EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2016 TSPR 19
Harry A. Ezratty Samo 194 DPR ____ Richard F. Keeler Vázquez Luz C. Cruz Vázquez
Número del Caso: TS-3528 TS-4261 TS-4491
Fecha: 8 de enero de 2016
Programa de Educación Jurídica Continua
Hon. Geisa Marrero Martínez Directora Ejecutiva
Materia: Conducta Profesional –
TS-3528 La suspensión será efectiva el 11 de enero de 2016, fecha en que se le notificó por correo al abogado de su suspensión inmediata
TS-4261 La suspensión será efectiva el 4 de febrero de 2016, fecha en que se le notificó por correo al abogado de su suspensión inmediata
TS-4491 La suspensión será efectiva el 13 de enero de 2016, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata
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Harry A. Ezratty Samo TS-3528 Richard F. Keeler Vázquez TS-4261 Conducta Luz C. Cruz Vázquez TS-4491 Profesional
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de enero de 2016.
Los casos que reseñamos a continuación versan
sobre el incumplimiento de ciertos letrados con las
exigencias del Programa de Educación Jurídica
Continua (PEJC o Programa). La inacción y el desdén
de los abogados que sancionamos hoy, además de
representar un desafío a la autoridad de este
Tribunal, revelan su falta de compromiso para con
los postulados éticos que aspiran alcanzar la
excelencia en la profesión legal. Lo anterior, nos
obliga a separarlos de la abogacía de forma
inmediata e indefinida. TS-3528; TS-4261; TS-4491 2
I
A. In re: Harry A. Ezratty Samo, TS-3528
El Lcdo. Harry A. Ezratty Samo (licenciado Ezratty)
fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de junio
de 1970.1 Por no atender los requerimientos del PEJC, su
Directora Ejecutiva, la Hon. Geisa M. Marrero Martínez
(Directora), en representación de la Junta de la referida
entidad, presentó un Informe sobre Incumplimiento con
Requisito de Educación Jurídica Continua el 10 de octubre
de 2014, mediante el cual detalló las faltas
reglamentarias del abogado en los periodos comprendidos
entre los años 2007 al 2013.2 Evaluado dicho documento,
el 31 de octubre de 2014 le concedimos al letrado un
término de veinte (20) días para que mostrara causa por
la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la
1 A pesar de este haber ejercido la notaría en nuestra jurisdicción desde que prestara juramento el 22 de julio de 1970, es pertinente señalar que el letrado cesó sus funciones notariales el 3 de febrero de 2006. 2 Según se desprende de los documentos que constan en autos, del primer periodo (1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2009), el Lcdo. Harry A. Ezratty Samo (licenciado Ezratty) tiene una insuficiencia de 4.00 créditos de ética. Del segundo periodo (1 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2011), le restan 9.00 créditos y del tercer periodo (1 de agosto de 2011 al 31 de julio de 2013) 24.00 créditos. Tampoco ha satisfecho el pago de la cuota por cumplimiento tardío correspondiente al primer y tercer periodo, respectivamente. El 5 de diciembre de 2011 el PEJC recibió un giro de $50.00 como pago de la susodicha cuota que fue adjudicado al segundo periodo incumplido. De uno de los anejos de la Moción en Cumplimiento de Resolución, presentada el 23 de enero de 2015 por la Directora Ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC), Hon. Geisa M. Marrero Martínez (Directora), surge que el abogado tampoco ha completado los requisitos correspondientes a un cuarto periodo (1 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2015). El licenciado Ezratty se ausentó de la vista informal calendarizada para del 23 de septiembre de 2011. Sin embargo, el 5 de octubre de ese mismo año presentó una comunicación solicitando tiempo adicional para subsanar su incumplimiento con las disposiciones reglamentarias del PEJC. Luego de que la entidad le concediera múltiples oportunidades para cumplir, el 13 de agosto de 2014 la Junta del PEJC aceptó la recomendación de su Directora de referir el historial de incumplimiento del letrado a nuestra consideración. TS-3528; TS-4261; TS-4491 3
abogacía por incumplir con los requisitos de educación
jurídica continua y por no comparecer ante el PEJC.
El 21 de noviembre de 2014 el abogado presentó un
escrito mediante el cual informó que estaba residiendo en
el estado de Maryland y que interesaba que le
acreditáramos cursos ofrecidos por organizaciones
aprobadas en esa jurisdicción, ya que debido a su edad y
situación económica, le resultaba oneroso trasladarse a
Puerto Rico para participar de cursos presenciales. Tras
evaluar dicho documento, así como la reacción de la
Directora del PEJC, el 13 de febrero de 2015 emitimos una
Resolución confiriéndole noventa (90) días para tomar los
cursos y, a su vez, treinta (30) días para sufragar la
cuota por cumplimiento tardío de los periodos 2007-2009 y
2011-2013.
Como resultado de su incumplimiento, el 24 de junio
de 2015 le concedimos un término final e improrrogable de
sesenta (60) días para que acatara lo provisto en la
Resolución anterior. Finalmente, le apercibimos que el
incumplimiento conllevaría su suspensión inmediata e
indefinida del ejercicio de la abogacía. Cabe destacar
que, a la fecha de hoy, el licenciado Ezratty no ha
respondido o acatado nuestras órdenes.
B. In re: Richard F. Keeler Vázquez, TS-4261
El Lcdo. Richard F. Keeler Vázquez (licenciado
Keeler) fue admitido a la práctica legal el 26 de junio TS-3528; TS-4261; TS-4491 4
de 1973. Cesó sus funciones notariales el 13 de enero
de 1998.3
El 1 de octubre de 2015 la Directora del PEJC
compareció ante este Tribunal, para presentar el Informe
sobre Incumplimiento con Requisito de Educación Jurídica
Continua del abogado.4 Las faltas señaladas en el
documento comprenden los periodos del 2007 al 2009 y del
2012 al 2014.5
En vista de lo anterior, el 30 de octubre de 2015
emitimos una Resolución concediéndole al letrado un
la cual no debía ser suspendido de la abogacía por
incumplir con los requisitos de educación jurídica
continua y por no comparecer ante el PEJC cuando le fue
requerido. El envío de dicha Resolución, notificada a la
dirección postal que consta en el Registro Único de
Abogados (RUA), fue devuelto el 10 de noviembre de 2015.6
3 Este fue admitido al notariado el 13 de julio de 1973. A pesar de haber cesado sus funciones notariales el 14 de junio de 1984, este Tribunal autorizó su readmisión a dicha práctica el 7 de septiembre de 1993. 4 En consideración a la incomparecencia del Lcdo. Richard F. Keeler Vázquez a la vista informal citada para el 9 de noviembre de 2011 y a su reiterado incumplimiento con las exigencias reglamentarias de educación jurídica continua, la Junta del PEJC encomendó a su Directora presentar el caso ante este Foro. 5 Respecto al periodo del 2010 al 2011, el 17 de julio de 2012 el PEJC emitió un certificado de exoneración de cumplimiento, luego de que el Colegio de Abogados de Puerto Rico certificara su estatus como inactivo. También, es importante señalar que el abogado pagó la sanción económica por cumplimiento tardío para el periodo de 2007 a 2009. 6 En el sello que adhirió el Servicio Postal de los Estados Unidos consta una nota que reza: “RETURN TO THE SENDER, ATTEMPTED- NOT KNOWN, UNABLE TO FOWARD”. Es pertinente señalar que en el Registro Único de Abogados (RUA) no consta otra dirección que no sea el apartado postal al cual se le notificó TS-3528; TS-4261; TS-4491 5
Hasta el presente, el licenciado Keeler no ha
comparecido.
C. In re: Luz C. Cruz Vázquez, TS-4491
La Lcda. Luz. C. Cruz Vázquez (licenciada Cruz),7
tampoco cumplió con las disposiciones reglamentarias del
PEJC, durante los periodos comprendidos entre el 2007 y
el 2013.8 En el correspondiente Informe presentado el
7 de mayo de 2015, la Directora de dicha entidad plasmó
cada una de las gestiones efectuadas por su oficina a fin
de promover el cumplimiento de la abogada con la
reglamentación aplicable. En vista del reiterado
incumplimiento y falta de comparecencia a las audiencias
que fueran señaladas, el PEJC refirió el asunto a nuestra
consideración. A tenor con lo anterior, el 21 de julio
de 2015 emitimos una Resolución, mediante la cual, además
de tomar conocimiento respecto a la conducta de la
licenciada Cruz, le conferimos 20 días para que mostrara
causa por la cual no debía ser separada de la práctica de
la abogacía por incumplir con las horas crédito de
educación jurídica continua y por no comparecer ante el
la Resolución concernida. La última vez que el letrado actualizó su dirección fue en el año 2009. 7 La Lcda. Luz C. Cruz Vázquez (licenciada Cruz) fue admitida a la práctica de la abogacía el 5 de junio de 1974. Prestó juramento al ejercicio del notariado el 13 de agosto de 1974, pero cesó dichas funciones el 12 de agosto de 1980. 8 Los referidos periodos en incumplimiento comprenden del 1 de junio de 2007 al 31 de mayo de 2009, del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2011 y del 1 de junio de 2011 al 31 de mayo de 2013. La licenciada Cruz, además, no efectuó el pagó de la cuota por cumplimiento tardío correspondiente a los años señalados. Al igual que los casos anteriores, el suyo nos fue referido tras haber incumplido con las exigencias de educación jurídica continua y tras ausentarse a dos (2) audiencias celebradas el 10 de junio de 2011 y el 26 de febrero de 2014, respectivamente. TS-3528; TS-4261; TS-4491 6
PEJC.9 Al presente, la letrada no ha respondido a
nuestro requerimiento.
II
A. Alto Grado de Excelencia y Competencia Profesional
El Canon 2 del Código de Ética Profesional impone a
toda la comunidad legal el deber de alcanzar un alto
grado de excelencia y competencia profesional, mediante
su participación en programas educativos y académicos que
propendan al mejoramiento de sus conocimientos, así como
de sus destrezas en el campo del Derecho.10 4 LPRA Ap.
IX, C. 2 (2012) (Canon 2). Véanse, además, In re Cepero
Rivera, et al., 2015 TSPR 119, 193 DPR ___ (2015); In re
Torres Estrada, 2015 TSPR 76, 193 DPR ___ (2015). A tono
con lo anterior, aprobamos, tanto el Reglamento de
Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII-D, R. 1 et
seq. (2012), como el Reglamento del Programa de Educación
Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII-E, R. 1 et seq.
9 La Resolución concernida fue remitida a la dirección seleccionada para recibir notificaciones que aparece registrada en el RUA. Debido a que el envío de dicha Resolución fuera devuelto por el Servicio Postal de los Estados Unidos, el 15 de septiembre de 2015 la Secretaría de este Tribunal notificó la Resolución a la dirección postal personal que figura en el RUA. No surge de los documentos que constan en autos que el segundo envío de la Resolución fuese devuelto. 10 El Canon 2 del Código de Ética Profesional dispone que: A fin de viabilizar el objetivo de representación legal adecuada para toda persona, el abogado también debe realizar esfuerzos para lograr y mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de mejoramiento profesional[…]. 4 LPRA Ap. IX, C.2 (2012). TS-3528; TS-4261; TS-4491 7
(2012).11 De esta manera, delegamos en la Junta de la
referida entidad la facultad de administrar y velar por
el cumplimiento de la clase togada con los requisitos
reglamentarios de educación jurídica continua.
En esencia, todo abogado admitido a este Foro, salvo
contadas excepciones, está obligado a satisfacer las
exigencias de educación jurídica continua.12 4 LPRA Ap.
XVII-D, R. 2 (2012); 4 LPRA Ap. XVII-E, R. 4 (2012). No
obstante, en varias ocasiones nos hemos visto precisados
a sancionar a ciertos letrados que no completan las 24
horas crédito de educación jurídica continua y que,
además, hacen caso omiso a los requerimientos del
Programa.13 In re López González, et al., 2015 TSPR 107,
193 DPR ___ (2015).
La indiferencia de los abogados ante los
requerimientos del PEJC, implica una carga a los recursos
administrativos y económicos de ese programa. In re
Cepero Rivera, et al., supra. A su vez, demuestra una
falta de compromiso que está directamente reñida con los
11 Es relevante mencionar que ambos textos reglamentarios fueron enmendados recientemente, mediante la Resolución ER-2015-03, el 15 de junio de 2015, 2015 TSPR 77, 193 DPR ___ (2015). 12 La disposición reglamentaria aplicable a los hechos exigía a todos los abogados activos y admitidos a la práctica en esta jurisdicción, tomar un mínimo de veinticuatro (24) horas créditos de educación jurídica continua cada dos años. 4 LPRA Ap. XVII-D, R. 6(a) (2012); 4 LPRA Ap. XVII-E, R. 28 (2012). Asimismo, la versión anterior de la Regla 28 del Reglamento del PEJC, requería que todo profesional del Derecho presentara ante la Junta del mismo organismo, un informe acreditando dichas horas no más tarde de treinta (30) días siguientes a la terminación del periodo de cumplimiento. 4 LPRA Ap. XVII-E, R. 28 (2012). 13 Para detalles sobre el trámite administrativo del PEJC que surge a partir del incumplimiento de un abogado con las horas crédito de educación jurídica continua, véanse las Reglas 28-32, 4 LPRA Ap. XVII-E, R. 28-32 (2012), de la versión anterior del Reglamento de la entidad en cuestión. TS-3528; TS-4261; TS-4491 8
deberes de excelencia y competencia que exige el Canon 2.
Íd.
B. Conducta del Abogado ante los Tribunales y ante la Junta del PEJC
El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX, C. 9 (2012) (Canon 9), dispone el estándar de
conducta profesional de los abogados ante los tribunales.
Así pues, corresponde a todos los letrados proceder ante
la autoridad judicial con el máximo respeto. Canon 9.
“La naturaleza de la función del abogado requiere de éste
una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes que
emiten los tribunales”. In re Dávila Toro, 179 DPR 833,
840 (2010). “De este precepto emana la ineludible
obligación de los miembros de la profesión legal de
responder oportunamente a los requerimientos de este
Tribunal”. In re Burgos González, 2015 TSPR 65, 192 DPR
___ (2015), a la pág. 6. Este deber de obediencia
adquiere mayor preminencia cuando se trata de las órdenes
de este Foro, particularmente durante el trámite de los
asuntos disciplinarios. In re Torres Martínez, 2015 TSPR
64, 192 DPR ___ (2015).
Cuando un miembro de la profesión desatiende nuestras
órdenes e ignora nuestros apercibimientos, denota un
claro menosprecio hacia la autoridad de esta Curia que
acarrea la suspensión inmediata e indefinida de la
abogacía. In re Burgos González, supra; In re Torres
Martínez, supra. Idéntica consecuencia supone el TS-3528; TS-4261; TS-4491 9
incumplir con los requerimientos de entidades a las
cuales le hemos delegado alguna función en la tarea de
regular el ejercicio de la profesión, como lo son la
Oficina de la Procuradora General, la Oficina de
Inspección de Notarías y la Junta del PEJC. In re Bello
Rivera, 2015 TSPR 44, 192 DPR ___ (2015); In re Ponce
Ponce, 190 DPR 504 (2014).
C. Actualización de la Información
A tenor con la Regla 9(j) de nuestro Reglamento toda
persona admitida a la práctica de la abogacía en nuestra
jurisdicción viene obligado, en lo pertinente, a mantener
actualizada en la base de datos del RUA la dirección
postal y física de su oficina, de su residencia, así como
la dirección seleccionada para recibir las
notificaciones. 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 9 (2012) (Regla
9(j)). Véanse, además, In re Bello Rivera, supra; In re
Hernández Velázquez, 2015 TSPR 72, 192 DPR ___ (2015).
Lo anterior garantiza que podamos ejercer eficazmente
nuestra facultad de velar porque la clase togada cumpla
con sus obligaciones ético-profesionales. In re Guzmán
Ortiz, 2015 TSPR 106, 193 DPR ___ (2015). “La omisión de
un abogado de mantener al día su dirección obstaculiza el
ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y hemos
resuelto que ello es suficiente para decretar su
separación indefinida de la profesión.” In re Torres
Martínez, supra, a la pág. 6. Véanse, además, In re
López González, et al., supra; In re Guzmán Ortiz, supra; TS-3528; TS-4261; TS-4491 10
In re Hernández Vázquez, supra; In re Bello Rivera,
supra.
III
De los Informes sometidos por la Directora del PEJC
se desprende que a los licenciados Ezratty, Keeler y Cruz
se le notificó su incumplimiento, se les dio oportunidad
de ser oídos mediante la celebración de una vista
informal y se les concedió amplia oportunidad para
cumplir con las horas crédito requeridas de educación
jurídica continua. No obstante, optaron por incumplir
con las exigencias reglamentarias en cuestión y por
desatender, tanto los requerimientos del Programa como
las órdenes de este Tribunal.
Como bien expresara la Directora del PEJC en cada uno
de sus escritos, la conducta pasiva de estos letrados,
además de representar un costo a los recursos del
Programa, incide en el compromiso de éstos de mantener la
excelencia de la profesión, según lo exige el Canon 2 del
Código de Ética Profesional. Asimismo, el proceder de
cada uno de los abogados ante nuestra consideración,
atenta contra nuestra autoridad y obstaculiza nuestra
facultad disciplinaria.
El licenciado Ezratty incumplió con los requisitos
reglamentarios de educación jurídica continua para los
periodos comprendidos entre los años 2007 al 2013. TS-3528; TS-4261; TS-4491 11
Asimismo, desacató los requerimientos del PEJC e hizo
caso omiso a nuestras órdenes.
En cuanto al licenciado Keeler, además de no cumplir
con las horas créditos de educación jurídica continua
para los periodos del 2007-2009 y del 2012-2014, ignoró
nuestras órdenes, así como los requerimientos del PEJC.
Tampoco actualizó su dirección postal y física en la base
de datos del RUA, conforme lo exige la Regla 9(j) del
Reglamento de este Tribunal.
La licenciada Cruz también incumplió los requisitos
de educación jurídica continua para los periodos
comprendidos entre los años 2007 y 2013. No respondió a
nuestras órdenes ni a los requerimientos del PEJC. Por
último, no cumplió con su deber de mantener actualizada
su dirección postal para recibir las notificaciones en la
base de datos del RUA, conforme lo prescribe la Regla
9(j) del Reglamento de este Tribunal.
IV
Por las razones antes expuestas, decretamos la
suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la
abogacía del Lcdo. Harry A. Ezratty Samo, del
Lcdo. Richard F. Keeler Vázquez y de la Lcda. Luz C. Cruz
Vázquez. Como consecuencia, le ordenamos a cada uno de
los letrados notificar a todos sus clientes, si alguno,
de su inhabilidad para continuar representándolos, TS-3528; TS-4261; TS-4491 12
devolverles tanto los expedientes de los casos pendientes
como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos e
informar oportunamente de su suspensión a los distintos
foros judiciales y administrativos en los que tengan
algún asunto pendiente. Además, deberán acreditar a este
Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del
término de treinta (30) días, a partir de la notificación
de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Notifíquese al Lcdo. Harry A. Ezratty Samo, quien no
reside actualmente en Puerto Rico, por correo certificado
con acuse de recibo; y a los licenciados Richard F.
Keeler Vázquez y Luz C. Cruz Vázquez por correo regular,
así como personalmente por el Alguacil de este Tribunal,
a su última dirección conocida.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Harry A. Ezratty Samo TS-3528 Richard F. Keeler Vázquez TS-4261 Conducta Luz C. Cruz Vázquez TS-4491 Profesional
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 8 de enero de 2016.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, decretamos la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía del Lcdo. Harry A. Ezratty Samo, del Lcdo. Richard F. Keeler Vázquez y de la Lcda. Luz C. Cruz Vázquez, a partir de su notificación.
Como consecuencia, le ordenamos a cada uno de los letrados notificar a todos sus clientes, si alguno, de su inhabilidad para continuar representándolos, devolverles tanto los expedientes de los casos pendientes como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos en los que tengan algún asunto pendiente. Además, deberán acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta (30) días, a partir de la notificación de la Opinión Per Curiam que antecede y de esta Sentencia.
Notifíquese al Lcdo. Harry A. Ezratty Samo, quien no reside actualmente en Puerto Rico, por correo certificado con acuse de recibo. Notifíquese, además, al Lcdo. Richard F. Keeler Vázquez y a la Lcda. Luz C. Cruz Vázquez por correo regular, así como TS-3528; TS-4261; TS-4491 3
personalmente por el Alguacil de este Tribunal a su última dirección conocida.
Así lo pronunció y ordena el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo