EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José L. Otero Mercado, et al
Peticionario Certiorari v. 2005 TSPR 8 Toyota de Puerto Rico Corp, et al 163 DPR ____ Recurrido
Número del Caso: CC-2003-567
Fecha: 3 de febrero de 2005
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional III de Arecibo/Utuado
Juez Ponente:
Hon. Jorge L. Escribano Medina
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Andrés L. Córdova
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. David Rodríguez Encarnación
Materia: Mercancía Defectuosa; Incumplimiento de Garantía
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. CC-2003-567 2
Peticionario
v.
Toyota de Puerto Rico Corp, et CC-2003-567 al
Recurrido
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2005.
Mediante el recurso presentado ante nos, los
peticionarios solicitan de este Tribunal, la
revisión de la Sentencia emitida por el Tribunal
de Apelaciones el 20 de mayo de 2003, mediante la
cual se revocó una decisión del Departamento de
Asuntos del Consumidor que declaró nulo un
contrato de compraventa de un vehículo de motor
otorgado por las partes en el caso de epígrafe,
por alegado vicio en el consentimiento, por dolo
y práctica engañosa. CC-2003-567 3
I
El 25 de agosto de 2001, el señor José L. Otero
Mercado adquirió de SHVP Motors Corp., haciendo negocios
como Triangle Toyota El Comandante, en adelante
Triangle Toyota, mediante compraventa, un vehículo de motor
marca Toyota, modelo Camry, del año 2001, nuevo, color
blanco, tablilla ELX-165, con un millaje de ochocientas
cuarenta (840) millas, por el convenido precio de veinte
mil ($20,000.00) dólares.1 El peticionario entregó un
pronto pago de cuatro mil ($4,000.00) dólares, y luego de
añadir los cargos por seguro, financiamiento y otras
partidas, quedó una deuda a ser pagada de diecinueve mil
diecisiete ($19,017.00) dólares. El vehículo fue financiado
a través de Toyota Financial Services2. Se comprometió a
satisfacer la obligación en setenta y dos (72) plazos
mensuales de trescientos ochenta y dos dólares con treinta
y un centavos ($382.31) cada uno. Mientras el señor Otero
Mercado se encontraba en las gestiones de compra del
vehículo, se percató de que una de las puertas del mismo no
cerraba bien, se lo informó a la vendedora y ésta
alegadamente le indicó que eso no era problema, que el
1 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 17 y 20. 2 En la querella, esta entidad aparece con el nombre de Toyota Credit de P.R. Corp., pero en todo el proceso posterior a la querella, comparece como Toyota Financial Services. CC-2003-567 4
vehículo sería llevado al taller.3 Durante el proceso de
compra, se completaron y firmaron varios documentos. El
señor Otero Mercado firmó la solicitud de crédito, la cual
en su encasillado número dos (2) indica los datos
descriptivos del vehículo objeto de la controversia de
marras. Como parte de esta información, en el espacio donde
aparece el millaje, aparece indicada la palabra “DEMO”,
abreviatura que hace referencia a que el vehículo fue
utilizado como demostración. Sin embargo, otros dos
documentos firmados por el señor Otero, titulados “Contrato
de Venta al por Menor a Plazos” y “Orden de Compra”,
señalan que el vehículo obtenido por el peticionario es
nuevo y el millaje indicado es de ochocientas cuarenta
(840) millas recorridas. Tras suscribir el mencionado
contrato y una vez terminado el proceso de compra y
financiamiento, el señor Otero se llevó el vehículo de las
facilidades del “dealer”.
El 10 de septiembre de 2001, el peticionario acudió al
“dealer” y adujo, según el técnico automotriz señor Luis
Iván Rodríguez Ayala, que una de las puertas del vehículo
no cerraba bien, que había un descuadre en el bonete y en
el tapa lodo.4 El señor Rodríguez Ayala, empleado de Toyota
3 Transcripción de la vista en su fondo, Apéndice del recurso de certiorari, pág. 286. 4 Véase copia de reclamación a Triangle Toyota, con fecha de 10 de septiembre de 2001, Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 2; Transcripción de la vista en su fondo, supra, pág. 351. CC-2003-567 5
de Puerto Rico, Corp., inspeccionó el vehículo y concluyó
que los defectos que alegaba el señor Otero eran
“comercialmente aceptables” y que “no los veía como
defectos”.5
El 5 de diciembre de 2001, el peticionario llevó el
vehículo a ser inspeccionado por el señor Guillermo
Cabrera, hojalatero de 30 años de experiencia, al taller
“Cabrera Auto Collision”, localizado en la Avenida Estación
número 218 en el pueblo de Isabela. Tras inspeccionar el
vehículo en controversia, el señor Cabrera hizo las
siguientes observaciones:
a)que el frente estaba descuadrado completo, b)que el panel de fusible estaba fuera de sitio, c)la puerta LH no cierra perfectamente, porque el panel de instrumento[s] se lo impide al ser impactado no quedó correctamente ensamblado, d) el cristal trasero está fuera de sitio.6 (Énfasis suplido)
El 11 de diciembre de 2001, sin haber realizado ningún
pago mensual de la deuda contraída, el señor Otero Mercado
radicó en el Departamento de Asuntos del consumidor, en
adelante D.A.C.O., una querella en contra de Triangle
Toyota, Toyota Financial Services y Toyota de P.R. Corp., y
alegó que el vehículo en controversia, presentaba los
siguientes problemas:
5 Íd. 6 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 135. CC-2003-567 6
1)Puerta delantera izquierda, al cerrar la misma, choca con el panel de instrucciones (dash); 2)El guarda lodo izquierdo no es 7 simétrico con el guarda lodo derecho.
Solicitó que se le sustituyera el automóvil o, en la
alternativa, se resolviera el contrato, se le devolviera la
cantidad pagada como pronto pago, y se le concedieran
daños.8
El 12 de diciembre de 2001, el foro administrativo
llevó a cabo una inspección del vehículo, la cual estuvo a
cargo del señor Edgar Cotto González, técnico automotriz de
la Unidad de Investigaciones de dicha agencia. Estuvieron
presentes en la inspección, el querellante, señor Otero
Mercado, el técnico automotriz de Toyota de Puerto Rico
Corp., señor Luis Iván Rodríguez Ayala, y el técnico
automotriz de Triangle Toyota, señor Michael López. El
informe de inspección establece que el auto tiene los
siguientes defectos:
1)El bonete descuadrado; 2)La puerta delantera del lado del chofer descuadrada; 3)El cristal trasero aparenta tener pequeño descuadre.9
Además, surge del informe que para esa fecha, el vehículo
tenía un millaje de tres mil sesenta y ocho (3,068) millas
recorridas.
7 Íd., pág. 21. 8 Íd., pág. 1. CC-2003-567 7
Luego de celebrada una vista de adjudicación, el
D.A.C.O. emitió una Resolución con fecha de 7 de mayo de
2002. Determinó la anulación del contrato de compraventa
celebrado entre el señor José Otero Mercado, Triangle
Toyota y Toyota Financial Services por vicio en el
consentimiento, por dolo y práctica engañosa de parte de la
co-querellada, Triangle Toyota10.
La agencia determinó que Toyota Financial Services,
antes Toyota Credit de P.R. Corp., no le debía ningún
dinero al señor Otero, ya que él no había realizado pago
alguno a la deuda contraída con dicha entidad. A la co-
querellada Triangle Toyota, se le ordenó la devolución de
los cuatro mil (4,000) dólares recibidos como pronto pago.
En cuanto a Toyota de Puerto Rico Corp., distribuidora del
vehículo, D.A.C.O. desestimó la reclamación en su contra,
por entender que esta entidad “no incurrió en
responsabilidad alguna en la transacción de compraventa
celebrada entre Otero Mercado y Triangle”11. Nada se dispuso
respecto a la concesión de daños reclamada por el
querellante, ya que no se presentó prueba de daño alguno.
Como parte de sus determinaciones de hechos, la
agencia administrativa concluyó lo siguiente:
Los hallazgos del técnico automotriz del DACO, coinciden con las 9 Íd., pág. 129. 10 Íd., págs. 26-27. 11 Íd., pág. 26. CC-2003-567 8
observaciones de la inspección del vehículo objeto de la querella, realizada el 5 de diciembre de 2001, por el señor Guillermo Cabrera, h/n/c Cabrera Auto Collision.
No se sometió prueba de que el vehículo del señor Otero Mercado hubiera sido impactado y luego reparado después de la transacción de compraventa.
No se sometió prueba de que el automóvil objeto de la querella estuviera envuelto en algún accidente de tránsito y/o que apareciera envuelto en alguna reclamación al Seguro Obligatorio, o de cualquier otra compañía aseguradora.
Durante la transacción de compraventa no se explicó al señor Otero Mercado, que el vehículo por él adquirido había sido usado como demostración. Tampoco se le informó, que el precio del vehículo se estableció tomando en consideración que el mismo había sido utilizado como demostración.
No se le informó al señor Otero Mercado, ni verbal ni por escrito, que el vehículo objeto de la querella fue impactado y luego reparado.12 (Énfasis suplido)
Utilizando como fundamento la ausencia de prueba de
alguna reclamación al Seguro de Responsabilidad Obligatorio
para Vehículos de Motor13 o a otra aseguradora, de algún
accidente de tránsito que inmiscuyera al vehículo vendido
al señor Otero Mercado, el D.A.C.O. determinó que tenía que
12 Íd., pág. 22. 13 Ley número 253 de 27 de diciembre de 1995. 26 L.P.R.A. secs. 8051-8061. CC-2003-567 9
“concluir que dicho vehículo vendido como nuevo, había sido
impactado y reparado antes de la compraventa”14. Partiendo
de la premisa de que Triangle Toyota conocía los
desperfectos del vehículo, de que éste había sido impactado
y luego reparado y de que en todo momento esta entidad
ocultó al señor Otero dicha información, D.A.C.O. concluyó
que Triangle Toyota incurrió en dolo, actuación que vició
de nulidad el contrato de compraventa. Además señaló, que
esta entidad incurrió en práctica engañosa, según definida
en el Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos del
Departamento de Asuntos del Consumidor15 y violó las
disposiciones del Reglamento de Garantía de Vehículos de
Motor16 de dicha agencia.
Inconforme, Triangle Toyota presentó ante la agencia,
el 28 de mayo de 2002, una moción de reconsideración
solicitando la desestimación de la querella. La agencia
acogió la solicitud el 3 de junio de 2002 y determinó que
la resolvería posteriormente. Pasado el término de noventa
(90) días dispuesto por la sección 3.15 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, en adelante
14 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 23. 15 Reglas 5 y 7 del Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos, Núm. 6772, Departamento de Asuntos del Consumidor, 20 de febrero de 2004. 16 Artículo 22.1 del Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Núm.4797, Departamento de asuntos del Consumidor, 30 de septiembre de 1992. CC-2003-567 10
L.P.A.U.,17 sin que el D.A.C.O. actuara en cumplimiento de
dicho término, Triangle Toyota presentó ante el Tribunal de
Apelaciones recurso de revisión administrativa.
Al recurrir al Tribunal de Apelaciones, Triangle
Toyota alegó que la agencia en cuestión actuó
incorrectamente al no basar sus determinaciones de hechos
en la evidencia sustancial que obra en el expediente
administrativo. Arguyó que la agencia no apoyó o sostuvo la
resolución del contrato de compraventa por alegados vicios
y defectos ocultos18 en el principio de evidencia
sustancial. Arguyó además, que la agencia erró al admitir
como evidencia prueba de referencia que no estuvo
disponible para ser sometida a contrainterrogatorio y que
erróneamente, permitió que la querella se enmendara durante
la vista administrativa a pesar de las debidas y oportunas
objeciones de la parte querellada. Adujo que la agencia
administrativa erró al declarar nulos los contratos de
compraventa y venta al por menor a plazos por vicio en el
consentimiento, provocado por la alegada conducta dolosa y
práctica engañosa de Triangle Toyota.19
El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de revisión
solicitado y emitió sentencia el 20 de mayo de 2003, en la
cual señaló que los errores planteados por la allí
17 Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988; 3 L.P.R.A. sec. 2165. 18 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 400. CC-2003-567 11
recurrente, fueron cometidos y revocó la determinación
recurrida del caso de autos. El foro intermedio apelativo
entendió que de la evidencia que surge del expediente no
quedó establecido que la querellada, Triangle Toyota,
hubiese incurrido en conducta dolosa ni engañosa al
contratar con el querellante. Respecto a la alegación de
Triangle Toyota, sobre la indebida enmienda a la querella
permitida por la agencia administrativa, el Tribunal de
Apelaciones entendió que dicho foro actuó en contravención
a la normativa aplicable a las enmiendas para conformar las
alegaciones con la prueba. Por tanto, el foro intermedio
apelativo le dio entero crédito a la opinión del técnico
automotriz de Triangle Toyota, el señor Luis Iván Rodríguez
Ayala, en cuanto a que el vehículo era comercialmente
aceptable y que los problemas que enfrentaba no eran
propiamente defectos. La parte querellante, allí recurrida,
le solicitó al foro intermedio apelativo la reconsideración
de dicha Sentencia, la cual fue declarada “sin lugar” el 16
de junio de 2003, archivada y notificada a las partes el 19
de junio de 2003.
Inconformes, el señor Otero Mercado, su esposa y la
Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, acuden
ante nos mediante el presente recurso de Certiorari.
Señalaron como errores cometidos por el foro intermedio
apelativo los siguientes:
19 Íd. CC-2003-567 12
PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al revocar la Resolución de DACO, sustituyendo la apreciación de la prueba que realizara la agencia administrativa por la suya propia, descartando la debida deferencia frente a las determinaciones de hecho de la agencia administrativa, concluyendo a partir de dicha apreciación la inexistencia de una conducta dolosa por parte de Triangle Toyota y de la inexistencia del derecho de Otero Mercado a la acción concurrente de saneamiento por vicios ocultos.
SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al revocar la Resolución de DACO, a partir de la exclusión de la evidencia [de] un informe preparado por el Sr. Guillermo Cabrera h/n/c Cabrera Auto Collision, por alegadamente constituir prueba de referencia, cuando el mismo es corroborativo de la prueba pericial presentada por DACO, modificando así la evidencia sustancial que conforma el expediente administrativo.
TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al aplicar mecánicamente la Regla 13.2 de las Reglas de Procedimiento Civil al procedimiento administrativo, al declarar que hubieron [sic] enmiendas a las alegaciones de la querella sobre las oportunas objeciones de Triangle Toyota, cuando de la evidencia sustancial del expediente administrativo se desprende que no hubieron [sic] tales enmiendas.
II
La sección 4.5 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme establece el alcance de la revisión
judicial de una decisión administrativa. Se circunscribe a
lo siguiente: CC-2003-567 13
El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el peticionario tiene derecho a un remedio.
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo.
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal.20
Reiteradamente hemos resuelto que las decisiones de los
organismos administrativos merecen la mayor deferencia
judicial. Esta deferencia se debe a que son ellas las que
cuentan con el conocimiento experto y con la experiencia
especializada de los asuntos que les son encomendados.21 Al
momento de revisar una decisión administrativa el criterio
rector para los tribunales será la razonabilidad en la
actuación de la agencia.22 Utilizando un criterio de
razonabilidad y deferencia, los tribunales no deben
intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un
organismo administrativo, “si las mismas están sostenidas
por evidencia sustancial que surja del expediente
20 3 L.P.R.A. 2175. 21 Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar,Inc., 161 D.P.R.____ (2004), 2004 J.T.S. 4; Pacheco Torres v. Estancias de Yauco, 160 D.P.R.___(2003), 2003 J.T.S.150; González Santiago v. Fondo del Seguro del Estado, 118 D.P.R. 11 (1986). 22 Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar,Inc. supra. CC-2003-567 14
administrativo considerado en su totalidad”23. Como hemos
definido en diversas ocasiones, evidencia sustancial es
“aquella evidencia relevante que una mente razonable podría
aceptar como adecuada para sostener una conclusión”24.
Debido a que las determinaciones del foro
administrativo tienen que basarse en evidencia sustancial,
la parte que las impugne tiene que convencer al tribunal de
que la evidencia en la cual se apoyó la agencia para
formular tales determinaciones no es sustancial.25
Debe demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración. 26
Si la parte afectada, en la solicitud de revisión, no
demuestra la existencia de esa otra prueba que sostiene que
la actuación de la agencia no está basada en evidencia
sustancial o que reduzca el valor de la evidencia impugnada,
el tribunal respetará las determinaciones de hechos y no
23 Pacheco Torres v. Estancias de Yauco, supra; Domínguez Talavera v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 397 (1999); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995); Facultad para las Ciencias Sociales Aplicadas, Inc. v. Consejo de Educación Superior, 133 D.P.R. 521, 532 (1993). 24 Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131. 25 Misión Ind. P.R. v. J.P., supra. 26 Íd; Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc., supra. CC-2003-567 15
deberá sustituir el criterio de la agencia por el suyo.27
Las determinaciones de hechos de organismos y agencias
“tienen a su favor una presunción de regularidad y
corrección que debe ser respetada mientras la parte que las
impugne no produzca evidencia suficiente para
derrotarlas”28.
Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme29, pueden ser
revisadas en todos sus aspectos. Sin embargo, esta revisión
total no implica que los tribunales revisores tienen la
libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e
interpretaciones de la agencia.
El tribunal revisor hará una evaluación a la luz de la
totalidad del expediente.
Confrontado con un resultado distinto del obtenido por la agencia, el tribunal debe determinar si la divergencia responde a un ejercicio razonable de la discreción administrativa fundamentado, por ejemplo, en una pericia particular, en consideraciones de política pública o en la apreciación de la prueba que tuvo ante su consideración. El tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo cuando no pueda hallar una
27 Íd; Ramírez v. Departamento de Salud, 147 D.P.R. 901 (1999). Domínguez Talavera v. Caguas Expressway Motors, Inc, supra. 28 Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987); Facultad para las Ciencias Sociales Aplicadas, Inc. v. Consejo de Educación Superior, supra, pág. 532 (1993). 29 Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra. CC-2003-567 16
base racional para explicar la decisión administrativa.30
Podemos decir que la deferencia reconocida a la
decisión de una agencia administrativa, cede en las
siguientes circunstancias: (1) cuando no está basada en
evidencia sustancial, (2) cuando el organismo administrativo
ha errado en la aplicación de la ley, 31 y (3) cuando ha
mediado una actuación irrazonable o ilegal.32 Si el tribunal
no se encuentra ante alguna de estas situaciones, aunque
exista más de una interpretación razonable de los hechos,
debe sostener la que seleccionó la agencia encargada. “La
cuestión es si la determinación de la agencia es razonable y
no si la agencia logró la determinación correcta del hecho o
los hechos.”33
En el primer error planteado ante nos, el peticionario
alega que el Tribunal de Apelaciones erró al sustituir la
apreciación que hizo el Oficial Examinador del D.A.C.O. de
la prueba testifical y documental del expediente en su
totalidad, por la suya.34 Tras hacer una apreciación de toda
la prueba presentada ante el foro administrativo y su propio
30 Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 134. 31 Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar,Inc. supra.; Reyes Salcedo v. Policía de Puerto Rico, 143 D.P.R. 85 (1997). 32 T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70 (1999). 33 Demetrio Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Bogotá, Colombia, 2da. Ed.,2001, pág. 543. 34 Recurso de Certiorari, pág. 12. CC-2003-567 17
examen de los hechos, determinó que no hubo dolo alguno de
parte de la recurrida. Después de hacer mención del derecho
aplicable al dolo contractual, el foro intermedio apelativo
entendió que el querellante no presentó prueba lo
suficientemente sólida como para sostener dicha
contención.35 De igual modo, respecto a los vicios ocultos36,
después de discutir el derecho aplicable a esta acción, el
Tribunal de Apelaciones concluyó lo siguiente:
[...]Triangle Toyota no está obligada al saneamiento. Al comprar el vehículo, el recurrido conocía los defectos de la puerta, los cuales según el testimonio de los peritos que testificaron durante la vista no eran propiamente defectos que afectaran el vehículo sino que se trataba de una situación que era comercialmente aceptable. En cuanto a los otros “problemas” del vehículo no podemos decir que éstos mermen notablemente el valor del mismo.37
Concluimos que el Tribunal de Apelaciones incurrió en
el error señalado por el señor Otero Mercado. Extralimitó
su revisión judicial y no le prestó la debida y merecida
deferencia al foro administrativo. No actuó conforme a la
norma establecida para la revisión judicial. No limitó su
intervención a evaluar si la agencia sostuvo su decisión en
el principio rector de evidencia sustancial, o si actuó de
35 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 407. 36 Entendemos que no debemos entrar a dilucidar si se dieron los requisitos de vicios ocultos, pues D.A.C.O. hizo su determinación de declarar nulos e inexistentes los contratos entre las partes por vicio en el consentimiento provocado por la conducta dolosa de Triangle Toyota. CC-2003-567 18
forma ilegal o arbitraria. Expone cuáles son los criterios
de la revisión judicial sobre decisiones administrativas y
cuáles son los parámetros establecidos por este Tribunal. No
obstante, descartó y sustituyó las determinaciones de hechos
y conclusiones de derecho formuladas por D.A.C.O., agencia
encargada de resolver la controversia de marras. Tal como
mencionamos anteriormente, las conclusiones de derecho son
revisables en todos sus aspectos, pero también indicamos que
esto no implica que no merezcan deferencia, más aún cuando
la agencia es la experta y conocedora de la materia
especializada en cuestión.
El querellante de autos presentó su prueba y a la misma
se le impartió la credibilidad que la agencia consideró
apropiada y procedente. Nos encontramos ante prueba
conflictiva, que plantea una controversia de credibilidad.
Ambas partes en la vista ante la agencia, tuvieron la
oportunidad de presentar argumentos a favor y en contra de
esa prueba y de esta forma colocaron al foro administrativo
en posición de hacer las determinaciones apropiadas para
decidir si era procedente o no la resolución del contrato.
En el caso J.R.T v. Línea Suprema, Inc.38 y luego en
Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico v. Escuela
37 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 412-413. 38 89 D.P.R. 840, 849 (1964). CC-2003-567 19
Cooperativa Eugenio María de Hostos 39, reiteramos, sobre la
apreciación de prueba conflictiva, lo siguiente:
Aunque estamos conscientes que existe prueba conflictiva de la cual podamos [sic] inferir conclusiones distintas a las de la Junta, sin embargo, ésa es misión que no nos pertenece. La determinación en cuanto a testimonio conflictivo [...] y la deducción de inferencias de hechos establecidos en la vista caen dentro de la competencia de la Junta y no debemos pasar sobre la credibilidad de testigos o repesar la evidencia. Nuestra función es tomar el récord en su totalidad y poner en vigor la orden si encontramos evidencia sustancial para sostener las conclusiones de la Junta.
Debe respetarse el dictamen de un foro administrativo
en cuanto a la credibilidad de los testigos. En autos, vimos
que existen documentos que se contradicen40 en cuanto a la
calidad del vehículo, si es nuevo o usado. La aquí recurrida
alega que sí se informó al peticionario sobre el hecho de
que el vehículo había sido utilizado como unidad de
demostración y que fue ésta la razón por la cual se le
redujo el precio de venta. La prueba presentada ante la
agencia sobre esta alegación, se reduce al testimonio del
señor Michael López, Gerente de Servicio al Cliente de
Triangle Toyota. Sin embargo, el peticionario presentó
prueba contraria, aduciendo que adquirió el vehículo bajo la
39 107 D.P.R. 151, 156-157 (1978). 40 Nos referimos a los documentos firmados por el señor Otero al momento de la compraventa, los cuales mencionados en la relación de hechos. En la solicitud de crédito, el vehículo se registra como “DEMO”, o sea usado como CC-2003-567 20
creencia de que era nuevo. El D.A.C.O. aquilató la prueba
presentada ante sí, tanto documental como testifical, y
entendió que el querellante, aquí peticionario, tenía
derecho al remedio de resolver el contrato de compraventa
por haber mediado dolo contractual de parte de Triangle
Toyota. La agencia tuvo ante sí la evidencia para determinar
razonablemente si el peticionario conocía o no que el
vehículo en controversia era usado. Esta determinación,
como cuestión de apreciación y credibilidad de la prueba,
merece deferencia por parte de los tribunales.
Si bien es cierto que la prueba presentada puede llevar
a varias determinaciones razonables, es la agencia la que
determinará la adecuada y no el Tribunal de Apelaciones. Si
no fuese de esta forma las agencias administrativas
perderían su razón de ser.
Procedemos a discutir el segundo error señalado por el
peticionario, el cual nos plantea el asunto de la aplicación
de las Reglas de Evidencia en los procesos administrativos.
La sección 3.13, incisos (c) y (e), de la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme establece lo
siguiente:
(c) El funcionario que presida la vista podrá excluir aquella evidencia que sea impertinente, inmaterial, repetitiva o
demostración y en el contrato y la orden de compra aparece marcado como “nuevo”. CC-2003-567 21
inadmisible por fundamentos constitucionales o legales basados en privilegios evidenciarios reconocidos por los tribunales de Puerto Rico.
[...]
(e) Las Reglas de Evidencia no serán aplicables a las vistas administrativas, pero los principios fundamentales de evidencia se podrán utilizar para lograr una solución rápida, justa y económica del procedimiento. 41
En todo proceso adjudicativo, el propósito fundamental
es la búsqueda de la verdad y la justicia. “Las reglas
procesales y en particular las de evidencia, persiguen
viabilizar este propósito; no obstaculizarlo.”42 La no-
aplicación de las Reglas de Evidencia a los procesos
administrativos persigue “evitar las trabas procesales de
los tribunales de justicia”43 y propiciar que éstos sean de
carácter ágil y sencillo. El hecho de que los procesos
administrativos sean ágiles y sencillos persigue, además de
cumplir con el fin de una “solución rápida, justa y
económica del procedimiento”44, que las personas legas
participen y le den un uso eficiente a tales procesos.
El carácter informal y flexible, que distingue a los
procesos administrativos, permite que el juzgador de hechos
41 Sec. 3.13 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. 2163. 42 Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico v. Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico, 110 D.P.R. 879, 884 (1981). 43 Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 717, 720 (1961). CC-2003-567 22
conozca toda la información pertinente para dilucidar la
controversia que tiene ante sí. No obstante, los principios
fundamentales de las reglas procesales y de evidencia podrán
utilizarse en estos procesos mientras no sean incompatibles
con la naturaleza de los mismos.45
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha
expresado sobre la evaluación que debe recibir la prueba de
referencia dentro del principio rector de evidencia
sustancial, necesario para sostener decisiones
administrativas. En Richardson v. Perales46 expresó lo
Una agencia puede descansar su decisión sólo en prueba de referencia, aún cuando ésta sea contradicha por prueba, si la prueba de referencia es del tipo que un hombre prudente y razonable descansa en ella para llevar a cabo sus negocios.47
El peticionario arguye que el Tribunal de Apelaciones
erró al excluir el informe preparado por el señor Guillermo
Cabrera por ser alegadamente prueba de referencia. Sostiene
que este informe impugnado, realmente constituye prueba
corroborativa de la prueba pericial presentada por el
D.A.C.O. Aduce, además, que la prueba testifical, ofrecida
44 Sec. 3.13 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra. 45 Oficina de Ética Gubernamental v Rodríguez, 159 D.P.R.__ (2003), 2003 J.T.S. 51. 46 402 U.S. 389 (1971). 47 Demetrio Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, pág.555. CC-2003-567 23
por el señor Otero Mercado corroboró lo que indicaba el
documento en controversia, los desperfectos que tenía el
vehículo.48
El Tribunal de Apelaciones entendió “que admitir esta
prueba de referencia no abonaría a la consecución de la
justicia”, ya que aunque sí es admisible como prueba de las
gestiones realizadas por el recurrido para conocer la
magnitud de los defectos del vehículo, el mismo no puede ser
utilizado para demostrar que el vehículo en cuestión había
sido impactado.49
El foro administrativo admitió el informe en cuestión y
como parte de sus determinaciones de hechos estableció que
los hallazgos del técnico automotriz del D.A.C.O. coinciden
con las observaciones hechas por el señor Cabrera.50 Si bien
es cierto que este informe en controversia es prueba de
referencia, en los procesos administrativos no aplican las
Reglas de Evidencia, por lo que sí podía admitirse. Además,
según surge de los hechos, la agencia no basó su decisión
únicamente en tal informe, existía otra prueba documental y
testifical que sostuvo su decisión. En la vista
evidenciaria, el Examinador determinó en cuanto al referido
documento:
48 Petición de Certiorari, pág. 7. 49 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 406. 50 Íd., pág. 22. Ver determinación de hecho número 9 de la Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor. CC-2003-567 24
Lo admitimos pero no aceptamos el “expertise” pero sí tenemos que tomar conocimiento que repite lo mismo que dice el técnico del DACO.
Este informe corroboró los desperfectos que el técnico de la
agencia le encontró al vehículo. La determinación de que el
vehículo había sido impactado antes de la compraventa, es
una inferencia razonable de los hechos básicos que surgen de
la totalidad de la prueba presentada ante la agencia, la
cual merece deferencia de parte del tribunal revisor. Por lo
tanto, erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la
Resolución emitida por la agencia recurrida.
III
El tercer error señalado nos plantea la aplicación de
las Reglas de Procedimiento Civil en los procesos
administrativos. Tal como hemos establecido en casos
anteriores, este asunto es objeto de un examen similar sobre
la aplicación de las Reglas de Evidencia a tales
procedimientos. La regla general es que las Reglas de
Procedimiento Civil no aplican en los procesos
administrativos.51 La jurisprudencia ha establecido que al
igual que las Reglas de Evidencia tal cuerpo normativo
procesal podrá utilizarse en procesos administrativos para
guiar el curso de los mismos mientras no obstaculicen la
flexibilidad, agilidad y sencillez de éstos.52 Es
51 Martínez v. Tribunal Superior, supra. 52 Pérez Vélez v. VHP Motors Corp. 152 D.P.R.____(2000), 2000 J.T.S. 177. CC-2003-567 25
fundamental que su utilización en dichos procesos propicie
una solución justa, rápida y económica.
El Tribunal de Apelaciones entendió que la actuación de
la agencia de permitir las alegadas enmiendas a la querella,
le violentó a la querellada Triangle Toyota su derecho a una
notificación oportuna de los cargos o querellas en su
contra53, y así su derecho a un debido proceso de ley54.
El peticionario arguye que erró el Tribunal de
Apelaciones al aplicar mecánicamente la Regla 13.2 de
Procedimiento Civil55 al proceso administrativo en cuestión,
al declarar que hubo enmiendas a las alegaciones de la
querella, a pesar de las oportunas objeciones de la
querellada, cuando no se desprende del expediente que hubo
tales enmiendas. Alega, que el foro apelativo intermedio
tenía que aplicar la Regla 16.2 del Reglamento de
Procedimientos Adjudicativos del Departamento de Asuntos del
Consumidor56 en vez de aplicar la Regla 13.2 de
Procedimiento Civil57. La Regla 16.2 de dicho cuerpo
normativo procesal dispone lo siguiente:
53 Derecho garantizado en la Sección 3.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. 2151. 54 Derecho garantizado bajo el Artículo II, sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 55 32 L.P.R.A. Ap. III R. 13.2. 56 Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Núm. 6219, Departamento de Asuntos del Consumidor, 18 de octubre de 2002. 57 La Regla 13.2 de Procedimiento Civil dispone lo siguiente: CC-2003-567 26
La querella podrá entenderse enmendada durante la vista administrativa para ajustarla a la prueba presentada; excepto en casos celebrados en rebeldía.
En su argumentación, el peticionario parte de la
premisa de que no hubo tales enmiendas, ya que en la
querella, la cual fue redactada por el propio querellante,
claramente se identifica el problema del vehículo de motor y
el remedio solicitado. Surge de la querella y de la
Resolución del D.A.C.O. que el remedio solicitado por el
querellante fue que se le sustituyera el automóvil o, en la
Cuando con el consentimiento expreso o implícito de las partes se sometan a juicio cuestiones no suscitadas en las alegaciones, aquéllas se considerarán a todos los efectos como si se hubieran suscitado en las alegaciones. La enmienda de las alegaciones que fuere necesaria para conformarlas a la evidencia a los efectos de que las alegaciones reflejen las cuestiones suscitadas, podrá hacerse a moción de cualquiera de las partes en cualquier momento, aun después de dictarse sentencia; pero la omisión de enmendar no afectará el resultado del juicio en relación con tales cuestiones. Si se objetare la evidencia en el juicio por el fundamento de ser ajena a las cuestiones suscitadas en las alegaciones, el tribunal podrá permitir las enmiendas y deberá hacerlo liberalmente, siempre que con ello se facilite la presentación del caso y la parte que se oponga no demuestre a satisfacción del tribunal que la admisión de tal prueba perjudicaría su reclamación o defensa. El tribunal podrá conceder una suspensión para permitir a la parte opositora controvertir dicha prueba. En todo caso en que hubiere alguna parte en rebeldía por falta de comparecencia se estará a lo dispuesto en las Reglas 43.6 y 67.1. CC-2003-567 27
alternativa, se determinara la resolución del contrato y se
le devolviera el pronto pago.58 Arguye, además, que no hubo
enmiendas a las alegaciones como tal sino una especificación
de las originales, lo cual se encuentra dentro de los
parámetros que establece la Regla 16.2 del Reglamento de
Procedimientos Adjudicativos, antes citado.
En la querella no se tienen que precisar todos los
detalles de la acción, sino bosquejar la controversia y las
reclamaciones.59 Surge de la querella que el peticionario
solicitaba como alternativa la resolución del contrato de
compraventa, por lo cual, la querellada conocía la
posibilidad de que se concediera al querellante dicho
remedio y por ende de la devolución de las prestaciones60.
No podemos perder de perspectiva que estamos ante un
proceso administrativo, que amerita flexibilidad y rapidez
para aportar a la economía procesal, por lo tanto, las
Reglas de Procedimiento Civil se deben aplicar en
consecución de este fin y no con el de impartirle a este
proceso carácter de un juicio ante el Tribunal de Primera
Instancia. No actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones
al aplicar mecánicamente la Regla 13.2 de Procedimiento
Civil, supra. Entendemos que las alegadas enmiendas
permitidas durante la vista administrativa no privaron a la
58 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 1 y 20. 59 Banco Central v. Capitol Center, 135 D.P.R. 760 (1994). CC-2003-567 28
recurrida Triangle Toyota de su debido proceso de ley. La
agencia actuó conforme a los parámetros establecidos en la
Regla 16.2 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos,
supra; permitió que la querella se enmendara para
conformarla con la prueba presentada durante la vista
administrativa, y así especificar las reclamaciones
originales. Las enmiendas permitidas no eran totalmente
ajenas a la reclamación que se desprende de la querella
original. Concluimos que el Tribunal de Apelaciones incurrió
en el tercer error señalado por el peticionario.
Concluimos que la decisión emitida por el D.A.C.O. está
sostenida por la evidencia sustancial que consta del
expediente administrativo.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la
sentencia recurrida, emitida por el Tribunal de Apelaciones,
y reinstalamos la Resolución dictada por el Departamento de
Asuntos del Consumidor.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
60 Véase Artículo 1247 del Código Civil. 31 L.P.R.A. sec. 3496. CC-2003-567 29
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia recurrida, emitida por el Tribunal de Apelaciones, y reinstalamos la Resolución dictada por el Departamento de Asuntos del Consumidor.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.