EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen Rivera Rodríguez
Demandante Peticionaria Certiorari v. 2006 TSPR 103 Esteban Rivera Reyes 168 DPR ____ Demandado Recurrido
Número del Caso: CC-2004-616
Fecha: 20 de junio de 2006
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Fajardo Panel IX
Jueza Ponente:
Hon. Andrés Salas Soler
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Nector Robles Abraham
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Máximo Molina Fragosa
Materia: Liquidación de bien ganancial.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Demandante Peticionaria CC-2004-616 v.
Esteban Rivera Reyes
Demandado Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a 20 de junio de 2006.
Se nos solicita la revocación de una resolución
emitida por el Tribunal de Apelaciones. En virtud
de la misma, el foro intermedio apelativo confirmó
una resolución dictada por el Tribunal de Primera
Instancia. Este último declaró con lugar una
solicitud de sentencia sumaria en una acción de
ejecución de una sentencia de divorcio, dictada por
la causal de consentimiento mutuo. Veamos los
hechos que originan el presente recurso.
I
La señora Carmen Rivera Rodríguez, en adelante
señora Rivera Rodríguez, y el señor Esteban Rivera CC-2004-616 2
Reyes, en adelante señor Rivera Reyes, contrajeron
matrimonio el 24 de junio de 1972, bajo el régimen económico
matrimonial de sociedad legal de gananciales. Durante el
matrimonio procrearon una hija de nombre Moira Grushesca
Rivera Rivera.
El 17 de enero de 1991, la señora Rivera Rodríguez
presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda
de divorcio contra su esposo bajo la causal de trato cruel.1
El 29 de abril de 1991, los esposos comparecieron ante dicho
tribunal mediante moción conjunta en la que manifestaron
haberse puesto de acuerdo para enmendar la demanda de
divorcio presentada por la causal de trato cruel por una
petición de divorcio por consentimiento mutuo. Unieron e
hicieron formar parte de dicha moción la “DEMANDA ENMENDADA”
a ser considerada por el tribunal.2 En la misma, los
esposos estipularon un inventario de sus bienes gananciales,
su distribución y liquidación, las deudas a cargo de la
sociedad legal de gananciales y la asunción de las mismas
por la señora Rivera Rodríguez. También estipularon que la
custodia de la hija matrimonial la tendría la señora Rivera
Rodríguez, la patria potestad compartida por ambos, las
relaciones paterno filiales entre la menor y su padre, y la
cuantía de la pensión alimentaria que éste se obligaba a
pagar a su hija, quien en ese entonces tenía once (11) años
de edad. El 10 de mayo de 1991, el Tribunal de Primera
1 Autos originales del Tribunal de Apelaciones, caso KLCE0400173, “DEMANDA”. CC-2004-616 3
Instancia dictó una sentencia mediante la cual decretó la
disolución del vínculo matrimonial por mutuo
consentimiento.3 En la referida sentencia, dicho foro
adoptó en su totalidad las estipulaciones de las partes
incluidas en la “DEMANDA ENMENDADA” de divorcio por
consentimiento mutuo y ordenó la liquidación del régimen
económico matrimonial de conformidad.
En torno a los bienes de los ex cónyuges, la sentencia
de divorcio, transcribiendo la estipulación de estos al
respecto, dispuso lo siguiente:
Que durante dicho matrimonio, los peticionarios han adquirido los siguientes bienes:
A. Casa localizada en el barrio Santa María de Ceiba, P.R. que consta de cemento y bloques, de dos pisos.
B. Muebles y enseres del hogar.
C. Auto Mazda 323 año 1988.
D. Toyota corona año 1975
…Que la casa que se adquirió en matrimonio la seguirá viviendo la demandante, Carmen Rivera Rodríguez, con su hija Moira Grushesca; sin embargo, la misma se pondrá a la venta y una vez la misma se vendiese; luego de pagar cualquier gasto relacionado con la venta, el producto se dividirá igualmente entre ambas partes. El bien descrito en la letra B y el descrito en la C se le adjudicará a la demandante, Carmen Rivera Rodríguez y el bien descrito en la letra D al demandado, Esteban Rivera Reyes. Que las deudas serán asumidas por la demandante Carmen Rivera Rodríguez (Énfasis nuestro).4 2 Íd., “DEMANDA ENMENDADA”. 3 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 18-20. 4 Íd., págs. 19-20. CC-2004-616 4
De conformidad con la referida sentencia, la señora
Rivera Rodríguez continuó residiendo en la casa con la hija
menor de edad del disuelto matrimonio. El 25 de junio de
1999, la hija contrajo nupcias y se mudó de la referida
residencia. A pesar de ello, la señora Rivera Rodríguez
continuó residiendo en la misma.
Así las cosas, el 26 de noviembre de 2002, el señor
Rivera Reyes presentó ante el Tribunal de Primera Instancia
una moción de ejecución de sentencia, solicitando que se
ordenara la venta de la casa que constituyó el hogar
conyugal.5 Alegó que la señora Rivera Rodríguez se negaba,
obstaculizaba e impedía la venta de la misma, condicionando
tal venta a que se liquidara también el solar donde la misma
enclava, por considerarlo ganancial. Arguyó que la casa era
un bien inmueble ganancial, a diferencia del solar donde la
misma enclava. Sostuvo que el solar en cuestión era un bien
inmueble privativo suyo, que no tenía que formar parte, ni
formó parte, de las estipulaciones del divorcio ni de la
sentencia que adoptó las referidas estipulaciones.
Fundamentó su alegación sobre el carácter privativo del
solar en el hecho de que lo adquirió a título de compraventa
antes de contraer matrimonio con la señora Rivera Rodríguez.
Por otro lado, sostuvo que una tasación efectuada sobre la
propiedad completa demostraba que la casa, tenía un valor de
5 Íd., págs. 23-32. CC-2004-616 5
$85,831. En virtud de ello, solicitó al tribunal que
decretara que dicha cantidad representaba el valor de la
casa, y que de ella, correspondía a cada parte $42,915.50,
por concepto de las respectivas participaciones iguales que
en común pro indiviso los ex cónyuges tenían sobre la casa.
Solicitó que se le impusiera a la señora Rivera Rodríguez el
pago de una renta mensual por razón de su disfrute exclusivo
de la casa desde la fecha en que la hija matrimonial
contrajo nupcias y se mudó de la misma, esto es, desde el 25
de junio de 1999.
Por su parte, la señora Rivera Rodríguez compareció ante
el tribunal mediante moción escrita, oponiéndose a la
liquidación solicitada.6 Planteó que como parte del proceso
de divorcio, las partes estipularon la venta del inmueble
completo (la casa y el solar) y la división en partes
iguales del producto de la venta. Arguyó que cuando
estipularon lo anterior, el señor Rivera Reyes renunció a
cualquier derecho de crédito o reclamación que tuviese sobre
el solar. Argumentó que si era el interés del señor Rivera
Reyes solicitar algún crédito sobre el inmueble, que en ese
entonces pertenecía a la sociedad legal de gananciales,
debió hacerlo a través de las estipulaciones de las partes
dentro del procedimiento de divorcio. Sostuvo que lo
estipulado en un procedimiento de divorcio por
consentimiento mutuo constituye un contrato de transacción
judicial, con autoridad de cosa juzgada, por lo que el señor CC-2004-616 6
Rivera Reyes no podía pretender cambiar la naturaleza de lo
acordado como parte de dicho proceso. Solicitó finalmente
la ejecución de la sentencia de divorcio, a tenor con las
estipulaciones de las partes.
El 20 de mayo de 2003, el señor Rivera Reyes presentó
ante el Tribunal de Primera Instancia una moción de
sentencia sumaria.7 Acompañó a la misma con copia del
informe de tasación de fecha 25 de junio de 2001, rendido
por el señor Jorge Isern Piñero, que determina que la casa
en controversia tenía un valor de $85,831.8 También unió a
su moción, copia de la escritura de segregación y
compraventa del solar9 y copia de una certificación
registral literal, que contiene las inscripciones primera y
segunda del mencionado solar.10 Tanto la escritura como la
certificación registral, demuestran que el solar fue
comprado por el señor Rivera Reyes antes de contraer
matrimonio con la señora Rivera Rodríguez. Así, solicitó
que, a tenor con las estipulaciones de los cónyuges
contenidas en la “DEMANDA ENMENDADA” de divorcio por
consentimiento mutuo, de conformidad con la sentencia de
divorcio que las adoptó, y a la luz de la tasación,
6 Íd., págs. 35-36. 7 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 87-125. 8 Íd., págs. 117-125. 9 Escritura número 97, otorgada en Fajardo, el 8 de mayo de 1971, ante el notario Guillermo Bird Martínez, Íd., págs. 28- 32. CC-2004-616 7
escritura y certificación registral antes relacionadas, se
decretara lo siguiente: (1) se reconociera su derecho
propietario exclusivo sobre el solar en controversia, por
ser un bien inmueble privativo aportado por él al
matrimonio; (2) se ordenara únicamente la venta de la casa
por ser de origen ganancial, dividiéndose el producto de la
venta en partes iguales entre los ex cónyuges; (3) se le
impusiera a la señora Rivera Rodríguez el pago de una renta
por razón del disfrute exclusivo que tenía sobre la casa,
desde junio de 1999 hasta la fecha en que la desocupara, de
conformidad con las normas de derecho que regulan la
comunidad de bienes.
Por su parte, la señora Rivera Rodríguez presentó un
“Memorando de Derecho y Oposición a Sentencia Sumaria”.11
Planteó que la sentencia de divorcio no dispuso que la casa
y el solar fueran bienes separados; tampoco que el solar era
privativo del señor Rivera Reyes y que, mucho menos, le
concedió a éste un crédito sobre el valor del solar por ser
de naturaleza privativa. Sostuvo que tanto en las
estipulaciones del divorcio como en la referida sentencia,
al inventariarse los bienes de los ex cónyuges, sólo se
expresó que “’la casa que se adquirió en matrimonio’ ‘se
pondrá a la venta’ y ‘el producto se dividirá igualmente
entre ambas partes’”. Argumentó que cuando las partes
hicieron uso de la palabra “casa” en sus estipulaciones, se
10 Expedida por el Registro de la Propiedad, Sección de Fajardo, el 4 de mayo de 2000, Íd., págs. 111-116. CC-2004-616 8
referían a la casa y al solar de forma integral. Añadió que
la sentencia de divorcio recogió esa intención de las partes
al referirse también a “la casa” como el bien ganancial a
liquidarse. Arguyó que de no haber sido así, el señor
Rivera Reyes habría solicitado al tribunal que declarara en
la sentencia el carácter privativo del solar, a fin de que
se le reconociera el crédito correspondiente, una vez se
vendiera la casa y el solar. Reafirmó que al llegar a las
estipulaciones contenidas en la “DEMANDA ENMENDADA” de
divorcio por consentimiento mutuo, constitutivas de un
contrato de transacción judicial, el señor Rivera Reyes
renunció al derecho de crédito que tenía sobre el solar.
El 29 de diciembre de 2003, el Tribunal de Primera
Instancia dictó una resolución sumariamente, declarando con
lugar la moción de ejecución de sentencia que presentó el
señor Rivera Reyes.12 Determinó lo siguiente: (1) que el
solar era un bien inmueble privativo del señor Rivera Reyes
aportado por él al matrimonio; (2) que luego de éste casarse
con la señora Rivera Rodríguez, la sociedad legal de
gananciales compuesta por ambos construyó la casa que
enclava en el solar; (3) que durante el proceso de divorcio,
los cónyuges estipularon que la señora Rivera Rodríguez
continuaría residiendo en la casa en cuestión en unión a la
hija matrimonial, para luego venderla, y distribuir entre
ellos el producto de la venta en partes iguales; (4) que no
11 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 126-128. 12 Íd., págs. 129-145. CC-2004-616 9
surge de las estipulaciones contenidas en la “DEMANDA
ENMENDADA” de divorcio por consentimiento mutuo, ni de la
sentencia de divorcio que las adoptó, que las partes
sometieron a la consideración del tribunal como un bien de
la sociedad legal de gananciales a liquidarse el solar donde
enclava la casa; (5) que el solar no formó parte de la
sentencia de divorcio; (6) que la referida sentencia sólo
ordenó la venta de la casa y la distribución de su producto
en partes iguales entre los ex cónyuges, por lo que
únicamente procedía la venta de la casa; (7) que la casa
tenía un valor de $85,831, de los cuales correspondía a cada
cual $42,915.50; (8) que desde el 25 de junio de 1999, fecha
en que la hija matrimonial se casó y se mudó de la casa, la
señora Rivera Rodríguez residió sola en la misma,
disfrutándola de forma exclusiva; y (9) que ese uso
exclusivo de la casa generó renta a favor del señor Rivera
Reyes, que procedía ser descontada a la señora Rivera
Rodríguez de los $42,915.50 que a esta corresponden por
concepto de su venta. Finalmente, señaló una vista para
determinar el canon de renta que tenía que satisfacer la
señora Rivera Rodríguez al señor Rivera Reyes desde junio de
1999 hasta que desocupara la casa, cantidad que se sumaría a
los $42,915.50 que le correspondían al señor Rivera Reyes.
Inconforme, la señora Rivera Reyes acudió ante el
Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari.
Evaluadas las posiciones de ambas partes, el foro CC-2004-616 10
intermedio apelativo confirmó la resolución dictada por el
Tribunal de Primera Instancia.13
Insatisfecha, la señora Rivera Rodríguez acudió ante
nos, mediante recurso de certiorari, señalando los errores
siguientes:
PRIMER ERROR: INCIDIO EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL INTERVENIR Y ENMENDAR UNA SENTENCIA FINAL, FIRME E INAPELABLE, QUE SE HABIA DICTADO HACE MAS DE DIEZ (10) AÑOS, PARA CAMBIARLA Y DARLE UNA INTERPRETACION DISTINTA Y QUE CLARAMENTE CONSTITUYE COSA JUZGADA.
SEGUNDO ERROR: ERRO EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO DISPONER QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE FAJARDO, SE HABIA EQUIVOCADO AL DECLARAR CON LUGAR UNA MOCION DE SENTENCIA SUMARIA, CUANDO DEL MISMO CASO SE DESPRENDE QUE PUEDE HABER CONTROVERSIA SOBRE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES AL CONTRATAR.
TERCER ERROR: ERRO EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO DETERMINAR QUE EN LA SENTENCIA CUANDO SE REFIERE AL TERMINO “CASA” DEBE ENTENDERSE “CASA Y SOLAR”, YA QUE ESA FUE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES.
CUARTO ERROR: INCIDIO EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO DETERMINAR QUE EL RECURRIDO, AL NO ESTIPULAR O REQUERIR QUE SE INCLUYERA EN LA SENTENCIA DE DIVORCIO, QUE EL TENIA UN CREDITO A SU FAVOR-PORQUE EL SOLAR ERA PRIVATIVO SUYO-ESTE RENUNCIO AL MISMO.
13 Íd., págs. 63-81. Cabe señalar que el Tribunal de Apelaciones modificó la parte de la resolución que dispuso que la allí peticionaria tenía que pagarle al señor Rivera Reyes renta sobre la casa desde junio de 1999. Dispuso, en cambio, que sólo procedía la imposición del pago de renta desde noviembre de 2002, fecha en que el señor Rivera Reyes presentó su moción de ejecución de sentencia ante el foro primario. Por no formar parte de los señalamientos de error del recurso ante nos, no nos expresaremos sobre el particular. CC-2004-616 11
QUINTO ERROR: EN LA ALTERNATIVA ERRO EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO APLICARLE A ESTE CASO LA DOCTRINA DE ACCESIÓN A LA INVERSA, CUANDO COMO EN ESTE CASO, LA SOCIEDAD DE GANANCIALES CONSTRUYE UNA EDIFICACIÓN (CASA) EN SUELO PROPIO DE UNO DE LOS CONYUGUES, A EXPENSAS DE DICHA SOCIEDAD DE GANANCIALES.
Atendido el recurso de certiorari presentado por la
señora Carmen Rivera Rodríguez, concedimos a la parte aquí
recurrida un término de veinte (20) días para presentar su
alegato. No compareció.
Sin el beneficio de su comparecencia nos encontramos en
posición de resolver.
A
En primer lugar, nos corresponde determinar, si como
plantea la peticionaria, el Tribunal de Apelaciones
contravino la doctrina de cosa juzgada, “al intervenir y
enmendar” la sentencia final y firme que decretó el divorcio
de las partes en el año 1991. Veamos.
En Figueroa Ferrer v. E.L.A.,14 reconocimos el
consentimiento mutuo como causal legítima de divorcio.
Pautamos que la acción de divorcio bajo tal causal habría de
ser tramitada mediante una petición conjunta de los
cónyuges. El Tribunal señaló lo siguiente:
… no se aceptará petición alguna de divorcio bajo los principios enunciados sin que las partes adjunten las estipulaciones correspondientes sobre la división de sus bienes, el sustento de las partes y otras consecuencias del divorcio (Énfasis nuestro).15 14 107 D.P.R. 250 (1978). 15 Íd., pág. 277. CC-2004-616 12
Las estipulaciones suscritas por las partes contenidas
en una petición de divorcio por la causal de consentimiento
mutuo, constituyen un contrato de transacción judicial que
las obliga.16 De ordinario, los jueces aceptarán los
convenios y estipulaciones a que lleguen los cónyuges para
ponerle fin a la acción. Tales estipulaciones tienen efecto
de cosa juzgada entre las partes.17 Por otro lado, la
defensa de cosa juzgada fue incorporada en nuestra
jurisdicción mediante el Art. 1204 del Código Civil, que
dispone lo siguiente:
Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. 18
Dicha doctrina impide que se litigue en un pleito una
reclamación que pudo haberse litigado y adjudicado en un
pleito anterior entre las mismas partes, y sobre la misma
causa de acción.19 No obstante, en Sucn. Román v. Shelga
16 Igaravidez v. Ricci, 147 D.P.R. 1, 5 (1998); Magee v. Alberro, 126 D.P.R. 228 (1990); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 74 (1987). 17 Igaravidez v. Ricci, supra; Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, supra, pág. 76. 18 31 L.P.R.A. sec. 3343. 19 Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940 (1972); Isaac Sánchez v. Universal C.I.T. Credit, 95 D.P.R. 372, 382 (1967); Riera v. Pizá, 85 D.P.R. 268, 274 (1962); Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 92 D.P.R. 837 (1965). CC-2004-616 13
Corp.,20 expresamos que a pesar de que el contrato de
transacción tiene el efecto de cosa juzgada, esto no opera
para impedir que el juzgador interprete su extensión y
aplicación al pleito judicial en que se levanta como
defensa.
En su alegato, la señora Rivera Rodríguez sostiene que,
aún en el supuesto de que el solar en controversia fuera un
bien privativo del señor Rivera Reyes, y que por esa razón
se omitiera su mención en las estipulaciones del divorcio,
el Tribunal de Primera Instancia no tenía autoridad para
intervenir con la sentencia de divorcio que las adoptó.
Aduce que la ausencia de jurisdicción del foro primario
obedecía a que la referida sentencia adquirió efecto de cosa
juzgada, una vez advino final y firme.21 Argumenta, además,
sin citar autoridad jurídica alguna que la apoye, que en tal
supuesto, el señor Rivera Reyes venía obligado a
“salvaguardar clara e inequívocamente” el carácter privativo
del solar, antes de firmar las estipulaciones del divorcio.
Añade que el alegado carácter privativo del solar es un
asunto que el recurrido pudo haber litigado durante la
acción de divorcio. Puntualiza que al no hacer reserva del
carácter privativo del solar y/o al no litigar dicho
carácter en aquel entonces, perdió la oportunidad de
hacerlo, pues la doctrina de cosa juzgada le impide hacerlo
ahora. No le asiste la razón.
20 111 D.P.R. 782, 787 (1981). 21 “ALEGATO PARTE DEMANDANTE-RECURRENTE” [sic], págs. 6-8. CC-2004-616 14
Si partiéramos del mismo supuesto aducido por la
peticionaria (que el solar fuera un bien privativo de su ex
esposo), el señor Rivera Reyes no venía obligado a hacer
reserva del solar en las estipulaciones del divorcio.
Cuando en Figueroa Ferrer v. E.L.A., supra, resolvimos que
en casos de divorcio por la causal de consentimiento mutuo
no se aceptará petición alguna de divorcio “sin que las
partes adjunten las estipulaciones correspondientes sobre la
división de sus bienes…”, nos referimos a bienes de
naturaleza ganancial. El propósito de ello fue tratar de
garantizar que, a partir del decreto de divorcio, no
surgiesen controversias entre los ex cónyuges en relación a
tales bienes gananciales. Allí nada expresamos en relación
a los bienes privativos de éstos.
En consecuencia, resolvemos que, durante un proceso de
divorcio bajo la causal de consentimiento mutuo, los bienes
que necesariamente tienen que ser objeto de avalúo,
inventario, liquidación y adjudicación son aquellos
adquiridos con fondos de la sociedad legal de gananciales.
Un cónyuge que aporta a un matrimonio contraído bajo dicha
sociedad, bienes de naturaleza privativa, o que adquiere
bienes de tal naturaleza luego de contraer matrimonio, no
viene obligado a hacer reserva de los mismos ni a estipular
asuntos relacionados a estos durante el procedimiento de
divorcio bajo la mencionada causal. Por la misma razón,
tampoco viene obligado a litigar y obtener sentencia que
declare el carácter privativo de dichos bienes, previo al CC-2004-616 15
decreto de divorcio. Bajo el ordenamiento jurídico vigente,
un juez no tiene que disponer de los bienes privativos de
los ex cónyuges en una sentencia de divorcio por la causal
de consentimiento mutuo. La sentencia que se dicte, una vez
adviene final y firme, tiene efecto de cosa juzgada en
relación con los bienes de naturaleza ganancial que fueron
objeto de consideración judicial como parte del proceso de
disolución matrimonial. No obstante, no tiene tal efecto
sobre los bienes privativos de los respectivos ex cónyuges
ni sobre los bienes gananciales que no fueron objeto de
consideración judicial durante dicho proceso.
Del expediente ante nos surge que las partes informaron
al tribunal durante el proceso de divorcio, mediante
estipulación a esos efectos, que durante el matrimonio
adquirieron una “casa localizada en el barrio Santa María de
Ceiba, P.R. [sic] que consta de cemento y bloques, de dos
pisos” (Énfasis nuestro). A tenor con dicha afirmación
estipulada, el tribunal ordenó en su sentencia la
liquidación y venta de la casa. La sentencia no hace
mención alguna del solar en controversia. Irrespectivo de
si es un bien privativo o un bien ganancial22, el solar no
fue objeto de consideración ni adjudicación judicial. Bajo
tales circunstancias, la referida sentencia de divorcio no
tiene autoridad de cosa juzgada sobre dicho solar. El
Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones
22 Lo cual resolveremos al abordar el quinto señalamiento de error. CC-2004-616 16
limitaron su intervención a interpretar la extensión y
aplicación al caso de marras de las estipulaciones
transaccionales de las partes, según adoptadas por la
sentencia de divorcio. La doctrina de cosa juzgada no
impide tal proceder. No se cometió el primer error
señalado.
B
Por otro lado, mediante su cuarto señalamiento de
error,23 la señora Rivera Rodríguez arguye que el Tribunal de
Apelaciones incidió al no determinar que el señor Rivera
Reyes renunció a sus derechos sobre el mencionado solar, por
no haber estipulado o requerido que se incluyera en la
sentencia de divorcio la existencia de tales derechos.24
Dicho error tampoco fue cometido. Veamos.
El artículo 1709 del Código Civil25 define al
contrato de transacción como aquel por el cual las partes,
dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan
la provocación de un pleito o ponen término al que había
comenzado. Por su naturaleza, el contrato de transacción
debe interpretarse de manera restrictiva, estando
rigurosamente limitada tal interpretación a los objetos
23 Para facilitar la disposición del presente recurso, discutimos los señalamientos de error en el orden siguiente: primer error, cuarto error, quinto error y, finalmente, por estar íntimamente relacionados entre sí, el segundo y tercer error conjuntamente. 24 La peticionaria se refiere al derecho de crédito que confiere la doctrina de accesión a la inversa. En la discusión del próximo señalamiento de error, abordaremos esta figura jurídica y el referido derecho de crédito. CC-2004-616 17
expresamente determinados en ella, o que, por una inducción
necesaria de sus palabras deban reputarse comprendidos en la
misma.26 La renuncia general de derechos se extiende sólo a
los que tienen relación con la disputa sobre la cual ha
recaído la transacción.27 La razón para ello es que las
transacciones se otorgan, por lo general, por razones
complejas, matizadas por entregas u obligaciones recíprocas
de los contratantes, con mutuos sacrificios de régimen
excepcional en algunos aspectos y, por tanto, no deben
interpretarse con extensión, sino restrictivamente.28
En vista de que las estipulaciones a que llegaron las
partes durante el procedimiento de divorcio constituyeron un
contrato de transacción judicial, estamos obligados a
interpretar su alcance y extensión de forma restrictiva.
Con ello presente, vemos que tanto las estipulaciones como
la sentencia de divorcio que las adoptó, versan expresamente
sobre “la casa” del extinto matrimonio. No hacen mención
alguna del solar donde enclava. Ambas partes guardaron
silencio en relación con el solar en aquel momento. El
silencio específico del señor Rivera Reyes, de ninguna
manera puede ser interpretado como una renuncia tácita a sus
25 31 L.P.R.A. sec. 4821. 26 Artículo 1714 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4826; Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, supra, pág. 76. 27 Artículo 1714 del Código Civil, supra. 28 Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1953, T. XXVIII, pág. 355. CC-2004-616 18
derechos sobre el mismo. El hecho de no haber estipulado la
existencia de tales derechos, no le priva de ellos.
C
Mediante su quinto señalamiento de error, la señora
Rivera Rodríguez arguye que el Tribunal de Apelaciones erró
al no aplicar al presente caso la doctrina de accesión a la
inversa. Le asiste la razón. Veamos.
El Artículo 1304 del Código Civil dispone:
Las expensas útiles, hechas en los bienes peculiares de cualquiera de los cónyuges mediante anticipaciones de la sociedad o por la industria del marido o de la mujer, son gananciales.
Lo serán también los edificios construidos durante el matrimonio en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenezca (Énfasis nuestro).29
El segundo párrafo del transcrito artículo consagra la
figura jurídica de la accesión a la inversa, que es una
excepción al principio general de la accesión de superficies
solo cedit que establece el artículo 294 del Código Civil.30
Dicho principio general establece que las edificaciones son
accesorias al suelo. No obstante, cuando se construyen
edificaciones a costa del caudal de la sociedad legal de
gananciales en suelo de la exclusiva propiedad de uno de los
cónyuges, dicho principio general cede ante la excepción que
enmarca la aplicación de la referida figura jurídica. Así,
una vez ocurre la accesión a la inversa, el suelo pasa a
29 31 L.P.R.A. sec. 364. CC-2004-616 19
tener la condición de ganancial, reconociéndose al momento
de la liquidación de dicha sociedad un crédito por el
importe del valor del suelo al cónyuge que lo aportó a la
misma. Ello implica que, bajo el escenario de la excepción,
el suelo es accesorio a la edificación. El instante que se
toma como base para valorizar el crédito del cónyuge dueño
del suelo donde se construye con fondos gananciales es el de
la terminación de la edificación.31
No está en controversia que el señor Rivera Reyes
adquirió a título de compraventa el solar en cuestión antes
de contraer matrimonio con la señora Rivera Rodríguez. Ello
le otorgaba carácter privativo a dicho bien. Tampoco está
en controversia que durante el matrimonio, la sociedad legal
de gananciales por ellos compuesta construyó en el referido
solar la casa que les sirvió de lecho conyugal.
Estos hechos indisputables configuraron la figura
jurídica de la accesión a la inversa. Ciertamente,
consumada la construcción de la casa en el solar privativo
del señor Rivera Reyes, dicho solar dejó de tener tal
carácter y se convirtió, de forma integral con la casa, en
un bien ganancial. En ese momento, el señor Rivera Reyes
adquirió un derecho de crédito por el importe del valor del
solar. En su Resolución, el Tribunal de Apelaciones
determinó que, luego de construida la casa, el referido
30 31 L.P.R.A. 1161; Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 D.P.R. 219, 221-222 (1984). 31 Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, supra. CC-2004-616 20
solar conservó su original naturaleza privativa. Erró al no
aplicar a los hechos la doctrina de accesión a la inversa.
D
Finalmente, mediante los señalamientos de error segundo
y tercero, la señora Rivera Rodríguez arguye que el foro
intermedio apelativo incidió al determinar que el término
“casa”, según fue utilizado en la sentencia de divorcio, no
incluye al solar donde enclava, no empece a haber sido esa
la intención de las partes. Sostiene que disponer
sumariamente del caso era improcedente porque, “podía haber
controversia sobre la intención de las partes al contratar”,
refiriéndose a las estipulaciones transaccionales del
divorcio. Pasamos de inmediato a considerar ambos
señalamientos conjuntamente.
La sentencia sumaria es el mecanismo procesal que
confiere al juzgador discreción para dictar sentencia sin
necesidad de celebrar una vista en sus méritos. El
tribunal, en el ejercicio de su discreción, puede dictarla
cuando de los documentos admisibles en evidencia que se
acompañan con la solicitud de sentencia sumaria, o que obran
en el expediente del tribunal, surge que no existe una
legítima controversia de hechos materiales y esenciales que
tenga que ser dirimida en una vista evidenciaria y que sólo
resta aplicar el derecho.32
32 Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. III, Malavé v. Oriental, 2006 T.S.P.R. 63, 2006 JTS 72, 167 D.P.R. __ (2006); García v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 364, 382 CC-2004-616 21
De existir controversia real en relación con hechos
materiales y esenciales, no debe dictarse y cualquier duda
en torno a los mismos debe resolverse en contra de la parte
promovente de la moción, concediendo a la parte promovida el
derecho a un juicio en su fondo.33 En vista de ello, el
mecanismo de sentencia sumaria sólo debe utilizarse cuando
el promovente ha establecido su derecho con claridad y ha
quedado demostrado que el promovido no tiene derecho a
recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte
discernible de la prueba.34 Por otro lado, un tribunal, en
el sano ejercicio de su discreción, debe abstenerse de
resolver mediante el mecanismo de sentencia sumaria
controversias en las que subyacen elementos subjetivos de
intención, propósitos mentales o negligencia, y cuando el
factor credibilidad sea esencial.35
Por otro lado, el artículo 1233 del Código Civil
establece que si los términos de un contrato son claros y no
dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará
al sentido literal de sus cláusulas.36 Hemos establecido que
(1999) y Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563 (1997). 33 Bonilla Medina v. P.N.P., 140 D.P.R. 294 (1996); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272 (1990). 34 Malavé v. Oriental, supra; Medina v. Merck, 134 D.P.R. 234 (1993). 35 Rosario v. Nationwide Mutual, 2003 T.S.P.R. 32, 2003 J.T.S. 34, 158 D.P.R. __ (2003); Santiago v. Ríos Alonso, 2002 T.S.P.R. 15, 2002 J.T.S. 21, 156 D.P.R. __ (2002); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294 (1994). 36 31 L.P.R.A. sec. 3471. CC-2004-616 22
cuando los términos de un contrato, sus condiciones y
exclusiones, son claros y específicos y no dan margen a
ambigüedades o diferentes interpretaciones, así deben
aplicarse.37 En Unysys v. Ramallo Brothers Printing, Inc.,38
señalamos que el cumplimiento de lo pactado está
estrechamente vinculado con la buena fe de los contratantes.
Allí, en relación al principio de la obligatoriedad de los
contratos, expresamos lo siguiente:
“... [Se] considera como un principio que debe regir en toda sociedad civilizada la idea de que los hombres deben poder contar con que aquellos con quienes tratan en el intercambio social actuarán de buena fe y por tanto llevarán a cabo las expectativas razonables que sus promesas o su conducta hayan creado razonablemente en los demás. La obligatoriedad del contrato se funda, pues, de acuerdo con esta idea en una norma ética derivada de la buena fe, que exige no defraudar la confianza que en otro pueda haber creado nuestra promesa o nuestra conducta. En definitiva, se trata de lo que el autor citado denomina la norma ética de veracidad en nuestras comunicaciones con el prójimo, y que ordinariamente se expresa como deber de atenerse a la palabra dada. L. Díez- Picazo, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, 2da ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. I, Cap. IV, pág. 99” (Énfasis nuestro).39 En su alegato, la señora Rivera Rodríguez arguye que
como parte de las concesiones recíprocas que hicieron las
37 Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842, 852 (1991); García Curbelo v. A.F.F., 127 D.P.R. 747 (1991); Casanova v. P.R. Amer. Ins. Co., 106 D.P.R. 689, 696-697 (1978). 38 128 D.P.R. 842, 852 (1991). 39 Íd., pág. 852. CC-2004-616 23
partes a través de las estipulaciones transaccionales del
divorcio, tuvieron la intención de dividir en partes iguales
el producto de la venta de la propiedad completa; es decir,
de la casa y el solar.40 Sostiene que estando en
controversia cuál fue la intención de las partes al
contratar, al foro primario le estaba vedado disponer
sumariamente del caso. Señala que el Tribunal de
Apelaciones erró al no revocar la resolución sumaria del
Tribunal de Primera Instancia. Diferimos de la
peticionaria.
Las estipulaciones a las que llegaron las partes durante
el procedimiento de divorcio fueron redactadas de forma
sucinta y con un lenguaje simple y claro. En lo pertinente,
indican que durante el matrimonio las partes adquirieron “la
casa”. Además, expresan que la “casa” se pondrá a la venta
y que el producto de la misma se dividirá entre ambas
partes. Nada más se expresa sobre la propiedad en
controversia.
Como vemos, en las estipulaciones no se hizo referencia
al solar. Tampoco trasluce de las estipulaciones intención
de clase alguna de las partes en torno al mismo. Mucho
menos revelan una intención del señor Rivera Reyes de
cederle a la señora Rivera Rodríguez sus derechos sobre el
solar. De igual forma, la sentencia de divorcio no alude al
solar en cuestión. Sólo hace referencia a “la casa”,
40 “ALEGATO PARTE DEMANDANTE-RECURRENTE” [sic], pág. 8. CC-2004-616 24
adoptando ad verbatim las estipulaciones de las partes al
respecto. En fin, ni de las referidas estipulaciones, ni de
la sentencia de divorcio se desprende que el solar hubiese
sido objeto de consideración, discusión o controversia entre
las partes.
Por otro lado, el término “casa” se define como
“edificio para habitar” (Énfasis nuestro).41 Claramente, la
definición excluye al suelo donde el edificio enclava.
Tenemos que atribuirle buena fe tanto al señor Rivera Reyes
como a la señora Rivera Rodríguez cuando utilizaron el
término “casa” en sus estipulaciones. Obviamente, la
peticionaria siempre ha conocido que el señor Rivera Reyes
aportó el solar al matrimonio. Dicha aportación fue
acreditada fehacientemente por el señor Rivera Reyes ante el
foro primario. Ante tan elocuentes circunstancias, al
interpretar las referidas estipulaciones, no vemos razones
para apartarnos de su sentido literal. El término “casa” se
refirió a la estructura de vivienda que los ex cónyuges
construyeron, con exclusión del solar. Concluimos que el
presente caso no presenta una controversia de intención de
partes al contratar.
No habiendo controversia real de hechos materiales y
esenciales, sólo restaba aplicar el derecho sustantivo
vigente. La sentencia sumaria era un mecanismo adecuado
para disponer del caso. CC-2004-616 25
II
Por los fundamentos antes expuestos, revocamos al
Tribunal de Apelaciones en todo lo que es incompatible con
los pronunciamientos aquí vertidos. Devolvemos el caso al
Tribunal de Primera Instancia para que señale una vista y
determine mediante tasación el valor de la propiedad
completa, entiéndase casa y solar. Deberá, además,
determinar el valor del solar a la fecha en que terminó la
construcción de la casa, cantidad que constituirá el crédito
del señor Rivera Reyes. Deberá ordenar, además, la venta en
pública subasta de la propiedad completa. Adjudicará al
señor Rivera Reyes la cantidad correspondiente a su derecho
de crédito y, la cantidad restante, producto de la venta, la
adjudicará en partes iguales entre los ex cónyuges, no sin
antes descontar de la partida correspondiente a la señora
Rivera Rodríguez, la mitad de los cánones de renta que
dispuso en su Resolución el Tribunal de Apelaciones.
Efraín E. Rivera Pérez Juez Asociado
41 Diccionario de la Lengua Española, 22da ed., Madrid, Ed. España-Calpe, 2001, T.I., pág. 468. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Demandante Peticionario
v. CC-2004-616
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, revocamos al Tribunal de Apelaciones en todo lo que es incompatible con los pronunciamientos aquí vertidos. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que señale una vista y determine mediante tasación el valor de la propiedad completa, entiéndase casa y solar. Deberá, además, determinar el valor del solar a la fecha en que terminó la construcción de la casa, cantidad que constituirá el crédito del señor Rivera Reyes. Deberá ordenar, además, la venta en pública subasta de la propiedad completa. Adjudicará al señor Rivera Reyes la cantidad correspondiente a su derecho de crédito y, la cantidad restante, producto de la venta, la adjudicará en partes iguales entre los ex cónyuges, no sin antes descontar de la partida correspondiente a la señora Rivera Rodríguez, la mitad de los cánones de renta que dispuso en su Resolución el Tribunal de Apelaciones.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton no intervino. La Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo