a ésta se promulguen. (Énfa-sis suplido.) 25 L.ER.A. see. 1003.
Más adelante, su Art. 18(g) prescribe:
Los miembros de la Policía conservarán su condición de tales en todo momento y en cualquier sitio en que se encontraren dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado, aun cuando estuvieren libres. A esos efectos tendrán todos los deberes y atribuciones que por este Capítulo se imponen a los miembros de la Policía. (Énfasis suplido.) 25 L.PR.A. see. 1018.
Estas disposiciones encarnan, en síntesis, la política pública gubernamental, relativa a la Policía del país. Ya sea durante un horario regular como fuera del mismo, éstas ininterrumpida-mente conservan esa condición. Ortiz Andújar v. E.L.A., 122. D.P.R. 817 (1988). No podría ser de otro modo. Y es que el crimen no tiene horario específico. Para conjurarlo, el Estado le exige al policía que esté siempre armado.
[503]*503La portación y el uso del arma de fuego están regulados por el Manual sobre Uso y Manejo de Armas de Fuego de la Policía de Puerto Rico, Revisión de 1987, Cap. II F, págs. 4-5. En lo pertinente, dispone:
2. Por razones de seguridad, comodidad y conservación el revól-ver se llevará siempre en su funda o vaqueta. No se llevará nunca en el bolsillo del pantalón, ni en la cintura por dentro de la correa sin funda o vaqueta.
5. Los miembros de la Fuerza portarán el arma de reglamento en todo momento, a[u]n cuando estén fuera de servicio .... (Enfasis suplido.) Anejo I, págs. 8-9.
Apliquemos estas disposiciones a los hechos ante nos.
Primero, surge que el agente Rosa Serrano portaba lícita-mente su revólver por imperativo estatutario y reglamentario. En este extremo actuaba dentro del marco de sus funciones oficiales.
Segundo, conforme el propio tribunal de instancia —aunque dicho agente no fue advertido de la presencia de un sospechoso— el agente actuó motivado por el temor de ser reconocido. Esta determinación es crucial y determinante.
La obligación de los policías de prevenir el crimen no excluye los actos criminales contra su propia persona o propiedad. Pueblo v. Caro González, 110 D.P.R. 518 (1980). Lo contrario resultaría en la anomalía de que el policía tendría el deber de defender las vidas de sus semejantes, pero no la suya. El policía, al igual que los demás ciudadanos, tiene el derecho a convivir con su prójimo en paz, sin que impunemente se cometan en su contra actos delictivos.
Tercero, la circunstancia de que su actuación fuera también, y redundara, en un beneficio personal, no exonera al Estado de responsabilidad. “Si bien sus motivos pudieron ser combinados, si su actuación en parte cumplió con los fines de su empleo, su negligencia . . . debe imputarse a su patrono.” (Énfasis suplido.)
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EL Juez Asociado Señor Negrón García
emitió la opinión del Tribunal.
El 4 de mayo de 1984 Concepción Rosa Serrano —agente investigador del Cuerpo de Investigaciones Criminales (C.I.C.) de la Policía, con más de catorce (14) años de experiencia— terminó de trabajar a las 8:00 p.m. Accedió a una invitación para jugar dominó. Durante el juego conoció a Juan Romero, quien lo invitó a cenar. Ambos llegaron al restaurante La Tasqueña alrededor de la medianoche. Pidieron unos tragos y algo de comer.
Subsiguientemente, el agente Rosa Serrano se levantó de la mesa y se dirigió al baño para cambiar el revólver Magnum 357 de una cartera a su cintura. Lo hizo para tenerlo más accesible por temor a ser allí reconocido, ya que había realizado antes en el área varias investigaciones y arrestos. Pasó frente a la mesa en que estaban Arnaldo Sánchez Soto y el joven Miguel Girau. En el trayecto sacó el arma y, para examinarla, abrió la recámara o “masa”. Al hacerlo, se disparó e hirió a Sánchez Soto. Aun cuando Rosa Serrano fue advertido de lo sucedido, en la confusión del momento no vio señales de la herida y se marchó del lugar.
Ninguno de estos protagonistas se conocía. Tampoco entre ellos —o terceros— había ocurrido incidente o altercado alguno; claro está, hasta el momento de la detonación.
Por estos hechos Sánchez Soto, su esposa y varios familiares demandaron al Estado Libre Asociado y al agente Rosa Serrano en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón. Estos negaron respon-sabilidad.
Luego de varios trámites, dicho foro (Hon. Zulma Zayas Puig, Juez) dñucidó inicialmente el aspecto de responsabilidad. Previa vista evidenciaría, concluyó que la decisión de Rosa Serrano de cambiar el arma de la cartera a la cintura fue motivada por “el temor de ser reconocido” (Apéndice, pág. 16), pues había realizado antes en el área varias investigaciones y arrestos. A juicio suyo, [501]*501ello constituyó un “móvil puramente personal”. Id., pág. 18. En consecuencia, eximió al Estado de responsabilidad a base de que el agente Rosa Serrano no actuó en el cumplimiento de sus funciones como policía, según requerido por la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 L.P.R.A. see. 3077 et seq., y el Art. 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5142.
A solicitud de Sánchez Soto et al., revisamos.
I — i
Incidió la ilustrada sala sentenciadora. (1)
De ordinario, la obligación de reparar un daño dimana de un hecho propio. Art. 1802 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 5141. Por excepción, hay responsabilidad por actos ajenos si existe un nexo jurídico previo entre el causante del daño y el que viene obligado a repararlo. Art. 1803 del Código Civil, supra. (2) Vélez Colón v. Iglesia Católica, 105 D.ER. 123, 127 (1976).
La Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado configura esta última situación. Mediante la misma, éste renunció a la inmunidad de ser demandado por los daños “causados por acción u omisión de cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia”. (Énfasis suplido.) 32 L.ER.A. see. 3077.
[502]*502Analicemos, pues, en el contexto de los hechos peculiares ante nos, si el agente Rosa Serrano actuó en su “capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o empleo”.
h — I 1 — i
De entrada, es claro que la actuación generadora del daño ha de tener “alguna relación con la gestión encomendada al empleado y no [puede] respond[er] exclusivamente a motivos personales de éste”. (Énfasis suplido.) Baralt et al. v. ELA, 83 D.P.R. 277, 280 (1961). Es preciso, por lo tanto, examinar los deberes y atribuciones de los miembros de la Policía.
El Art. 3 de la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1974 —Ley Núm. 26 del 22 de agosto de 1974— dispone:
Se crea en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico un organismo civil de orden público que se denominará “Policía de Puerto Rico” y cuya obligación será proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes y ordenanzas muni-cipales, y reglamentos que conforme a ésta se promulguen. (Énfa-sis suplido.) 25 L.ER.A. see. 1003.
Más adelante, su Art. 18(g) prescribe:
Los miembros de la Policía conservarán su condición de tales en todo momento y en cualquier sitio en que se encontraren dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado, aun cuando estuvieren libres. A esos efectos tendrán todos los deberes y atribuciones que por este Capítulo se imponen a los miembros de la Policía. (Énfasis suplido.) 25 L.PR.A. see. 1018.
Estas disposiciones encarnan, en síntesis, la política pública gubernamental, relativa a la Policía del país. Ya sea durante un horario regular como fuera del mismo, éstas ininterrumpida-mente conservan esa condición. Ortiz Andújar v. E.L.A., 122. D.P.R. 817 (1988). No podría ser de otro modo. Y es que el crimen no tiene horario específico. Para conjurarlo, el Estado le exige al policía que esté siempre armado.
[503]*503La portación y el uso del arma de fuego están regulados por el Manual sobre Uso y Manejo de Armas de Fuego de la Policía de Puerto Rico, Revisión de 1987, Cap. II F, págs. 4-5. En lo pertinente, dispone:
2. Por razones de seguridad, comodidad y conservación el revól-ver se llevará siempre en su funda o vaqueta. No se llevará nunca en el bolsillo del pantalón, ni en la cintura por dentro de la correa sin funda o vaqueta.
5. Los miembros de la Fuerza portarán el arma de reglamento en todo momento, a[u]n cuando estén fuera de servicio .... (Enfasis suplido.) Anejo I, págs. 8-9.
Apliquemos estas disposiciones a los hechos ante nos.
Primero, surge que el agente Rosa Serrano portaba lícita-mente su revólver por imperativo estatutario y reglamentario. En este extremo actuaba dentro del marco de sus funciones oficiales.
Segundo, conforme el propio tribunal de instancia —aunque dicho agente no fue advertido de la presencia de un sospechoso— el agente actuó motivado por el temor de ser reconocido. Esta determinación es crucial y determinante.
La obligación de los policías de prevenir el crimen no excluye los actos criminales contra su propia persona o propiedad. Pueblo v. Caro González, 110 D.P.R. 518 (1980). Lo contrario resultaría en la anomalía de que el policía tendría el deber de defender las vidas de sus semejantes, pero no la suya. El policía, al igual que los demás ciudadanos, tiene el derecho a convivir con su prójimo en paz, sin que impunemente se cometan en su contra actos delictivos.
Tercero, la circunstancia de que su actuación fuera también, y redundara, en un beneficio personal, no exonera al Estado de responsabilidad. “Si bien sus motivos pudieron ser combinados, si su actuación en parte cumplió con los fines de su empleo, su negligencia . . . debe imputarse a su patrono.” (Énfasis suplido.) Lloréns v. Lazada, 73 D.P.R. 271, 276 (1952). No podemos refrendar el argumento del Estado de que no es [504]*504responsable debido a que el temor del agente Rosa Serrano fue consecuencia directa de haberse ubicado voluntariamente —sin serle oficialmente requerido— en un lugar donde era susceptible de ser atacado. Esa conclusión significaría limitarle —a priori— a los miembros de la Policía su libertad de movimiento.
Tampoco tiene el Estado razón al argumentar que Rosa Serrano “obró incorrectamente y contrario a la reglamentación específica sobre armas de fuego, por lo que no se justifica que el Estado responda por los daños ocasionados por su actuación ultra vires”. Informe Procurador General, pág. 12. Ciertamente esa inobservancia reglamentaria forma parte del cuadro de negligen-cia. Es obvio que de haber cargado el arma en la funda o vaqueta —tal y como lo dispone el referido manual — (3) no hubiese tenido necesidad de cambiarla.
No existe controversia en cuanto a que al hacerlo fue negligente. Así lo acepta el Procurador General. Que actuara en una forma expresamente prohibida por su principal no libera de responsabilidad. “Precisamente la existencia de responsabñidad de un patrono, en cuanto al pago de daños y perjuicios en virtud de la actuación de un agente, está predicada en la culpa o negligencia del agente. Por cmtodefinición, la culpa o negligencia del agente, creadora de responsabilidad patronal, conlleva una actuación injustificada y contraria a las normas legales .... Naturalmente, bajo determinadas circunstancias, la actuación delictiva, excesiva o innecesaria puede ser un factor relevante en la comprobación de si el agente ha actuado o no dentro de los límites de sus funciones. Pero no es un factor único y exclusivamente decisivo. Si el acto delictivo o el despliegue de violencia excesiva se lleva a cabo como un incidente de la protección de los intereses del patrono y no en protección de los intereses perso-[505]*505nales del agente, el patrono sería entonces responsable.” (Énfasis suplido.) Rodríguez v. Pueblo, 75 D.P.R. 401, 409-410 (1953).
Si la actuación negligente de un policía —en violación de sus deberes— fuese suficiente para exonerar al Estado, éste sería virtualmente inmune. (4) En el caso de autos, la conducta de Rosa Serrano, en contravención a los deberes y obligaciones impuestas por ley y reglamento, conlleva responsabilidad. Indirecta pero suficientemente, su conducta estuvo relacionada con la realización del interés mayor del Estado, como patrono de la fuerza policial, en prevenir el crimen.
Aunque técnicamente fuera de servicio, el [agente] cumplía con una función que le fue específicamente impuesta por la ciudad —portar el arma de reglamento— y la realización de ese requisito, aunque negligente, adelantaba los intereses de su patrono. Conclui-mos que existe responsabilidad [por la herida causada al dispararse su revólver al caer al pavimento]. Resolver lo contrario impondría a las víctimas inocentes los daños asociados con la reglamentación que impuso en los agentes un arma de fuego a toda hora. Esa regla-mentación es para beneficio del público; por ende es razonable que el público, a través del gobierno, asuma la carga monetaria que ello genera en víctimas inocentes. (Traducción nuestra.) District of Columbia v. Davis, 386 A.2d 1195, 1204-1205 (1978).
[506]*506I-i I-I i-1
Aclaramos no obstante, que el deber reglamentario de portar su arma en todo momento, por sí solo, no es suficiente para imponerle responsabilidad al Estado en toda situación imaginable. La Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado no visualiza esa responsabilidad absoluta. E.L.A. v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 524, 531 (1970). Habrá responsabilidad si se establece suficiente nexo jurídico entre la actuación negligente del policía y los intereses del Estado por razón del ejercicio de funciones expresas o implícitas.
El criterio decisorio no es si el policía estaba en sus horas de trabajo o franco de servicio, como tampoco el hecho de que la ley disponga que los policías conservan esa condición en todo mo-mento. “[E]n este campo del derecho, las diferencias en los conceptos pueden ser sutiles y de difícil aplicación en la práctica. Se trata más bien de una cuestión de grado, cuya solución depende de distintos factores, tales como la gravedad de la actuación, los móviles del agente, la ocasión inmediata de la actuación y la naturaleza de la conexión entre el hecho ilícito y la encomienda del agente.” Rodríguez v. Pueblo, supra, págs. 410-411.
Se dictará sentencia a los fines de imponer también respon-sabilidad al Estado Libre Asociado.
El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión disidente.