EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
James D. Shuler Recurrida Certiorari
v. 2002 TSPR 109
Leone M. Shuler 157 DPR ____ Peticionario
Número del Caso: CC-2002-352
Fecha: 19 de agosto de 2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II
Jueza Ponente: Hon.Jeannette Ramos Buonomo
Abogada de la Parte Peticionaria: Lcda. Larissa Torres del Campillo
Abogada de la Parte Recurrida: Lcda. Sigrid López González
Materia: Divorcio (Separación)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
James D. Shuler
Demandante-recurrido
vs. CC-2002-352 CERTIORARI
Leone M. Shuler
Demandada-peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LOPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2002
La parte demandada, aquí peticionaria, Leone M. Shuler
y el demandante, aquí recurrido, James D. Shuler,
contrajeron matrimonio el día 7 de octubre de 1989, en
el estado de Virginia, Estados Unidos de Norteamérica.
Allí establecieron su residencia conyugal en la ciudad
de Virginia Beach. El 17 de junio de 1991 nació, en el
referido estado, la única hija procreada durante su
matrimonio, de nombre Victoria Anne Marie Shuler.
Alrededor de dos meses después, esto es, durante
el mes de agosto de ese mismo año, el
demandante-recurrido tuvo que trasladarse a Panamá
como integrante del Comando Sur del Ejército de los
Estados Unidos; ello, a requerimiento de las CC-2002-352 4
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a las cuales
pertenecía. No obstante su traslado, éste quedó adscrito al
servicio activo del Ejército en Virginia Beach. Tanto la
demandada-peticionaria, como la hija menor, ambas
domiciliadas del estado de Virginia, permanecieron viviendo
en la residencia que compartían con el demandante en Virginia
Beach antes de que éste fuera trasladado a Panamá.
Cabe señalar que, mientras el demandante se encontraba
destacado en Panamá, el 16 de agosto de 1994 --a solicitud
de la demandada y debido a problemas surgidos entre ellos--
el Tribunal de Circuito de la Ciudad de Virginia Beach,
emitió un decreto mediante el cual le concedió la custodia
legal de la menor a la Sra. Shuler, ello basado en una
estipulación entre las partes, y sujeta tal custodia al
derecho de visita que dicho foro judicial concedió al Sr.
Shuler. Conjuntamente con tal decreto de custodia, el
referido tribunal le impuso al demandante el pago de una
pensión alimentaria pendente lite mensual por la cantidad
de novecientos ochenta y tres dólares ($983.00) a favor de
la Sra. Shuler y de la menor.
Alrededor de dos años después, para el 24 de enero de
1996, el demandante finalizó su término como militar activo,
retirándose de las fuerzas armadas, efectivo dicho retiro CC-2002-352 5
el 29 de febrero de 1996; su “status” como ex– miembro del
Ejército cambió al de civil-retirado de las fuerza armadas.1
Así las cosas, durante el mes de febrero del año 2000,
el demandante se mudó a Puerto Rico, estableciendo aquí su
residencia y comenzando a trabajar para la firma Logistics
Management Resources, Inc., donde fue contratado como
“persona civil” (“civilian contractor”), encargado de la
administración de sistemas de informática del Ejército del
Comando Sur ubicado en el Fuerte Buchanan, Guaynabo, Puerto
Rico. Desde entonces, el demandante reside en la Urb.
Jardines de Caparra, Bayamón; obtuvo su licencia de conducir
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y radicó su
Planilla de Contribución sobre Ingresos de Individuos
correspondiente al año 2000.
Luego de haber residido en Puerto Rico por más de un
año, el 6 de junio de 2001, James Shuler radicó, en el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón,
demanda de divorcio por la causal de separación contra su
esposa, Leone M. Shuler. Alegó, en síntesis, que ambos se
encontraban separados de manera ininterrumpida desde el mes
de agosto de 1991, cuando la demandada se negó a acompañarlo
a sus tareas militares en Panamá. Adujo que ésta alegadamente
le había expresado su interés de finalizar la relación
matrimonial durante el mes de junio de 1993, y que no existía
posibilidad de reconciliación alguna entre ambos. En la
1 Tal hecho consta en el “Certificate of Release or Discharge from active duty”, anejado al expediente de autos. Véase, CC-2002-352 6
demanda, además, solicitó del foro de instancia que redujera
la pensión alimentaria mensual de $983.00 dólares impuesta
por el tribunal de Virginia a favor de la menor y de su esposa,
y que fijara una de trescientos dólares ($300.00),
únicamente a favor de la menor.
I
Expuestos los hechos materiales pertinentes,
procedemos a detallar el trámite procesal del caso de autos,
por ser éste de particular relevancia a la correcta solución
del mismo. Radicada la demanda el 6 de junio de 2001, el
demandante compareció nuevamente ante el foro primario el
31 de julio del mismo año, en solicitud de que se le
autorizara emplazar a la demandada mediante edicto ya que
ésta no residía en Puerto Rico. El tribunal de instancia
accedió a ello. A esos efectos, dicho foro ordenó la
publicación del edicto correspondiente y que se cumpliera
con los trámites dispuestos en la Regla 4.5 de Procedimiento
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R.4.5, para notificar a la
demandada de la radicación del pleito de autos a su última
dirección conocida.
Por otra parte, el día 4 de septiembre de 2001, el
demandante radicó moción en solicitud de que se le anotara
la rebeldía a la demandada y se señalara vista a tales
efectos. Luego de ello, el 26 de septiembre, radicó una
moción en cumplimiento de orden informando al tribunal que,
Exhibit I, Apéndice a la Petición de Certiorari, pág. 133. CC-2002-352 7
según le fuera ordenado, había llevado a cabo los trámites
correspondientes con respecto al emplazamiento de la
demandada, ello en estricto cumplimiento con las
disposiciones legales pertinentes. Solicitó, además, del
tribunal que señalara fecha para la celebración de la vista
en su fondo. En el entretanto, el 27 de septiembre, el
tribunal emitió una orden mediante la cual le anotó la
rebeldía a la Sra. Shuler, señalando vista en su fondo para
el 22 de octubre de 2001. Dicha orden fue notificada a las
partes el día 3 de octubre.
El 17 de octubre siguiente, la demandada compareció
mediante escrito intitulado “Comparecencia Especial y
Solicitud de Desestimación”, especificando en el mismo que
comparecía sin someterse a la jurisdicción del tribunal.
Alegó que dicho foro carecía de jurisdicción tanto sobre su
persona como sobre la persona del demandante, por lo que el
tribunal no podía entender en el caso de epígrafe,
solicitando la desestimación del mismo sin necesidad de
ulteriores trámites procesales al respecto. Alegó que el
demandante todavía era un domiciliado del Estado de
Virginia, razón por la cual no podía ser considerado como
residente de Puerto Rico como para poder entablar aquí una
demanda de divorcio en su contra, según ello lo requiere y
dispone el Artículo 97 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
331.
De otra parte, sostuvo que el tribunal de primera
instancia no tenía jurisdicción sobre su persona; ello CC-2002-352 8
debido a que era una demandada ausente de Puerto Rico, no
era domiciliada de la Isla y carecía de contacto mínimo
alguno con esta jurisdicción. En síntesis, alegó que no
estaban presentes ninguna de las instancias establecidas por
la Regla 4.7 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.
Ap.III, R.4.7, mediante las cuales se puede adquirir
jurisdicción en Puerto Rico sobre las personas ausentes de
nuestro territorio. En apoyo de su contención adujo que nunca
había vivido en Puerto Rico; que no posee inmuebles en la
Isla; y que, tanto ella, como la menor procreada en el
matrimonio, siempre han residido en el Estado de Virginia.
Ambas partes comparecieron a la “vista en rebeldía”,
previamente señalada por el tribunal, el día 22 de octubre
siguiente.2 Dicha vista fue, sin embargo, suspendida, con el
propósito de brindarle al demandante un término razonable
de tiempo para expresarse en cuanto a la solicitud de
desestimación radicada por la demandada. El tribunal, no
obstante, procedió a re-señalar la celebración de la vista
de divorcio en su fondo para el día 13 de diciembre de 2001.
El 8 de noviembre siguiente, el demandante radicó su
oposición a la solicitud de desestimación y, el 15 de
noviembre, la parte demandada radicó la correspondiente
réplica. Con el beneficio de tales comparecencias, el 3 de
diciembre de 2001, el tribunal de primera instancia emitió
2 La parte demandada, al comparecer, enfatizó que no podía entenderse, con tal comparecencia, que se estaba sometiendo a la jurisdicción del tribunal; ello debido a que previamente CC-2002-352 9
orden mediante la cual denegó la solicitud de desestimación
instada por la demandada. Sostuvo el tribunal, en la orden
que a esos efectos emitiera, que tenía jurisdicción sobre
la persona del demandante, debido a que éste radicó la
demanda de divorcio luego de haber cumplido un año de
residencia en Puerto Rico, ello en virtud de las
disposiciones del Artículo 97, ante. A renglón seguido,
determinó que tenía jurisdicción sobre la persona de la
demandada pues el emplazamiento por edicto, correctamente
dirigido y diligenciado en su contra, se la confirió.
Ambas partes comparecieron a la vista en su fondo del
caso pautada para el 13 de diciembre de 2001. La demandada
compareció haciendo la reserva de que no se estaba sometiendo
a la jurisdicción del tribunal, solicitando se suspendiera
la vista toda vez que estaba en trámites de decidir si
revisaba la orden previamente emitida, y que, de participar
activamente en la vista en los méritos, cualquier
planteamiento jurisdiccional sobre su persona se tornaría
académico. El tribunal accedió a tal solicitud, no sin antes
imponerle una sanción económica de ciento veinticinco
dólares ($125.00), ello mediante orden emitida en corte
abierta. El tribunal procedió a señalar nuevamente vista en
su fondo para el día 4 de febrero de 2002.
Inconforme, el 4 de enero de 2002 la parte demandada
acudió, mediante recurso de apelación y moción en auxilio
objetó tal jurisdicción sobre su persona en la solicitud de desestimación radicada pocos días antes. CC-2002-352 10
de jurisdicción, ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones. Solicitó del tribunal apelativo intermedio que
emitiera orden paralizando los procedimientos en instancia
hasta tanto emitiera algún dictamen con respecto a la
existencia, o no, de jurisdicción sobre su persona en el
proceso de divorcio. Solicitó, además, se dejase sin efecto
la vista pautada para el 4 de febrero y se revocara la orden
respecto de la cual se le impuso la sanción económica. El
foro apelativo accedió a ambas solicitudes y, el 10 de enero
siguiente, expidió orden de mostrar causa por la cual no se
debía expedir el auto radicado por la demandada y revocar
la orden de instancia. El demandante compareció en
cumplimiento de dicha orden.
El Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió sentencia
mediante la cual confirmó la orden recurrida en cuanto al
planteamiento de índole jurisdiccional. 3 El tribunal
apelativo determinó, sin embargo, que la jurisdicción del
tribunal de primera instancia estaba limitada a la acción
específica de divorcio. Sostuvo que dicho foro carece de
autoridad para dilucidar las cuestiones relativas a la
pensión alimentaria de la menor ya que tal autoridad
corresponde exclusivamente a la jurisdicción del estado de
Virginia, en vista de que fue en tal foro que la pensión,
3 Dicho tribunal entendió innecesario atender el planteamiento sobre la imposición de la sanción económica pues la misma no constaba en ninguna resolución escrita, y la minuta en la cual podría aparecer tampoco fue incluida en el apéndice del recurso. CC-2002-352 11
la cual el demandante solicita se rebaje, fue impuesta; ello,
al haberse emitido allí una orden todavía vigente, siendo
ese el estado residencia de la menor, y de conformidad con
las disposiciones del Artículo 1, sec. 205(a)(1), (2) de la
Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes, Ley
Núm. 180 de 20 de diciembre de 1997, 8 L.P.R.A. sec. 542d.4
Inconforme con tal proceder, el 3 de mayo de 2002 la
parte demandada acudió ante este Tribunal, vía recurso de
certiorari y moción en auxilio de nuestra jurisdicción.
Solicitó se paralizaran los procedimientos ante instancia,
ello debido a la naturaleza jurisdiccional del planteamiento
que había levantado ante ambos foros apelados. En su escrito,
la peticionaria alega que el foro apelativo intermedio
incidió al:
“...confirmar la resolución del Tribunal de Primera Instancia notificada a las partes el 5 de diciembre de 2001, mediante la cual resolvieron ambos foros que el debido proceso de ley y la Regla 4.7 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 1979, según enmendadas, no son de aplicación a los casos de divorcio;
...al no resolver el segundo error planteado por la parte compareciente porque no existía una orden o resolución escrito del Tribunal de Primera Instancia que evidenciara lo alegado por la compareciente especial.”
Mediante Resolución emitida ese mismo día, ordenamos la
paralización de los procedimientos ante el tribunal de
4 En vista de lo resuelto por el foro apelativo intermedio, el 1 de abril de 2002 el tribunal de instancia emitió una orden mediante la cual pautó la celebración de la vista de divorcio en su fondo para el lunes, 6 de mayo de 2002. Dicha orden fue notificada a las partes el 3 de abril. CC-2002-352 12
instancia hasta que otra cosa dispusiéramos. Posteriormente,
el 24 mayo de 2002, expedimos el auto. Resolvemos.
II
De entrada, es menester advertir que la demandada de autos
nunca ha cuestionado la procedencia o inadecuacidad del su
emplazamiento por edicto como tal, notificándole del pleito
en su contra, como tampoco que el mismo hubiera sido
diligenciado incorrectamente. En virtud de ello, partimos de
la premisa de que, en dicho emplazamiento, se cumplieron
fielmente las disposiciones reglamentarias expuestas en la
Regla 4.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 4.5,
que regulan tal modo de notificación.
Aclarado lo anterior, procedemos a resolver la
controversia medular ante nos; esto es, la facultad de los
tribunales de Puerto Rico para ejercer jurisdicción sobre la
persona de un demandado que no reside en Puerto Rico en un
pleito de divorcio.
Sabido es que la cláusula del debido procedimiento de ley
de la Constitución de los Estados Unidos limita la autoridad
y el poder de los tribunales de los Estados, entre éstos Puerto
Rico, para asumir jurisdicción y dictar sentencias contra
personas naturales o jurídicas que no residen dentro de su
territorio. Int’l Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310, 316
(1945); Kulko v. California Superior Court, 436 U.S. 84 (1978);
Ind. Siderúrgica v. Thyssen, 114 D.P.R. 548 (1983). Es norma
harto conocida la de que los tribunales deben ser celosos CC-2002-352 13
guardianes del ejercicio de su jurisdicción y, sobre todo, la
de que para poder ejercitar adecuada y válidamente tal
autoridad judicial, debemos poseer jurisdicción sobre la
materia y sobre las personas de los litigantes. Alvarez Elvira
v. Arias Ferrer, ante; Julia Padró v. Epifanio Vidal, res. el
14 de febrero de 2001, 2001 TSPR 15.
Hemos sido fieles a la norma, establecida hace más de un
siglo por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de que
con respecto a la jurisdicción de un tribunal sobre una
persona, cada Estado posee jurisdicción y soberanía sobre los
demandados siempre y cuando éstos estén domiciliados en el
mismo o que, simplemente, estén dentro de sus límites
territoriales. Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714 (1877); Pequero
v. Hernández Pellot, 139 D.P.R. 487 (1995), entre otros.5
“Es regla general del Derecho que los tribunales de un
Estado sólo pueden ejercer jurisdicción sobre las personas que
residen dentro del territorio del Estado.” 6 La función
judicial de los tribunales, como parte del ejercicio del poder
soberano del Estado, se circunscribe generalmente a personas
presentes o bienes ubicados dentro de los límites
territoriales del Estado. Riego Zúñiga v. Líneas Aéreas
5 Véase, además, Int’l Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945); Kulko v. California Superior Court, 436 U.S. 84 (1978); World-Wide Volkswagen v. Woodson, 444 U.S. 286 (1980); Keeton v. Huslter Magazine, Inc. 465 U.S. 770 (1984). 6 Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, San Juan: Michie of Puerto Rico, Inc., 1997, pág. 171. CC-2002-352 14
Costarricenses, 139 D.P.R. 509 (1995). De tal manera está
configurado el llamado principio de territorialidad.
Sabido es, además, que esta regla general sobre
jurisdicción in personam tiene sus excepciones, De
configurarse alguna de tales excepciones, los tribunales de
un Estado, incluyendo Puerto Rico, pueden ejercer jurisdicción
sobre la persona de un demandado no domiciliado, ausente de
sus límites territoriales. El tribunal puede hacer efectiva
tal jurisdicción mediante la notificación al demandado sobre
la reclamación en su contra a través del emplazamiento personal
en el lugar donde se encuentre ese demandado o a través del
mecanismo procesal del emplazamiento por edicto; ello de estar
presente, o darse, las condiciones requeridas por la Regla 4.5
de Procedimiento Civil, ante.
En cuanto a las excepciones mencionadas, hemos reconocido
que los tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción sobre
un no domiciliado cuando existe una sumisión expresa o tácita
de su parte. Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762, 768 (1985).
De conformidad con tal excepción, aquella parte que comparece
voluntariamente, y realiza algún acto sustancial que la
constituya parte en el pleito, se somete a la jurisdicción del
tribunal. Qume Caribe, Inc. v. Sec. Hacienda, res. el 30 de
marzo de 2001, 2001 TSPR 38; Márquez Resto v. Barreto, 143
D.P.R. 128 (1997); Mercado v. Panthers Military Society, 125
D.P.R. 98 (1990), entre otros. A manera de ejemplo, el
demandado no domiciliado puede someterse expresamente a la
jurisdicción del tribunal mediante comparecencia o, CC-2002-352 15
tácitamente, cuando no plantee la ausencia de jurisdicción y
presente otro tipo de alegaciones.7
Los tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción además,
vía excepción, sobre las personas ausentes del Estado Libre
Asociado, pero que, a pesar de ello, mantienen su domicilio
aquí. Ello por razón de que la autoridad de cada Estado sobre
sus ciudadanos, en acciones personales, no culmina por el
simple hecho de que éstos se encuentren ausentes del mismo.
A tales efectos advertimos que el propio Artículo 9 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 9, dispone que “las leyes relativas
a los derechos y deberes de familia, o al estado, condición
y capacidad legal de las personas, obligan a los ciudadanos
de Puerto Rico, aunque residan en países extranjeros.” Esta
excepción es una un tanto obvia, pues, al desprenderse de la
propia regla general que un tribunal no tiene jurisdicción
sobre la persona de un no domiciliado, resulta pues evidente
que sí la tiene sobre aquel domiciliado, esto es, aquel que
mantiene su domicilio aquí aun cuando no esté físicamente
presente.
La tercera excepción vigente en nuestro ordenamiento es
producto de la decisión emitida por el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos en el caso International Shoe Co. v. Washington,
326 U.S. 310 (1945), y su progenie. Se trata de la “doctrina
de los contactos mínimos”. En el presente caso se reclama, por
7 Sobre la referida excepción, véase: Molina v. Supermercados Amigo, Inc., 119 D.P.R. 330 (1987); Riego Zúñiga v. Líneas Aéreas Costarricenses, 139 D.P.R. 509 (1995); Peguero v. CC-2002-352 16
la demandada, la aplicabilidad de tal doctrina. Aun cuando,
por los fundamentos que expondremos posteriormente, la misma
no es de aplicación al presente caso, procedemos a expresar
brevemente su desarrollo y aplicación en Puerto Rico.
A tenor con lo resuelto por el máximo Foro federal en Int’l
Shoe Co. v. Washington, ante, para que un tribunal esté
facultado para ejercer su jurisdicción sobre la persona de un
demandado no residente, no domiciliado, el debido proceso de
ley requiere estrictamente que éste tenga o haya tenido
“contactos mínimos” con el foro que pretende ejercer tal
autoridad. Ello requiere, además, que la causa de acción ante
la consideración del tribunal surja o esté relacionada con
tales contactos, de suerte que el ejercicio de su jurisdicción
no infrinja las nociones tradicionales del trato justo y de
justicia sustancial enraizadas en el ordenamiento y principios
constitucionales. Es preciso que los contactos surjan del
demandado hacia el foro, de manera que se haya forjado una
relación recíproca entre el demandado, el foro, y el litigio
que está pendiente de resolución por el tribunal.
La doctrina de los “contactos mínimos” fue acogida por
este Tribunal en el caso de A.H. Thomas Co. v. Tribunal
Superior, 98 D.P.R. 883 (1970). Allí expusimos los criterios
que, a nuestro entender, debían formar parte integral de
nuestro ordenamiento procesal, a fin de que los tribunales
tuvieran una guía más flexible a la hora de adjudicar y poder
Hernández Pellot, ante; Márquez Resto v. Barreto Lima, 143 D.P.R. 137 (1997). CC-2002-352 17
dictar válidamente sentencias en reclamaciones ante su
consideración que envolvieran demandados no domiciliados,
ausentes de Puerto Rico.
Al exponer la norma prevaleciente fijada por Int’l Shoe
Co. v. Washington, ante, sostuvimos, y citamos, que “aun bajo
la doctrina de los contactos mínimos se requiere que el
contacto dentro de la jurisdicción resulte de un acto
afirmativo de la parte demandada...es esencial en cada caso
que concurra un acto de la parte demandada mediante el cual
deliberadamente se aproveche de las ventajas que ofrece el
foro, invocando así los beneficios y la protección que brindan
las leyes de ese estado.” A.H. Thomas, Co. v. Tribunal
Superior, ante, a la pág. 889.8
8 El Tribunal aprovechó la oportunidad y reseñó varias reglas adoptadas por otros tribunales derivadas de la opinión emitida en Int’l Shoe Co. v. Washington, ante, a saber:
1) El demandado no residente debe realizar algún acto o consumar alguna transacción dentro del foro. No es necesario que la actividad se efectúe dentro del foro; el acto o transacción puede realizarse por correo. Un solo acto o transacción basta si sus efectos en el foro son suficientemente sustanciales para cualificar bajo la regla tercera. 2) La causa de acción debe surgir o resultar de las actividades del demandado dentro del foro. Es concebible que la causa de acción precisa se plasme fuera del foro, pero debido a las actividades del demandado en el foro aún exista el ‘contacto mínimo sustancial’ que es necesario. 3) Habiéndose establecido bajo las reglas precedentes un contacto mínimo entre el demandado y el foro, la asunción de jurisdicción fundada en ese contacto debe ser compatible con los principios de ‘trato imparcial’ y ‘justicia sustancial’ del debido procedimiento de ley. Si se satisface esta norma, existe un ‘contacto mínimo sustancial’ entre el foro y el demandado. CC-2002-352 18
Es de notar que, posteriormente, en World-Wide Volkswagen
v. Woodson, 444 U.S. 286 (1980), el Tribunal Supremo Federal
sostuvo que la doctrina de los contactos mínimos tiene dos
propósitos esenciales, i) proteger al demandado de la carga
que supone litigar en un foro distante o inconveniente, y, ii)
asegurar que los Estados, por medio de sus tribunales, no
habrán de rebasar los límites que recaen sobre ellos por su
condición de soberanos iguales entre sí en un sistema federal
de gobierno. 9 Tal pronunciamiento fue acogido por este
Tribunal en Ind. Siderúrgica v. Thyssen, ante.
De conformidad con tales expresiones jurisprudenciales
y , según expusimos posteriormente en Peguero v. Hernández
Pellot, ante, los estados comenzaron a crear e implantar
leyes para emplazar y poner en vigor la doctrina de los
contactos mínimos. Estas se conocen comúnmente como los
estatutos de largo alcance (“long arm statutes”). Así, en
La razonabilidad de someter al demandado a la jurisdicción se determina frecuentemente por las normas análogas a las de forum non conveniens. A.H. Thomas, Co. v. Tribunal Superior, ante, a la pág. 890. 4) 9 Según citado en Peguero v. Hernández Pellot, ante, a la pág. 498, citando a su vez a Ind. Siderúrgica v. Thyssen, ante. Allí sostuvimos, y citamos, “la relación entre el demandado y el foro debe ser de tal naturaleza que sea razonable requerirle a éste que comparezca y se defienda de la acción principal incoada en dicho foro.” Id., págs. 559-560.
“En los casos apropiados se considerará el interés del foro local en adjudicar el litigio; el interés del demandante en obtener un remedio conveniente y efectivo; el interés del sistema judicial interestatal en lograr la más eficiente resolución de las controversias; y el interés compartido de los distintos Estados en promover políticas sociales CC-2002-352 19
nuestra jurisdicción y ordenamiento, la doctrina de los
contactos mínimos la encontramos estatutariamente recogida en
la Regla 4.7 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico. 32
L.P.R.A. Ap.III, R.4.7.
La demandada en el pleito ante nuestra consideración
alega que las disposiciones de la citada Regla 4.7, y a su vez,
de la doctrina de los contactos mínimos son de aplicación al
pleito de divorcio incoado en su contra. Alega además que, al
no darse ninguna de las circunstancias o instancias allí
dispuestas para que el tribunal pueda adquirir jurisdicción
sobre su persona, éste carece de la misma. Habida cuenta de
ello, alega que nunca ha vivido en Puerto Rico, no posee
inmuebles en la Isla y que, tanto ella, como la hija menor de
ambos, siempre han residido y mantenido su domicilio en el
estado de Virginia. La demandada basa su posición en lo
resuelto en Kulko v. California Superior Court, 436 U.S. 84
(1978), esto es, que aún en casos relativos al derecho de
familia, el Tribunal Supremo federal ha resuelto que la
situación se rige por la doctrina de los contactos mínimos.
De entrada, debe enfatizarse el hecho de que el referido
caso versaba sobre una reclamación de custodia y alimentos de
menores, luego de decretado un acuerdo de separación entre los
cónyuges en el Estado de Nueva York; acuerdo mediante el cual
se pactó que los niños permanecerían con el padre, y que,
durante las vacaciones escolares estarían con la madre, a quien
fundamentales.” Peguero v. Hernández Pellot, ante, a la pág. 499; Ind. Siderúrgica v. Thyssen, ante, a la pág. 560. CC-2002-352 20
el marido le pagaría una pensión mientras los niños estuvieran
con ella. Luego de emitido tal decreto, la esposa se trasladó
y fijó su residencia en el estado de California y obtuvo el
divorcio en Haití. Algún tiempo después, el padre envió a los
dos hijos de la pareja con ella a California. Así las cosas,
la madre instó, en California, reclamación para reconocer el
divorcio obtenido en Haití, y para que se modificara el acuerdo
de separación para obtener la custodia de los hijos y, se
aumentara la referida pensión. El padre solicitó la
desestimación del pleito y adujo que el tribunal de California
no tenía jurisdicción sobre su persona, ello al él no tener
contactos mínimos con dicho foro.
El Tribunal Supremo federal sostuvo que el hecho de que
el demandado hubiera enviado a sus hijos al Estado de
California no implicaba que se hubieran configurado las
“transacciones de negocio” necesarias para que se configurase
tal instancia como contacto mínimo con el foro. En virtud de
ello, determinó que debía de cumplirse estrictamente con las
exigencias de la doctrina de los contactos mínimos y del debido
proceso de ley. Así, el Tribunal reforzó la doctrina, exigiendo
una relación recíproca entre el demandado, el foro y el litigio
envuelto, extendiendo su aplicación a ciertos casos de derecho
de familia.
No puede perderse de vista, sin embargo, el hecho de que
el caso de Kulko tuvo el efecto de limitar las posibilidades
de adquirir jurisdicción sobre los no residentes en los casos CC-2002-352 21
de custodia, alimentos, o división de bienes gananciales.
Dicho de otro modo, la doctrina de contactos mínimos es de
aplicación en acciones en las que se afecta el derecho
patrimonial del demandado ausente, el cual no puede ser privado
de su propiedad sin el debido proceso de ley.
Así se han aplicado, en nuestra jurisdicción, las
instancias recogidas en la Regla 4.7, ante, y los postulados
de contactos mínimos, en casos de familia, entiéndase custodia
y/o alimentos, en Medina v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 346
(1975), sobre demanda en concepto de alimentos adeudados; en
Perrón v. Corretjer-Perrón, 113 D.P.R. 593 (1982), sobre
modificación de decreto de custodia, entre otros.
Ahora bien, ¿cuál debe ser la norma respecto al estado
civil de la parte demandante en casos tales como divorcio y
acciones de filiación? Es en cuanto a acciones de tal
naturaleza, que precisamente se encuentra plasmada la cuarta
excepción al principio de territorialidad de la jurisdicción
in personam sobre demandados ausentes no domiciliados. A esos
fines, nos ilustra el Lcdo. Rafael Hernández Colón, sobre que,
dentro de las excepciones a la regla de que un Estado sólo puede
ejercer jurisdicción sobre las personas que residen dentro del
territorio, se encuentran ciertas acciones personales,
relativas al status civil, tales como, el divorcio y la
filiación.10 Sobre ello reseña, además, el Dr. José A.Cuevas
Segarra, y citamos, “desde 1913, se ha resuelto en Puerto Rico
10 Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, ante, pág. 171. CC-2002-352 22
que nuestros tribunales tienen jurisdicción sobre la persona
de un no residente en los casos en que esté en controversia
el status personal del demandante.”11 A manera de ejemplo, éste
menciona el divorcio y la filiación.
Somos de igual criterio; esto es, entendemos que, no
obstante el desarrollo de la doctrina de los contactos mínimos,
siguen vigentes en nuestro ordenamiento las decisiones
emitidas por este Tribunal en los casos de Orama v. Oyanguren,
19 D.P.R. 828 (1913); Fordham v. Marrero, 27 D.P.R. 708 (1919)
y Barletta v. Tribunal Superior, 74 D.P.R. 460 (1953).
En Orama, pleito de filiación, expresamos en lo
pertinente que:
“La acción que al hijo corresponde para hacer declarar en virtud de pruebas quién sea su padre natural, es sin duda alguna un derecho personal suyo y, por consiguiente, cuando el hijo está en posesión de tal derecho, debe ser regulado conforme a la ley bajo la cual fue adquirido, por lo que las cuestiones que conciernen el estado de la persona deben regirse por la ley del Estado de quien lo reclama. El estado civil de los ciudadanos debe regirse en todo por la ley de su país y sólo puede determinarse con arreglo a ella. En consecuencia, si bien es regla general que una corte no adquiere jurisdicción sobre personas no residentes por acciones personales, a menos que hayan sido notificadas personalmente de la demanda dentro del Estado o que en éste tenga bienes embargados, sin embargo, tal regla general no puede ser aplicada a los casos que se refieren al estado civil de la persona, cuyo carácter tiene la demanda de filiación, ya que siendo un derecho originado por la concepción y el nacimiento, no puede quedar a merced de que la persona a quien se atribuye la paternidad, o los representantes legales de su personalidad, se hayan ausentado del territorio de la persona con derecho al reconocimiento, dado que no en todos los países
11 José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, San Juan: Publicaciones JTS, 2000, a la pág. 90. CC-2002-352 23
tal derecho es reconocido, ni admiten pruebas de reconocimiento.”12 (Énfasis suplido).
Varias décadas después, al resolver Barletta v. Tribunal
Superior, ante, reafirmamos lo dicho en Orama, e indicamos
que la regla relativa a la necesidad de notificación personal
de una persona domiciliada fuera del país, como condición
jurisdiccional, no es aplicable a una acción que envuelva el
status civil de una persona. En el referido caso de Barletta,
ante, a la pág. 463, indicamos que: “la jurisdicción que un
Estado posee para determinar el status civil y capacidades de
sus habitantes, envuelve autoridad para prescribir las
condiciones en que pueden iniciarse y proseguirse dentro del
territorio de dicho Estado los procedimientos relativos al
status civil y capacidades de sus habitantes.” A renglón
seguido expusimos, citando nuevamente a Pennoyer v. Neff,
ante, que el Estado, por ejemplo, tiene derecho absoluto
para prescribir las condiciones en que ha de basarse la
relación matrimonial entre sus propios ciudadanos y las causas
por las cuales puede disolverse el matrimonio. A tenor con
ello, reseñamos el supuesto de que, una parte culpable de actos
que bajo las leyes del Estado autorizan la disolución del
vínculo matrimonial, podría trasladarse a otro Estado donde
no sea posible obtener el divorcio. “En tal caso, la parte
agraviada no podría reclamar sus derechos en el Estado adonde
se trasladó la otra parte, y si no estuviese autorizado para
promover la acción en los tribunales de su propio domicilio,
12 Orama v. Oyanguren, ante, a la pág. 831. CC-2002-352 24
sin notificar personalmente a la parte ofensora, el agravio
quedaría sin reparación.” Barletta v. Tribunal Superior, ante,
a la pág. 464.
En resumen, examinados los contornos y la existencia, en
nuestro ordenamiento, de varias excepciones al principio de
territorialidad, las cuales hemos expuesto, concluimos que
aquélla regida por la Regla 4.7 de Procedimiento Civil, que
recoge los contactos mínimos que puede tener un demandado
ausente con este foro, es una excepción separada y distinta
de la que trata sobre las reclamaciones que envuelven el status
civil de un residente domiciliado en nuestro territorio. De
conformidad con ello, y con el ordenamiento vigente, el
demandante en el caso de autos tiene capacidad para entablar
su demanda de divorcio en nuestros tribunales, ello al darse
las condiciones requeridas por el Artículo 97 del Código
Civil 13 , ante, por lo que el tribunal de instancia tiene
facultad para adjudicar la petición de divorcio ante su
consideración. Al así hacerlo, dicho foro viene en la
obligación de aplicar todas aquellas disposiciones referentes
al proceso de disolución del vínculo matrimonial vigentes en
nuestro ordenamiento. Véase Artículo 96 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 321, entre otras.
13 Dispone, en lo pertinente, el citado artículo de ley:
Ninguna persona podrá obtener el divorcio de acuerdo con este título, que no haya residido en el Estado Libre Asociado un año inmediatamente antes de hacer la demanda, a menos que la causa en que se funde se cometiera en Puerto Rico, o cuando uno de los cónyuges residiese aquí. CC-2002-352 25
III
No podemos terminar sin antes indicar --al igual que lo
hizo el Tribunal de Circuito de Apelaciones-- que aquella parte
de la acción del demandante, referente a los alimentos y/o a
la custodia de menores, se rige por unos parámetros distintos
de aquélla que simplemente declara sobre el estado civil de
la parte demandante. Tal diferencia cobra vigencia dada la
promulgación y adopción de ciertos estatutos uniformes
interestales que rigen el contorno de ambas reclamaciones
respectivamente; éstas son, la Parental Kidnapping
Prevention Act (P.K.P.A.), 28 U.S.C.A. sec. 1738 et seq., la
Uniform Reciprocal Enforcement Support Act (U.R.E.S.A.),
según ésta aparece publicada en 32 L.P.R.A. sec. 3311 et seq.,
y la Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes
(L.I.U.A.P.), Ley Núm. 180 de 20 de diciembre de 1997, 8
L.P.R.A. sec. 541 et seq. Veamos.
A medida que ha ido evolucionado el derecho de familia,
en especial las instituciones relativas a la custodia y a los
alimentos, tanto el Congreso de los Estados Unidos como los
Estados, se han dado a la tarea de promulgar, a manera de
ejemplo y en lo pertinente al caso de autos, estatutos, con
el propósito de viabilizar el reclamo de alimentos entre
parientes. Ello con el objetivo de que se mantenga cierta
uniformidad cuando un estado de la Unión ha emitido una orden
de proveer alimentos que se pretende revisar por otro,
incluyendo a Puerto Rico. CC-2002-352 26
De conformidad con tales propósitos, el Artículo 1, sec.
2.205 de la L.I.U.A.P., 8 L.P.R.A. sec. 542d, dispone que
cuando un tribunal emite una orden de pensión alimentaria, éste
mantendrá jurisdicción continua y exclusiva sobre dicha orden.
A tenor del referido artículo de ley, un tribunal de Puerto
Rico podrá modificar una orden de pensión emitida por otro
estado, siempre y cuando no sea aplicable la sección 6.613 del
mismo, 8 L.P.R.A. sec. 547d, y, luego de cumplir con el
requisito de notificación y vista, ese tribunal determine que:
“(1) Los siguientes requisitos se han cumplido:
(A) El menor, el alimentista y el alimentante no residen en el estado que remite la orden; (B) el peticionario, quien no es residente de Puerto Rico, solicita que se modifique la orden, y (C) el demandado está sujeto a la jurisdicción del tribunal de Puerto Rico; ó (2) el menor o una de las partes está sujeto a la jurisdicción sobre la persona del tribunal de Puerto Rico y todas las partes han presentado por escrito su consentimiento en el estado que emitió la orden para que el tribunal de Puerto Rico pueda modificar la orden de pensión alimentaria y asumir jurisdicción continua y exclusiva sobre la misma...”.
De no cumplirse con los requisitos de la disposición antes
citada, los tribunales de Puerto Rico carecerán de
jurisdicción para modificar la orden de pensión alimentaria
emitida por otro estado. Por consiguiente, de una mera
apreciación de los hechos del caso de autos, podemos concluir
que el tribunal de instancia no ostenta facultad en ley para
acceder a la petición del demandante de rebajar la pensión
originalmente emitida por el tribunal de Virginia. No podemos
perder de perspectiva que dicha orden se encuentra vigente hoy CC-2002-352 27
día y que Virginia sigue siendo el estado residencia de la
menor, Victoria Anne Marie Shuler.
En mérito de lo antes expuesto, confirmamos, en todos sus
aspectos, la sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de
Apelaciones en el presente caso. Al así concluir, resolvemos
que el Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción para
adjudicar la petición de divorcio, por la causal de separación,
del demandante y declarar sobre su futuro status civil. No
tiene, sin embargo, tal autoridad, para modificar la orden de
pensión alimentaria.
Ello no obstante, al devolver el caso al foro de
instancia instruimos a éste para que le provea a la parte
demandada la oportunidad: de comparecer dentro del término
reglamentario dispuesto por las Reglas de Procedimiento Civil;
contestar la demanda interpuesta en su contra; y para oponer
cualquier defensa que estime pertinente presentar en cuanto
a los méritos del caso se trate. De esa manera, se cumplen
fielmente la exigencias del debido proceso de ley, en su
vertiente procesal. No podemos pasar por alto y obviar que,
desde un principio, los trámites del presente caso giraron en
torno al planteamiento de índole jurisdiccional levantado por
la demandada. De manera pues que erró el Tribunal de Primera
Instancia al señalar la celebración de la vista de divorcio
en su fondo. Por entender que dicho foro erró, de igual modo,
al imponerle la sanción económica a la demandada, revocamos
la misma.
Se dictará Sentencia de conformidad. CC-2002-352 28
FRANCISCO REBOLLO LOPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia confirmatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Andréu García no intervino.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo