EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Arnold Valle Izquierdo Arnold Valle Ortiz Certiorari Demandantes-peticionarios 2002 TSPR 64 v. 156 DPR ____ Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et als. Demandados-recurridos
Número del Caso: CC-2000-923
Fecha: 14/mayo/2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV
Juez Ponente: Hon. Jocelyn López Vilanova
Oficina del Procurador General: Lcda. Mayra J. Serrano Borges Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Tomás E. Vivoni Alcaraz
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Arnold Valle Izquierdo Arnold Valle Ortiz
Demandantes-peticionarios
vs. CC-2000-923 CERTIORARI
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et als.
Demandados-recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2002
Allá para el año 1996, el Negociado de Investigaciones
Especiales --en lo sucesivo el N.I.E.-- del Departamento
de Justicia de Puerto Rico llevó a cabo una investigación
sobre ciertas operaciones delictivas, relacionadas las
mismas al crimen organizado, que alegadamente estaban
ocurriendo en el área oeste de la Isla. Participaron en
dicha operación varios agentes encubiertos del N.I.E.,
cuyas funciones eran las de realizar transacciones
delictivas relativas, en su mayoría, al trasiego de
sustancias controladas. Como resultado de la mencionada
investigación se determinó causa probable contra varios
ciudadanos, expidiéndose treinta y seis (36) órdenes CC-2000-923 3
de arresto; determinaciones de causa probable realizadas en
ausencia de las personas que fueron encausadas.
El día 1 de mayo de 1996 se llevó a cabo un operativo
con el fin de diligenciar las órdenes de arresto expedidas.
Durante horas de la madrugada de ese día, varios agentes del
N.I.E. se personaron a la residencia del aquí peticionario,
Arnold Valle Izquierdo, procediendo a diligenciar la orden
de arresto alegadamente expedida en su contra producto de
la radicación de tres denuncias por violación a los Artículos
401, 403(b), y 406 de la Ley de Sustancias Controladas, 24
L.P.R.A. secs. 2401, 2403(b) y 2406, respectivamente,
sometidas originalmente contra un tal “John Doe I”.1
Valle Izquierdo fue arrestado y transportado hasta el
Centro Judicial de Aguadilla, donde un magistrado, al no
poder Valle Izquierdo prestar las fianzas fijádoles, ordenó
su ingreso en una institución penal; originalmente éste fue
ingresado en la Cárcel de Sabana Hoyo, luego trasladado hasta
la Cárcel de Bayamón, hasta finalmente ser ingresado en la
Penitenciaria Estatal de Río Piedras. Valle Izquierdo estuvo
encarcelado alrededor de tres días hasta que su padre pudo
realizar las gestiones necesarias para lograr satisfacer el
pago de las fianzas impuestas.
Luego de cuatro suspensiones, el día 26 de agosto de
1996 se celebró la vista preliminar al amparo de las
1 En el caso específico del demandante, como no se tenía conocimiento de su nombre, la orden de arresto en su contra estaba dirigida contra un tal “John Doe I”. Ello como consecuencia de varias supuestas transacciones que éste había realizado con el agente, Antonio Calafell. CC-2000-923 4
disposiciones de la Regla 23 de Procedimiento Criminal. Una
vez allí, y a petición de la fiscalía, el juez que presidió
la misma determinó inexistencia de causa para procesar
criminalmente a Valle Izquierdo, ordenando el archivo de los
tres cargos que pesaban en su contra. Ello por razón de que
el agente encubierto, Antonio Calafell, con el cual
alegadamente Valle Izquierdo había llevado a cabo las
transacciones de drogas, declaró allí, y bajo juramento, que
Valle Izquierdo no era la persona con quien realmente había
realizado las transacciones delictivas, que sirvieron de
base a las órdenes de arresto, por las cuales se le pretendía
encausar.
A raíz de estos hechos, Valle Izquierdo y su padre,
Arnold Valle Ortiz, radicaron demanda en daños y perjuicios
contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante la Sala
Superior de Mayagüez del Tribunal de Primera Instancia en
reclamo de los daños por ellos sufridos a causa del arresto
y encarcelación ilegal de Valle Izquierdo. Alegaron que el
Estado, en carácter de patrono de los agentes que
participaron en la investigación y subsiguiente arresto del
demandante, respondía por la negligencia desplegada por
éstos en el desempeño de sus funciones.2 El Estado contestó
la demanda negando toda responsabilidad.
2 Véase Artículos 1802 y 1803 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 5141 y 5142, respectivamente.
Véase, además, la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 L.P.R.A. sec. 3077. CC-2000-923 5
Luego de varios trámites procesales 3 , tuvo lugar la
celebración del juicio en su fondo. Durante la vista, la
única prueba documental ofrecida por el Estado y, admitida
en evidencia, lo fue un Informe de Vigilancia en el que se
describe a “John Doe I” como una persona de edad aproximada
de 21 años, peso aproximado de unas 130 libras y unos 5 pies
con 5 pulgadas de estatura. Cabe destacar que el demandante
tiene 23 años de edad, mide unos seis pies de estatura y tiene
un peso aproximado de 180 libras. Se estipuló, además, la
siguiente prueba documental, a saber: 1) denuncia por
violación al Artículo 402 de la Ley de Sustancias
Controladas; 2) denuncia por violación al Artículo 403-b de
la Ley de Sustancias Controladas; 3) denuncia por violación
al Artículo 406 de la Ley de Sustancias Controladas y; 4)
notas y resolución del caso en vista preliminar.
La prueba testifical presentada por los demandantes
consistió de los testimonios de los dos demandantes y el
testimonio del Dr. Francisco Arizmendi, Psicólogo Clínico,
que estuvo a cargo de la evaluación mental de Valle Izquierdo
a partir de su excarcelación. Por otro lado, la prueba
3 Durante la conferencia con antelación al juicio, las partes llegaron a una serie de estipulaciones, entre éstas, a saber: 1) que se radicaron denuncias contra “John Doe I” por violación a los Artículos 401, 403 (b) y 406 de la Ley de Sustancias Controladas; 2) que se fijó fianza de $10,000.00 en cada caso; 3) que se arrestó al demandante Arnold Valle Izquierdo el 1ro de mayo de 1996 en horas de la madrugada en su casa; 4) que Arnold Valle Izquierdo fue encarcelado; 5) que fue fichado por el Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia; 6) que fue exonerado de los cargos que le imputaron por no ser la persona que realizó la transacción. CC-2000-923 6
desfilada por la parte demandada consistió de los
testimonios de los agentes Alfred González Lasalle, Edwin
Adorno Colón, Antonio Calafell y Willie Santiago Morales.4
Según surge de las determinaciones de hecho realizadas
por el tribunal de instancia, el agente Calafell declaró que
trabajó como agente encubierto durante la investigación
especial en cuestión y que, durante el mes de marzo de 1996,
llevó a cabo las transacciones de drogas que provocaron las
radicaciones de cargos y diligenciamientos de arresto, entre
los cuales se arrestó y encarceló al demandante Valle
Izquierdo. Declaró que, con posterioridad a la ocurrencia
de la transacción delictiva, no participó personalmente en
un procedimiento de identificación del demandante como
tampoco en el operativo en que se arrestó al demandante, no
estando presente allí para identificarlo.
Sostuvo que se procedió con su arresto por error.
Justificó el mismo alegando que el demandante tenía una
guagua color amarilla, marca Ford, modelo “Splash”,
registrada a su nombre en el Departamento de Transportación
y Obras Públicas, similar al vehículo que conducía la persona
con quien realmente realizó la transacción. Indicó que fue,
precisamente, durante la celebración de la vista preliminar
que pudo ver de cerca al demandante, pudiendo percatarse de
4 Todos éstos participaron, de una forma u otra, en la investigación y en el subsiguiente operativo durante el cual se diligenciaron las órdenes de arresto; entre éstas, aquella contra el demandante. CC-2000-923 7
que, dado su peso y estatura, no era la persona con quien
realmente llevó a cabo la venta de sustancias controladas.
Testificó, además, el agente Willie Santiago Mercado,
agente a cargo de la fase de inteligencia de la policía en el
área de Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán. Según consta en
las determinaciones de hecho del tribunal de instancia, éste
declaró que, dada la información provista por el Departamento
de Transportación y Obras Públicas, donde apareció el nombre
de Arnold Valle Izquierdo como dueño de una guagua modelo
Splash, a través de un sistema VADIS, se le proveyó un retrato
del demandante. Santiago Mercado sostuvo que le mostró dicho
retrato al agente Calafell y que éste último le indicó que la
persona allí retratada, Valle Izquierdo, tenía cierto parecido
con la persona con quien había realizado la transacción.
Determinó, además, el tribunal de instancia que, el día del
operativo, el agente Santiago Mercado fue quien tenía en su
poder la documentación y órdenes de arresto. Que, tanto
Santiago Mercado como otros agentes, acudieron a la residencia
del demandante, que éste último les proveyó su nombre, les
entregó su licencia de conducir y que, de esa manera,
alegadamente “corroboraron” que se trataba de Arnold Valle
Izquierdo, persona que a su vez aparecía en el retrato
provisto. Así pues, procedieron sin más a leerle las
advertencias de ley y lo arrestaron. El agente Santiago Mercado
declaró, además, que desconocía si en realidad Valle Izquierdo
era la persona con quien realmente el agente Calafell había CC-2000-923 8
realizado la transacción de drogas, pues sólo se basó en la
información que recopiló del DTOP.
El agente Edwin Adorno Colón testificó que era el agente
encargado del caso y que fue quien tuvo el contacto directo
con el agente encubierto Calafell. Era la persona que tenía
la custodia del expediente de las personas investigadas.
Este declaró que las denuncias relacionadas con Valle
Izquierdo fueron radicadas originalmente a nombre de un tal
“John Doe I”. Adorno Colón tampoco estuvo presente al momento
del arresto de Valle Izquierdo. Por último, el agente Alfred
González Lasalle se limitó a declarar que sólo participó del
caso en su fase investigativa, prestando así vigilancia y
seguridad al agente encubierto Calafell.
Determinó probado el tribunal de instancia, a base de
los testimonios brindados por los demandantes, que para el
día 1 de mayo de 1996 el demandante Valle Izquierdo residía
en un apartamento alquilado en el Edificio Interamericana,
municipio de San Germán. Que a eso de las 5:00 a.m., varios
agentes vestidos de negro, con emblemas oficiales, y armas
largas, tocaron a su puerta, entraron a su residencia y
procedieron a arrestarlo. Durante el transcurso del
operativo estuvieron presentes los medios noticiosos. Ello
dio lugar a que el mismo se transmitiera a través de las
noticias televisadas, tanto en Puerto Rico como en Estados
Unidos, identificándose a las personas arrestadas como
traficantes de drogas. CC-2000-923 9
Señaló, además, dicho foro que, al momento de su
arresto, Valle Izquierdo no sabía por qué lo estaban
arrestando, no tenía conocimiento de los hechos que se
imputaban en la denuncia, y que, incluso, fue encarcelado
sin conocer los motivos para ello.5 Determinó el tribunal
que, desde lo acontecido, la gente trata al demandante de
otra manera y que éste no ha podido conseguir trabajo, pues
las personas sólo tienen conocimiento de lo que se publicó
en las noticias como resultado de su arresto y no conocen
el resultado del caso.
En cuanto al padre, sostuvo el tribunal que el día de
los hechos, cuando se dirigía a su trabajo, le dijeron sobre
el arresto de su hijo, y de que la policía se lo había llevado
detenido. Acudió al cuartel en busca de información, más no
le pudieron ofrecer detalle alguno sobre el paradero de su
hijo. Fue durante el transcurso del día que pudo conocer
sobre lo que había ocurrido, así como sobre la cantidad de
la fianza que le fue impuesta. Luego de hacer innumerables
gestiones, al cabo de tres días, pudo coger prestado el diez
por ciento de la misma y lograr sacar a su hijo de la cárcel.
Ciertamente, las imputaciones que se hicieran en contra de
su hijo le tomaron por sorpresa y le afectaron grandemente.
Determinó probado, además, el tribunal que, mientras
el demandante estuvo en la cárcel, vivió serios traumas que
5 Determinó que, ya de regreso a su residencia, el demandante se encontró con que habían entrado a la misma y que estaba todo revuelto. De hecho, la persona que cobraba la renta, a instancias del arrendador, le exigió abandonarla. CC-2000-923 10
lo “abochornaban” como hombre. 6 Tomando como base el
testimonio del perito de los demandantes, Dr. Arizmendi, el
tribunal sostuvo que, a raíz de su arresto, el demandante
comenzó a padecer de lo que se conoce como “post traumatic
stress disorder”, siendo su caso uno agudo porque se
encontraba en un estado confuso, negativo y traumatizado;
trauma que a su vez no desaparece y que sólo disminuye.
Expresó que tanto una denuncia por trasiego de drogas como
la privación de la libertad es una amenaza real para la salud
mental de cualquier individuo así como para su reputación.7
Expuso, además, que el demandante muestra rasgos de
ansiedad, depresión, rasgos paranoides, que se siente
perseguido, y que no confía en nadie.
Finalmente, luego de aquilatar la prueba desfilada por
ambas partes, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia
declarando sin lugar la demanda incoada por los demandantes.
Sostuvo el foro primario que el mero arresto de una persona
inocente no es base suficiente para configurar una causa de
6 Es pertinente señalar que en la demanda, Valle Izquierdo alegó que durante su encarcelación fue víctima de ataques físicos y sexuales por parte de otros confinados. Que mientras estuvo allí, siempre tuvo el temor de perder su vida. 7 Según el testimonio del Dr. Francisco Arizmendi, los criterios para el “post traumatic stress disorder” son los siguientes: 1) que la persona haya experimentado o confrontado una situación que envuelva amenaza que provenga del exterior; 2) que esa amenaza cree temor y horror. Tal trauma se manifiesta tratando de evitar todo aquello que tenga que ver con la experiencia y que es posible temerle a las terapias de recuperación por no querer revivir la misma. Véase determinación de hecho, núm. 29, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice 7, págs. 27-28. CC-2000-923 11
acción en daños y perjuicios. Concluyó que la prueba presentada
demostró que el arresto del demandante fue producto de la
equivocación o error de juicio de un ser humano y no de la
negligencia de los agentes envueltos; error causado por el
hecho de que el demandante había sido dueño de la guagua
utilizada por el verdadero responsable de los hechos.8 Expresó
que aun cuando no podía abstraerse de los efectos
traumatizantes que puede tener para un ser humano vivir la
experiencia por la que pasó el demandante, ello no significaba
que la actuación de los agentes del N.I.E. hubiera sido una
negligente.
Insatisfechos con tal determinación, los demandantes
acudieron oportunamente ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones, vía recurso de apelación. En su escrito, alegaron
que el foro sentenciador incidió al concluir que la prueba
aportada no estableció que el arresto de Valle Izquierdo fue
producto de la negligencia de los funcionarios del Estado.
Luego de los trámites apelativos pertinentes, el tribunal
apelativo intermedio confirmó el dictamen emitido por el foro
de instancia. En apoyo de tal determinación, sostuvo que no
había duda de que el arresto del demandante fue ocasionado por
un error, “un grave error”, de los agentes del N.I.E., pero
8 En apoyo de tal determinación, señaló el tribunal de Valle Izquierdo era dueño de una guagua Ford modelo Splash color amarilla; que al no poder satisfacer el pago de la misma, tuvo que entregarla, pero que ésta quedó registrada bajo su nombre. CC-2000-923 12
que el mismo no era atribuible a una plan malicioso de éstos9.
Expresó el foro apelativo que ciertamente se trató de una
triste equivocación en la identificación de la persona contra
quien pesaba la orden de arresto. Concluyó el tribunal
apelativo que, en ausencia de circunstancias que justificaran
alterar el dictamen apelado, era su deber confirmar el mismo.
Inconformes, naturalmente, los demandantes acudieron en
revisión --vía oportuno recurso de certiorari-- ante este
Tribunal. Alegan los peticionarios que procede revocar la
sentencia emitida por el foro apelativo intermedio,
confirmatoria la misma de la dictada por el tribunal de
instancia, debido a que dicho foro incidió:
“...en la aplicación del derecho a los hechos concluidos en la Sentencia;
...al concluir que no existió negligencia de la parte demandada a pesar de haber concluido que los daños fueron ocasionados por un grave error de los agentes del NIE (Negociado de Investigaciones Especiales).”
Expedimos el recurso solicitado. Contando con la
comparecencia de ambas partes, y estando en posición de
resolver el mismo, procedemos a así hacerlo.
II
9 Cabe destacar que si se hubiese tratado de un plan malicioso e intencional, cosa que los demandantes nunca alegaron, ni siquiera estaríamos evaluando la procedencia de una causa de acción en daños y perjuicios contra el Estado, ya que la Ley de Pleitos contra el Estado no permite reclamaciones de esa índole basadas en actos intencionales de sus agentes, empleados o funcionarios. 32 L.P.R.A. sec. 3077 et seq. CC-2000-923 13
Establece el Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 5141, que:
“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.”
De conformidad con la referida disposición estatutaria,
la reparación de un daño causado procede, siempre y cuando se
demuestren varios elementos indispensables, sin los cuales
no se configura causa de acción alguna que pueda ser reconocida
bajo la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual.
Es norma harto conocida que el demandante, en una causa de
acción por daños y perjuicios extracontractuales, tiene que
probar: a) la existencia de una acción u omisión productora
del acto ilícito extracontractual; b) la antijuricidad de la
misma; c) la culpa o negligencia del agente; d) producción de
un daño; y, e) relación de causa o efecto entre la acción u
omisión y el daño.10
Del mismo modo, hemos indicado que la referida
disposición legal “se enuncia ‘en forma general y sin
concretarse a determinados tipos de infracción’, lo que
presupone una norma genérica que nos prohíbe causar daño a
otro mediante conducta ya sea activa, ya pasiva.” Sociedad
10 Santos Briz, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, España, Ed. Rev. Der. Privado, 1984, T. XXIV; H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, San Juan, Publicaciones JTS, 1986; Sociedad de Gananciales v. González Padín, 117 D.P.R. 94 (1986). CC-2000-923 14
de Gananciales v. González Padín, 117 D.P.R. 94, 105 (1986).11
El concepto de “culpa”, recogido en el Artículo 1802, ante,
es infinitamente abarcador, tanto como lo pueda ser la
conducta humana. H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios
extracontractuales en Puerto Rico, ante, Cap. I, sec. 1.06.
En virtud de ello, hemos reconocido que el referido concepto
incluye cualquier falta de una persona que produce un mal
o daño. Leyva v. Aristud, 132 D.P.R. 489 (1993); Colón v.
Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982); Reyes v. Sucn. Sánchez
Soto, 98 D.P.R. 305 (1970).
Así pues, es ilícita la conducta o el acto, “en el
sentido extracontractual, cuando viola los deberes
generales de corrección o de conducta correcta, deberes que
no están escritos en los códigos pero que representan el
presupuesto mínimo sobreentendido del orden de la vida
social.” Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353, 359 (1962).
“Cualquier acto que esté en conflicto con la conducta que
debe observar un individuo en la comunidad en que convive
será ilícito y dará lugar a una acción en daños y perjuicios.”
H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales
en Puerto Rico, ante, Cap. I, sec. 1.06, a la pág. 7.
De otra parte, el Artículo 1803, 31 L.P.R.A. sec. 5142,
dispone, en lo aquí pertinente, que la obligación que impone
el Artículo 1802, ante, es exigible, no sólo por los actos
u omisiones propios, sino que por los de aquellas personas
de quienes se debe responder; ello, si existe un nexo
11 Véase además, como referencia, a J. L. Lacruz, Elementos CC-2000-923 15
jurídico previo entre el causante del daño y el que viene
obligado a repararlo. Sánchez Soto v. E.L.A., 128 D.P.R. 497
(1991). Así, entre otros, es responsable el Estado por los
perjuicios causados por sus empleados en ocasión de sus
funciones, siendo responsable, además, en ese concepto, en
las mismas circunstancias y condiciones en que sería
responsable un ciudadano particular. Artículo 1803, ante.
De esa manera, se reconoce la responsabilidad del Estado a
base de la doctrina de la responsabilidad vicaria. Señala
la propia disposición de ley que la responsabilidad de que
trata este artículo cesará cuando las personas en él
mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un
buen padre de familia para prevenir el daño.12
Ello no obstante, la responsabilidad que regula el
citado artículo de ley, con particular referencia a la
impuesta al Estado, se encuentra restringida y limitada a
su vez por las disposiciones de la Ley de Reclamaciones y
Demandas contra el Estado. 32 L.P.R.A. sec. 3077 et. seq.13
Como es sabido, mediante la aprobación de tal estatuto, el
de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T.III, Vol. I. 12 A base de esta disposición estatutaria se establece “una presunción legal de culpabilidad de las personas citadas en él, pues, en razón a las relaciones de autoridad o superioridad que mantienen con los autores del daño causado, la ley presume que le es imputable la causa del mismo por su propia culpa o negligencia, considerándoles como autores morales de dicho daño por no haber puesto de su parte el cuidado o la vigilancia necesaria para evitar que aquellos dieran lugar a él.” Carlos J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, 4ta Ed. Rev., San Juan, Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2000, a la pág. 550. 13 Mejor conocida por la Ley de Pleitos contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955. CC-2000-923 16
Estado renunció parcialmente su inmunidad, permitiendo ser
demandado cuando sus agentes o empleados, por descuido,
negligencia o falta de circunspección, ocasionan daños. En
virtud de la referida Ley, se establecen, además, ciertas
limitaciones a la renuncia de inmunidad del soberano. En
esencia, la Asamblea Legislativa autorizó la presentación
de demandas contra el Estado por las actuaciones culposas
o negligentes de sus empleados, funcionarios o agentes en
el desempeño de sus funciones y actuando en capacidad
oficial 14 ; también autoriza demandas fundadas en la
Constitución, en cualquier ley o reglamento de Puerto Rico,
o en algún contrato con el Estado.
El Artículo 2(a) de la referida Ley, específicamente
dispone, en lo pertinente, que el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico podrá ser demandado ante el Tribunal de Primera
Instancia en acciones por daños y perjuicios ocasionados a
la persona o a la propiedad, causados por acción u omisión
de cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o
cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y
dentro del marco de su función, cargo o empleo interviniendo
14 Sobre tales aspectos cabe destacar lo reseñado por este Tribunal en Romero Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724 (1991) en cuanto al referido manto de inmunidad, a saber, al amparo de la doctrina de inmunidad del soberano, el Estado no puede ser demandado en sus propios tribunales, ni en otros, sin su consentimiento o permiso. Tradicionalmente la jurisprudencia de todos los países con sistemas de derecho desarrollados ha catalogado la inmunidad del Estado contra demandas como un principio jurídico establecido. Actualmente, no obstante, la doctrina sufre de una gran erosión. Las razones sobre las que descansa la inmunidad del soberano han sido objeto de mucho debate. Varían desde el axioma monárquico de “the king can do CC-2000-923 17
culpa o negligencia. 32 L.P.R.A. sec. 3077 (a). Por otra
parte debe mantenerse presente que, aun cuando el Estado haya
renunciado a su inmunidad en casos de negligencia, éste
conserva dicha inmunidad cuando la actuación del agente o
funcionario constituye delito.
De conformidad con ello, para que la persona que
reclama responsabilidad al Estado pueda prevalecer en un
pleito en daños y perjuicios en contra de este último, ya
sea por las acciones afirmativas o por las omisiones de un
empleado, agente o funcionario, es necesaria la concurrencia
de ciertos elementos. Véase: Leyva v. Aristud, ante. En
primer lugar, la persona del demandante tiene el deber de
probar que aquél que le causó el daño, era agente,
funcionario o empleado del Estado; añadido al hecho de que
tal agente, funcionario o empleado estuviese actuando en su
capacidad oficial al momento de causarle el mismo. En segundo
término, tiene que establecer un nexo jurídico suficiente
entre la actuación negligente del alegado responsable y los
intereses del Estado, esto por razón del ejercicio de
funciones expresas o implícitas. Id.; Sánchez Soto v.
E.L.A., 128 D.P.R. 497, 506 (1991). Es menester que pruebe,
además, que el agente, empleado o funcionario actuó dentro
del marco de su función. Por último, el demandante tiene que
establecer que la actuación de aquél fue negligente y no
intencional, y la existencia de un nexo o relación causal
no wrong”, hasta la justificación económica de proteger los recursos monetarios del Estado. CC-2000-923 18
entre la conducta culposa y el daño producido. Véase Artículo
6 (d) de la Ley Núm. 104, ante, 32 L.P.R.A. sec. 3081 (d).
Es de notar que en cada ocasión en que hemos tenido la
oportunidad de evaluar las disposiciones de la Ley de
Reclamaciones y Demandas contra el Estado, hemos acudido a
las normas generales que sobre la culpa y negligencia se han
expuesto en materia de la responsabilidad extracontractual.
En cuanto a los daños hemos señalado, en términos generales,
que “‘daño’ es todo aquel menoscabo material o moral que
sufre una persona, ya sea en sus bienes vitales naturales,
ya en su propiedad o patrimonio, causado en contravención
a una norma jurídica y por el cual ha de responder otra.”
Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 D.P.R. 1, 7 (1994).15
Habida cuenta de ello, el concepto o término del “acto
culposo o negligente” se caracteriza por ser uno sumamente
amplio. Precisa destacar que nuestra jurisprudencia lo ha
reconocido como la fuente de obligaciones de mayor alcance
en nuestro ordenamiento. Es nuestro deber pues interpretarlo
utilizando un criterio bastante abarcador, ya que, según
mencionamos previamente, de eso se trata el concepto de la
culpa, de aquel infinitamente abarcador como suele ser la
propia conducta humana.16
15 Véase además, García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 D.P.R. 193, 205-206 (1988); J. Santos Briz, La responsabilidad civil, derecho sustantivo y derecho procesal, 2da Ed. Rev., Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, p. 126; M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1984, T. XXIV, p. 156. 16 Hemos afirmado además que “el concepto de culpa incluye todo tipo de transgresión humana tanto en el orden legal como CC-2000-923 19
Así, no hemos tenido reparo en advertir reiteradamente
que la culpa o negligencia es la falta del debido cuidado,
que a la vez consiste en no anticipar y prever las
consecuencias racionales de un acto, que una persona
prudente habría de prever en las mismas circunstancias. Toro
Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464 (1997); Ramos v. Carlo,
ante.17 Una y otra vez hemos señalado que la culpa consiste
en la omisión de la diligencia exigible mediante cuyo
empleo podría haberse evitado el resultado dañoso. “La
diligencia exigible es la que cabe esperar del ser humano
medio, el buen pater familias. Si el daño es previsible por
éste hay responsabilidad. Si no es previsible estamos
generalmente en presencia de un caso fortuito.” Toro Aponte
v. E.L.A., ante, a la pág. 473; Jiménez v. Pelegrina Espinet,
112 D.P.R. 700, 704 (1982).
El elemento de la previsibilidad está íntimamente
ligado al concepto de la causalidad. Debemos recordar que
siempre hemos advertido que no basta que concurra un daño
y una acción u omisión negligente. Para que se genere algún
en el moral.” Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., ante, a la pág. 8; para luego destacar que incluye cualquier falta de una persona que produce un mal o daño “...la culpa tiene...naturaleza proteiforme; cambia como cambia el parecer de los hombres según las circunstancias de lugar y tiempo...esta flexibilidad del concepto de la culpa es deseable; de otro modo se anquilosaría el derecho de la responsabilidad extracontractual.” Id., a la pág. 9; citando a Colón v. Romero, ante, a la pág. 579; Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 D.P.R. 853, 860 (1976). 17 Véase, además, Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., ante; Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692 (1979); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 291 (1990); J.A.D.M. v. Centro Comercial Plaza Carolina, 132 D.P.R. 785 (1993). CC-2000-923 20
tipo de responsabilidad, es imperativa la existencia de un
nexo causal entre el daño y el acto culposo o negligente.
Toro Aponte v. E.L.A., ante; Monllor Arzola v. Sociedad, 138
D.P.R. 600 (1995). Cónsono con lo anterior, no hemos vacilado
en reiterar la aplicación de la teoría de la causalidad
adecuada al evaluar si, de hecho, existe algún tipo de
relación entre el daño causado y el acto generador del mismo,
como para imponerle responsabilidad a la persona que lo llevó
a cabo. Conforme tal teoría, “no es causa toda condición sin
la cual no se hubiera producido el daño, sino la que
ordinariamente lo produce según la experiencia general.”
Toro Aponte v. E.L.A., ante, a la pág. 474; Soto Cabral v.
E.L.A., 138 D.P.R. 298 (1995); Miranda v. E.L.A., 137 D.P.R.
700 (1994). “Un daño parece ser el resultado natural y
probable de un acto negligente si después del suceso, y
mirando retroactivamente el acto que se alega ser
negligente, tal daño aparece como la consecuencia razonable
y ordinaria del acto.” Toro Aponte v. E.L.A., ante, a la pág.
474.
En esencia, la parte a quien se le imputa haber sido
negligente puede ser responsable de todo aquel daño que
parezca ser una consecuencia natural y probable de su acto
u omisión. Ello por razón de que la acción culposa o
negligente ciertamente supone la infracción de alguna
norma ya proveniente de la ley, de algún contrato o ya lesione
principios jurídicos “superiores” incluyendo todo aquel CC-2000-923 21
“atentado a las buenas costumbres”. Santini Rivera v. Serv.
Air, Inc., ante, a la pág. 9.18
Por último, debe recordarse que uno de los derechos
básicos, de mayor envergadura en nuestro ordenamiento y que
la propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico reconoce al ser humano, es el derecho a la libertad.
Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el
derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la
propiedad. Ciertamente la detención de un individuo conlleva
la restricción de su libertad física. La violación de ese
derecho fundamental repercute en la honra y reputación de
la persona detenida. 19 Sabido es que la dignidad del ser
humano es inviolable y que toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra ataques abusivos a su honra,
reputación, y a su vida privada o familiar.20 Como máximos
intérpretes de la ley en nuestra jurisdicción tenemos el
deber, sino la obligación, de velar porque a todo ser humano
en esta jurisdicción se le respeten los derechos básicos
consagrados en la Carta de Derechos de nuestra Constitución.
III
18 Citando a J. Santos Briz, La responsabilidad civil: derecho sustantivo y derecho procesal, 3ra ed. 1981, p.26. 19 Antonio J. Amadeo-Murga, El valor de los daños en la responsabilidad civil, Tomo II, San Juan, Editorial Esmaco, 1997.
Sección 7, Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 20 Sección 8, Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. CC-2000-923 22
No hay duda alguna sobre el hecho de que el Estado, en
representación y protección de la ciudadanía, no sólo tiene
el deber y la obligación sino que el derecho de llevar a cabo
todas las gestiones que resulten necesarias para combatir
la criminalidad; ello, naturalmente, dentro de un marco de
legalidad y razonabilidad.
Respecto a la identidad del responsable de la comisión
de unos hechos delictivos, de ordinario y en la mayoría de
los casos, la persona responsable es identificada por nombre
y apellido, sin problema alguno; ello por razón de que la
misma es conocida por los testigos oculares de los hechos
que se le imputan. Hay otras situaciones en que la referida
persona, a pesar de que es observada por los testigos de los
hechos delictivos por él cometidos, no es conocida por éstos;
situación que hace necesario que dicha persona sea
identificada por otros métodos, entre éstos, la
identificación por fotografías y la llamada “rueda de
detenidos”, que regula la Regla 252.1 de Procedimiento
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 252.1.
Estos métodos han sido establecidos, precisamente, en
protección de la ciudadanía en general. El establecimiento
de dichos métodos tiene el fin principal de evitar, hasta
donde ello sea humanamente posible, que se prive de su
libertad a una persona inocente, esto es, se arreste, se
juzgue y encarcele a una persona que no tiene nada que ver
con unos hechos delictivos cometidos. CC-2000-923 23
Ahora bien, la existencia y la “sofisticación” de
ciertas actividades criminosas, las cuales se llevan a cabo
en la clandestinidad, ha hecho necesario que el Estado
utilice el llamado “agente encubierto”, el cual es un agente
del orden público que, haciéndole creer a los miembros de
la organización criminosa que él también es un delincuente,
se infiltra en la referida organización con el propósito de,
una vez cuente con la evidencia suficiente, traer a éstos
ante nuestro sistema de justicia criminal para que respondan
por sus actuaciones criminosas. Véase: Pueblo v. Cruz
Calderón, resuelto el 16 de enero de 2002, 2002 TSPR 5.
En ocasiones, a este agente encubierto le resulta fácil
el poder descubrir, y precisar, los nombres verdaderos y
hasta las direcciones donde pueden ser localizados los
miembros de la organización criminosa. En otras ocasiones,
ello le resulta imposible; únicamente pudiendo identificar
a éstos por su apodos y por una certera descripción física.
En estas últimas situaciones, los miembros de la
agencia investigadora tienen que asegurarse de tomar todos
los pasos necesarios para poder identificar, de forma
certera y correcta, al delincuente que llevó a cabo la
transacción delictiva con el agente encubierto. Hay varias
formas de hacerlo. Entre otras --y sin pretender ser
exhaustivos-- los agentes supervisores del agente
encubierto pueden tomar fotos, a distancia, de la persona
involucrada en el acto criminal; pueden éstos agentes seguir
al delincuente hasta su residencia y lugar de trabajo; CC-2000-923 24
pueden, en compañía del encubierto y protegiendo la
identidad de éste, lograr que, a distancia, dicho agente les
identifique a la persona; y, como mínimo y en la situación
en que no se haya podido identificar plenamente al
delincuente con anterioridad, el día en que se lleve a cabo
el arresto de dicha persona --día en que ya no existe razón
alguna para seguir protegiendo la identidad del agente
encubierto-- éste tiene que estar presente para poder
identificar o señalar a la persona que va a ser arrestada.
Este procedimiento de identificación pre-arresto, en
nuestro criterio, resulta ser de gran envergadura e
importancia. Ello así ya que no podemos olvidar que, en esta
clase de situaciones, está en juego el derecho a la libertad
de nuestros conciudadanos, derecho constitucionalmente
protegido. Sección 7 del Artículo II de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ello nos obliga a
establecer un justo y apropiado balance entre el derecho del
Estado a actuar de forma vigorosa en la investigación, y
procesamiento, de las causas criminales y el derecho a la
libertad de nuestros conciudadanos, derecho del más alto
rango constitucional en nuestra jurisdicción.
IV
Los hechos del presente caso no están en controversia,
tampoco los daños causados. Las determinaciones de hecho
emitidas por el foro de instancia no han sido cuestionadas
por ninguna de las partes. Incluso, los hechos esenciales
han sido admitidos y estipulados. Cabe destacar que los CC-2000-923 25
agentes envueltos aceptaron el hecho de que cometieron
“errores” en el proceso de identificación del sospechoso.
Un examen desapasionado de los referidos hechos --los
cuales, repetimos, no están en controversia-- demuestra que
los agentes del N.I.E. involucrados en el operativo que
resultó en el arresto y encarcelación ilegal del
peticionario Valle Izquierdo realmente no cumplieron
cabalmente con la obligación que le imponía la situación que
tenían ante su consideración. De hecho, dicho análisis
demuestra que éstos agentes tomaron el “camino más fácil”;
esto es, llevaron a cabo, como para “salir del paso”, una
gestión extremadamente mínima en el proceso de
identificación que tenían la obligación de realizar a
cabalidad. La misma consistió, como hemos visto, en anotar
la tablilla de un vehículo de motor, cotejar con el
Departamento de Transportación y Obras Públicas a quién le
pertenecía dicho vehículo de motor, y enseñarle la
fotografía de dicha persona al agente encubierto.
Recordaremos que dicho agente encubierto, al serle
mostrada dicha foto, les informó a sus supervisores que la
persona que mostraba la misma tenía un cierto parecido con
la persona con quien había realizado la transacción de
drogas. Ese hecho, esa contestación, debió servirle de aviso
o alarma, esto es, debió ser suficiente para que dichos
agentes supervisores llevaran a cabo gestiones adicionales
para asegurarse de que se trataba de la persona correcta. CC-2000-923 26
No podemos permitir que en nuestra jurisdicción se
prive de su libertad a una persona meramente porque la misma
tiene un “cierto parecido” con el responsable de un acto
criminoso. El agente del orden público que así actúa no
incurre en un mero error; el que así actúa incurre en
negligencia, viniendo el Estado en la obligación de resarcir
los daños que dicha actuación negligente cause. Precisamente
por los derechos envueltos, dichos agentes tenían la
obligación de llevar a cabo su trabajo de manera diligente,
ejercerlo con el debido cuidado, circunspección, cautela,
vigilancia y precaución que las circunstancias exigían. H.
Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en
Puerto Rico, ante, a la pág. 174.
Somos del criterio que si los agentes involucrados en
el presente caso hubieran actuado con la diligencia debida,
el daño causado nunca hubiera ocurrido. Resulta evidente,
a nuestro juicio, que la negligencia en que incurrieron los
agentes, en el proceso de identificación del peticionario
Valle Izquierdo, fue precisamente la causa del arresto y
encarcelamiento ilegal de éste y, por ende, de los daños
sufridos por dicha peticionario y su señor padre. Romero
Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724 (1991). Sabido es que la
culpa o negligencia es la falta de debido cuidado, que a la
vez consiste en no anticipar y prever las consecuencias
racionales de un acto que una persona prudente habría de
prever en las mismas circunstancias. Toro Aponte v. E.L.A.,
142 D.P.R. 464 (1997); Ramos v. Carlo, ante. CC-2000-923 27
Ciertamente ello se pudo haber evitado además si, en
el curso del operativo, el agente encubierto hubiera estado
presente para identificarlo propiamente. No podemos perder
de perspectiva que estamos ante una persona que estuvo sujeta
a responder ante las autoridades judiciales como un supuesto
traficante de drogas, ello desde su arresto hasta la
celebración de la vista preliminar en su contra. Es allí
cuando, de repente, el agente se percata, al verlo de cerca
por primera vez desde la investigación, de que esa no era
la persona que en realidad cometió las infracciones a la Ley
de Sustancias Controladas.
En un justo y apropiado balance de los intereses aquí
encontrados, no podemos cegarnos ante lo ocurrido al
peticionario. En esencia, es nuestro deber tratar de
equiparar el derecho a ser compensado que tiene el ciudadano
que resulta perjudicado por la actuación culposa o
negligente de un agente del Estado y, el interés o, más bien,
deber que tienen las autoridades gubernamentales de actuar
de forma vigorosa en la investigación de las causas
criminales. Ello, sin embargo, no opera como una “carta
blanca” para que, en el ejercicio de tales funciones, los
agentes del orden público vulneren los derechos más básicos
y fundamentales que nuestra Constitución y nuestro
ordenamiento le garantizan a todo ser humano.
En fin, el resultado dañoso ocurrido en el presente caso
es uno que pudo haber sido previsto y evitado. Toro Aponte
v. E.L.A., ante; Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. CC-2000-923 28
700 (1982). “Para que haya negligencia basta con que el
resultado haya sido previsto como posible o hubiese tenido
que ser previsto.” H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios
extracontractuales en Puerto Rico, ante, a la pág. 174. No
albergamos duda alguna de que, al evaluar el daño causado
al demandante, y mirar retroactivamente la actuación
negligente de los agentes, precisamente tales daños
sufridos aparecen como consecuencia razonable de dichos
actos. Toro Aponte v. E.L.A., ante, a la pág. 474.
En otras palabras, resulta meridianamente claro que era
razonablemente probable y previsible que --si no se
identificaba correctamente a la persona que realmente había
cometido los hechos delictivos-- ocurriera lo que
desafortunadamente ocurrió en el presente caso, a saber: que
se arrestara y encarcelara a una persona inocente.
V
En virtud de lo antes expuesto, procede decretar la
revocación de las sentencias emitidas en el presente caso
tanto por el Tribunal de Circuito de Apelaciones como por
el Tribunal de Primera Instancia, desestimatorias de la
demanda radicada por la parte peticionaria; devolviéndose
el caso al foro de instancia para que éste proceda, de
inmediato, a realizar una justa evaluación de los daños y
perjuicios sufridos por los demandantes Arnold Valle
Izquierdo y Arnold Valle Ortiz.
Se dictará Sentencia de conformidad. CC-2000-923 29
FRANCISCO REBOLLO LOPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de las emitidas en el presente caso tanto por Tribunal de Circuito de Apelaciones como por el Tribunal de Primera Instancia, desestimatorias de la demanda radicada por la parte peticionaria; se declara con lugar la demanda radicada; y se devuelve el caso al foro de instancia para que éste proceda, de inmediato, a realizar una justa evaluación de los daños y perjuicios sufridos por los demandantes Arnold Valle Izquierdo y Arnold Valle Ortiz.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente sin opinión escrita.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo