Pueblo v. Báez López

2013 TSPR 143

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: December 10, 2013
• Docket: CC-2012-461
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario Certiorari

v. 2013 TSPR 143

Octavio Báez López 189 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2012-461

Fecha: 10 de diciembre de 2013

Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de Bayamón

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Luis Román Negrón Procurador General

Lcda. Lisa M. Durán Ortiz Procuradora General Auxiliar

Abogado del Recurrido:

Lcdo. Ramón Negrón Colón

Materia: Derecho Constitucional – Registros y Allanamientos: Percepción del tacto como excepción al requisito de orden judicial previa a un registro.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario

v. CC-2012-461 Certiorari

Octavio Báez López

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ

San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2013.

El recurso ante nuestra consideración

requiere a este Tribunal analizar si el

descubrimiento de evidencia mediante la

percepción por tacto es un corolario de la

doctrina de plena vista. Respondemos en la

afirmativa, por lo que incorporamos esta

excepción al requisito de una orden previa para

un registro válido.

I

El Ministerio Público presentó una acusación

contra el Sr. Octavio Báez López por el delito de

portar un arma de fuego sin licencia para ello.

Art. 5.04 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sec. CC-2012-461 2

458c. 1

Luego de los procedimientos de rigor, el señor Báez

López solicitó la supresión del arma de fuego incautada.

Al así hacerlo, argumentó que no existía una emergencia

que justificara la acción de la agente del orden público,

al buscar en el interior de su cartera de cintura, sin una

orden de registro previa. Indicó que, tras sufrir el

accidente, no se encontraba inconsciente y que la agente

Rivera Alvarado recibió del paramédico su cartera de

cintura, la cual palpó y “sintió lo que a su experiencia

era un arma de fuego”. Acto seguido, “abrió la cartera y

extrajo una pistola Smith & Wesson”. Véase, Moción de

supresión de identificación [sic] del acusado, Apéndice

Petición de Certiorari, págs. 4. El señor Báez López

resaltó que la agente admitió que “su búsqueda en la

cartera no tuvo como propósito atender la emergencia en

proceso –el accidente de Báez López- sino corroborar su

percepción sensorial en la cartera del perjudicado” y

reconoció que “rebuscó en su interior para dar en su

interior [con] un arma de fuego, no para dar con su

identificación”. Íd., supra, págs. 7-8. El Ministerio

Público se opuso a la supresión de evidencia.

El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista

para dilucidar si procedía la supresión de la evidencia.

Durante ésta, y en lo pertinente, el testimonio presentado

1 Smith & Wesson negra, calibre .40 mm, modelo XDM-40 cargada con una munición en recámara y 15 municiones. CC-2012-461 3

por la agente Rivera Alvarado revela que acudió a atender

un accidente de motora como parte de su patrullaje

preventivo. Al llegar al lugar, encontró al señor Báez

López un poco aturdido y tirado en el pavimento con la

cabeza, manos y piernas ensangrentadas, por lo que llamó

al precinto para que enviaran a emergencias médicas. Una

vez llegaron los paramédicos, le removieron una cartera

negra que portaba el señor Báez López de forma transversal

en su torso. Ésta fue entregada a la agente, quien al

palparla sintió un arma de fuego y procedió a abrir la

cartera. Así, pudo ver que en el interior había una

pistola. Luego, el señor Báez López fue trasladado al

hospital y allí fue entrevistado por la agente. Ésta le

leyó las advertencias legales y le preguntó sobre el arma.

El acusado admitió que no tenía licencia para poseer y

portar armas de fuego. De otra parte, el paramédico que

intervino con el señor Báez López indicó que le removió la

cartera y entregó la misma a la agente. A su vez,

testificó que encontró al acusado en el pavimento con

sangrado en la cara. Señaló que éste le respondía a sus

preguntas, dio sus datos personales y le mencionó que le

dolía la cabeza y las rodillas.

Tras escuchar la prueba, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Resolución en la cual declaró con

lugar la solicitud de supresión de evidencia. El foro

primario concluyó que la agente justificó el registro de

la cartera a base de una situación de emergencia. Sin

embargo, lo que quería era verificar si efectivamente CC-2012-461 4

había un arma. Así, el tribunal de instancia destacó que,

si la agente tenía una sospecha de que en el interior de

la cartera había un arma, debió solicitar una orden de

registro.

En desacuerdo con la determinación del foro de

instancia, el Ministerio Público presentó un recurso de

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En síntesis,

arguyó que el foro primario pasó por desapercibido el

interés y la facultad investigativa de un agente del orden

público, no sólo para registrar el bulto con el fin de

identificar a una persona herida tras sufrir un accidente

de tránsito sino que, además, para registrarlo una vez

percibe inevitablemente un arma de fuego en el interior de

ese bulto. Ante ello, el Ministerio Público argumentó que

no procedía suprimir la evidencia porque se trató de un

registro razonable debido a que: (1) la expectativa de

intimidad de un motociclista herido es limitadísima; (2)

el accidente justificó el registro de emergencia para

procurar la identidad del herido, ya que éste estaba

aturdido y con contusiones en la cabeza; y (3) una vez el

agente inevitablemente percibe sensorialmente la posible

existencia de un arma de fuego en el interior del bulto,

se justifica la corroboración de tal percepción, pues se

trata de un objeto inherentemente peligroso y altamente

reglamentado por el Estado.

Mediante Resolución emitida el 29 de marzo de 2012, el

Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de certiorari

presentado por el Ministerio Público. El foro apelativo CC-2012-461 5

intermedio concluyó que si la agente Rivera Alvarado

percibió un arma mediante el tacto, procedía poner bajo

arresto al recurrido y hacerle las advertencias, para

luego proceder al registro incidental al arresto.

Oportunamente, el Ministerio Público solicitó

reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones. Reiteró

sus planteamientos y añadió que el arma iba a ser

descubierta eventualmente cuando se preparara el

correspondiente recibo de propiedad. El foro intermedio

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.

Insatisfecho, el Ministerio Público compareció ante

este Tribunal y solicitó la revocación de la Resolución

emitida por el Tribunal de Apelaciones. Para ello, señaló

que erró el tribunal intermedio al validar la supresión

del arma de fuego a pesar de que se trató de un registro

razonable porque: (1) la agente tuvo la creencia razonable

de la existencia de una emergencia que justificó el

registro; (2) el descubrimiento del arma de fuego ilegal

hubiese sido inevitable cuando la agente realizara el

obligado recibo de propiedad de la cartera; y, (3) la

agente percibió mediante tacto (“plain feel”) el arma de

fuego que estaba en el interior del bolso del acusado

herido, la cual le fue legítimamente entregada por el

paramédico.

El 4 de junio de 2012 expedimos el recurso ante

nuestra consideración. Transcurridos los términos para que

las partes presentaran sus respectivos alegatos

procedemos, a resolver conforme a derecho. CC-2012-461 6

II

A.

La protección contra registros, incautaciones y

allanamientos irrazonables es una de índole

constitucional. La Sec. 10 del Art. II de la Constitución

de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, dispone lo siguiente:

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.

No se interceptará la comunicación telefónica.

Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por la autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.

Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.

Por su parte, la Cuarta Enmienda de la Constitución

de los Estados Unidos de América, L.P.R.A., Tomo 1,

establece que:

No se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, hogares, documentos y pertenencias, contra registros y allanamientos irrazonables, y no se expedirá mandamiento, sino en virtud de causa probable, apoyado por juramento o promesa, y que describa en detalle el lugar que ha de ser allanado y las personas o casas que han de ser detenidas o incautadas.

Ambas disposiciones constitucionales protegen el

derecho del pueblo contra registros, incautaciones y

allanamientos irrazonables que puedan afectar sus

personas, casas, papeles y efectos. Véase, E.L. Chiesa,

Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, CC-2012-461 7

Colombia, Ed. Forum, 1991, T. 1, Vol. I, pág. 283. La

razón de estos preceptos constitucionales es proteger el

derecho a la intimidad y dignidad del individuo, amparar

sus documentos y pertenencias frente a actuaciones

irrazonables del Estado, e interponer la figura del juez

para ofrecer una mayor garantía de razonabilidad a la

intervención con los ciudadanos. Pueblo v. Díaz, Bonano,

176 D.P.R. 601, 611-612 (2009); Blassini et als. v. Depto.

Rec. Naturales, 176 D.P.R. 454, 463-464 (2009); Pueblo v.

Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 500 (1988); E.L.A. v.

Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 207 (1984).

A pesar de la similitud de ambas cláusulas

constitucionales, la contenida en nuestra Constitución

limita expresamente al Ministerio Público con relación al

uso que le puede dar al objeto incautado mediante un

registro irrazonable sin una orden previa. Así, nuestra

garantía constitucional dispone palmariamente que la

evidencia incautada sin una orden previa será inadmisible

en los tribunales. 3 Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente 1566 (1961); Pueblo v. Rivera Colón, 128

D.P.R. 672, 681-682 (1991).2 Ante ello, y por razón de que

nuestra Constitución reconoce y concede unos derechos más

abarcadores que los garantizados en la Constitución

federal, se articula que la Sec. 10 de nuestra Ley Suprema

2 Nótese que, a nivel federal, es mediante jurisprudencia que se resuelve que es inadmisible aquella evidencia obtenida en violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución federal. Véanse, Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961); E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, T. 1, Vol. I, págs.290-291. CC-2012-461 8

es de factura más ancha. Así, reconocemos como protección

mínima la contemplada contra registros e incautaciones a

base de la Cuarta Enmienda federal, sin impedimento alguno

para ampliar nuestra protección constitucional. Véanse:

Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, supra, pág.

463; Pueblo v. Rivera Colón, supra, pág. 680; Pueblo v.

Malavé González, 120 D.P.R. 470, 475-476 (1988); Pueblo v.

Falú Martínez, 116 D.P.R. 828, 837 (1986); Pueblo v.

Lebrón, 108 D.P.R. 324, 327 (1979); Pueblo v. Dolce, 105

D.P.R. 422, 428-429 (1976). Además, refiérase a: Cooper v.

California, 386 U.S. 58, 62 (1967); United States v.

Sibron, 392 U.S. 40, 60-61 (1968).

La norma general requiere que se obtenga una orden

judicial para efectuar un registro. Pueblo v. Malavé

González, supra, pág. 477. Procesalmente, las Reglas 230 a

la 234 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap.

II, establecen los requisitos y fundamentos para la

expedición de una orden de allanamiento, su forma y

contenido, así como el procedimiento para su

diligenciamiento y, además, el mecanismo procesal para

solicitar la supresión de evidencia ilegalmente obtenida.

Pueblo v. Cruz Calderón, 156 D.P.R. 61, 69 (2002).

Ante un reclamo de que se violó el derecho

constitucional contenido en la Sec. 10 del Art. II de

nuestra Constitución, es necesario dilucidar si, en

efecto, hubo un registro que haya infringido la

expectativa razonable de intimidad que nuestra sociedad

reconoce sobre el objeto del registrado. Pueblo v. Ortiz CC-2012-461 9

Rodríguez, 147 D.P.R. 433, 442-443 (1999). Para ello, es

determinante establecer si la persona tiene un derecho a

abrigar una expectativa razonable de intimidad dentro de

las circunstancias particulares que rodean el caso y si

ese derecho está reconocido por nuestra sociedad. Pueblo

v. Ortiz Rodríguez, supra. Véase, además, Smith v.

Maryland, 442 U.S. 735, 740-741 (1979); Katz v. United

States, 389 U.S. 347 (1967). En este sentido, la

exposición del objeto al público, en mayor o menor grado,

determinará el interés constitucional que se posee sobre

éste, y repercutirá en el alcance de la protección. O.E.

Resumil de San Filippo, Derecho Procesal Penal, New

Hampshire, Ed. Equity, 1990, T.1, pág. 205. El resultado

es que un lugar u objeto gozará de la protección

constitucional indicada dependiendo de la naturaleza de la

intrusión gubernamental, su efecto sobre la expectativa de

intimidad del ciudadano y la necesidad y utilidad del

método investigativo utilizado para implantar la ley.

Pueblo v. Rivera Colón, supra, pág. 683.

B.

Una vez se determina que existe una expectativa

razonable de intimidad que puede estar protegida por la

garantía constitucional contenida en la Sec. 10 del Art.

II de nuestra Constitución, y que en efecto hubo un

registro por parte del Estado, se debe realizar un balance

de intereses entre esa expectativa y los intereses

públicos que hayan motivado la actuación estatal. Pueblo

v. Díaz, Bonano, supra, pág. 613; Pueblo v. Yip Berríos, CC-2012-461 10

142 D.P.R. 386, 409 (1997); Pueblo v. Dolce, supra, pág.

434-435.

El referido balance no es uno mecánico. Éste requiere

que se considere la pugna entre la protección de nuestros

ciudadanos y el interés de la sociedad de las asolaciones

perpetuadas por el crimen. Como hemos expresado, “nuestra

tarea es conciliar los intereses en pugna y no permitir

que uno pulverice al otro. El sistema democrático de vida

se funda en la libertad con orden, no en el orden sin

libertad o en la libertad que lleve al caos”. Pueblo v.

Dolce, supra, págs. 434-435. Véase, además: E.L. Chiesa,

op cit., págs.406-407.

Empero, el hecho aislado de que el objeto en

controversia ha sido incautado sin una orden previa de un

tribunal, por sí solo, no conlleva la inadmisibilidad de

la evidencia así obtenida. Un registro sin una orden

judicial activa una presunción iuris tantum de que éste

fue irrazonable e inválido. En estos casos, el Estado

siempre puede demostrar que los hechos y la situación

particular justifican la intervención policial sin la

referida orden, constituyéndose así una excepción a la

norma general. Pueblo v. Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618,

632-633 (1999); Pueblo v. Santiago Alicea I, 138 D.P.R.

230, 235 (1995); Pueblo v. Malavé González, supra, pág.

476. Véanse, también: Missouri v. McNeely, 569 U.S.

____(2013); 133 S.Ct. 1552; Coolidge v. New Hampshire, 403

U.S. 443 (1971). CC-2012-461 11

Este Tribunal ha adoptado y definido situaciones

excepcionales en las que no es indispensable la orden

judicial previa. Al hacerlo, hemos sido enfáticos en que

cada una de éstas no responden a reglas automáticas y

deben examinarse a la luz de los hechos específicos de

cada caso. Pueblo v. Blase Vázquez, supra, pág. 633;

Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356, 363 (1997). En

todas las instancias mencionadas se ha resuelto que no

existe una expectativa razonable de intimidad y por lo

tanto, no se violenta el mandato constitucional. Entre

otras, se han validado las circunstancias siguientes:

(1) un registro incidental a un arresto legal, Pueblo v.

Pacheco Báez, 130 D.P.R. 664 (1992); Pueblo v. Malavé

González, supra; Pueblo v. Zayas Fernández, 120 D.P.R. 158

(1987); Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147

(1971);3 (2) un registro consentido voluntariamente de

forma expresa o implícita, Pueblo en interés del Menor

N.O.R., 136 D.P.R. 949 (1994); Pueblo v. Narváez Cruz, 121

D.P.R. 429 (1988); Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R.

770 (1982); Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 270

(1968); (3) un registro en situación de emergencia, Pueblo

v. Rivera Collazo, 122 D.P.R. 408 (1988); (4) evidencia

3 Recordamos que no es permisible un registro sin orden de allanamiento aunque sea contemporáneo a un arresto válido, si el área no está al alcance de la persona arrestada. El propósito de ello es ocupar armas que puedan ser empuñadas y utilizadas por el acusado para agredir a los agentes del orden público o para intentar una fuga y para ocupar evidencia que de otro modo se pueda destruir. La doctrina no convalida todo registro incidental a un arresto legalmente efectuado. Véanse: Pueblo v. Cruz Torres, 137 D.P.R. 42, 46 (1994); Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147, 152-153 (1976); Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 434-435 (1976). CC-2012-461 12

ocupada en el transcurso de una persecución, Pueblo v.

Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967); (5) evidencia a plena

vista, Pueblo v. Cruz Torres, 137 D.P.R. 42 (1994); Pueblo

v. Muñoz, Colón y Ocasio, 131 D.P.R. 965 (1992); Pueblo v.

Dolce, supra; (6) cuando el agente del orden público

obtiene conocimiento de la existencia del material

delictivo por el olfato, Pueblo v. Acevedo Escobar, supra,

pág. 779; Pueblo v. Díaz, Bonano, supra; (7) evidencia

arrojada o abandonada, Pueblo v. Ortiz Zayas, 122 D.P.R.

567 (1988); Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139

(1985); Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979); (8) un

registro o allanamiento de una estructura abandonada,

Pueblo v. Erausquín Martínez, 96 D.P.R. 1 (1968); (9)

evidencia obtenida durante un registro administrativo,

Pueblo v. Sánchez Molina, 134 D.P.R. 577 (1993); Pueblo v.

Rodríguez Rodríguez, 128 D.P.R. 438 (1991), siempre que se

cumpla con las limitaciones expresadas por este Tribunal

en Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, supra; (10)

un registro tipo inventario, Pueblo v. Rodríguez

Rodríguez, supra;4 ó (11) evidencia obtenida en un lugar

público –como el aeropuerto-, como resultado de la

4 Esta excepción tiene lugar cuando se convalida un registro como parte de un procedimiento rutinario y estandarizado de hacer un inventario con el propósito de salvaguardar el contenido de los objetos que por ley la policía mantiene bajo su control en espera de que se lleve a cabo un procedimiento de confiscación. La excepción requiere al Estado demostrar que procede prima facie la incautación preliminar de la propiedad con el propósito de confiscarla; que existe un procedimiento o unas guías establecidas para este tipo de situaciones y que esa acción se efectúa siguiendo estrictamente el procedimiento establecido. CC-2012-461 13

utilización de canes para olfatear, Pueblo v. Díaz,

Bonano, supra.

III

Ante esta Curia, el Procurador General sostiene que

no procede la supresión de evidencia. Explica que el

registro no fue irrazonable e invoca tres excepciones para

la admisibilidad de la prueba. Específicamente, sostiene

que: (1) el registro fue durante una situación de

emergencia; (2) el arma de fuego hubiese sido

inevitablemente descubierta al realizarse un recibo de

propiedad; y (3) la agente percibió el arma de fuego

mediante tacto. Discutamos cada una de estas excepciones.

A. Situación de emergencia

Los registros de emergencia constituyen una excepción

a la inadmisibilidad de evidencia obtenida mediante un

registro sin una orden previa. Véase, E.L.A. v. Coca Cola

Bott. Co., supra, págs. 207-208. A estos efectos, debemos

recordar que lo constitucionalmente prohibido es el

registro irrazonable. Lo que constituye una emergencia

suficiente para validar un registro sin previa orden

dependerá del grado de emergencia versus la expectativa

razonable de intimidad que se pueda oponer frente al

Estado.

En lo particular, en Pueblo v. Rivera Collazo, supra,

este Tribunal adoptó la excepción de situaciones de

emergencia para admitir prueba incautada sin una orden

judicial. De esta manera, avalamos las actuaciones de unos

agentes del orden público cuando, al no llegar una CC-2012-461 14

ambulancia, actuaron con el fin de socorrer a un conductor

de un automóvil que estaba inconsciente, con dificultad al

respirar y quien requería de inmediata asistencia. Durante

el proceso, los agentes observaron unas jeringuillas y

abrieron una cajetilla de cigarrillos dentro de la cual

había un sobre con cocaína. Este Tribunal, enfatizó que la

intención de los agentes fue la de ayudar al ciudadano

accidentado y no la de obtener evidencia relacionada a un

delito. Ante tales hechos, cualquier registro a la persona

o a sus pertenencias era vital para el tratamiento médico.

Íd., pág. 419. Sin embargo, ello no significa que todo

accidente de tránsito constituya, por sí mismo, una

emergencia médica que conlleve la aplicación de la

excepción de situación de emergencia.

Otras situaciones que constituyen una emergencia son

el entrar a un lugar para salvar la vida o propiedad;

investigar lo que parece peligroso para la seguridad

pública y privada, independiente del tipo de delito

imputado o de la existencia o no de un sospechoso; y

socorrer u ofrecer asistencia a una persona que se

encuentra en peligro o necesidad. Véase, Chiesa, op cit.,

págs. 450-451.

Ahora bien, la mera alegación de emergencia infundada

y sin explicar, es insuficiente para la admisibilidad de

la evidencia. El Estado está obligado a demostrar que

tenía una creencia razonable de que existía una

emergencia. No existen circunstancias categóricas que

constituyan de por sí una situación de emergencia. Para CC-2012-461 15

determinar si un oficial del orden público encara una

situación de emergencia que le permita registrar sin una

orden, los tribunales debemos examinar la totalidad de las

circunstancias. Véase, Missouri v. Mcneely, supra. Es la

función de los tribunales evaluar la prueba presentada

rigurosamente. Así, hemos expresado que “[l]a Policía debe

tener la creencia razonable de que existe una emergencia

que requiere de su inmediata asistencia para la protección

de vidas o de propiedad; la entrada o registro no puede

estar motivada por un intento de arrestar o buscar

evidencia, y debe haber alguna relación entre la

emergencia y el área o sitio en que se penetra”. Pueblo v.

Rivera Collazo, supra, pág. 417.

B. Descubrimiento inevitable

La doctrina de descubrimiento inevitable se emplea

con el fin de evitar la supresión de aquella evidencia

obtenida sin una orden de arresto que está estrechamente

vinculada con una intervención ilegal.5 Mediante ésta, se

permite la admisibilidad de la prueba si ésta hubiese sido

inevitablemente detectada, es decir, de todas formas iba a

ser legalmente obtenida. La justificación para permitir la

admisibilidad de la prueba consiste en evitar colocar al

Estado en una peor posición de la que estaba antes de la

actuación ilegal.6

5 En este sentido, se dice que el objeto del “fruto del árbol ponzoñoso” es admisible cuando cumple con cualquiera de las siguientes doctrinas: (1) vínculo atenuado; (2) fuente independiente y (3) descubrimiento inevitable. 6 Véase, discusión del descubrimiento inevitable mediante investigación discutido en la Opinión disidente del Hon. Federico Hernández Denton en Pueblo v. González, CC-2012-461 16

Para que aplique la doctrina del descubrimiento

inevitable, el Estado debe demostrar que existía una

investigación en curso que hubiera permitido obtener la

misma evidencia objeto de la supresión. En aquellos casos

en que el Estado invoque la doctrina de descubrimiento

inevitable, al amparo de que realizaba una investigación

deber demostrar que: (1) estaba realizando una

investigación legal que seguramente hubiera producido la

misma evidencia; (2) la investigación era realizada por

agentes distintos a los que actuaron ilegalmente y; (3) la

investigación era anterior a la actuación ilegal. Véase,

C.H. Whitebread y C. Slobogin, Criminal Procedure: An

Analysis of Cases and Concpets, Nueva York, Ed. Foundation

Press, 2000, pág. 46.

De igual modo, aplica la doctrina de descubrimiento

inevitable si a través de un procedimiento rutinario o

estandarizado se hubiera permitido el descubrimiento de la

evidencia objetada.7 En otras palabras, si el Estado

demuestra que existen normas o procedimientos habituales

mediante los cuales lo ilegalmente obtenido hubiera sido

encontrado de forma legal, entonces, no procede la

167 D.P.R. 350, 358-359 (2006) (Sentencia); Nix v. Williams, 467 U.S. 431 (1984). 7 Este tipo de procedimiento estandarizado puede ser los registros de inventario, registros en aeropuertos o registros en la frontera. En cuanto al registro tipo inventario como un procedimiento rutinario refiérase a Pueblo v. Rodríguez Rodríguez, 128 D.P.R. 438 (1991). Dicho procedimiento no es de aplicación en el caso de autos, pues no estamos ante un proceso de confiscación o incautación en relación a una persona que ha sido arrestada o ingresada a una institución penal. CC-2012-461 17

supresión. Ello, pues, por lo general este tipo de

procedimiento estandarizado es razonable, ya que el

registro es limitado en su extensión y responde a una

función necesaria para la protección de: (1) el interés

propietario del dueño; (2) los policías o custodios del

reclamo de pérdida o daño a la propiedad custodiada y (3)

agentes de la posibilidad de algún daño. Véanse: Florida

v. Wells, 495 U.S. 1 (1990); Colorado v. Bertine, 479 U.S.

367 (1987); Illinois v. Lafayette, 462 U.S. 640 (1983);

South Dakota v. Opperman, 428 U.S. 364, 376 (1976); United

States v. Infante-Ruiz, 13 F.3d 498, 503-504 (1er. Cir.

1994)8; People v. Bayles, 82 Ill. 2d 128 (1980); 411 N.Ed

1346, cert. denied Illinois v. Bayles, 453 U.S. 923

(1981); Chiesa, op. cit., págs. 321-325. Véase, también,

W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth

Amendment, 5ta. Ed., West Pub. Co., 2012, Vol. 3, sec.

5.5(b); W.R. LaFave y otros, Criminal Procedure, 3ra. Ed.,

West Pub. Co., West Pub. Co., 2007, Vol. 3 sec. 9.3(e).

Claro está, le corresponde al Ministerio Público

presentar evidencia que sostenga que el descubrimiento del

objeto hubiere sido inevitable. Para ello, podrá presentar

la política escrita, el testimonio del agente o establecer

el tipo de rutina a seguir. United States v. Infante-Ruiz,

supra, pág. 503.

8 En este caso se suprimió un arma de fuego que se encontraba en un bulto dentro del baúl del vehículo arrendado en el que fue detenido el acusado mientras transitaba por la Parguera, Lajas, Puerto Rico. Entre otras, descartó el descubrimiento inevitable debido a la ausencia de evidencia en cuanto al procedimiento rutinario llevado por la policía en estos casos. CC-2012-461 18

C. Percepción mediante los sentidos

La percepción mediante los sentidos constituye otra de

las excepciones a la regla general de inadmisibilidad de

prueba obtenida sin una orden de arresto. La norma general

es que no existe protección constitucional contra la

inspección de objetos que están a la plena percepción de

los agentes. Para que proceda la admisibilidad de la

evidencia es necesario que exista una justificación para

que los agentes estén en el lugar desde el cual

percibieron el objeto y la incautación surja por la

percepción misma y no del registro realizado. Chiesa, op.

cit., pág. 434. Precisamente, se ha permitido la

admisibilidad de objetos que se encuentren a plena vista o

aquellos que se perciban mediante el olfato. Para una

mejor comprensión de la excepción, exponemos brevemente su

trasfondo.

Uno de los casos normativos sobre la excepción de

percepción mediante los sentidos es Coolidge v. New

Hampshire, supra. En éste, el Tribunal Supremo de los

Estados Unidos suprimió cierta evidencia obtenida en un

caso de asesinato en primer grado, por lo que revocó la

convicción del acusado. Al así hacerlo, la Corte Suprema

de los Estados Unidos discutió y delimitó los contornos de

la doctrina de descubrimiento a plena vista. No obstante,

el Máximo Foro Federal concluyó que la excepción de plena

vista no aplicaba a los hechos ante su consideración.

Concretamente, y en lo pertinente, en Coolidge v. New

Hampshire, supra, la Corte explicó que el razonamiento de CC-2012-461 19

la doctrina de la excepción de plena vista no conflige con

el objetivo de las garantías constitucionales de la Cuarta

Enmienda por dos razones sustanciales. De primer plano, la

excepción de la doctrina de plena vista no ocurre hasta

que hay un registro en proceso y, en segundo lugar, el

descubrimiento fue inadvertido. Además, se estableció que

para que la doctrina aplique es necesario que: (1) el

agente del orden público esté legalmente en el lugar desde

el cual percibió el objeto incautado; (2) el

descubrimiento tiene que ser de forma inadvertida; y (3)

la apariencia delictiva del objeto incautado debe surgir

inmediatamente. Por tanto, el hecho aislado de que una

cosa esté a simple vista no resulta suficiente para que

aplique la excepción. Íd., págs. 466-473. Véase, LaFave,

Search and Seizure, Vol. 1, sec. 2.2(a).

La doctrina de la percepción a plena vista evolucionó.

En la jurisdicción federal el que el objeto haya sido

descubierto inadvertidamente ya no constituye un factor

necesario. Ahora, basta que exista una justificación

independiente para que el agente del orden público esté

legalmente en el lugar desde el cual percibió el objeto y

el carácter incriminatorio de éste sea aparente, o exista

causa probable para creer que el mismo constituye

evidencia de crimen, contrabando o de conducta delictiva.

Véanse, Chiesa, op. cit., pág. 439; Horton v. California, CC-2012-461 20

496 U.S. 128 (1990); Texas v. Brown, 460 U.S. 730, 742

(1983).9

Igualmente, en la jurisdicción federal la doctrina de

la percepción prosperó para incluir otros sentidos

adicionales al de la vista. A estos efectos, se ha

reconocido la inclusión de evidencia que se puede escuchar

(plain hearing), olfatear (plain smell) o percibir por

tacto (plain feel or touch) por agentes del orden público.

LaFave, Search and Seizure, op cit., Vol. 1, sec. 2.2(a).

El Prof. Chiesa abunda sobre este particular al

establecer que “no hay protección constitucional contra la

los agentes, siempre que la presencia de los agentes en el

lugar esté independientemente justificada. Para ocupar o

incautarse del objeto, la incautabilidad debe también

surgir de la percepción del objeto y no de su registro.

Además, hay que justificar independientemente el acceso al

lugar de la incautación”. (Énfasis suplido.) Chiesa, op.

cit., pág. 434. El distinguido tratadista sostiene que de

ordinario se alude a la vista, pero que la doctrina se

extiende a todos los sentidos. (Énfasis suplido.) Íd.,

pág. 441 nota al calce 428.

Consciente de este desarrollo judicial, este Tribunal

incorporó en nuestro ordenamiento jurídico el impedimento

para suprimir evidencia incautada sin orden previa cuando

9 En el caso de Horton v. California, 496 U.S. 128 (1990), la Corte Suprema federal estableció que el carácter inadvertido del descubrimiento o percepción del objeto no es esencial. Véase, Pueblo v. Cruz Torres, supra, pág. 53, Opinión concurrente de la Hon. Juez Asociada señora Naveira de Rodón. CC-2012-461 21

ésta se encuentra a plena percepción del agente del orden

público. Desde Pueblo v. Dolce, supra, establecimos los

criterios a considerar cuando determinado objeto incautado

sin una orden judicial se encontraba a plena vista, previo

al registro. A saber: (1) el artículo debe ser descubierto

por estar a plena vista y no en el curso o por razón de un

registro; (2) el agente debe haber tenido un derecho

previo a estar en la posición desde la cual se percató de

la evidencia a ser incautada; (3) la misma debió ser

descubierta inadvertidamente; y (4) la naturaleza

delictiva del objeto debe surgir de la simple observación.

Íd., pág. 436.

Posteriormente, en Pueblo v. Acevedo Escobar, supra,

mantuvimos la admisibilidad de cierta evidencia ocupada

sin una orden de registro al advertir que el agente

“percibió el olor de la marihuana” por lo que reconocimos

que “a través del sentido del olfato pudo apreciar y

derivar el conocimiento de su existencia”. Íd., pág. 779.

Con este proceder, este Tribunal expresamente reconoció

que la percepción mediante el olfato guarda analogía y

equivalencia funcional a las situaciones en que se aplica

la doctrina de prueba a plena vista, con la única

diferencia en el modo en que el objeto es detectado.

Indicamos que uno es producto de la visión y otro del

sentido del olfato, por lo que no existe fundamento para

descartar el valor lógico y jurídico de esa percepción.

Íd. CC-2012-461 22

Al día de hoy, este Tribunal no ha tenido la

oportunidad de expresarse en cuanto a la analogía de la

doctrina de plena vista a lo que los agentes palpan

mediante tacto. Por tal razón, enmarcamos el análisis en

lo discutido y resuelto por la Corte Suprema de los

Estados Unidos.

En la jurisdicción federal existía la discusión en

torno a si la percepción mediante tacto era análoga a la

doctrina de plena vista o el descubrimiento mediante el

sentido del olfato. En esencia, el debate se centraba en

si el sentido del tacto podía ser tratado de igual forma

que el de la vista y, de ello ser así, qué circunstancias

permitían a un agente del orden público estar en una

posición en la que palpar un objeto no viola las garantías

constitucionales. Véase, LaFave, Criminal Procedure, Vol.

2, sec. 3.2 (b), págs. 76-79.

En un principio, se planteaba que la doctrina de

percepción mediante el tacto no era algo diferente de la

de plena vista, sino un corolario inevitable de ésta. Más

aún, se advertía que Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968), fue

un presagio en cuanto a la doctrina de percepción mediante

el tacto porque se validó la percepción de un arma de

fuego por medio de ese sentido. Para que prosperara el

descubrimiento mediante el tacto, se proponía requerir que

el agente: (1) se encontrase legalmente justificado a

estar en el área desde el cual pudo palpar y percibir el

objeto; (2) tuviera un motivo independiente para poder

colocar sus manos en la propiedad o persona; y (3) CC-2012-461 23

adquiriera simultáneamente con su sentido táctil la

creencia de que el objeto percibido constituye evidencia

de crimen, contrabando o que puede ser sujeto a

incautación. Véase, L. E. Holtz, The “Plain Touch”

Corollary: a Natural and Foreseeable Consequence of the

Plain View Doctrine, 95 Dick. L. Rev. 521 (1991).

No es hasta que la Corte Suprema federal resolvió

Minnesota v. Dickerson, 508 U.S. 366 (1993) que se disipó

cualquier duda sobre si la percepción mediante el tacto

constituye una secuela permisible de la doctrina de

descubrimiento a plena vista. La Corte Suprema federal

resolvió esta interrogante sin ambigüedad, en la

afirmativa. Íd, págs. 375-378.

Los hechos en Minnesota v. Dickerson, supra, surgen

cuando dos agentes del orden público intervienen con un

sujeto para investigarlo.10 Durante este proceso, los

agentes realizaron un cateo sobre el sujeto, en el cual no

encontraron armas, pero uno de los oficiales sintió un

bulto en el abrigo de nilón del individuo. El agente

escudriñó con sus dedos y pensó que era crack en una bolsa

de celofán. Inmediatamente, el agente sacó el objeto del

10 La intervención original realizada por el agente del orden público está validada en lo federal en el caso de Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968). Ello, no afecta la aplicación de la doctrina de descubrimiento mediante tacto en otras instancias. En Puerto Rico no se ha extendido expresamente la norma de Terry v. Ohio, supra, como tampoco ha sido rechazada categóricamente. Pueblo en interés del Menor N.O.R., 136 D.P.R. 949, 963 (1994). De igual forma, en Puerto Rico hemos reconocido que un agente del orden público puede detectar armas mediante el tacto al permitirse el cateo de los individuos durante un arresto válido. Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971); Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622, 631 (1964). CC-2012-461 24

bolsillo de la persona y, en efecto, confirmó sus

sospechas. Como consecuencia, se acusó al individuo por

violaciones a la ley de sustancias controladas. El

imputado solicitó la supresión de la evidencia. La corte

inferior determinó la validez de la incautación al

realizar una analogía con la doctrina de descubrimiento a

plena vista. Luego, encontró culpable al imputado. Durante

la apelación, la Corte de Apelación de Minnesota revocó el

dictamen del foro primario al declinar aplicar la doctrina

de descubrimiento mediante el tacto.

La Corte de Apelación de Minnesota rehusó extender la

doctrina de plena vista al sentido del tacto bajo el

razonamiento de que es menos confiable que el de la vista

y mucho más intrusivo a la privacidad del individuo.

Asimismo, expresó que la acción realizada por el agente

fue mayor a lo permisible. Por su parte, el Tribunal

Supremo federal, luego de declinar el rechazo a adoptar la

doctrina de descubrimiento mediante tacto, confirmó a la

Corte de Apelación de Minnesota por entender que no se

cumplieron con los requisitos para aplicar la referida

doctrina. Ese análisis es el que resulta importante al

caso de autos. Abundamos.

En cuanto al descubrimiento mediante la percepción o

el tacto, la Corte Suprema federal expresamente determinó

que esta doctrina tiene una aplicación obvia por analogía

a casos en los que un oficial descubre contrabando a

través del sentido del tacto durante un registro legal.

Para descartar las justificaciones de la corte apelativa, CC-2012-461 25

el Tribunal Supremo federal citó en su análisis a Terry v.

Ohio, supra, y resaltó que en éste se reconoció que

mediante el sentido del tacto se puede revelar la

naturaleza de un objeto con suficiente confiabilidad para

detectar la presencia de armas de fuego y permitir su

incautación. Además, indicó que, incluso, de ser cierto

que el sentido del tacto es generalmente menos confiable

que el de la vista, ello solamente implicaría que los

oficiales se amparen en esta justificación con menor

frecuencia. A su vez, descartó el temor a incautaciones

especulativas debido a que en este tipo de casos la

existencia de causa probable siempre será un prerrequisito

para el registro. Más aún, la Corte Suprema federal

concluyó que no puede existir una invasión adicional a la

privacidad del individuo cuando lo que se registra es un

objeto cuya identidad es ya conocida. Minnesota v.

Dickerson, supra, págs. 376-377.11

11 La cita directa en Minnesota v. Dickerson, supra, págs. 376-377, lee como sigue:

First, Terry itself demonstrates that the sense of touch is capable of revealing the nature of an object with sufficient reliability to support a seizure. The very premise of Terry, after all, is that officers will be able to detect the presence of weapons trough the sense of touch and Terry upheld precisely such a seizure. Even if it were true that the sense of touch is generally less reliable than the sense of sight, that only suggests that officers will less often be able to justify seizures of unseen contraband. Regardless of whether the officer detects the contraband by sight or by touch, however, the Fourth Amendment‟s requirement that the officer have probable cause to believe that the item is contraband before seizing it ensures against excessively speculative seizures. The court‟s second concern -that touch is more CC-2012-461 26

Acto seguido, la Corte Suprema federal avaló la

decisión de la corte apelativa de Minnesota. Concluyó que

en las circunstancias del caso ante su consideración, el

agente estaba legalmente permitido a encontrarse en una

posición desde la cual podía percibir el objeto. Empero,

la naturaleza incriminatoria del objeto no fue

inmediatamente aparente. Al agente apretar, manipular y

deslizarse sobre el objeto, rebasó los límites legales que

justificaban su intervención original, por lo que su

registro fue uno ilegal. A pesar de ello, reiteró que “una

vez más, la analogía con la doctrina de plena vista es

acertada”.12 (Traducción nuestra.) Minnesota v. Dickerson,

supra, pág. 378.

Al analizar el precedente en Minnesota v. Dickerson,

supra, el tratadista de Derecho Criminal, Wayne R. LaFave,

expone que la lógica de la decisión consiste en afirmar

que la doctrina de percepción mediante el tacto justifica

un registro sin orden. Ello, pues, el acto de palpar hace

tan certero e inmediatamente aparente lo que es el objeto

que resulta innecesaria una orden judicial que garantice

la protección constitucional bajo examen. LaFave, Search &

Seizure, op. cit., Vol. 1, sec. 2.2 (a), págs. 605, 608-

intrusive into privacy than is sight- is inapposite in light of the fact that the intrusion the court fears has already been authorized by the lawful search for weapons. The seizure of an item whose identity is already known occasions no further invasion of privacy. (Énfasis suplido.) 12 El texto original en inglés lee de la siguiente forma: Once again, the analogy to the plain-view doctrine is apt. CC-2012-461 27

614; La Fave, Criminal Procedure, op. cit., Vol. 2, sec.

3.2 (b), pág 78. Véase, además, J.D. Harvey, Jr.,

Minnesota v. Dickerson: Sense of Touch and the Fourth

Amendment, 21 Okla. City U.L. Rev. 151, 170 (1996).

Del marco doctrinal antes reseñado, surge con

meridiana claridad que hoy día está resuelto, en la esfera

federal, que la percepción mediante el tacto es un

derivado del descubrimiento a plena vista. Ésta última ha

sido acogida por este Tribunal como una de las excepciones

al requisito de una orden judicial previa a un registro.

Ello, pues, no hay protección constitucional contra la

inspección que está a plena percepción de los agentes.

Como consecuencia, y por analogía, no vacilamos en

extender la excepción a la percepción por medio del olfato

en vista de que la doctrina se extiende a todos los

sentidos. Chiesa, op. cit., págs. 434, 441 nota al calce

428. Por tanto, no vemos razón alguna para impedir que la

percepción mediante el tacto constituya una excepción al

registro judicial sin orden previa. Sin lugar a dudas, la

percepción mediante el tacto es un equivalente razonable

de la doctrina de plena vista.

Para que la percepción mediante el tacto justifique la

incautación del objeto sin una orden previa, será

necesario que: (1) el objeto sea descubierto por haber

sido palpado y no por razón de su registro; (2) exista una

justificación legal para que el agente esté en el lugar

desde donde pudo entrar en contacto con la evidencia; (3)

el oficial del orden público advino en contacto con la CC-2012-461 28

evidencia de forma inadvertida; y (4) la naturaleza

delictiva del objeto surge inmediata y razonablemente a

través del sentido del tacto sin que el agente pueda

manipular o escudriñar de forma alguna éste. Véase, K. W.

Inverson: “Plain Feel”: a Common Sense Proposal Following

State v. Dickerson, 16 Hamline L. Rev. 247, 277-278 (1992-

1993).

Bajo este crisol, la doctrina no provee autoridad

para tocar indiscriminadamente. Sin embargo, permite que

un agente del orden público interprete lo que pudo

percibir mediante el tacto, siempre y cuando haya una

justificación para ello. Al igual que el descubrimiento a

plena vista, la doctrina de percepción mediante el tacto

puede servir de base para que agentes del orden público se

excedan en sus intervenciones en violación a la garantía

constitucional. Es aquí donde es importante la prudencia

en las decisiones, a base de las circunstancias

particulares de cada caso. Le corresponde a los tribunales

la tarea de discernir si existían razones suficientes para

que el agente del orden público inmediatamente percibiera

mediante su sentido del tacto suficiente información para

concluir que, en efecto, el objeto era lo que creía que

es. Una vez la identidad y naturaleza del objeto adviene

inminentemente aparente mediante el tacto, no hay una

intromisión con los derechos del individuo. Ello, pues, no

hay necesidad de una orden previa para descubrir lo que su

sentido del tacto ya reveló. Minnesota v. Dickerson,

supra, págs. 376-377; United States v. Portillo, 633 F.2d CC-2012-461 29

1313, 1320 (9vno. Cir. 1980) cert. denegado, 450 U.S. 1043

(1981). B. Andrew Harvey, Minnesota v. Dickerson and the

Plain Touch Doctrine: a Proposal to Preserve Fourth

Amendment Liberties during Investigatory Stops, 58 Alb. L.

Rev. 871, 904-905 (1994-1995).

El juzgador debe sopesar el hecho de que existen

objetos que son fácilmente reconocibles, pues tienen una

consistencia y forma distintiva. Más aún, el entrenamiento

y experiencia previa de los agentes del orden público les

permite reconocer e identificarlos a través de su sentido

del tacto de la misma forma que identifican un objeto

mediante el sentido de la vista. United States v. Pace,

709 F. Supp. 948, 955 (C.D. Cal. 1989), confirmado en 893

F.2d 1103 (9vno Cir. 1990). (“objects have a distinctive

and consistent feel and shape that an officer has been

trained to detect and has previous experience in

detecting, then touching these objects provides the

officer with the same recognition his sight would have

produced”).

Con el marco doctrinal antes expuesto, pasemos a

analizar si procedía la supresión de la evidencia

incautada.

IV

En el caso de autos se solicitó la supresión de un

arma de fuego incautada sin una orden judicial previa

durante la intervención de una agente de la policía al

atender un accidente de motora. El arma de fuego se

encontraba en una cartera que poseía el señor Báez López y CC-2012-461 30

que fue entregada a la agente por el paramédico que

ofreció asistencia durante el accidente. Al recibir la

referida cartera, la agente palpó el arma de fuego y

procedió a abrir el bolso. Éstos hechos no están en

controversia.

Conforme a lo discutido, la garantía constitucional

protege a todo objeto en el cual se albergue una

expectativa razonable de intimidad. Ciertamente, los

efectos personales, como lo es la cartera del señor Báez

López, están protegidos por la garantía constitucional

contra registros irrazonables. Como condición para su

incautación, la norma general requiere que haya una orden

judicial previa a menos que el Estado justifique que

procede aplicar una excepción. Por tanto, y aunque existe

una expectativa de intimidad sobre los efectos personales,

ésta no es absoluta. Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318,

329 (1999); United States v. Chadwick, 433 U.S. 1 (1977).

En este último se estableció que, como regla general, se

requiere una orden judicial para registrar efectos

personales. Sin embargo, ello no significa que todo

registro de un efecto personal sin orden previa es per se

inválido. Así, se ha establecido la legalidad de un

registro cuando los efectos personales están a plena vista

y se cree que son de valor evidenciario. Véanse, LaFave,

Search and Seizure, op. cit., Vol. 3, 5.5 (c), págs. 316 y

320; People v. Wright, 804 P.2d, 866 (Colo. 1991), 11

A.L.R. 5th 947. CC-2012-461 31

El Ministerio Público invoca tres excepciones al

requisito de una orden judicial previa al registro de la

cartera del señor Báez López. Veamos si alguna de éstas

aplica.

En primer y segundo lugar, el Ministerio Público nos

señala que la agente tuvo la creencia de que estaba ante

una situación de emergencia y que el arma de fuego de

todos modos hubiera sido descubierta al realizarse un

recibo de propiedad. Ninguna de estas excepciones aplica

al caso de autos.

Un examen ponderado de la prueba presentada demuestra

que no se dan los criterios para que se aplique la

doctrina de situación de emergencia como una excepción al

requisito de una orden judicial previa. Aunque ciertamente

el señor Báez López fue atendido durante un accidente de

motora, éste no estaba inconsciente ni aturdido al grado

que no pudiera colaborar para su pronta atención médica.

Por el contrario, conforme al testimonio del paramédico

que lo atendió, el señor Báez López contestó sus preguntas

y suministró sus datos personales e, incluso, le expresó

dónde sentía dolor. Ante ello, y al igual que el foro

primario, entendemos que la agente Rivera Alvarado no

podía albergar la creencia razonable de que estaba ante

una emergencia. Más aún, sus actuaciones al abrir la

cartera así lo demuestran, ya que una vez encontró el arma

de fuego desistió de indagar sobre los datos personales

del señor Báez López. Los hechos relatados demuestran que

no existen las circunstancias que permitieran justificar CC-2012-461 32

la excepción de una situación de emergencia para validar

el registro.

De otra parte, durante el proceso apelativo, el

Ministerio Público invocó la excepción de descubrimiento

inevitable. Ante ello, arguye que la evidencia iba a ser

descubierta inevitablemente al realizarse un recibo de

propiedad. Sin embargo, al sostener que aplica la referida

excepción, el Ministerio Público no cumplió con su deber

de demostrar cuál es el procedimiento de recibo de

propiedad aplicable a las circunstancias de autos. Simple

y llanamente, el Ministerio Público se limita a alegar que

existe un procedimiento de recibo de propiedad. No existe

un ápice de prueba sobre cómo se implementa el mismo, si

aplica para situaciones como las que están ante nuestra

consideración, o si éste es uno rutinario o

estandarizado. Por tanto, el Ministerio Público no cumplió

con su obligación de demostrar que procedía aplicar la

referida excepción.

Por último, el Ministerio Público sostiene que no

procede la supresión del arma de fuego, ya que ésta fue

obtenida luego de que la agente la percibiera mediante el

tacto en el interior de la cartera del acusado, la cual le

fue entregada legítimamente por el paramédico. Así,

sostiene que la incautabilidad surgió de la percepción del

objeto y no de su registro, por lo que aplica por analogía

la doctrina de percepción mediante el tacto.

Conforme a lo discutido, en nuestra jurisdicción se

permite ocupar un objeto sin orden judicial previa si el CC-2012-461 33

agente estaba legítimamente en una posición en la que pudo

percibir la evidencia por alguno de sus sentidos, lo cual

incluye la percepción mediante el tacto. Según lo

indicamos anteriormente, para que proceda aplicar la

excepción señalada debe existir un motivo válido para que

la agente estuviera en el lugar desde el cual pudo palpar

el objeto e inferir la naturaleza delictiva de éste sin

necesidad de manipular o escudriñarlo de forma alguna.

Estimamos que en las circunstancias ante nuestra

consideración, aplica la doctrina de percepción mediante

el tacto. Los hechos demuestran que la agente del orden

público arribó al lugar para atender un accidente de

motora que tuvo el señor Báez López. Como parte de sus

funciones, la agente tramitó asistencia para ofrecer los

primeros auxilios. Al llegar el paramédico, éste le

entregó la cartera del señor Báez López para proceder a

atenderlo. Una vez la agente recibió la cartera y sintió

lo que a su juicio y experiencia era un arma de fuego,

procedió a abrir la misma para dar en su interior con el

referido objeto. Véase, además, Moción de supresión de

identificación [sic] del acusado, Apéndice Petición de

Certiorari, págs. 4, 7-8.

Lo expuesto, demuestra que la agente del orden público

se encontraba legítimamente en el lugar desde donde pudo

percibir el objeto. A su vez, ésta advino en contacto con

la referida arma de fuego de forma inadvertida cuando el

paramédico le entregó la cartera. En ese momento, y no

mediante un registro, la agente percibió el arma de fuego. CC-2012-461 34

La naturaleza del objeto surgió por la percepción mediante

tacto que tuvo la agente al tocar la cartera. Al abrir la

cartera del señor Báez López no hubo una invasión a su

privacidad ya que, en efecto, al palpar la cartera la

agente advino en conocimiento de la existencia del arma de

fuego. En este contexto, no procede la protección

constitucional contra un registro sin orden judicial

previa. No podemos olvidar que un arma de fuego es un

objeto con características particulares a las cuales los

agentes del orden público están diariamente expuestos, por

lo que indudablemente, como regla general, éstos pueden

reconocerlos por la mera percepción del sentido del tacto.

En el caso de autos se produjeron las circunstancias

que justifican la aplicación de la doctrina de percepción

mediante el tacto, por lo que no procedía la supresión de

la evidencia incautada.

V

Por las razones expuestas, se revoca al Tribunal de

Apelaciones, y se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para la continuación de los procedimientos de

acuerdo con lo aquí resuelto.

LUIS F. ESTRELLA MARTÍNEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2012-461 Certiorari Octavio Báez López

SENTENCIA

Por las razones expuestas, se revoca al Tribunal de Apelaciones, y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de acuerdo con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión Disidente a la cual se une el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionario CC-2012-461 v.

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Juez Asociada señora Fiol Matta

San Juan, Puerto Rico, a 10 de diciembre de 2013

And, in order to be exercised, this power had to be given the instrument of permanent, exhaustive, omnipresent surveillance, capable of making all visible, as long as it could itself remain invisible.13

Disiento enérgicamente de la determinación que hoy

anuncia este Tribunal por entender que lejos de impartirle

un contenido más abarcador a los derechos que establece

nuestra Constitución, la mayoría opta por incorporar

innecesariamente a nuestra jurisdicción la doctrina de

evidencia obtenida mediante el tacto para validar un

registro sin orden judicial. Peor aún, al aplicar los

criterios de esta doctrina, la mayoría limita los derechos

de los ciudadanos más allá del ámbito mínimo de protección

establecido por la jurisprudencia federal en aras de

13 Michel Foucault, Panopticism, Discipline & Punish: The Birth of the Prison 214 (Alan Sheridan trans., Pantheon 1977) (1975). CC-2012-461 2

validar el registro. Al así proceder, olvidan que “there

is nothing new in the realization that the Constitution

sometimes insulates the criminality of a few in order to

protect the privacy of us all”. Arizona v. Hicks, 480 U.S.

321, 329 (1987).

El 5 de octubre de 2011 el Ministerio Público presentó

una denuncia contra el señor Octavio Báez López por

violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas, Ley Núm. 404 de

11 de septiembre de 2000, 25 L.P.R.A. sec. 458c.

Específicamente, se le imputó que para la fecha del 30 de

mayo de 2011, el señor Báez López portaba ilegalmente una

pistola Smith & Wesson negra, calibre .40mm, modelo XDM-40,

cargada con una munición en recámara y quince (15)

municiones.

Luego de la lectura de acusación, el señor Báez López

presentó una moción de supresión del arma de fuego

incautada. En síntesis, alegó que conforme al testimonio

de la agente Michaida Rivera Alvarado en la vista

preliminar, la incautación del arma de fuego se realizó en

violación a la protección constitucional contra registros y

allanamientos irrazonables. Sostuvo que conforme a los

hechos narrados por ésta procedía suprimir el arma de fuego

incautada. Según relató la agente Rivera Alvarado, los

hechos que dieron base para incautar el arma fueron los

siguientes:

El 30 de mayo de 2011 la agente Rivera Alvarado

escuchó por la radiocomunicación de la Policía sobre la CC-2012-461 3

ocurrencia de un accidente de motora en la carretera

interestatal 174. En ese momento se dirigió al lugar del

accidente. Al arribar al lugar, ésta observó a un joven

que yacía en el pavimento cerca de una motora accidentada.

El joven sangraba por la cabeza, manos y piernas.

Describió el estado del joven como aturdido y medio

inconsciente. No obstante, no cuestionó al joven para

identificarlo o para conocer si le afectaba alguna

condición.

Minutos después, los paramédicos arribaron a la escena

y ofrecieron los primeros auxilios al joven. Para proceder

a prestarle los servicios médicos, el paramédico le removió

al joven una cartera color negra, que éste llevaba

transversalmente en el pecho. Acto seguido, debido a que

en ese momento no se encontraba ningún familiar del joven

en la escena, el paramédico procedió a entregarle la

cartera a la agente Rivera Alvarado. Cuando ésta recibió

la cartera, palpó lo que aparentaba ser un arma de fuego y,

sin pedirle autorización al joven, procedió a abrirla. Al

abrir la cartera, se percató de que en ésta había un arma

de fuego y extrajo lo que resultó ser una pistola Smith &

Wesson. Posteriormente, el joven fue trasladado al

Hospital Regional. Allí, la agente Rivera Alvarado, luego

de leerle las advertencias legales, procedió a

entrevistarlo. Cuando le cuestionó sobre la posesión del

arma, el joven aceptó que no tenía licencia para portar

armas. Ello dio lugar a la acusación contra el señor Báez

López por portación ilegal de un arma. CC-2012-461 4

Conforme a estos hechos, el señor Báez López sostuvo

su alegato de supresión del arma de fuego. Adujo que la

evidencia incautada no estaba a plena vista. Además,

señaló que contrario las declaraciones de la agente

Michaida Rivera Alvarado en su declaración jurada,14 en la

vista preliminar ésta aceptó que el registro iba dirigido a

encontrar material delictivo y no estaba vinculado a la

atención de una emergencia ni a la identificación del señor

Báez López. Finalmente, sostuvo que la agente no tenía

una sospecha individualizada que le permitiera concluir que

en el interior de la cartera se transportaba material

delictivo sino que mediante el registro trató de validar

una sospecha producto de una actuación ilegal.

El Ministerio Público se opuso a la supresión

solicitada por el señor Báez López. Señaló que debido a

que el señor Báez López estaba en peligro y necesitaba

ayuda, se cumplieron los criterios de razonabilidad

reconocidos por nuestra jurisprudencia para realizar un

registro sin orden judicial en una situación de emergencia.

Además, arguyó que el señor Báez López transitaba en una

motora, cuya expectativa de intimidad es menor que cuando

se transita en un automóvil. Luego de la vista de

supresión de evidencia, el 1 de febrero de 2012 el Tribunal

de Primera Instancia declaró con lugar la moción de

supresión de evidencia.

14 En la declaración jurada la agente Rivera Alvarado sostuvo que procedió a “abrir la cartera [sic] para tratar de localizar una tarjeta de identificación con foto del joven, y me percaté que en el interior de la misma había una arma de fuego”. CC-2012-461 5

El foro de instancia razonó que según el testimonio de

la agente Rivera Alvarado y el paramédico Carlos Rosado

Erazo en la vista de supresión, no se configuraron las

circunstancias para realizar un registro sin orden judicial

en una situación de emergencia. En la vista la agente

aceptó que el señor Báez López no estaba inconsciente.

Además, indicó que éste respondía a preguntas de los

paramédicos. Sostuvo que la agente, para justificar la

búsqueda en la cartera, indicó que intentaba encontrar

alguna identificación, pero en la vista aceptó que el

propósito del registro fue la curiosidad de encontrar el

arma de fuego. Por tanto, concluyó que de la agente haber

tenido sospecha fundada sobre la existencia de un arma,

procedía dejar la cartera en custodia con otro agente y

solicitar una orden de registro.

En desacuerdo con esta determinación, el Ministerio

Público acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante

recurso de certiorari. En síntesis, sostuvo que erró el

foro primario al suprimir la evidencia por razón de que no

hubo una orden judicial previa, esto a pesar de que se

trataba de un registro válido mediando una situación de

emergencia. Alegó que la expectativa de intimidad de un

motociclista herido es limitadísima y que el accidente

justificó el registro de emergencia como mecanismo dirigido

a identificar al herido. Esta vez, sin embargo, sostuvo

que aún si no hubiese mediado una situación de emergencia,

procedía el registro sin orden toda vez que el agente

percibió mediante el tacto que había un objeto que CC-2012-461 6

aparentaba ser un arma de fuego, con lo cual la agente

tenía una sospecha individualizada de que en el interior de

la cartera había un arma de fuego, lo que validaba el

registro sin orden judicial.

foro apelativo intermedio denegó el recurso de certiorari

presentado por el Ministerio Público. Razonó que a la luz

de los hechos de este caso no se configuró una situación de

emergencia que permitiera el registro sin orden judicial.

Además, sostuvo que si la agente Rivera Alvarado tenía

motivos fundados para creer que el señor Báez López estaba

cometiendo un delito en su presencia, procedía ponerlo bajo

arresto antes de realizar el registro.

Inconforme, el Ministerio Público solicitó

reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones. Esta vez

sostuvo que la agente realizó el registro partiendo de la

creencia razonable de que estaba ante una situación de

emergencia. Sin embargo, en la reconsideración sostuvo que

es inmaterial si hubo o no una situación de emergencia.

Una vez la agente palpó un objeto que aparentaba ser un

arma de fuego en el interior de la cartera se generó una

sospecha individualizada y razonable que validó el registro

de la cartera debido a que el arma es un objeto

inherentemente peligroso y altamente regulado por el

Estado. Sostuvo además que, independientemente de la

situación de emergencia, el descubrimiento de la pieza

delictiva era inevitable toda vez que como cuestión de

protocolo del paramédico, éste debía preparar un recibo de CC-2012-461 7

propiedad, excepción al registro con orden judicial. El

Tribunal de Apelaciones declaró no ha lugar la solicitud de

reconsideración.

En desacuerdo con la determinación del foro apelativo

intermedio, el Ministerio Público acudió ante este Tribunal

mediante recurso de certiorari. Reiteró los argumentos

presentados en la moción de reconsideración ante el

Tribunal de Apelaciones. El 4 de junio de 2012, expedimos

el recurso ante nuestra consideración.

A

La Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico establece el derecho de todo

ciudadano a la protección sobre sus casas, papeles y

efectos personales contra registros, incautaciones y

allanamientos irrazonables. Const. PR Art. II Sec. 10. El

propósito de este precepto constitucional es proteger el

derecho a la intimidad de las personas y la dignidad del

individuo frente a las actuaciones arbitrarias e

irrazonables del Estado. Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R.

386, 397 (1997); Pueblo v. Ramos Santos, 132 D.P.R. 363,

370 (1992).

Esta disposición constitucional es análoga a la

Enmienda IV de la Constitución de los Estados Unidos,

Const. EEUU Enmd. IV. Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. en

la pág. 397; véase además 3 Diario de Sesiones de la

Convención Constituyente 1568 (1961); 3 José Trías Monge,

Historia Constitucional de Puerto Rico 191 (1982). No CC-2012-461 8

obstante, en el pasado hemos reconocido que la disposición

en la Constitución federal sólo establece el ámbito mínimo

de protección, por lo que tanto los estados como Puerto

Rico pueden ampliar esta garantía constitucional con el

propósito de conceder mayores protecciones a la ciudadanía.

Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. en la pág. 397-398. 15

Como bien reconoce una mayoría de este Tribunal, a

diferencia de la Constitución federal, nuestra Constitución

expresamente limita el uso que se le puede otorgar a una

evidencia incautada mediante un registro irrazonable sin

orden judicial previa. Es decir, como regla general,

nuestro ordenamiento requiere que se obtenga una orden

judicial previo a que se realice un registro. Pueblo v.

Malavé González, 120 D.P.R. 470, 477 (1988).

Consecuentemente, todo registro o incautación sin orden

judicial se presume irrazonable y, por tanto, inválido.

Pueblo v. Serrano Reyes, 176 D.P.R. 437, 447 (2009).16

15 A propósito, en Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318, 329 (1999), señalamos que: “[a] pesar de que la protección contra registros y allanamientos se encuentra redactada en idénticos términos en ambas Constituciones, por gozar nuestra Constitución de una „vitalidad independiente‟, podemos darle a la garantía un contenido distinto y mayor. Esto es, podemos interpretarla de forma más beneficiosa al acusado”. 16 La Regla 234 de las de Procedimiento Criminal establece que la evidencia obtenida en violación a la garantía constitucional contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables, será suprimida y no será admisible en los tribunales como prueba de la comisión de un delito. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234. Según el profesor Ernesto L. Chiesa Aponte, esta norma de exclusión persigue varios propósitos importantes, a saber: (1) provee un remedio efectivo a la víctima del registro y allanamiento irrazonable o ilegal; (2) evita que el gobierno se beneficie de sus propios actos ilegales; (3) preserva la integridad del Tribunal; y (4) disuade a los oficiales del CC-2012-461 9

Para que se active la protección contra registros

irrazonables lo primero que debe determinarse es si en

efecto hubo un registro. Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318,

329 (1999). Así, hemos sostenido que “se entiende que ha

ocurrido un registro cuando se infringe la expectativa de

intimidad que la sociedad está preparada a reconocer como

razonable”. Pueblo en el interés del menor N.O.R., 136

D.P.R. 949, 961-962 (1994). Esto es, el ciudadano debe

albergar una expectativa de intimidad y que la sociedad

esté dispuesta a aceptar que dicha expectativa es

razonable. Por tal razón, hemos señalado que la protección

constitucional se refiere a aquella propiedad sobre la cual

la persona tenga una expectativa de intimidad, y protege

tanto al sospechoso u ofensor como al inocente. Pueblo v.

Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356, 363 (1997).

En Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. en la pág. 399,

sostuvimos que el criterio para determinar si la actuación

gubernamental es constitucionalmente permisible vis-à-vis la

expectativa de intimidad del ciudadano, es la razonabilidad

de la intrusión estatal con la intimidad de la persona.

Añadimos que:

[E]sto normalmente se determina balanceando los intereses del Estado frente a los derechos individuales. El menor o mayor grado de expectativa a la intimidad que nuestro ordenamiento le reconoce a una persona en determinada circunstancia es pertinente para el análisis acerca de la razonabilidad de la actuación gubernamental y en consecuencia para

orden público a que en el futuro no repitan las acciones objeto de impugnación. Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 284-285 (Ed. Forum, 1991). CC-2012-461 10

determinar el alcance de la protección constitucional. En este contexto, y dado que en Puerto Rico los derechos individuales y particularmente el derecho a la intimidad y dignidad reciben una protección más amplia que en la jurisdicción federal, en nuestra jurisdicción el criterio de razonabilidad es más estricto. Id. en la pág. 399 (énfasis nuestro).

B

Si bien en nuestro ordenamiento todo registro sin

orden se presume inválido, hemos reconocido excepciones

limitadas y específicas a la presunción de invalidez. En

Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356, 363 fn. 3

(1997), señalamos que hemos validado las siguientes

excepciones:

(1) registro y allanamiento de estructuras abandonadas; (2) registro de evidencia abandonada o arrojada por la persona; (3) registro incidental al arresto, cuando el área registrada está al alcance inmediato del sujeto y el propósito es ocupar armas o instrumentos que puedan ser utilizados por la persona arrestada para agredir a los agentes del orden público, o para intentar una fuga o evitar la destrucción de evidencia; (4) cuando la evidencia se encuentra a plena vista [o cuando un agente del orden público adviene en conocimiento de material delictivo por el olfato]; (5) campo abierto; (6) cuando circunstancias de emergencia así lo requieran; (7) registro tipo inventario, que sea realizado para salvaguardar el contenido del vehículo y proteger a la Policía así como al dueño del vehículo; (8) cuando la evidencia es obtenida durante el transcurso de una persecución; (9) evidencia obtenida durante un registro administrativo en una actividad altamente reglamentada por el Estado; y CC-2012-461 11

(10) cuando el registro es consentido directa o indirectamente. Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 D.P.R. 356, 363 fn. 3 (1997) (citas omitidas).17

En todas estas circunstancias se ha reconocido que no

existe una expectativa razonable de intimidad, por ende, no

hay protección constitucional que salvaguardar.

Hoy una mayoría de este Tribunal determina

correctamente que en este caso no se configuraron los

criterios para que aplique la excepción al requisito de

una orden judicial cuando media una situación de

emergencia. En este caso, la agente Rivera Alvarado no

podía albergar la creencia razonable de que estaba ante una

emergencia; el señor Báez López estaba consciente y podía

haber sido interrogado para conocer su identidad antes de

proceder a abrir la cartera. Además, en la vista

preliminar la agente reconoció que la intención de abrir la

cartera fue la “curiosidad” por encontrar material

delictivo y no para dar con una identificación del señor

Báez López, según había sostenido en su declaración

jurada. Coincidimos, a su vez, con la determinación de una

mayoría de este Tribunal al señalar que en este caso no

procedía la excepción de descubrimiento inevitable al

17 Añádase a las excepciones mencionadas, la reconocida por una mayoría de este Tribunal en Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 D.P.R. 601 (2009) sobre la evidencia obtenida en un lugar público como resultado de la utilizacón de canes para olfatear. CC-2012-461 12

realizarse un recibo de propiedad. El Estado no demostró

que existiese un procedimiento rutinario que

inevitablemente hubiese permitido el descubrimiento del

arma de fuego incautada.

No obstante a lo anterior, ausente de argumentos para

sostener la razonabilidad de un registro que a todas luces

incumple con las garantías mínimas consagradas en nuestra

Constitución, hoy una mayoría de este Tribunal adopta

innecesariamente la doctrina de evidencia incautada

mediante el sentido del tacto, “plain touch/plain feel”,

reconocida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en

Minnesota v. Dickerson, 508 U.S. 366 (1993), como excepción

a la presunción de ilegalidad de un registro sin orden. En

el proceso olvidan que nuestra Constitución, que tantas

veces hemos señalado es de factura más ancha,  aunque en

tiempos recientes tal contención se encuentre exigua por la

desmemoria del Tribunal exige que en aras de proteger el

derecho a la intimidad y dignidad de los ciudadanos, seamos

guardianes de tales garantías al evaluar los criterios y

las circunstancias para permitir un registro sin orden

judicial. Más grave aún, una vez adoptan la nueva

excepción, la aplican erróneamente. Veamos entonces.

En Terry v. Ohio, 391 U.S. 1 (1968), el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos determinó que un agente de la

policía puede detener a una persona sospechosa y, por la

seguridad del agente, someterla a un cateo o registro CC-2012-461 13

superficial para detectar armas, aun ausente de causa

probable para arresto. Cabe señalar que, al día de hoy, la

doctrina desarrollada en Terry no ha sido adoptada por este

Tribunal. Precisamente, al amparo de la doctrina de Terry,

en Minnesota v. Dickerson, 508 U.S. 366 (1993), un oficial

de la policía detuvo a un sujeto que entendió se comportaba

de manera sospechosa y procedió a realizarle un cateo o

registro superficial para detectar si tenía armas. Al

realizar el registro superficial, el oficial no encontró

armas. Sin embargo, sintió curiosidad por un pequeño

abultamiento que tenía el ciudadano en uno de los bolsillos

de la chaqueta que llevaba puesta. Al palpar el

abultamiento, sintió lo que aparentaba ser una bolsa de

“crack”. Por tal razón, procedió a registrarlo y,

efectivamente, encontró una bolsa de “crack”.

El Tribunal Supremo federal sostuvo que conforme a

Terry:

If a police officer lawfully pats down a suspect's outer clothing and feels an object whose contour or mass makes its identity immediately apparent, there has been no invasion of the suspect's privacy beyond that already authorized by the officer's search for weapons; if the object is contraband, its warrantless seizure would be justified by the same practical considerations that inhere in the plain view context. Dickerson, 508 U.S. en las págs. 375-376.

Como se puede apreciar en la cita anterior, en su

análisis el Tribunal Supremo federal adoptó la excepción de

evidencia incautada mediante el sentido del tacto o “plain

touch/plain feel” como corolario de la doctrina de CC-2012-461 14

evidencia a plena vista. Al tiempo en que descartó el

argumento sostenido por el Tribunal Supremo de Minnesota de

que la evidencia obtenida mediante “plain touch/plain feel”

es menos confiable y más invasiva que la evidencia a plena

vista y, por tanto, violaba el derecho a la intimidad de

las personas.18 Para que se cumpla con la excepción de

“plain touch/plain feel” deben estar presentes los mismos

requisitos de evidencia incautada mediante la excepción de

plena vista, según reconocido en Coolidge v. New Hampshire,

403 U.S. 443 (1971). Por tal razón, el Tribunal señaló que

en Dickerson no procedía el registro toda vez que el agente

tuvo que escudriñar el bulto para palpar la evidencia

incautada y, por ende, la naturaleza delictiva de la

evidencia no era aparente de su faz.

Esta doctrina ha sido criticada en distintos artículos

de revistas jurídicas por las implicaciones que tiene sobre

el derecho a la intimidad de las personas y por el riesgo

de que los agentes de la policía abusen de su poder y

pretendan establecer que la naturaleza delictiva de la

evidencia era inmediatamente aparente cuando en realidad no

lo era. Véase John A. Cecere, Searches Woven From Terry

18 Para descartar el argumento de que la evidencia obtenida mediante el sentido del tacto es menos confiable que la evidencia a plena vista, el Tribunal Supremo federal se limitó a señalar que: “[e]ven if it were true that the sense of touch is generally less reliable than the sense of sight, that only suggests that officers will less often be able to justify seizures of unseen contraband”. Dickerson, 508 U.S. en la pág. 376. En cuanto a que ésta es más invasiva a la privacidad, sostuvo que: “is inapposite in light of the fact that the intrusion the court fears has already been authorized by the lawful search for weapons”. Dickerson, 508 U.S. en las págs. 376-377. CC-2012-461 15

Cloth: How the Plain Feel Doctrine Plus Terry Equals

Pretextual Search, 36 B.C. L. Rev. 125 (1994); Eric B.

Liebman, The Future of the Fourth Amendment After Minnesota

v. Dickerson - A "Reasonable" Proposal, 44 Depaul L. Rev.

167 (1994); David L. Haselkorn, The Case against a Plain

Feel Exception to the Warrant Requirement, 54 U. Chi. L.

Rev. 683 (1987). De hecho, previo a Dickerson, además del

Tribunal Supremo de Minnesota, el Tribunal Supremo de Nueva

York, People v. Diaz, 81 N.Y.2d 106 (1993), y el Tribunal

Supremo de Washington, State v. Broadnax, 98 Wash. 2d 289

(1982), se negaron a reconocer la excepción de la evidencia

encontrada mediante el sentido del tacto como corolario de

la excepción de plena vista, precisamente por las

implicaciones que tenía en el derecho a la intimidad de las

personas y la poca confiabilidad del sentido del tacto.

Por tanto, debido a que hoy una mayoría de este Tribunal

adopta esta excepción, considerada análoga a la evidencia

obtenida a plena vista, procede que, como mínimo, evaluemos

con suma mesura los requisitos establecidos en Dickerson a

la luz de la controversia ante nosotros, tomando en

consideración las advertencias ante señaladas a la

excepción de evidencia obtenida mediante el tacto.

Según sostiene una mayoría de este Tribunal, para que

aplique la excepción de evidencia obtenida mediante el

tacto se requiere que: CC-2012-461 16

(1) el objeto sea descubierto por haber sido palpado y no por razón de su registro; (2) exista una justificación legal para que el agente esté en el lugar desde donde pudo entrar en contacto con la evidencia; (3) el oficial del orden público advino en contacto con la evidencia de forma inadvertida; y (4) la naturaleza delictiva del objeto surge inmediata y razonablemente a través del sentido del tacto sin que el agente pueda manipular o escrudiñar de forma alguna éste. Opinión mayoritaria, en la pág. 28 haciendo referencia a K.W. Inverson, “Plain Feel”: a Common Sense Proposal Following State v. Dickerson, 16 Hamline L. Rev. 247, 277- 278 (1992-1993).

En otras palabras, aplican los requisitos reconocidos

para evidencia obtenida a plena vista, adecuados a la

percepción mediante el tacto. Considerando estos

requisitos adoptados por la mayoría así como la propia

jurisprudencia federal citada con aprobación, una lectura

objetiva y sin ánimo prevenido, deja claro que en este caso

es imposible que, mediante el tacto, la agente haya podido

percibir inmediatamente la naturaleza delictiva del arma de

fuego incautada. Veamos.

En Arizona v. Hicks, 480 U.S. 321 (1987), el Tribunal

Supremo federal, al evaluar los requisitos de evidencia

obtenida a plena vista, tuvo la oportunidad de abordar el

requisito de que la naturaleza delictiva del objeto surja

inmediatamente de la simple observación. En Hicks, en el

curso de un registro para dar con el sospechoso de un

tiroteo en un apartamento, uno de los agentes se percató de

que en el apartamento había unas bocinas que éste

sospechaba que eran robadas. El agente procedió a voltear CC-2012-461 17

las bocinas para verificar el número de serie. Al conocer

el número de serie, constató con el cuartel que en efecto

las bocinas habían sido robadas. Por estos hechos, al

señor Hicks se le acusó del delito de robo.

Al resolver esta controversia, el Tribunal Supremo

federal sostuvo que la incautación del sistema de bocinas

hurtadas mientras la policía realizaba un registro para

encontrar otra evidencia era inválida, toda vez que para

conocer la ilegalidad de las bocinas el agente tuvo que

voltearlas para leer el número de serie. Según el

Tribunal, luego de voltear las bocinas, acto que constituyó

un registro, fue que el oficial tuvo conocimiento de la

naturaleza delictiva de las bocinas, no obstante a que el

agente tenía una sospecha razonable de que las bocinas

habían sido hurtadas. Añadió que “the „distinction between

looking at a suspicious object in plain view and moving it

even a few inches‟ is much more than trivial for purposes

of the Fourth Amendment”. Hicks, 480 U.S. en la pág. 325.

Previo a la determinación del Tribunal Supremo federal

en Hicks, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos

para el Sexto Circuito tuvo la oportunidad de evaluar un

caso similar a Hicks pero en relación a la incautación de

unos rifles en el curso de una orden de registro e

incautación de bebidas alcohólicas. U.S. v. Gray, 484 F.2d

352 (6to Cir. 1973). Allí el foro apelativo federal

sostuvo que si bien los agentes estaban autorizados a estar

en lugar donde estaban y habían advenido con los rifles

inadvertidamente, la naturaleza delictiva de los mismos no CC-2012-461 18

era inmediatamente aparente. Una vez el agente copió el

número de serie de los rifles y comprobó que habían sido

robados, entonces se percató de la naturaleza delictiva de

los mismos. Id. Por tal razón, concluyó que el registro e

incautación de los mismos fue inválido.19

Posteriormente, en U.S. v. Szymkowiak, 727 F.2d 95

(6to Cir. 1984), el propio Tribunal de Apelaciones de los

Estados Unidos para el Sexto Circuito, sostuvo que un arma

percibida a simple vista mientras se efectuaba un registro

en una casa por otra evidencia, no era suficiente para

sostener la naturaleza delictiva inmediata del arma de

fuego. El foro apelativo federal sostuvo que “[t]he record

in [Szymkowiak] is clear that the executing officers who

discovered the weapon could not „at the time‟ of discovery

determine whether its possession was unlawful”. Szymkowiak,

727 F.2d en la pág. 99. Así, citando con aprobación a

Gray, sostuvo que a pesar de que se percibió un arma de

fuego, la naturaleza delictiva del arma no era aparente.

Id. en la pág. 97.

A la misma conclusión llegó el Tribunal de

Apelaciones de Florida en Ray v. State, 634 So.2d 695 (Fla.

19 En U.S. v. Truitt, 521 F.2d 1174 (6to. Cir. 1975), el foro apelativo distinguió los hechos de Gray para sostener la validez del registro e incautación de una escopeta con los cañones recortados. Según Truitt, en ese caso la escopeta con los cañones recortados en sí misma daba cuenta de la probabilidad de su naturaleza delictiva. Para llegar a tal conclusión, sostuvo que la escopeta con los cañones recortados no es un arma comúnmente utilizada y consideró las circunstancias concomitantes al registro mediante orden. CC-2012-461 19

App. 1994). El foro apelativo intermedio de Florida sostuvo

lo siguiente:

In the present case, the discovery of the pistol was a lawful consequence of the authorized search which brought the pistol within the plain view of Officer Carroll. However, the incriminating character of the pistol was not immediately apparent to Officer Carroll because its defaced serial number could not be seen by the officer until he picked up the pistol and turned it over. In picking up the pistol and turning it over Officer Carroll extended the search beyond the scope permitted by the warrant.

Ray, en la pág. 696.20

Conforme a lo anterior, evaluemos entonces nuestro

ordenamiento estatutario respecto a las armas y la

aplicación del marco jurídico reseñado a los hechos de este

caso.

En Puerto Rico la Ley de Armas establece que el

Superintendente de la Policía “expedirá una licencia de

armas a cualquier peticionario” que cumpla con una serie de

requisitos. 25 L.P.R.A. sec. 456a. Entre éstos, ser

ciudadano de los Estados Unidos o residente legal de Puerto

Rico; haber cumplido veintiún (21) años de edad; tener un

certificado de antecedentes penales expedido no más de

treinta (30) días previo a la fecha de la solicitud; no ser

acusado o estar en proceso de juicio por violar la licencia

especial de armas largas y municiones; no ser ebrio

20 Conviene señalar que los casos anteriormente reseñados versan sobre evidencia obtenida a plena vista, sentido más confiable que el del tacto, como bien consideró el Tribunal Supremo federal en Dickerson. Dickerson, 508 U.S. en la pág. 376. CC-2012-461 20

habitual, adicto a sustancias controladas o haber sido

declarado incapaz mental por un tribunal; y presentar una

(1) declaración jurada de tres (3) personas que no tengan

relación de consanguinidad o afinidad con el peticionario

que atestigüen que el peticionario goza de buena reputación

en su comunidad; entre otros. 25 L.P.R.A. sec. 456a(a).

A su vez, la Ley establece que “[l]as armas de fuego

se podrán portar, conducir y transportar de forma oculta o

no ostentosa”. 25 L.P.R.A. sec. 456a(d)(1); véase además

Reglamento de la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000,

según enmendada, conocida como la “Ley de Armas de Puerto

Rico”, Reglamento de la Policía de Puerto Rico Núm. 7311 de

5 de marzo de 2008. En tal caso, el concesionario sólo

podrá portar un (1) arma de fuego a la vez. 25 L.P.R.A.

sec. 456a(d)(4). Por su parte, en la sección 458c de la

Ley de Armas se establece que para que una persona se

encuentre incursa en violación de dicha disposición se

requiere que la persona “transporte cualquier arma de

fuego. . .sin tener una licencia de armas, o porte

cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente

permiso para portar armas”. 25 L.P.R.A. sec. 458c. Es

decir, el elemento del delito requiere que (1) la persona

transporte un arma de fuego y (2) no tenga una licencia de

armas o un permiso para portar armas.

Si aplicamos las disposiciones de la Ley a los hechos

de este caso, notamos que al momento en que el agente

efectuó el registro sin orden judicial sobre la cartera del

señor Báez López, éste no pudo haber percibido CC-2012-461 21

inmediatamente la naturaleza delictiva del arma de fuego

incautada. La cartera estaba cerrada, y conforme a la Ley,

un arma de fuego mientras se porte o transporte de forma

oculta o no ostentosa, de su faz no constituye un delito. 21

De otra parte, al momento en que la agente palpó lo

que en su experiencia entendió era un arma de fuego, no

sabía si el señor Báez López poseía una licencia para

portar armas de fuego. Tampoco indagó o cuestionó al señor

Báez López para saber si éste tenía licencia para portar

armas de fuego cuando palpó lo que en su creencia era un

arma de fuego. No es hasta que el señor Báez López es

trasladado al hospital, tiempo después de que la agente

efectuara el registro sobre la cartera, cuando la agente

cuestionó al joven sobre el arma y éste le notificó que no

poseía licencia para portarla. Fue en ese momento en que

la agente advino en conocimiento de la naturaleza delictiva

del arma de fuego.

Cabe señalar que en Dickerson, a diferencia de este

caso, existía una sospecha individualizada sobre la persona

a raíz de un registro superficial conforme a Terry.

Adviértase que la incautación de armas mediante un registro

superficial bajo la doctrina de Terry se fundamenta en la

protección y seguridad de los agentes y no en que el arma

de su faz es un objeto ilegal. Esto es, debido a que

21 En relación a la expectativa de la intimidad sobre la cartera, como bien reconoce una mayoría de este Tribunal, no hay duda de que el señor Báez López tenía una expectativa de intimidad razonable reconocida por nuestra sociedad sobre ésta. Por tanto, no entraremos a la discusión sobre ese asunto. CC-2012-461 22

cuando un agente realiza un registro superficial autorizado

por Terry se tiene sospecha sobre la comisión de un delito

y el sospechoso pudiese estar armado, se permite que los

agentes verifiquen si la persona está armada y, en ese

registro, Dickerson permitió el registro de material

delictivo perceptible al tacto.22 Por tanto, la incautación

de un arma de fuego que después de un registro superficial

resulta ser ilegal está autorizada precisamente por el

registro sobre un sospechoso que autoriza Terry.

En este caso la cadena de eventos que concluyó en el

registro de la cartera se inició con un accidente de

tránsito. No estamos ante hechos en que hubiese una

sospecha individualizada sobre el señor Báez López o en una

investigación en curso sobre la posible comisión de un

delito. Tampoco podemos concluir que el agente se

encontraba ante una situación en que tuviese que velar por

su seguridad o su protección que lo incitara a tener que

registrar la cartera, esto mientras el señor Báez López

estaba siendo atendido por paramédicos. Valga señalar que

el señor Báez López, como bien reconoció la agente, estaba

consciente al momento en que registró la cartera. Es

decir, la agente pudo solicitar la autorización del señor 22 El Tribunal Supremo federal lo resumió de esta manera: “If a police officer lawfully pats down a suspect's outer clothing and feels an object whose contour or mass makes its identity immediately apparent, there has been no invasion of the suspect's privacy beyond that already authorized by the officer's search for weapons; if the object is contraband, its warrantless seizure would be justified by the same practical considerations that inhere in the plain view context”. Dickerson, 508 U.S. en la pág. 375-376. CC-2012-461 23

Báez López para abrir la cartera; pudo indagar al señor

Báez López sobre lo que en su creencia era un arma de

fuego; y más aún, pudo solicitar, conforme al mandato

constitucional, una orden de registro.

C

No obstante a lo anterior, hoy una mayoría sostiene

que procedía el registro de la cartera y la incautación del

arma de fuego por haberse cumplido los requisitos de la

excepción de evidencia obtenida mediante el tacto. Si bien

coincidimos en que el agente estaba autorizado a estar

donde estaba y advino en conocimiento de lo que en su

creencia y experiencia era un arma de fuego, entendemos que

al evaluar el requisito de que la naturaleza delictiva del

objeto surja inmediatamente por medio del sentido del

tacto, la mayoría va más allá del ámbito mínimo de

protección establecido por la jurisprudencia federal. En

otras palabras, en este caso la mayoría actúa en

contravención a lo resuelto por el Tribunal Supremo federal

en Dickerson. Y lo hace, no para reconocerle a un ciudadano

un marco más amplio de la protección constitucional bajo

nuestra Constitución  lo que sabemos es perfectamente

válido  sino que actúa para restringir los derechos más

allá de lo permitido en Dickerson. La mayoría se coloca al

margen de la Constitución de los Estados Unidos conforme a

lo interpretado por el foro judicial más alto de ese País.

Explicamos. CC-2012-461 24

Para la mayoría, a diferencia de lo establecido en la

jurisprudencia federal, basta con que el objeto sea un arma

de fuego para que se active la inmediatez de la naturaleza

delictiva del objeto. Sostienen que si un agente palpa lo

que aparenta ser un arma de fuego, ello es suficiente para

que proceda a realizar un registro sin orden judicial, a

pesar de que de su faz el agente no sabía ni pudo saber que

el arma se poseía ilegalmente; esto es, que la naturaleza

del objeto era delictiva.23 Es decir, palpar lo que en su

experiencia era un arma de fuego, la cual se encontraba

oculta dentro de una cartera, no es suficiente para que la

agente pudiese establecer, inmediatamente, la naturaleza

delictiva del objeto.

El criterio no es que el agente pueda identificar el

objeto como sostiene la mayoría, sino que pueda identificar

el objeto mediante el tacto y tenga la creencia inmediata

de que es un objeto ilegal. Precisamente en Dickerson, el

Tribunal Supremo federal puntualizó que “[r]egardless of

whether the officer detects the contraband by sight or by

touch, however, the Fourth Amendment's requirement that the

officer have probable cause to believe that the item is

contraband before seizing it ensures against excessively

speculative seizures”. Dickerson, 508 U.S. en la pág. 376.

Un arma de fuego en sí misma no se considera contrabando

pues, como señalamos, en nuestra jurisdicción, por ejemplo,

23 Particularmente, ante el arma incautada en este caso, una Smith & Wesson, calibre .40, cuya obtención no está sujeta a los requisitos, por ejemplo, para las armas de asalto, 24 L.P.R.A. sec. 456, y calibre comúnmente utilizado por portadores de armas de fuego en Puerto Rico. CC-2012-461 25

se permite su portación por cualquier ciudadano que cumpla

con ciertos criterios razonables de solicitud de portación,

siempre y cuando el arma se porte de manera oculta y no

ostentosa. Consecuentemente, no tenemos duda de que la

premisa inarticulada por la mayoría contraviene las

garantías mínimas establecidas en la jurisprudencia

federal, jurisprudencia que la mayoría cita con aprobación.

Adviértase que en la opinión mayoritaria no se

mencionan los fundamentos para sostener que basta con que

se palpe un arma de fuego para cumplir con los requisitos

de la excepción de evidencia obtenida mediante el tacto.

Sólo se menciona que la agente percibió un arma de fuego

dentro de una cartera y, según la mayoría, ese acto de por

sí basta para que se cumpla con el requisito de que la

naturaleza delictiva del objeto sea inmediata. Esta

premisa, sin más, parece estar fundamentada en la

determinación de este Foro en Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R.

684 (1982). Allí nos enfrentamos al planteamiento del

señor Héctor Gerardino Del Río, quien fue acusado de

portación ilegal de un arma de fuego, de que los agentes no

tenían motivos para arrestarlo ya que portar un arma de

fuego a plena vista no le da derecho a un agente de la

policía a intervenir con él. Del Río, 113 D.P.R. en la pág.

688. Al interpretar la Ley de Armas entonces vigente, la

Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, 25 L.P.R.A. secs. 411-

454 (derogada), sostuvimos que era innecesario la discusión

sobre este asunto ya que: CC-2012-461 26

[E]n la etapa del juicio, „[e]n casos de portación o posesión ilegal de armas de fuego el fiscal no viene obligado a probar que el acusado no tenía licencia con tal fin, cuando se ha alegado tal hecho en la acusación y se ha probado la portación o posesión del arma, ya que en ellos surge la presunción de portación ilegal y es al acusado a quien incumbe destruir tal presunción. Id. en las págs. 688-689. Para apoyar esta contención añadimos lo siguiente:

Es sumamente importante que mantengamos presente el hecho de que en nuestra jurisdicción la posesión y/o portación de un arma de fuego no es un derecho y sí un privilegio; en otras palabras, es una „actividad’ controlada o restringida por el Estado. Sobre este punto no hay que abundar mucho; ello surge con meridiana claridad de una simple lectura de las disposiciones de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada. 25 L.P.R.A. secs. 411-454. Del Río, 113 D.P.R. en la pág. 689.

Ahora bien, hay varios señalamientos que deben

realizarse sobre nuestros pronunciamientos en Del Río, 113

D.P.R. 684. En primer lugar, según los hechos en Del Río,

los agentes se ubicaron en el edificio donde pudieron

observar al señor Del Río tras recibir una llamada

telefónica que apuntaba a la posible captura de uno de los

prófugos más buscados en Puerto Rico. Cuando el señor Del

Río y un acompañante salieron del mismo edificio que

observaban los agentes, éstos se percataron de que tanto el

señor Del Río como su acompañante llevaban armas de fuego.

El señor Del Río y su acompañante procedieron a montarse en

un vehículo. Momentos después, los agentes se acercaron al

vehículo del señor Del Río, se identificaron como agentes

del orden público y solicitaron al señor Del Río que CC-2012-461 27

detuviera el vehículo. En ese instante, se le preguntó si

éste tenía licencia para portar el arma de fuego.

Cuando el señor Del Río aceptó que no poseía licencia

para portar armas de fuego, el agente le notificó que

estaba bajo arresto y procedió a realizar el registro. Por

estos hechos fue acusado de portación ilegal de armas de

fuego. Los hechos de Del Río claramente se distinguen de

los hechos en el caso ante nuestra consideración. En este

caso, la agente atendía un accidente de tránsito ordinario.

No es hasta que la agente llega al hospital que le preguntó

al señor Báez López si poseía licencia para portar armas de

fuego. En ese momento ya se había registrado la cartera

del señor Báez López. Tampoco la agente realizaba una

investigación sobre un sospechoso o la comisión de un

delito.

Además, en Del Río se interpretó la Ley de Armas

aprobada en el año 1951, Ley que fue aprobada a raíz de los

sucesos ocurridos el 30 de octubre de 1950 cuando se

intentó derrocar el gobierno mediante el uso de armas de

fuego. Informe P. de la C. 3447, Comisión de lo Jurídico

Penal de la Cámara de Representantes de Puerto Rico,

pág. 4. Por razón de los eventos ocurridos durante el

30 de octubre de 1950, esta legislación limitó

significativamente la posibilidad de que un ciudadano común

pudiese obtener una licencia para la portación armas de

fuego. En esencia, el Artículo 20 de la Ley limitaba el

uso de armas de fuego a un reducido número de funcionarios

de gobierno, entre éstos: los miembros de las fuerzas CC-2012-461 28

armadas, los miembros de la Policía y jueces y fiscales. 25

L.P.R.A. sec. 430 (derogada).

En caso de que un ciudadano interesara solicitar un

arma de fuego, sólo podía poseerla en su domicilio y si

demostraba, a juicio del tribunal, que estaba en peligro de

muerte o grave daño corporal. 25 L.P.R.A. sec. 431

(derogada). Por tanto, cobra particular importancia el

hecho de que en Del Río el arma estaba a simple vista, acto

que en sí mismo levantaba sospecha de la comisión de un

delito. Consecuentemente, se validó la evidencia incautada

percibida mediante el sentido de la vista. Según reseñado,

esto contrasta con la Ley de Armas vigente y los requisitos

para solicitar la portación de armas de fuego.

Desde entonces, al interpretar la Ley de Armas de

1951, este Tribunal ha repetido la norma establecida en Del

Río. Véase Rivera Pagán v. Supte. Policía de P.R., 135

D.P.R. 789 (1994); Pueblo v. Corraliza Collazo, 121 D.P.R.

244 (1988). No obstante, a partir de la aprobación de la

nueva Ley de Armas y del desarrollo en la jurisprudencia

federal sobre la portación y posesión de armas de fuego, no

nos hemos expresado sobre nuestros pronunciamientos en Del

Río.24

24 Cabe señalar que nuestros pronunciamientos en Del Río están sujetos a la evaluación y discusión de este Tribunal sobre las determinaciones recientes del Tribunal Supremo federal de reconocer el derecho de poseer y portar armas como uno fundamental, District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 (2008), y, posteriormente, extender la aplicabilidad de este derecho a los estados, McDonald v. Chicago, 561 U.S. 3025 (2010). Adviértase que en Del Río sostuvimos que en Puerto Rico poseer y portar un arma es un CC-2012-461 29

Somos del criterio que conforme a la Ley de Armas

vigente y la jurisprudencia federal citada en apoyo la

mera portación de un arma, transportada de forma oculta y

no ostentosa como establece la Ley, no crea de su faz una

presunción de ilegalidad o de contrabando, como parecía

crear la legislación anterior al momento en que decidimos

Del Río. Por tanto, no podemos avalar que la interpretación

sobre esta legislación descanse, sin análisis ulterior, en

nuestros pronunciamientos sobre una legislación derogada.

En particular, para determinar si en este caso se

establecieron las excepciones para realizar un registro sin

orden judicial, excepciones en las que subyace la

protección al derecho a la intimidad.

Por ejemplo, en Commonwealth v. Cruz, 459 Mass. 459

(2011), el Tribunal Supremo de Massachusetts, al evaluar la

evidencia incautada mediante una detención y registro de un

vehículo, sostuvo que, con la aprobación de la nueva

legislación que despenalizaba el consumo de una onza de

marihuana, y contrario a lo que había reconocido ese foro

previo a la nueva legislación, el olor a marihuana por sí

solo no era suficiente para generar los motivos fundados

para realizar un registro.

Por tanto, a pesar de que la posesión de más de una

onza continuaba siendo material delictivo, añadió que la

sospecha levantada debía ser sobre material delictivo y no

sobre una infracción civil. A tales fines, sostuvo que:

privilegio, no un derecho. Del Río, 113 D.P.R. en la pág. 689. CC-2012-461 30

Articulable facts, then, must demonstrate a suspicion that the defendant possessed more than one ounce of marijuana, because possession of one ounce or less of marijuana is not a crime. There are no facts in the record to support a reasonable suspicion that the defendant possessed more than one ounce of marijuana. Cruz, 459 Mass. en la pág. 469.

Por tanto, el más alto Foro de Massachusetts invalidó

el registro de la evidencia incautada. Coincidimos con los

criterios establecidos por el Tribunal Supremo de

Massachusetts al aplicarlos a la controversia de este caso

en que se percibe, sin más, la posesión de un arma de fuego

sin que se puedan articular hechos que conduzcan a alguna

sospecha sobre la utilización del arma de forma ilegal o

sobre la ausencia de licencia para portar el arma. En este

caso, la agente admitió que el registro surgió por la

“curiosidad” de haber percibido un arma de fuego. No tenía

sospecha alguna de que se había cometido un delito y no

tenía sospecha sobre si el señor Báez López tenía o no

licencia para portar la misma.

En suma, la decisión de una mayoría de este Tribunal

cede ante el poder policiaco del Estado25 para realizar un

registro sin orden judicial dejando en rezago el valor

conferido por nuestros constituyentes al derecho a la

intimidad. En el proceso, no sólo prescinde de la

protección de factura más ancha al derecho a la intimidad

25 Poder que en palabras de Giorgio Agamben “is the site where the contiguity if not the constitutive exchange between violence and law characterizes the figure of the sovereign is visible in all its nakedness”. Giorgio Agamben, The Sovereign Police, The Politics of Everyday Fear 61 (1993). CC-2012-461 31

que establece nuestra Constitución, que hoy es letra

muerta, sino que al adoptar la doctrina de evidencia

incautada mediante el tacto, restringe el ámbito mínimo de

protección que establece la jurisprudencia federal,

colocándose al margen de la propia Constitución federal.

Por tanto, con mucho pesar disiento del curso seguido por

una mayoría de este Tribunal. En su lugar, hubiese

confirmado la determinación de los foros inferiores y

suprimiría la evidencia incautada.

El dictamen de hoy me obliga a esta última reflexión.

En los últimos años, Puerto Rico ha sido testigo de un

vertiginoso aumento en la criminalidad especialmente en la

comisión de delitos graves con armas de fuego. Hace apenas

un (1) año se trató de enmendar la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico para limitar el derecho

constitucional a la fianza, como mecanismo para reducir la

criminalidad. No es un secreto, el sentido de inseguridad

profunda que aqueja a la inmensa mayoría de los ciudadanos

de este País. Todo aquello que nos hace sentir más

tranquilos, más seguros, le damos la bienvenida. Aunque en

ocasiones sin embargo, ciegamente.

“Buscamos seguridad. La necesitamos. Vivir sin

seguridad es difícil. Vivir exclusivamente para ella es

peligroso. . . .[N]o hemos de olvidar que la seguridad ha

de estar al servicio de la libertad y no la libertad

supeditada a la seguridad. . . .Entre el miedo y la

necesidad, la seguridad habría de ser un aliado. Ahora

bien, más parece que no pocas veces sobre ese miedo se CC-2012-461 32

sustenta una desmedida consideración de la seguridad, que

se ofrece como coartada del inmovilismo o de la

delimitación o eliminación de los derechos individuales”.

Ángel Gabilondo, Seguramente, en El País, disponible en

http://blogs.elpais.com/el-salto-del-angel/2012/08/

seguramente.html (última visita 5 de diciembre de 2013)

(énfasis en el original). Como bien dijo Benjamín

Franklin: “aquellos que sacrifican la libertad por

seguridad no merecen tener ninguna de las dos”. Id.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada