Opinión emitida por el
Juez Asociado Señor Torres Rigual(
a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Dávila, Mar-tín y Negrón García.
[418]*418Este caso plantea importantes cuestiones relacionadas con la norma de responsabilidad aplicable a un periódico por la publicación de información errónea de carácter difama-torio.
El 26 de agosto de 1974 los periódicos El Mundo y el San Juan Star publicaron la noticia de que Pepito Torres Arroyo, hijo del Director de la Orquesta Siboney, Pepito Torres Silva, fue arrestado y acusado en tres casos de violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y de perversión de menores. (1) La información fue suministrada a estos rotativos por la co-recurrida United Press International, Inc., en virtud de un contrato de suministro de noticias. Ambos rectificaron pron-tamente la información haciendo constar que la persona arrestada — José Torres Arroyo — no era hijo del Director de la Orquesta Siboney, Pepito Torres Silva.
Torres Silva es un conocido Director de Orquesta ya reti-rado. Fundó y dirigió la Orquesta Siboney por más de 20 años, retirándose como su Director en el 1971, aunque oca-sionalmente acompaña actividades de esta orquesta cuando las mismas se celebran cerca de su residencia en la Playa de Vega Baja. Grabó discos para varias casas y amenizó por [419]*419espacio de quince años el “Show Libby’s” que se transmitía por radio y televisión; también amenizó bailes y actividades sociales. Torres Silva y su Orquesta Siboney han sido men-cionados en periódicos, revistas, programas sociales y de tele-visión. Fue entrevistado en uno de los programas del “Show de Tommy” por el productor de televisión Tommy Muñiz. Nunca ha ocupado cargos públicos ni ha participado directa o indirectamente en asuntos públicos o de interés general para la comunidad.
El tribunal de instancia dictó sentencia sumaria desesti-mando la demanda incoada por Torres Silva contra los men-cionados rotativos y contra United Press International, Inc., al considerar que de acuerdo con los hechos esbozados no había posibilidad alguna de que el recurrente demostrara la existencia de malicia real. Concluyó el tribunal que Torres Silva se había convertido en figura pública por sus activi-dades como Director de la Orquesta Siboney y, en consecuen-cia, le era aplicable la norma de responsabilidad que limita la reclamación de daños a la reputación causados por la pu-blicación de información difamatoria a los casos en que se demuestre que la publicación fue hecha a sabiendas de que la misma era falsa o en grave menosprecio de si era falsa o no. Fundó su fallo en New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967) y Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973).
Torres Silva sostiene en su recurso de revisión que el tribunal de instancia incidió al considerarlo figura pública y, como consecuencia de ello, condicionar su reclamación a la existencia de malicia real.
El estudio que hemos hecho de la cuestión nos convence que, si bien fue errónea la conclusión del tribunal de instan-cia catalogando al recurrente Torres Silva como figura pública y aplicarle una norma restringida de responsabilidad, debemos, sin embargo, confirmar la sentencia recurrida por los fundamentos que discutiremos más adelante. Procederé-[420]*420mos a analizar la doctrina constitucional imperante para luego aplicarla a los hechos específicos de este caso.
I
NORMA DE RESPONSABILIDAD APLICABLE
La formulación y aplicación a casos específicos de una norma de responsabilidad que satisfaga el interés social pro-tegido por la libertad de prensa de promover la discusión franca y vigorosa de los asuntos públicos y el interés en la protección del ciudadano contra la publicación de informa-ción difamatoria falsa, ha sido fuente de controversia dentro y fuera de la esfera judicial. Véanse al efecto New York Times v. Sullivan, supra; Curtis Publishing Co. v. Butts, supra; Rosenbloom v. Metromedia, 403 U.S. 29 (1970); Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974); Time, Inc. v. Firestone, 424 U.S. 448 (1976); Robertson, David W.: Defamation and the First Amendment, 54 Texas L. Rev. 199 (1976); Anderson, David A.: A Response to Professor Robertson: The Issue is Control of Press Power, 54 Texas L. Rev. 271 (1976); Note: An Analysis of the Distinction Between Public Figures and Private Defamation Plaintiffs Applied to Relatives of Public Persons, 49 So. Cal. L. Rev. 1131; Comentario: Sowing the Seeds of Gertz, 43 Brooklyn L. Rev. 123 (1976); Eaton, Joel D.: The American Law of Defamation Through Gertz v. Robert Welch, Inc., and Beyond, 61 Va. L. Rev. 1349 (1975); Keeton, Robert: Some Implications of the Constitutional Privilege to Defame, 25 Vand. L. Rev. 59 (1972); Kalven, Harry: The New York Times Case: A Note on “The Central Meaning of the First Amendment,” The Supreme Court Rev. 191 (1964); The Supreme Court Term, 88 Harv. L. Rev. 139 (1974-75). Véanse además, Cortés Portalatin v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734 (1975) y Chico v. Editorial Ponce, Inc., supra.
[421]*421New York Times v. Sullivan, supra, marca un nuevo hito en el fortalecimiento de la garantía constitucional de la libertad de prensa al determinar que la publicación de un informe falso o comentarios injustificados relacionados con la conducta oficial de un funcionario público están inmunes de reclamaciones por libelo y gozan de un privilegio restringido, a menos que la información fuera publicada a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o no. Será necesario de ahí en adelante que el funcionario público demuestre la existencia de malicia real como requisito indispensable, para ser indemnizado por daños a su reputación. Id. a las págs. 279-280. La nueva doctrina asegura el espacio vital para el mantenimiento de un clima saludable, de puertas abiertas, en la discusión franca y vigorosa de la conducta y de las ejecutorias de los funcionarios públicos.
Se intentó extender esta doctrina a las acciones de libelo ejercitadas por una persona privada por la publicación difamatoria falsa relacionada con su participación en un asunto de interés público o general. Rosenbloom v. Metro-media, supra. La naturaleza del asunto independientemente de la condición de la persona difamada como determinante para la aplicación de la doctrina vino a constituir un serio obstáculo a las acciones de daños por libelo, en menoscabo del interés individual en la protección de la reputación. Reconociendo esta dificultad y la tensión que inevitablemente produce la afirmación de un interés social sobre otro, en Gertz v. Robert Welch, Inc., supra, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos elaboró una fórmula de conciliación de ambos intereses, el de la libertad de prensa y el de la reputación de la persona.
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Opinión emitida por el
Juez Asociado Señor Torres Rigual(
a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Dávila, Mar-tín y Negrón García.
[418]*418Este caso plantea importantes cuestiones relacionadas con la norma de responsabilidad aplicable a un periódico por la publicación de información errónea de carácter difama-torio.
El 26 de agosto de 1974 los periódicos El Mundo y el San Juan Star publicaron la noticia de que Pepito Torres Arroyo, hijo del Director de la Orquesta Siboney, Pepito Torres Silva, fue arrestado y acusado en tres casos de violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y de perversión de menores. (1) La información fue suministrada a estos rotativos por la co-recurrida United Press International, Inc., en virtud de un contrato de suministro de noticias. Ambos rectificaron pron-tamente la información haciendo constar que la persona arrestada — José Torres Arroyo — no era hijo del Director de la Orquesta Siboney, Pepito Torres Silva.
Torres Silva es un conocido Director de Orquesta ya reti-rado. Fundó y dirigió la Orquesta Siboney por más de 20 años, retirándose como su Director en el 1971, aunque oca-sionalmente acompaña actividades de esta orquesta cuando las mismas se celebran cerca de su residencia en la Playa de Vega Baja. Grabó discos para varias casas y amenizó por [419]*419espacio de quince años el “Show Libby’s” que se transmitía por radio y televisión; también amenizó bailes y actividades sociales. Torres Silva y su Orquesta Siboney han sido men-cionados en periódicos, revistas, programas sociales y de tele-visión. Fue entrevistado en uno de los programas del “Show de Tommy” por el productor de televisión Tommy Muñiz. Nunca ha ocupado cargos públicos ni ha participado directa o indirectamente en asuntos públicos o de interés general para la comunidad.
El tribunal de instancia dictó sentencia sumaria desesti-mando la demanda incoada por Torres Silva contra los men-cionados rotativos y contra United Press International, Inc., al considerar que de acuerdo con los hechos esbozados no había posibilidad alguna de que el recurrente demostrara la existencia de malicia real. Concluyó el tribunal que Torres Silva se había convertido en figura pública por sus activi-dades como Director de la Orquesta Siboney y, en consecuen-cia, le era aplicable la norma de responsabilidad que limita la reclamación de daños a la reputación causados por la pu-blicación de información difamatoria a los casos en que se demuestre que la publicación fue hecha a sabiendas de que la misma era falsa o en grave menosprecio de si era falsa o no. Fundó su fallo en New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967) y Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973).
Torres Silva sostiene en su recurso de revisión que el tribunal de instancia incidió al considerarlo figura pública y, como consecuencia de ello, condicionar su reclamación a la existencia de malicia real.
El estudio que hemos hecho de la cuestión nos convence que, si bien fue errónea la conclusión del tribunal de instan-cia catalogando al recurrente Torres Silva como figura pública y aplicarle una norma restringida de responsabilidad, debemos, sin embargo, confirmar la sentencia recurrida por los fundamentos que discutiremos más adelante. Procederé-[420]*420mos a analizar la doctrina constitucional imperante para luego aplicarla a los hechos específicos de este caso.
I
NORMA DE RESPONSABILIDAD APLICABLE
La formulación y aplicación a casos específicos de una norma de responsabilidad que satisfaga el interés social pro-tegido por la libertad de prensa de promover la discusión franca y vigorosa de los asuntos públicos y el interés en la protección del ciudadano contra la publicación de informa-ción difamatoria falsa, ha sido fuente de controversia dentro y fuera de la esfera judicial. Véanse al efecto New York Times v. Sullivan, supra; Curtis Publishing Co. v. Butts, supra; Rosenbloom v. Metromedia, 403 U.S. 29 (1970); Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974); Time, Inc. v. Firestone, 424 U.S. 448 (1976); Robertson, David W.: Defamation and the First Amendment, 54 Texas L. Rev. 199 (1976); Anderson, David A.: A Response to Professor Robertson: The Issue is Control of Press Power, 54 Texas L. Rev. 271 (1976); Note: An Analysis of the Distinction Between Public Figures and Private Defamation Plaintiffs Applied to Relatives of Public Persons, 49 So. Cal. L. Rev. 1131; Comentario: Sowing the Seeds of Gertz, 43 Brooklyn L. Rev. 123 (1976); Eaton, Joel D.: The American Law of Defamation Through Gertz v. Robert Welch, Inc., and Beyond, 61 Va. L. Rev. 1349 (1975); Keeton, Robert: Some Implications of the Constitutional Privilege to Defame, 25 Vand. L. Rev. 59 (1972); Kalven, Harry: The New York Times Case: A Note on “The Central Meaning of the First Amendment,” The Supreme Court Rev. 191 (1964); The Supreme Court Term, 88 Harv. L. Rev. 139 (1974-75). Véanse además, Cortés Portalatin v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734 (1975) y Chico v. Editorial Ponce, Inc., supra.
[421]*421New York Times v. Sullivan, supra, marca un nuevo hito en el fortalecimiento de la garantía constitucional de la libertad de prensa al determinar que la publicación de un informe falso o comentarios injustificados relacionados con la conducta oficial de un funcionario público están inmunes de reclamaciones por libelo y gozan de un privilegio restringido, a menos que la información fuera publicada a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o no. Será necesario de ahí en adelante que el funcionario público demuestre la existencia de malicia real como requisito indispensable, para ser indemnizado por daños a su reputación. Id. a las págs. 279-280. La nueva doctrina asegura el espacio vital para el mantenimiento de un clima saludable, de puertas abiertas, en la discusión franca y vigorosa de la conducta y de las ejecutorias de los funcionarios públicos.
Se intentó extender esta doctrina a las acciones de libelo ejercitadas por una persona privada por la publicación difamatoria falsa relacionada con su participación en un asunto de interés público o general. Rosenbloom v. Metro-media, supra. La naturaleza del asunto independientemente de la condición de la persona difamada como determinante para la aplicación de la doctrina vino a constituir un serio obstáculo a las acciones de daños por libelo, en menoscabo del interés individual en la protección de la reputación. Reconociendo esta dificultad y la tensión que inevitablemente produce la afirmación de un interés social sobre otro, en Gertz v. Robert Welch, Inc., supra, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos elaboró una fórmula de conciliación de ambos intereses, el de la libertad de prensa y el de la reputación de la persona. Se ubica el ámbito de uno y otro interés en la naturaleza del “status” de la persona injuriada. Si la persona injuriada es un funcionario público o una figura pública la norma de responsabilidad aplicable será la restrictiva, de New York Times v. Sullivan, supra. Pero si la persona in-[422]*422juriada no es figura pública, sino privada, las leyes esta-duales podrán establecer una norma de responsabilidad menos exigente siempre que no sea la de responsabilidad sin falta, Gertz v. Robert Welch, supra, a la pág. 347. Tam-poco podrá presumirse daños a menos que se pruebe malicia real. Id. a la pág. 349.
El fundamento racional de la dicotomía figura pública-privada consiste en que la figura pública, por lo general, goza de un acceso mayor a los medios de comunicación para re-futar la publicación difamatoria y contrarrestar su efecto. Además, se asume que la figura pública se ha expuesto volun-tariamente al riesgo de un juicio más riguroso por el público. Pero tal asunción no se justifica en el caso de las figuras pri-vadas que no se han lanzado a la palestra pública y cuyo in-terés en la reputación personal no ha sido menguado por ninguna actuación voluntaria de su parte. La reparación del daño en estos casos es más digna de ser atendida y más justi-ficado el interés del estado en proteger su reputación. Gertz v. Robert Welch, supra.
La jurisprudencia señala los rasgos más peculiares de la figura pública, a saber: 1) especial prominencia en los asuntos de la sociedad, 2) capacidad para ejercer influencia y persuasión en la discusión de asuntos de interés público y 3) participación activa en la discusión de controversias públicas específicas con el propósito de inclinar la balanza en la resolución de las cuestiones envueltas. Time, Inc. v. Firestone, supra a la pág. 443; Gertz v. Robert Welch, Inc., supra a las págs. 342, 345 y 351; Curtis Publishing Co. v. Butts, supra a las págs. 145-164.
Gertz define la figura pública en los siguientes términos:
“En su mayor parte aquellos que alcanzan este status han asumido roles de especial prominencia en los asuntos de la socie-dad. Algunos ocupan posiciones de tal poder e influencias que se consideran figura pública para todo propósito. Mas comúnmente, aquellos clasificados como figura pública se han lanzado a la palestra de una controversia pública en particular para influir [423]*423en-, las soluciones de las cuestiones envueltas.” Gertz, a la pág. 345.
Esta definición se ratificó en Time, Inc. v. Firestone, a la pág. 453.
Hemos visto como progresivamente el régimen de responsabilidad civil establecido en la Ley de Libelo y Calumnia, 32 L.P.R.A. see. 3141 et seq., ha sido modificado por estas doctrinas constitucionales que proscriben la presunción de malicia, la responsabilidad sin falta y la presunción de daños.
W H-4
STATUS DEL RECURRENTE
¿Puede afirmarse que el recurrente Torres Silva es una figura pública conforme los criterios que hemos reseñado? Torres Silva es un Director de Orquesta conocido y, sin duda, respetado y admirado en el mundo de la farándula. Más aún, su nombre puede ser familiar en algunos sectores de la comu-nidad, pero no tiene, sin embargo, tal notoriedad y promi-nencia en la vida puertorriqueña, en los asuntos de nuestra sociedad, que lo convierta en una figura pública. Tampoco se ha lanzado a la palestra pública en una controversia sobre el problema de las drogas que es el asunto al que se refiere la información difamatoria que dio motivo a este pleito.
La conclusión del tribunal de instancia considerán-dolo figura pública es, a la luz de lo anterior, equivocada pero ello no es suficiente para la revocación de la sentencia recu-rrida, a menos que concluyéramos que los recurridos incurrie-ron en negligencia al publicar la información a que se re-fiere este caso. Ello es así porque al no proceder la imposición de responsabilidad sin falta, Gertz v. Welch, supra, ésta sólo puede prosperar sobre la base de negligencia que es la norma formulada por el Código Civil en el Art. 1802, 31 L.P.R.A. see. 5141, para las acciones de reclamación de daños. La ac-ción de libelo es una acción de resarcimiento de daños dirigida a vindicar el interés social en la reputación de la persona, [424]*424razón por la cual encaja perfectamente en la norma de res-ponsabilidad estatuida en el Art. 1802. Antes de la formula-ción de la nueva doctrina ya habíamos aplicado a una acción de libelo la norma de responsabilidad establecida en el Art. 1802 en otras circunstancias. Véase Romany v. El Mundo, Inc., 89 D.P.R. 604 (1963). Su aplicación a todas las acciones de libelo ejercitadas por personas privadas está en armonía con los nuevos desarrollos doctrinales.
Procede ahora que formulemos los criterios que configu-ran la determinación de negligencia en este caso para resolver si, en efecto, el recurrente adujo prueba para sustanciar su causa de acción.
III
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NEGLIGENCIA
El tribunal de instancia determinó como hechos incontro-vertidos que la información sobre el arresto de Pepito Torres Arroyo fue suministrada a los periódicos El Mundo y The San Juan Star por United Press International. El Sr. Eyter Piñón, reportero de United Press en el área de Mayagüez cubrió la información visitando la estación de policías donde fue informado por el Teniente Luis Nieves que la persona arrestada era hijo del conocido Director de Orquesta Pepito Torres. El Teniente Nieves ha sido a través de los años una fuente confiable de noticias para el reportero Piñón. Varios policías corroboraron la información del Teniente Nieves con respecto a los lazos de parentesco existentes entre el arrestado y el recurrente Torres Silva. Piñón envió la noticia por telex a la oficina de United Press International, siendo recibida por la Srta. Sherryll Brownstein, quien le dio curso como parte de su deber de mantener al público informado de noti-cias de interés general, sin que con ello mediara malicia al-guna hacia el recurrente Torres Silva. Piñón no conocía al recurrente ni tenía motivo alguno para dudar de la asevera-ción del Teniente Nieves y de los otros policías. La Srta. [425]*425Brownstein tampoco conocía a Torres Silva y consideraba a Piñón uno de los reporteros más competentes de la empresa.
Surge, además, de la sentencia recurrida, que alrededor de cinco años antes de publicada esta noticia Torres Silva obtuvo información de que una persona de nombre José Torres Arroyo alegaba que era hijo suyo y por tal motivo visitó el periódico El Mundo donde fue entrevistado por la reportera Isabelita Cintrón. Su visita ocasionó que se publi-cara el 26 de septiembre de 1969 un artículo titulado “Director Orquesta Demandará Músico por Falsa Representa-ción.” (2)
La formulación de los criterios para la determinación de negligencia en este contexto debe propiciar la armonización de los intereses en conflicto. A esos fines consideramos de utilidad los siguientes factores que deberán ser tomados en consideración:
1) La naturaleza de la información publicada, la impor-tancia del asunto que trata y especialmente si ésta es difama-toria de su propia faz y puede preverse el riesgo de daños.
2) Origen de la información y confiabilidad de su fuente.
3) Razonabilidad del cotejo de la veracidad de la infor-mación tomando en consideración el costo en términos de dinero, tiempo, personal, urgencia de la publicación, carácter de la noticia y cualquier otro factor pertinente.
La información publicada en este caso quizá pueda ser considerada molestosa y desconcertante para el recurrente Torres Silva pero no es difamatoria de su propia faz. Nótese que la información no le imputaba a Torres Silva la comisión del delito informado en la noticia sino a Torres Arroyo, quien [426]*426no es parte en el pleito. No puede considerarse difamatoria la información errónea de que éste era hijo de aquél. Uno de los valores más preciados en nuestra sociedad es que a las personas se les juzga por hechos propios y no por asociación de parentesco o de otra índole con otras personas. Pero, aun si el grado de parentesco se considerara difamatorio, el riesgo de daños sería mínimo en este caso porque según las alega-ciones de Torres Silva él no tiene hijos varones, lo que es de conocimiento de sus familiares, vecinos, amigos y de las per-sonas cuyo juicio usualmente nos preocupa. Las molestias ocasionadas a Torres Silva ciertamente fueron remediadas por la pronta rectificación del error por los periódicos recu-rridos.
Es de notar que la información se refiere a un asunto de interés general como es el tráfico de drogas y los esfuerzos de la sociedad en combatirlos y no a un asunto de limitado interés.
La información se recibió de un servicio confiable de su-ministro de noticias como lo es United Press International. Esta lo obtuvo a su vez de un oficial de la policía que en la experiencia del reportero Piñón era una fuente confiable, siendo, además, corroborada por otros policías. Los recurri-dos podían razonablemente descansar en la veracidad de la información suministrada por United Press International.
Imponerles a los periódicos en estas circunstancias la verificación de la información recibida constituiría una norma de autocensura en conflicto con la garantía constitucional de la libertad de prensa. Time, Inc. v. Hill, 385 U.S. 374 (1967). La verificación de noticias es un proceso costoso en dinero, tiempo y personal que sólo debe exigirse cuando de la propia faz de la información surgen dudas de su veracidad o cuando la información pueda ser fácilmente comprobada debido a circunstancias especiales. Robertson, op. cit., a la pág. 261; Defamation Law After Gertz, 69 Nw.U.L.Rev. [427]*427960 (1975), cf. Washington Post Co. v. Keogh, 365 F.2d 965 (1966).
Ya vimos que la información publicada en este caso no era difamatoria ni de su propia faz surgen dudas de su veracidad.
El recurrente tampoco ha aducido prueba de que los perió-dicos recurridos mantengan un archivo clasificado de per-sonas privadas en el cual pudieran fácilmente constatar la veracidad de la información. Es, por demás, muy poco probable que ellos mantengan este tipo de archivo ya que los periódicos no llevan archivo de personas privadas. Robertson, op. cit, 262, nota 387.
Las anteriores consideraciones nos convencen que los hechos concluidos por el tribunal de instancia son insuficientes para determinar que los recurridos actuaron negligentemente al publicar la información a que se refiere este pleito.
IY
En resumen, para que prospere una acción de libelo es necesario que la persona difamada alegue y pruebe que: a) la información difamatoria es falsa, b) en el caso de funcionarios o figuras públicas, que se publicó a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o no, c) en el caso de la persona privada, que la publicación se hizo negligentemente y d) que se causaron daños reales.
Establecemos así un balance razonable entre el interés social encarnado en la libertad de prensa y el interés individual en la reputación protegido por la Ley de Libelo y Calumnia, supra, y reconocemos la importancia relativa de cada uno de ellos en nuestro ordenamiento constitucional.
En orden a los anteriores fundamentos se dictará senten-cia confirmando la aquí recurrida.
El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió; el Juez Asociado Señor Rigau no intervino; el Juez Asociado Señor [428]*428Torres Rigual emitió opinión a la cual se unen los Jueces Aso-ciados Señores Dávila, Martín y Negrón García; el Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió voto concurrente al cual se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.
—O—
(*)NOTA DEL COMPILADOR: Esta opinión no fue certificada como opinión del Tribunal Supremo.