El Pueblo v. Díaz Medina Y Otro

2009 TSPR 138

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: August 27, 2009
• Docket: CC-2005-632
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

EL Pueblo de Puerto Rico

Peticionario Certiorari

v. 2009 TSPR 138

Amaury Díaz Medina y 176 DPR ____ Gerardo Bonano Pérez

Recurridos

Número del Caso: CC-2005-632

Fecha: 27 de agosto de 2009

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Fajardo Panel XI

Juez Ponente:

Hon. Yvonne Feliciano Acevedo

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Salvador Antonetti Stutts

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcda. Niza Meléndez Winandy Lcdo. Héctor Jiménez Casillas

Materia: Artículo 401

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del pr oceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio p úblico a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Peticionario v. Amaury Díaz Medina, CC-2005-632 Gerardo Bonano Pérez

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco

San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2009.

El presente recurso otorga a este Tribunal la

oportunidad de resolver si el sometimiento de un

equipaje a un examen de olfato canino realizado con

el propósito de detectar sustancias controladas, por

un can entrenado para tal fin, constituye un registro

al amparo de la Sección 10 del Artículo II de la

Constitución de Puerto Rico. Luego de haber realizado

un detenido examen de la controversia presentada ante

nos, resolvemos que el examen de olfato canino

realizado sobre el equipaje de la parte recurrida no

fue un registro en sentido constitucional. A su vez,

resolvemos que el registro ulterior a la marca

positiva del can fue razonable por tratarse de una

situación de necesidad especial para el Estado, toda CC-2005-632 2 vez que los agentes del orden público tenían una sospecha

individualizada razonable de que el contenido del equipaje

registrado tenía narcóticos. Al así colegir, se armonizan

los intereses en pugna en una controversia de esta índole, a

saber: la protección constitucional contra registros y

allanamientos irrazonables como medida preventiva para

proteger el derecho a la intimidad versus el interés del

Estado en combatir la criminalidad.

I.

Expondremos brevemente los hechos esenciales que dieron

génesis a la controversia que hoy toca resolver.

El Ministerio Público presentó acusaciones contra los

recurridos Amaury Díaz Medina y Gerardo Bonano Pérez por

violación al Art. 401 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de

1974, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias

Controladas de Puerto Rico”, 24 L.P.R.A. sec. 2401. Se les

acusó por posesión de catorce kilos de cocaína con la

intención de distribuir la droga.

Previo a la celebración del juicio en su fondo, Amaury

Díaz Medina, en adelante, Díaz Medina, presentó una “Moción

Solicitando la Supresión de Evidencia”. En el escrito, Díaz

Medina solicitó la supresión de la evidencia incautada

alegando que la misma había sido ocupada ilegalmente por no

mediar orden para el registro supuestamente realizado.

Evaluado el petitorio, el Tribunal de Primera Instancia

celebró una vista de supresión de evidencia en la cual

compareció como único testigo el agente Nelson Rosado CC-2005-632 3 Cintrón, adscrito a la División de Drogas y Narcóticos del

Municipio de Fajardo.

El agente Rosado Cintrón declaró que, previo a la

intervención con los acusados, su Supervisor había recibido

varias confidencias por vía telefónica respecto a un

cargamento de drogas que Aduana Federal había recogido al

norte de la Isla del Municipio de Culebra. Luego de

corroborar dicha información con un sargento del Task Force

de Aduana Federal, el declarante se trasladó a Culebra el 6

de diciembre de 2003. Una vez el agente Rosado Cintrón llegó

a Culebra, entrevistó a tres personas que le informaron que

parte del cargamento había sido recogido por el recurrido

Gerardo Bonano Pérez, en adelante, Bonano Pérez, y otro

individuo en una embarcación. A su vez, le informaron que,

por el tamaño de la embarcación (incapaz de acomodar todo el

cargamento), Bonano Pérez y su acompañante tuvieron que dejar

en el agua, para recogerlo posteriormente, parte del

cargamento, siendo incautado éste por agentes federales.

El declarante testificó que ese mismo día mientras se

encontraba en Bayamón haciendo gestiones para ingresar a una

persona en una facilidad correccional, recibió por teléfono

otra confidencia en la que le indicaron que Díaz Medina había

transportado de Culebra a Fajardo seis kilos de cocaína. El

agente Rosado Cintrón declaró que conocía a Díaz Medina

porque anteriormente había tenido que arrestar a éste, en un

caso relacionado a sustancias controladas. Asimismo, el

agente Rosado Cintrón atestó que el confidente le notificó CC-2005-632 4 que Díaz Medina había realizado otros viajes similares en

esos días para transportar cocaína que tenían almacenada en

un lugar en Culebra.

El agente Rosado Cintrón declaró que, siguiendo

instrucciones de su Supervisor, se trasladó a Culebra el 11

de diciembre de 2003 donde entrevistó a varias personas que

confirmaron las confidencias previas. Indicó que al día

siguiente pudo observar a Bonano Pérez llegar al lugar y

recibir dinero de una de dos personas que se encontraban

realizando una transacción de drogas. Alegó que Bonano Pérez

llegó al lugar en una camioneta pick up modelo Ford 150 color

negra y marrón, mientras que Díaz Medina se presentó en un

vehículo Toyota. Continuó el declarante atestando que luego

de dialogar, Bonano Pérez sacó de la parte de atrás de la

Ford dos paquetes con cinta adhesiva color gris y se los

entregó a Díaz Medina, que los colocó en un bulto color azul

y se marchó del lugar.

Al observar lo acaecido, el Agente Rosado Cintrón siguió

a Díaz Medina hasta Villa Flamenco donde observó a éste

estacionarse al lado de una casa ubicada frente al aeropuerto

de Culebra. Declaró que Díaz Medina se bajó del vehículo

Toyota y sacó del baúl el bulto color azul llevándolo dentro

de la casa.1 Al informar lo sucedido a su Supervisor, éste le

ordenó preparar una Declaración Jurada a fin de obtener una

orden de registro y allanamiento de la mencionada residencia.

1 El agente Rosado Cintrón aseguró que, por su experiencia y la forma de la envoltura, los paquetes que observó contenían sustancias controladas. CC-2005-632 5 Así las cosas, el declarante relató que el 13 de diciembre de

2003 salió de Culebra y al llegar a la División de Drogas

recibió una confidencia telefónica de que los acusados se

hallaban en el aeropuerto de Culebra y se disponían a viajar

hasta Fajardo con tres bultos llenos de cocaína. Según el

agente Rosado Cintrón, a los quince minutos lo volvieron a

llamar para informarle que los acusados habían conseguido un

vuelo y se disponían a abordar el avión. Además, el

confidente supuestamente describió la vestimenta que llevaban

puesta los recurridos.

Continuó su testimonio atestando que realizadas las

gestiones con su supervisor, éste le indicó que consiguiera

al agente Daniel Marín, manejador de un perro de la Unidad

Canina. Al llegar a la división, el agente Daniel Marín fue

informado de las confidencias y salió junto al agente Rosado

Cintrón hacia el aeropuerto llevando consigo un can. El

agente Rosado Cintrón declaró que una vez llegó al

aeropuerto, observó a Díaz Medina con un bulto azul oscuro y

una bolsa blanca de supermercado. Testificó que tan pronto

Díaz Medina vio al agente acercarse, soltó el bulto azul y lo

colocó pegado a una pared de la oficina de Aduana Federal,

previo a sentarse en el primer asiento de una hilera de

asientos en el aeropuerto. Según la declaración del agente,

éste le pidió a Díaz Medina que se levantara pero no le hizo

caso. Declaró que mientras tanto de frente hacia él venía

caminando Bonano Pérez con dos bultos en las manos. El

agente Rosado Cintrón testificó que Bonano Pérez tiró uno de CC-2005-632 6 los bultos junto al bulto de Díaz Medina (pegado a la pared)

y el otro se lo quedo consigo. El agente Rosado Cintrón

procedió a preguntarle a Bonano Pérez si éste le daba permiso

para registrar el bulto que traía, a lo que éste contestó que

no tenía ningún problema. De esta forma, Bonano Pérez colocó

el bulto que tenía consigo al lado del asiento donde se

encontraba sentado Díaz Medina.

El agente Rosado Cintrón comenzó a registrar el bulto de

Bonano Pérez y encontrándose en dicho ejercicio, el agente

Daniel Marín llegó con el can llamado Pirata, dirigiéndose

donde estaban los bultos que Bonano Pérez y Díaz Medina

habían soltado en el piso. El agente Marín le dio una

instrucción al can, lo haló y el perro siguió olfateando. El

perro volvió a los bultos marcando positivo.

Esto ocasionó que el agente Rosado Cintrón soltara el

bulto que se encontraba en el asiento y procediera a

registrar los que se encontraban en el piso. El agente

declaró que al abrir el bulto que había soltado Díaz Medina,

encontró debajo de una ropa el primer kilo de cocaína que

estaba envuelto en cinta adhesiva color gris.2 Después de la

identificación de las sustancias controladas, el agente

Rosado Cintrón declaró que puso bajo arresto a Díaz Medina y

Bonano Pérez y les leyó las advertencias legales. Finalizó su

testimonio aclarando que en la División de Drogas se hizo un

registro más profundo encontrando siete kilos de cocaína en

cada uno de los dos bultos incautados.

2 Según el agente Rosado Cintrón, la envoltura de los paquetes era similar a la de los paquetes que había identificado en Culebra. CC-2005-632 7 El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la

“Moción de Supresión de Evidencia”. Expresó que no existían

los motivos fundados para realizar un registro sin orden

judicial previa. Inconforme, el Procurador General, en

representación del Pueblo de Puerto Rico, acudió al Tribunal

de Apelaciones.

El foro apelativo denegó expedir el auto de certiorari

solicitado por discernir que el Tribunal de Primera Instancia

no había incidido al suprimir la evidencia. Entendió el

tribunal a quo que el registro realizado por el agente Rosado

Cintrón había sido irrazonable. Inconforme, el Procurador

General acude ante nos.

Ante este Foro, el Procurador General plantea, inter

alia, que incidió el foro apelativo al resolver el caso de

autos aplicando la figura del registro incidental a un

arresto, cuando procedía resolver que someter los bultos al

olfato de un can no constituye un registro. Sostiene, a su

vez, que es de aplicación la norma de evidencia a plena vista

u olfato, por lo que no era necesaria la orden judicial

previa para el registro de los bultos. Finalmente, plantea

que dicho registro motivó el arresto de los recurridos

conforme la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

Ap II.

A contrario sensu, los recurridos sostienen que la

intervención estatal configuró un registro irrazonable porque

se llevo a cabo sin previa orden judicial, en ausencia de

motivos fundados suficientes, por lo que arguyen que los CC-2005-632 8 foros inferiores no incidieron al suprimir la evidencia

incautada.

Vista la petición de certiorari, acordamos expedir. Con

el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver.

II.

La controversia en el caso de autos comporta un carácter

dual. En primer lugar, nos toca resolver si el examen de

olfato canino sobre los bultos de los recurridos Díaz Medina

y Bonano Pérez es un registro bajo el palio de nuestra

Constitución. En segundo lugar, y consustancial con lo

primero, debemos determinar si la intervención posterior a la

marca positiva del can es un registro en sentido

constitucional y de serlo, si fue razonable, pese haberse

llevado a cabo sin una orden judicial previa. Conforme hemos

mencionado, la respuesta a la primera interrogante es en la

negativa y la de la segunda es en la afirmativa.

Previo a entrar en el análisis de las controversias

planteadas, debemos enfatizar que este caso vuelve a

protagonizar la convergencia entre dos intereses primordiales

en nuestra sociedad que suelen ser asiduamente antagónicos.

Nos referimos a la garantía individual contra registros y

allanamientos irrazonables3 vis a vis el interés del Estado

en hacerle frente a la criminalidad en busca de una mejor

calidad de vida para sus ciudadanos. Tenemos presente que al

3 Enmda. IV, Const. EE.UU., Tomo 1; Art. II, sec. 10, Const. de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1. CC-2005-632 9 realizar la ponderación, es necesario armonizar los intereses

envueltos sin enajenarnos de los valores o principios

latentes en nuestra sociedad y al mismo tiempo evitar

convertirnos en intérpretes propiciadores de óbices que

impidan el deber del Estado de luchar contra el crimen.

Después de todo, como ya hemos expresado: “[e]n Puerto Rico

como regla general, la expectativa de intimidad que un

individuo pueda tener en circunstancias relacionadas

directamente con la comisión de un acto criminal es limitada.

Así lo determinaron quienes redactaron nuestra

Constitución”.4 Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 361,

390 (1995); Véanse, además, Pueblo v. Soto Soto, res. en 22

de mayo de 2006, 168 D.P.R. ___ (2006), 2006 T.S.P.R. 87,

2006 J.T.S. 96; Pueblo v. Colón Rafucci, 139 D.P.R. 959, 966-

67 (1996).

4 La Comisión de la Carta de Derechos de la Constituyente explicó la Sección 10, que trata sobre la protección contra registros y allanamientos irrazonables, de la siguiente manera:

“La inviolabilidad de la persona se extiende a todo lo que es necesario para el desarrollo y expresión de la misma. El hogar, los muebles y utensilios, los libros y papeles poseídos por un ciudadano son como una prolongación de su persona, pues constituyen el ámbito en que ésta se ha hecho y se mantiene. Toda intromisión sin su permiso en este círculo privado equivale para todo hombre a una violación de su personalidad. Lo mismo acontece con los medios en que se expresa su intimidad y que reserva tan sólo para algunos: su correspondencia, sus manifestaciones espontáneas a través de los modernos medios mecánicos de comunicación. La lesión de la intimidad es en este sentido el más penoso ataque a los derechos fundamentales de la persona.

Sin embargo, los mismos medios y propiedades que sirven para el desarrollo y el sostén de la persona pueden ser instrumentos de delito o resultado de su comisión. En estos casos detenerse ante esas fronteras de la personalidad equivaldría a la protección indebida del delito y del delincuente. En esa colisión de lo privado y lo público, la solución se entrega, con todas las garantías, a la autoridad judicial encargada de perseguir y sancionar las transgresiones de la ley. Las garantías personales frente al arresto, el registro, la incautación y el allanamiento tienen su límite en la conducta criminal.” (Énfasis nuestro) Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, págs. 2567-2568. CC-2005-632 10 III.

Tanto la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados

Unidos como la Constitución de Puerto Rico protegen el

derecho del pueblo contra registros, incautaciones y

allanamientos irrazonables que puedan afectar sus personas,

casas, papeles y efectos.5 Véase, Olga Elena Resumil de

Sanfilippo, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho

Procesal Penal, Equity Pub., Orford, NH, T. I, Vol. I, 1990,

pág. 203.

La etiología de ambos preceptos constitucionales es

proteger el derecho a la intimidad y dignidad del individuo

frente a actuaciones arbitrarias e irrazonables del Estado.

Pueblo v. Loubriel Suazo, 158 D.P.R. 371 (2003); Pueblo v.

Yip Berríos, 142 D.P.R. 386 (1997); Pueblo v. Santiago

Alicea, 138 D.P.R. 230 (1995); Pueblo v. Ramos Santos, 132

D.P.R. 363 (1992). Véase, Ernesto L. Chiesa, Derecho Procesal

Penal de Puerto Rico y Estados UnÍdos, 1ra ed., Colombia,

Forum Pub., 1991, T. I, Vol. I, pág. 283.

Sabido es que la mencionada garantía constitucional

protege fundamentalmente a la persona y no a los lugares, y

para que esta garantía se active es necesario determinar si

existe un interés personal del individuo sobre el lugar u

objeto allanado, incautado o registrado de modo que exista

una expectativa razonable de intimidad. Pueblo v. Loubriel

5 Nuestra Constitución, en su Art. II, Sec. 10 reconoce el derecho de la ciudadanía “a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables”, salvo autorización judicial, “cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales”. CC-2005-632 11 Suazo, supra; E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394 (1983).

Además, la protección contra registros irrazonables se

acciona solamente cuando los agentes gubernamentales realizan

un “registro” en sentido constitucional. Esto ocurre cuando

la persona que alega la violación, alberga subjetivamente una

expectativa legítima de intimidad que la sociedad reconoce

como razonable. Pueblo v. González, 167 D.P.R. 350 (2006). La

cuestión central es si la persona tiene un derecho razonable

a abrigar, donde sea, dentro de las circunstancias del caso

específico, la expectativa de que su intimidad se respete.

Íd; Pueblo v. Soto Soto, supra; Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R.

318 (1999); Pueblo en Interés del Menor N.O.R., 136 D.P.R.

949 (1994); Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001); Katz

v. United States, 389 U.S. 347 (1967).

Como consecuencia de este principio, se ha reconocido

que ciertas actividades gubernamentales no activan la

protección constitucional contra registros irrazonables, ya

que no existe expectativa razonable de intimidad sobre la

materia investigada. Así, por ejemplo, no se activa la

cláusula constitucional cuando la evidencia es ocupada en un

"campo abierto" o cuando la evidencia ocupada ha sido

abandonada. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985).

Véase, Ernesto L. Chiesa, op cit., Vol. 1, pág. 347. Tampoco

se activa la protección constitucional cuando se utilizan

binoculares para observar el campo abierto frente a una

residencia. Pueblo v. Soto Soto, supra. CC-2005-632 12 La determinación de la existencia de una expectativa

razonable de intimidad que active la protección de la

cláusula constitucional es una cuestión de umbral a ser

determinada previo a entrar a considerar si la intervención

gubernamental fue razonable. Pueblo v. González, supra. Una

vez se determina la configuración de un registro por parte

del Estado, entonces el siguiente peldaño consiste en

realizar un balance de intereses entre dicha expectativa y

los intereses estatales que hayan motivado la actuación

estatal. Pueblo v. Cedeño Lacaustra, 157 D.P.R. 743, 788

(2002); Pueblo v. Yip Berríos, supra; Pueblo v. Dolce, 105

D.P.R. 422, 434-35 (1976).

En síntesis, lo primero que se debe auscultar y analizar

es si en esencia ha ocurrido o no un registro por parte del

Estado para hacer extensiva la protección constitucional

aludida. Si la conclusión del análisis es que no ha habido un

registro, vano sería aplicar la doctrina de balance de

intereses puesto que no se activaría la garantía

constitucional contra registros y allanamientos irrazonables.

En lo relativo al equipaje de una persona, se ha

sostenido y reconocido que un individuo alberga una

expectativa razonable de intimidad sobre este, aunque dicha

expectativa sea menor que la que se puede tener en el hogar.6

Robbins v. California, 453 U.S. 420 (1981); Arkansas v.

6 En Kyllo v. United States, supra, se recalcó que el hogar es un área donde el reconocimiento a la expectativa razonable a la intimidad tiene raíces profundas en el Derecho Común. CC-2005-632 13 Sanders, 442 U.S. 753 (1979); United States v. Chadwick, 433

U.S. 1 (1977).

Por otro lado, para hacer asequible la protección

constitucional contra registros y allanamientos irrazonables,

la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II,

funge como vehículo procesal que permite la supresión de

evidencia obtenida en contravención con un registro sin orden

judicial previa. Un registro sin orden judicial previa se

presume irrazonable e inválido y solamente podría ser

considerado razonable si concurren las circunstancias que la

jurisprudencia ha reconocido por vía de excepción. Pueblo v.

Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 775-776 (1982); Pueblo v.

Dolce, supra.7

IV.

A.

De entrada, y a la luz de la normativa reseñada, en el

caso de autos debemos determinar si en efecto el examen de

olfato canino sobre el equipaje de una persona constituye un

registro en sentido constitucional. Como ya señalamos, tal

determinación es una cuestión de umbral, necesaria para saber

si hay que realizar un balance de intereses entre la

expectativa a la intimidad que se albergue sobre el contenido

del equipaje y el objetivo del Estado. Por eso, establecer lo

contrario (que el examen de olfato canino no es un registro),

7 Entre las excepciones reconocidas a un registro sin orden judicial se encuentran: registro incidental a un arresto legal, evidencia a plena vista, y consentimiento por parte del ciudadano objeto del registro. Véanse, Pueblo v. Rosario Igartúa, 129 D.P.R. 1055 (1992); Pueblo v. Acevedo Escobar, supra. CC-2005-632 14 hace inmaterial realizar el balance de intereses porque no

habría expectativa de intimidad que proteger.

Desde hace más de veinticinco años, la jurisprudencia

federal ha reconocido y sigue afirmando que el examen de

olfato canino sobre el equipaje o bultos de una persona no

constituye un registro que amerite la activación de la

protección constitucional contra registros y allanamientos

irrazonables.8 Esta normativa tuvo su albor en el caso de

Place v. United States, infra.

En este caso, Raymond J. Place se encontraba haciendo

turno para comprar un pasaje en el aeropuerto internacional

de Miami, con destino a Nueva York. Su comportamiento levantó

sospechas a unos agentes del orden público, los que,

posteriormente, mientras Place se dirigía a la puerta de su

avión le requirieron su boleto e identificación. Place le

mostró lo solicitado y consintió a que registraran sus bultos

pero por razón de que su vuelo estaba a punto de partir, los

agentes no hicieron el registro. Una vez llegó a Nueva York,

agentes del Drug Enforcement Administration (DEA) lo estaban

esperando al haber sido notificados desde Florida (por los

primeros agentes) que la dirección provista por Place para

comprar su boleto y la que llevaba el equipaje no existían y

que, a su vez, el teléfono que había informado como suyo,

pertenecía a una tercera dirección. Place se negó a

consentir el registro de sus bultos por los agentes. Los

8 Place v. United States, 462 U.S. 696 (1983); City of Indianapolis v. Edmond, 531 U.S. 32 (2000); Illinois v. Caballes, 543 U.S. 405 (2005). CC-2005-632 15 agentes retuvieron los bultos, transcurriendo noventa minutos

hasta que se le realizó y completó un examen de olfato canino

que arrojó positivo. Finalmente obtuvieron una orden para

registrarlos, encontrando cocaína. Así las cosas, Place fue

arrestado. Íd.

En la evaluación del caso, el Tribunal Supremo Federal

palmariamente reafirmó que todo ciudadano tiene una

expectativa razonable de intimidad sobre su equipaje

protegida por la Cuarta Enmienda. Íd, 707; Véase, United

States v. Chadwick, supra, pág. 7 (1977). Empero, también

sostuvo en lo pertinente: 1) que el olfato canino por un

perro entrenado para detectar sustancias controladas no

requiere abrir el equipaje; 2) que tampoco expone cosas que

no son contrabando por lo que éstas permanecerán ocultas de

la vista del público; 3) que la manera en que la información

es recopilada por esta técnica investigativa es menos

intrusiva que un registro usual; 4) que el olfato solamente

revela la presencia o no de narcóticos (contrabando) y por

ello la información recibida es limitada; 5) que este

descubrimiento limitado evita que el propietario del equipaje

sea objeto de vergüenza o inconvenientes que pueden ocasionar

otros métodos investigativos; y 6) que en esencia el examen

de olfato canino es una técnica investigativa sui generis y

que por tales fundamentos la exposición del equipaje,

localizado en área pública y por un perro entrenado, no es un CC-2005-632 16 registro a la luz de la Cuarta Enmienda. Place v. United

States, supra, pág. 707.9

Un año después, en United States v. Jacobsen, 466 U.S.

109 (1984), el Tribunal Supremo Federal resolvió, en

concordancia con lo resuelto en Place v. United States,

supra, que la intervención de los agentes del orden público

que no compromete ningún interés legítimo de privacidad, no

es un registro conforme la Cuarta Enmienda. Por lo tanto, el

interés que pueda tener una persona en poseer contrabando o

sustancias controladas no se considera como legítimo. Es

decir, la acción gubernamental que solamente revela posesión

de contrabando, no compromete ningún interés legítimo de

privacidad. Por eso, la expectativa que una persona en

particular pueda albergar con respecto a que algunas cosas

(como los narcóticos) no lleguen al conocimiento de los

agentes del orden público, no es sinónimo al interés en la

privacidad que la sociedad está preparada para reconocer como

razonable. Íd., págs. 122-123.

Posteriormente, el máximo Foro Federal ratificó lo

sostenido en Place v. United States, supra, en los casos de

Indianapolis v. Edmond, supra, e Illinois v. Caballes, supra,

extendiendo su aplicación al contexto de los automóviles que 9 El Tribunal Supremo Federal determinó, a su vez, que detener el equipaje de una persona solamente sería razonable si existe sospecha razonable de que el pasajero tiene sustancias controladas en dicho equipaje. Además, el Tribunal apuntó que la detención del equipaje debía ser breve. Tales pronunciamientos ponen de manifiesto la necesidad de sospecha razonable para detener el equipaje de una persona con el objeto de someterlo a un examen de olfato canino. Por consiguiente, si no ocurre dicha detención, el equipaje puede ser sometido al examen de olfato canino sin necesidad de sospecha razonable previa. Nótese, que en el caso de autos, ni siquiera hubo detención de equipaje. El examen de olfato canino se realizó sobre los bultos que los coacusados habían soltado en el piso del aeropuerto. CC-2005-632 17 son detenidos legalmente. En el primero señaló que igual a

Place v. United States, supra, el examen de olfato canino en

el exterior de un automóvil no requiere entrar al carro y no

está diseñado para revelar ninguna información excepto la

presencia o ausencia de narcóticos y que el olfato de un can

que solamente camina alrededor de un carro es mucho menos

intrusivo que un registro usual. En el segundo, in pari

materia, el tribunal tuvo la oportunidad de resolver si la

Cuarta Enmienda requería sospecha razonable para justificar

la utilización de un perro con el propósito de olfatear un

vehículo durante una detención vehicular válida. El Supremo

Federal sostuvo contundentemente, inter alia, que el examen

de olfato canino conducido durante una detención vehicular

válida que no revela información alguna excepto la ubicación

de alguna sustancia que ninguna persona tiene derecho a

poseer,10 no viola la Cuarta Enmienda, por lo que no se

necesita sospecha razonable para realizar dicho examen.

Illinois v. Caballes, supra, págs. 408-410.11

10 Nótese que tal razonamiento es cónsono con lo resuelto en United States v. Jacobsen, supra y así lo entendió el máximo Foro Federal en Illinois v. Caballes, supra, al citar con aprobación al primero. La lógica es simple y carece de cualquier pretensión distorsionada: si no existe expectativa legítima de intimidad sobre el contrabando o los narcóticos, por la misma razón, un examen de olfato canino dirigido únicamente a identificar si el equipaje de una persona tiene o no contrabando, tampoco soslaya la expectativa razonable de intimidad que pueda albergar una persona, puesto que dicha expectativa, en ese contexto particular, no se reconoce. 11 Véase, United States v. Lovell, 849 F.2d 910 (5to Cir. 1988). Véase, además, United States v. $191,910.00 In U.S. Currency, 16 F.3d 1051 (9no Cir. 1994). Este caso valida la utilización del olfato canino para examinar equipaje en ausencia o no de motivos fundados. Establece que si existe sospecha razonable de que el viajero lleva droga consigo, los agentes deben tener un can en el aeropuerto o cerca de éste, esperando para oler el equipaje con el propósito de que la detención del equipaje sea breve y razonable. Sin embargo, si no existe sospecha razonable, los agentes del orden público no tienen que tener un can esperando al viajero en el aeropuerto o cerca del mismo. CC-2005-632 18 Se ha interpretado que al aplicar el caso de Place v.

United States, supra, es irrelevante si el olfato positivo

del can ocurre en un aeropuerto o si el oficial del orden

público logra detectar contrabando a plena vista. A contrario

sensu, lo realmente determinante es si la persona que observa

o el can que olfatea, están legalmente presentes cuando sus

respectivos sentidos detectan evidencia incriminatoria.

United States v. Esquilin, 208 F.3d 315, 318 (1er Cir. 2000);

United States v. Reed, 141 F.3d 644, 649 (6to Cir. 1998).

Incluso, antes y después de Place v. United States,

supra, los tribunales federales han resuelto que el olfato de

un can sobre el equipaje de una persona no constituye un

registro porque la expectativa razonable de intimidad no se

extiende al espacio de aire que rodea a los mismos. U.S. v.

Garcia, 42 F.3d 604, 150 A.L.R. Fed 719 (10mo Cir. 1994); U.

S. v. Goldstein, 635 F.2d 356 (5to Cir. 1981); U. S. v.

Fulero, 498 F.2d 748 (D.C. Cir. 1974). También, se ha

interpretado que la naturaleza limitada y discriminatoria del

olfato canino no constituye un registro bajo la Cuarta

Enmienda de la Constitución Federal. Jennings v. Joshua

Indep. Sch. Dist., 877 F.2d 313, 316 (5to Cir. 1989). En

síntesis, las cortes federales, han sostenido que el examen

de olfato canino sobre los bultos de las personas,

automóviles, pertenencias de los estudiantes en una escuela,

entre otros, no son un registro al amparo de la Cuarta

Enmienda. Véase, U.S. v. Quoc Viet Hoang, 486 F.3d 1156 (9no

Cir. 2007); U.S. v. Carpenter, 406 F.3d 915 (7mo Cir. 2005); CC-2005-632 19 Doran v. Contoocook Valley Sch. Dist., 2009 DNH 32 (2009)12.

Como bien señala el comentarista John Wesley Hall, las cortes

federales y estatales han permitido el examen de olfato

canino de manera indiscriminada tanto en los equipajes como

en los automóviles. J.W. Hall, Search and Seizure, 3ra ed.,

Virginia, Lexis Publ. Co., Vol. I, pág. 674. Véanse, U.S. v.

Quoc Viet Hoang, supra; U.S. v. Olivera-Mendez, 484 F.3d 505

(8vo Cir. 2007); U.S. v. Carpenter, supra; U.S. v. Morgan,

270 F.3d 625 (8vo Cir. 2001); United States v. Ward, 144 F.3d

1024, 1031 (7mo Cir. 1998); U.S. v. De Los Santos Ferrer, 999

F.2d 7 (1er Cir. 1993); United States v. Turpin, 920 F.2d

1377, 1385 (8vo Cir. 1990); State v. Wallace, 372 Md. 137,

812 A.2d 291 (2002); People v. Ortega, 34 P.3d 986 (Colo.

12 En Doran v. Contoocook Valley Sch. Dist., 2009 D.N.H. 32 (2009), la corte de distrito federal en New Hampshire ratificó lo resuelto por la jurisprudencia federal extendiéndolo a los bultos de estudiantes en una escuela donde los agentes se presentaron con los canes, como parte de un plan llevado a cabo para lidiar con un problema de drogas recurrente en dicha escuela. In extenso, el Tribunal expresó:

“Courts across this country have taken up the issue of drug detection dog sniffs in a variety of circumstances. The existing precedents, those binding on this court and those merely persuasive, leave little doubt that the mere use of trained drug dogs on school grounds to sniff students personal items does not qualify as a search within the meaning of the Fourth Amendment. When confronted with cases involving dog sniffs for illegal drugs in other contexts, the United States Supreme Court has repeatedly concluded that the Fourth Amendment is not implicated by such searches. See, e.g., Illinois v. Caballes, 543 U.S. 405, 409, 125 S. Ct. 834, 160 L. Ed. 2d 842 (2005) ("[T]he use of a well-trained narcotics- detection canine - one that 'does not expose noncontraband items that otherwise would remain hidden from public view,' during a lawful traffic stop, generally does not implicate legitimate privacy interests...Any intrusion on respondent's privacy expectations does not rise to the level of a constitutionally cognizable infringement." (internal citations omitted)); City of Indianapolis v. Edmond, 531 U.S. 32, 40, 121 S. Ct. 447, 148 L. Ed. 2d 333 (2000) ("It is well established that a vehicle stop at a highway checkpoint effectuates a seizure within the meaning of the Fourth Amendment... a sniff by a dog that simply walks around a car is 'much less intrusive than a typical search.'"); United States v. Place, 462 U.S. 696, 707, 103 S. Ct. 2637, 77 L. Ed. 2d 110 ("[W]e conclude that the particular course of investigation that the agents intended to pursue here - exposure of respondent's luggage, which was located in a public place, to a trained canine - did not constitute a 'search' within the meaning of the Fourth Amendment.").” CC-2005-632 20 2001); State v. Scheetz, 950 P.2d 722 (Mont. 1997); State v.

Martínez, 925 P. 2d 1125 (Idaho. 1996).

A la luz de la diáfana normativa reseñada, este Tribunal

entiende que Place v. United States, supra y su correlativa

interpretación, deben ser adoptados en nuestra jurisdicción.

La afinidad entre el caso de autos y el de Place v. United

States, supra, es manifiesta e innegable. Así por ejemplo, el

registro realizado en ambos casos no fue producto de una

inspección rutinaria sino de un proceso investigativo. En el

caso de autos al igual que en Place v. United States, supra,

el examen de olfato canino sobre el equipaje se condujo

porque había motivos fundados para creer que el contenido del

mismo tenía narcóticos. En Place v. United States, supra, el

examen de olfato canino se basó en la sospecha de los agentes

surgida a raíz del encuentro e interrogatorio con el acusado

y su comportamiento. Es decir, lo que motivó a los agentes a

realizar el examen de olfato canino sobre el equipaje de

Raymond J. Place fue: 1) la información falsa y

contradictoria que el acusado había proporcionado a las

autoridades cuando le interrogaron; y 2) el demeanor del

acusado en el aeropuerto. En el caso de autos, los motivos

para realizar el examen canino fueron las confidencias que el

Agente Rosado Cintrón recibió y corroboró. Añádase, que en

ambos casos el examen de olfato canino se llevo a cabo en un

aeropuerto, que es un lugar público donde los oficiales y el

can tenían derecho a estar. Además, fue en ese mismo lugar

donde el can marcó positivo a sustancias controladas sobre CC-2005-632 21 las que, como hemos discutido, no existe ninguna expectativa

de intimidad según preceptuado en la normativa federal. La

única diferencia significativa que podemos apuntar es que en

el caso de autos distinto a Place v. United States, supra, no

hubo detención de equipaje porque los bultos sometidos al

olfato del can estaban colocados contra la pared en el

aeropuerto cuando el perro se acercó para oler los mismos.13

Por lo tanto, es razonable colegir que el caso de autos es

casi un alter ego de Place v. United States, supra. No vemos

obstáculo fáctico que nos impida aplicar la normativa que

emana de las decisiones emitidas por el Tribunal Supremo

Federal y sus respectivas interpretaciones (tanto por los

tribunales federales y estatales), a la controversia traída a

nuestra consideración.

No obstante lo anterior, estamos consientes de la

primacía que en nuestro ordenamiento jurídico tiene el

derecho a la intimidad y su protección contra registros y

allanamientos irrazonables. Por consiguiente, para resguardar

tal derecho, entendemos que lo sostenido en Place v. United

States, supra, debe ceñirse al contexto del equipaje o los

bultos de una persona en un lugar donde los canes y los

agentes del orden público tengan derecho a estar. Por tal

13 Es importante distinguir cuando ocurre detención del equipaje y cuando no hay detención. La jurisprudencia federal ha señalado consistentemente que cuando se trata de la detención del equipaje para someterlo al olfato canino, es necesario tener sospecha razonable de que el equipaje contiene sustancias controladas. Precisamente en Place v. United States, supra, se acoge la norma federal reconocida en Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968) para aplicarla al equipaje. En Terry v. Ohio el máximo foro federal estableció que era válido someter a una persona a un registro si se sospechaba razonablemente que esa persona tenía armas, sin tener causa probable para arresto. Íd. 30. Véase, además, U.S. v. Till-man, 81 F.3d 773, 775 (8vo Cir.1996); U.S. v. Polk, 97 F3d 1096, 1099 (8vo Cir. 1996). CC-2005-632 22 razón, deben concurrir las justificaciones expuestas por el

Tribunal Supremo en dicho caso. Así, John Wesley Hall comenta

holísticamente que, del razonamiento que hizo el Tribunal

Supremo en el caso de Place v. United States, supra, se

desprende que el olfato canino podría constituir un registro

cuando es dirigido hacia una persona,14 grupo de personas,15 o

cuando dicho examen pueda ser objeto de vergüenza o cause

algún inconveniente en el contexto de una investigación

particular. J.W. Hall, op. cit., Vol. I, pág. 667. Nótese que

las circunstancias recién aludidas, quedan fuera del ratio

decidendi sobre el que se cimienta la decisión de Place v.

United States, supra.

B.

Aunque, como ya apuntamos, no existen obstáculos

fácticos para la incorporación en nuestra jurisdicción del

precedente federal, no estamos ajenos al hecho de que se

podrían esgrimir argumentos para rechazar jurídicamente el

mismo. El más preeminente de todos, es a nuestro entender, el

relacionado al ámbito mínimo federal y su corolario de

“factura más ancha”. Por eso, es necesario despejar el

panorama para que la decisión que hoy tomamos no malogre la

pretensión última y no caprichosa de este Tribunal, de hacer

justicia.

14 Véase a modo ilustrativo, B.C. v. Plumas Unified Sch. Dist., 192 F.3d 1260, 1267 (9no Cir. 1999). 15 Véase a modo ilustrativo, Horton v. Goose Creek Independent School District, 690 F.2d 470, (Tex. 1982). CC-2005-632 23 Sabido es que la aplicabilidad de un derecho

constitucional federal constituye sólo el ámbito mínimo de

dicho derecho. Por eso, el Tribunal Supremo de un estado,

incluyendo a Puerto Rico, puede interpretar su constitución

para darle a un derecho un ámbito mayor, pudiendo redundar en

una protección mayor al individuo que la que reconoce la

Constitución Federal. Pueblo v. Dolce, supra. Como corolario

de este principio, se ha reconocido que nuestra Carta de

Derechos es de factura más ancha que la Constitución Federal.

López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R. 219 (1987).

Es decir, que al igual que los estados de la Unión, en Puerto

Rico podemos ser más amplios y abarcadores que el Tribunal

Supremo de Estados Unidos al interpretar una cláusula

homóloga de la Constitución Federal. H.M.C.A. v. Contralor,

133 D.P.R. 945, 974-975 (1993). De esta manera, hemos

sostenido que nuestra Constitución es más abarcadora que la

Constitución Federal en lo concerniente a la concesión de

derechos, incluyendo el derecho a la intimidad. H.M.C.A. v.

Contralor, surpra; Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672,

680 (1991); Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470, 475

(1988). De esta forma, la Cuarta Enmienda de la Constitución

Federal, según interpretada por el Tribunal Supremo de los

Estados Unidos de América, constituye la protección mínima

que los estados están obligados a reconocer. Rullán v. Fas

Alzamora, 166 D.P.R. 742, 771 (2006).

Al amparo de esa realidad, en el caso de autos, muy bien

se podría obviar y rechazar por completo lo preceptuado por CC-2005-632 24 la jurisprudencia federal en torno al examen de olfato canino

para detectar narcóticos en el equipaje de una persona,

descansando en el reiterado principio de factura más ancha.

Sin embargo, hacer abstracción de la normativa federal,

basándonos en la factura más ancha de nuestra Carta de

Derechos, nos parece innecesario y poco persuasivo. A

contrario sensu, entendemos que el precedente federal

reseñado debe regir en nuestra jurisdicción porque brinda

equilibrio entre el interés estatal de combatir el crimen y

el derecho a la intimidad que alberga todo ciudadano sobre

sus pertenencias.

No negamos que nuestra Carta de Derechos tenga un

alcance mayor de protección que la Constitución Federal.16

Después de todo, se trata de una Carta de Derechos aprobada

más de un siglo después que el Bill of Rights de la

Constitución de los Estados Unidos. Véase en general, E.L.

Chiesa, Los derechos de los acusados y la factura más ancha,

65 Rev. Jur. U.P.R. 83, (1996). De esta forma, y por

mencionar alguna, la excepción de registro sin orden por ser

incidental al arresto, ha sido objeto de una interpretación

de factura más ancha en Puerto Rico. Véase, Íd., págs. 137-

138.

Empero, también ha ocurrido lo contrario. Es decir, que

este tribunal ha omitido hacer extensiva una interpretación

16 A manera de ejemplo, surge del propio texto de la Constitución de Puerto Rico que en la Sección 8 de la Carta de Derechos, Art. II, sec. 8, Const. de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, el derecho a la intimidad se reconoce de forma expresa distinto a como ocurre en la Constitución Federal. CC-2005-632 25 de factura más ancha en cuanto a la protección contra

registros y allanamientos irrazonables. De esta manera, en

Pueblo v. Dolce, supra, este Foro adoptó los requisitos de

registro a plena vista como excepción a un registro sin orden

según se habían establecido en la jurisprudencia federal sin

ampliar el alcance del derecho a la intimidad. Véase, E.L.

Chiesa, supra, pág. 141. Asimismo, no puede hablarse de

factura más ancha cuando se trata de evidencia abandonada,

porque la garantía constitucional contra registros y

allanamientos irrazonables no cubre estos objetos, por no

existir expectativa razonable de intimidad. Pueblo v. Ortiz

Martínez, supra, págs. 144-145; Véase, E.L. Chiesa, supra,

pág. 140.17 Tampoco hay factura más ancha cuando se trata de

evidencia en campo abierto. Véase, E.L. Chiesa, Derecho

Procesal Penal: Etapa Investigativa, (L. Abraham y P.

Abraham), 1ra ed., E.U., Pub. JTS, 2006, págs. 206-212.

Es más, esta Corte, en el pasado y en relación a la

protección contra registros y allanamientos irrazonables, ha

adoptado la jurisprudencia federal por ser persuasiva y

aplicable a nuestra Constitución, rechazando flagrantemente

una interpretación de factura más ancha. Pueblo v. Rivera

Collazo, 122 D.P.R. 408 (1988). En este último caso, se

reconoció como excepción a un registro válido sin orden, el

registro en casos de emergencia. Allí, este Tribunal expresó:

17 Véase, Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 D.P.R. 596, 599-600 (1980). Aquí, este Foro reconoció el derecho al aborto, limitándose a predicar ese derecho en la Constitución Federal y anunciando que en dicho tema “la extensión de las protecciones que brinda nuestra Constitución no es mayor a la que brinda la norteamericana”. CC-2005-632 26 “Aunque hemos resuelto reiteradamente que al interpretar el alcance de nuestras garantías contra registros e incautaciones podemos ir más allá de los límites de la Cuarta Enmienda,[…] que nuestra Constitución goza de una vitalidad independiente de la Constitución de Estados Unidos,[…] y que su interpretación no ha sido ni tiene necesariamente que ser históricamente paralela en todo sentido con la que se ha dado a la Cuarta Enmienda,[…] nos parece que dicha interpretación es sumamente persuasiva y aplicable a nuestra Constitución.” Íd., pág. 419.

Como se desprende de lo anterior, no existe una

clasificación omnímoda que delimite la aplicación de la

factura más ancha en nuestro ordenamiento. Sin embargo, no

debemos olvidar, ni ser indiferentes a la intención de los

forjadores de nuestra Constitución, cuando determinaron en su

juicio, considerando siempre el mejor bienestar del pueblo,

que “las garantías personales frente al arresto, el registro,

la incautación y el allanamiento tienen su límite en la

conducta criminal”. 4 Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente, págs. 2567-2568.

De hecho, y con toda razón, el Honorable ex Juez

Asociado del Tribunal Supremo señor Negrón García, ideó una

norma interpretativa de la frase factura más ancha que

intenta evitar la invocación automática de tal principio. Al

respecto, el Juez Asociado, señor Negrón García señaló que:

“la antedicha 'factura más ancha' es descriptiva, no prescriptiva. No debe dar lugar, irreflexivamente, a un proceso mediante el cual la norma constitucional puertorriqueña se determina mecánicamente, tomando como base el grado de protección a la intimidad establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal y luego ensanchándolo. Que nuestra jurisprudencia establezca un grado mayor de protección que la federal es quizás predecible, pero no es ni debe ser un pre- CC-2005-632 27 requisito.

Nuestra Constitución requiere, no que automáticamente establezcamos una protección mayor que la federal, sino una protección fundamentada en los principios que acoge nuestra propia Carta de Derechos. Si el razonamiento esbozado en la jurisprudencia de otras jurisdicciones nos convence, es perfectamente apropiado acogerlo.” Pueblo v. Yip Berrios, supra, nota al calce, pág. 429. (Opinión Disidente del Juez Asociado, señor Negrón García, 1997).

La doctrina en Puerto Rico parece estar de acuerdo con

tal postura. Por ejemplo, la profesora Olga Elena Resumil ha

manifestado: “[E]l Hon. Negrón García plantea una interesante

norma interpretativa de la frase factura más ancha que merece

alta consideración y, con la cual coincidimos…” O. E.

Resumil, Derecho Procesal Penal, 67 Rev. Jur. U.P.R. 941

(1998); Véase, además, en general, E. L. Chiesa, supra.

Cabe señalar, que existen un sin número de

jurisdicciones estatales que han acogido lo pautado por el

Tribunal Supremo Federal en Place v. United States, supra,

rechazando una interpretación de factura más ancha, por

entender que la normativa federal es apropiada. Uno de esos

casos es el de State v. Sheetz, supra, en el cual el estado

de Montana, acogió la norma de Place v. United States, supra,

al realizar un balance entre el interés estatal y el derecho

a la intimidad. Su razonamiento fue que, al igual que una

persona no tiene expectativa legítima de intimidad sobre el

color o peso del equipaje que lleve a un aeropuerto (lugar

público), tampoco lo tiene cuando es olfateado. La corte del

estado de Montana entendió que el examen de olfato canino CC-2005-632 28 sobre el equipaje no revelaba nada sobre los bienes de las

personas a no ser que fuera contrabando por lo que el

contenido del equipaje permanecerá privado. En fin, concluyó

afirmando que la utilización de un can entrenado para

detectar narcóticos sobre los equipajes de las personas no

violaba el derecho a la intimidad ni tampoco constituía un

registro conforme su Constitución. Íd., págs. 727-728.18

De igual forma, en Daniels v. Cochran, 654 So.2d 609

(Fla. 4th DCA 1995) y posteriormente en Lindo v. State, 983

So.2d 672, (Fla. App. 4 Dist., 2008) el tribunal de Florida

acogió y ratificó la normativa federal citando con aprobación

el caso de Place v. United States, supra. En ambos casos se

resolvió que cuando se utiliza el examen de olfato canino

sobre el equipaje de una persona, dicha acción no constituye

un registro al amparo de la Cuarta Enmienda. De hecho, en el

caso de Lindo v. State, supra, el tribunal fue más lejos, al

determinar que la detención temporera de dos paquetes en un

correo no era una detención que requiriera sospecha

individualizada razonable para tal actividad.19

18 Cabe destacar que el estado de Montana al igual que Puerto Rico, reconoce el derecho a la intimidad de manera independiente en el Art. II, Sec. 10 de su Constitución y el derecho a protección contra registros y allanamientos irrazonables en su Art. II Sec. 11 de la misma. A pesar de que dicho estado no estaba obligado a acoger la normativa de Place v. United States, supra, por conducto del principio del ámbito mínimo federal y la factura más ancha, decidió seguir el precedente federal. 19 Esto se distingue de lo resuelto en Place v. United States, supra, que extendió la norma de stop and frisk reconocida en Terry v. Ohio, supra, para hacerla efectiva en el contexto del equipaje de una persona. Dicha norma establece que el equipaje de una persona puede ser detenido cuando existe sospecha individualizada razonable de que contiene algún material delictivo siempre que sea por un espacio de tiempo razonable. CC-2005-632 29 A similar conclusión llegó el Tribunal Supremo de

Colorado en el caso de People v. Wieser, 796 P.2d 982 (1990),

cuando tuvo que resolver si el examen de olfato canino

llevado a cabo sobre el storage locker del acusado, que se

encontraba en un lugar accesible para el público, era un

registro bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución Federal.

Allí, el Tribunal Supremo de Colorado sostuvo, de forma

indubitada, que bajo la Constitución Federal y bajo su

Constitución Estatal, el examen de olfato canino en dicho

contexto no es un registro.

En State v. Harris, 280 S.W.3d 832 (Tenn. Crim. App.,

2008), el tribunal de Tennessee sostuvo que el examen de

olfato canino alrededor de un vehículo que es detenido

legalmente, tampoco es un registro en sentido constitucional

que active la protección de la Cuarta Enmienda. Además, el

tribunal, endosando lo resuelto por el caso de Illinois v.

Caballes, supra, expresó que no hacía falta sospecha

individualizada razonable para realizar el examen de olfato

canino alrededor del vehículo detenido, toda vez que dicho

vehículo fue detenido legalmente por violar una ley de

tráfico. A la misma conclusión llegó el Tribunal de

Apelaciones del estado de Arizona en el caso de State v. Box,

205 Ariz. 492 (2003), al concluir que el examen de olfato

canino alrededor de un vehículo que es detenido válidamente

no constituye un registro al amparo de la Cuarta Enmienda de

la Constitución Federal. CC-2005-632 30 De igual manera, en el caso de Dowty v. State, 363 Ark.

1 (2005), el Tribunal Supremo de Arkansas resolvió que

realizar un examen de olfato canino alrededor de un vehículo

que se encontraba estacionado en un lugar público no es un

registro conforme a la Cuarta Enmienda. En dicho caso los

acusados alegaron que el examen de olfato canino constituyó

un registro porque los agentes que condujeron el

procedimiento, no tenían sospecha individualizada razonable

de que en efecto, en el carro había narcóticos. El Tribunal

Supremo de Arkansas, citando con aprobación a lo resuelto en

Place v. United States, supra, y lo que habían resuelto

distintos estados ante la misma controversia,20 concluyó que

como el examen de olfato canino no era un registro en sentido

constitucional, no era necesario tener sospecha

individualizada razonable para justificar el examen. Véase,

Vega v. State, 56 Ark App. 145, 148 (1997).

A tal grado se ha extendido el acogimiento de lo

preceptuado por el Foro Federal en Place v. United States,

supra, que en el caso de People v. Jones, 755 N.W.2d 224

(Mich. App., 2008), el estado de Michigan, resolvió que un

examen de olfato canino conducido frente a la puerta de la

residencia del acusado no constituyó un registro a la luz de

la Cuarta Enmienda. La corte estatal sostuvo que el can

estaba legalmente presente frente a la residencia cuando

20 En State v. McMillin, 23 Kan. App. 2d 100, 927 P.2d 949 (1996), en el estado de Kansas se sostuvo que el examen de olfato canino alrededor de un carro estacionado en un lugar público no era un registro bajo la Cuarta Enmienda. Lo mismo ocurrió en State v. Garcia, 195 Wis. 2d 68, 535 N.W.2d 124 (1995), donde el estado de Wisconsin llegó a la misma conclusión. CC-2005-632 31 detectó las sustancias controladas. Además señaló que no

había expectativa de intimidad frente a la entrada de la

residencia porque no tenía ninguna verja que impidiera llegar

hasta la misma ni había ningún signo o letrero que le

prohibiera a la gente entrar o acercarse a la propiedad.

En suma, la gran mayoría de los estados ha seguido el

derrotero que fue pautado por la jurisprudencia federal del

Tribunal Supremo de Estados Unidos, a los efectos de que el

examen de olfato canino no constituye un registro al amparo

de la Cuarta Enmienda de la Constitución Federal.21

Sostener que el examen de olfato canino sobre el

equipaje de una persona es un registro, implicaría tener que

obtener una orden judicial previa para registrar o como

mínimo, exigirles a los agentes del orden público, sospecha

previa de que el equipaje a registrarse contiene narcóticos.

Tal contención tornaría el uso de los canes en uno casi

fútil. Así por ejemplo, si los canes pudieran utilizarse

únicamente para olfatear bultos cuando se tuviera la sospecha

21 Véanse, State v. Box, 205 Ariz. 492, 496-497 (2003); Dowty v. State, 363 Ark 1 (2005); People v. Ortega, 34 P.3d 986, 991 (Colo., 2001); Bain v. State, 839 So.2d 739 (Fla. App., 2003); Cole v. State, 254 Ga. App. 424 (2002); State v. Snitkin, 67 Haw. 168 (1984); State v. Parkinson, 135 Idaho 357 (2000); People v. Cox, 318 Ill.App.3d 161 (2000); Bradshaw v. State, 759 N.E.2d 271 (Ind. App., 2001); State v. Bergmann, 633 N.W.2d 328 (Iowa, 2001); State v. Barker, 252 Kan. 949 (1993); State v. Kalie, 699 So.2d 879 (La., 1997); State v. Washington, 687 So.2d 575 (La. App., 1997); Fitzgerald v. State, 384 Md. 484 (2004); Commonwealth v. Feyenord, 62 Mass. App. 200 (2004); Millsap v. State, 767 So.2d 286 (Miss. App., 2000); State v. LaFlamme, 869 S.W.2d 183 (Mo. App., 1993); Gama v. State, 112 Nev. 833 (1996); State v. Van Cleave, 131 N.M. 82 (2001); People v. Offen, 78 N.Y.2d 1089 (1991); State v. Fisher, 141 N.C. App. 448 (2000); State v. Kesler, 396 N.W.2d 729 (N.D., 1986); State v. Knight (Ohio Com. Pl. 1997); State v. Rusnak, 120 Ohio App.3d 24 (1997); Scott v. State, 927 P.2d 1066 (Okla. Crim. App., 1996); State v. Smith, 327 Or. 366 (1998); Commonwealth v. Johnston, 515 Pa. 454 (1987); State v. England, 19 S.W.3d 762 (Tenn., 2000); Rodriguez v. State, 106 S.W.3d 224 (Tex. App., 2003); State v. Miller, 256 Wis.2d 80 (2002); Morgan v. State, 95 P.3d 802 (Wy., 2004). CC-2005-632 32 previa de que tal equipaje contiene material delictivo, el

can no haría falta ya que su provecho estriba precisamente en

que pueden descubrir posible material delictivo sin las

trabas de tener que conducir antes un registro o necesitar

sospecha previa para intervenir con el equipaje.

Por todo lo expresado, entendemos que la jurisprudencia

federal relacionada al caso de autos, es sumamente persuasiva

y aplicable. No vemos razón meritoria para rechazar la

utilización de los canes con el fin de olfatear equipaje o

bultos de las personas sin que ello constituya un registro

cuando se trata de supuestos donde los bultos ni siquiera son

detenidos por los agentes del orden público y se encuentran

en un lugar público donde los agentes y canes tienen derecho

a estar. Rechazar lo resuelto por el Tribunal Supremo en

Place v. United States, supra, y su posterior progenie

jurisprudencial, implica ponerle trabas innecesaria al Estado

en la cada vez más ardua lucha contra el crimen.

Es imperativo destacar nuevamente, que lo resuelto hoy

en el caso de autos, debe limitarse al contexto fáctico que

hemos analizado. Nuestra decisión no pretende darle un cheque

en blanco a los agentes del estado para que por medio de la

utilización de canes entrenados para detectar narcóticos,

realicen ejercicios no enmarcados en lo aquí resuelto. Una

vez más, como hemos discutido, sostenemos, que el examen de

olfato canino que se realice sobre el equipaje de una persona

que se encuentra en un lugar público donde los agentes del CC-2005-632 33 estado y sus respectivos canes tienen derecho a estar, no es

un registro en sentido constitucional.

C.

Existe otro argumento que podría esbozarse como un

conato para rechazar la adopción a nuestra jurisdicción del

examen de olfato canino sobre el equipaje de una persona. Se

trata del carácter tecnológico que caracteriza a un can

entrenado para detectar narcóticos y que podría convertir a

dicho perro en un instrumento demasiado intrusivo.

Ciertamente, se ha reconocido que utilizar un can para

propósitos investigativos está relacionado con la utilización

de instrumentos tecnológicos que asisten los sentidos de un

agente u oficial del orden público para detectar sustancias

controladas. Véase, en general, W.R. LaFave, Search and

Seizure, 4ta ed., St. Paul, West Publ. Co., Vol. I, secs. 2.2

(f), 2.2 (g). Véase, además, J.W. Hall, supra, secs. 9.9-

9.22. Ahora bien, el hecho de que un can entrenado para

detectar narcóticos tenga unas habilidades sensoriales más

desarrolladas que las de un ser humano, no debe supeditar su

utilización a detectar o investigar únicamente aquello que

una persona podría detectar o investigar a través de sus

sentidos. No debemos olvidar que aunque todo registro

inherentemente incluye la utilización de los sentidos (tacto,

gusto, olfato, etc.) no toda utilización de los sentidos

constituye un registro. Véase, United States v. Nicholson,

144 F.3d 632, 636 (10mo Cir. 1998). Por lo tanto, limitar la

utilización de un can a explorar aquello que el hombre CC-2005-632 34 solamente podría descubrir con sus propios sentidos, connota

en limitar de forma generalizada la ayuda que puedan dar al

Estado estos instrumentos para combatir el crimen y por otro

lado, desarticular la noción básica de que no toda

utilización de los instrumentos tecnológicos constituye un

registro en sentido constitucional.22 Como bien ha señalado el

Tribunal Supremo Federal: “la mera existencia de los avances

tecnológicos no implica la protección de la Cuarta Enmienda,

sino más bien la explotación de dicha tecnología”.

(Traducción nuestra). United States v. Karo, 468 U.S. 705,

712 (1984). Así, y en lo pertinente al caso de autos, se ha

resuelto que no toda técnica de investigación que revele algo

acerca del contenido del equipaje de una persona, constituye

un registro. Place v. United States, supra; United States v.

Lovell, supra. Además, en el caso del olfato canino, el hecho

de que un perro como detector de olores sea más habilidoso

que una persona, no transforma el olfato de dicho animal en

uno ilegal, pues al igual que la evidencia a plena vista de

un oficial puede ser registrada sin una orden judicial

previa, evidencia a pleno olfato puede ser detectada sin una

orden. United States v. Roby, 122 F.3d 1120, 1124-1125 (8vo

Cir. 1997).

Por otro lado, nos parece necesario hacer unas

distinciones importantes --relacionadas a los instrumentos

22 Véase, Pueblo v. Soto Soto, supra; Dow Chemical Co. v. United States, 476 US 227 (1986); United States v. Knotts, 460 US 276 (1983); Véase, además, J.W. Hall, C. Underwood, Search and Seizure, 3ra ed., Newark, NJ & San Francico, CA, LexisNexis Publ. Co., Vol. I & II Supplement, pág. 152-160. CC-2005-632 35 tecnológicos que se utilizan para investigar-- entre el caso

de Place v. United States, supra y el de Kyllo v. United

States, supra, ya que este último podría dar la falsa

impresión de enervar lo resuelto en el primero. En el caso de

Kyllo v. United States, supra, el Tribunal Supremo Federal

resolvió que utilizar un thermal imager (artefacto que

detecta el calor que emite una residencia lo que permite

detectar el crecimiento de marihuana en la misma) constituye

un registro a la luz de la Cuarta Enmienda. Para llegar a

dicha conclusión la corte enfatizó el hecho de que el thermal

imager no era fácilmente accesible y disponible al público en

general y a que era capaz de detectar tanto actividad

protegida como no protegida por la Constitución (la hora en

que una persona toma un sauna o se baña). Íd. Ciertamente, al

igual que un thermal imager, el olfato canino es un

instrumento que permite a la policía obtener información

concerniente a un área protegida que de otra forma no podría

obtenerse sin intrusión física. Ahora bien, distinto a Kyllo

v. United States, supra, los perros son accesibles para el

público en general y el olfato canino solamente detecta la

presencia o ausencia de narcóticos (sobre lo que no existe

expectativa a la intimidad conforme United States v.

Jacobsen, supra) por lo que la información obtenida es

limitada y no se extiende a actividades protegidas como

ocurre con el thermal imager.23 Podemos colegir que Kyllo v.

23 En Illinois v. Caballes, supra, págs. 409-410, el máximo Foro Federal sostuvo que no había ninguna inconsistencia entre lo resuelto en Kyllo v. United States, supra y la utilización del examen de olfato canino para CC-2005-632 36 United States, supra, aplica únicamente a actividades o cosas

sobre las que el individuo tiene una expectativa razonable de

intimidad como lo es el hogar. Véase, Tracey Maclin, Katz,

Kyllo and Technology: Virtual Fourth Amendment Protection in

the Twenty-First Century, 72 Miss. L.J. 51, 104-105, 124;

Véase, United States v. Elkins, 300 F.3d 638, 646 (6th Cir.

2002).24 Por ende, el caso de autos es armonizable con Kyllo

v. United States, supra, a través del crisol de Place v.

United States, supra, que como ya vimos, es afín al caso de

autos.

A su vez, nos parece que es importante distinguir lo

predicado en Pueblo v. Soto Soto, supra, con el caso de Place

v. United States, supra para demostrar que son armonizables.

En el primero, este Tribunal resolvió que los binoculares

(aunque se pueden usar para observar el campo abierto frente

a una casa sin que constituya un registro) no se deben

utilizar para observar lo que no se podría ver sin una

intrusión inconstitucional a la intimidad. En el caso de

autos, el olfato canino se utilizó en un lugar público, donde

los agentes tenían derecho a estar y sobre el espacio de aire

que rodeaba los bultos que fueron soltados en el suelo del

detectar narcóticos. Esto porque el olfato de un can se limita a detectar artículos sobre los cuales no se reconoce expectativa legítima de intimidad pero el thermal imager tenía la capacidad de detectar tanto actividades protegidas como no protegidas por la Cuarta Enmienda. 24 Compárese a United States v. Karo, supra, con United States v. Knotts, supra. En el primero se resolvió que monitorear con un beeper electrónico el interior de una casa, constituye un registro. En el segundo se resolvió que dicho acto no es un registro si se realiza cuando se está viajando en público. Véase además, Michael Adler, Cyberspace, General Searches, and Digital Contraband: The Fourth Amendment and the Net-WÍde Search, 105 Yale L.J. 1093 (1996). CC-2005-632 37 aeropuerto por los recurridos. Asimismo, el olfato canino fue

dirigido únicamente a detectar sustancias controladas sobre

las cuales no hay expectativa a la intimidad. Este mecanismo

investigativo no expone artículos íntimos de las personas

dentro de sus equipajes. Por eso, no hubo intrusión

inconstitucional a la intimidad de los recurridos.25 En fin,

de lo anterior se desprende que hay armonía entre el caso de

Place v. United States, supra y el de Pueblo v. Soto Soto,

supra.

En conclusión, la utilización del olfato canino como

instrumento tecnológico para ayudar al Estado en sus

investigaciones, no debe limitarse, a priori, por el hecho de

que permite obtener información que un ser humano no podría

obtener por medio de sus sentidos. Es menester analizar los

hechos concretos de cada caso y la manera en que se utiliza

el instrumento para determinar si permite otros usos más

abarcadores. No constituye ninguna explotación tecnológica el

utilizar un can para un fin y contexto delimitados como lo es

el olfatear bultos o equipajes en un lugar público. Sobre

todo cuando la información divulgada por el perro es una

sobre la cual no existe expectativa a la intimidad por recaer

sobre alguna actividad ilegal como el contrabando.

V.

Una vez determinado que el examen de olfato canino sobre

el equipaje de los recurridos no constituyó un registro, nos

25 Véase, United States v. Esquilin, supra, pág. 318 (2000); United States v. Reed, supra, pág. 649 (6to Cir. 1998); United States. v. Garcia, supra; United States v. Goldstein, supra. CC-2005-632 38 resta determinar si la intervención ulterior a la marca

positiva del can, es un registro al amparo de la Constitución

de Puerto Rico, y de ser un registro, si fue razonable.

Resolvemos en la afirmativa ambas interrogantes.

El examen de olfato canino, per se, no justifica el

registro final sin obtenerse una orden judicial o sin que

concurra alguna de las excepciones al registro sin orden.

Véanse, United States v. Sokolow, 490 U.S. 1, 9 (1989); Place

v. United States, supra; U.S. v. Williams, 365 F.3d 399, 405-

406 (5th Cir. 2004); U.S. v. Carter, 139 F.3d 424 (4to Cir.

1998); U.S. v. Lambert, 46 F.3d 1064 (10mo Cir. 1995); U.S.

v. Harvey, 961 F.2d 1361 (8th Cir. 1992).26 Es decir, la

realización del examen de olfato canino sobre el equipaje, al

no ser un registro, cuando produce una marca positiva, tiene

el efecto de originar los motivos fundados o de corroborar la

sospecha previa que se tenía para motivar el ulterior

registro.

A la luz de esa realidad, el Procurador General sostiene

que el registro ulterior a la marca positiva del can fue

razonable porque el olfato del can es análogo al pleno olfato

de un agente como excepción para incautar evidencia sin

previa orden judicial. El Procurador General se apoya en los

26 Sin embargo, nótese que cuando el examen de olfato canino se realiza sobre el exterior de un automóvil, no hace falta obtener una orden judicial previa o cumplir con alguna de las excepciones al registro sin orden, para proceder a registrar el vehículo. Illinois v. Caballes, supra, pág. 406. Tampoco hace falta una orden cuando se trata de registros rutinarios de bultos o equipajes en un aeropuerto por razones de seguridad pública. Véase, Chandler v. Miller, 520 U.S. 305, 323 (1997). CC-2005-632 39 casos de Pueblo v. Dolce, supra y Pueblo v. Acevedo Escobar,

En Pueblo v. Dolce, supra, se establecieron los

criterios que se deben analizar para determinar si un objeto

se encuentra a plena vista y puede ser incautado sin previa

orden judicial, a saber: 1) el artículo debe descubrirse por

estar a plena vista y no en el curso o por razón de un

registro; 2) el agente que divise la evidencia, debe tener

derecho a estar en el lugar desde donde alcanzó a verla; 3)

debe descubrirse por inadvertencia; 4) la naturaleza ilícita

del objeto debe ser ostensible. Íd, 436. En Pueblo v.

Acevedo Escobar, supra, este Foro afirmó que la percepción de

pleno olfato es análoga con la percepción a plena vista

reconocida en Pueblo v. Dolce, supra, variando solamente el

sentido a través del cual se detecta la evidencia. Pueblo v.

Acevedo Escobar, supra, pág. 779. Por esa analogía, los

criterios adoptados en Pueblo v. Dolce, supra, tienen que

confluir en Pueblo v. Acevedo Escobar, supra.

La excepción invocada por el Procurador General no es

de aplicación al caso de autos. La razón es que de un

análisis de los requisitos esbozados en el caso de Pueblo v.

Dolce, supra, no se puede concluir que se satisfagan

cabalmente en el presente caso. Así por ejemplo, en este caso

la evidencia no se descubre por inadvertencia ya que el

agente Rosado Cintrón sospechaba que los bultos de los

recurridos contenían narcóticos. Tampoco la naturaleza

ilícita del objeto era apreciable por el agente puesto que la CC-2005-632 40 cocaína hallada se encontraba oculta dentro de los bultos de

los recurridos.

Por otro lado, se ha reconocido que en circunstancias

particulares de necesidad especial del Estado un registro sin

previa orden judicial es válido, si existe causa probable por

sospecha individualizada.27 Esta determinación se debe hacer a

la luz de un balance de intereses entre los derechos del

individuo y los intereses estatales. Véanse, Pacheco Pietri

v. E.L.A., 133 D.P.R. 907 (1993); Skinner v. Railway Labor

Executives’ Assn., 489 U.S. 602 (1989); National Treasury

Employees Union v. Von Raab, 489 U.S. 656 (1989). Ya hemos

exteriorizado, que al decidir si procede eximir al Estado de

la necesidad de obtener una orden judicial previa para

realizar un registro, lo determinante es que el interés

público lo justifique y el peso de obtener la orden bajo las

circunstancias particulares del caso, probablemente frustren

el propósito legítimo que persigue el gobierno. Pueblo v.

Bonilla, supra, pág. 334. En otras palabras, para determinar

si posterior a un examen de olfato canino positivo se puede

realizar el registro de los bultos, hay que atender la

totalidad de las circunstancias haciendo un balance de

intereses. De ahí, que las excepciones para llevar a cabo un

registro sin orden no son numerus clausus, sino que se podrán

27 El principio de sospecha individualizada ha sido reconocido por nuestro Ordenamiento en distintos casos. Véanse, Pueblo v. Yip Berrios, supra; Pueblo v. Bonilla Bonilla, 149 D.P.R. 318 (1999). CC-2005-632 41 reconocer según las circunstancias particulares de cada

caso.28

Con relación a la sospecha individualizada razonable que

surge luego de realizar una investigación criminal, la misma

se debe equiparar a los motivos fundados29 para un arresto

conforme lo estatuye la Regla 11 de Procedimiento Criminal,

supra.30 Esto debe ser así, ya que consideramos que si se

trata de una norma válida para el arresto, debía serlo

también para el registro o allanamiento en vista de que no

hay mayor intrusión con la intimidad de la persona que el

arresto. Véase, Pueblo v. Muñoz Santiago, 131 D.P.R. 965,

981-982 (1992). La incautación de la persona misma constituye

una intervención gubernamental con la intimidad del ser

humano mas grave que el registro o allanamiento de una

pertenencia suya, y la norma que rige lo mayor debe ser buena

también para una intervención menor. Véase, Íd. Véase,

además, E.L. Chiesa, op cit., Vol. I, sec.6.10, pág. 361.

28 Por eso, la incorporación a nuestro Ordenamiento Jurídico de las excepciones para legitimar un registro sin orden, tienen origen jurisprudencial. Véase, Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967); E.L.A. v. Coca-Cola, 115 D.P.R. 197 (1984); Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R. 429 (1988); Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964). 29 Entiéndase como motivos fundados “[a]quella información o conocimiento que lleva a una persona ordinaria y prudente a creer que la persona intervenida ha cometido un delito, independientemente de que luego se establezca o no la comisión del delito”. Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988). 30 Dicho precepto estatuye que “[u]n funcionario del orden público podrá hacer un arresto sin la orden correspondiente: a) Cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su presencia. En este caso deberá hacerse el arresto inmediatamente o dentro de un término razonable después de la comisión del delito. De lo contrario el funcionario deberá solicitar que se expida una orden de arresto; b) Cuando la persona arrestada hubiese cometido un delito grave (felony), aunque no en su presencia; c) Cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave (felony), independientemente de que dicho delito se hubiere cometido o no en realidad”. CC-2005-632 42 En este caso, las circunstancias particulares de

necesidad especial fueron ejemplificadas en la sospecha

individualizada razonable que anterior al examen del olfato

canino poseían los agentes del orden público y que una vez se

culminó el examen quedó corroborada. La sospecha

individualizada razonable quedó probada al analizar los

hechos del caso. Según se desprende de los autos, el Agente

Rosado Cintrón recibió varias confidencias que personalmente

corroboró, las cuales indicaban que los recurridos Díaz

Medina y Bonano Pérez estaban envueltos en actividades

ilícitas de contrabando. La última confidencia recibida por

el agente Rosado Cintrón, puso de manifiesto que los

recurridos estaban cometiendo un delito, al notificársele que

llegarían en un vuelo proveniente de Culebra hacia Fajardo

con sustancias controladas. Finalmente, cuando Rosado Cintrón

llegó al aeropuerto, se encontró de frente a los recurridos,

a cuyos bultos se les realizó un examen de olfato canino que

arrojó positivo, corroborando una vez más la confidencia

informada.31 En fin, la cadena de confidencias corroboradas

31 Nótese, que en este caso están presentes las circunstancias necesarias para que una confidencia sea suficiente y constituya los motivos fundados de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, para realizar un arresto sin orden. Véanse, Pueblo v. Ortiz, 135 D.P.R. 41 (1994); Pueblo v. Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977). En estos casos este Tribunal resolvió que una confidencia constituye los motivos fundados para realizar un arresto sin orden bajo la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, si se cumple con alguno de los siguientes requisitos: 1) que el confidente previamente ha suministrado información correcta; 2) que la confidencia conduce hacia el criminal en términos de lugar y tiempo; 3)que la misma ha sido corroborada por observación del agente o por información de otras fuentes; 4) que la corroboración se relaciona con actos delictivos cometidos o en proceso de cometerse. Además, también se satisface el requisito expresamente establecido en Pueblo v. Serrano Cancel, 148 D.P.R. 173 (1999), a los efectos de que para que la confidencia constituya los motivos fundados, tiene que haber una corroboración de las actividades sospechosas que se informan en la confidencia. CC-2005-632 43 que culminaron con la marca positiva del can sobre el

equipaje de los recurridos, son circunstancias excepcionales

que tuvieron el efecto de configurar los motivos fundados

para llevar a cabo el registro ulterior a la marca positiva

del can, sin necesidad de una orden judicial previa.

Al realizar el balance de intereses entre el derecho a

la intimidad de los recurridos y el interés del Estado en

hacerle frente al trasiego de drogas y combatir la

criminalidad, concluimos que la intervención del equipaje fue

razonable al estar directamente relacionada a la previa

sospecha individualizada del agente Rosado Cintrón de que el

contenido del mismo tenía narcóticos. No olvidemos que además

de la corroboración personal que hizo dicho agente, el

recurrido Díaz Medina había sido arrestado anteriormente por

estar involucrado con sustancias controladas. Este hecho le

constaba al agente Rosado Cintrón al ser éste quien lo

arrestó. Al sumar estos factores, no albergamos duda de que

el interés del Estado en el registro sin orden sobrepasaba el

derecho a la intimidad que albergaban los recurridos sobre

sus bultos. Hay que añadir que exigirle a los agentes obtener

Si las confidencias corroboradas pueden crear los motivos fundados de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, también podrían crear la sospecha individualizada razonable --equivalente a los motivos fundados de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra-- para llevar a cabo un registro sin orden. Esto parte del mismo principio reconocido en el caso de Pueblo v. Muñoz Santiago, supra, haciendo referencia al caso de Pueblo v. Pagán Santiago, 130 D.P.R. 470 (1992), de que una norma que es válida para el arresto, debía serlo también para el registro o allanamiento en vista de que no hay mayor intrusión con la intimidad de la persona que el arresto. Por lo tanto, si se permite arrestar a una persona cuando las confidencias corroboradas crean los motivos fundados, con mayor razón, se puede llevar a cabo un registro sin orden judicial cuando hay sospecha individualizada razonable surgida por unas confidencias corroboradas a través de la marca positiva de un can entrenado para detectar el artículo delictivo relacionado a la confidencia. CC-2005-632 44 una orden, hubiese impedido el arresto de los recurridos

hasta su obtención y el posterior hallazgo de la evidencia

incriminatoria. De esta forma, la probabilidad de que se

hubiese frustrado el interés del Estado en combatir la

criminalidad aumentaba, toda vez que, ab interim, los

recurridos estaban en libertad de abandonar el aeropuerto de

Fajardo. Esto implicaba un potencial escape del eventual

arresto. Más aún, en el caso de Díaz Medina significaba la

posible recurrencia de las acciones delictivas que su

historial reflejaba.

En síntesis, en el caso de autos la marca positiva del

can corroboró las sospechas previas individualizadas que

tenían los agentes del orden público. Esa corroboración fue

suficiente para configurar los motivos fundados que les

permitió abrir los bultos de los acusados y registrarlos. Es

decir, en el caso de autos, la marca positiva del can les dio

a los agentes los motivos fundados para llevar a cabo el

registro del equipaje.

En fin, la marca positiva de un can entrenado para

detectar sustancias controladas, puede producir sospecha

individualizada razonable (si no se tenía) o corroborar la

misma, según ocurrió en el caso de autos. En ambos supuestos,

habrá que atender la totalidad de las circunstancias,

haciendo un balance de intereses, para determinar si dicha

marca fue o no suficiente para abrir y registrar el equipaje.

Dicho análisis incluye evaluar la confiabilidad del can para

detectar sustancias controladas, cuando la parte cuya CC-2005-632 45 pertenencia haya sido olfateada y registrada, impugne el

registro, a base de la confiabilidad y nivel de certeza del

can para detectar narcóticos.

VI.

Por las razones expuestas anteriormente, resolvemos que

el examen de olfato canino sobre el equipaje no es un

registro al amparo de la Constitución de Puerto Rico y que el

registro realizado sin orden judicial ante la marca positiva

del can fue razonable. En vista de ello, concluimos que los

foros a quo erraron al ordenar la supresión de evidencia. Por

lo tanto, se revoca el dictamen recurrido y se devuelve el

caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los

procedimientos, conforme con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Peticionario v. Amaury Díaz Medina, CC-2005-632 Gerardo Bonano Pérez

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el presente caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos conforme con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton emite Opinión Disidente. La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente con la siguiente expresión:

“La Jueza Asociada Fiol Matta está de acuerdo con la parte de la Opinión Disidente del Juez Presidente Hernández Denton que resolvería que el examen de olfato canino constituye un registro per se en sentido constitucional. También, coincide con la Opinión Disidente en cuanto sostiene que no era necesario que los agentes obtuvieran una orden judicial previa para realizar un examen de olfato canino, al existir una sospecha individualizada razonable de CC-2005-632 2

que los acusados Amaury Díaz Medina y Gerardo Bonano Pérez escondían contrabando en su equipaje. No obstante, no puede avalar el registro del bulto que hizo el agente Nelson Rosado Cintrón, una vez la sospecha individualizada razonable fue corroborada por el examen de olfato canino. Entiende que al corroborarse las confidencias de que los acusados Amaury Díaz Medina y Gerardo Pérez transportaban sustancias controladas, procedía arrestarlos y solicitar una orden judicial de registro para examinar los bultos. No existía una emergencia imperiosa, como lo sería la amenaza de una bomba, ni los agentes del orden público se encontraban en una situación donde su seguridad se encontrara en peligro, ni existía la posibilidad de que la evidencia se extraviara, ni ninguna otra excepción al registro sin orden previa que justificara la intromisión gubernamental con el bulto de los acusados. Al no procederse de esta manera, considero que no erraron los foros inferiores al declarar con lugar la Moción de Supresión de Evidencia.”

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez, emite un voto disidente, uniéndose a las expresiones de la Jueza Asociada señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario

v. CC-2005-632 Certiorari

Amaury Díaz Medina, Gerardo Bonano Pérez

Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente señor Hernández Denton

If the issue is framed in terms of whether a totally unrestrained use of such dogs in a dragnet fashion would be tolerable in a free society, one's answer might likely be no. W.R. LaFave, Search and Seizure (2da Ed.) § 2.1(e), pág. 315.

Coincidimos con la Parte V de la Opinión del

Tribunal en tanto revoca el dictamen recurrido

que confirmó la supresión de la evidencia

incautada. Al igual que la mayoría, en esta etapa

entendemos que la intervención con el equipaje de

los acusados fue razonable. Las circunstancias

particulares de necesidad especial para

prescindir de una orden judicial en este caso

“fueron ejemplificadas en la sospecha

individualizada razonable que anterior al CC-2005-632 2

examen del olfato canino poseían los agentes del orden

público [a la luz de una extensa investigación criminal] y

que una vez se culminó el examen quedó corroborada”. Op. del

Tribunal, pág. 40. (Énfasis nuestro). A pesar de ello, nos

vemos obligados a disentir en este caso por dos razones de

trascendencia constitucional.

En primer lugar, la mayoría aprovecha la oportunidad

para sugerir, de manera innecesaria y contradictoria, que la

utilización de un examen de olfato canino con el propósito

de detectar sustancias controladas en los efectos personales

de una persona bajo ninguna circunstancia constituye un

registro per se en el sentido constitucional. Discrepamos de

tal razonamiento, pues se podría prestar para justificar el

uso al azar y arbitrario de esta intromisión gubernamental

hasta en la playa y en las plazas públicas del país, a pesar

de que toda la evidencia empírica disponible apunta a que el

margen de error del olfato de los perros acarrea un riesgo

potencial de infringir el derecho de intimidad de los

individuos. En contraste, nos hubiésemos ceñido a los hechos

de este caso para resolver, al amparo de nuestra Carta de

Derechos, que el examen de olfato canino en controversia fue

un registro razonable dado que medió una sospecha

individualizada de que los acusados participaban en un

esquema de contrabando de sustancias controladas.

Por otro lado, disentimos de la Opinión del Tribunal en

cuanto al remedio final concedido. Al disponer del caso, la

mayoría parte de la premisa inarticulada de que el olfato de

una unidad canina es una herramienta tecnológica precisa e CC-2005-632 3

infalible. A su vez, el Tribunal no toma en consideración

que ni el manejador del can ni el analista forense que

preparó el informe de las sustancias incautadas estuvieron

presentes en la vista de supresión de evidencia que

revisamos en el recurso de epígrafe.

En atención a esa realidad procesal, y contrario a la

Opinión del Tribunal, devolveríamos el caso al foro de

instancia con la instrucción particular de que la

admisibilidad final de la evidencia allanada esté sujeta a

que el Ministerio Público presente el testimonio de ambos

funcionarios en el juicio y que éstos estén disponibles para

ser contrainterrogados por la defensa sobre la confiabilidad

de las referidas herramientas investigativas. De esa forma,

se salvaguarda el derecho de confrontación de los acusados

bajo la Sexta Enmienda de la Constitución Federal, de

conformidad con lo resuelto recientemente por el Tribunal

Supremo de Estados Unidos en Meléndez-Díaz v. Massachusetts,

129 S.Ct. 2527 (2009).

El Ministerio Público presentó sendas acusaciones en

contra de Amaury Díaz Medina y Gerardo Bonano Pérez por

violación al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas,

24 L.P.R.A. sec. 2401. En esencia, se les acusó de poseer

catorce kilos de cocaína con la intención de distribuirla.

Posteriormente, y antes de la celebración del juicio,

Díaz Medina presentó una “Moción de Supresión de Evidencia”

en la cual alegó que las sustancias controladas que dieron

lugar a la acusación fueron incautadas mediante un registro CC-2005-632 4

realizado en el equipaje de los acusados sin orden judicial

previa. En vista de ello, adujo que dicha intervención

gubernamental fue irrazonable bajo la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En la vista de supresión de evidencia declaró como único

testigo el Agte. Nelson Rosado Cintrón, adscrito a la

División de Drogas y Narcóticos de Fajardo. Sin embargo, no

testificó el Agte. Daniel Marín, quien fue el manejador del

can llamado Pirata que realizó el examen de olfato en

controversia. Además, se presentaron dos Certificados de

Análisis Químico Forense, mas no testificó el perito que los

preparó.

Según se desprende del testimonio del agente Rosado

Cintrón, el registro sin orden judicial del equipaje de Díaz

Medina y Bonano Pérez no fue producto de una inspección

rutinaria. Los agentes se presentaron al aeropuerto con la

unidad canina precisamente para culminar una investigación

criminal de varios días y corroborar ciertas confidencias

que habían recibido, la cuales apuntaban a la supuesta

participación de los acusados en un esquema de contrabando

de drogas. Es decir, cuando los agentes llevaron al can

Pirata para olfatear el equipaje de los acusados ya existía

una sospecha individualizada y razonable de que Bonano Pérez

y Díaz Medina se encontraban trasladando sustancias

controladas desde Culebra hasta Fajardo. Luego de que –según

le indicó el agente Marín al agente Rosado Cintrón-32 el can

32 Surge del expediente que el foro de instancia, de conformidad con la Regla 9(A) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 9(A), sólo admitió la prueba de referencia con CC-2005-632 5

marcara positivo sobre los bultos de los acusados, se

procedió a abrir el referido equipaje para confirmar la

presencia de drogas. Tras efectuar el registro, los agentes

encontraron siete kilos de cocaína en cada uno de los dos

bultos incautados, para un total de catorce kilos.

Trabada la controversia, el Tribunal de Primera

Instancia declaró con lugar la moción de supresión de

evidencia. En síntesis, fundamentó su determinación en que

el Ministerio Público no presentó prueba admisible de la

razonabilidad del registro en la medida en que no produjo el

testimonio del agente Marín, quien era el manejador del can.

Además, concluyó que no existían los motivos fundados para

realizar un registro sin orden judicial previa del equipaje

en su fondo. Bajo fundamentos similares, el foro apelativo

denegó el auto de certiorari.

Aún insatisfecho, el Procurador General acude ante nos.

En esencia, aduce que el foro apelativo incidió al adjudicar

el caso a base de la figura del registro incidental a un

olfato canino no constituyó un registro per se. Ello, pues

sostiene que es aplicable la norma de evidencia a plena

vista u olfato como excepción a la invalidez de los

registros sin orden judicial.

Así las cosas, mediante la Opinión emitida en el día de

hoy el Tribunal revoca el dictamen recurrido bajo la premisa

relación al manejo del can para los propósitos de determinar los hechos que motivaron al agente Rosado Cintrón a realizar el registro, mas no así como prueba sustantiva para el juicio en su fondo. CC-2005-632 6

fundamental de que “la intervención del equipaje fue

contenido del mismo tenía narcóticos”. Op. del Tribunal,

págs. 41-42. (Énfasis nuestro). En ese sentido, rechaza la

teoría esbozada por el Procurador General que aduce que el

examen de olfato canino no fue un registro porque el

material delictivo que supuestamente contenía el equipaje se

encontraba a plena percepción. Hasta ahí estamos de acuerdo.

Sin embargo, no logramos entender la necesidad de hacer

unos pronunciamientos adicionales sobre la naturaleza del

examen de olfato canino bajo el Artículo II, Sección 10 de

nuestra Constitución. De conformidad con el precepto de

autolimitación judicial, tales expresiones son totalmente

fútiles e innecesarias bajo el contexto fáctico de este

caso, por lo que constituyen meramente dicta. Ello, dado que

la misma Opinión y el razonamiento esbozado en su Parte V

reconoce que tanto la intervención con el perro como el

registro en su fondo de los bultos se justificaron al

demostrarse una sospecha individualizada previa de que los

acusados estaban involucrados en el trasiego de sustancias

controladas. Ese es precisamente el criterio que nos

limitaríamos a adoptar para llegar al mismo resultado que la

mayoría.

Por tanto, no podemos suscribir la Opinión del Tribunal

en su afán de abrir las puertas a una normativa

impracticable que, al expresar tajantemente que el examen de

olfato canino sobre los efectos personales no constituye un CC-2005-632 7

registro, soslaya nuestra Carta de Derechos y su

reconocimiento expreso del derecho de intimidad. Al proceder

de esta manera, la mayoría esgrime una visión constitucional

sumamente restrictiva que se abstrae de los hechos de este

caso y que podría tener unas repercusiones nocivas para las

libertades civiles en el país.

A continuación, examinamos con detenimiento la

disyuntiva analítica que se desprende de la Opinión del

Tribunal. Enfatizamos nuestros puntos de coincidencia, así

como nuestras serias discrepancias con la supuesta adopción

de la factura mínima en este caso a pesar de que la

normativa expuesta en la mencionada jurisprudencia federal

al amparo de la Cuarta Enmienda es de un alcance

incongruente con el desarrollo del derecho de intimidad en

nuestro ordenamiento constitucional.

En primer lugar, es menester recordar que la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

consagra el derecho de la ciudadanía a la protección de su

intimidad personal, así como de sus casas, papeles y efectos

personales contra registros, incautaciones y allanamientos

irrazonables. Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A. P.R., L.P.R.A.

Tomo 1. Así pues, hemos expresado que el objetivo de esta

protección constitucional es impedir que el Estado

interfiera con la intimidad y dignidad de los seres humanos,

amparar sus documentos y otras pertenencias, e interponer la

figura imparcial del juez entre los funcionarios públicos y

la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad a CC-2005-632 8

la intrusión. Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. 386 (1997);

Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 500 (1988).

En ocasiones anteriores hemos afirmado que "ante toda

controversia relacionada con esta protección constitucional,

lo primero es determinar la existencia o no de un registro".

Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318, 329 (1999); Pueblo en

Interés del Menor N.O.R., 136 D.P.R. 949, 961 (1994). En

algunas situaciones resulta complejo hacer tal

determinación, pues la garantía constitucional protege a la

persona como tal y no a lugares o cosas específicas. No

obstante, la protección constitucional se puede extender a

estos lugares y objetos en determinadas circunstancias por

razón de la expectativa razonable de intimidad que alberga

cada individuo sobre ellos. Pueblo v. Soto Soto, 168 D.P.R.

46, 54-55 (2006); Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 147 D.P.R. 433,

440 (1999).

Por otra parte, para que ocurra un registro en el

sentido constitucional no tiene que haber una intervención

física en un lugar u objeto particular. Al dilucidar si ha

ocurrido un registro, lo importante es determinar si se ha

infringido una expectativa de intimidad que la persona

alberga subjetivamente y que la sociedad está preparada para

reconocer como razonable. Pueblo v. Soto Soto, supra, pág.

55; Pueblo v. Bonilla, supra, pág. 330; Pueblo v. Rivera

Colón, 128 D.P.R. 672 (1991). Bajo esa misma óptica, se ha

resuelto en reiteradas ocasiones que todo ciudadano guarda

una expectativa razonable de intimidad sobre su equipaje y

efectos personales, por lo que el examen de éstos constituye CC-2005-632 9

un registro en el sentido constitucional, aun bajo el crisol

de la factura mínima federal. Arkansas v. Sanders, 442 U.S.

753 (1979); United States v. Chadwick, 433 U.S. 1 (1977);

Pueblo v. Bonilla, supra, pág. 329.33

En ese contexto, coincidimos con la mayoría al resolver

que el allanamiento de la evidencia suprimida en el presente

caso no cumplió con la excepción de un hallazgo a plena

percepción invocada por el Procurador General para que

validáramos el registro en controversia. La normativa

constitucional puertorriqueña que reconoció esta excepción

al requisito de orden judicial previa fue enunciada por

primera vez en Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976).

En esa ocasión, este Foro estableció cuatro criterios

que deben considerarse para determinar si el objeto

incautado sin orden judicial se hallaba a plena vista previo

al registro, a saber: (1) el artículo debe haberse

descubierto por estar a plena vista y no en el curso o por

razón de un registro; (2) el agente que observe la prueba

debe haber tenido derecho previo a estar en la posición

desde la cual podía verla; (3) debe descubrirse el objeto

inadvertidamente; y (4) la naturaleza delictiva del objeto

debe surgir de la simple observación. Cuando median estas

circunstancias, no procede la protección constitucional

contra registros irrazonables, pues el interés investigativo

prevalece sobre la expectativa de intimidad mínima que

33 Véanse, a modo ilustrativo, C.H. Whitebread & C. Slobogin, Criminal Procedure: An Analysis of Cases and Concepts, 4ta ed., 2004, págs. 118-121; E. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Forum, 1995, T. I, Vol. I, págs. 282-85. CC-2005-632 10

abriga un individuo con relación a un objeto a plena vista.

Íd.

Posteriormente en Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R.

770, 779 (1982), afirmamos que la percepción del olfato

guarda analogía y equivalencia funcional con las situaciones

en las que se aplica la doctrina sobre prueba a plena vista,

pues la única diferencia es el modo en que el objeto es

detectado. En ese caso, se resolvió que aun si el

consentimiento al registro del baúl prestado por el acusado

no se hubiera extendido al equipaje, hubiese subsistido la

admisibilidad de la evidencia ocupada porque la sustancia

controlada fue percibida por el simple olfato del agente, lo

que equivale a la percepción sensorial de la vista. Íd.

Véase, además, O. Resumil, Práctica Jurídica de Puerto Rico:

Derecho Procesal Penal, Tomo 1, Equity, 1994, pág. 271.

En el presente caso, los agentes del orden público no

descubrieron la prueba inadvertidamente. Además, la

naturaleza delictiva de la evidencia incautada no era

aparente de su faz, pues su existencia tampoco surgía de la

simple percepción del olfato de los agentes. Más bien, éstos

tuvieron que valerse del manejo de un can para hallar la

cocaína supuestamente escondida en el equipaje de los

acusados. Por ende, entendemos -al igual que la mayoría- que

la excepción invocada por el Procurador General no es de

aplicación al caso de autos.34

34 Bajo esta misma premisa, el profesor Wayne R. LaFave ha expresado que “[the] application of a ‘plain smell’ doctrine to dog searches stretches the imagination”. Véase W.R. LaFave, Search and Seizure, West, 4ta Ed., Sec. 2.2(g), pág. 528. CC-2005-632 11

En efecto, la utilización de un can para los propósitos

investigativos de este caso constituyó una herramienta

efectiva para detectar sustancias controladas. Ello es

similar a la utilización de instrumentos tecnológicos para

complementar los sentidos perceptivos de un agente del orden

público. Por lo general, el uso sin orden judicial previa de

cualquier instrumento tecnológico en el contexto de una

investigación es válido y no viola la prohibición de

registros irrazonables, siempre y cuando se limite a

acelerar el descubrimiento de evidencia que hubiese sido

percibida eventual e inevitablemente por la plena percepción

del ser humano. Véase, en general, W.R. LaFave, supra, Secs.

2.2(f), 2.2(g).

Cónsono con lo anterior, en Kyllo v. United States, 533

U.S. 27 (2001), el Tribunal Supremo Federal resolvió que el

uso de un instrumento que detectaba el calor emitido por una

residencia constituía un registro que requiere que se cumpla

con todo el rigor de la Cuarta Enmienda. De otra parte,

recientemente en Pueblo v. Soto Soto, supra, resolvimos que

el uso de binoculares para observar el campo abierto frente

a una residencia no constituía un registro irrazonable per

se, pero aclaramos que “[d]istinto sería el caso si el

propósito de utilizar el artefacto tecnológico fuera para

observar aquello que no se podría ver sin una intrusión

inconstitucional en la intimidad de la persona”. Pueblo v.

Soto Soto, supra, pág. 65, n.11. (Énfasis nuestro). CC-2005-632 12

En atención a ello, somos del criterio que la

utilización del examen de olfato de la unidad canina tampoco

se puede amparar bajo la excepción que elaboramos

recientemente en Pueblo v. Soto Soto, supra, en cuanto a los

hallazgos a plena percepción mediante el uso de instrumentos

tecnológicos en un campo abierto. La evidencia obtenida a

raíz de la utilización del perro no hubiese sido percibida

por el propio sentido del olfato ni de vista del agente

Rosado Cintrón. Es decir, no se trató de la utilización de

un instrumento cuyo uso se limitaba a acelerar el

descubrimiento de evidencia que hubiese sido percibida

eventual e inevitablemente por la plena percepción del ser

humano, sino para detectar aquello que no se podría percibir

sin una intrusión física con la intimidad de la persona.

En otras palabras, y contrario a lo sugerido por la

Opinión del Tribunal, entendemos que el uso arbitrario de

esta táctica investigativa se encuentra reñido con lo

resuelto en Pueblo v. Soto Soto, supra. Dicho caso realmente

se refiere al uso de instrumentos tecnológicos bajo la

excepción de hallazgo a plena percepción que la misma

Opinión del Tribunal reconoce que no es aplicable a este

caso. Además, y como explicaremos más adelante, la

utilización del examen de olfato canino sin control

constitucional alguno tiene el potencial de proveer

positivos falsos, por lo que su uso en esas circunstancias

puede prestarse para la intromisión sin justificación previa

con la intimidad y los efectos personales de cualquier

individuo. Por tanto, al eximir de protección constitucional CC-2005-632 13

la utilización indiscriminada del examen de olfato canino,

como si se tratara de un supuesto análogo al uso de

binoculares sobre un campo abierto, la mayoría confunde y

trastoca el alcance de la referida jurisprudencia. Todo ello

bajo el pretexto de un balance de intereses que favorece una

noción generalizada y estereotipada sobre la lucha contra el

crimen.35

Sin embargo, nuestra postura no significa que entendamos

que el examen de olfato canino no deba ser un táctica

investigativa legítima del Estado ni que se requiera obtener

una orden judicial previa para todo caso en que se fuera a

utilizar la misma. De igual forma, tampoco endosamos la

teoría de que la utilización del examen de olfato canino

deba limitarse a acelerar el descubrimiento de evidencia que

hubiese sido percibida eventual e inevitablemente por la

plena percepción del ser humano.

De hecho, somos del criterio que el examen de olfato

canino fue una intromisión gubernamental válida en el

presente caso, precisamente por las mismas razones

35 La mayoría también enfatiza que en Kyllo fue determinante que el thermal imager no era fácilmente accesible y disponible al público, y contrasta ello con la gran accesibilidad de los perros para el público en general. Del mismo modo, en Soto Soto el Tribunal también enfatizó que los binoculares son aditamentos fácilmente accesibles y disponibles al público en general. No obstante, la realidad es que estos perros son incluso menos accesibles que la herramienta tecnológica utilizada en Kyllo. El costo aproximado para adquirir y entrenar un can para fines de detección de sustancias ilegales es de $20,000 a $29,000, mientras que el Agema Thermovision 210 utilizado en Kyllo y otros productos similares se pueden obtener por una cantidad mucho menor que las referidas unidades caninas. Véanse K-9s -- The cost of starting a K-9 unit, en Police Magazine, 21 de enero de 2004; http://www.opticsplanet.net/heat-seekers- termal-imagers.html. CC-2005-632 14

elaboradas en la Parte V de la Opinión del Tribunal para

sustentar la validez de la intervención con el equipaje de

los acusados: que el agente del orden público logró

articular una sospecha individualizada previa de que los

acusados estaban involucrados en un esquema de contrabando

de sustancias controladas que una vez culminó el examen

quedó corroborada.

III.

El estándar de sospecha razonable individualizada no es

ajeno a nuestro ordenamiento jurídico. Ortiz Irizarry v.

D.T.O.P., 164 D.P.R. 361 (2005); Pueblo v. Yip Berríos,

supra; Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988). En

particular, la sospecha individualizada se refiere a la

expectativa de que un individuo está posiblemente

involucrado en la comisión de un delito particular. Para

determinar que ésta es razonable, se requiere un escrutinio

mayor que una mera sospecha generalizada. Véanse Reid v.

Georgia, 448 U.S. 438 (1980); Brown v. Texas, 443 U.S. 47

(1979); C.H. Whitebread & C. Slobogin, supra, págs. 246-248.

Como reconoce la Opinión del Tribunal, en el contexto de

una intervención gubernamental relacionada con una

investigación criminal, la sospecha individualizada

razonable se debe equiparar a los motivos fundados para un

arresto que requiere la Regla 11 de Procedimiento Criminal,

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 11. En esencia, el funcionario del

Estado que realiza la intervención debe tener motivos

fundados suficientes para entender que el individuo

intervenido ha cometido un delito en su presencia, más allá CC-2005-632 15

de una sospecha generalizada. Ello responde a la protección

más amplia que provee nuestra Constitución al derecho de

intimidad. Véanse Pueblo v. Bonilla, supra, pág. 337; Pueblo

en interés de N.O.R.,supra; Pueblo v. Rivera Colón, supra.

En armonía con este precepto, se ha reconocido que bajo

ciertas circunstancias particulares de necesidad especial

del Estado se puede sostener la validez constitucional de un

registro sin previa orden judicial al amparo de una causa

probable por sospecha individualizada. Por su parte, la

razonabilidad de esta intervención se determina a base de un

balance de intereses entre los derechos del individuo y el

interés del Estado. Pacheco Pietri v. E.L.A., 133 D.P.R. 907

(1993).36 Además, el propósito de una intromisión a la

intimidad en tales circunstancias excepcionales debe estar

estrechamente relacionado con la sospecha individualizada

que invoca el agente del orden público para llevarla a

cabo.37

36 Véanse además, Arizona v. Johnson, 129 S.Ct. 781 (2009); City of Indianapolis v. Edmond, 531 U.S. 32 (2000); National Treasury Employees Union v. Von Raab, 489 U.S. 656 (1989); Skinner v. Railway Labor Executives' Assn., 489 U.S. 602 (1989); J. Álvarez González, Análisis del término 1998-99: Derecho constitucional, 69 Rev. Jur. U.P.R. 419, 423- 430 (2000). 37 En ese sentido, conviene señalar que en City of Indianapolis v. Edmond, supra, el Tribunal Supremo Federal invalidó unos bloqueos en las carreteras dado que el propósito de los mismos era encontrar drogas mediante el examen de olfato canino en los vehículos detenidos. El Tribunal reiteró la normativa de que un registro es ordinariamente irrazonable en ausencia de una sospecha individualizada. Además, afirmó que los registros sin sospecha individualizada sólo son permisibles cuando existe una necesidad especial más allá de la noción generalizada de la lucha contra el crimen. CC-2005-632 16

De conformidad con lo anterior, somos del criterio que

al existir una sospecha individualizada y razonable de que

un individuo esconde contrabando en su equipaje, no es

necesario que los agentes del orden público obtengan una

orden judicial previa para realizar un examen de olfato

canino en un área en donde éstos ya tienen derecho a estar.

En esos casos pueden concurrir las circunstancias especiales

de necesidad del Estado que justifiquen la utilización de

dicha técnica investigativa, la cual generalmente constituye

una práctica policiaca menos intrusiva que otros registros

y allanamientos. Véase W.R. LaFave, supra, pág. 540.

En el presente caso, entendemos que dicho estándar debe

ser aplicable tanto al examen de olfato canino como al

registro posterior del equipaje en su fondo. Se desprende

del expediente y de la Opinión del Tribunal que el agente

Rosado Cintrón había corroborado varias confidencias con su

propia observación en el transcurso de una extensa

investigación criminal que apuntaban razonablemente a que

los acusados estaban involucrados en el trasiego y

contrabando de drogas entre los municipios de Culebra y

Fajardo. Dado que transcurrieron pocos minutos desde que se

recibió la confidencia que posicionó a los acusados en el

aeropuerto y los sucesos que culminaron en el registro, es

evidente que el agente no tuvo tiempo suficiente para

obtener una orden judicial antes de llegar al aeropuerto.38

38 A modo ilustrativo, nótese que en el presente caso también concurrieron varias de las circunstancias requeridas para establecer los motivos fundados necesarios y realizar un arresto bajo la Regla 11 de Procedimiento Criminal a base de la confiabilidad de una confidencia. La confidencia condujo CC-2005-632 17

En atención a estas circunstancias excepcionales, la

existencia de la mencionada sospecha razonable

individualizada en el caso de autos justificó el uso del

examen de olfato canino sin la necesidad de que mediara una

orden judicial previa. De hecho, y a pesar de sus

pronunciamientos innecesarios y contradictorios sobre la

naturaleza de esta táctica investigativa, la sección

dispositiva de la Opinión del Tribunal coincide claramente

con este criterio. En particular, la mayoría expresa con

toda razón que “las circunstancias particulares de necesidad

especial fueron ejemplificadas en la sospecha

canino poseían los agentes del orden público y que una vez

se culminó el examen quedó corroborada”. Op. del Tribunal,

pág. 40. (Énfasis nuestro). Además, la Opinión sostiene

precisamente que “la intervención del equipaje fue razonable

al estar directamente relacionada a la previa sospecha

individualizada ... de que el contenido del mismo tenía

narcóticos”. Íd., págs. 41-42. (Énfasis nuestro).

En esencia, coincidimos con la lógica de ese

razonamiento dado que la utilización per se del examen de

olfato canino en el presente caso constituyó un registro

basado en una sospecha individualizada previa. El Ministerio

Público logró rebatir la presunción de la irrazonabilidad

hacia los acusados en términos de lugar y tiempo, fue corroborada por observaciones del propio agente, y la corroboración se relacionaba con actos delictivos cometidos y en proceso de cometerse. Véanse Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977); Pueblo v. Acevedo Escobar, supra. CC-2005-632 18

del registro en la vista de supresión de evidencia, pues el

testimonio del agente Rosado Cintrón demostró que el

propósito del examen de olfato canino en este caso se limitó

a corroborar la mencionada confidencia. Además, tampoco se

trató de una detención irrazonable en contravención a la

factura mínima establecida en Terry v. Ohio, 392 U.S. 1

(1968), pues toda la intervención en controversia ocurrió

brevemente y medió la sospecha individualizada análoga a la

Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, que requiere

Por otro lado, y como acertadamente reconoce la Opinión

del Tribunal al discutir la doctrina de necesidad especial,

debemos recordar que el hecho de que el can haya marcado

positivo no es de por sí suficiente ni justifica

automáticamente el registro en su fondo del equipaje sin

orden judicial previa, o sin que concurra alguna de las

demás excepciones al registro sin orden. Véanse Op. del

Tribunal, págs. 36-37; Arkansas v. Sanders, supra; United

States v. Chadwick, supra. En el supuesto de que concurran

tales requisitos y las exigencias de las circunstancias

particulares del caso justifiquen tal proceder, se podría

prescindir del requisito de orden judicial previa para

realizar el registro en su fondo del equipaje en el cual se

detectaron sustancias controladas mediante un examen de

olfato canino.39

39 Específicamente, un registro de esa naturaleza se justifica de manera excepcional: (1) si a la luz de la totalidad de las circunstancias del caso existen motivos fundados suficientes para creer que el equipaje contiene material delictivo; y (2) si las exigencias de las CC-2005-632 19

En otras palabras, aunque -mediante un dictum

innecesario y confuso- la mayoría sugiere en su discusión

anterior a la parte dispositiva del caso que en nuestra

jurisdicción existe una amplia autoridad legal para realizar

un examen de olfato canino en ciertas circunstancias sin

sujeción a un estándar constitucional, de la misma Opinión

se desprende que para prescindir del requisito de orden

judicial para registrar el equipaje en su fondo el

Ministerio Público debe establecer, de entrada, la

existencia de una sospecha razonable individualizada que

constituya la causa probable requerida por el ordenamiento

penal más allá de comprobar que el perro marcó positivo.

En este caso, estamos de acuerdo con la Opinión del

Tribunal en tanto concluye que la reacción del can al

“marcar positivo” tras olfatear los bultos arrojados en el

suelo configuró finalmente los motivos fundados necesarios

para que se realizara el registro en su fondo del mencionado

equipaje sin orden judicial previa. En virtud de un segundo

balance de intereses, entendemos que esa etapa del registro

en controversia –la cual comenzó cuando se abrió el

equipaje- se justificó luego de que el examen de olfato

canino corroborara las mencionadas confidencias. Es decir,

las exigencias de las circunstancias particulares de este

caso y la existencia de causa probable de que el equipaje

registrado contenía sustancias controladas permitieron que

circunstancias particulares del caso ameritan tal proceder. Véanse, en ese contexto particular, United States v. Sokolow, 490 U.S. 1 (1989); United States v. Ross, 456 U.S. 798 (1982). CC-2005-632 20

se prescindiera, como cuestión práctica, de una orden

judicial en el supuesto de autos. Véase Pueblo v. Acevedo

Escobar, supra.

En fin, en esta etapa entendemos que el examen de olfato

canino y el registro del equipaje en el caso de autos fueron

razonables porque el alcance de la intromisión a la

intimidad que permitieron dichas tácticas se circunscribía

específicamente a corroborar la causa probable basada en la

sospecha individualizada que surgía de las numerosas

confidencias que el agente Rosado Cintrón había recibido en

el proceso investigativo relacionado con un esquema de

contrabando de drogas.40 Por tanto, coincidimos con la

mayoría en tanto resuelve, al amparo de la doctrina de

necesidad especial y de sospecha individualizada razonable,

que procede revocar la sentencia recurrida del Tribunal de

Apelaciones que validó la supresión de evidencia en

controversia.

Al aplicar dicha doctrina al presente caso, la mayoría

reconoce que la intervención en controversia constituyó un

registro, e implícitamente sugiere que el mero acto de

someter el equipaje al olfato canino de Pirata requirió la

40 Tales hechos guardan cierta analogía con los sucesos de Pueblo v. Acevedo Escobar, supra, con la única excepción de que en el caso de autos fue el examen de olfato canino, y no la plena percepción de los agentes, el factor que finalmente corroboró las confidencias que configuraron los motivos fundados suficientes para realizar los arrestos y el registro más profundo del equipaje. En ambos casos, los agentes poseían las confidencias corroboradas que dieron lugar a la sospecha razonable individualizada para justificar la detención inicial de los acusados y la detección subsiguiente de las sustancias controladas. CC-2005-632 21

prevalencia de una sospecha individualizada. Así pues, la

contradicción fundamental que surge de la Parte IV de la

Opinión del Tribunal recae en su intento de dilucidar en qué

momento exactamente comenzó el registro.

Sin embargo, no hay duda de que a la luz de los hechos

de este caso y del análisis dispositivo que reseñamos en la

sección previa, se hacía totalmente innecesario discutir

cualquier asunto ulterior sobre la naturaleza de esta

táctica investigativa. Sin embargo, en la discusión anterior

a la Parte V, la mayoría indica de modo tajante que debemos

circunscribir el análisis sobre esta intromisión

gubernamental estrictamente a lo resuelto por la

jurisprudencia federal sobre el particular. Ello sin tomar

en consideración que el efecto práctico de la normativa

anunciada sería inherentemente incompatible con el

desarrollo del derecho de intimidad y la protección contra

registros y allanamientos irrazonables en nuestro

ordenamiento constitucional.

En específico, la mayoría sugiere que nos debemos ceñir

a la factura mínima federal despuntada por un dictum en

Place v. United States, 462 U.S. 696 (1983) y la

jurisprudencia posterior del Tribunal Supremo de Estados

Unidos relacionada a este asunto. De esa forma, la mayoría

“incorpora” a nuestra jurisdicción el precepto de que el

examen de olfato canino, al tratarse de una técnica

investigativa sui géneris, no es un registro a la luz de la CC-2005-632 22

Cuarta Enmienda de la Constitución Federal.41 En fin, la

Opinión del Tribunal en el presente caso elabora el

raciocinio de que como dicha táctica investigativa no se

considera un registro en el ámbito federal, tampoco lo debe

ser al amparo del Artículo II, Sección 10 de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Nos sorprende el salto lógico de esa conclusión, pues

además de ser innecesario para resolver el caso ante nos,

pasa por alto que nuestra Carta de Derechos provee una

protección más amplia al derecho de intimidad que la

Constitución de Estados Unidos. En efecto, el Tribunal

ignora la norma histórica de que el derecho constitucional

federal reconoce un gran margen para que los tribunales

supremos estatales interpreten las garantías de sus

respectivas constituciones con mayor amplitud y a la

vanguardia de los preceptos enunciados en algunos de los

dictámenes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esa

es la virtud del federalismo estadounidense tan preciado por

sus ciudadanos. Véase Blassini Cabassa v. DRNA, res. el 7 de

agosto de 2009, 2009 TSPR ___ .42

41 Del mismo modo, y a pesar de que no guarda relación alguna con este caso, la mayoría cita con beneplácito la Opinión del máximo foro federal en Illinois v. Caballes, 543 U.S. 405 (2005), mediante la cual se resolvió que someter el exterior del vehículo al olfato canino luego de una detención vehicular rutinaria no viola la Cuarta Enmienda. 42 Véanse, además, Rullán v. Fas Alzamora, 166 D.P.R. 742, 771 (2006); Pacheco Pietri v. E.L.A., supra; López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 226 (1987); Pueblo v. Rivera Colón, supra; Pueblo v. Dolce, supra; E. L. Chiesa, Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 Rev. Jur. U.P.R. 83 (1996). CC-2005-632 23

De hecho, la filosofía de reduccionismo judicial

adoptada por el Tribunal mediante dictum no toma en

consideración la tradición histórica del federalismo y la

interacción dinámica entre el constitucionalismo federal y

estatal, la cual ha permitido que la democracia en Estados

Unidos sobreviva y prospere por más de dos siglos. En muchas

ocasiones, el derecho estatal ha pautado la visión

constitucional de vanguardia que posteriormente acoge el

Tribunal Supremo de Estados Unidos en un futuro, como parte

del “common law” federal. Véase W.J. Brennan, Some Judicial

Aspects of Federalism, 52 Rev. Jur. UPR 1, 7-9 (1983).43

En lo pertinente al presente caso, la Cuarta Enmienda de

la Constitución Federal, según interpretada por el Tribunal

Supremo de Estados Unidos, constituye tan solo la protección

mínima que Puerto Rico y los estados están obligados a

reconocer en lo referente a la garantía contra registros y

allanamientos irrazonables. En contraste a la Constitución

Federal, nuestra Carta de Derechos protege expresamente la

honra, la reputación y la vida privada de las personas. Art.

II, Sec. 8, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Así, hemos

reiterado que “[e]l efecto conjunto de esta cláusula y la

garantía constitucional contra registros y allanamientos

irrazonables ha sido establecer el derecho a la intimidad

43 Por ejemplo, en Cruzan v. Director, 497 U.S. 261 (1990), el Tribunal Supremo de Estados Unidos acogió la normativa del máximo foro estatal de New Jersey en In re Quinlan, 70 N.J. 10, 355 A.2d 647 (1976), sobre el derecho a rechazar tratamiento médico. Por otro lado, en Kennedy v. Louisiana, 128 S.Ct. 2641 (2008), el Tribunal Supremo Federal aplicó el escrutinio del “consenso nacional” del derecho estatal para declarar inconstitucional la pena de muerte en ciertas instancias. CC-2005-632 24

como uno de los de más alta jerarquía en nuestro

ordenamiento”. Pueblo v. Bonilla, supra; Arroyo v. Rattan

Specialties, 117 D.P.R. 35, 64 (1986).44

Reconocemos que la factura más ancha de nuestra Carta de

Derechos no se debe invocar livianamente. Sin embargo, y

contrario a lo que sugiere la Opinión mayoritaria, este

Tribunal tiene el deber de utilizar una visión abarcadora y

protectora al definir los contornos de los derechos

constitucionales de cada individuo, particularmente en lo

que respecta a la intimidad y los registros y allanamientos

irrazonables. Esta realidad exige que atendamos con tesón

cualquier supuesto en que una expectativa razonable de

intimidad o los derechos humanos de la ciudadanía se

encuentren bajo amenaza.45

Aclarado lo anterior, no tenemos duda de que lo resuelto

por el Tribunal Supremo Federal en Illinois v. Caballes,

supra, y Place v. United States, supra, en cuanto al examen

de olfato canino, no es compatible con la primacía que

históricamente se le ha reconocido al derecho de intimidad

44 La Comisión sobre la Carta de Derechos de la Convención Constituyente enfatizó la importancia y amplitud de dicha disposición constitucional, al señalar que:

Se trata de la inviolabilidad personal en su forma más completa y amplia. El honor y la intimidad son valores del individuo que merecen protección cabal [..] contra injerencias abusivas de las autoridades. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, pág. 2566. (Énfasis nuestro). 45 Véanse, por ejemplo, RDT Construction v. Colón Carlo II, 141 D.P.R. 861 (1996); P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983). CC-2005-632 25

en nuestro ordenamiento constitucional. Como indica la

Opinión del Tribunal al citar con aprobación varias

decisiones de tribunales estatales y federales, esta

jurisprudencia federal ha permitido validar “el examen de

olfato canino de manera indiscriminada tanto en los

equipajes como en los automóviles”, a pesar de la

expectativa razonable de intimidad que un individuo pueda

ostentar sobre tales objetos. Op. del Tribunal, pág. 19.

(Énfasis nuestro).

En atención a lo anterior, varios de los tratadistas más

eruditos del derecho procesal penal en Estados Unidos han

sido contundentes al expresar su preocupación sobre el

alcance de esta jurisprudencia federal. Por ejemplo, el

distinguido profesor LaFave ha caracterizado la decisión de

Caballes como un “oversimplified and underprotective no-

search-ergo-no-scope violation rule”. LaFave, supra, § 9.3

(f), 4ta ed., 2008-09 Pocket Part, pág. 73. Además, este

tratadista ha criticado continuamente el “cheque en blanco”

que concede la amplia normativa de Place, particularmente

porque se ha probado que estos perros entrenados no son

infalibles, lo que significa que su uso podría resultar

potencialmente en intromisiones indebidas con la intimidad

de personas inocentes. Íd., § 2.2(g), págs. 532-33.46

46 Es por ello que el ex Juez Asociado del Tribunal Supremo Federal David Souter expresó en su disenso de Caballes que

[o]nce the dog’s fallibity is recognized, however, that ends the justification claimed in Place for treating the sniff as sui generis under the Fourth Amendment: the sniff alert does not necessarily signal hidden contraband, and opening the container or enclosed space whose emanations CC-2005-632 26

Sin embargo, el raciocinio reduccionista de la mayoría

parte de la premisa inarticulada -y desacreditada- de que el

derecho de intimidad no está en juego en estos casos porque

el examen de olfato canino se dirige únicamente a

identificar si el equipaje de una persona contiene o no

contrabando; y que un ciudadano no puede albergar

expectativa de intimidad alguna sobre el contrabando de

sustancias ilegales. Como mencionamos anteriormente, la

realidad es que ese fundamento ignora por completo la

ciencia y la evidencia estadística disponible sobre los

exámenes de olfato canino, la cual apunta a que esta táctica

investigativa dista de ser perfecta y su utilización tiende

a resultar en “positivos falsos” en muchas ocasiones.

LaFave, supra, § 2.2(g), págs. 532-33.

En específico, se ha demostrado empíricamente que las

unidades caninas no gozan de certeza ni precisión perfecta

en su olfato al detectar sustancias controladas, y que cada

perro posee un historial de capacidad y habilidad

diferente.47 Ciertamente, las inexactitudes latentes en los

the dog has sensed will not necessarily reveal contraband or any other evidence of crime. Illinois v. Caballes, supra, (Op. dis. J. Souter).

Véanse además, I. Bennett Capers, Policing, Race and Place, 44 Harv. C.R.-C.L. L. Rev. 43, 64 (2009); C.J. Hunt, Calling in the Dogs: Suspicionless Sniff Searches and Reasonable Expectations of Privacy, 56 Case W. Res. 285 (2005). 47 Véanse, por ejemplo, United States v. Kennedy, 131 F.3d 1371, 1378 (10mo Cir. 1997); United States v. Scarborough, 128 F.3d 1373, 1378, n.3 (10mo Cir. 1997); United States v. Limares, 269 F.3d 794, 797 (7mo Cir. 2001); Laime v. State, 347 Ark. 142, 159, 60 S. W. 3d 464, 476 (2001); United States v. $242,484.00, 351 F.3d 499, 511 (11mo. Cir. 2003); R. v. Kang-Brown, 2008 SCC 18; R. v. A.M., 2008 SCC 19. CC-2005-632 27

exámenes de olfato canino para detectar sustancias

controladas pueden resultar en una intromisión indebida a la

intimidad de los ciudadanos, particularmente cuando el perro

provee positivos falsos en un porciento desmedido de sus

intervenciones. Véanse LaFave, supra, §§ 2.2(e), 2.2(g), 9.3

(f); R.E. Myers II, Detector dogs and probable cause, 14

Geo. Mason L. Rev. 1 (2006).

Por ejemplo, en Doe v. Ranfrow, 475 F. Supp. 1012 (N.D.

Ind. 1979), modificado 631 F.2d 91 (7mo Cir. 1980), un

examen de olfato canino realizado en una escuela “alertó” a

la policía sobre la presencia de sustancias ilegales en el

cuerpo de una niña de 13 años. Luego de que la niña se

vaciara los bolsillos, el perro continuó “marcando

positivo”. En vista de ello, dos agentes del orden público

la sujetaron a un registro al desnudo que no reveló la

presencia de drogas. Eventualmente se demostró que el perro

marcó positivo porque la niña había estado jugando con su

perra, la cual se encontraba en celo.48

Del mismo modo, en United States v. $ 639,558.00 in

United States Currency, 955 F.2d 712 (D.C. Cir. 1992), un

examen de olfato canino marcó positivo a cocaína en la

maleta de un pasajero, pero no se encontró ninguna sustancia

Véase, además, K. Garner et al., Duty Cycle of the Detector Dog: A Baseline Study 12 (Apr. 2001). 48 Además, en ese caso varios exámenes de olfato canino realizados en la escuela “alertaron” a la policía sobre la presencia de drogas en el cuerpo de otros 50 jóvenes. Sin embargo, sólo 15 resultaron tener sustancias controladas consigo, por lo que los 35 restantes fueron “positivos falsos”. Doe. v. Ranfrow, supra. CC-2005-632 28

controlada en la misma. Posteriormente se concluyó que el

perro marcó positivo porque en el dinero en efectivo del

pasajero había rastros diminutos de cocaína. En vista de

ello, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el

Circuito de D.C. indicó que del 75 al 97 porciento del

dinero en efectivo en circulación contiene suficiente

remanente de cocaína para alertar a un perro entrenado. Íd.49

Tales incidentes relacionados a la imperfección del

examen de olfato canino ejemplifican que su uso tiene el

potencial de exponer a todo ciudadano a intromisiones

irrazonables y humillantes respecto a su intimidad. Por

tanto, no nos podemos unir al criterio mayoritario que avala

innecesariamente la utilización indiscriminada y sin control

constitucional alguno de estos canes para detectar

sustancias controladas.

Más aún, la utilización de estos perros en la proximidad

inmediata de las personas tiene un carácter intimidante, por

lo que es incuestionable que su uso tiene un efecto

intrusivo que podría ser hasta degradante para cualquier

individuo. Por ello, el profesor LaFave también ha afirmado

que su utilización puede ser ofensiva para algunos, y hasta

“reminiscent of the ugliest types of scenes that have

occurred in police states.” LaFave, supra, § 9.3 (f), pág.

81.50

49 De hecho, un estudio reciente de la Sociedad Química Americana reveló que el 90% de los billetes de Estados Unidos contiene rastros de cocaína. “Dinero con cocaína”, El Nuevo Día, 17 de agosto de 2009, pág. 34. 50 En Place, la mayoría del Tribunal Supremo Federal enfatizó que el examen de olfato canino en ese caso no conllevó CC-2005-632 29

No hay duda, pues, de que la intromisión a la intimidad

que permite la normativa establecida por estos casos en

virtud de la Cuarta Enmienda se excede de las exigencias

mínimas de ese derecho al amparo de nuestra Carta de

Derechos. Al permitir el uso indiscriminado del examen de

olfato canino para detectar contrabando en el equipaje

–sobre el cual existe una expectativa razonable de

intimidad-, se permitiría la intervención con cualquier

ciudadano sin justificación previa, con el único propósito

de sentar las bases para un arresto o un registro más

minucioso sin orden judicial y sin sospecha razonable

individualizada.

Evidentemente, tal actuación del Estado tiene todas las

características de un registro, por lo que clasificarla de

otra forma opera en clara contravención a un sinnúmero de

precedentes de este Tribunal mediante los cuales hemos

ampliado el derecho de intimidad de los puertorriqueños a

pesar de que la factura mínima federal permitiría otro curso

de acción. Véanse, por ejemplo, Pueblo v. Bonilla, supra;

Pueblo v. Malavé, supra; Pueblo v. Dolce, supra. Al amparo

de tales casos, en nuestra jurisdicción se considera

irrazonable el registro incidental a un arresto del interior

ningún tipo de humillación o vergüenza porque no se hizo en un espacio público. Es decir, el grado de intrusión a la expectativa de intimidad al utilizar un examen de olfato canino, y su clasificación como registro per se, depende de las circunstancias particulares de cada caso. Sin embargo, y como bien ilustra la Opinión del Tribunal, esta factura mínima federal se ha interpretado para permitir, a modo de excepción, un sinnúmero de intervenciones policiacas sin orden judicial que de otra forma estarían reñidas con la Constitución. CC-2005-632 30

de un vehículo o de una persona, salvo que se haga de manera

superficial para hallar armas que pudieran ser alcanzadas

por el arrestado o para ocupar evidencia que de otra manera

podría desaparecer. Por tanto, mucho más irrazonable sería

establecer los motivos fundados para un arresto o registro

sin orden a base de un examen de olfato canino realizado de

manera arbitraria, el cual se podría llevar a cabo bajo esa

premisa contra cualquier peatón en un parque o en una calle

pública sin probar sospecha individualizada o sin

justificación previa alguna.

A la luz de la factura más ancha que emana de nuestra

Constitución, resulta inevitable concluir que el examen de

olfato canino es un registro per se en el sentido

constitucional, que es exactamente lo que sugiere la parte

dispositiva de la Opinión del Tribunal al atender los hechos

de este caso. Por ello, no avalamos la posición asumida

mediante dictum de que la utilización de esa herramienta

investigativa sobre los efectos personales de un individuo

no está sujeta a ninguna de las garantías constitucionales

en protección del derecho de intimidad, precisamente porque

dicha táctica expone a todo ciudadano a intromisiones

indiscriminadas y arbitrarias que podrían dar base a un

registro más profundo o hasta al arresto del individuo sin

que medie una orden judicial previa.

Claro está, la mayoría hace la salvedad de que para

detener a una persona con el propósito de someterla a un

examen de olfato canino sí hace falta probar una sospecha

individualizada de que su equipaje contiene sustancias CC-2005-632 31

controladas. Dicha conclusión es forzosa, pues de lo

contrario se violaría la factura mínima federal sobre el

particular establecida en Terry v. Ohio, supra.51

De igual forma, la Opinión infiere que se resguarda el

derecho de intimidad en nuestro ordenamiento jurídico al

ceñir la normativa de Place al contexto del equipaje. Ante

esa aclaración, la mayoría explica que lo resuelto en este

caso no se extiende hacia una persona, un grupo de personas,

o cuando dicho examen pueda ser objeto de vergüenza o cause

particular. Por último, también indica que hace falta una

sospecha individualizada razonable más allá de la marca

positiva del can para justificar el registro del equipaje en

su fondo. Véase Op. del Tribunal, págs. 21, 36-7.

Aun así, lo cierto es que la norma anunciada por el

Tribunal en el día de hoy tendría el efecto cascada de

exponer a cualquier peatón que no esté en movimiento en un

área pública a que sus efectos personales sean olfateados

por un perro grande e intimidante, cuya reacción –la cual se

ha probado que puede ser científicamente imperfecta- podría

acarrear consecuencias penales. A pesar de las salvaguardas

anunciadas por la mayoría, el alcance de la normativa

51 Adviértase, además, que en Place se resolvió que es irrazonable una detención extensa del equipaje para someterlo a dicha prueba en virtud de Terry, por lo que todos sus pronunciamientos sobre el olfato canino constituyeron dicta. El máximo foro federal aclaró que la detención sería razonable sólo si es breve y si existe sospecha razonable de que el pasajero lleva sustancias controladas en el equipaje detenido. Véanse las Opiniones Concurrentes del Juez Brennan y del Juez Blackmun, United States v. Place, supra. CC-2005-632 32

avalada fomenta que los ciudadanos le teman y hasta le huyan

a la policía para evitar un malentendido desagradable en un

pasadía en el parque, en la playa, o en la plaza pública.

Como imperativo democrático en protección de la

intimidad y los derechos civiles de nuestros ciudadanos, no

debemos concederle un cheque en blanco al Estado para que se

realicen estas intromisiones al azar y sin justificación

previa alguna. Lamentablemente, el razonamiento autómata

esbozado por la mayoría en el día de hoy para clasificar el

examen de olfato canino como un “no registro” sienta las

bases para justificar en el futuro otras intervenciones

totalitarias ajenas a los principios fundamentales que

emanan de nuestra Carta de Derechos.

Por otro lado, y aun bajo la óptica de que el examen de

olfato canino constituye un registro, consideramos que su

uso puede ser razonable y justificable en las circunstancias

apropiadas, sin lacerar las garantías constitucionales de

los individuos. De hecho, como hemos señalado, en el

presente caso entendemos que el uso de esta táctica

investigativa sin orden judicial previa fue razonable, pues

se articuló una sospecha individualizada de conformidad con

nuestra Carta de Derechos.

En armonía con nuestro criterio, múltiples tribunales

estatales han reconocido con posterioridad a Place que el

examen de olfato canino constituye un registro en virtud de

sus propias constituciones. En esencia, un número

significativo de los máximos foros estatales ha rechazado el

uso indiscriminado del examen de olfato canino y ha CC-2005-632 33

requerido que para validar el mismo se pruebe, al menos, una

sospecha razonable individualizada de que la persona está

involucrada en la comisión de un delito relacionado al

contrabando de sustancias controladas. Veamos.

En Commonwealth v. Johnston, 530 A.2d 74 (Penn. 1987),

el Tribunal Supremo de Pennsylvania resolvió que al amparo

de la disposición constitucional de ese estado referente a

la protección contra registros y allanamientos irrazonables,

el examen de olfato canino es un registro en el sentido

constitucional. Sin embargo, concluyó que la utilización de

los perros en ese caso fue razonable porque se articuló una

sospecha individualizada previa y porque la Policía probó

que tenía derecho a estar en el lugar donde se realizó el

registro.52 El tribunal explicó que para justificar este tipo

de intromisión gubernamental sin orden judicial previa, se

debe cumplir con un escrutinio dual de articular una

sospecha individualizada razonable y de probar que los

agentes del orden público se encontraban legalmente en el

lugar donde se realizó el registro.53

Por otro lado, en State v. Pellicci, 580 A.2d 710 (N.H.

1990), el Tribunal Supremo de New Hampshire llegó a una

52 Para llegar a dicha conclusión, el Tribunal Supremo de ese estado adoptó la posición del Juez Brennan en la Opinión Concurrente de Place en cuanto a que el uso indiscriminado de los perros permitiría lo que incluso Terry v. Ohio, supra, no permite: el registro y allanamiento de propiedad al azar y sin sospecha individualizada alguna. 53 Al adoptar este estándar, el Tribunal Supremo de Pennsylvania explicó lo siguiente: “it is our view that a free society will not remain free if police may use this, or any other crime detection device, at random and without reason”. Commonwealth v. Johnston, supra. CC-2005-632 34

conclusión similar, por lo que validó la utilización de un

examen de olfato canino para registrar el vehículo de un

acusado en virtud de que existía sospecha razonable de que

éste transportaba sustancias controladas. Al concluir que el

referido examen es un registro que se puede efectuar sin

orden judicial previa en determinadas circunstancias, dicho

foro estatal aludió expresamente a la factura más ancha que

imperaba en virtud de la Constitución de ese estado. Además,

dado que el examen del olfato canino se prestaba para

detectar lo que los agentes del orden público no podrían

percibir con sus propios sentidos, concluyó que la adopción

del estándar de sospecha razonable era un imperativo

constitucional. Íd.54

Asimismo, en People v. Dunn, 564 N.E.2d 1054 (N.Y.

1990), el máximo foro judicial del estado de New York

resolvió que aunque el examen de olfato canino no es un

registro al amparo de la Cuarta Enmienda de la Constitución

Federal, sí lo es bajo la disposición análoga de la

Constitución de ese estado. Al rechazar la adopción de la

normativa de Place en el ordenamiento constitucional

estatal, el tribunal concluyó que el hecho de que un

procedimiento investigativo pueda revelar evidencia de algún

54 La Opinión del Tribunal hace referencia a Doran v. Contoocook Valley Sch. Dist., 2009 D.N.H. 32 (2009) (no publicada). En dicha sentencia, la corte federal para el distrito de New Hampshire resolvió sencillamente que la utilización del examen de olfato canino en una escuela no constituye un registro bajo la Cuarta Enmienda y la jurisprudencia federal correspondiente. La mayoría no menciona, sin embargo, que la corte de distrito devolvió el caso al tribunal estatal para que se dilucidara la causa de acción bajo el derecho constitucional del estado de New Hampshire. CC-2005-632 35

material delictivo es irrelevante al determinar qué

constituye un registro. Por el contrario, sostuvo que el

análisis se debe enfocar en si ha ocurrido alguna

intromisión con alguna expectativa razonable de intimidad

del individuo. Una vez se parte de esta premisa, es

inevitable concluir que el examen de olfato canino es un

registro en el sentido constitucional. Dicha técnica

investigativa permite a la policía obtener información sobre

el contenido escondido en un lugar u objeto que goza de una

expectativa razonable de intimidad por su relación con un

individuo.

Al igual que las decisiones estatales antes reseñadas,

el máximo foro de New York adoptó el estándar de sospecha

razonable individualizada. Según explicó ese tribunal,

resolver lo contrario resultaría en aumentar el riesgo de

que los agentes del orden público tengan la vía libre para

correr con sus perros e intervenir de manera indiscriminada

con los transeúntes y cualquier ciudadano en búsqueda de

sustancias controladas. Para dicho foro, “[s]uch an

Orwellian notion would be repugnant under our State

Constitution”, pues ésta protege contra el abuso de

discreción de los agentes del orden público al realizar

registros y allanamientos. Íd., pág. 1058. A esa misma

conclusión han llegado las cortes supremas de muchos estados

como -por ejemplo- Minnesota, Colorado, Connecticut y

Alaska. Véanse, a modo comparativo, State v. Carter, 697

N.W. 2d 199 (Minn. 2005); People v. Haley, 41 P.3d 666 CC-2005-632 36

(Colo. 2001);55 State v. Waz, 692 A.2d 1217(Conn. 1997);

McGahan v. State, 807 P.2d 506, 510 (Alaska Ct. App. 1991).

Aunque es cierto que en estados como Idaho y Montana las

cortes se han limitado a acoger la factura mínima

establecida en Place,56 somos del criterio que la

jurisprudencia constitucional de estados como New York,

Pennsylvania, Connecticut, New Hampshire y Minnesota, con

una visión más abarcadora y vanguardista en cuanto a la

protección del derecho de intimidad y las garantías

constitucionales contra registros irrazonables, es mucho más

contundente y persuasiva en el contexto de nuestra

jurisdicción. Al concluir que el examen de olfato canino es

un registro sujeto al criterio de sospecha razonable

individualizada, dicha jurisprudencia es de mayor

consonancia con el desarrollo de los derechos individuales

al amparo de nuestra Carta de Derechos y nuestra propia

jurisprudencia relativa al derecho de intimidad y la

protección contra registros irrazonables.

No encontramos razón alguna por la cual debamos

considerar que nuestra propia Constitución, la cual reconoce

expresa e independientemente el derecho a la intimidad,

confiera menos salvaguardas y garantías constitucionales que

55 Nótese que aunque en la Opinión del Tribunal se cita con aprobación lo resuelto por el Tribunal Supremo de Colorado en People v. Wieser, 796 P. 2d 982 (1990), ese mismo foro adoptó precisamente el estándar de sospecha razonable individualizada, por lo que ha resuelto en múltiples ocasiones que la utilización del examen de olfato canino constituye un registro bajo la Constitución de Colorado. People v. Haley, supra; People v. Boylan, 854 P.2d 807 (1993); People v. Unruh, 713 P.2d 370 (1986). 56 Véanse State v. Scheetz, 950 P.2d 722 (Mont. 1997); State v. Martinez, 925 P.2d 1125 (Idaho 1996). CC-2005-632 37

esos estados en lo que respecta a la utilización

indiscriminada, al azar y arbitraria del examen de olfato

canino. Una intrusión gubernamental de esta naturaleza sin

control constitucional alguno no sólo incumple con las

excepciones a un registro sin orden judicial en nuestro

ordenamiento, sino que cimienta las bases para mayores

intromisiones gubernamentales a la intimidad, en

contravención a los derechos fundamentales y democráticos de

nuestros ciudadanos.

Por ende, y al igual que los foros estatales en las

decisiones antes reseñadas, entendemos que tanto el derecho

de intimidad como la protección contra registros

irrazonables en nuestra jurisdicción nos obligan a concluir

que la utilización del examen de olfato canino constituye un

registro en el sentido constitucional, sujeto al estándar de

sospecha razonable individualizada. Este estándar es

precisamente el que acoge la parte dispositiva de la Opinión

del Tribunal, por lo que no comprendemos ni se nos ha

demostrado cómo la imposición de este criterio objetivo de

razonabilidad para regular la intromisión gubernamental que

conlleva el examen de olfato canino laceraría los intereses

del Estado en la lucha contra el crimen, según sugiere de

modo generalizado la Parte IV de la Opinión del Tribunal. De

hecho, el estándar de sospecha individualizada es tan

pragmático que incluso exime a los agentes del orden público

del requisito de orden judicial previa para realizar el

registro. Lo único que dicho estándar le impone al Estado es

la obligación de que no utilice esta herramienta de manera CC-2005-632 38

arbitraria e indiscriminada, como bien se podría hacer al

ceñirnos exclusivamente a la factura mínima federal.57

VII.

Por todo lo antes expuesto, somos del criterio -en esta

etapa procesal- que el registro realizado sin orden judicial

previa en el caso de autos fue razonable bajo el crisol de

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Sin embargo, no podemos unirnos a la Opinión del Tribunal

dado que ésta no toma en consideración que el manejador del

can y el analista forense que preparó los Certificados de

Análisis Químico Forense no estuvieron presentes ni

disponibles para ser contrainterrogados en la vista de

supresión de evidencia. Como consecuencia, la mayoría no

aclara que a pesar de que revocamos la supresión de la

evidencia en esta etapa de los procedimientos, la

admisibilidad eventual y final de dicha prueba durante el

juicio está totalmente sujeta a los parámetros de la Sexta

Enmienda de la Constitución Federal, según interpretados

57 Por otro lado, en caso de un registro de fronteras o de un examen de olfato canino dirigido a la detección de explosivos imperan otras consideraciones. Por ejemplo, en los supuestos en que exista un interés inmediato de seguridad pública relacionado al tráfico aéreo, se puede prescindir del requisito de orden judicial para realizar un registro rutinario del equipaje en un aeropuerto sin sospecha individualizada alguna. Sin embargo, dicha excepción no aplica cuando lo que se intenta promover es un interés generalizado de combatir la introducción de contrabando o de artículos sin pagar arbitrios. Ello sólo lo podría realizar el gobierno federal en las fronteras internacionales. Véanse Torres v. Puerto Rico, 442 U.S. 465, 474-75 (1979); U.S. v. $124,570 U.S. Currency, 873 F.2d 1240 (9no Cir. 1989). Véase, además, a modo ilustrativo, nuestra Opinión de Conformidad en Pueblo v. Cedeño Laclaustra, 157 D.P.R. 743 (2002). CC-2005-632 39

recientemente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en

Meléndez-Díaz v. Massachusetts, supra.

En ese caso, el máximo foro federal resolvió que la

admisión de un certificado de análisis químico forense, por

tratarse de prueba inherentemente testimonial, estuvo reñida

con el derecho de confrontación al amparo de la Sexta

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos dado que el

Ministerio Público no presentó al perito que lo preparó como

testigo de cargo.58 Al hacer un análisis formalista de este

derecho fundamental, el Tribunal Supremo Federal pautó la

normativa de que el Ministerio Público tiene la obligación

de presentar como testigo al perito que preparó los

referidos certificados, y que éste debe estar disponible

para ser contrainterrogado por la defensa. Se trata de una

aplicación sencilla de Crawford v. Washington, 541 U.S. 36

(2004), en el cual se resolvió que las declaraciones de

índole testimonial ofrecidas en contra de un acusado son

inadmisibles salvo que el declarante se presente en el

juicio, o si no está disponible, que el acusado haya tenido

una oportunidad previa de contrainterrogarlo.

Así pues, Meléndez-Díaz requiere el mismo rigor

constitucional para admitir finalmente en el juicio la

prueba científica presentada por el Ministerio Público, por

58 Dicha cláusula dispone que “[i]n all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right … to be confronted with the witnesses against him”. Const. EE.UU. Enm. VI. Ese mismo derecho está consagrado en el Artículo II, Sección 11 de nuestra Constitución, al disponer que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho … a carearse con los testigos de cargo …”. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., supra. CC-2005-632 40

lo que los peritos que manejan la tecnología investigativa

utilizada para obtenerla deben estar sujetos a ser

contrainterrogados, independientemente de la confiabilidad y

precisión técnica que éstos puedan ostentar. Como dice el

Juez Antonin Scalia en la referida Opinión, “we would reach

the same conclusion if all analysts always possessed the

scientific acumen of Mme. Curie and the veracity of Mother

Theresa”. Meléndez-Díaz v. Massachusetts, supra, pág. 2537,

n. 6.

Dado que la Opinión del Tribunal en este caso trata a

los perros como un instrumento tecnológico análogo al

“Breathalyzer” o a un análisis químico de drogas, entendemos

que como condición absoluta a la determinación de

admisibilidad que hace el Tribunal en el día de hoy, el

Ministerio Público tendrá que presentar como testigo de

cargo al agente Marín, manejador del can que realizó el

examen de olfato en controversia. El derecho de

confrontación de los acusados respecto al manejador del can

se torna más apremiante al tomar en consideración que estos

perros no son infalibles ni operan sin margen de error, lo

que en ciertas circunstancias podría arrojar dudas sobre la

razonabilidad de su utilización.

Por consiguiente, al devolver el caso, instruiríamos al

Tribunal de Primera Instancia que Díaz Medina y Bonano Pérez

tienen el derecho fundamental de confrontar al manejador y

contrainterrogarlo sobre la confiabilidad del historial de

precisión de la unidad canina particular que realizó el

examen de olfato en controversia. En otras palabras, en el CC-2005-632 41

contexto de una intervención tecnológica de esta naturaleza,

el Ministerio Público debe presentar evidencia suficiente

del historial de entrenamiento y certeza de la unidad canina

que realizó el examen. Además, dado que las declaraciones

recogidas en los Certificados de Análisis Químico Forense

presentados por el Ministerio Público en la vista de

supresión de evidencia constituyen prueba testimonial,

sujetaríamos su admisión final a que el perito que los

preparó sea presentado como testigo de cargo en el juicio.

Por tanto, resolveríamos que de no testificar en el

juicio el manejador del can ni el analista forense que

preparó los certificados, la referida prueba debe ser

suprimida. Dichas condiciones son necesarias no sólo para

salvaguardar el derecho de confrontación de los acusados,

sino para probar que no se violentó la protección

constitucional contra registros y allanamientos irrazonables

que consagra nuestra Carta de Derechos.

A pesar de que en esta etapa el Tribunal resuelve que el

registro en controversia fue razonable, adviértase que a

través de todo el proceso penal el Estado tiene el peso de

probar la razonabilidad del registro y la confiabilidad del

examen de olfato canino en controversia.59 Según hemos

59 Ciertamente, el Ministerio Público logró rebatir la presunción de irrazonabilidad del registro sin orden judicial en la vista de supresión de evidencia. Nótese que la vista de supresión al amparo de la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234, no equivale a un juicio en su fondo. Además, la utilización de la referida herramienta procesal en este caso se dirigió principalmente “a asuntos de derecho que hay que dirimir como paso previo a la admisibilidad de evidencia”. Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618, 633 (1999); Pueblo v. Martínez Torres II, 126 D.P.R. 561, 575 (1990); Pueblo v. CC-2005-632 42

resuelto anteriormente, la resolución negativa o positiva de

una moción de supresión no pone fin a la cuestión sobre la

admisibilidad o el valor probatorio de la evidencia

impugnada. Véase Pueblo v. Hernández Flores, 113 D.P.R. 511

(1982).60 Como al devolver el caso el Tribunal no condiciona

la admisibilidad final de la evidencia en controversia al

rigor constitucional antes enunciado, disentimos.

Por último, discrepamos enérgicamente de la normativa

expresada por el Tribunal mediante dictum en cuanto a que la

utilización de un examen de olfato canino no es un registro

en el sentido constitucional. Hace apenas unos días, en

Blassini Cabassa v. D.R.N.A., supra, este Foro invalidó un

registro realizado sin orden judicial en una propiedad

privada, precisamente al amparo de la amplitud del derecho

de intimidad que históricamente se ha reconocido en nuestro

ordenamiento jurídico. No comprendemos cómo este mismo

Tribunal ahora se niega a reconocer esa misma garantía

constitucional a un ciudadano frente a una unidad canina,

Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986). En específico, atendimos en esta etapa la controversia de derecho sobre la razonabilidad de utilizar un examen de olfato canino a la luz de una sospecha individualizada previa de que el equipaje de los acusados contenía sustancias controladas. 60 Al respecto, la profesora Resumil indica que al tratarse de la resolución de una cuestión interlocutoria que incide sobre derechos constitucionales, es permisible volver a plantear la razonabilidad del registro “cuando nuevos hechos o nueva luz sobre la credibilidad de los testigos de cargo u otras materias que surjan en el juicio puedan arrojar dudas sobre la resolución anterior”. O. Resumil, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Penal, Equity, 1990, pág. 323. Véanse, además, E. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Tomo II, Publicaciones JTS, págs. 1217-18; E. Chiesa, Derecho Procesal Penal, supra, pág. 221. CC-2005-632 43

exponiéndolo a una intromisión gubernamental humillante y

potencialmente errónea sin necesidad de que exista una

sospecha individualizada previa. Parecería que un cazador de

tórtolas en una finca rural a campo abierto goza de mayor

protección constitucional contra intrusiones arbitrarias del

Estado que un individuo que reposa en la playa o en la plaza

pública. Véase Blassini Cabassa v. D.R.N.A., supra.

Como se sabe, nuestra Constitución se redactó

precisamente en los momentos en que, como señala Trías

Monge, “se sentían los primeros ramalazos del macartismo”.

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Vol.

III, Editorial UPR, 1982, pág. 192. En atención a esa

realidad fáctica, el derecho de intimidad está consagrado

expresamente en nuestra Constitución, no por mera voluntad o

capricho del Comité de Redacción, Estilo y Enrolado de la

Convención Constituyente, sino por el mandato democrático

del propio pueblo puertorriqueño.

Lamentablemente, la Opinión del Tribunal en el presente

caso representa un retroceso histórico en el desarrollo de

vanguardia del derecho de intimidad en nuestra jurisdicción,

pues invoca un raciocinio que nos recuerda las distopías

ficticias de George Orwell y la represión policiaca de los

regímenes totalitarios de la historia moderna. Es por ello

que no podemos unirnos al intento mayoritario de reducir los

derechos civiles y fundamentales de nuestro pueblo que se

resguardan en los principios universales y los derechos

democráticos de la mayor jerarquía. CC-2005-632 44

Por todo lo anterior, disentimos respetuosamente del

proceder del Tribunal en el caso de autos.

Federico Hernández Denton Juez Presidente