EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE)
Peticionaria Certiorari
v. 2006 TSPR 25
Raymond Rivera Fuentes 166 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2003-629
Fecha: 16 de febrero de 2006
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional I de San Juan Panel III
Juez Ponente:
Hon. Antonio J. Negroni Cintrón
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Andrés Guillemard Noble Lcda. Monique Guillemard Noble
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Joanna Costas Vázquez
Materia: Revisión Administrativa
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria
v. CC-2003-629 Certiorari
Raymond Rivera Fuentes
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2006.
La Autoridad de Energía Eléctrica recurre
ante nos cuestionando una decisión del Tribunal
de Apelaciones que desestimó un recurso de
revisión por prematuro. El foro apelativo
intermedio resolvió que la determinación del
Oficial Examinador no era la decisión final de
la agencia.
La controversia del caso de autos fue
resuelta recientemente por este Tribunal en
Tosado Cortés v. AEE, res. el 12 de agosto de
2005, 2005 TSPR 113. En dicho caso, concluimos
que la determinación del Oficial Examinador de
la Autoridad de Energía Eléctrica era la CC-2003-629 2
decisión final de la agencia y, conforme dispone la Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme, era revisable
por el Tribunal de Apelaciones. Al aplicar lo resuelto en
Tosado Cortés, supra, al presente caso, procede revocar
la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.
Veamos.
I.
El señor Raymond Rivera Fuentes es empleado de la
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) desde 1994, donde
laboraba como Supervisor de Asuntos de Mecanización de
Telecomunicaciones, División de Operaciones, ubicado en
Monacillos. Durante el año 2000, dicha corporación
pública realizó un Estudio Organizacional del Área
Administrativa de la División de Operación del Sistema
Eléctrico, con el fin de identificar posibles cambios
para mejorar la eficiencia y la utilización de los
recursos disponibles.
Tras evaluar las recomendaciones presentadas en el
Estudio Organizacional, la AEE le envió una carta al
señor Rivera Fuentes en la que le notificó que se
proponía reclasificar su plaza y trasladarlo al puesto de
Supervisor de Conservación de Estructuras y Terrenos del
Sistema Eléctrico II en la División Central de Palo Seco.
En su carta, la AEE le indicó al señor Rivera Fuentes que
la reclasificación y el traslado se debieron a la
reorganización de la agencia y a las necesidades de
servicio del Directorado de Sistema Eléctrico, según le CC-2003-629 3
fue recomendado en el Estudio Organizacional realizado.
Además, se le advirtió al señor Rivera Fuentes que tenía
derecho a apelar la determinación mediante el
Procedimiento de Querellas para Empleados de Carrera No
Unionados1 (en adelante, Procedimiento de querellas).
Posteriormente, el señor Rivera Fuentes contestó la
misiva y, entre otras cosas, adujo que el traslado y la
reclasificación no se justificaban conforme al Reglamento
Para Empleados de Carrera No Unionados de la AEE (en
adelante, Reglamento), por lo que solicitó que se le
reinstalara en su puesto de Supervisor de Asuntos de
Mecanización de Telecomunicaciones en Monacillos. Tras
cumplir con los trámites procesales requeridos en el
Procedimiento de querellas, las partes sometieron sus
memorandos de derecho y el asunto se le refirió al
licenciado José Roberto Feijóo, Oficial Examinador de la
AEE contratado para atender la querella.
Luego de celebrada la vista evidenciaria, el Oficial
Examinador declaró con lugar la querella incoada. Éste
concluyó que el traslado era nulo conforme al Reglamento,
que no obedeció a ninguna necesidad de servicio y que era
contrario al propio Estudio Organizacional de la agencia.
En consecuencia, ordenó la restitución del señor Rivera
Fuentes a su puesto original, con todos los derechos,
beneficios y privilegios que tuviera previo a la
presentación de la querella.
1 Revisado el 5 de mayo de 1994. CC-2003-629 4
Insatisfecho, la AEE acudió ante el Tribunal de
Apelaciones mediante recurso de revisión. Alegó que el
Oficial Examinador erró al determinar que el traslado no
obedeció a las necesidades de servicio de la agencia. El
Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión
por considerar que la decisión administrativa no era
final y, por lo tanto, carecía de jurisdicción. Razonó
que el Oficial Examinador que emitió la decisión no era
empleado ni funcionario de la agencia, por lo que carecía
de facultad para adjudicar la querella. El foro
intermedio concluyó que la decisión del Oficial
Examinador es una recomendación u opinión que tiene que
ser avalada o adoptada por el Director Ejecutivo de la
AEE para que sea final.
Inconforme, recurre ante este Tribunal la AEE. Alega
que la decisión del Oficial Examinador es la
determinación final de la agencia, por lo que erró el
Tribunal de Apelaciones al desestimar el recurso de
revisión por prematuro. Acordamos expedir. Las partes
presentaron sus respectivos alegatos, por lo que
procedemos a resolver con el beneficio de sus
comparecencias.
II.
A.
La Sección 4.2 de la LPAU dispone que el Tribunal de
Apelaciones podrá revisar las decisiones finales de las
agencias administrativas, más no así las resoluciones CC-2003-629 5
interlocutorias. 3 L.P.R.A. sec. 2172. Además, la parte
adversamente afectada que solicita revisión debe haber
agotado el remedio provisto por la agencia. Tosado Cortés
v. AEE, supra; Oficina de la Procuradora del Paciente v.
Aseguradora MCS, IPA 603, res. el 22 de septiembre de
2004, 2004 TSPR 153. La decisión administrativa es final
cuando ha decidido todas las controversias entre las
partes y no deja ninguna pendiente por decidir. Demetrio
Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., FORUM,
2001, Sec. 9.3, pág. 533; Tosado Cortés v. AEE, supra.
A pesar de que la LPAU no define lo que es una orden
o resolución final, dicha ley sí establece que éstas
deberán incluir las determinaciones de hecho y las
conclusiones de derecho que fundamentan la adjudicación.
Además, la resolución final de la agencia deberá
advertirle a la parte sobre la disponibilidad del recurso
de reconsideración o de revisión judicial. Por último, la
resolución deberá ser firmada por el jefe de la agencia o
cualquier otro funcionario autorizado por ley. 3 LPRA
sec. 2164. “Dicha determinación final debe ser emitida
por la última autoridad decisoria o adjudicativa de la
agencia administrativa.” Tosado Cortés v. AEE, supra a la
pág. 5, citando a Bird Const. Corp. v. AEE, 152 DPR 928,
936 (2000). CC-2003-629 6
Con relación a quién tiene la autoridad para
adjudicar las querellas presentadas ante las agencias, la
Sección 3.3 de la LPAU dispone lo siguiente:
Toda agencia podrá designar oficiales examinadores para presidir los procedimientos de adjudicación que se celebren en ella, los cuales no tendrán que ser necesariamente abogados, particularmente cuando el procedimiento en cuestión es uno informal.
El jefe de la agencia podrá delegar la autoridad de adjudicar a uno o más funcionarios o empleados de su agencia. A estos funcionarios o empleados se les designará con el título de jueces administrativos. 3 L.P.R.A. sec. 2153.
En el caso de Tosado Cortés v. AEE, supra,
recientemente tuvimos la oportunidad de expresarnos sobre
el rol de los Oficiales Examinadores en el procedimiento
de adjudicación de las querellas presentadas en las
agencias. En aquel caso, al señor Tosado Cortés se le
imputó haber violado unas normas de conducta de la AEE.
Se celebró una vista administrativa presidida por un
Oficial Examinador, quien, al amparo del Reglamento para
los procedimientos de adjudicación de la AEE2, concluyó
que el empleado no había cometido la violación alegada.
La AEE acudió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando
revisión y ese foro desestimó el recurso por falta de
jurisdicción. Razonó el foro apelativo intermedio que la
resolución dictada por el Oficial Examinador no era final
y que el recurso era prematuro.
2 Reglamento núm. 4109, en vigor desde el 12 de febrero de 1990. CC-2003-629 7
La controversia ante nos en aquella ocasión era si
el Oficial Examinador tenía la facultad para adjudicar de
forma final la querella. Específicamente, resolvimos que
[a]l analizar la naturaleza de la decisión administrativa no podemos considerar, exclusivamente, la denominación que se le ha dado al funcionario o empleado que la emite dentro del esquema procesal administrativo. Es decir, el título de oficial examinador o juez administrativo, sin más, no define el carácter de sus funciones y, por tanto, del producto de su trabajo. Resulta imperativo, además, evaluar las facultades que le han sido delegadas y el tipo de decisión que éstos emiten. (Énfasis suplido.)
Conforme a lo anterior, en Tosado Cortés
determinamos que el Oficial Examinador sí tenía poder
para adjudicar la querella. Concluimos que su
determinación era la decisión final de la AEE y que, como
tal, era revisable por el Tribunal de Apelaciones.
Por último, resolvimos que el Director Ejecutivo de
la AEE puede delegar válidamente en otro funcionario el
poder general de adjudicar. Para llegar a esta conclusión
nos basamos mayormente en razones prácticas, porque
resulta casi imposible que un jefe de agencia presida
todas las vistas y adjudique todas las controversias
presentadas ante la oficina bajo su dirección. Tosado
Cortés, supra, a la pág. 6, citando a Fernández Quiñones,
supra, sec. 4.3, pág. 186; B. Schwartz, Administrative
Law, 3ra ed., Little, Brown & Co., 1991, sec. 6.11, pág.
324. Además, explicamos que, al delegar el poder de
adjudicar este tipo de controversias, los involucrados se
benefician del expertise del adjudicador y, a su vez, el CC-2003-629 8
Director de la agencia puede dedicar su tiempo a
desarrollar la política pública que inspiró la creación
de la agencia que dirige. Tosado Cortés v. AEE, supra,
citando a Richard J. Pierce, Administrative Law Treatise,
4ta ed., Aspen Law & Bussiness, sec. 8.6, pág. 552.
Con esto en mente, pasemos a analizar las facultades
que poseía el Oficial Examinador en el caso de epígrafe.
B.
La Autoridad de Energía Eléctrica es una corporación
pública e instrumentalidad autónoma del Estado Libre
Asociado, cuya misión es aprovechar y conservar las
fuentes fluviales y de energía eléctrica del país3. El
organismo rector de la AEE es su Junta de Gobierno y este
cuerpo es quien designa al Director Ejecutivo de la
instrumentalidad. Con el propósito de canalizar las
controversias que se susciten con relación a los
empleados gerenciales, la Junta de la AEE promulgó el
Procedimiento de querellas anteriormente citado.
Según éste, la última etapa del trámite ante la
agencia consiste en que las partes sometan el agravio a
la consideración de un Oficial Examinador. En su Artículo
II (3), se define al Oficial Examinador de la forma
siguiente:
[a]bogado que no sea empleado de la Autoridad designado para oír la prueba presentada por las partes y emitir una decisión una vez sometido el caso. Se nombra una lista de oficiales examinadores
3 La AEE fue creada al amparo de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 22 LPRA secs. 191 et seq. CC-2003-629 9
con experiencia preferiblemente en el campo laboral.
Más adelante, se establece expresamente que, una vez
evaluada la evidencia y las posiciones de las partes, el
Oficial Examinador tendrá la facultad de emitir la
decisión sobre el caso:
El Oficial Examinador, a base del récord y de la evidencia presentada, emitirá su decisión conforme a derecho dentro de los treinta (30) días laborables luego de sometido el caso. Las decisiones se emitirán por escrito y tendrán conclusiones de hechos y de derecho. Procedimiento de querellas, Art. VII.
El Procedimiento de querellas establece que estas
decisiones se podrán revisar ante el Tribunal de
Apelaciones, conforme dispone la LPAU, siempre y cuando
la parte que inste la revisión judicial notifique con
copia de la misma al Oficial Examinador y al abogado de
la parte contraria. Art. IX.
El Procedimiento de querellas también establece
cuáles son las funciones del Oficial Examinador, entre
ellas: citar testigos y requerir la presentación de
documentos [Art. V (1)]; señalar las vistas y hacer todas
las notificaciones de éstas; juramentar a los testigos en
las audiencias [Art. VI (2)]; dirigir las vistas y
resolver todas las cuestiones de derecho y procesales que
surjan, además de las referentes a la admisión o
exclusión de prueba. También podrá conceder términos a
las partes para someter alegatos [Art. VI (4)] y tiene
discreción para aplicar reglas de evidencia para CC-2003-629 10
“asegurar que los procedimientos sean justos y rápidos”
[Art. VI (5)].
Con el fin de garantizar que la adjudicación sea
imparcial, la AEE ha establecido en el Procedimiento de
querellas que el Oficial Examinador no puede ser empleado
de la agencia. Según surge del expediente, la AEE
contrata abogados externos que tengan experiencia en el
campo de derecho laboral, algunos de éstos ex jueces del
Tribunal de Primera Instancia y de Apelaciones, para que
diluciden las controversias presentadas por los
empleados. Por último, el Art. X del Procedimiento aclara
que éste “se interpretará liberalmente para permitir el
proceso rápido, justo y equitativo para todas las
partes”.
Visto lo anterior, apliquemos el derecho a los
hechos del caso.
III.
Según hemos expuesto, en el Procedimiento de
querellas se le ha delegado al Oficial Examinador la
facultad de adjudicar las querellas que se presenten al
amparo del Reglamento, sin necesidad de trámite procesal
adicional alguno. En vista de ello, y conforme a la
doctrina establecida en Tosado Cortés v. AEE, supra,
resolvemos que la decisión del Oficial Examinador en este
caso es la adjudicación final de la controversia, por lo
que cumple con los requisitos para que sea revisable por
el Tribunal de Apelaciones. CC-2003-629 11
El foro apelativo intermedio sostiene que es
condición indispensable para la validez de la resolución
que el adjudicador sea un funcionario o empleado de la
agencia y que la delegación del poder de adjudicar a un
abogado externo es nula porque viola el texto expreso de
la LPAU. No podemos estar de acuerdo con dicha
conclusión.
Con relación al requisito de que el adjudicador de
la querella sea “empleado o funcionario” de la agencia,
en Tosado Cortés resolvimos que “el Oficial Examinador,
al descargar estas funciones propiamente administrativas,
funge como un funcionario de la AEE”. Tosado Cortés v.
AEE, supra a la pág. 20. Es decir, entendemos que la
interpretación del foro apelativo intermedio sobre el
significado de la clasificación “empleado o funcionario”
es demasiado rígida. Para propósitos de evaluar la
finalidad de una decisión administrativa, no podemos
importar el mismo análisis que utilizaríamos en un caso
laboral tradicional para determinar si un trabajador
posee o no derecho a ciertos beneficios marginales4.
Simple y llanamente, la labor del Oficial Examinador en
este caso redunda en un beneficio público, en particular
para la agencia concernida, independientemente de que
éste no forme parte de la nómina de empleados regulares
4 En este sentido, no se trata de determinar si el Oficial Examinador tiene derecho a vacaciones, a seguro médico, o si es contratista independiente para propósitos de la cubierta del Fondo del Seguro del Estado, entre otras consideraciones. CC-2003-629 12
de la AEE. Por consiguiente, puede ser considerado como
funcionario de esa agencia para fines de la Sección 3.3
de la LPAU.
Además, debemos recordar que el propósito para el
que se creó la AEE no fue para adjudicar querellas sobre
reclasificaciones y traslados de sus empleados, sino que
esta corporación pública tiene una encomienda legislativa
muy distinta – desarrollar, administrar y conservar las
fuentes fluviales y de energía eléctrica del país. En
cambio, la adjudicación de querellas presentadas por los
empleados de esta instrumentalidad es una tarea
necesaria, pero incidental a la misión principal de la
AEE.
Por estas razones, se justifica que el Director
Ejecutivo delegue esta tarea a otros funcionarios
especializados, capaces de evaluar y adjudicar las
controversias de una forma imparcial, como lo son los
abogados con experiencia en derecho laboral que contrata
la AEE. Requerir que el adjudicador de las querellas sea
un empleado o funcionario regular de la AEE en nada
garantiza que la adjudicación será imparcial, que en
última instancia es la garantía principal de la LPAU5.
5 Véanse sobre el particular la Sec. 3.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2151; Torres Acosta v. Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, res. el 27 de abril de 2004, 2004 TSPR 65; Magriz Rodríguez y otro v. Empresas Nativas, Inc., Force Constructors, S.E., 143 DPR 63, 70 (1997). CC-2003-629 13
Por último, en este caso es importante el hecho de
que es la propia AEE quien solicita la revisión de la
determinación del Oficial Examinador. Esta actuación
implica que la agencia, al aplicar su propio Reglamento y
Procedimiento de querellas, parte de la premisa que este
funcionario designado tiene poder para adjudicar la
querella de forma final y que no queda trámite
administrativo alguno por realizar. Esta interpretación
merece nuestra deferencia.
En conclusión, la delegación expresa del poder de
adjudicación al Oficial Examinador en el Procedimiento de
querellas es válida conforme a la LPAU y a lo resuelto en
Tosado Cortés, supra. No es un requisito sine qua non que
el adjudicador sea funcionario o empleado regular de la
agencia. Basta con que el Oficial Examinador ejerza
funciones propias del Director Ejecutivo de la AEE, por
delegación de la agencia, en los procedimientos de
adjudicación de querellas como el de autos.
En atención a lo anterior, entendemos que no es
necesario requerir que el jefe de agencia tenga que
acoger o avalar la decisión del Oficial Examinador para
que ésta sea final y así concluir el trámite
administrativo. Resolver de esta manera añadiría otro
eslabón en el proceso y alargaría indebidamente el
trámite de resolución de querellas. No debemos perder de
perspectiva que los procedimientos ante las agencias
administrativas deben ser ágiles y estar libres de CC-2003-629 14
escollos procesales innecesarios, de manera que se cumpla
con el propósito cardinal de buscar la solución más
justa, rápida y económica para las partes involucradas. 3
LPRA sec. 2163; Otero Mercado v. Toyota de Puerto Rico,
res. el 3 de febrero de 2005, 2005 TSPR 8.
Por todo lo antes expuesto y conforme a lo resuelto
en Tosado Cortés v. AEE, supra, somos del criterio que al
Oficial Examinador de la Autoridad de Energía Eléctrica
se le delegó válidamente el poder de adjudicar la
querella incoada por el señor Rivera Fuentes al amparo
del Reglamento Para Empleados de Carrera No Unionados de
la AEE y al Procedimiento de querellas correspondiente.
La determinación del Oficial Examinador es la decisión
final de la agencia y no es necesario que el Director
Ejecutivo de la AEE la acoja para que el Tribunal de
Apelaciones tenga jurisdicción sobre el recurso de
revisión ya que, en el caso de autos, no queda trámite
administrativo alguno por completar.
IV.
Por los fundamentos expresados, revocamos la
resolución del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el
caso a dicho foro para la continuación de los
procedimientos de revisión de forma compatible con lo
aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor CC-2003-629 15
Rivera Pérez emitió Opinión Disidente. El Juez Asociado
señor Rebollo López no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria CC-2003-629 v.
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.
La mayoría concluye que la controversia del
caso de autos fue resuelta recientemente por este
Tribunal en Tosado Cortés v. A.E.E., res el 12 de
agosto de 2005, 2005 T.S.P.R. 113. En dicho caso
concluimos que la determinación del Oficial
Examinador de la A.E.E. era la decisión final de
la agencia y, conforme dispone la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme era
revisable por el Tribunal Apelativo. La mayoría
expresa, que respecto al requisito estatutario de
que el adjudicador de la querella tiene que ser
“empleado o funcionario” de la agencia,
resolvimos en Tosado Cortés v. A.E.E., supra 2 CC-2003-629
que el “Oficial Examinador, al descargar esas funciones,
que son propiamente administrativas, funge como un
funcionario de la A.E.E. La Mayoría concluye, además, que
el Director Ejecutivo de la A.E.E. puede delegar la tarea
administrativa de adjudicar querellas presentadas por
empleados en contra de la agencia a personas que entiende
como especializadas en la materia, que no son “empleados o
funcionarios” de la misma. Después de reexaminar este
asunto creemos que el Tribunal se equivocó al resolver el
caso de Tosado Cortés v. A.E.E., supra por ser incorrecto
lo allí pautado sobre ese aspecto. Por tal motivo DISIENTO
del curso de acción aquí tomado. Un error no justifica
otro error.
Mediante el recurso presentado ante nos se solicita la
revocación de una resolución emitida por el Tribunal de
Apelaciones. La resolución recurrida desestimó el recurso
para revisar una decisión administrativa de la Autoridad
de Energía Eléctrica. El foro intermedio apelativo
entendió que el recurso presentado ante su consideración
era prematuro, toda vez que no había concluido el trámite
administrativo ante la consideración de la agencia
recurrida. Concluyó que el Oficial Examinador que emitió
la decisión, quien no era empleado o funcionario público
sino que fue contratado por dicha agencia de gobierno,
carecía de la facultad para adjudicar la querella. Sostuvo
que la decisión administrativa era una recomendación u
opinión que, para ser final, tenía que ser avalada y 3 CC-2003-629
adoptada por el Director Ejecutivo de la Autoridad de
Energía Eléctrica, a tenor con la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. Veamos el cuadro fáctico que origina el
presente recurso.
I
El señor Raymond Rivera Fuentes, presentó una querella
contra la Autoridad de Energía Eléctrica, en adelante
“A.E.E.”, corporación pública para la que trabaja desde
diciembre de 1994, cuestionando su reclasificación y
traslado a la plaza de Supervisor de Conservación de
Estructuras y Terrenos de Sistema Eléctrico II en la
División Central de Palo Seco.6 Previo al traslado, el
señor Rivera Fuentes, se desempeñaba como Supervisor de
Asuntos de Mecanización de Telecomunicaciones, División de
Operaciones. Dicho puesto estaba asignado al área de
Monacillos.
Alegadamente, el traslado del querellante obedeció a
las recomendaciones de un Estudio Organizacional del área
Administrativa de la División de Operaciones del Sistema
Eléctrico.7 El referido estudio, incluyó el puesto del
6 La querella fue presentada de conformidad con el Reglamento de Personal Para Empleados de Carrera No Unionados y canalizada según lo dispuesto en el Procedimiento de Querellas Para Empleados de Carrera No Unionados. 7 Dicho estudio fue realizado por el Departamento de Estudios y Procedimientos Corporativos el 14 de agosto de 2000, basado en la Sección 1027.6.1 del Capítulo 100 del 4 CC-2003-629
querellante aún cuando, conforme al organigrama sometido en
evidencia, el mismo pertenecía al área de
telecomunicaciones y no al área administrativa en
cuestión.8
Al cuestionar el traslado, el querellante adujo que el mismo no debió haber sido
ordenado, pues se justificaba que su plaza permaneciera en el área de
telecomunicaciones en lugar de clasificarla como “excedente”, conforme a la
recomendación del referido estudio organizacional. Asimismo, solicitó que se le
reinstalara a su puesto de Supervisor de Asuntos de Mecanización de
Telecomunicaciones, ubicado en Monacillos.9
Por su parte, la A.E.E. alegó que el traslado era
necesario, toda vez que el señor Rivera Fuentes no estaba
llevando a cabo las funciones de su puesto, según demostró
el estudio organizacional en cuestión. Añadió, que la
plaza que ocupaba el señor Rivera Fuentes no tenía personal
a su cargo, por lo que no realizaba las funciones que
Manual Administrativo. El estudio organizacional tenía como propósito el evaluar la organización del área administrativa de la División de Operación del Sistema Eléctrico, para determinar la viabilidad de simplificar los procesos, agilizar y maximizar la utilización de los recursos necesarios. Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 98-106. 8 Resolución emitida por el Oficial Examinador de 11 de junio de 2002, Apéndice del recuso de Certiorari, págs. 98- 106. 9 Carta al señor Carlos Reyes Berríos, Administrador de la División de Operaciones de Sistemas Eléctricos de 1 de septiembre de 2000, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 132-133. Véase además, Moción mostrando causa por la cual no se debe expedir el recurso de revisión, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 22-34. 5 CC-2003-629
establecía su especificación de clase. Arguyó además, que
el señor Rivera Fuentes llevaba un año asignado a un
proyecto especial, por lo que se justificaba y era lógico
acoger la recomendación formulada en el referido estudio
organizacional del área administrativa de la División de
Operaciones.10
Debido a que el Procedimiento de Querellas Para
Empleados de Carrera No Unionados de la A.E.E11, provee un
mecanismo mediante el cual, contrario a las disposiciones
de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico12, en adelante
L.P.A.U., designa y delega en un oficial examinador la
facultad de emitir una decisión final, la querella fue
10 Carta al señor Raymond Rivera Fuentes de 14 de septiembre de 2000, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 130-131. Véase además, Solicitud de Revisión de la A.E.E., Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 64-82. 11 Amparándose en la Ley de Energía Eléctrica de Puerto Rico, 22 L.P.R.A. sec. 191 et seq., y en la Ley de Personal de Servicio Público, 3 L.P.R.A. sec. 1338, el 21 de julio de 1992 la Junta de Gobierno de la A.E.E. adoptó el Reglamento de Personal de Empleados de Carrera No Unionados. El artículo 15 del mencionado reglamento dispone que “toda queja relacionada con cualquier acción por parte de la Autoridad y las apelaciones de toda determinación que tome la Autoridad Nominadora [sic] que afecten a un empleado en cualquier área excluyendo lo relacionado con el procedimiento disciplinario, se canalizarán según lo dispuesto en el Procedimiento de Querellas de Empleados de Carrera No Unionados”. El Artículo III del referido Procedimiento de Querellas Para Empleados de Carrera No Unionados de la A.E.E., provee un mecanismo de “Niveles de Ajuste” que deberá utilizar cualquier empleado de carrera de la A.E.E. no Unionado que alegue la violación a sus derechos bajo las normas administrativas. 12 Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq., según enmendada. 6 CC-2003-629
referida al licenciado José R. Feijóo, oficial examinador
designado por la A.E.E. para atender el caso.
Luego de celebrada la vista, el 11 de junio de 2002,
el oficial examinador emitió la resolución declarando con
lugar la querella instada. Decretó la nulidad del traslado
y ordenó a la A.E.E. a reinstalar al señor Rivera Fuentes a
la posición donde prestaba servicio y asignarle funciones
propias de la clasificación original de su puesto.13
Específicamente, dispuso sobre el traslado lo
[...] no tiene como base ninguna necesidad de servicio que lo justifique en adición a ser contrario al Artículo 8.2 del Reglamento de Personal para Empleados No Unionados, particularmente el Artículo 8.2(3) y a las recomendaciones del propio estudio. La querellada debe reinstalar al querellante al Directorado donde prestaba servicio y asignarle las funciones propias de la clasificación que ostentaba previo al traslado, así como cualquier beneficio a que tuviere derecho. Siendo el traslado nulo, la determinación restituye al querellante todos los derechos, beneficios y privilegios que ostentaba previo a dicha acción.14
La resolución dictada por el Oficial Examinador fue
notificada con copia a las partes. Oportunamente, la
A.E.E. presentó una moción de reconsideración la cual fue
denegada mediante resolución emitida el 23 de julio de
13 Supra, Apéndice del recuso de Certiorari, págs. 98-106. 14 Íd., pág.104. 7 CC-2003-629
2002.15 Inconforme con la anterior decisión, la A.E.E.
acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de
revisión alegando que el Oficial Examinador erró al
determinar que el traslado no tuvo como base la necesidad
del servicio. Además, señaló como error no darle validez
al estudio organizacional y concluir que el señor Rivera
Fuentes no fue reubicado dentro del Directorado del Sistema
Eléctrico.16
El 23 de mayo de 2003, el Tribunal de Apelaciones
emitió una sentencia en la que desestimó el recurso de
revisión presentado ante su consideración, archivada en
autos copia de su notificación a las partes el 30 de mayo
de 2003. Concluyó que la resolución recurrida no había
puesto fin al trámite administrativo. Puntualizó que la
L.P.A.U. no reconoce al Oficial Examinador como funcionario
o persona facultada para emitir un dictamen final que
vincule a las partes. Determinó que, independientemente
del nombre que se le asignó al funcionario, “Oficial
Examinador”, a éste se le facultó para emitir decisiones
finales a nombre de la A.E.E.17 Concluyó, además, que la
designación del Oficial Examinador con facultad para emitir
15 Resolución emitida por el Oficial Examinador de 23 de julio de 2002, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 85-86. 16 Supra, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 64-83. 17 Entendió el Tribunal de Apelaciones que el “nombre no hace la cosa”, por lo que debía analizarse si el Oficial Examinador podía ser considerado como un Juez 8 CC-2003-629
decisiones finales, contrario a lo dispuesto por las
secciones 3.3 y 3.14 de la L.P.A.U.18, no recayó en un
funcionario o empleado público sino en una persona
contratada por una agencia de gobierno que “no ha sido
investido de parte de la soberanía del Estado...”19.
Insatisfecha, la aquí peticionaria presentó
oportunamente una moción de reconsideración20, la cual fue
denegada mediante resolución emitida el 27 de marzo de
2003; archivada en autos copia de su notificación a las
partes el 8 de julio de 2003.21
Inconforme, la A.E.E. acude ante nos mediante recurso
de certiorari, señalando como error lo siguiente:
Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al desestimar el recurso de revisión interpuesto por la parte aquí peticionaria por el fundamento de que el mencionado recurso resultaba prematuro por no tratarse en opinión del Honorable Tribunal, de una decisión final de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Examinadas las comparecencias de las partes y los
autos del presente caso, nos encontramos en posición de
expresarnos. Confirmaríamos al foro recurrido. Veamos.
Administrativo de jure. Véase, Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 20. 18 3 L.P.R.A., secs. 2153 y 2164. 19 Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 23 de mayo de 2003, Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 20. 20 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 4-12. 21 Íd., pág.1. 9 CC-2003-629
II
La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
La L.P.A.U. establece un procedimiento uniforme para
la revisión judicial de órdenes, resoluciones y
providencias dictadas por las agencias administrativas. La
sección 4.2 de la L.P.A.U.22 define el ámbito de la revisión
judicial de las agencias administrativas. Del mismo modo,
establece cuándo procede la revisión y quién tiene acción
legitimada para acudir a los tribunales. En lo pertinente
dispone lo siguiente:
Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones [ahora Tribunal de Apelaciones], dentro del termino de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en a sec.2165 de este título, cuando el término para solicitar revisión haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de reconsideración. (Énfasis suplido).
Conforme se desprende de la anterior disposición, la
facultad revisora del Tribunal de Apelaciones solamente
puede ejercerse sobre resoluciones y órdenes finales de una
22 3 L.P.R.A., sec. 2172. 10 CC-2003-629
agencia.23 El artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico24 dispone que el
Tribunal de Apelaciones conocerá mediante recurso de
revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho,
de las decisiones, órdenes y resoluciones finales de
organismos o agencias administrativas.25
A tales fines, la sección 3.14 de la L.P.A.U., supra,
dispone en cuanto a una orden o resolución final lo
Una orden o resolución final deberá ser emitida por escrito...
...La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por ley.
La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la reconsideración o revisión de la misma, con expresión de los términos correspondientes. Cumplido este requisito, comenzarán a correr dichos términos. (Énfasis suplido).
De este modo, la Asamblea Legislativa limitó la
revisión judicial exclusivamente a resoluciones u órdenes
finales de las agencias. Al así hacerlo, se aseguró que la
intervención judicial se realizará después de que concluyen
los trámites administrativos y se adjudiquen todas las
23 Véase, Padilla Falú v. Administración de Vivienda de Puerto Rico, 2001 T.S.P.R. 130, 2001 J.T.S 135, 155 D.P.R. ____ (2001); Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Elías et al, 144 D.P.R. 483 (1997). 24 Ley 201 del 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. sec.22 et seq. 25 Íd., sec. 24y(c). 11 CC-2003-629
controversias pendientes ante la agencia. La intención
legislativa persigue evitar una intromisión indebida y a
destiempo en el trámite administrativo de parte de los
tribunales. Pretende que la decisión administrativa
refleje la decisión final de la agencia, culminen las
controversias presentadas ante ésta, y tenga efectos
sustanciales sobre las partes.26
Con respecto a las figuras que participan en los
procesos de adjudicación administrativos existen dos tipos
de funcionarios: los oficiales examinadores y los jueces
administrativos.
En lo que a ellos concierne, la sección 3.3 de la
L.P.A.U.,supra, dispone lo siguiente:
Toda agencia podrá designar oficiales examinadores para presidir los procedimientos de adjudicación que se celebren en ella, los cuales no tendrán que ser necesariamente abogados, particularmente cuando el procedimiento en cuestión es uno informal. El jefe de la agencia podrá delegar la autoridad de adjudicar a uno o más funcionarios o empleados de su agencia. A estos funcionarios o empleados se les designará con el título de jueces administrativos. En casos cuyos hechos planteen controversias adjudicables bajo la autoridad de más de una agencia, los jefes de las agencias concernidas podrán delegar en un solo juez la adjudicación del caso, el cual podrá ser funcionario o empleado de cualquiera de dichas agencias. (Énfasis suplido).
26 Padilla Falú v. A.V.P., supra. 12 CC-2003-629
Es norma reiterada de hermenéutica que la letra clara
de una ley es la mejor expresión del espíritu de la misma.
Cuando el legislador se ha manifestado en lenguaje claro e
inequívoco, el texto de la ley es la expresión por
excelencia de toda intención legislativa27. Por ello, al
interpretar la ley nos vemos obligados a cumplir con el
referido principio de hermenéutica establecido en el
Artículo 14 de nuestro Código Civil28, que dispone que:
"[c]uando la ley es clara libre de toda ambigüedad, la
letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de
cumplir con su espíritu".29 El referido principio conduce
nuestra interpretación del estatuto en cuestión.
Concluimos que el oficial examinador es aquel
funcionario designado para presidir una vista, sin poder de
adjudicación. Sus funciones se limitan a presidir, recibir
la evidencia ofrecida por las partes, asegurarse que se
cumplan las normas procesales aplicables y que se conduzca
el proceso en forma justa y equitativa. El oficial
examinador escucha la prueba testifical, recibe la prueba
documental y rinde un informe al funcionario que tiene la
autoridad adjudicativa, que puede ser un juez
27 Guzmán v. Calderón et al, 2005 T.S.P.R. 33, 2005 J.T.S. 38, 164 D.P.R.___(2005), Op. de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez; Santiago v. Supte. Policía de P.R., 151 D.P.R. 511 (2000); Alejandro Rivera y Otros v. ELA, 140 D.P.R. 538 (1996). 28 31 L.P.R.A. sec. 14. 29 Véase además, Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483(1999); Depto. de la Familia v. Soto, 147 D.P.R. 618 (1999). 13 CC-2003-629
administrativo o el jefe de la agencia, con sus
determinaciones de hechos y recomendaciones.30
La referida disposición estatutaria define el juez
administrativo como aquel funcionario o empleado de la
agencia, al cual el jefe de la agencia delega su autoridad
de adjudicar. La delegación de dicha autoridad, convierte
al juez administrativo en un funcionario autorizado en ley
para emitir órdenes o resoluciones finales a nombre de la
agencia.31
En síntesis, y como acertadamente puntualizó el
Tribunal de Apelaciones, (1) el Oficial Examinador no
cuenta con facultad delegada para adjudicar la controversia
en nombre de la agencia administrativa; (2) su
recomendación podría ser acogida por el jefe de la agencia,
quien emite la decisión, y así convertirse en una
resolución final de la agencia; y, (3) el jefe de la
agencia podría delegar la facultad de adjudicar a un Juez
Administrativo que sea un funcionario o empleado de la
agencia administrativa.32
30 3 L.P.R.A. sec. 2168. 31 Al reconocer la facultad del jefe de la agencia de delegar la autoridad de adjudicar a jueces administrativos, “[q]ueda resuelta la cuestión de que no es necesario que el jefe de la agencia tenga que personalmente resolver y adjudicar la controversia. La cantidad enorme de adjudicaciones que celebran [sic] algunas agencias hace imposible que el jefe de la agencia conduzca personalmente la audiencia”. D. Fernández, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Forum, pág. 186. 32 Supra, Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 18. 14 CC-2003-629
III
Procedimiento de Querellas Para Empleados de Carrera No Unionados
Por virtud de la Ley de Energía Eléctrica de Puerto
Rico33, se creó la A.E.E. como una corporación pública
autónoma del Estado. Dicho estatuto dispone que la A.E.E.
será gobernada por una Junta. Ese cuerpo quedó facultado,
a su vez, para adoptar reglamentos al amparo de los cuales
se regirán los asuntos administrativos y operacionales de
la agencia. El referido estatuto dispuso que le
corresponderá a la Junta “efectuar nombramientos,
separaciones, ascensos, traslados, ceses, reposiciones,
suspensiones, licencias, y cambios de categoría,
remuneraciones o título [sic] de los funcionarios y
empleados de la Autoridad según dispongan las normas y
reglamentos que prescriba la Junta”.34
Amparándose en el referido estatuto y en la Ley de
Personal del Servicio Público35, el 21 de julio de 1992 la
Junta de Gobierno de la A.E.E. emitió la Resolución 2386
mediante la cual adoptó el Reglamento de Personal de la
A.E.E. para Empleados de Carrera No Unionados. El artículo
15 del referido cuerpo reglamentario dispone, en lo
pertinente, lo siguiente:
[t]oda queja relacionada con cualquier acción por parte de la
33 22 L.P.R.A. sec. 191 et seq. 34 Íd., sec. 197(a). 35 3 L.P.R.A. sec. 1301 et seq. 15 CC-2003-629
Autoridad y las apelaciones de toda determinación que tome la Autoridad Nominadora [sic] que afecten a un empleado en cualquier área excluyendo lo relacionado con el procedimiento disciplinario, se canalizarán según lo dispuesto en el Procedimiento de Querellas Para Empleados de Carrera No Unionados.(Énfasis suplido).
Un examen del Procedimiento de Querellas Para
Empleados de Carrera No Unionados, revela que éste provee
un mecanismo en el que, contrario a las disposiciones de la
L.P.A.U., se designa y delega a un oficial examinador la
facultad de emitir una decisión final. En lo pertinente,
el articulo VII dispone lo siguiente:
El Oficial Examinador, a base del record y de la evidencia presentada, emitirá su decisión conforme a derecho dentro de los treinta (30) días laborables luego de sometido el caso. Las decisiones se emitirán por escrito e incluirán separadamente determinaciones de hechos y de derecho. El Oficial Examinador notificará por correo toda Decisión [sic] a las partes y a sus respectivos abogados haciendo constar en autos la fecha de notificación y el nombre y dirección de cada persona notificada. Además, se advertirá a la parte afectada la disponibilidad del recurso de reconsideración señalando que es requisito jurisdiccional.
Del mismo modo, el artículo IX del Procedimiento de
Querellas Para Empleados de Carrera No Unionados dispone
que las decisiones del oficial examinador podrán ser
revisadas ante el Tribunal Superior, hoy Tribunal de
Apelaciones. 16 CC-2003-629
En virtud de la referida disposición reglamentaria, la
A.E.E. ha designado ex Jueces Superiores, ex Jueces de
Apelaciones y abogados con experiencia en el derecho
laboral y en el procedimiento adjudicativo, como oficiales
examinadores con facultad de emitir decisiones finales.36
Éstos no son funcionarios ni empleados de la A.E.E., sino
que son personas privadas contratadas por ésta para
escuchar la prueba y emitir una decisión final.
El artículo II del referido Procedimiento de Querellas
Para Empleados de Carrera No Unionados exige que el oficial
examinador no sea empleado de la agencia. Al definir la
figura del oficial examinador dispone que será un “abogado
que no sea empleado de la Autoridad, designado para oír la
prueba presentada por las partes y emitir una decisión una
vez sometido el caso. Se nombra de una lista de oficiales
examinadores con experiencia preferiblemente en el campo
laboral”.37 (Énfasis suplido).
Como señaláramos anteriormente, de las referidas
disposiciones reglamentarias surge que el Procedimiento de
Querellas Para Empleados de Carrera No Unionados, contrario
a las disposiciones de la L.P.A.U., provee un mecanismo
mediante el cual se designa y delega a un oficial
examinador la facultad de emitir una decisión final.
36 Alegato de la Parte Peticionaria, págs. 10-12. 37 Procedimiento de Querellas Para Empleados de Carrera No Unionados, Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 566. 17 CC-2003-629
Exige, además, en contravención a la ley, que no sea
empleado o funcionario de la agencia.
IV
Es norma conocida en nuestro ordenamiento jurídico que
un reglamento promulgado por una agencia para administrar
funciones dispuestas por ley, puede complementarla, pero
nunca estar en conflicto con ella.38 Todo reglamento
aprobado por una agencia administrativa cubierta por la
L.P.A.U., tiene que ajustarse a lo dispuesto por la misma,
por lo que un reglamento o actuación administrativa
claramente en conflicto o en contra de la ley es nulo.39
En el caso de autos, la resolución cuya revisión se
solicita está suscrita por el licenciado José R. Feijóo,
oficial examinador designado y facultado por la A.E.E. para
emitir decisiones finales a nombre de la agencia. De la
sección 3.3 de la L.P.A.U, supra, surge claramente y libre
de toda ambigüedad, que el oficial examinador no cuenta con
la facultad delegada por ese estatuto para adjudicar la
controversia en nombre de una agencia administrativa. Por
ello, éste no puede emitir una resolución u orden final que
38 Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Púb., 2002 T.S.P.R. 133, 2002 J.T.S. 139, 158 D.P.R. ___ (2002); Asoc. Fcias. Com. v. Depto. De Salud, 2002 T.S.P.R. 13, 2002 J.T.S. 18, 156 D.P.R. ___ (2002); P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 409 (1980). 39 Martínez v. Departamento de Educación, 148 D.P.R. 648 (1999); P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, supra; Infante v. Tribunal Examinador de Médicos, 84 D.P.R. 308 (1961). 18 CC-2003-629
obligue a las partes. El nombre no hace la cosa, lo cierto
es que se le facultó al licenciado José R. Feijóo para
emitir decisiones finales a nombre de la A.E.E. Ahora
bien, a pesar de que la designación del licenciado Feijóo
se realizó conforme al Procedimiento de Querellas Para
Empleados de Carrera No Unionados, es evidente que no
cualifica de jure como un juez administrativo, toda vez que
la facultad de adjudicar delegada por la A.E.E. no recayó
en un funcionario o empleado público, según lo requiere la
sección 3.3 de la L.P.A.U.,supra. La referida disposición
estatutaria faculta al jefe de la agencia a delegar la
autoridad de adjudicar a uno o más funcionarios o empleados
de su agencia.
En el caso ante nos, el licenciado Roberto R. Feijóo
no es funcionario ni empleado de la A.E.E. sino una persona
del sector privado contratada para escuchar la prueba y
emitir una decisión final. En total contravención al
lenguaje inequívoco de la L.P.A.U., la A.E.E. ha designado
a personas como oficiales examinadores con facultad de
emitir decisiones finales, sin ser éstos empleados o
funcionarios de la agencia.40
Concluimos, ante el lenguaje claro e inequívoco de la
L.P.A.U, que la infraestructura jurídica estatutaria no
autoriza al jefe de una agencia a delegar su autoridad para
adjudicar una controversia de manera final a un oficial
examinador. Tampoco permite que delegue tal autoridad a un
40 Alegato de la Parte Peticionaria, págs. 11-12. 19 CC-2003-629
juez administrativo que no sea un empleado o funcionario de
la agencia. Por lo que la delegación de autoridad
conferida en este caso al licenciado José R. Feijóo es
nula.
Arguye la A.E.E. que la disposición reglamentaria del
Unionados que delega en un oficial examinador la autoridad
de emitir una decisión final, provee unas garantías
adicionales a las disposiciones de la L.P.A.U., en cuanto
“le otorga la facultad de emitir resoluciones u órdenes
finales a personas externas que gozan de gran reputación en
el campo jurídico sin perjuicio del derecho de las partes
de solicitar reconsideración o revisión judicial”.41 Aduce
la A.E.E., aquí peticionaria, que no existe ninguna
garantía mayor para sus empleados por el hecho de que el
adjudicador de las querellas presentadas en su contra sea
uno de sus funcionarios o empleados.42 Tales argumentos son
improcedentes.
Dentro de nuestro expediente surge que el reclamo del
querellante es dirigido contra la A.E.E. como empleado.
Dicho reclamo tiene, bajo la L.P.A.U., que ser resuelto por
un juez administrativo que sea empleado o funcionario de la
A.E.E. Por imperativo constitucional del debido proceso de
ley, la A.E.E. y su Director Ejecutivo no pueden ser parte
y a la misma vez ser parte o el organismo formal de
41 Íd., pág.11. 42 Íd. 20 CC-2003-629
naturaleza cuasijudicial donde los empleados impugnan y se
querellan de sus propias actuaciones. Partiendo de la
premisa que la sección 3.3 de la L.P.A.U., supra, se
presume válida desde una perspectiva constitucional,
consideramos a la A.E.E. y al juez administrativo que
contempla el referido estatuto, como entes separados e
independientes a los efectos de sus funciones
particulares.43
El equivalente a lo que la A.E.E. pretende, es que
esta Curia enmiende una ley cuyo texto es claro. Lo
anterior es contrario al principio de separación de poderes
que permea nuestro sistema republicano de gobierno, bajo el
cual la función de la Rama Judicial es interpretar la ley, no formular política pública, ni mucho menos dirigir tal
ejercicio.44 Esa facultad le corresponde a las Ramas
Legislativa y Ejecutiva. No nos corresponde, por lo tanto,
juzgar la bondad o sabiduría del legislador al aprobar una legislación, ni debemos frustrar los propósitos de un
estatuto cuando la letra es clara y expresa sin ambigüedad
su intención.45 Somos del criterio que cuando el lenguaje
de la ley es claro e inequívoco, nuestra responsabilidad es
43 Marcano Rivera v. Depto. de Estado, 2005 T.S.P.R. 12, 2005 J.T.S. 16, 163 D.P.R. ___ (2005); Rafael Rosario & Associates, Inc. v. Departamento de la Familia, 2002 T.S.P.R. 84, 2002 J.T.S. 93, 157 D.P.R.___ (2002). 44 Este principio está contenido en la Sección 2 del Artículo I de la Constitución de Puerto Rico, Documentos Históricos, 1 L.P.R.A., Art. I, Sec.2, pág.256. Véase Corraliza v. Bco. Des. Eco., 2001 T.S.P.R. 2, 2001 J.T.S. 5, 153 D.P.R.___ (2001). 45 Famania v. Corp. Azucarera de P.R., 113 D.P.R. 654 (1982). 21 CC-2003-629
respetar la voluntad legislativa, independientemente de
nuestro criterio personal.46
Resolvemos, pues, que la delegación conferida por la
A.E.E. al licenciado José R. Feijóo para adjudicar una
controversia de manera final es nula por recaer en una
persona que no es funcionario ni empleado de la A.E.E.
conforme lo requieren expresamente las secciones 3.3 y 3.14
de la L.P.A.U., supra.
Del mismo modo, entendemos como procedente decretar
nulas las disposiciones del Procedimiento de Querellas Para
Empleados de Carrera No Unionados que facultan a personas
privadas contratadas por la A.E.E. para escuchar y recibir
la evidencia de las partes y emitir decisiones finales, en
contravención con lo dispuesto en las secciones 3.3 y 3.14
de la L.P.A.U, supra. En específico, el inciso (3) del
artículo III y los artículos VII, VIII, y IX del referido
Procedimiento.
V
Por los fundamentos antes expuestos, concluimos que
actuó correctamente el foro intermedio apelativo al
desestimar el recurso de revisión presentado por la A.E.E.,
al entender que el mismo era prematuro al no haber
concluido el trámite administrativo en cuestión.
Confirmaríamos la sentencia recurrida, emitida por el
46 Delgado Hernández, Ex Parte, 2005 T.S.P.R. 95, 2005 J.T.S. 100, 165 D.P.R.___ (2005); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530 (1999). 22 CC-2003-629
entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. Por no ser
ese el curso de acción de la mayoría DISENTIMOS.
Efraín E. Rivera Pérez Juez Asociado