Pueblo v. Ortiz Rodriguez

1999 TSPR 9

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: January 29, 1999
• Docket: CC-1996-227
• Status: Published

Opinion

AA-96-13 | -1-

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo de Puerto Rico Recurrido Certiorari V. 99TSPR9 Antonio Ortiz Rodríguez Peticionario

Número del Caso: CC-96-0227

Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Miguel E. Sagardía de Jesús

Abogados de la Parte Recurrida: Hon. Carlos Lugo Fiol Procurador General Lcda. Carmen Z. Martínez Ortiz Procuradora General Auxiliar

Tribunal de Instancia: Superior de San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Miguel A. Rivera Arroyo

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I

Juez Ponente: Hon. Negroni Cintrón

Fecha: 1/29/1999

Materia: Art. 401 Sustancias Controladas

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El Pueblo de Puerto Rico

Demandante-Recurrido

v. CC-96-227 Certiorari

Antonio Ortiz Rodríguez

Demandado-Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Negrón García

San Juan, Puerto Rico a 29 de enero de 1999

El Ministerio Público acusó a Antonio Ortiz

Rodríguez, (c.p. Toño Gorila), de dos (2) infracciones

al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas.1

Previa vista preliminar y la subsiguiente lectura de

1 Dispone:

“(a) Excepto en la forma autorizada en [esta Ley], será ilegal el que cualquier persona, a sabiendas o intencionalmente:

(1) Fabrique, distribuya, dispense, transporte u oculte, o posea con la intención de fabricar, distribuir, dispensar, transportar u ocultar una sustancia controlada;

(2) Produzca, distribuya o dispense, transporte u oculte o posea con la intención de distribuir o dispensar, transportar u ocultar una sustancia falsificada.” CC-96-227 -3-

acusación, Ortiz Rodríguez solicitó supresión de la

evidencia alegando que la orden de allanamiento era

insuficiente de su faz y no existió causa probable

para creer los fundamentos en que se basó. El Tribunal

de Instancia, Sala de San Juan (Hon. Miguel Rivera

Arroyo) la denegó. El Tribunal de Circuito de

Apelaciones (Hons. Rossy García, Negroni Cintrón y

Aponte Jiménez), declinó expedir el auto de

certiorari. Inconforme, Ortiz Rodríguez acudió ante

nos cuestionando la determinación de que los agentes

del orden público no necesitaban orden judicial para

penetrar áreas sobre las cuales “tenía una expectativa

legítima de intimidad, validando de esa manera los

subterfugios realizados por dichos agentes del orden

público para evitar obtener una orden judicial, siendo

insuficiente de su faz la orden de allanamiento en

virtud de la cual se ocupó la evidencia en este caso”.

En su correcta perspectiva, el planteamiento

exige resolver si la policía, en el curso de una

investigación, está legítimamente facultada para

alquilar un apartamiento con el propósito de

penetrar libremente en los elementos comunes de uso

general del condominio, sin el consentimiento ni

conocimiento de su administrador sobre el propósito

investigativo, ni previa orden judicial.

I

En virtud de una confidencia, el 25 de abril de

1995 el agente Jorge L. Padró le informó a su

compañero Juan R. Berríos Silva -ambos de la División

de Drogas y Narcóticos-, de unos residentes del

Edificio Núm. 615 de la Calle Condado, Santurce, que

traficaban en drogas y guardaban allí armas. Entre

estos se encontraba Ortiz Rodríguez. Al día siguiente, CC-96-227 -4-

ambos agentes acudieron al Condominio y constataron

que Ortiz Rodríguez, aunque residía en el Apto. Núm.

682 del Edif. Núm. 33 del Residencial Luis LLoréns

Torres, ocupaba el Apto. Núm. 205 del Condominio y

poseía un vehículo Mitsubishi, color rojo, tablilla

BNT-482, inscrito a su nombre.

El Condominio en cuestión es un edificio privado

residencial de seis (6) apartamentos por piso, con

acceso controlado. Solo se necesita llave para entrar

al primer piso; de ahí en adelante, las personas

pueden moverse libremente. El acceso hacia el pasillo

del segundo piso, donde ubica el apartamento Núm. 205

de Ortiz Rodríguez, está restringido por un portón con

cerradura. No obstante, ese y demás portones de las

escaleras permanecen abiertos por reglamentación en

vigor del Cuerpo de Bomberos de manera que ante una

situación de emergencia no representen obstáculos

innecesarios. Consecuentemente, el portón hacia el

descanso de las escaleras en el segundo piso está

abierto y el usuario que se sitúa o detiene en dicho

descanso no tiene obstrucción para observar la entrada

del apartamento de Ortiz Rodríguez.

Los agentes consultaron al fiscal José Vázquez

Pérez, Director de la División de Drogas y Crimen

Organizado del Depto. de Justicia, sobre cómo obtener

acceso legítimo al Condominio. Vázquez Pérez les

explicó que tenían tres (3) alternativas: conseguir

una orden judicial; obtener permiso de la

administración del Condominio; o alquilar un

apartamento. Para preservar el mayor grado de

confidenciali-dad en la investigación, los agentes

optaron por alquilar el apartamento Núm. 305 el 4 de CC-96-227 -5-

mayo de 1995, mediante el pago de una renta mensual de

$350.00.

El agente Berríos Silva acudió al área el 17 de

mayo de 1995. Después de observar el vehículo marca

Mitsubishi perteneciente a Ortiz Rodríguez estacionado

en una calle contigua, entró al edificio y procedió al

segundo piso. Desde el descanso en las escaleras del

edificio antes aludido, estableció vigilancia hacia la

entrada del apartamento de Ortiz Rodríguez. El

apartamento tenía un portón de rejas frente a la

puerta de entrada. Ese día el portón estaba abierto,

pero la puerta cerrada. Ortiz Rodríguez salió del

apartamento cargando una bolsa blanca a las 3:50 p.m.

Berríos Silva lo siguió hasta llegar al Edificio Núm.

33 del Residencial Lloréns Torres. Ortiz Rodríguez se

desmontó cargando dicha bolsa, sacó una envoltura

pequeña de la bolsa, similar a las que se utilizan

para empacar heroína, y se la entregó a un individuo.

Al dar la vuelta, Berríos Silva vio a Ortiz Rodríguez

entrar al Edificio Núm. 33 con dinero en sus manos.

El 23 de mayo, Berríos Silva se dirigió

nuevamente al interior del Condominio después de

observar el vehículo perteneciente a Ortiz Rodríguez

estacionado cerca, y volvió establecer vigilancia

hacia la entrada del apartamento de Ortiz Rodríguez

desde las escaleras. Esta vez, la puerta del

apartamento Núm. 205 se encontraba abierta, pero el

portón cerrado. A plena vista, pudo observar cuando

Ortiz Rodríguez a través del portón cerrado le entregó

a un individuo que estaba en el pasillo fuera del

apartamento un pequeño sobre plástico y transparente,

lleno de una sustancia blancuzca, a cambio de

indeterminada cantidad de dinero. Más tarde, Ortiz CC-96-227 -6-

Rodríguez salió del apartamento, cargando una bolsa de

papel de estraza y un bulto azul, abordó su vehículo y

se dirigió hacia el Residencial Lloréns Torres.

Berríos Silva continuó la vigilancia el 24 de

mayo de 1995. Ese día vio cuando Ortiz Rodríguez llegó

al Condominio, entró a su apartamento y salió cargando

una bolsa plástica transparente conteniendo lo que

aparentaban ser envolturas de heroína.

Berríos Silva prestó declaración jurada con

relación a estos hechos. El 30 de mayo de 1995, el

Tribunal de Primera Instancia determinó causa probable

y expidió orden para allanar el referido apartamento.

El allanamiento se realizó el 31 de mayo de 1995 y

produjo sustancias controladas. Posteriormente, se

radicaron las acusaciones y el planteamiento sobre

supresión que origina este recurso.

II

En momentos de violencia, alto uso de drogas,

criminalidad y su consabido desasosiego en nuestro

diario vivir, el fiel cumplimiento de la ley es de

interés apremiante. Conlleva una evaluación judicial

de aspectos difíciles y circunstancias complejas. De

este ejercicio, en lo posible, deben surgir juicios

certeros que reconcilien los intereses públicos y

privados envueltos y provean soluciones justas, sin

obstruir la labor de la policía en la persecución

legítima del crimen. Pueblo v. Muñoz Santiago, res.

en 6 de noviembre de 1992; Pueblo v. Pérez Pérez,

115 D.P.R. 827 (1984).

El Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución2 y

la Enmienda Cuarta federal, cobijan la intimidad y

2 En lo pertinente, reza: CC-96-227 -7-

dignidad ciudadana como valores comunitarios de la

más alta jerarquía. Pueblo v. Meléndez Rodríguez,

res. en 13 de julio de 1994.

Su ámbito salvaguarda la vida íntima y santidad

del hogar, pero no defiende el Derecho a propiedad;

protege seres humanos, no lugares. Pueblo v. Vargas

Delgado, 105 D.P.R. 335 (1976). Lo determinante es

”[s]i existe algún interés personal sobre el objeto

del allanamiento, registro o incautación de modo que

se exhiba una expectativa de intimidad". Olga Elena

Resumil de Sanfilippo, Derecho Procesal Penal, Tomo

1, Cap. 8, §8.4, pág. 207; Chiesa Aponte, E.L.,

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados

Unidos, Tomo I, Cap. 6, Sec. 6.13, págs. 404-405.

Los residentes de condominios tienen derecho a la

intimidad en grado comparable a la que disfrutan los

residentes de casas.3 Pueblo v. Pérez Pérez, 115

D.P.R. 827, 830 (1984). Allí establecimos que “[p]or

razones demográficas y de diversa índole se ha ido

desarrollando en Puerto Rico el concepto de la

propiedad horizontal. No hallamos base para sostener

que en este país de mucha gente y poca tierra aquellos

que resuelvan vivir en condominios no tienen derecho

razonable a abrigar que su intimidad se respete a un

"[N]o se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.

...

Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.

Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales”. CC-96-227 -8-

grado comparable al de los habitantes de residencias

tradicionales. Un condómino espera que por los

pasillos y otras áreas comunes del mismo transiten

únicamente otros co-dueños y personas invitadas, en

casos como el presente, los co-dueños tienen derecho

a confiar que no pululen por las zonas

protegidas invasores e intrusos. Los pasillos de los

condominios no son calles de la ciudad, ni su garaje

es menos privado que el de otro tipo de hogar”.

Diez (10) años después, en Pueblo v. Meléndez

Rodríguez, supra, enfatizamos que:

“Nuestra sociedad no está dispuesta a tolerar el grado de intrusión que aquí ocurrió con la intimidad de los apelantes en su hogar. Entendemos que el apostarse cerca de la puerta de una residencia con el propósito de escuchar lo que adentro se dice, independientemente del derecho de tal persona de estar en el área circundante a la misma, constituye un atentado intolerable a los valores personales y sociales que protege nuestra Constitución. Ello es así sin importar que tipo de residencia esté envuelta. Rehusamos limitar las protecciones consagradas en Pérez Pérez, 115 D.P.R. 818 (1984), a los pasillos y áreas comunes de condominios privados de acceso controlado. No podemos negárselas a los ciudadanos que viven en los residenciales públicos de Puerto Rico.

Más aún, entendemos que resulta irrelevante si el complejo de vivienda tiene acceso controlado... para fines de determinar si existe una expectativa razonable de intimidad. El acceso a los complejos de vivienda se limita, no con el propósito exclusivo de aumentar la intimidad de los que viven allí, sino principalmente para incrementar la seguridad de sus residentes ante el avance del crimen. Resultaría incorrecto, entonces, utilizar este factor como determinante para medir la expectativa de intimidad de los residentes.”

La expectativa razonable de intimidad implica

primero, que la persona haya exhibido una expectativa

3 El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto que la Enmienda Cuarta también cobija apartamentos y áreas cerradas al público. Clinton v. Virginia, 377 U.S. 158 (1964). CC-96-227 -9-

subjetiva de intimidad. No se trata de una simple

reserva mental, sino de una conducta de actos

afirmativos que demuestren, inequívocamente, la

intención de alojar dicha expectativa. Y segundo, esa

expectativa individual así demostrada, tiene que ser

una que la sociedad reconozca como razonable.

El análisis para determinar la razonabilidad de

un registro y allanamiento debe tomar en cuenta que el

excluir cualquier actividad policíaca de la cubierta

constitucional significa sacarla también del control

judicial y del mandato de la razonabilidad. Por el

contrario, incluirla solo exige que sea razonable.4

Determinar si existe una expectativa razonable de

intimidad requiere examinar integralmente los

siguientes factores: lugar registrado o allanado;

naturaleza y grado de la intervención policial;

objetivo o propósito de esa intervención; si la

conducta de la persona era indicativa de una

expectativa subjetiva de intimidad; existencia de

barreras físicas que restrinjan la entrada o la

visibilidad al lugar registrado; número de personas

que tienen acceso legítimo al lugar registrado; e

inhibiciones sociales relacionadas con el lugar

registrado. Pueblo v. Meléndez Rodríguez, supra.

Al aplicar estos factores al caso de autos es

evidente de que Ortiz Rodríguez no puede reclamar

una expectativa razonable de intimidad absoluta. El

4 Smith v. Maryland, 442 U.S. 735 (1979) incorporó el criterio esbozado por el Juez Harlan en su opinión concurrente en Katz v. United States, 389 U.S., 1353 (1967).

“La pregunta no es si una persona tiene que cerrar las cortinas antes de cometer un crimen. La pregunta es si una persona tiene que cerrar las cortinas cada vez que entra a un cuarto en caso de que lo estén vigilando.” (Traducción nuestra). Anthony G. Amsterdam, Perspectives on the Fourth Amendment, 58 Minnesota Law Review 349, 403 (1974).

“Por lo tanto, el verdadero examen para determinar si la práctica en cuestión es constitucional es si el permitir la forma particular de vigilancia practicada por la policía disminuye la intimidad y la libertad de los ciudadanos a un ámbito inconsistente con una sociedad libre y abierta.” (Traducción nuestra). (Id., págs. 349-403). CC-96-227 - 10 -

lugar “registrado” fue el pasillo y entrada visibles

de un apartamento en un Condominio con acceso

controlado. La naturaleza y grado de la intervención

policíaca consistió en observar a plena vista, desde

el descanso en las escaleras del segundo piso, la

referida entrada del apartamento de Ortiz

Rodríguez. El propósito de la intervención fue

investigar y detectar alegadas violaciones a la Ley

de Sustancias Controladas objetos de una

confidencia, y así acumular suficiente prueba para

acudir ante un tribunal y obtener una orden de

registro y allanamiento. La conducta de Ortiz

Rodríguez no indicaba una expectativa subjetiva

legítima de intimidad, pues llevó a cabo varias

transacciones de drogas a través del portón, a plena

vista del agente Berríos Silva u otra persona que

pasase por el segundo piso. Todos los condóminos,

dueños, inquilinos y sus respectivos invitados

tenían acceso a las escaleras. Desde el lugar donde

el agente Berríos Silva observó, no existía barrera

física alguna que impidiera la visibilidad. La

entrada del apartamento de Ortiz Rodríguez podía

verse “desde el pasillo, la escalera o desde

cualquiera de los cinco apartamentos restantes

ubicados en el piso.” Comunitariamente, existe un

grado de inhibición social en cuanto al pasillo y

las escaleras de un edificio. Las costumbres

sociales obligan a que las personas se comporten de

forma prudencial y, más restringidamente, en los

elementos comunes de uso general del condominio en

contraste con el interior de sus apartamentos, donde

gozan de una mayor expectativa de intimidad.

Ciertamente, no se discute, que el permitir tráfico CC-96-227 - 11 -

de drogas en los pasillos y escaleras de un edificio

atenta contra el derecho de los demás condóminos al

uso y disfrute pacífico de los elementos de uso común.

Este análisis, nos permite concluir que Ortiz

Rodríguez no tenía una expectativa razonable de

intimidad sobre los pasillos y las escaleras del

edificio mientras los utilizaba para llevar a cabo

transacciones ilegales.5

III

No pasamos por alto la doctrina de “curtilage”,

esto es, las "inmediaciones" o estructuras accesorias

de un hogar, hasta donde se extiende la protección del

derecho a la intimidad. Pueblo v. Meléndez Rodríguez,

supra.

Se trata del área considerada parte de la casa a

la cual se extiende la actividad íntima del hogar y la

persona. Determinarlo conlleva examinar si un

individuo puede razonablemente esperar que el área

inmediata al hogar permanezca privada, tomando en

consideración los siguientes cuatro factores: 1)

proximidad a la zona reclamada como “curtilage”. Si

está muy próxima es mucho más probable que el área sea

considerada como “curtilage”; 2) si el área se

encuentra dentro de los linderos de la casa; 3) la

naturaleza y el uso que se le da a esa zona; y 4) las

medidas adoptadas por el residente para proteger esta

zona de observaciones que puedan hacer los transeúntes

5 En Lewis v. United States, 385 U.S. 206, 211 (1966), el Tribunal resolvió que cuando “[e]l hogar es convertido en un centro comercial al que forasteros son invitados para propósitos de tramitar negocios ilícitos, ese negocio no tiene derecho a más santidad que la que retuviese en una tienda, en un garaje, en un vehículo o en la calle. Un agente gubernamental, de la misma forma que una persona privada, puede aceptar una invitación para hacer negocios y puede entrar en los predios para el mismo propósito contemplado por el ocupante." (Traducción nuestra). CC-96-227 - 12 -

que por allí pasan. Pueblo v. Meléndez Rodríguez,

En el pasado, hemos reconocido que en el descargo

de su función investigativa, la Policía puede entrar

en áreas del “curtilage” de una residencia que están

claramente visibles o implícitamente abiertas al

público, con el propósito de conversar con los

ocupantes de la residencia o procurar a alguna

persona. Pueblo v. Meléndez Rodríguez, supra; Pueblo

v. Torres Resto, 102 D.P.R. 532 (1974); Pueblo v.

Alvarez Torres, 85 D.P.R. 789 (1968).

Sin embargo, “[c]uando un agente traspasa esa

zona como parte de una gestión de vigilancia para

observar a través de puertas y ventanas que no están

claramente visibles, eso constituye un registro

irrazonable.” LaFave, Search and Seizure, 2d ed. Sec.

2.3(c), p. 394. Véase Texas v. González, 388 F. 2d 145

(5th Cir. 1968); People v. Cogle, 21 Cal. App. 3d 57

(1971); Olivera v. State, 315 So. 2d n487 (Fla. App.

1975); State v. Ragsdale, 381 So. 2d 492 (La. 1980).

La justificación de esta norma, es que al limitar la

visibilidad de su hogar, el residente tiene una

razonable expectativa de intimidad en el interior de

su casa y no espera que las personas o agentes del

orden público estén observando a través de las

ventanas.

En Pueblo v. Meléndez Rodríguez, supra,

resolvimos que “[a]quella porción de los pasillos en

condominios o edificios de vivienda múltiple que

conduce a la entrada de apartamentos y, en especial,

el área inmediatamente fuera de la puerta de la

entrada a un apartamento, es parte del curtilage de la

vivienda próxima al mismo. Nos parece razonable CC-96-227 - 13 -

concluir que a dicha área se ‘extiende la actividad

íntima asociada con la santidad del hogar’. Chiesa

Aponte, E.L., Tomo I, Cap. 6, ob. cit., Sec. 6.16,

pág. 432. Su proximidad al apartamento de vivienda

‘por sí solo hace mucho más probable que el área sea

considerada como curtilage’.” (Citas omitidas). Así,

en Pueblo v. Meléndez Rodríguez, supra, juzgamos como

“intrusión irrazonable en la vida íntima” la acción

del agente acercarse a la puerta de una residencia

para escuchar las conversaciones que se efectúan tras

puertas cerradas.”

“Cuando la policía, sin penetrar el ‘curtilage’

del acusado, recurre a medios extremos para lograr una

posición desde donde ni los vecinos ni el público en

general de ordinario lo esperaría, sus observaciones

constituyen un registro.” (Traducción nuestra). Wayne

R. LaFave, ob. cit., Volumen 1, §2.3(c), pág. 482.

Contrario sensu, si sólo utiliza sus sentidos

naturales desde un lugar donde tiene derecho a estar,

tales observaciones no lo son.

El residente de un edificio con múltiples

viviendas tiene una expectativa de intimidad

justificada de no ser escuchado o visto desde un lugar

en el edificio el cual los otros residentes o el

público normalmente no utilizan o esperen se utilice.

“No obstante, una cosa es decir que un ocupante no

puede reclamar privacidad en cuanto a actividades

dentro de su residencia cuando la conducta se lleva a

cabo en una manera fácilmente al alcance de la vista

y oídos de los vecinos o el público que por allí

transite. Es otra cosa exigir que los ciudadanos no

puedan sentirse seguros dejando sus cortinas sin

cerrar o en forma alterna, cerrar toda posible CC-96-227 - 14 -

apertura de su residencia.” Wayne R. LaFave, ob. cit.,

Volumen 1, §2.3(c), pág. 482 (Traducción nuestra).

Esa no es la situación en el caso de autos. Las

escaleras son utilizadas constantemente por los

vecinos y otras personas, y podía la policía usarlas

apropiadamente para establecer vigilancia. Al

respecto, Berríos Silva permaneció en todo momento en

el descanso de las escaleras del segundo piso,

elementos comunes de uso general por condóminos,

empleados, visitantes y otros. Consecuentemente, por

definición, dichas escaleras no formaban parte del

“curtilage” del apartamento de Ortiz Rodríguez, y por

ende no puede invocar su protección. Adjudicada su

falta de expectativa subjetiva de intimidad, evaluemos

su contención bajo la Regla de Exclusión.

IV

El Art. II, Sec. 10 de nuestra Ley Fundamental

prohibe el producto de registros y allanamientos

inconstitucionales; no es prueba admisible en los

tribunales. Pueblo v. Colón Rafucci, res. en 25 de

enero de 1996; Pueblo v. Santiago Alicea, res. en 18

de abril de 1995; Pueblo en interés del menor N.R.O.,

res. en 12 de septiembre de 1994; Pueblo v. Martínez

Torres, 120 D.P.R. 496, 500 (1988); Pueblo v. Ramos

Delgado, 122 D.P.R. 287 (1988); Pueblo v. González

Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972); Pueblo v. Rodríguez

Rivera, 91 D.P.R. 456 (1964).

A su amparo, la legalidad de tales registros

deben analizarse tomando en cuenta tres (3) aspectos

circunstanciales: 1) lugar objeto del registro; 2)

presencia del concepto de motivo fundado para

realizarlo; y 3) su razonabilidad. CC-96-227 - 15 -

En Pueblo v. Pérez Pérez, supra, establecimos que

“[l]os condominios presentan a las fuerzas del orden

público dificultades especiales para el

establecimiento de una vigilancia ordenada. Como regla

general, la solución radica, cuando la vigilancia

exterior no basta, en que la Policía acuda ante un

magistrado y obtenga, tras el trámite de rigor, su

autorización para penetrar en las áreas comunes de la

propiedad para establecer puntos de observación

satisfactorios”. Este pronunciamiento exige una

aclaración. La orden allí referida es la clásica de

Registro y Allanamiento, autorizada bajo las Reglas

229 a 233 de Procedimiento Criminal. Nuestro

ordenamiento procesal todavía no provee expresamente

una orden especial que autorice una “vigilancia” de

áreas comunes. De inmediato, ello plantea el

problema del quantum de prueba necesario. No podría

ser ni exigirse el mismo de causa probable. Si así

fuera no tendría sentido ni sería necesaria la

vigilancia. Bastaría obtener la orden de registro y

allanamiento. La vigilancia previa es necesaria

porque se carece de esa prueba. En el caso de autos,

precisamente la vigilancia y sus observaciones

fueron las que produjeron suficiente causa probable

sobre actos delictivos para justificar la orden de

registro y allanamiento.

Ortiz Rodríguez argumenta que la orden de

allanamiento fue insuficiente de su faz, pues ni de

ésta, como tampoco de la declaración jurada, surgía

el derecho de los agentes a penetrar las áreas

comunes del condominio a investigar y violar su

expectativa legítima. Se basa en que al momento de

solicitarla, el agente de la policía no consignó en CC-96-227 - 16 -

su declaración jurada la forma en que él obtuvo

acceso a las áreas comunes del edificio residencial,

desde donde pudo observar alegados actos delictivos.

No tiene razón.

En Pueblo v. Bogard, 100 D.P.R. 565 (1972), nos

enfrentamos a una situación bastante similar. Allí

se atacó la validez de la orden de allanamiento

expedida por un magistrado alegándose que “[e]l

Agente no hizo constar en su declaración jurada los

medios de que se valió para observar el patio de la

residencia de los apelantes.” Resolvimos que “[l]a

declaración jurada prestada por el agente Fuentes

Ortega cumple con la ley y la jurisprudencia. Expuso

el agente que las observaciones que hizo fueron el

resultado de labor de vigilancia hacia el patio de

la residencia de los acusados. Ello era suficiente

para informar al magistrado como obtuvo la

información sobre los hechos que justificaban la

expedición de la orden de allanamiento.” Este

razonamiento fue reiterado en Pueblo v. Bonilla

Romero, 120 D.P.R. 92, 108 (1987). En virtud de la

Regla 231 de Procedimiento Criminal, el quantum de

causa probable judicial como prueba necesaria para

una orden de allanamiento, significa que el

magistrado quede convencido. En el caso de autos,

las declaraciones juradas prestadas por el agente

Berríos Silva, revelan que entró al condominio y se

ubicó en el área de las escaleras del segundo piso,

donde observó lo que ocurría frente al apartamento

de Ortiz Rodríguez. Basado en esta información se

expidió la orden. El juez se convenció que los

hechos jurados, a su juicio, eran indicativos de que

probablemente se estaba cometiendo o se había CC-96-227 - 17 -

cometido un delito. La misma no adolecía de ningún

defecto legal ni jurisprudencial.

Pueblo v. Rivera, 79 D.P.R. 742, 747 (1956),

definió así el estándar para juzgar la existencia de

causa probable:

“El criterio o medida para juzgar si existe causa probable no puede expresarse en términos rígidos y absolutos: la cuestión estriba en determinar si los hechos y las inferencias que se derivan de los mismos, a juicio de una persona prudente y razonable, bastan para creer que se está cometiendo o se ha cometido el delito por el cual la ley autoriza la expedición de una orden de allanamiento. Carroll v. United States, 267 U.S. 132 (1925); Steele v. United States, 267 U.S. 498 (1925); Dumbra v. United States, 268 U.S. 435 (1925). Meras sospechas no constituyen causa probable pero tampoco es necesario que el juez quede convencido fuera de toda duda razonable de que se está violando la ley. Como indicó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Brinegar v. United States, 333 U.S. 160, 175 (1949): ‘Cuando nos referimos a causa probable... actuamos a base de probabilidades. Estas no son cuestiones técnicas: se trata de consideraciones prácticas y reales que surgen en la vida cotidiana a base de las cuales actúan hombres prudentes y razonables y no técnicos en derecho. La norma o regla en cuanto a la prueba, por consiguiente, depende de la cuestión que debe 6 probarse’.”

No era necesario pues, que el agente Berríos

Silva consignara en su declaración jurada el derecho

que tenía para estar en posición de presenciar los

actos delictivos. La encomienda judicial es

armonizar el derecho e intervención a la intimidad

individual con el fundamental interés del Estado de

poner en vigor las leyes penales.

En ausencia de prejuicio, parcialidad, o error

manifiesto, el juicio del magistrado que expide

la orden –quien tuvo ante sí al declarante que

6 Ratio decidendi, reiterado en Pueblo v. Muñoz Santiago, res. en 6 de noviembre de 1992. CC-96-227 - 18 -

prestó la declaración jurada-, merece posterior

deferencia judicial, en cuanto a la credibilidad del

declarante y la determinación de causa probable.7

A la luz de la totalidad de las circunstancias y

demás factores pertinentes, concluimos que existió

base sustancial y causa probable para expedir la

orden de allanamiento. Réstanos examinar el aspecto

del consentimiento a un registro, como excepción a

orden judicial previa.

V

“Si un agente del orden público primero obtiene

el consentimiento voluntario de alguien con autoridad

para controlar el acceso a los lugares o cosas a

registrarse, no necesita orden judicial. Así

autorizado, puede entrar y hacer observaciones

consistentes con el ámbito del permiso conferídole.”

Wayne R. LaFave, Search and Seizure, A Treatise on the

Fourth Amendment, Third Edition, Volume 1, §2.3(b),

pág. 475. (Traducción nuestra).

7 En Pueblo v. Meléndez Rodríguez, res. en 13 de julio de 1994 – al analizar la determinación de causa probable de un magistrado al expedir una orden de allanamiento a base de una confidencia que denunciaba la venta de “bolita” en una propiedad-, citamos a Pueblo v. Muñoz Santiago, supra, y señalamos:

“Aclaramos que al aplicar dichos criterios siempre hemos exigido que la confidencia haya sido corroborada por el agente ya sea mediante observación personal o por información de otras fuentes.’ Pueblo v. Muñoz Santiago, supra, a la pág. 10080 (énfasis en el original), 22 Reiteramos que el análisis de la suficiencia de dichas declaraciones juradas también debe tomar en cuenta los criterios que hemos establecido respecto a los testimonios estereotipados. Ahora bien, al ejercer nuestra facultad revisora, no nos corresponde hacer una determinación de novo de causa probable: ‘[s]ólo nos corresponde estimar si la evidencia considerada en su totalidad proveía una base sustancial para la determinación de causa probable por el magistrado’.” CC-96-227 - 19 -

Precisamente, en Pueblo v. Pérez Pérez, supra, al

cualificar la regla general de que la policía acudiera

al tribunal para obtener orden de entrada, aclaramos

vía escolio que “[c]uando el administrador de un

edificio, su delegado u otro inquilino autorice la

entrada de un policía a un condominio..., varios

tribunales reconocen entonces que la actuación de la

Policía al vigilar áreas comunes es legítima.”

(Traducción nuestra). Pág. 831 n. 2. Véase, Wayne R.

LaFave, ob. cit., Volumen 1, §2.3(b), pág. 478-479.8

En el caso de autos, la Policía, como parte de

una investigación legítima, alquiló un apartamento en

el Condominio para poder entrar al edificio y

establecer vigilancia. Ni la Constitución ni la ley lo

prohiben; tampoco se trata de una decisión o actuación

irrazonable. Ese arrendamiento brindó a los agentes el

mismo acceso a las áreas comunes del condominio que le

brindaría a cualquier otro arrendatario. Entre éstos,

entrar al ascensor, escaleras y otras áreas comunes

del edificio, pero no, naturalmente al apartamento de

Ortiz Rodríguez.9

Aún así, Ortiz Rodríguez argumenta que Berríos

Silva nunca se identificó como agente del orden (o

encubierto), ante la Administradora del Condominio

al alquilar el apartamento.10 Sostiene que dicho

8 Como regla general, si un agente entra legalmente al área común de un predio, puede realizar allí su vigilancia. McDonald v. United States, 335 U.S. 451, 69 S. Ct. 191, 93 L. Ed. 153 (1948). 9 Bajo la Ley de Propiedad Horizontal, las escaleras constituyen elemento general del inmueble. 31 L.P.R.A. sec. 1291i (b). Cada titular puede usar los elementos comunes conforme su destino, sin impedir o estorbar el legítimo derecho de los demás. 31 L.P.R.A. sec. 1291l, ¶1. 10 En Lewis v. United States, supra, 209, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo “[q]ue en la detección de muchos tipos de delitos, el Gobierno tiene derecho a usar señuelos y el ocultar la identidad de sus agentes. Las varias protecciones de la Carta de CC-96-227 - 20 -

agente no utilizó el apartamento como residencia, u

otro fin que no fuese obtener libre acceso a los

elementos comunes de uso general, para así continuar

con su investigación sin obtener una previa orden

judicial, dado a que dicho condominio tenia control

de acceso. Tampoco tiene razón.

La prueba no contradicha demuestra que la

administradora del Condominio no fue informada sobre

el propósito del alquiler, debido a la posibilidad

de que ella estuviese involucrada con Ortiz

Rodríguez -lo cual podía comprometer la

investigación- y de no ser así, en la alternativa,

temían por su seguridad, dado al gran riesgo que

presentaba dicha investigación y alto nivel de

confidencialidad requerido para poder vigilar el

lugar, especialmente en el área del segundo piso.

Los agentes se limitaron a alquilar el

apartamento sin dar explicaciones al respecto, como

tampoco comunicaron ni expusieron su condición de

encubiertos.11 Nada hay de ilegal en esa conducta. El

alto grado de confidencialidad de la investigación,

las medidas de seguridad y el mecanismo de alquilar un

apartamento, no violan ninguna disposición de nuestra

Constitución. Aplicable el siguiente razonamiento:

Derechos, por supuesto, proveen control sobre tales engaños oficiales para la protección del individuo.” (Traducción nuestra). 11 Ortiz Rodríguez añade que el ocultarle al agente Berríos Silva “su verdadera identidad a la Administradora del condominio en cuestión, con el propósito de obtener de ella el ‘alquiler’ de dicho apartamento, constituye un acto inpermisible desde el punto de vista de la protección constitucional contra el derecho a la intimidad. U.S. v. Bosse, 898 F. 2d 113 (9th Cir. 1990)”. Carece de razón.

U.S. v. Bosse, lo primero que estableció fue que “un agente puede, de manera consistente con la Enmienda Cuarta, ocultar su identidad para de ese modo, obtener una invitación para entrar al hogar de un sospechoso... La entrada encubierta estará limitada a los propósitos contemplados en la sospecha. Una vez dentro del hogar del sospechoso, el agente no puede hacer un registro general en búsqueda de materiales delictivos.” Pág. 211, (traducción nuestra y citas omitidas). CC-96-227 - 21 -

“[s]i fuéramos a sostener que la decepción del agente

en este caso está constitucionalmente prohibida, nos

aproximaríamos a una regla en la que el utilizar un

agente encubierto en cualquier forma, sería

virtualmente inconstitucional per se. Una regla así,

por ejemplo, impediría severamente al Gobierno

destapar esas actividades criminales organizadas, que

son caracterizadas por negocios secretos con víctimas

que no pueden o quieren protestar. Proveyendo el

narcotráfico un principal ejemplo.” Lewis v. United

States, supra, 210. (Traducción nuestra).

Por último, Ortiz Rodríguez aduce que “el agente

Padró le omitió a sus superiores lo relacionado a la

alternativa de obtener una orden judicial para

penetrar las áreas comunes del edificio, induciendo

falsamente a sus superiores a creer que, de acuerdo

al Fiscal Vázquez Pérez, la única manera legal de

obtener acceso al interior del condominio, sin

obtener autorización de la persona encargada de la

administración del condominio, era alquilando un

apartamento allí”. No nos convence.

Primero, el argumento no tiene que ver (ni es

pertinente) con la doctrina del consentimiento.

Segundo, es especulativo argumentar que el

memorándum del 27 de abril de 1995, contiene una

falsa representación al Teniente Juan Ortiz Díaz. En

dicho documento, el agente Padró González no

mencionó la posible obtención de una orden judicial.

Ello es irrelevante, pues en ese momento carecía de

la información necesaria para poder obtener

válidamente una orden judicial de acuerdo a los

requisitos de causa probable bajo la Regla 231 de

Procedimiento Criminal. Según mencionáramos, debe CC-96-227 - 22 -

recordarse que en nuestro ordenamiento procesal

penal no existe per se una orden judicial

autorizando una vigilancia. Repetimos, su obtención

exigiría el quantum de prueba sobre causa probable.

VI

En resumen, reafirmamos que la protección contra

registros y allanamientos del Art. II Sec. 10 de

nuestra Constitución, se extiende a “los pasillos y

otras áreas comunes de estructuras de vivienda

pública, sin hacer distinciones entre condominios

privados con acceso limitado y residenciales

públicos. Nuestra Carta de Derechos brinda una misma

protección contra intrusiones irrazonables por parte

del Gobierno, ya seamos ricos o pobres, inocentes o

culpables”, Pueblo v. Meléndez Rodríguez, supra.

En los edificios con múltiples unidades de

vivienda el residente tiene un derecho a la intimidad

absoluto sólo sobre una porción; no sobre aquellas

áreas que, por su estructura son áreas adyacentes y

están abiertas o expuestas al público o al uso común.

En reconocimiento de esta realidad, la tendencia

judicial es sostener que sobre las mismas sólo hay una

expectativa de intimidad reducida. Wayne R. LaFave,

ob. cit.

Una vigilancia sobre un predio, aún cuando pueda

ser un registro, no está al mismo nivel de aquel que

conlleva la entrada física o a un escrutinio de los

objetos que allí se encuentren. En materia de

vigilancia, la regla es menos estricta. Texas v.

González, 388 F. 2d 145 (5th Cir. 1968); Borum v.

United States, 318 A. 2d 590 (D.C. App. 1974).

En el caso que nos ocupa, mediante el

arrendamiento del apartamento, la policía validó su CC-96-227 - 23 -

entrada a los elementos de uso común del edificio.

En Meléndez Rodríguez, supra, adoptamos una

interpretación liberal del derecho a la intimidad

para equiparar los residenciales públicos a los

edificios con acceso controlado. En aquella ocasión

la práctica condenada fue que un policía escuchara

una conversación dentro de un apartamento a través

de una puerta cerrada. Esa no es la situación en el

caso de autos. El agente Berríos Silva con sus

observaciones nunca penetró dentro del apartamento.

Fue desde las escaleras que observó lo que cualquier

otro condómino hubiese percibido: unas transacciones

ilegales a simple vista realizadas desde la entrada

de un apartamento al pasillo. No se violó el derecho

de intimidad de Ortiz Rodríguez.

Se dictará la correspondiente sentencia

confirmatoria.

ANTONIO S. NEGRON GARCIA Juez Asociado CC-96-227 - 24 -

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente, se confirma la Resolución del Tribunal de Circuito de Apelaciones de fecha 10 de mayo de 1996.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Hernández Denton emitió Opinión Concurrente en parte y Disidente en parte. El Juez Asociado señor Rebollo López disintió sin opinión escrita. El Juez Presidente señor Andréu García se inhibió.

Isabel Llompart Zeno CC-96-227 - 25 -

El Pueblo de Puerto Rico Recurrido

v. CC-96-227

Recurrente

Opinión Concurrente en parte y Disidente en parte emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico a 29 de enero de 1999.

Por entender que la interpretación que hace hoy

este Tribunal sobre el alcance de la protección

contra registros, incautaciones y allanamientos

irrazonables de nuestra Constitución en el contexto

de las áreas comunes de un edificio multipisos

erosiona significativamente su vitalidad, estamos

impedidos de suscribirla. Por ello, disentimos de

los pronunciamientos de este Tribunal en relación a

que el mero hecho de arrendar un apartamento en un

edificio multipisos legitima la presencia de

funcionarios del orden público en sus áreas comunes.

No obstante, estimamos que por otros fundamentos CC-96-227 - 26 -

la Resolución recurrida debe ser confirmada. Por ello, concurrimos con

el resultado al cual llega la Opinión del Tribunal.

I.

Los hechos del caso son sencillos y no están en controversia. En

abril de 1995 el agente Jorge L. Padró González, miembro de la División

de Drogas y Narcóticos del Area Metropolitana de San Juan, recibió una

confidencia en términos de que en el condominio 615 de la Calle Condado

en Santurce residían varias personas que se dedicaban al trasiego de

sustancias controladas. Luego de ello, en unión al agente Juan R.

Berríos Silva, Padró González obtuvo asesoramiento de la División de

Drogas y Crimen Organizado del Departamento de Justicia en torno a las

formas adecuadas de realizar la investigación a fin de obtener

evidencia delictiva que eventualmente permitiera obtener una orden

judicial para allanar y registrar el apartamento que fue objeto de la

confidencia.

En esa ocasión, el Director de dicha división, Fiscal José Vázquez

Pérez, les informó que para tener acceso al interior del edificio para

realizar gestiones investigativas debían obtener una orden judicial o

el consentimiento del administrador del edificio. En la alternativa,

les indicó que de no obtener la orden judicial o el consentimiento del

administrador, debían arrendar un apartamento en el condominio.

Luego de los trámites administrativos requeridos, la Policía

alquiló por un mes el apartamento número 305 en el tercer piso del

condominio. Desde allí la Policía realizó gestiones investigativas

conducentes a obtener evidencia delictiva que le permitiera gestionar

una orden para registrar el apartamento 205, propiedad del aquí

imputado. Parte de las observaciones vertidas en la declaración jurada

que sirvió de base a la expedición de la orden de registro fueron

realizadas desde el pasillo y escalera que conducía al apartamento del

imputado, áreas comunes de los residentes del condominio. Otras de las

observaciones de los agentes investigadores fueron realizadas a las

afueras del condominio, es decir en las vías públicas del país. CC-96-227 - 27 -

Luego de expedida la orden de registro y allanamiento, la Policía

ocupó evidencia delictiva (sustancias controladas) en el interior del

apartamento del imputado. En el eventual procedimiento judicial por dos

cargos por infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas,

(posesión de sustancias controladas con intención de distribuirlas),12

la defensa solicitó la supresión de la evidencia bajo el fundamento de

que la obtención de la evidencia que sirvió de base a la expedición de

la orden de allanamiento fue obtenida en violación de la Sección 10 del

Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado.

El foro de instancia denegó la supresión solicitada. El Tribunal

de Circuito de Apelaciones, a su vez, denegó expedir el auto de

certiorari para revisar la determinación del foro de instancia.

Inconforme con esta determinación, Ortiz Rodríguez acudió ante

este Foro mediante petición de certiorari. En su único señalamiento

nos plantea que erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver

que los agentes del orden público no necesitaban obtener una orden

judicial para lograr acceso a las áreas comunes del edificio y desde

allí realizar gestiones investigativas. Así pues, la única controversia

que tenemos ante nuestra consideración es si la obtención de la

evidencia que dio base a la expedición de la orden de allanamiento fue

obtenida en violación de la Sección 10 del Art. II de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

II.

La protección constitucional contra registros, allanamientos e

incautaciones irrazonables que provee la Sección 10 del Art. II de la

12 Dispone el referido Art., en lo pertinente:

(a) Excepto en la forma autorizada en [esta Ley], será ilegal el que cualquier persona, a sabiendas o intencionalmente:

(1) Fabrique, distribuya, dispense, transporte u oculte o posea con la intención de fabricar, distribuir, dispensar, transportar u ocultar una sustancia controlada; CC-96-227 - 28 -

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene como

finalidad proteger la intimidad de las personas frente a actuaciones

irrazonables y arbitrarias por parte del Estado.13 Pueblo v. Yip

Berríos, Opinión y Sentencia de 30 de enero de 1997, 142 D.P.R. ___

(1997); Pueblo v. Santiago Alicea, Opinión y Sentencia de 18 de abril

de 1995, 138 D.P.R. ___ (1995). Véanse, 1 Ernesto L. Chiesa, Derecho

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos 283 (1991); 1 Olga Elena

Resumil de Sanfilippo, Derecho Procesal Penal 203 et seq. (1990). De

este modo, y conforme a vasta jurisprudencia sobre el tema, bajo la

Sección 10 del Art. II de nuestra Constitución, al Estado le está

vedado intervenir con la intimidad individual en ausencia del

consentimiento del intervenido, una orden judicial basada en causa

probable, la existencia de motivos fundados para creer que la persona

con la que se intervendrá ha cometido o esté en vías de cometer un

delito, o circunstancias excepcionales que le impriman razonabilidad a

la gestión gubernamental.14

(2) Produzca, distribuya o dispense, transporte u oculte o posea con la intención de distribuir o dispensar, transportar u ocultar una sustancia falsificada. 13 El texto constitucional dispone, en lo pertinente:

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.

... Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.

Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales. Const. de P.R., Art. II, Sección 10. 14 Así, por ejemplo, en el pasado hemos validado los registros superficiales incidentales a un arresto válido, Pueblo v. Zayas Fernández, 120 D.P.R. 158 (1987); los registros efectuados ante circunstancias apremiantes para preservar evidencia, Pueblo v. González Román, 110 D.P.R. 651 (1972), los registros tipo inventario, Pueblo v. Rodríguez Rodríguez, 128 D.P.R. 438 (1991); y los registros e incautaciones realizados en donde en el balance de los intereses involucrados la gestión gubernamental resulta razonable, Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986); Pueblo v. Yip Berríos, supra. CC-96-227 - 29 -

En Puerto Rico, como en Estados Unidos bajo la Cuarta Enmienda de

la Constitución federal,15 el criterio rector para determinar si existe

protección bajo la disposición constitucional es si quien la reclama

tiene una expectativa legítima a que su intimidad sea respetada según

las circunstancias específicas que rodean ese reclamo. E.L.A. v. P.R.

Telephone Company, 114 D.P.R. 394 (1983). Así pues, ese análisis no se

da en abstracto, se da en el contexto específico de los hechos que

rodean la intervención estatal que ha sido impugnada, ya sea un

registro, un allanamiento o una incautación.

Para evaluar si un reclamo de expectativa a la intimidad es

razonable, es necesario examinar varios factores, ninguno de los cuales

es determinante per se. En este sentido, es preciso examinar: (1) el

lugar registrado o allanado; (2) la naturaleza y grado de intrusión de

la intervención; (3) el objetivo o propósito de la intervención; (4) si

la conducta de la persona indica que albergaba una expectativa de

intimidad subjetiva; (5) la existencia de barreras que impidan el

acceso o visibilidad del lugar; (6) el número de personas que tienen

acceso al lugar en cuestión; (7) y las inhibiciones sociales

relacionadas con el lugar registrado. Pueblo v. Rivera Colón, 128

D.P.R. 672 (1991).

Asimismo, en el pasado hemos reconocido que la protección constitucional contra

registros y allanamientos irrazonables se extiende a las áreas contiguas o adyacentes

a una residencia ("curtilage"). Id. El fundamento para ello consiste en que tales

áreas de ordinario se asocian con la actividad íntima que ocurre dentro de una

residencia. Es posible, sin embargo, el acceso de agentes del Estado a esas áreas

comprendidas dentro del "curtilage" cuando tales áreas "est[án] implícitamente

abierta[s] al público, mas ello ha de hacerse con el propósito de conversar con los

ocupantes de la residencia o preguntar por alguna persona". Pueblo v. Meléndez

Rodríguez, Opinión y Sentencia de 13 de junio de 1994, 136 D.P.R. ___ (1994) (énfasis

suplido). Véanse, Pueblo v. Torres Resto, 102 D.P.R. 532 (1974) (en donde resolvimos

que no constituye un registro ilegal la entrada de la Policía a los predios de una

residencia en aparente estado de abandono, rodeada de una cerca de madera sin candado

15 Como se sabe, la Cuarta Enmienda Federal establece sólo el ámbito mínimo de protección que los estados y Puerto Rico están CC-96-227 - 30 -

para conversar con sus posibles ocupantes); Pueblo v. Alvarez Solares, 85 D.P.R. 789

(1968) (en donde resolvimos que no constituye un registro ilegal la entrada de un

agente del Estado a través de un portón sin candado para tocar en la puerta de entrada

de una residencia cuando intentaba encontrar a una persona).

Ahora bien, hemos reconocido que "[a]quella porción de los pasillos en

condominios o edificios de vivienda múltiple que conduce a la entrada de apartamentos

y, en especial, el área inmediatamente afuera de la puerta de entrada a un

apartamento, es parte del curtilage de la vivienda próxima al mismo". Pueblo v.

Meléndez Rodríguez, supra. Fundamentamos esta conclusión en la convicción de que a

esas áreas se extiende la actividad íntima que se asocia al interior del apartamento.

Por tal razón, además, hemos reconocido que la entrada de funcionarios del orden

público a tales áreas comunes de un edificio de vivienda múltiple, constituye un

registro bajo la parámetros de la Sección 10 del Art. II cuando las circunstancias

revelan que quienes residen en el edificio poseen una expectativa a que su intimidad

en esas áreas sea respetada.

Fue a la luz de este razonamiento que en Pueblo v. Pérez Pérez,

115 D.P.R. 827 (1984) reconocimos como razonable un reclamo de

expectativa a la intimidad realizado en el contexto de las áreas

comunes de un edificio multipisos. Allí destacamos que “los pasillos de

los condominios no son calles de la ciudad, ni su garaje es menos

privado que el de otro tipo de hogar”. Al así actuar reconocimos que

un reclamo de expectativa a la intimidad efectuado por un ciudadano que

reside en un edificio multipisos con relación a las áreas comunes del

mismo resulta razonable a un grado comparable con la expectativa a la

intimidad de los ciudadanos que residen en residencias particulares.

Asimismo, recientemente, reafirmamos nuestros pronunciamientos en

Pérez Pérez al extender la norma a las áreas comunes de residenciales

públicos. De tal modo, en Pueblo v. Meléndez Rodríguez, supra,

afirmamos que: “[r]ehusamos limitar las protecciones consagradas en

Pérez Pérez, [...] a los pasillos y áreas comunes de condominios

privados de acceso controlado. No podemos negárselas a los ciudadanos

que viven en los residenciales públicos de Puerto Rico”.

obligados a reconocer. CC-96-227 - 31 -

Claro está, las diferencias funcionales entre áreas comunes y el

interior de un apartamento podrían conducir al reconocimiento de una

mayor protección constitucional dentro de los apartamentos que en el

contexto de las áreas comunes. Este análisis, sin embargo, deberá

hacerse caso a caso.

Conforme a estos pronunciamientos, la norma en Puerto Rico ha sido

que la validez de la entrada de funcionarios del orden público a las

áreas comunes de un edificio multipisos supone la previa obtención de

una orden judicial basada en causa probable, la existencia de

circunstancias apremiantes, o el consentimiento de algunos de los

residentes del referido edificio. Ausente alguna de estas

circunstancias, la entrada de funcionarios del orden público a lugares

en los cuales resulta razonable un reclamo de expectativa a la

intimidad por una persona está prohibida por nuestra Constitución.

Con la anterior discusión en mente, examinemos la controversia

específica que tenemos ante nuestra consideración y lo resuelto en la

Opinión del Tribunal.

III.

A.

En el caso de autos, la controversia central es si la Policía

violó la disposición constitucional contra registros y allanamientos

irrazonables de nuestra Constitución al alquilar un apartamento de un

edificio multipisos para realizar gestiones investigativas dentro de

sus áreas comunes.

Al respecto, la Opinión resuelve que "[e]n el caso que nos ocupa,

mediante el arrendamiento, la policía validó su entrada a los elementos

de uso común del edificio". Opinión del Tribunal, a la pág. 21. Añade

"[e]se arrendamiento brindó a los agentes el mismo acceso a las áreas

comunes del condominio que le brindaría a cualquier otro arrendatario.

Entre éstos, entrar al ascensor, escaleras y otras áreas comunes del

edificio [...]". Opinión del Tribunal, a la pág. 18. CC-96-227 - 32 -

En términos prácticos, esta afirmación reconoce que el interés

propietario adquirido por el Estado al arrendar le confiere derecho a

realizar gestiones investigativas en zonas que de otro modo no hubiese

podido lograr acceso sin la obtención de una orden judicial o el

consentimiento de alguno de los residentes. Dicho de otro modo, la

Opinión concluye que, en el caso de autos, el derecho de arrendamiento

obtenido con el fin de realizar gestiones investigativas le permite al

Estado evadir el requisito constitucional de obtener una orden judicial

basada en causa probable para intervenir con la ciudadanía en zonas en

las cuales puede resultar razonable un reclamo de expectativa a la

intimidad.

Los peligros de la conclusión mayoritaria son evidentes. Si el

derecho propietario le confiere validez jurídica a la entrada de

funcionarios del orden público a áreas en las cuales éstos sólo podrían

entrar legítimamente luego de obtener una orden judicial o el

consentimiento de los inquilinos, el Estado podría lograr acceso con

fines exclusivamente investigativos no sólo al tipo de área común del

caso de autos, sino también a una habitación de un hospedaje o a una

vivienda múltiple con sólo alquilar un cuarto, o en algunos contextos

aún más extremos, una cama. Esta práctica representa un serio atentado

al derecho a la intimidad, más aún ante la amplitud de los

pronunciamientos de la Opinión del Tribunal.

La expectativa de intimidad que razonablemente pueden reclamar las

personas que residen en un edificio multipisos con relación a las

áreas comunes ha sido caracterizada como una expectativa a la intimidad

compartida entre sus residentes. Se ha destacado que no se trata

meramente de unos propietarios que comparten unas áreas comunes, sino

más bien de residentes de una misma casa que esperan que su intimidad

no sea violada por extraños. People v. Garriga, 596 N.Y.S.2d 25 (1993)

("[W]e believed that the officers here, by entering the internal

hallways of the defendants' rooming house to find him engaged in a

criminal transaction, entered the defendant´s home in a constitutional CC-96-227 - 33 -

sense"); Reardon v. Wroan, 811 F.2d 1025 (7th Cir.1987); State v. Titus,

707 So.2d 706 (1998) ("The mere fact that certain rooms traditionally

associated with a home are shared by rooming house residents does not

render the structure any less a home to those residents", a la pág.

708).

Cada titular de un cuarto de hospedaje o de un apartamento en un

edificio de vivienda múltiple tiene un interés legítimo en que la

integridad y seguridad de la totalidad de la estructura sea respetada

por los extraños. Véase, McDonalds v. U.S., 335 U.S. 451 (1948). Esto

significa que quienes residen en una estructura en la que comparten

distintas áreas o en edificios multipisos cuyas particularidades

impiden que extraños penetren en él, esperan que sólo entren a los

pasillos y áreas comunes del edificio los residentes y sus invitados.

De este modo, de ordinario, resulta razonable un reclamo de expectativa

a la intimidad por parte de un titular legítimo con relación a los

pasillos y áreas comunes de un edificio cuyas particularidades físicas

denotan un interés de evitar la entrada de extraños (“tresspasers”).

Ciertamente, al concebirse tal expectativa a la intimidad como una

compartida entre los inquilinos, podría resultar irrazonable reclamarla

en las áreas comunes en relación a las personas que tienen acceso

legítimo a dichas áreas. Sin embargo, se ha afirmado que: "There is

still a reasonable expectation of privacy as to those without a right

of access. The accused only assumes the risk that a person with a right

of access will disclose and not that the police will enter without

permission of common users." 1 John Wesley Hall, Jr., Search and

Seizures Sec. 11.2 (2da ed. 1991).

Claro está, la protección de esas áreas supone un análisis caso a

caso, de forma tal que pueda examinarse la expectativa a la intimidad

subjetiva que existe por quienes comparten esas áreas para proteger

adecuadamente el derecho a la intimidad de la ciudadanía y la potestad

legítima del Estado de investigar el crimen. CC-96-227 - 34 -

En el caso de autos, no podemos reconocer que el Estado legitimó

su entrada a las áreas comunes del edificio por el mero hecho de haber

arrendado un apartamento. Hacerlo, sería reconocer implícitamente que

el Estado se hizo partícipe de ese ámbito de intimidad que comparten

los residentes del edificio y que los coloca en una situación común

frente a extraños.

Como se sabe, el derecho a la intimidad de la ciudadanía, para

propósitos de la Sección 10 del Art. II de la Constitución del Estado

Libre Asociado, de ordinario, se reconoce frente a actuaciones del

Estado. Por lo tanto, reconocer que al alquilar un apartamento el

Estado se convirtió para todos los propósitos en un arrendatario, con

derecho de acceso a las áreas comunes del edificio constituye un

contrasentido. El Estado no tiene derecho a la intimidad. Por lo tanto,

no puede ser copartícipe de la expectativa a la intimidad que poseen

los arrendatarios del edificio, que es en última instancia lo que le

confiere legitimidad a su presencia en las áreas comunes. Dicho de otro

modo, el Estado no dejó de ser extraño para los residentes del edificio

al arrendar el apartamento.

No negamos que la utilización de agentes encubiertos por parte del

Estado constituye una gestión válida para investigar y evitar el

crimen. Sin embargo, la conclusión a la que llega hoy este Tribunal le

confiere primacía al derecho propietario que pudiera obtener el Estado

sobre el derecho a la intimidad de la ciudadanía, razonamiento que

resulta extraño aún bajo la protección constitucional mínima que los

estados y Puerto Rico vienen obligados a reconocer a las personas en el

contexto de la protección constitucional contra registros,

incautaciones y allanamientos irrazonables. De este modo, bajo la

noción simplista de que "[n]i la Constitución ni la ley lo prohiben",

Opinión del Tribunal, a la pág. 18 (énfasis omitido), la Opinión del

Tribunal cansagra un serio atentado a dicha protección constitucional

al validar una práctica que pudiera generar arbitrariedad por parte de

los funcionarios estatales al intervenir con la intimidad individual. CC-96-227 - 35 -

B.

Existen otras razones que impiden que refrendemos la Opinión del

Tribunal. En primer lugar, contrario a la tesis mayoritaria, en el caso

de autos la razonabilidad del reclamo a la expectativa a la intimidad

no depende de la naturaleza de las actividades —delictivas o no—

realizadas por el imputado Ortiz Rodríguez. Por ello, es incorrecta la

conclusión del Tribunal en términos de que “Ortiz Rodríguez no tenía

una expectativa razonable de intimidad sobre los pasillos y las

escaleras del edificio mientras los utilizaba para llevar a cabo

transacciones ilegales”. Opinión del Tribunal, a la pág. 10 (énfasis

omitido). Esta aseveración soslaya claros preceptos jurídicos que

postulan que el hecho de que una persona esté realizando actividades

delictivas no hace irrazonable un reclamo de expectativa de intimidad.

Véase, Wayne R. LaFave, Search and Seizures sec. 2 (1996).

En segundo lugar, la lectura de la Opinión del Tribunal al

discutir la razonabilidad del reclamo de expectativa a la intimidad de

Ortiz Rodríguez crea la falsa impresión de que nos encontramos ante un

edificio al cual el público puede tener acceso fácilmente. Se trata de

un edificio que tiene un portón de entrada principal que permanece

cerrado bajo llave. Sólo los inquilinos y sus invitados tienen acceso

al edificio. Ningún extraño, ni funcionario del orden público puede

entrar al edificio a menos que obtenga el consentimiento de alguno de

los residentes. Este dato ha sido considerado por diversos tribunales

como justificación adecuada para concluir que los residentes de un

edificio poseen una expectativa razonable a la intimidad en las áreas

comunes del edificio. Véanse, U.S. v. Carriger 541 F.2d 545 (6to Cir.

1976); U.S. v. Fluker, 543 F.2d 709 (9no Cir. 1976); U.S. v. Case, 435

F.2d 766 (7mo Cir 1970); U.S. v. Blank, 251 F.Supp. 166 (1966); People

v. Trull, 380 N.E.2d 1169 (1978) ("[W]e conclude that the common

entries and hallways of a locked apartment building are protected by

the fourth amendment"). Véanse además, People v. Farrow, 642 N.Y.S.2d

473 (1996) ("In this case there is no evidence to support a finding CC-96-227 - 36 -

that the front door was locked or that ingress was limited to tenants

or authorized individuals via a doorman or some other means such as

signs or other posted notices", a la pág. 712). State v. Batista, 524

So.2d 481 (1988) ("[N]o resident of the unlocked and unsecured premises

[of the] apartment building in the present case could have had [...] a

reasonable expectation [to privacy] in shared areas", a la pág. 482).

Todo lo anterior, impide que refrendemos la Opinión del Tribunal.

Aún así, estimamos, que a la luz de los hechos específicos que tenemos

ante nuestra consideración, las declaraciones juradas que tuvo el juez

ante sí proveían suficientes elementos independientes a las

observaciones de la Policía en las áreas comunes del edificio que

validan la expedición de la orden de allanamiento contra el apartamento

de Ortiz Rodríguez. Elaboremos.

IV. Surge de los autos del caso que además de la vigilancia en el interior del

edificio, al cual la Policía logró acceso al alquilar el apartamento, la Policía

realizó amplia vigilancia en el exterior del mismo y en las vías públicas del país. En

este sentido, los funcionarios del orden público investigaron las actividades de Ortiz

Rodríguez en áreas públicas. Así por ejemplo, consta en la orden de allanamiento los

siguientes hechos que a nuestro juicio configuran el quantum de prueba necesario para

la expedición de la orden de allanamiento, aún si excluimos el testimonio en torno a

lo observado por los agentes en el interior del edificio.

Mediante declaración jurada, expresó el agente Berríos que el día

17 de mayo de 1995 se encontraba vigilando el edificio en donde residía

el imputado. Mientras lo hacía, entre otras cosas, observó que el

imputado salió del edificio con una bolsa de color blanco. Narró,

además, que:

pud[o] observar que [el imputado] abordó su vehículo [por lo que] [...]proced[ió] a darle seguimiento hasta que llegó al Residencial Luis Lloréns Torres. Que al llegar frente al Edificio # 33, estacionó su vehículo y se desmontó del mismo y [el agente Berríos pudo] observar que éste [Ortiz Rodríguez] cargaba la misma bolsa que había visto anteriormente. Que al llegar frente a un grupo de personas que estaban frente al Edificio # 33, los cuales aparentaban ser adictos a drogas, sacó de la bolsa color blanco, una bolsa plástica transparente bastante grande, la cual contenía en su interior lo que aparentaba ser envolturas pequeñas color azul claro parecidas a las utilizadas para empacar la CC-96-227 - 37 -

sustancia controlada c/p Heroína. Este le entregó la bolsa a una de las personas que estaban en el grupo y contin[uó el agente] la marcha para no ser detectado. Que al pasar nuevamente, [el agente pudo] [...] observar que c/p Toño Gorila [Ortiz Rodríguez] tenía en sus manos lo que aparentaba ser dinero y éste caminó hacia el interior del Edificio # 33, hasta perderlo de vista. Apéndice de la Petición de Certiorari, a la pág. 60.

Asimismo, consta en la orden de allanamiento que ante el

Magistrado de instancia desfiló prueba en términos de que el 24 de mayo

de 1995 el agente Berríos observó que Ortiz Rodríguez salió en horas de

la tarde del edificio en donde residía, y:

[...] abord[ó] su vehículo y comenzó a retirarse del lugar. Que inmediatamente, le inform[ó] lo sucedido al Agente Padró y éste optó por quedarse en el lugar y [el agente Berríos] comenzó a darle seguimiento al vehículo Mitsubishi, rojo. Este se dirigió nuevamente como si fuera al Residencial Luis Lloréns Torres, perdiéndolo de vista. Que al llegar al residencial, el agente se dirigió al Edificio #33 y pud[o] observar que el vehículo Mitsubishi, rojo estaba estacionado frente al mismo y que c/p Toño se encontraba reunido con otras personas y éste sostenía la misma bolsa que el agente había visto anteriormente, la cual contenía algo en su interior parecido a envolturas color anaranjado, las cuales son utilizadas para endecar la sustancia controlada c/p Heroína. Que [el agente] continu[ó] la marcha para no ser detectado, retirándose del lugar. Id.

Como puede apreciarse, estas observaciones configuran un cuadro de

hechos que parece revelar un patrón de transacciones ilegales que ubica

al apartamento de Ortiz Rodríguez como lugar de almacenamiento de

sustancias controladas. En este sentido, los agentes, desde el exterior

del edificio, observaron que, en varias ocasiones, Ortiz Rodríguez

salió del interior del mismo en donde tenía su apartamento con bultos o

bolsas, y se dirigía a otros lugares a realizar transacciones con

sustancias controladas.

En el caso de autos, no se trata de una situación en la que se

expide una orden de registro de un apartamento cuando el agente del

Estado que declara ante el magistrado que expide la orden sólo tiene

motivos fundados para arrestar a una persona que de forma casual entra

a un apartamento como ocurrió y rechazamos en Pueblo v. Santiago

Alicea, Opinión y Sentencia de 2 de diciembre de 1998; ___D.P.R.___

(1998). Contrario a éste, en el presente caso hay observaciones CC-96-227 - 38 -

precisas, independientes a las observadas en el interior del edificio,

que razonablemente sugieren que Ortiz Rodríguez, el propietario del

apartamento en el cual fue diligenciada la orden de registro, utilizaba

su apartamento para almacenar sustancias controladas.

Estimamos que esa prueba configura base suficiente para expedir la

orden de registro del apartamento de Ortiz Rodríguez por lo que en

apelación no debemos alterar la determinación del foro de instancia.

Véase, 1 Ernesto L. Chiesa, supra, a la pág. 370. Por ello, estimamos

que no erró el foro de instancia al expedir la orden impugnada ante

nos, ni el foro apelativo al denegar la expedición del recurso de

certiorari solicitado por Ortiz Rodríguez.

Federico Hernández Denton Juez Asociado