EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido Certiorari v. 2006 TSPR 83 Wilfredo Suárez Alers 167 DPR ____ Peticionario
Número del Caso: CC-2005-152
Fecha: 11 de mayo de 2006
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Aguadilla
Juez Ponente:
Hon. Jocelyn López Villanova
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Edgardo Medina Torres
Oficina del Procurador General:
Lcda. Zaira Z. Girón Anadón Procuradora General Auxiliar
Materia: Actos Lascivos
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido
v. CC-2005-152 Wilfredo Suárez Alers
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2006
Nos corresponde determinar en esta ocasión, si el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, Asuntos
de Menores, podía renunciar a su jurisdicción en un
caso de un menor ofensor de trece (13) años de edad a
la fecha de los hechos delictivos, quien al
presentarse la queja en su contra había ya advenido a
la mayoridad, para que fuese procesado como adulto.
I
El 15 de octubre de 2003 la Procuradora de
Menores presentó una queja en el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Aguadilla, Asuntos de
Menores, contra el joven Wilfredo Suárez Alers por CC-2005-152 3
hechos ocurridos el 25 de julio de 1994. En la queja se le
imputó a Suárez Alers haber incurrido, alegadamente, en el
delito de actos lascivos o impúdicos cometido contra el
menor M.B.E. Se indicó en la misma que para la fecha de
los hechos el imputado tenía quince (15) años de edad, ya
que se señaló como fecha de nacimiento el 22 de octubre de
1978; la víctima contaba con siete (7) años de edad.
La vista de causa de aprehensión se celebró el mismo
15 de octubre y posteriormente se celebró la vista para la
determinación de causa para presentar querella. Así las
cosas, el 19 de marzo de 2004, se celebró una vista para
atender la petición de renuncia de jurisdicción presentada
por la Procuradora de Menores. El tribunal de instancia
declaró con lugar la misma y denegó una petición de
desestimación presentada previamente por el acusado. El
foro primario resolvió que tenía jurisdicción sobre el
joven imputado debido a que los hechos fueron cometidos
mientras éste era menor. Indicó también que, no empece
tener jurisdicción, no tenía autoridad para juzgarlo e
imponer medidas dispositivas toda vez que al momento de ser
procesado, Suárez Alers había advenido a la mayoridad. El
tribunal renunció entonces a su jurisdicción y remitió el
expediente de Suárez Alers a la sala de lo criminal para
que fuese juzgado como adulto.
Posteriormente, el 31 de marzo de 2004 se presentó el
pliego acusatorio contra Suárez Alers por el delito de
actos lascivos. CC-2005-152 4
El 4 de mayo de 2004, la defensa presentó una moción
de desestimación alegando, en síntesis, que la “dilación
del Estado” en presentar la denuncia contra Suárez Alers le
colocaba en estado de indefensión. Sostuvo que, habiendo
transcurrido nueve años desde la ocurrencia de los hechos
hasta la presentación de los cargos, se le hacía imposible
recordar dónde se encontraba en ese día, lo que impedía que
pudiera traer evidencia a su favor en clara violación al
debido proceso de ley.
El Ministerio Público, por su parte, se opuso a la
solicitud de desestimación. Adujo, que el Estado no había
sido negligente ni que había incurrido en incuria toda vez
que la dilación no le era atribuible. Señaló que actuó con
diligencia una vez le fue notificado de la querella
presentada contra Suárez Alers, procurando la
correspondiente acción ante el Tribunal Superior, Sala de
Asuntos de Menores. Además, indicó que el retraso no había
causado perjuicio significativo a la defensa del acusado.
El 20 de agosto de 2004, se celebró la vista para
dilucidar a moción de desestimación presentada. En la
misma, a petición de la defensa, testificaron la agente
Rita Vázquez, quien investigó la querella presentada por el
padre del perjudicado, el padre de la víctima, y el
licenciado Carlos Acevedo Lazarini. Se presentaron también
dos comunicaciones escritas, una de la pediatra que atendió
a la víctima recién ocurrieron los hechos y otra de su
psicóloga. CC-2005-152 5
Del testimonio vertido en sala se desprende lo
siguiente: Primeramente, que el padre del menor supo de lo
ocurrido el mismo día de los hechos ya que su hijo le narró
lo acontecido. El padre indicó que, preocupado por lo
narrado, habló con el licenciado Acevedo Lazarini quien le
recomendó que llevara al menor a un psicólogo porque estaba
“emocionalmente afectado.”
El padre testificó que no llevó a su hijo al psicólogo
pero sí a una pediatra. Ésta examinó al niño y en ese
momento no encontró rasgo físico de abuso en el área
genital del menor; sí encontró un rasguño en el pecho de
éste. El padre del menor indicó que por recomendación del
licenciado Acevedo Lazarini, decidió enviar a su hijo a
residir con un tío en el estado de California.
Seis años más tarde, en el 2000, el menor regresó a
Puerto Rico. A su regreso, éste fue atendido durante tres
años por una psicóloga. Posteriormente, el padre decidió
presentar una querella en la Policía de Puerto Rico contra
Suárez Alers.
De la minuta de la vista antes mencionada surge que
las partes estipularon lo siguiente: “que no hay
controversia en que el acusado tenía 13 años en la fecha de
los alegados hechos.” (Énfasis nuestro.) Petición de
certiorari, Ap., pág. 39.
El 27 de septiembre de 2004, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una resolución desestimando el pliego
acusatorio. El foro primario concluyó que el acusado se
encontraba en estado de indefensión ante la injustificada CC-2005-152 6
dilación del padre de la víctima de instar la querella
correspondiente. El tribunal a quo entendió que habiendo
transcurrido nueve años desde que ocurrió el alegado
incidente a la fecha en que Suárez Alers fue acusado, el
derecho de éste a preparar una defensa adecuada se había
vulnerado severamente. Ello, a su vez, incidía sobre el
derecho de Suárez a un juicio justo e imparcial.
Inconforme, el Procurador General acudió ante el
Tribunal de Apelaciones. Mediante sentencia del 18 de
enero de 2005, el foro apelativo intermedió revocó al foro
primario. El tribunal apelativo concluyó que la dilación
en la presentación de la acusación no era atribuible al
Estado toda vez que fue el padre del menor quien, a pesar
de tener conocimiento de lo ocurrido, no presentó querella
alguna en ese momento. El Tribunal de Apelaciones indicó
que el Estado actuó diligentemente pues una vez advino en
conocimiento de lo ocurrido, inició rápidamente el trámite
correspondiente ante el Tribunal Superior, Sala de Asuntos
de Menores.
El Tribunal de Apelaciones señaló también que, aun
analizando la alegación genérica del acusado de que la
dilación en el procedimiento le impedía preparar
adecuadamente su defensa, la misma era insuficiente para
configurar “el perjuicio específico y concreto que requiere
la doctrina sobre el estado de indefensión.” El tribunal
concluyó por lo tanto, que la alegación de perjuicio fue
abstracta y general por lo cual resultaba improcedente. CC-2005-152 7
En desacuerdo con esta determinación, el acusado
acudió ante este Tribunal en petición de certiorari. En su
escrito, señaló la comisión de los siguientes errores:
Erró el Tribunal de el (sic) Tribunal de Apelaciones al resolver que no aplica la defensa de Estado de Indefensión.
Erró el Tribunal de el (sic) Tribunal de Apelaciones al imponer su criterio (en determinaciones de hechos) sobre el de el (sic) Tribunal de Instancia, sin tener base alguna.
Erró el Tribunal de el (sic) Tribunal de apelaciones al resolver que el delito no está prescrito y que había jurisdicción sobre el peticionario.
El 13 de mayo de 2005 expedimos el auto solicitado.
Las partes han comparecido y contando con el beneficio de
sus alegatos pasamos a resolver.
II
La Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de
julio de 1986, según enmendada, 34 L.P.R.A. secs. 2201 et
seq., (“Ley de Menores”) refleja un enfoque penal ecléctico
en el cual se intenta armonizar la función de parens
patriae del Estado de velar por la rehabilitación del menor
ofensor, a la misma vez que le exige a éstos
responsabilidad por sus actos. Ello, sin minimizar la
responsabilidad del Estado de velar por la seguridad de la
sociedad en general. Véase Exposición de Motivos de la Ley
de Menores de 1986. Véase además, D. Nevares Muñiz,
Derecho de Menores: Delincuente juvenil y menor maltratado,
5ta ed., Instituto para el Desarrollo del Derecho, Hato
Rey, 2005, secs. 1.1.2 - 1.2, págs. 4-10; Morán, “Sistema CC-2005-152 8
de justicia juvenil, exclusión de jurisdicción, renuncia de
jurisdicción”, 49 Rev. C. Abo. P.R. 105 (1988).
En reiteradas ocasiones hemos indicado que los
procedimientos de menores son de carácter civil sui generis
y no se consideran de naturaleza criminal. Pueblo en
interés menor G.R.S., 149 D.P.R. 1, 10 (1999); Pueblo ex
rel. J.L.D.R., 114 D.P.R. 497, 502 (1983); Pueblo ex rel
L.V.C., 110 D.P.R. 114, 124 (1980); ELA en interés del
menor R.M.R., 83 D.P.R. 242, 247 (1961). Ello no empece,
con el transcurso del tiempo estos procedimientos han
“adquirido matices de naturaleza punitiva que van más allá
del propósito meramente rehabilitador y paternalista de la
antigua ley [Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955].” Pueblo
en interés del Menor G.R.S., 149 D.P.R. 1, 12 (1999). Ese
enfoque ha ido acompañado con el reconocimiento de mayores
salvaguardas procesales hacia los menores como aquellas que
protegen a los adultos en el proceso criminal. E.g.,
Pueblo en interés menor R.H.M., 126 D.P.R. 404
(1990)(reconocimiento de la garantía constitucional contra
la auto incriminación); Pueblo en interés A.L.R.G. y
F.R.G., 132 D.P.R. 990 (1993) (derecho a tener acceso a
expediente social como corolario del derecho a una adecuada
representación legal); Pueblo en interés menor N.R.O., 136
D.P.R. 949 (1999)(aplicabilidad de la regla de exclusión a
procesos de menores).
El Art. 4 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2204,
regula la jurisdicción de la Sala de Asuntos de Menores del
Tribunal Superior. El concepto jurisdicción en el CC-2005-152 9
ordenamiento jurídico de menores, se refiere a la facultad
especial de la Sala de Asuntos de Menores para entender en
procesos contra éstos y se relaciona “con la cuestión de si
el menor debe ser encausado dentro del sistema de justicia
juvenil o en el sistema de justicia criminal.” Pueblo en
interés del menor A.A.O., 138 D.P.R. 160, 172 (1995). Es
decir, la jurisdicción es determinante al decidir quién
debe ser encausado como menor o, por el contrario, como
adulto.
Así, el Art. 4 establece que la Sala de Asuntos de
Menores tendrá jurisdicción en todo caso en que se le
impute a un menor conducta que constituya falta si fue
incurrida antes de éste haber cumplido los dieciocho (18)
años; sujeto claro está, al término prescriptivo
correspondiente. 34 L.P.R.A. sec. 2204. El artículo, sin
embargo, dispone que la Sala de Asuntos de Menores no
tendrá jurisdicción en aquellos casos en que se le impute a
un menor que hubiere cumplido quince (15) años de edad, la
comisión de hechos constitutivos de asesinato en primer
grado mediante deliberación y premeditación; o, se le
impute hechos constitutivos de un delito que surja de la
misma transacción del asesinato en primer grado mediante
premeditación y deliberación; o, cuando se le hubiere
adjudicado previamente un asesinato como adulto. 34
L.P.R.A. sec. 2204. En estos casos, la jurisdicción para
encausar el procesamiento penal le corresponderá a la Sala
de lo Criminal del Tribunal Superior. CC-2005-152 10
Por lo tanto, la Sala de Asuntos de Menores no tiene
“jurisdicción” cuando los actos imputados al menor ocurren
después de éste haber cumplido dieciocho (18) años; o, si
se le imputa asesinato en primer grado mediante
deliberación y premeditación o un delito que surja de esa
misma transacción o evento y el menor hubiese cumplido
quince (15) años. Pueblo en interés menor A.A.O., ante,
págs. 172-173. Véase además, Pueblo v. Álvarez Tores, 127
D.P.R. 830 (1991).
De otra parte, el Art. 5 de la ley, dispone que el
tribunal habrá de conservar su “autoridad”1 sobre todo menor
hasta que éste cumpla la edad de veintiún (21) años, a
menos que mediante orden al efecto dé por terminada su
jurisdicción. 34 L.P.R.A. sec. 2205.
La Ley de Menores en su Art. 15, 34 L.P.R.A. sec.
2215, regula detalladamente el proceso de renuncia de
jurisdicción contemplado en el Art. 5 de la ley. La fase
de renuncia a la jurisdicción es “una etapa crítica en el
procesamiento” en la cual se traslada a un menor de una
jurisdicción cuyo fin es rehabilitador a otra que lo juzga
como adulto con la probabilidad de la pérdida de libertad
por un periodo de tiempo prolongado. Véase, S. Dairs,
Rights of Juveniles, The Juvenile Justice System, Thomson-
1 El concepto “autoridad” utilizado en el estatuto, se refiere a la “supervisión, detención o custodia del menor que asume el Estado como parens patriae, mientras a éste se le encausa y luego de que se ha determinado que está incurso en la comisión de una falta.” Pueblo en interés del menor A.A.O., 138 D.P.R. 160 (1995). Por lo que “autoridad” se refiere al tipo y la duración de la medida impuesta una vez se determine que el menor se encuentra incurso en una falta. Loc. cit. CC-2005-152 11
West, 2003, 2da. ed., sec. 4:1, pág. 4-1. (“The effect of
a decision to waive jurisdiction over a child is to deny to
the child the protection and ameliorative treatment
afforded by the juvenile process, substituting therefor the
punitive treatment found in the criminal process.”) “Por
la magnitud de ese traslado, por los efectos serios que
puedan surgir y para cumplir con las garantías del debido
proceso de ley”, es menester cumplir a cabalidad con los
criterios establecidos en el Art. 15 del la Ley de Menores.
Pueblo en interés del menor R.H.M., ante, pág. 411. En
igual sentido, Kent v. United States, 383 U.S. 541, 556
(1966). (“It is clear beyond dispute that the waiver of
jurisdiction is a ‘critically important’ action determining
statutory rights of the juvenile.”)
A poco que analicemos el referido artículo, nos
percatamos que de su texto se desprende, con meridiana
claridad, que sólo se podrá solicitar la renuncia de
jurisdicción en aquellos casos que el menor involucrado sea
mayor de catorce (14) años.2 Por lo tanto, cuando el menor
2 El Art. 15 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2015, dispone lo siguiente en cuanto a la renuncia de jurisdicción, citamos in extenso:
a. Solicitud del Procurador. El tribunal, a solicitud del Procurador, podrá renunciar la jurisdicción sobre un menor que sea mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18) años, a quien se le impute la comisión de cualquier falta Clase II o III. El Procurador deberá efectuar dicha solicitud mediante moción fundamentada cuando considere que entender en el caso bajo las disposiciones de esta ley no responderá a los mejores intereses del menor y de la comunidad. CC-2005-152 12
imputado es menor de catorce años la jurisdicción exclusiva
para exigir responsabilidad por la comisión de una falta le
corresponde a la Sala de Asuntos de Menores del Tribunal
Superior. Ante la ausencia de autoridad expresa para
renunciar a la jurisdicción en casos de menores de catorce
(14) años, no cabe una interpretación en tal sentido.
Adviértase que los tribunales de menores son “criaturas
legislativas” y como tal, le corresponderá a la Asamblea
Legislativa determinar su jurisdicción conforme el diseño
particular que se estime propio. Rodríguez Rodríguez v.
E.L.A., 130 D.P.R. 562, 580 (1992).
Con anterioridad habíamos expresado que “el poder o la
autoridad del tribunal sobre un menor depende de la fecha
en que se cometió la falta y no de aquella en que comenzó _____________________________ El Procurador, podrá promover la solicitud cuando, previa determinación de causa probable, se le impute al menor una de las siguientes faltas: violación, robo, secuestro, mutilación, sodomía, escalamiento agravado y agresión agravada e su modalidad de delito grave.
El Procurador deberá promover la solicitud de renuncia de jurisdicción en los siguientes casos:
1. cuando se impute a un menor que sea mayor de catorce (14) años la comisión de hechos constitutivos de asesinato en la modalidad que está bajo la autoridad del Tribunal, cualquier otro delito grave de primer grado, y cualquier otro hecho delictivo que surja de la misma transacción o evento.
2. Cuando se impute al menor una falta Clase II o III y se le hubiera adjudicado previamente una falta II o III, incurrida entre los catorce (14) y dieciocho (18) años.
El Procurador vendrá obligado a advertir al tribunal la falta de jurisdicción cuando se trata de aquellos casos excluidos de su autoridad por disposición expresa de este capítulo. (Énfasis nuestro.) CC-2005-152 13
el proceso o en que dicha corte adquirió jurisdicción sobre
el niño delincuente.” (Énfasis nuestro.) Pueblo v.
Andujar, 80 D.P.R. 822, 826 (1958). Véase también, Pueblo
en interés del menor F.R.F., 133 D.P.R. 172, 179 (1993);
Pueblo ex rel L.V.C., ante pág. 120. Por lo tanto, será la
ley vigente al momento de los hechos la que habrá de
determinar cómo se ha de encausar el procesamiento de un
menor cuando se le impute la comisión de una falta.
Ciertamente, un menor no puede “ser procesado bajo términos
y condiciones más onerosos que los impuestos por la ley
vigente a la fecha en que se perpetraron los hechos
imputados en la acusación.” Pueblo v. Andujar, ante, pág.
824.
Indicamos anteriormente que del expediente que consta
ante nosotros surge que en la vista celebrada ante el
tribunal de instancia para dilucidar la moción de
desestimación presentada por el acusado, el Ministerio
Público y la defensa estipularon que no “hay controversia
en que el acusado tenía 13 años en la fecha de los alegados
hechos.” Véase, Petición de certiorari, Minuta de 20 de
agosto de 2004, Ap., pág. 39. En P.R. Glass Corp. v.
Tribunal Superior, 103 D.P.R. 223, 231 (1975) indicamos que
“[u]na vez hecha y aprobada por el tribunal la estipulación
obliga a quienes la hacen y a las partes por ellos
legalmente representadas. La estipulación es una admisión
judicial que implica un desistimiento formal de cualquier
contención contraria a ella.” (Énfasis nuestro.)
Estipulado por el Ministerio Público que la edad de Suárez CC-2005-152 14
Alers era 13 años, éste viene obligado por tal
determinación habiendo desistido de cualquier
cuestionamiento en contrario.3
Por lo tanto, a la luz de lo anterior, el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, Asuntos de
Menores, aun cuando podía asumir jurisdicción en la queja
instada por la Procuradora de Menores contra Suárez Alers
por ser éste menor de edad al momento de los hechos, no
podía bajo ningún supuesto renunciar a su jurisdicción y
referir el asunto a la Sala de lo Criminal del Tribunal
Superior. Ello, ya que Suárez Alers era menor de catorce
(14) años al momento de los hechos imputados y el Art. 15
de la Ley de Menores no autoriza la renuncia en estos
casos.
No hay duda que si la queja contra Suárez Alers
hubiese sido presentada al momento de los alegados hechos
delictivos, la Sala de Asuntos de Menores estaba
imposibilitada de renunciar a su jurisdicción. Si era
improcedente en ese momento, también lo es ahora. Concluir
lo contrario, querría decir que le estaríamos aplicando a
3 Lo cierto es que la posición del Ministerio Público ha sido que Suárez Alers tenía, en efecto, trece años de edad al momento de los hechos imputados. A modo de ejemplo, en el alegato presentado por el Pueblo ante este Tribunal, el Procurador General indicó lo siguiente: “Para la fecha de los hechos, Suárez Alers tenía trece años de edad, mientras que el menor perjudicado contaba con siete años.” (Énfasis nuestro.) Alegato del Procurador General, pág. 3. Véase además, Apéndice a la Petición de Certiorari, pág. 64. El asunto sobre la edad de Suárez Alers no fue un cuestionamiento que se hiciera ante los foros inferiores ni ante este Tribunal. CC-2005-152 15
Suárez Alers unos términos y condiciones no contemplados en
la Ley de Menores de 1986, para su perjuicio.4
En Pueblo en interés del menor F.R.F., ante, nos
enfrentamos a una controversia similar a la planteada en
este caso. En ese caso se presentaron sendas quejas contra
el menor F.R.F. por faltas incurridas en fechas distintas.
Al momento de los hechos en el primer caso, el menor tenía
quince años de edad; sin embargo, cuando ocurrieron los
hechos del segundo caso, ya el menor era mayor de dieciséis
años. Para la fecha de los primeros hechos estaba vigente
la Ley de Menores de 1955 y para el segundo incidente,
había entrado en vigor la Ley de Menores de 1986.
Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia
renunció a su jurisdicción en ambos casos y los refirió a
la sala de lo criminal para procesamiento. El menor
impugnó la renuncia de jurisdicción en ambos casos.
Planteada así la controversia, resolvimos que el foro
primario no podía renunciar a su jurisdicción en el primer
caso toda vez que la Ley de Menores de 1955, “no permitía
la renuncia de jurisdicción en relación con menores de
quince (15) años de edad.” (Énfasis nuestro.) Pueblo en
interés F.R.F., ante, pág. 180. Ese problema no se
planteaba en el segundo caso ya que la Ley de Menores de
1986 permitía “la renuncia de jurisdicción por una falta
tipo II, cometida por un menor entre las edades de catorce
4 Debe quedar claro, sin embargo, que si Suárez Alers hubiese sido mayor de catorce (14) años cuando ocurrieron los hechos que se le imputaron, nada impedía que la Sala de Asuntos de Menores asumiera jurisdicción y luego de la vista correspondiente, determinarían si procedía o no renunciar a su jurisdicción. CC-2005-152 16
(14) a dieciséis (16).” 133 D.P.R., pág. 182. Véase
además, Pueblo v. Andujar, ante.
Resolvemos por lo tanto, que fue errónea la
determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior, Asuntos de Menores de renunciar a su jurisdicción
ya que la Ley de Menores de 1986 no autoriza la renuncia en
casos de menores de catorce (14) años. Dicha determinación
está viciada de nulidad.
Es de notar también, que un menor de trece (13) años
no puede ser procesado por el sistema de justicia criminal
toda vez que el Art. 29 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec.
3151,5 dispone que la minoridad es una de las causas de
inimputabilidad. La prohibición del Código Penal es
absoluta pues prohíbe tanto el procesamiento como la
convicción.
La minoridad como causa de inimputablidad se asienta
sobre la teoría que las personas menores de cierta edad no
han adquirido plena madurez mental como tampoco un
desarrollo biológico pleno, lo que les impide tener la
capacidad suficiente para comprender la criminalidad de sus
actos o de conformar éstos al mandato de la ley. Véase, D.
Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Parte general,
Instituto para Desarrollo del Derecho, San Juan, 2005, 5ta
ed., sec. 7.3, págs. 290-293; F. Muñoz Conde, M. García
5 El Art. 29 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3151, dispone lo siguiente:
“Una persona no será procesada o convicta criminalmente por un hecho realizado cuando dicha persona no hubiere cumplido 18 años de edad, salvo los casos provistos en la legislación especial para menores.” CC-2005-152 17
Arán, Derecho Penal, Parte general, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2000, 4ta ed., págs. 414-418; E. Aponte Villalba,
Criterios de Evaluación para determinar la Procesabilidad e
Imputabilidad en el Sistema de Justicia Juvenil de Puerto
Rico, Centro Caribeño de Estudios Postgraduados, 1993.
Una lectura integrada del texto del Art. 29 del Código
Penal y lo dispuesto en los Arts. 4, 5 y 15 de la Ley de
Menores obligan a la conclusión que Suárez Alers no puede
ser procesado como adulto toda vez que a la fecha de los
hechos que se le imputan éste contaba con sólo trece (13)
años de edad y la Ley de Menores no autorizaba la renuncia
de jurisdicción en estos casos.
III
A la luz de lo discutido anteriormente resolvemos que
el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, Asuntos de
Menores, erró al renunciar a la jurisdicción del aquí
peticionario y referir el caso a la Sala de lo Criminal del
Tribunal Superior para trámites ulteriores. La actuación
de dicho foro está viciada de nulidad.
Se revoca por lo tanto la sentencia dictada por el
Tribunal de Apelaciones y se ordena el archivo del pliego
acusatorio instado y el sobreseimiento de la causa instada
contra Suárez Alers.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v.
Wilfredo Suárez Alers CC-2005-152
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión que antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la presente, revocamos la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, se ordena el archivo del pliego acusatorio instado y el sobreseimiento de la causa instada contra Suárez Alers.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López disiente con opinión escrita a la que se le une el Juez Asociado señor Rivera Pérez.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
vs. CC-2005-152 CERTIORARI
Wilfredo Suárez Alers
OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO REBOLLO LÓPEZ A LA CUAL SE UNE EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA PÉREZ
Nos vemos imposibilitados de endosar
con nuestro voto la Opinión que una mayoría
de los integrantes del Tribunal emite en el
día de hoy en el presente caso. Dicha
Opinión mayoritaria está predicada en unas
premisas fácticas, una de las cuales no se
sabe si es correcta; situación que, bajo
ninguna circunstancia, debe servir de base
a la emisión de una Opinión por este
Tribunal.
Nuestras decisiones no solo deben
estar sostenidas por fundamentos jurídicos
correctos en derecho sino que deben estar
apoyadas en hechos sólidos e
incuestionables. No siendo ello así en CC-2005-152 2
el presente caso, nos vemos en la obligación de disentir.
Veamos.
Una somera lectura de la Opinión mayoritaria emitida
es todo lo que se necesita para darse uno cuenta del hecho
de que el resultado al que se llega en la misma --de
ordenar el archivo de la causa criminal que pende contra
el peticionario Suárez Alers ante la Sala Superior de
Aguadilla del Tribunal de Primera Instancia-- está basado
en las siguientes premisas jurídicas y fácticas:
a) que la Sala Superior de Asuntos de Menores del
Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción
exclusiva sobre menores de menos de catorce (14)
años de edad que incurren en conducta considerada
como “faltas”;
b) que, únicamente, el mencionado foro judicial puede
renunciar su jurisdicción sobre menores, que
incurren en “faltas”, que estén entre las edades
de catorce (14) a dieciocho (18) años;
c) que, en virtud de lo anteriormente expresado, y en
vista del hecho que el peticionario Suárez Alers
cuando alegadamente cometió la falta de “actos
lascivos o impúdicos, tenía la edad de trece (13)
años, la renuncia de jurisdicción que en el
presente caso se llevara a cabo, por parte del CC-2005-152 3
Tribunal Superior de Asuntos de Menores, “…está
viciada de nulidad”; y
d) que ni el Tribunal Superior de Asuntos de Menores
ni la Sala Superior del Tribunal de Primera
Instancia pueden procesar al peticionario Suárez
Alers; el primero por razón de que ya éste cumplió
la edad de veintiún (21) años, y el segundo porque
cuando alegadamente se cometieron los hechos,
Suárez Alers era un menor de trece (13) años de
edad.
En vista de todo lo anteriormente expresado, se
concluye en la Opinión mayoritaria, repetimos, que lo
procedente en derecho es que se decrete el archivo y
sobreseimiento de la causa criminal que pende ante el
tribunal de instancia contra Suárez Alers. Dicho de otra
manera, por decreto de la Mayoría, Suárez Alers nunca
podrá ser sometido a juicio por los actos, alegadamente,
cometidos por él, el 25 de julio de 1994.
La decisión mayoritaria emitida, de primera
intención, da la impresión de ser una correcta y
procedente en derecho. De hecho, el lector debe estar, en
estos momentos, cuestionando el “porqué” de nuestro
proceder.
Un examen, un poco más minucioso, del expediente del
caso brinda la respuesta a la mencionada interrogante. CC-2005-152 4
Dicho examen causa una enorme incertidumbre sobre un hecho
clave sobre el cual se ancla el razonamiento mayoritario,
a saber: ¿cuál era la verdadera edad que tenía el
peticionario Suárez Alers al momento en que, alegadamente,
incurrió en la falta de actos lascivos o impúdicos, esto
es, el 25 de julio de 1994?
El Tribunal concluye que éste, a esa fecha, tenía la
edad de trece (13) años. A esos efectos da por buena y
correcta --y le brinda su bendición-- a una “estipulación”
que surge de la “minuta” que recoge los procedimientos
acaecidos en una vista celebrada el día 20 de agosto de
2004 ante la Sala Superior de Aguadilla del Tribunal de
Primera Instancia.6
Aquellos que hemos tenido, por decirlo así, la dicha
de practicar intensamente la profesión a nivel de
instancia, tanto en el campo civil como en el de lo
criminal, estamos conscientes y sabemos que no es
necesariamente correcto todo lo que se dice o aparece en
una “minuta”. Ello en vista del hecho que la “minuta” la
prepara la secretaria de sala, quien, ser humano al fin,
en ocasiones comete errores. Es cierto que dicha “minuta”
es, posteriormente, refrendada con su firma por el juez
que ese día presidió los procedimientos. Esa firma, sin
embargo, se lleva a efecto semanas, o meses, más tarde,
6 En dicha “minuta” se expresa, en lo pertinente, que: “Estipulan las partes que no hay controversia en que el acusado tenía 13 años en la fecha de los alegados hechos.” CC-2005-152 5
pudiendo ese juez haber olvidado lo verdaderamente
ocurrido ese día.
Somos los primeros en aceptar que el anterior
argumento puede ser considerado como uno especulativo, que
no debe servir de base para derrotar el razonamiento
mayoritario. Pero, es que hay más.
Asumiendo, a los fines de la argumentación, que lo
expresado en la “minuta” efectivamente fue objeto de
estipulación por el representante del ministerio público y
por el abogado defensor, de un examen minucioso del
expediente del caso surgen dos (2) documentos que causan
enorme duda sobre la corrección del contenido de la antes
mencionada estipulación, duda que nos impide, sin más,
refrendar la misma desde este estrado apelativo. En primer
lugar, de la “querella” que se radicara contra Suárez
Alers ante la Sala Superior de Menores de Aguadilla del
Tribunal de Primera Instancia surge que éste nació el día
22 de octubre de 1978. De ser ello cierto, y habiendo
alegadamente ocurrido los hechos que se le imputan el 25
de julio de 1994, éste contaba a la referida fecha, con la
edad aproximada de quince (15) años y nueve (9) meses.
Pero, hay más. El examen del expediente revela la
existencia de una resolución --la cual no fue objeto de
revisión-- de fecha 19 de marzo de 2004, emitida por la
Sala Superior de Menores del Tribunal de Primera Instancia
--resolución mediante la cual dicho foro judicial renunció
a la jurisdicción sobre Suárez Alers-- en la cual se CC-2005-152 6
expresa que éste, a la fecha de la alegada comisión de los
hechos, contaba con la edad de quince (15) años; hecho en
que, precisamente, basó dicho foro judicial su decisión de
renunciar a la jurisdicción sobre el peticionario Suárez
Alers.
Debe mantenerse presente que, conforme hemos
reiteradamente resuelto, se presume la corrección y
regularidad de los procedimientos y decisiones que llevan
a cabo y emiten los tribunales de instancia. Villanueva v.
Hernández Class, 128 D.P.R. 618 (1991); Pueblo v. Prieto
Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974); Pueblo v. Reyes Morales,
93 D.P.R. 607 (1966).7 Si a ello le añadimos que Suárez
Alers consintió a dicha determinación, al no revisar la
misma, realmente resulta inexplicable que la Mayoría del
Tribunal ignore totalmente esta resolución y lo que ella
conlleva.
Por otro lado, debe señalarse que, según preceptúa la
Regla 16 de las Reglas de Evidencia, las “presunciones son
aquellas establecidas por ley o por decisiones judiciales
. . .” (énfasis suplido), y que, conforme establece la
Regla 15 de las mencionadas Reglas de Evidencia, en “una
7 En Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 714- 715 (1991), resolvimos que un tribunal, bajo la Regla 11(A)(2) de las Reglas de Evidencia puede tomar conocimiento judicial de procedimientos celebrados y de sentencias o resoluciones dictadas en cualquier causa seguida ante el mismo tribunal o en cualquier otro tribunal dentro de la misma jurisdicción, por tratarse de hechos cuya comprobación o determinación puede efectuarse de forma exacta e inmediata con un mero examen del expediente judicial. CC-2005-152 7
acción criminal, cuando la presunción perjudica al
acusado, su efecto es imponer a éste la obligación de
presentar evidencia para rebatir o refutar el hecho
presumido . . .” (énfasis suplido). Que sepamos, esto no
ha sucedido en el presente caso.
En vista de que en la Opinión mayoritaria se alude al
hecho --como prueba, alegadamente, concluyente de que el
peticionario Suárez Alers contaba con la edad de trece
años a la fecha de la alegada comisión de los hechos-- que
tanto el ministerio fiscal como el Procurador General
están contestes en que Suárez Alers efectivamente contaba
con esa edad en ese momento, procede que nos preguntemos
si este Tribunal debe, en el uso de su discreción, tomar
como buena dicha estipulación o actuación e impartirle,
sin más, nuestra aprobación a la misma en posible
perjuicio de los derechos de nuestra ciudadanía.
La contestación, obviamente, tiene que ser en la
negativa. No podemos aceptar que una estipulación --que
puede ser errónea-- nos obligue o nos “ate las manos”. Una
estipulación, no hay duda, obliga a las partes que la
hicieron pero, nunca, puede obligar a un tribunal de
justicia a cometer una injusticia y/o a decidir un caso de
manera errónea. Que sepamos, este Tribunal nunca ha
abdicado su poder, y obligación, de resolver los casos
conforme a derecho. CC-2005-152 8
Por otro lado, debe mantenerse presente que, si bien
nuestra Constitución y leyes le garantizan unos derechos a
las personas que son acusadas de la alegada comisión de
delitos públicos, los tribunales de justicia no deben, ni
pueden, olvidar que la ciudadanía --y, en especial, las
víctimas de esos delitos públicos-- también tienen
derechos. En específico, la sociedad puertorriqueña tiene
el derecho a que los que delinquen sean juzgados,
convictos y sentenciados a las penas que establece nuestro
ordenamiento jurídico. Rodríguez Del Valle v. Corcelles
Ortiz, 135 D.P.R. 834 (1994); Pueblo v. Valentín, 135
D.P.R. 245, 258 (1994).
El lenguaje, en este aspecto, utilizado por la
Mayoría parece indicar que ésta entiende, y “piensa”, que
los funcionarios del Departamento de Justicia de Puerto
Rico --como lo son los representantes del ministerio
público y el Procurador General-- están exentos, o
inmunes, de cometer errores y que este Tribunal viene en
la obligación de avalar todas sus actuaciones, sean las
mismas correctas o no. Nada más erróneo y absurdo.
Nuestra función es un poco más seria y delicada.
Nuestra función es la de velar porque se haga justicia, a
todos. Si queremos lograr ese fin, tenemos que ser
cuidadosos, minuciosos, estudiosos y juiciosos. No podemos
darnos el lujo de ser superficiales ya que la
irresponsabilidad no tiene cabida en este Tribunal. Si ese CC-2005-152 9
norte no es compartido por todos los integrantes de este
Tribunal, Puerto Rico está en serios y graves problemas.
IV
A la luz de todo lo anteriormente expresado, ¿resulta
correcto --o, cuando menos, juicioso-- que este Tribunal
ordene el archivo y sobreseimiento de la causa criminal
que pende contra Suárez Alers a base de una alegada
estipulación de hechos que surge de una “minuta” sin,
realmente, conocerse cuál es la verdadera situación sobre
la edad de esta persona a la fecha de la alegada comisión
de los hechos?
Contestamos en la negativa. Somos del criterio que la
actuación correcta, prudente y procedente --dados los
hechos particulares del mismo-- es la de devolver el caso
al tribunal de instancia para que éste dilucide, en una
vista, este hecho; sobre todo cuando consideramos que un
simple certificado de nacimiento podría resolver este
asunto en forma definitiva.
Debe mantenerse presente que, si a la fecha de la
alegada comisión de los hechos el peticionario Suárez
Alers era, en efecto, mayor de catorce (14) años de edad,
la renuncia de jurisdicción que llevara a efecto la Sala
Superior de Asuntos de Menores es una válida en derecho.
Si ello es así, la Sala Superior de lo Criminal de
Aguadilla del Tribunal de Primera Instancia tendría CC-2005-152 10
jurisdicción para juzgar, como adulto, al peticionario
Suárez Alers por el delito de actos lascivos o impúdicos.
Ante esta realidad, la Mayoría del Tribunal,
inexplicablemente, se niega a ordenar que se lleven a cabo
las providencias necesarias para esclarecer este hecho
fundamental en el caso, lo cual es de fácil solución.
Es por ello que disentimos.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ Juez Asociado