EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario Apelación v. 2006 TSPR 87 Jaime Soto Soto 168 DPR ____ Recurido
Número del Caso: CC-2003-472
Fecha: 22 de mayo de 2006
Tribunal de Apelaciones:
Circuito Regional IV de Aguadilla y Mayagüez Panel I
Juez Ponente:
Hon. Roberto L. Córdova Arone
Oficina del Procurador General:
Lcda. Lisa M. Durán Ortiz Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Dixon Cancel Mercado
Materia: Artículo 401, 404, 412 Sustancias Controladas
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
v.
Jaime Soto Soto CC-2003-472
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo 2006
En esta ocasión tenemos la oportunidad de
dilucidar si la entrada de un agente del orden
público a un camino vecinal de carácter privado para
realizar unas gestiones de vigilancia, en las que
utilizó unos binoculares, constituyó un registro
irrazonable en violación de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
I
El 1ro de mayo de 2001, el agente Joel Soto
Ramírez recibió una confidencia anónima en la que se
indicó que el Sr. Jaime Soto Soto, residente del Bo.
Espino de Añasco, continuaba vendiendo sustancias
controladas desde su residencia. El informante CC-2003-742 2
describió físicamente al sospechoso y la ubicación de su
residencia. En específico, informó que el sospechoso
“continuaba viviendo en la misma residencia que está
ubicada al pasar el negocio el Arcoiris, la primera entrada
a la izquierda entre dos casas pintadas de color crema.”
Ese mismo día, alrededor de las 1:30 de la tarde, el agente
Soto Ramírez se personó al lugar indicado. En su
declaración jurada señaló que se retiró sin ser detectado y
dos horas más tarde regresó.
Una vez en el lugar, el agente se ubicó en el camino
vecinal bajo un árbol de almendro desde donde tenía plena
visibilidad del frente de la residencia. Allí permaneció
en un vehículo oficial, no identificado. Según el agente,
comenzó una vigilancia discreta utilizando unos binoculares
de su propiedad. Alrededor de las 4:20 de la tarde observó
que llegó a la residencia un joven montado sobre un
caballo. Éste se desmontó del mismo y caminó hacia la
puerta de la casa. Del interior de la misma salió el
sospechoso y, estando ambos fuera de la residencia, el
agente presenció una transacción de drogas.
Al día siguiente, el agente Soto Rivera volvió a la
vecindad de la residencia del recurrido para continuar con
su investigación. Ese mismo día, y poco después del
mediodía, el agente se situó en el mismo lugar del día
anterior, a unos 100 a 150 pies de distancia de la
residencia del sospechoso. Estando situado en ese lugar
observó mediante el uso de binoculares dos transacciones de CC-2003-472 3
drogas que se efectuaron frente a la marquesina de la
residencia del sospechoso.
El agente Soto Rivera prestó declaración jurada sobre
estos hechos. En virtud de la misma, el Tribunal de
Primera Instancia expidió una orden para allanar la
residencia del recurrido el 8 de mayo de 2001. El
allanamiento se realizó el siguiente 11 de mayo y producto
del mismo se ocuparon sustancias controladas.1
Posteriormente, se presentaron las acusaciones
correspondientes.
Oportunamente, el acusado solicitó la supresión de la
evidencia incautada. En específico, alegó que las
gestiones investigativas que realizó el agente Soto
Ramírez, cuyo resultado dio base para la expedición de la
orden de allanamiento, constituyeron un registro e invasión
a su privacidad. Ello, por razón de que el lugar desde el
cual se realizaron las mismas era propiedad privada y el
agente no tenía autorización para estar allí. Alegó,
además, que la orden de allanamiento se obtuvo mediante una
declaración jurada falsa y estereotipada. El Ministerio
Público replicó a la moción de supresión de evidencia y
expresó que las observaciones fueron hechas fuera de la
residencia del peticionario, en un lugar público.
1 Según el testimonio de los agentes, cuando éstos se disponían a diligenciar la orden de allanamiento en la casa del señor Soto Soto, éstos se percataron de que se estaba realizando una transacción de drogas frente a la residencia. En consecuencia, arrestaron también al señor Jaime Soto Castro, José Vázquez y José Colón. CC-2003-472 4
A solicitud de la defensa, el Tribunal de Primera
Instancia realizó una inspección ocular del lugar de los
hechos. El tribunal consignó que se trataba de un
vecindario rural que se compone de siete a ocho casas a las
cuales se tiene acceso por dos entradas. La calle está
asfaltada, aunque en malas condiciones y la entrada de la
calle estaba precedida por unas cadenas. El tribunal
describió que las casas estaban bastante cerca una de las
otras y el árbol de almendro ubica en un área visible.
Posteriormente, el tribunal celebró la correspondiente
vista de supresión de evidencia. En la misma, el señor
Soto Soto testificó que su residencia está enclavada en una
finca privada perteneciente a su familia, la cual es
compartida por siete casas adicionales. El agente Soto
Ramírez declaró que tras recibir la confidencia se dirigió
al lugar de referencia y entró al mismo por una calle
vecinal. Sostuvo que cuando realizó sus gestiones
investigativas no existían las referidas cadenas o alguna
otra señal que indicara que el área era privada. Afirmó,
también, que desconocía que los vecinos del lugar fueran
miembros de una misma familia.
Asimismo, el sargento Luis Carrero, de la división de
drogas de Mayagüez, testificó que conocía el lugar y que
anteriormente se habían efectuado vigilancias dentro del
vecindario y nunca había visto signos que indicaran que el
área fuese privada. Además, se presentó prueba de que en
el área se hace recogido de basura y el camino tiene postes CC-2003-472 5
de alumbrado y líneas eléctricas.2 El Ministerio Público,
al igual que la defensa, sometieron en evidencia sendas
fotografías del vecindario donde ubica la residencia del
recurrido.
Luego de aquilatar la prueba, el Tribunal de Primera
Instancia declaró no ha lugar la moción de supresión de
evidencia presentada por el acusado. En su resolución, el
foro de primera instancia dio entero crédito al testimonio
del agente Soto Ramírez quien al hacer las vigilancias
creía de buena fe que el lugar era público. Dicho foro
estableció, además, que el testimonio del agente no fue
controvertido en su esencia y que de la inspección ocular
que se realizó se pudo corroborar que tal testimonio era
creíble y físicamente posible.
Inconforme, el señor Soto Soto acudió ante el antiguo
Tribunal de Circuito de Apelaciones.3 En la sentencia
dictada el foro apelativo concluyó que el Tribunal de
Primera Instancia erró al denegar la moción de supresión de
evidencia. El foro intermedio basó su decisión en los
siguientes fundamentos, a saber, que: (a) la vigilancia
2 En la vista de supresión de evidencia testificaron también los agentes Manuel Caraballo Vázquez y José L. Chaparro, quienes declararon sobre el diligenciamiento de la orden de allanamiento; Milton Acosta Ortiz, quien practicó las pruebas de campo; y la químico Mabel Ruiz. 3 Mediante sentencia del 5 de septiembre de 2002, el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones desestimó el recurso presentado por falta de jurisdicción. El 6 de marzo de 2003 revocamos el referido dictamen mediante sentencia y devolvimos los autos al foro apelativo intermedio para la continuación de los procedimientos. CC-2003-472 6
mediante binoculares realizada dentro de la propiedad del
acusado, sin autorización de éste o de alguna otra persona
con la legitimación para concederla, es de por sí una
invasión a la intimidad y un registro ilegal; y, (b) el uso
de binoculares para observar la residencia del acusado
constituyó un registro per se para lo cual se carecía de
orden, por lo que la información obtenida mediante tal
mecanismo también se obtuvo de manera ilegal y debía
suprimirse.
El tribunal intermedio apelativo sostuvo que el
recurrido tenía una expectativa razonable de intimidad
sobre el lugar por lo que el agente Soto Soto necesitaba
autorización de la familia o una orden judicial para entrar
a la propiedad privada y realizar su investigación.
Inconforme con tal determinación, el Procurador
General acudió ante nosotros mediante un recurso de
certiorari y señaló la comisión de dos errores.4
4 Los errores señalados fueron:
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al darle excesiva importancia al supuesto carácter privado y la alegada presencia de cadenas en la entrada del camino desde el cual el agente investigador prestó investigación y determinar en consecuencia que su intervención fue injustificada e irrazonable, ello a pesar de que el Ministerio Público demostró mediante fotos que no existía tal expectativa a la intimidad cuando el camino vecinal privado tiene libre acceso al público en general, y que estas cadenas no estuvieron mientras se realizó la vigilancia y el posterior diligenciamiento de la orden de allanamiento, según lo declarado por el agente del orden público, el cual le mereció entero crédito al Tribunal de Primera Instancia.
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al declarar con lugar la supresión de evidencia bajo CC-2003-472 7
Oportunamente expedimos el auto solicitado. Ambas partes
han comparecido por lo que estamos en posición para
resolver y pasamos a así hacerlo.
II
Nuevamente nos debemos dar a la tarea de lograr el
debido equilibrio entre dos importantes intereses que
convergen en nuestra sociedad y suelen colisionar entre sí.
Por un lado, la garantía individual contra registros y
allanamientos irrazonables producto de los conceptos de
libertad y dignidad inherentes al ser humano5, y el deber
_________________________ el fundamento equivocado de que el Tribunal de Primera Instancia no dirimió la credibilidad del agente investigador, cuando en la Resolución del Tribunal de Primera Instancia, éste concluyó enfáticamente que los testimonios de los agentes fueron creíbles y físicamente posibles. Particularmente, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el testimonio del agente investigador no fue controvertido por testimonio alguno o evidencia del acusado. Tampoco se impugnó la credibilidad de éste. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al no descartar el testimonio del agente Soto Ramírez. 5 En el Art. II, Sec. 10, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone lo siguiente:
No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables. [...] Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación... Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.
En Puerto Rico, la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables surge además del Art. II, Sec. I de la Constitución que declara la inviolabilidad de la dignidad del ser humano y del Art. II, Sec. 8 que expresamente dispone que “toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su CC-2003-472 8
del Estado de combatir y prevenir la criminalidad
procurando una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.
Al efectuar este fino balance debemos adoptar
criterios claros que permitan reconciliar los intereses
involucrados sin perder de vista los valores enraizados en
nuestro pueblo, y sin procurar interpretaciones que se
erijan como obstáculos a la labor del Estado en su lucha
contra el crimen. Véase, Pueblo v. Muñoz Santiago, 131
D.P.R. 965 (1992); Pueblo v. Pérez Pérez, 115 D.P.R. 827
(1984). Después de todo, los Constituyentes indicaron de
modo expreso y claro que las garantías constitucionales
como el derecho a la intimidad, "[tienen] su límite en la
conducta criminal." 4 Diario de Sesiones de la Convención
Cosntituyente, págs. 2567-2568. Véase además, Pueblo v.
Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 361 (1995); Pueblo v.
Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988).
En el presente caso, el recurrido sostiene que procede
suprimir la evidencia incautada por cuanto el lugar desde
donde el agente observó la alegada transacción ilegal de
drogas era propiedad privada y éste no estaba autorizado a
estar en ese lugar, por lo que sus observaciones
constituyen un registro irrazonable. Consiguientemente, no
procedía expedir una orden de registro y allanamiento a
base de las mismas. Sostiene además que la utilización de
unos binoculares para observar hacia su residencia
_________________________ honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.” Véase, E. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, T. I, Vol. I, Forum, 1991, pág. 408. CC-2003-472 9
constituyó, per se, un registro irrazonable. El Tribunal
de Apelaciones avaló la posición del recurrido.
El Procurador General por su parte, sostiene que no
se violó la protección constitucional toda vez que el
recurrido no tenía una expectativa razonable de intimidad
respecto el camino vecinal desde donde el agente hizo sus
observaciones, a pesar de la naturaleza privada de dicha
área, toda vez que el lugar específico donde se ubicó el
agente debe considerarse campo abierto y no parte de las
inmediaciones o curtilage de la residencia del recurrido.
Planteada la controversia bajo estos términos, pasemos
a analizar la misma.
III
A.
La protección contra registros e incautaciones
irrazonables protege a las personas y no a los lugares.
Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 147 D.P.R. 433, 440 (1999). El
alcance de la protección constitucional dependerá de si la
persona afectada alberga subjetivamente una expectativa
legítima de intimidad en un lugar y es razonable que
abrigue tal expectativa. Ello constituye la piedra de
toque de esta doctrina constitucional. Pueblo v. Bonilla
Bonilla, 149 D.P.R. 318 (1999). Véase además, California
v. Ciraolo, 476 U.S. 207, 211 (1986); Katz v. United
States, 389 U.S. 347, 360 (1967) (Harlan, J., Op.
Concurrente).
En este análisis hay que determinar si las acciones de
la persona afectada demuestran inequívocamente “la CC-2003-472 10
intención de alojar dicha expectativa.” Pueblo v. Ortiz
Rodríguez, 147 D.P.R. 433, 442 (1999). Y, además, si bajo
las circunstancias del caso en particular es razonable
socialmente tener tal expectativa. Loc. cit. En Oliver v.
United States, 466 U.S. 170, 181-183 (1984), el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos definió esta última
interrogante de la siguiente manera: “The test of
legitimacy is not whether the individual chooses to conceal
assertedly ‘private’ activity [but instead] whether the
government’s intrusion infringes upon the personal and
societal values protected by the Fourth amendment.”
Véase, E. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y
Estados Unidos, Forum, 1991, T. I, Vol. I, pág. 345.
El interior del hogar es, sin duda, la zona sobre la
cual una persona legítimamente tiene la mayor expectativa
de intimidad.6 Entrelazado a este núcleo de protección se
encuentra el área circundante al hogar, lo que se conoce en
la doctrina como la inmediación o curtilage. Así, en
Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1992), sostuvimos
que la protección contra registros y allanamientos
6 Hay que acotar sin embargo, que aun cuando existe una expecativa razonable de intimidad en el hogar o sus inmediaciones, ello no quiere decir que tal área está cobijada por un manto de total inmunidad a la observación casual u ordinaria que pueda hacer un agente del orden público. E.g., California v. Ciraolo, 476 U.S. 207, 213(“The Fourth Amendment protection of the home has never been extended to require law enforcement officers to shield their eyes when passing by a home on public thoroughfares.”) Después de todo, lo que se expone a la vista públicamente aunque sea en el hogar, no está protegido por la prohibición constitucional contra registros y allanamientos irrazonables. CC-2003-472 11
irrazonables se extiende más allá de una residencia para
incluir la zona contigua a ésta. Esta zona protegida
comprende, “la zona contigua a la casa, compuesta por el
terreno y las estructuras accesorias.” Rivera Colón, 128
D.P.R. pág. 683. Esta área goza de protección
constitucional porque se estima que a ella se extiende la
actividad íntima del hogar y de la persona, por lo que debe
considerarse parte de la residencia para efectos de la
prohibición contra registros y allanamientos irrazonables.
Pueblo v. Ortiz Rodríguez, ante, pág. 444. Véase además,
Oliver v. United States, ante, pág. 180 (“curtilage is the
area to which extends the intimate activities associated
with the sanctity of a man´s home and the privacies of life
and therefore has been considered part of the home itself
for Fourth Amendment purposes.”)7
Sin embargo, esta protección no es extensiva a las
zonas que se encuentran fuera del curtilage, es decir, las
que forman parte del campo abierto, ya que a esta área no
se extienden aquellas actividades íntimas del individuo que
están protegidas de intromisión por parte del Estado y sus
agentes. Rivera Colón, ante. Véase por ejemplo, Oliver
7 Históricamente, el concepto de curtilage se extrapoló a la jurisprudencia de la Enmienda Cuarta de la Constitución de los Estados Unidos, del delito de robo domiciliario del Derecho Común Anglosajón. Blackstone señala: “And if the barn, stable or warehouse, be parcel of the mansion house, though not under the same roof or contiguous, a burglary may be committed therein; for the capital house protects and privileges all its branches and appurtenants, if within the curtilage or the homestall.” Blackstone, 4 Commentaries on the Laws of England, 225. Ciertamente, en la Inglaterra del Siglo XVIII era relativamente sencillo identificar el curtilage porque era colineal con la verja que rodeaba la mayoría de las viviendas. CC-2003-472 12
ante, pág. 177 (1984)(“the government´s intrusion unto the
open fields is not one of those ‘unreasonable searches’
proscribed by the text of the Fourth Amendment.”); Hester
v. United States, 265 U.S. 57, 59 (1924)(“the special
protection accorded by the Fourth Amendment to the people
in their ‘persons, houses, papers, and effects’ is not
extended to the open fields. The distinction between the
latter and the house is as old as the common law.”)
De ordinario entonces, observaciones hechas por unos
agentes del orden público desde fuera del curtilage de
actividades o eventos que se desarrollen en el curtilage,
no está prohibida por la Constitución. Aunque ciertamente,
ello no implica que toda observación pase el crisol
constitucional. Véase discusión infra.
En Rivera Colón, ante, reconocimos que puede ser
difícil determinar hasta dónde se extiende el área
circundante o curtilage. Entendido el contexto de donde
proviene el concepto curtilage, es natural la dificultad
que el mismo entraña a la hora de delimitar su extensión.
Como resultado de esta dificultad hemos sido reacios a
adoptar una línea de demarcación específica para el
curtilage.8 Así, en Rivera Colón, ante, citando con
8 Sobre esta dificultad se ha señalado: “The problem with curtilage is partially an architectural one. England´s landscape architecture is different from America´s landscape, making it difficult for our courts to translate the curtilage doctrine into the America context.” Peters, Fourth Amendment Yard Work: Curtilage´s Mow-Line Rule, 36 Stan. L. Rev. 943, 963 (2004). Véase además, Wright v. State, 77 S.E. 657, 658 (Ga. Ct. App. 1913)(“it was unfortunate that this term ‘curtilage’, found in the English statutes defining the offense of burglary, and CC-2003-472 13
aprobación el estándar cuatripartito enunciado en United
States v. Dunn, 480 U.S. 294 (1987), sostuvimos que para
determinar si un lugar puede ser considerado como parte del
curtilage hay que sopesar los siguientes factores: (1)
proximidad a la residencia de la zona reclamada como
curtilage, si está muy próxima es mucho más probable que el
área sea considerada como tal; (2) si el área se encuentra
dentro de los linderos de la casa; (3) la naturaleza y uso
de la zona; y (4) las medidas adoptadas por el residente
para protegerla de observaciones que puedan hacer los
transeúntes que por allí pasan. Véase también, Pueblo v.
Meléndez Rodríguez, 136 D.P.R. 587 (1994). Hemos señalado
que estos factores deben analizarse conjuntamente pues
ninguno de ellos por si sólo resulta determinante. Pueblo
v. Bonilla, ante, págs. 330-331. Véase, Lawrence,
Curtilage or Open Fields?: Oliver v. United States Gives
Renewed Significance to the Concept of Curtilage in Fourth
Amendment Analysis, 46 U. Pitt. L. Rev. 795 (1985)
Al aplicar los criterios antes mencionados a los
hechos de este caso concluimos que el lugar donde se
encontraba el agente de la policía no formaba parte del
curtilage de la residencia del acusado. Primeramente, el
lugar donde se apostó el agente para hacer su observación
--el camino vecinal-- quedaba a una distancia de
_________________________ which applies to the dwelling and the houses surrounding the dwelling-house in England, should have been perpetuated in the statutes of different States; for the term is not strictly applicable to the common disposition of enclosures and buildings constituting the homestead of the inhabitants of this country.”) CC-2003-472 14
aproximadamente 100 pies de la residencia del acusado.
Segundo, ésta es un área abierta donde, debido a la
configuración de los lotes de terreno, no se pueden
delimitar los linderos de los lotes. Ello así, entre otras
razones, debido a que las residencias que allí ubican no
están cercadas.
Finalmente y conforme se desprende de las fotografías
admitidas en evidencia y del acta de inspección ocular
levantada por el Tribunal de Primera Instancia, el balcón o
marquesina donde, alegadamente, se llevaron a cabo las
transacciones de drogas es un área abierta. No hay duda
que todo lo que ocurra en el balcón o la marquesina puede
ser visto por terceros desde las casas cercanas, los patios
de éstas, o el camino asfaltado desde donde se hicieron las
observaciones.
Al analizar en conjunto todos los criterios
identificados en Rivera Colón, forzosamente debemos
concluir que el lugar desde donde el agente Soto Ramírez
hizo sus observaciones no formaba parte del curtilage de la
residencia del señor Soto Soto. Por el contrario, dicha
área se encuentra en lo que se conoce como el campo abierto
por lo que de ordinario, las observaciones hechas desde
esta área no están sujetas a la prohibición constitucional.
B
La doctrina de campo abierto se refiere a aquellas áreas
con carácter privado que están fuera de las inmediaciones de
la residencia o terreno circundante que de ordinario están
accesibles al público y que por tal accesibilidad no están CC-2003-472 15
cobijadas por una protección constitucional. Pueblo v.
López, 129 D.P.R. 287 (1991); Hester v. United States, 265
U.S. 57 (1924); Oliver v. United States, ante, pág. 684.
Véase, Note, Curtilaqe or open fields? Oliver v. United
States gives renewed significance to the concept of Curtilage
in Fourth Amendment Analysis, 46 U. Pitt. L. Rev. 795 (1985).
Es decir, son aquellas áreas que por su accesibilidad al
público, no constituyen el escenario idóneo para la ejecución
de actividades íntimas en sí mismas. Oliver v. United
States, ante, pág. 179.
En United States v. Dunn, ante, pág. 304 el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos al validar las observaciones
hechas por unos policías quienes se encontraban fuera del
curtilage pero dentro de la propiedad privada del acusado,
sostuvo: “[T]here is no constitucional difference between
police observations conducted while in a public place and
while standing in the open fields.” (Énfasis nuestro.)
Antes bien, aun cuando este lugar no forma parte del
curtilage y sí del campo abierto, debemos de evaluar si, a
la luz de los hechos del caso, la observación del agente
Soto Ramírez viola alguna expectativa de intimidad
razonable del acusado. Éste arguye en la afirmativa bajo
el fundamento que el lugar desde donde se efectuaron las
observaciones era propiedad privada y el agente no estaba
autorizado a entrar al mismo, por lo que el registro fue
irrazonable.
IV CC-2003-472 16
En el caso de autos donde la observación se hizo desde
el campo abierto la pregunta que debemos formularnos es si
la intromisión del Estado infringe los valores personales y
sociales de intimidad protegidos por la prohibición
constitucional.
Para definir qué constituye una razonable expectativa
de intimidad en este contexto debemos considerar los
siguientes siete factores: el lugar registrado o allanado;
la naturaleza y grado de intrusión de la intervención
policíaca; el objetivo o propósito de la intervención; si
la conducta de la persona indicaba una expectativa
subjetiva de intimidad; la existencia de barreras físicas
que restrinjan la entrada o la visibilidad al lugar
registrado; la cantidad de personas que tiene acceso
legítimo al lugar registrado; y, las inhibiciones sociales
que se relacionen con el lugar registrado. Pueblo v.
Meléndez Rodríguez, 136 D.P.R. 587, 605 (1994); Rivera
Colón, ante. Véase además, Katz, ante.
De entrada, hay que señalar que el hecho de que el
camino donde se apostó el agente Soto Ramírez fuera privado
no es, por sí solo, determinante en esta discusión. Como
ya señalamos, la protección constitucional contra registros
y allanamientos irrazonables protege personas y no lugares.
La doctrina que postulaba que los intereses propietarios
eran determinantes a la hora de evaluar una actuación del
Estado a la luz de esta prohibición constitucional está ya
desacreditada. Katz, ante, págs. 351-352 y casos allí
citados. Véase, Rakas v. Illinois, 439 U.S. 128, 144 n. 12 CC-2003-472 17
(1978)(“even property interest in premises may not be
sufficient to establish a legitimate expectation of privacy
with respect to particular items located on the premises or
activity conducted thereon.”) Véase además, United States
v. Hatfield, 333 F.3d 1189, 1999 (10th Cir. 2003)(“‘The fact
that the officers trespass onto private property does not
transform the actions into a search within the meaning of
the fourth amendment’ . . . [T]hat a state may have chosen
to protect the property interests of its citizens by making
trespass a crime . . . does not affect the analysis of a
person’s Fourth Amendment.”); Commonwealth v. Simmons, 466
N.E.2d 85 (Mass. 1984).
En el presente caso, el agente entró a las
inmediaciones del lugar donde ubica la casa del imputado
por uno de los dos caminos que existen en ese barrio.9
Ubicó allí su auto y desde su interior, utilizando los
binoculares, hizo las observaciones que dieron base a la
orden de allanamiento expedida. El camino es uno accesible
y abierto al público en general y el mismo se encuentra
asfaltado. No había en dicho lugar ningún letrero que
indicara que el lugar era uno privado y por lo tanto se
prohibía la entrada. Tampoco existen barreras naturales
que dificulten el acceso al lugar donde se ubicó el agente
Soto Ramírez. Además, desde dicho lugar se podía observar
9 Hay que apuntar sin embargo, que aun cuando hablamos de dos caminos, lo cierto es que según se desprende de las fotografías sometidas en evidencia por el Ministerio Público, una persona puede tener acceso al área de la residencia del recurrido así como al área desde donde se hicieron las observaciones, por distintos lugares ya que este lugar es abierto. CC-2003-472 18
sin restricción alguna y con completa visibilidad la
marquesina y el balcón de la residencia del acusado.
El camino se utiliza por el municipio para el recogido
de basura así como también es utilizado por la Autoridad de
Energía Eléctrica. Sirve de acceso a varias otras
residencias que allí ubican, así como a terceros que estén
de visita a esas casas. Lo cierto es que toda persona que
tenga una razón legítima para entrar al área donde ubica la
residencia del recurrido puede utilizar el camino para
acceder al lugar. Siendo ello así, los agentes del orden
público que estén en gestiones legítimas de investigación
tienen también el mismo derecho a utilizar el camino
asfaltado.
En este caso, el agente Soto Ramírez se encontraba
investigando una confidencia legítima en la que se daba
parte de actos ilícitos en la vecindad, entró al lugar a
través del referido camino el cual permitía el libre
acceso, por lo que, ante este cuadro, podía observar todo
lo que ocurriese a plena vista.
En United States v. Roberts, 747 F.2d 537, 541-542 (9th
Cir. 1984) los agentes penetraron a un camino privado,
obervaron unas actividades delictivas y procedieron a
arrestar a varias personas y a ocupar cierta evidencia. El
camino en Roberts era uno compartido por los residentes de
las restantes cinco residencias del área y al mismo era de
libre acceso. El tribunal resolvió que los agentes del
orden público en el curso de una investigación criminal
pueden entrar en áreas residenciales que expresamente estén CC-2003-472 19
accesibles al público o que implícitamente estén abiertas a
visitantes casuales.10 Específicamente se indicó:
A shared unobstructed road is incongruent with the common law concept of the curtilage . . . Used in common with residents of five other houses, the private road is only a means to reach the public road. The private road does not provide the setting for intimate activities of home life. The activities conducted on a road –-driving a car, riding a bike, or walking -—are impersonal, public activities. Moreover, the road is easily accessible to utility companies and police and fire departments and it is reasonable to assume that the residents would expect these public agencies to use the road in performing their services.
Concluimos por lo tanto que, a la luz de los hechos
particulares en este caso, los agentes del orden público
podían válidamente estar en el camino vecinal y desde allí
observar la residencia del recurrido. El agente Soto
Ramírez una vez logró acceso al lugar, circunscribió su
vigilancia a aquellas áreas que están abiertas al
escrutinio físico o visual de cualquier visitante que
estuviera en el lugar. Ciertamente, quien realiza
actividades que están accesibles al escrutinio físico o
visual de un transeúnte o visitante casual, no puede
reclamar expectativa razonable de intimidad acerca de las
mismas.
Lo cierto es que el acusado no tomó precaución alguna
para mantener en privado las actividades que efectuaba en
la marquesina y balcón de su casa. Quien desee mantener en
10 Véase, People v. Edelbacher, 766 P.2d 1 (1989); Commonwelth v. Simmons, 466 N.E.2d 85 (1984); Mitchell v. State, 792 So.2d 192 (Miss. 2001); State v. Pinkham, 679 A.2d 589 (1996 CC-2003-472 20
secreto una operación de venta ilegal de drogas no puede
llevar a cabo sus transacciones a plena vista de terceros.
Lejos de albergar una expectativa de intimidad quien así
actúa, asume el riesgo que su operación sea descubierta por
agentes del orden público. La protección contra registros
y allanamientos irrazonables no se puede invocar como
gracia divina para salvaguardar al que viole la ley a plena
vista y al alcance del que quiera ver u oir. La Carta de
Derechos de la Constitución es áncora de libertad no
dispensador de inmunidad.
Por tanto, las observaciones realizadas por el agente
Soto Ramírez desde el camino vecinal que dieron base para
solicitar la orden de allanamiento no configuraron una
violación a la garantía constitucional contra registros y
allanamientos irrazonables.
V
En el caso de autos existe un elemento adicional que
amerita nuestra atención, nos referimos al uso de
binoculares por el agente Soto Ramírez en su observación de
la residencia del recurrido. Como indicamos anteriormente,
el recurrido reclamó que la utilización de los mismos
constituye, per se, un registro irrazonable.
Hasta ahora, no habíamos tenido oportunidad de evaluar
si la utilización de artefactos tecnológicos, en este caso
binoculares, varía o incide en el análisis relacionado con
la prohibición constitucional contra registros y
allanamientos irrazonables. CC-2003-472 21
Al sopesar el planteamiento ante nuestra
consideración, partimos de la premisa de que el análisis
aplicable es el de expectativa razonable de intimidad que
hemos utilizado para determinar si se ha infringido la
norma constitucional que prohíbe los registros y
allanamientos irrazonables. Además, pesa en nuestro ánimo
que el artefacto utilizado en este caso como técnica
investigativa es un binocular, aditamento que está
fácilmente accesible y disponible al público en general.
E.g., Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001). Tan es
así, que el utilizado en este caso era propiedad del propio
agente.
En la discusión que antecede concluimos que el
recurrido Soto Soto no podía albergar razonablemente una
expectativa de intimidad por lo que no se configuró un
registro irrazonable. El hecho de que el agente utilizara
unos binoculares, como ayuda en su observación, no varía el
resultado al que llegamos. La observación hecha con los
binoculares es la misma observación que se podía efectuar
sin la ayuda de éstos, pues la alegada transacción estaba
efectuándose en un lugar a plena vista de terceros y podía
observarse fácilmente desde donde se encontraba el agente.
La utilización de instrumentos como los binoculares
sirven para preservar la confidencialidad de la
investigación en la medida que dificultan que se detecte la
presencia del agente del orden público. Además, es un
instrumento que contribuye a proteger la seguridad del
agente que lleva a cabo la investigación. Estimamos que la CC-2003-472 22
utilización de unos binoculares como técnica investigativa
en los albores del Siglo XXI, no ofende los estándares de
intimidad que nuestra sociedad estima.
El profesor LaFave en su tratado, W. LaFave, Search
and Seizure: A Treatise on Fourth Amendment, Thomson –
West, 4ta ed., vol. 1, 2004, sec. 2.2(c), pág. 472, avala
el análisis antes descrito e indica:
Under this particular balancing of privacy and law enforcement interests, it is submitted, Fourth Amendment restrictions should not be imposed when the police have done no more than: (1) use binoculars to observe more clearly or carefully that which was into the open and thus subject to some scrutiny by the naked eye from the same location; or (2) use of binoculars to view at a distance that which they could have lawfully observed from closer proximity but for their desire not to reveal the ongoing surveillance. When this is the nature of the police conduct vis-à-vis evidence or conduct located in the open, the assistance provided by the binoculars should no be characterized as a search.
Véase en igual sentido, People v. Clark, 350 N.W.2d 754
(Mich. 1984); United States v. Lace, 669 F.2d 46 (2d Cir.
1982); United States v. Minton, 488 F.2d 37 (4th Cir. 1973);
United States v. Grimes, 426 F.2d 706 (5th Cir. 1970).
Véase además, Henderson, Nothing New Under the Sun? A
Technologically Rational Doctrine of Fourth Amendment
Search, 56 Mercer L. Rev. 507 (2005); Thueson, Fourth
Amendment Search –Fuzzy Shades of Gray: The New “Bright-
Line” Rule in Determining when the use of Technology
Constitutes a Search, 2 Wyo. L. Rev. 9 (2002); Marks,
Telescopes, Binoculars, and the Fourth Amendment, 67
Cornell L. Rev. 379 (1982). CC-2003-472 23
A base de lo anterior, concluimos que la observación
hecha utilizando binoculares no constituye per se un
registro irrazonable.11
Para resumir, en el caso de autos, el agente de la
policía estaba en un lugar en el que podía estar sin
ofender la garantía constitucional, es decir en el campo
abierto; de ahí observó la marquesina y balcón de la casa
del acusado con la ayuda de unos binoculares de su
propiedad; el recurrido, alegadamente, llevaba a cabo unas
transacciones de venta de drogas a plena vista. La
utilización de los binoculares permitió que la presencia
del agente Soto Ramírez en el lugar no fuese detectada.
Además, permitía observar con mayor claridad aquello que a
simple vista se podía ver legítimamente. En virtud de
ello, tenemos que concluir que en el caso, el utilizar los
binoculares no supuso violación a la Constitución.
VI
Por los fundamentos anteriormente expuestos, revocamos
la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y
determinamos que en las circunstancias particulares del
caso de autos no hubo un registro y allanamiento
irrazonable por lo que no procedía la solicitud de
supresión de evidencia. Se devuelve el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que se continúe con los
procedimientos conforme lo aquí dispuesto.
11 Distinto sería el caso si el propósito de utilizar el artefacto tecnológico fuera para observar aquello que no se podría ver sin una intrusión inconstitucional en la intimidad de la persona. CC-2003-472 24
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2006
Por los fundamentos expresados en la Opinión que antecede los cuales se incorporan íntegramente a la presente, se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se continúen con los procedimientos conforme lo aquí dispuesto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. “El Juez Asociado señor Rebollo López concurre en el resultado en vista de los hechos específicos y particulares del caso.” El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo