EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alberto L. Acarón Montalvo, Carlos R. Wiscovitch Teruel
Recurridos Certiorari
v. 2012 TSPR 134
Departamento de Recursos Naturales y 186 DPR ____ Ambientales
Peticionarios
Número del Caso: CC-2011-523
Fecha: 28 de agosto de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis Román Negrón Procurador General
Lcda. Lizette Mejías Avilés Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Oscar Acarón Montalvo Lcdo. Luis Ortiz Guadalupe
Materia: Derecho Constitucional – Requisitos y Allanamientos
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alberto L. Acarón Montalvo, Carlos R. Wiscovitch Teruel Recurridos Certiorari
v. CC-
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales CC-2011-0523 Peticionarios
Opinión del tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera García.
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2012.
La Oficina del Procurador General, en
representación del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA)
(peticionaria), nos solicita que revoquemos la
sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones
el 28 de febrero de 2011. Mediante el referido
dictamen se revocaron las multas que vigilantes
de esa agencia le impusieron a los cazadores
Alberto L. Acarón Montalvo y Carlos R. Wiscovitch
(recurridos). Sostuvo el foro a quo que los
vigilantes violaron la disposición constitucional
que prohíbe los registros y allanamientos
irrazonables, y además, que no existía prueba en CC-2011-0523 2
el expediente administrativo que sostuviera las faltas
imputadas. Señala la peticionaria que era imperativo
esgrimir como cuestión de umbral si los cazadores podían
impugnar el allanamiento realizado. Examinado el recurso
de autos, modificamos la sentencia del foro apelativo y,
así modificada, confirmamos.
I
El 16 de noviembre de 2009 miembros del Cuerpo de
Vigilantes del DRNA accedieron a la finca Toro Farms, sita
en el municipio de Cabo Rojo, debido a una alegada1 llamada
telefónica que realizó el Sr. Milton Toro - dueño de esa
finca- para denunciar la presencia de cazadores no
autorizados en esta. Una vez allí, los vigilantes
inspeccionaron las pertenencias de los recurridos y
encontraron varias presas y armas de caza. En
consecuencia, el vigilante Ricardo Rivera les expidió dos
boletos de falta administrativa imponiéndoles el pago de
una multa de $500 por cazar en una finca privada sin
permiso del dueño.
Inconformes con tal proceder, los cazadores
presentaron ante el DRNA sendos recursos de revisión de
boletos, y a su vez, solicitaron que se celebrara una
vista administrativa.2 Impugnaron las multas impuestas y
adujeron que poseían el aval del Sr. Milton Toro para
cazar en la colindancia de Toro Farms. Sin embargo, a
1 Según discutiremos más adelante, hubo controversia en cuanto a este hecho particular. 2 Apéndice de la petición de certiorari, pág. 120. CC-2011-0523 3
pesar de manifestar lo anterior como parte de sus
defensas, sostuvieron que cuando fueron intervenidos no
estaban cazando en esa finca, sino en un terreno contiguo
identificado como la Finca Ruiz. En ese contexto,
alegaron que el allanamiento realizado por los Vigilantes
fue ilegal ya que los vigilantes no contaban con la
autorización del dueño de la finca Ruiz para irrumpir en
ese predio, razón por la cual entendían que debía
descartarse toda evidencia producto de dicha intervención
e invalidarse las multas emitidas.
Así las cosas, se celebró la vista administrativa en
la cual únicamente se desfiló prueba testimonial: el
vigilante Ricardo Rivera atestiguó por la agencia y los
dos recurridos en su propia defensa. Conviene destacar
que durante la audiencia surgió una controversia en cuanto
a la existencia de una querella que alegadamente había
presentado el Sr. Milton Toro. No obstante, ninguna de las
partes presentó a este último como su testigo.3
Luego de escuchar y aquilatar la prueba, la Oficial
Examinadora emitió su informe y determinó, como cuestión
de hecho, que el 15 de noviembre de 2009, el Sr. Milton
Toro denunció al Centro de Mando del Cuerpo de Vigilantes
3 Trascendió en la vista administrativa que para probar que se había presentado la querella, el representante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ofreció únicamente la copia del documento que evidenciaba el recibimiento de la llamada del Sr. Milton Toro, razón por la cual la Oficial Examinadora no lo admitió como evidencia. Empero, el vigilante Rivera testificó sobre su conocimiento en cuanto a la llamada, aunque mencionó que no la había atendido personalmente. La importancia de esa querella radicaba en que era en esta que los Vigilantes se amparaban para sostener que estaban autorizados para entrar a la finca. CC-2011-0523 4
que unas personas se encontraban cazando en su propiedad
sin su autorización. Añadió que, en respuesta a esa
querella, los vigilantes se personaron a la finca Toro
Farms, donde encontraron a los recurridos cazando.
Además, determinó como un hecho probado que cuando los
vigilantes les cuestionaron en cuanto a si ostentaban
permiso del dueño para cazar allí, estos proveyeron la
información de contacto del Sr. Milton Toro para que
verificaran su anuencia. No obstante, ello no se pudo
corroborar. Conforme a lo anterior, el DRNA resolvió
acogiendo las determinaciones de hechos formuladas por la
Oficial Examinadora y sostuvo la validez de los boletos
expedidos.4
En desacuerdo con la decisión, los recurridos
acudieron al Tribunal de Apelaciones5 y argumentaron que en
4 Por otra parte, la agencia dictaminó que los vigilantes podían entrar e inspeccionar la finca Toro Farms en virtud de las disposiciones legislativas que les permiten a las agencias administrativas inspeccionar y fiscalizar todas aquellas actividades que les compete regular. Esta interpretación fue descartada por el Tribunal de Apelaciones por no estar conforme con la jurisprudencia establecida en Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, 176 D.P.R. 454 (2009), donde dispusimos que la caza deportiva no es una actividad estrechamente reglamentada por el Estado. 5 En su recurso de revisión judicial señalaron los errores siguientes:
1. ERRÓ EL DRNA EN VISTA DE LOS HECHOS QUE LA EVIDENCIA OBTENIDA POR EL DRNA ES ADMISIBLE EN VIRTUD DE LA SECCIÓN 6.1 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS UNIFORMES, 3 L.P.R.A. SEC. 2191 2. ERRÓ EL DRNA AL ENTENDER QUE EL CASO DE HCMA PR., INC ETC. V. CONTRALOR 133 D.P.R. 945 VALIDA EL REGISTRO ILEGAL POR PARTE DE LOS AGENTES DEL DRNA. 3. ERRÓ EL DRNA EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA DOCTRINA EN PUEBLO V. FERREIRA MORALES 147 D.P.R. 238 (1998). 4. ERRÓ EL DRNA AL ENTRAR A RESOLVER SOBRE LA EVIDENCIA ILEGALMENTE OBTENIDA POR AGENTES DEL DRNA SI EL FUNDAMENTO DESCANZA (SIC) SOBRE LA SECCIÓN 6.1 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO UNIFORME (SUPRA) Y EL CASO DE PUEBLO VS. FERREIRA MORALES 147 DPR 238 (1998) 5. ERRÓ EL DRNA AL ADMITIR PRUEBA DE TODOS MODOS INADMISIBLE. CC-2011-0523 5
el expediente no obró prueba que sostuviera el proceder
administrativo. Así también, arguyeron que el DRNA había
errado al basar su determinación en evidencia inadmisible
por considerar que esta era fruto de un registro ilegal.
En respuesta, el DRNA expuso que los cazadores no tenían
legitimación para presentar esa defensa.
Atendido el recurso, el foro a quo acogió parte de
los planteamientos de los recurridos y revocó la
resolución de la agencia. El tribunal intermedio razonó
que el expediente administrativo no contenía evidencia
sustancial que fundamentara la decisión del DRNA y añadió
que el registro que se llevó a cabo fue ilegal puesto que
no contó con una orden judicial al efecto ni se configuró
ninguna de las excepciones que permiten a las agencias
administrativas realizar un registro sin la venia
judicial. En cuanto a la autorización predicada en la
querella presentada, pronunció que el DRNA no logró
demostrar la existencia de esa querella.6 Por lo tanto,
resolvió que los vigilantes entraron a la finca Toro Farms
sin el consentimiento de su dueño. Al ser así, concluyó
6. ERRÓ EL DRNA AL PERMITIR VIOLAR EL DEBIDO PROCESO DE LEY EN EL PRESENTE CASO Y GANAR ACCESO A PRUEBA FUERA DEL REGISTRO. 7. ERRÓ EL DRNA EN LA CREACIÓN DE DERECHO O APLICACIÓN DE DERECHO POR ANALOGÍA 8. ERRÓ EL DRNA EN SU ARGUMENTACION SOBRE ASPECTOS DE DIFICULTAD PARA HACER SU TRABAJO. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 57. 6 Durante la vista administrativa la Oficial Examinadora denegó la admisión en evidencia de la copia del documento que evidenciaba la querella presentada por el Sr. Milton Toro, por no ser el documento original. Así, pues, esta se propuso tomar conocimiento oficial del contenido del expediente administrativo. En cuanto a esto, el Tribunal de Apelaciones señaló que la Oficial Examinadora erró al proceder de esa manera, habida cuenta que la existencia de la querella era un hecho que se encontraba en controversia, por lo que no se podía tomar conocimiento oficial de este. CC-2011-0523 6
que estos transgredieron los derechos constitucionales de
los recurridos y consecuentemente, invalidó los boletos
emitidos.
No conteste con ese dictamen, comparece la
peticionaria mediante el recurso de certiorari de epígrafe
y señala:
Erró el tribunal de Apelaciones al no considerar la controversia de umbral respecto a la ausencia de legitimación de los cazadores recurridos para impugnar la alegada entrada y registro ilegal, previo a adjudicar en los méritos la presunta ilegalidad.
El 21 de octubre de 2011 expedimos el auto
solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de ambas
partes, pasamos a resolver la controversia que nos ocupa.
II
A. La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados
Unidos, así como la Constitución de Puerto Rico, protegen
el derecho del Pueblo contra la intromisión indebida y
arbitraria del Estado en sus casas, papeles y efectos.
Específicamente, la Cuarta Enmienda de la Constitución
federal dispone:
The right of the people to be secure in their persons, houses, papers and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrant shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized. Emda. IV, Const. EE. UU., U.S.C. ed. 2004, pág. 210. CC-2011-0523 7
Por su parte, la Constitución de Puerto Rico amplía7
esta protección estableciendo como sigue:
No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables. No se interceptará la comunicación telefónica. Solo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.8
En nuestro ordenamiento jurídico, esta protección
constitucional se considera un valor comunitario de
indiscutible jerarquía y, según hemos hilvanado
jurisprudencialmente, consagra varios propósitos
fundamentales. Pueblo v. Valenzuela Morel, 158 D.P.R.
526 (2003).9 Uno de estos propósitos es disuadir y
desalentar a los funcionarios del orden público de
incurrir en conducta que viole esta disposición, para así
preservar la integridad judicial y evitar la complicidad
de los tribunales con respecto a actos de desobediencia a
la Constitución. Id. pág. 539. De igual forma, encarna
el principio de impedir al ente gubernamental
beneficiarse de sus actos ilícitos, pues lo contrario
7 Se cataloga la Constitución de Puerto Rico como una de “factura más ancha”. Véase, E.L. Chiesa, Los derechos de los acusados y la factura mas ancha, (Núm. 1) 65 Rev. Jur. U.P.R. 82 (1996). 8 Art. 2, Sec. 10., Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 1. 9 Véanse, también: Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, 130 D.P.R. 352, 358-59 (1992); E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Forum, 1991, Vol. 1, Sec. 6.2, pág. 285. CC-2011-0523 8
resultaría en un menoscabo de la confianza de la
ciudadanía en las instituciones que le gobiernan. Id.
En consonancia con la Carta de Derechos de nuestra
Constitución, es un axioma jurídico que todo registro que
se efectúe sin una orden judicial se presume irrazonable
correspondiéndole entonces al Estado demostrar su
validez. Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, 176
D.P.R. 454, 462 (2009); Pueblo v. Serrano Reyes, 176
D.P.R. 437, 449 (2009); E.L. Chiesa, Derecho Procesal
Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Forum,
1991, Vol. 1, Sec. 6.1, pág. 281. Así, la regla general
es que todo registro, allanamiento o incautación que se
realice, no importa su índole penal o administrativa, es
irrazonable per se de llevarse a cabo sin orden judicial
previa. E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197,
207 (1984). La evidencia obtenida en contravención a la
cláusula constitucional aludida no tendrá acceso a los
tribunales. En otras palabras, la prueba que los
funcionarios del Estado hayan recopilado mediante un
registro, allanamiento o incautación realizada en
contravención al mandato constitucional será inadmisible
para probar la comisión de un acto delictivo. Pueblo v.
Serrano Reyes, supra; Blassini et als. v. Depto. Rec.
Naturales, supra. La presencia expresa de esta regla de
exclusión en la Constitución de Puerto Rico tiene el
efecto inmediato de que no puede ser abolida por la
jurisprudencia ni por la Asamblea Legislativa ya que para CC-2011-0523 9
ello se necesitaría una enmienda constitucional. E.L.
Chiesa, Derecho Procesal penal: etapa investigativa,
Publicaciones JTS, San Juan, Puerto Rico, 2006, pág. 118.
Ahora bien, es preciso que examinemos cuándo se
configura un registro, una incautación o un allanamiento
que viole el derecho de la ciudadanía a la protección de
su persona, casas y papeles. Para responder tal
interrogante es imperativo atender las instancias en que
una persona está tutelada para reclamar el mencionado
derecho.
Años atrás, en la jurisdicción federal prevalecía la
percepción de que el precepto constitucional que prohíbe
los registros y allanamientos irrazonables salvaguardaba
únicamente el interés que las personas poseían sobre su
propiedad, fundamentándose en el concepto de “trespass” o
de penetración en el lugar protegido10. Posteriormente, en
la decisión de Katz v. United States, 389 U.S. 347, 351
(1967), el Tribunal Supremo de Estados Unidos encauzó su
análisis a determinar que la Cuarta Enmienda de la
Constitución federal no protegía a los lugares sino a las
personas, siempre y cuando estas exhibieran una
expectativa razonable de privacidad11 en cuanto al bien o
10 Véase: United States v. Jones, 132 S. Ct. 945, 181 L. Ed. 2d 911, 565 U.S.___ (2012); E.L. Chiesa, Derecho Procesal penal, Etapa Investigativa, San Juan, JTS, Puerto Rico, 2006, págs. 102-108. 11 La jurisprudencia puertorriqueña utiliza en ocasiones el término “privacidad” e “intimidad” como sinónimos. En la jurisdicción de Estados Unidos se utiliza el termino “privacy” de manera uniforme. Véase: J.J. Álvarez González, Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos. Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 694. CC-2011-0523 10
lugar en que intervino el Estado.12 No obstante, en
United States v. Jones, 132 S. Ct. 945, 181 L. Ed. 2d
911, 565 U.S.___ (2012), se aclaró recientemente que Katz
no pretendió rechazar el planteamiento de que la Cuarta
Enmienda también protegía el derecho de las personas
contra la intromisión física de los agentes del Estado en
determinada propiedad. El Tribunal explicó que, más
bien, el derecho a la intimidad no era el único interés
albergado.13
En Puerto Rico hemos resuelto que la cláusula
constitucional que prohíbe los registros y allanamientos
irrazonables ampara la intimidad de los seres humanos.14
Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 D.P.R. 601, 613 (2009);
Rullán v. Fas Alzamora, 166 D.P.R. 742, 772 (2006);
E.L.A. v. Coca Cola Bottling Co, supra. Similar enfoque
está arraigado en Puerto Rico ya desde la confección de
nuestra Constitución. Así surge de las expresiones de la
Comisión de la Carta de Derechos de la Convención
12 Este análisis surge de la opinión concurrente del Juez Harlan en ese caso. 13 En este caso se mencionó lo siguiente: “a trespass on “houses” or “effects,” or a Katz invasion of privacy, is not alone a search unless it is done to obtain information; and the obtaining of information is not alone a search unless it is achieved by such a trespass or invasion of privacy”. United States v. Jones, supra, esc.5. 14 Téngase presente que en Puerto Rico el derecho a la intimidad es consustancial a la declaración constitucional relativa a la inviolabilidad de la dignidad del ser humano establecida en la Sec. 1 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico y en la Sec. 8 del Art. II que dispone que toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. En ese sentido, la protección constitucional contra los registros y allanamientos irrazonables surge también de ambas secciones. Pueblo v. Soto Soto. 168 D.P.R. 46, 53, esc. 5, (2006); Rullán v. Fas Alzamora, 166 D.P.R. 742, 770-771 (2006). CC-2011-0523 11
Constituyente cuando, al explicar la Sec. 10 del Art. II
de la Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, razonó como sigue:
La inviolabilidad de la persona se extiende a todo lo que es necesario para el desarrollo y expresión de la misma. El hogar, los muebles y utensilios, los libros y papeles poseídos por un ciudadano son como una prolongación de su persona, pues constituyen el ámbito en que ésta se ha hecho y se mantiene. Toda intromisión sin su permiso en este círculo privado equivale para todo hombre a una violación de su personalidad. Lo mismo acontece con los medios en que se expresa su intimidad y que reserva tan sólo para algunos: su correspondencia, sus manifestaciones espontáneas a través de los modernos medios mecánicos de comunicación. La lesión de la intimidad es en este sentido el más penoso ataque a los derechos fundamentales de la persona.15
En armonía con lo anterior, hemos reconocido que la
protección constitucional en discusión se extiende a la
vida íntima y a la santidad del hogar, comprendiendo lo
que se ha denominado como “una prolongación de la
persona”, protegiendo a ambas y no a la propiedad en sí.
Pueblo v. Valenzuela Morel, supra, pág. 538. Véase
además: O.E. Resumil de Sanfilippo, Practica jurídica de
Puerto Rico: derecho procesal penal, Oxford, Ed. Equity,
1990, T.#1, Vol.#1, pág. 205. En otras palabras,
determinamos que la cláusula constitucional que veda los
registros y allanamientos irrazonables por parte del
Estado “no entraña un derecho propietario”. Pueblo v.
Valenzuela Morel, supra, pág. 539. Véase además Pueblo
v. Vargas Delgado, 105 D.P.R. 335 (1976).
15 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2567-2568 (1952). CC-2011-0523 12
En ese contexto, siguiendo el raciocinio de Katz,
para que un individuo pueda reclamar el resguardo que le
ofrece la Sec. 10 del Art. II de nuestra Carta de
Derechos, supra, es necesario que albergue una expectativa
razonable de intimidad sobre el objeto o lugar que ha sido
registrado o allanado; es decir, que exista un interés
personal sobre las propiedades de que se trate. Véase
Pueblo v. Díaz, Bonano, supra, pág. 612 y casos allí
citados. Es por ello que el mero hecho de que el Estado
intervenga con un ciudadano no activa automáticamente la
protección constitucional. Con ese fin, es
inexorablemente necesario comprobar si el individuo que
alega haber sido afectado alberga un interés personal de
tal envergadura. Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales,
supra, pág. 464. Con ese marco doctrinal, examinemos los
preceptos que deben analizarse para descifrar cuándo se
posee dicha expectativa.
En primer lugar, una expectativa razonable de
intimidad implica que la persona haya exhibido una
expectativa subjetiva de intimidad; no una simple reserva
mental, sino una conducta de actos afirmativos que
demuestren de manera inequívoca la intención de alojar
dicha expectativa. Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 147 D.P.R.
433, 442 (1999).16 En segunda instancia, la sociedad tiene
16 Véanse además: Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318 (1999); Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991); Pueblo v. Lunzón, 113 D.P.R. 315 (1982); U.S. v. Dunn, 480 U.S. 294 (1987). CC-2011-0523 13
que reconocer esa expectativa individual como razonable.
Id.
Como pertinente a la controversia que atendemos,
igualmente se ha señalado que los ocupantes que se
encuentren legítimamente en una propiedad cuando se
registra o allana -tales como inquilinos, visitantes del
dueño de una residencia o quienes pernoctan en un cuarto
de hotel- albergan una expectativa razonable de privacidad
en dicho lugar. Véase 6 W.L. LaFave, Search and Seizure:
a treatise on the Fourth Amendment, Sec. 11.3(a), págs.
132-133. Sobre ello, en Pueblo v. Ramos Santos, 132
D.P.R. 363, 774 (2006), acogimos las expresiones
pronunciadas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en
Minnesota v. Olson, 495 U.S. 91 (1990), respecto a los
visitantes:
We stay in others homes when we travel to a strange city for business or pleasure, when we visit our parents, children, or more distant relatives out of town, when we are in between jobs or homes, or when we house-sit for a friend. We will all be hosts and we will all be guests many times in our lives. From either perspective, we think that society recognizes that a houseguest has a legitimate expectation of privacy in his host's home.
Contrario es el caso de quien se encuentra
ilegalmente en una propiedad. En ese caso hemos resuelto
que no se alberga expectativa de intimidad alguna. Pueblo
v. Ramos Santos, supra, págs. 371-372. Ante esa
situación, correspondería entonces al agraviado demostrar
que se encontraba legalmente en el lugar registrado o
allanado. Id. Recordemos que dos de los criterios para CC-2011-0523 14
evaluar si alguien ostenta una expectativa razonable de
intimidad sobre una propiedad particular es determinar si
esta persona tiene acceso legítimo a la propiedad y si
puede excluir a los demás de su uso. Rawlings v.
Kentucky, 448 U.S. 98 (1980); Rakas v. Illinois, 439 U.S.
128 (1978). Véase también, Resumil de Sanfilippo, op.
cit., págs. 315-316.17
Hemos visto que en referencia a lugares, la
Constitución protege a las personas que abrigan un interés
personal o una expectativa de intimidad razonable, según
lo reconozca la sociedad. Ahora bien, nos resta exponer
quién tiene la prerrogativa de solicitar la supresión de
evidencia fundamentándose en que ocurrió un registro y
allanamiento irrazonables.
Nos señala el profesor Chiesa Aponte que solo a quien
se le ha violado el derecho constitucional a la protección
contra detenciones, registros o incautaciones
irrazonables, puede invocar la regla de exclusión, ya que
este es el remedio a la disposición de quien sufre la
violación de su derecho constitucional. E.L. Chiesa, Los
derechos de los acusados y la factura más ancha, (Núm.1)
17 Otros de los criterios son:
1. Si el lugar registrado es uno donde una persona prudente y razonable puede esperar que esté exenta de intrusión gubernamental. 2. Si la persona ha tomado algunas medidas o precauciones para mantener su privacidad en el lugar registrado. 3. Si la persona razonablemente espera estar protegida en su intimidad en el lugar registrado. CC-2011-0523 15
65 Rev. Jur. U.P.R. 82, 128 (1996).18 Así lo establecimos
en Pueblo v. Ramos Santos, supra, pág. 374, cuando
enunciamos que bajo los hechos particulares de ese caso,
[e]l acusado no tenía legitimación activa para solicitar
(la) supresión, pues carecía de una expectativa legítima
de privacidad”. (Subrayado nuestro). Esa conclusión es
consecuente con las expresiones consignadas en el Informe
de la Comisión de la Carta de Derechos de la Convención
Constituyente, cuando al emitir sus posturas concernientes
a la Sec. 10 del Art. II de la Carta de Derechos de la
Constitución de Puerto Rico, supra, aludió al derecho en
discusión como un derecho que es personal.19 De la misma
forma se pronunció el Tribunal Supremo de Estados Unidos,
refiriéndose a la Cuarta Enmienda de la Constitución
federal:
Fourth amendment rights are personal rights which, like some other constitutional rights, may not be vicariously asserted. A person who is aggrieved by an illegal search and seizure only through the introduction of damaging evidence secured by a search of a third person's premises or property has not had any of his Fourth Amendment rights infringed. Since the exclusionary rule is an attempt to effectuate the guarantees of U.S. Const. amend. IV, it is proper to permit only defendants whose Fourth Amendment rights have been violated to benefit from the rule's protections. (Citas internas omitidas)20
18 Véase, también, D. Nevares Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 9na. ed. Rev. San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, (2011), Sec. 7.38, pág. 87. 19 En el informe se menciona que “[l]as garantías personales frente al arresto, el registro, la incautación y el allanamiento tienen su límite en la conducta criminal”. Diario de Sesiones, supra, pág. 2567. 20 Rakas v. Illinois, 439 U.S. 128, 134 (1978). CC-2011-0523 16
Es decir, el derecho a la supresión de evidencia
fundamentado en las consideraciones constitucionales
expuestas es un derecho personal que solo puede invocarlo
su titular. En Puerto Rico, “no hay factura más ancha en
cuanto a la exigencia de standing”. Chiesa, supra, 129. 21
Así, hemos puntualizado que
[e]s esta expectativa razonable de intimidad la que es protegida por la disposición constitucional. Por esto, si estamos ante la intervención del Estado con el individuo, hay que determinar si la persona, en efecto, tiene el derecho de abrigar la expectativa razonable de que su intimidad sea respetada para que entonces sea acreedor de la protección constitucional. (Énfasis suplido) Rullán v. Fas Alzamora, supra, pág. 772.
Esto “constituye la piedra de toque de esta doctrina
constitucional”. Pueblo v. Soto Soto, 168 D.P.R. 46, 55
(2006).
Evidentemente, una de las virtudes que confiere ser
acreedor de los derechos que otorga la protección contra
los registros y allanamientos irrazonables es solicitar
que se excluya la evidencia obtenida en contravención a la
protección misma.
B. Ya adelantamos que en nuestro ordenamiento
jurídico pueden ocurrir inspecciones o registros, tanto de
índole penal como administrativa. Una inspección
administrativa es aquella que se perpetra a través de la
presencia física de un funcionario administrativo en la
propiedad privada de una persona natural o jurídica que se
21 Véase, Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, op. Cit., pág. 315. CC-2011-0523 17
dedique a una actividad o negocio regulado por el Estado.
Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, supra, pág.
493. Conforme a la sección 6.1 de la referida Ley Núm.
170, supra, (3 L.P.R.A. sec. 2191), se le confirió a las
agencias administrativas potestad de realizar inspecciones
a fin de asegurarse del cumplimiento de las leyes y los
reglamentos que administran, así como de las resoluciones,
órdenes y autorizaciones que expidan sin previa orden de
registro o allanamiento, únicamente en los siguientes
casos:
(a) En casos de emergencias, o que afecten la seguridad o salud pública; (b) al amparo de las facultades de licenciamiento, concesión de franquicias, permisos u otras similares; (c) en casos en que la información es obtenible a simple vista o en sitios públicos por mera observación.
Como observamos, el estatuto enumeró taxativamente
las instancias en que una agencia administrativa puede
efectuar un registro sin una orden previa. No obstante,
es conocido que estas tienen la potestad de promulgar
reglamentos para regir las encomiendas que se les delegó,
claro está, dentro del marco de lo estatuido en la
precitada ley.22
Concerniente al recurso que hoy atendemos, el DRNA es
la agencia responsable de implementar la política pública
contenida en la Sec. 19 del Art. IV de la Constitución de
22 Véase Sec. 1.2 de la Ley Núm. 170-1998 (3 L.P.R.A. sec. 2101) CC-2011-0523 18
Puerto Rico.23 Para que pudiera cumplir su cometido, la
Ley Núm. 1-1977, Ley de Vigilantes de Recursos Naturales y
Ambientales del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales, 12 L.P.R.A. sec. 1201 et seq., creó en el
DRNA un organismo con funciones de supervisión,
protección, conservación, defensa y salvaguarda de los
recursos naturales. Esta pieza legislativa amplió, a su
vez, la facultad fiscalizadora del DRNA al consignar en su
Art. 5(b)(2) que el Cuerpo de Vigilantes tiene la facultad
de arrestar por tentativa o violación a las leyes que
administra --cuando ello se haya cometido en su presencia-
-aplicando en ese sentido las leyes que regulan a los
agentes del orden público.24 Además, y de notable
importancia a la controversia que atendemos, se postula
que estos funcionarios podrán entrar en propiedades y
aguas del Estado sin que ello constituya trasgresión.
Empero, la entrada a propiedades privadas requiere
indefectiblemente el permiso previo del dueño del terreno,
excepto en los casos que establece la Sec. 6.1 de la Ley
Núm. 170, supra, a la cual nos referimos inicialmente.
23 Según dispone el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Ley Núm. 23-1972 (3 L.P.R.A. sec. 151, 153). Esta disposición constitucional preceptúa:
“Será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad; la conservación y mantenimiento de los edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o artístico por la Asamblea Legislativa; reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social.” CC-2011-0523 19
Es trascendental acentuar que estos registros
administrativos o “reglamentarios” también se encuentran
delimitados por la normativa atinente a los registros y
allanamientos irrazonables. Véase, Blassini et als. v.
Depto. Rec. Naturales, supra. El hecho de que en una
agencia administrativa se tramiten procedimientos de
manera más flexible no es razón para obviar dichos
mandamientos de arraigo constitucional. D. Fernández
Quiñonez, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, 2da. ed., Colombia, Ed. Forum,
2001, págs. 227-228. Acorde con ello, la necesidad de que
los vigilantes cuenten con el permiso previo del dueño
para poder irrumpir en una finca privada tiene el
propósito de salvaguardar la constitucionalidad de las
acciones fiscalizadoras del DRNA. Blassini et als. v.
Depto. Rec. Naturales, supra, pág. 469. Así, por ejemplo,
en el antedicho caso se presentó una controversia un tanto
similar a la que hoy nos ocupa, y establecimos que los
vigilantes del DRNA no pueden intervenir con los cazadores
en cualquier tiempo y lugar, sino que para ello es
necesario que los vigilantes tengan derecho a estar en el
lugar en que intervienen con los cazadores. Id, pág. 470.
Es por eso que la entrada de los vigilantes a una
propiedad privada sin el consentimiento previo del dueño,
sin una orden judicial previa o sin que se cumpla con los
requisitos establecidos en el Art. 6.1 de la Ley Núm. 170,
24 Véase 12 L.P.R.A. sec. 1205 (b)(2). CC-2011-0523 20
supra, está vedada en nuestro ordenamiento jurídico.
474.
C. La Ley Núm. 170, supra, también regula lo
concerniente al procedimiento adjudicativo que se lleva a
cabo ante las agencias administrativas. Ciertamente,
aunque estos procesos se caracterizan por ser flexibles y
económicos, les son oponibles las garantías mínimas que
exige el debido proceso de ley, toda vez que las
decisiones administrativas tienen el alcance de afectar
los intereses propietarios o libertarios de las personas.
Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 D.P.R. 692, 706
(2010); Almonte et als. v. Brito, 156 D.P.R. 475, 481
(2002). Ello debe ser así ya que una vista administrativa
es el equivalente a un juicio en los tribunales, por lo
que inexorablemente debe ajustarse al requisito
fundamental de que sea un proceso justo, tal como se ha
conducido en los foros adjudicativos desde antaño. Com.
Seguros v. Real Legacy Assurance, supra, pág. 707.25 Así
pues, con el fin de hallar la verdad y hacer justicia en
todo proceso adjudicativo formal se vindicarán, entre
otros, el derecho a ser oído y presentar prueba oral y
escrita, a confrontarse con los testigos, a obtener una
adjudicación imparcial y a que la decisión se base en el
25 Citando a B. Swartz, Administrative Law, 3ra ed., Boston, Ed. Little Brown, 1991, pág. 311 y a D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed. rev., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 155. CC-2011-0523 21
expediente.26 Sec. 3.1 de la Ley Núm. 170 (3 L.P.R.A. sec.
2151); Magriz v. Empresas Nativas, 143 D.P.R. 63 (1997).
Amerita recalcar que el expediente de la agencia
constituirá la base exclusiva para la decisión del
procedimiento adjudicativo, así como para una posterior
revisión. Sec. 3.18 de la Ley Núm. 170. (3 L.P.R.A. sec.
2169).
Por su parte, en el caso que nos ocupa, el DRNA
adoptó el Reglamento Núm. 6442, conocido como el
Reglamento de Procedimientos Administrativos del DRNA.27
Este, en su Artículo 27.7, dispone que durante una vista
administrativa el representante del interés público tiene
la responsabilidad de probar que la violación imputada
ocurrió según se alegó en la orden o querella que dio
lugar al procedimiento. Id. Además de esto, la agencia
tiene la carga de probar que la penalidad aplicada es la
apropiada. Id. Así pues, una vez se haya establecido un
caso prima facie contra el querellado, este último tiene
la responsabilidad de presentar y sostener cualquier
defensa a su favor. Id.
Por último, nos resta exponer la delimitación de
nuestra facultad revisora en cuanto a las decisiones
administrativas. Como regla general, al revisar la
decisión daremos deferencia a las determinaciones de
26 El “expediente” comprende los documentos que no hayan sido materia exenta de divulgación por una ley y otros materiales relacionados con un asunto que esté o haya estado ante la consideración de la agencia. 3 L.P.R.A. sec. 2102 (c). 27 Reglamento Núm. 6442 de 26 de abril de 2002. CC-2011-0523 22
hecho razonables de la agencia, esto es, que estén
sustentadas con evidencia sustancial. Sec. 4.5 de la Ley
Núm. 170 (3. L.P.R.A. 2175); Véase, también, Otero v.
Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). Tengamos presente que
evidencia sustancial es aquella que una mente razonable
podría aceptar como adecuada para sostener una
conclusión. Id. El propósito principal de esta doctrina
es evitar sustituir el criterio del organismo
administrativo especializado por el del foro judicial
revisor. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R.
592,615 (2006); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 D.P.R. 599, 615
(2005). No obstante, tal deferencia cede cuando: (1) la
decisión no está basada en evidencia sustancial; (2) el
organismo administrativo ha errado en la aplicación de la
ley, y (3) ha mediado una actuación irrazonable o ilegal.
Otero v. Toyota, supra, pág. 729. En caso de que no nos
encontremos ante alguna de estas situaciones, aunque
exista más de una interpretación razonable de los hechos,
se debe sostener la que seleccionó la agencia concernida.
Id. Sin embargo, podemos revisar las conclusiones de
derecho en todos sus aspectos. Sec. 4.5 de la Ley Núm.
170, supra. Empero, en ese ejercicio, es imperioso
otorgar gran peso y deferencia a las interpretaciones que
realiza una agencia en cuanto a los reglamentos y leyes
que administra. Hernández, Álvarez v. Centro Unido,
supra, pág. 615. Al ser así, si la interpretación legal
concebida es razonable, debemos acatarla, cosa que no CC-2011-0523 23
ocurrirá en caso de que el organismo administrativo: (1)
haya errado en la interpretación de la ley; (2) actúe
arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesione los
derechos constitucionales fundamentales de los
ciudadanos. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra,
pág. 616.
III
En el presente caso se cuestiona la legitimación de
los recurridos para alegar que se infringieron sus
derechos constitucionales, fundamentándose en la
protección contra los registros y allanamientos
irrazonables. Sostiene el Estado que el foro apelativo
debió pasar juicio sobre ese asunto antes de dirimir los
méritos de la controversia.
Como discutimos, la prohibición a los Vigilantes del
DRNA, en cuanto a que no pueden acceder a fincas privadas
sin el consentimiento del dueño, existe para vindicar el
derecho constitucional de las personas contra los
registros y allanamientos irrazonables. Por lo tanto, al
ser esto así, se deduce que cualquier defensa que se
presente para impugnar las actuaciones de los vigilantes,
cuya base sea el quebrantamiento de dicho derecho, debe ir
enmarcada dentro del desarrollo jurisprudencial referente
a esta garantía constitucional. Así pues, si bien
resolvimos en Blassini, et als., que los vigilantes deben
tener derecho a estar en el lugar en que intervienen con
los cazadores, no toda persona está legitimada para CC-2011-0523 24
presentar una defensa basada en que estos penetraron una
finca privada sin permiso del dueño. Arribamos a tal
conclusión toda vez que, según expusimos, la cláusula
constitucional que protege a los ciudadanos contra los
registros y allanamientos irrazonables protege el derecho
de intimidad que posea el agraviado en el lugar que ha
sido registrado o allanado. Esto significa que solo tal
persona es acreedora de exigir lo que la Sec. 10 del Art.
II de nuestra Constitución concede, esto es, la exclusión
en un procedimiento judicial de toda evidencia que tenga
relación con la intervención ilegal del Estado.
El caso que nos ocupa no presenta un cuadro conforme
a las doctrinas esbozadas. Nótese que aquí los recurridos
lo que alegan es que los vigilantes no tenían permiso para
entrar a la finca donde fueron intervenidos. En los
procedimientos ante la agencia, los recurridos no
ofrecieron prueba suficiente para demostrar que poseían
expectativa de intimidad alguna sobre la finca Toro Farms.
Si bien la jurisprudencia reconoce que en virtud de la
garantía constitucional contra los registros y
allanamientos irrazonables un visitante tiene la
expectativa de que su intimidad no será perturbada por
personas ajenas a su anfitrión,28 los cazadores recurridos
no lograron convencer a la agencia administrativa de que
estaban en esa finca con la anuencia de su dueño. Veamos.
28 Pueblo v. Ramos Santos, 132 D.P.R. 363, 372 (1992). CC-2011-0523 25
El Reglamento Núm. 6765 del DRNA, conocido como el
Reglamento para Regir la Conservación y el Manejo de la
Vida Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza,29 prohíbe
cazar en fincas privadas sin el permiso del dueño y añade
que el cazador deberá proveer información sobre el nombre,
número de teléfono y lugar donde se pueda contactar al
dueño o a la persona que le autorizó, de manera que dicha
autorización se pueda corroborar posteriormente. Según el
testimonio del vigilante Rivera, la autorización de los
recurridos para cazar en Toro Farms nunca pudo
corroborarse. En la vista este atestiguó:
“De la misma finca, de la misma finca, procedemos a comunicarnos con el señor Toro, como es información corroborable, nosotros procedemos a llamarlo a él y él indica que no ha autorizado a nadie. Por eso es que yo procedo a expedir los boletos. Porque él no autorizó a nadie.” 30
Los recurridos atestiguaron lo contrario, pero no nos
encontramos en posición de sustituir el criterio del DRNA
en cuanto a la credibilidad que la agencia le otorgó a sus
testimonios. La decisión de la agencia en cuanto a esta
determinación de hechos en particular no fue irrazonable
ni arbitraria, por lo que le damos deferencia. Recuérdese
que el Sr. Milton Toro, alegado dueño de la finca, tampoco
fue llevado a la audiencia para que ofreciera su versión
de los hechos. De esta manera es ineludible la conclusión
de que los recurridos no eran personas con un interés
29 Reglamento Núm. 6765 del Departamento de Estado, 11 de febrero de 2004. 30 Transcripción de la vista administrativa del 29 de mayo de 2009, CD. #1, pág. 25. Petición de certiorari, pág. 475. CC-2011-0523 26
protegido sobre ese predio. En este caso los vigilantes
entraron a la finca Toro Farms, sobre la cual los
recurridos no demostraron albergar ningún tipo de interés
o expectativa de intimidad al no probar que se encontraban
legítimamente allí.31 Por lo tanto, la conducta de dichos
agentes no comprometió ninguna expectativa razonable de
intimidad alojada por los recurridos. De igual manera,
estos tampoco demostraron poseer control, dominio o
posesión legítima sobre la finca Toro Farms de manera que
el Estado estuviera impedido de invadirla sin su previo
consentimiento o sin que se emitiera una orden judicial al
efecto.
Concluido lo anterior, y teniendo en cuenta que una
persona que se encuentre ilegalmente en un lugar no tiene
expectativa razonable de intimidad que se deba proteger,
es forzoso colegir que el Tribunal de Apelaciones erró al
concluir que los recurridos podían presentar una defensa
amparada en la disposición constitucional que prohíbe los
registros y allanamientos irrazonables, ya que no tenían
legitimación para presentarla. Si bien hemos colegido que
le asiste la razón a la peticionaria en cuanto a ese
aspecto, lo anterior no dispone de la controversia. La
Oficina del Procurador General también nos solicita que,
31 Durante la vista administrativa, los recurridos testificaron que los Vigilantes registraron sus bultos y pertenencias. No obstante, su contención principal versaba sobre la autoridad de los vigilantes para entrar a la finca en la que fueron intervenidos. Aun así, de su propio testimonio surge que si bien en un principio cuestionaron el registro que se llevó a cabo en cuanto a sus efectos, posteriormente, estos consintieron a este. Véase Transcripción de la vista administrativa del 10 de febrero de 2009, CD #1, pág. 12, Petición de certiorari, pág. 363. CC-2011-0523 27
conforme a esa conclusión, revoquemos en su totalidad la
sentencia del foro apelativo. Sin embargo, como veremos,
ello no es suficiente para acceder a lo solicitado. El
hecho de que los recurridos no pudieran presentar esa
defensa no significa que estuvieran impedidos de litigar
su caso ante el DRNA.
En la controversia que nos ocupa se imputó a los
recurridos cometer la falta de cazar en una finca privada
sin el permiso del dueño. Conforme al Reglamento de
Procedimientos Administrativos del DRNA, la agencia tenía
el peso de la prueba para sostener las sanciones impuestas
a los cazadores. Es decir, una vez los recurridos
impugnaron los boletos, le incumbía al representante del
interés público presentar prueba preponderante para
sostener la validez de las faltas administrativas
imputadas. La Nueva Ley de Vida Silvestre, Ley Núm. 242,
supra, define “caza deportiva” en su Art. 1.07 como la
“[a]ctividad recreativa autorizada por el Secretario en la
cual el participante, llamado cazador deportivo, utiliza
un arma para hacer presa un animal de caza durante las
temporadas establecidas por el Secretario”.32 Por lo
tanto, era indispensable que se presentara prueba
referente a que los recurridos incurrieron en dicha
actividad en la finca de la cual fueron interceptados por
los vigilantes, esto, a fin de que se pudiera establecer
un caso prima facie en su contra.
32 12 L.P.R.A. sec. 107 (d). CC-2011-0523 28
Como sabemos, en los procedimientos adjudicativos que
se llevan a cabo en las agencias administrativas no
aplican las reglas de evidencia de la manera en que operan
en los tribunales, pero, los principios fundamentales de
estas se podrán utilizar para lograr una solución más
rápida y económica de la controversia. Véase sec. 3.13
(f) de la Ley Núm. 170, supra, (3 L.P.R.A. sec. 2163(f)).
Así también lo establece el Reglamento de Procedimientos
Administrativos del DRNA en su Artículo 27.3c.33
Un principio recogido en la Regla 110 (H) de las Reglas
de Evidencia de Puerto Rico es que un hecho puede probarse
ya sea mediante evidencia directa o evidencia
circunstancial. 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 110 (H). Esa
disposición establece que:
Cualquier hecho en controversia es susceptible de ser demostrado mediante evidencia directa o mediante evidencia indirecta o circunstancial. Evidencia directa es aquélla que prueba el hecho en controversia sin que medie inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, demuestra el hecho de modo concluyente. Evidencia indirecta o circunstancial es aquélla que tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, del cual por sí o, en unión a otros hechos ya establecidos, puede razonablemente inferirse el hecho en controversia.
Como bien menciona esta regla, la evidencia directa es
aquella que prueba el hecho en controversia sin que medie
inferencia o presunción, y que de ser cierta, demuestra el
hecho de modo concluyente. En palabras del Profesor
33 Esta disposición preceptúa que las Reglas de Evidencia no serán aplicables a las vistas administrativas pero que los principios fundamentales de evidencia se podrán utilizar para lograr una solución rápida, justa y económica del procedimiento. CC-2011-0523 29
Chiesa, este tipo de evidencia se refiere a aquella que de
ser creída por el juzgador establece el hecho a ser
probado sin ulterior consideración. E. L. Chiesa, Reglas
de Evidencia de Puerto Rico 2009, San Juan, JTS, pág. 102.
Por otro lado, la característica fundamental de la prueba
circunstancial es que aunque fuera creída, no es por sí
suficiente para probar el hecho que se aspiraba probar con
esa prueba. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151
D.P.R. 711, 719 (2000). Más bien, en esos casos se
requiere un proceso de inferencias razonables o
razonamiento basado en la experiencia, lo que en unión a
otra evidencia, podría llevar al juzgador a concluir que
ocurrió un hecho particular. Id. Se ha reconocido que la
prueba circunstancial es intrínsecamente igual que la
prueba directa y, por lo tanto, se evalúan bajo el mismo
criterio. Véase Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa,
supra, pág. 720 y casos allí citados. Al ser así, ambos
tipos de prueba son factibles para probar un hecho ya sea
en un litigio civil o uno de índole criminal, y añadimos,
en la esfera administrativa. Id., pág. 720. Dentro de
esta perspectiva, contestemos la interrogante de si se
llegó a establecer un caso prima facie en contra de los
recurridos.
Durante la vista administrativa de este caso únicamente
se presentó prueba testimonial. La misma consistió en los
testimonios de los cazadores recurridos y el testimonio
del vigilante Rivera, quién atestiguó por parte del DRNA. CC-2011-0523 30
Si bien la prueba que allí se presentó apoyó la conclusión
de que los vigilantes intervinieron con los recurridos en
la finca Toro, entendemos que esta no fue suficiente para
poder dictaminar que los recurridos cometieron la
infracción de cazar ilegalmente en ese lugar.
El DRNA tenía obligación de demostrar, ya fuera
mediante evidencia directa o evidencia circunstancial, que
los recurridos cazaron en la finca Toro. Durante la vista
no se presentó evidencia directa sobre ese particular,
pues el propio vigilante Rivera atestó que no vio a los
recurridos “matar ningún animal”.34 Por tanto, la
evidencia que presentó el DRNA en cuanto a esto fue más
bien circunstancial y consistió en el testimonio de este
mismo vigilante a los efectos de que encontró a los
recurridos en la finca Toro, con armas de caza y con
ciertas presas. Por su parte, en todo momento durante la
vista administrativa estos últimos indicaron que
estuvieron cazando en la finca Ruiz y que solo pasaron a
la finca Toro para recoger el producto de la caza.
Conforme a lo anterior, entendemos que la prueba
circunstancial ofrecida por el DRNA no es suficiente para
que se sostengan las multas expedidas en contra de los
recurridos por haber cazado en la finca Toro sin permiso
de su dueño, pues la misma no está apoyada por otra prueba
que nos lleve a concluir razonablemente que ello ocurrió
así y no existe en el expediente otra evidencia sustancial
34 Transcripción de la vista administrativa del 29 de mayo de 2011, CD # 2, pág. 26. Petición de certiorari, pág. 512. CC-2011-0523 31
que apoye una determinación contraria a esta. En
conclusión, al examinar la transcripción de la vista
administrativa observamos que la prueba presentada por el
DRNA no constituyó “evidencia sustancial” en cuanto a las
faltas que se les imputaron a los recurridos.
El análisis que precede nos conduce a modificar la
sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto a que los
cazadores no poseían legitimación para impugnar la entrada
de los vigilantes a la finca Toro Farms ya que dicha
defensa opera en función de la expectativa razonable de
intimidad o el interés personal que estos tuvieran sobre
esa propiedad, cosa que no se logró establecer en este
caso. Por otro lado, aunque por distintos fundamentos,
sostenemos la determinación del foro intermedio referente
a que en el expediente administrativo no obró prueba
sustancial que sostuviera la validez de las penalidades
emitidas contra los recurridos.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la
sentencia del Tribunal de Apelaciones para disponer que
los recurridos no tienen legitimación para solicitar el
archivo de las faltas administrativas fundamentándose en
una violación al derecho constitucional que prohíbe los
registros y allanamientos irrazonables. Esto así, toda
vez que no poseían una expectativa razonable de intimidad
ni interés alguno sobre la finca allanada. Así
modificado, se confirma el dictamen recurrido. CC-2011-0523 32
Se dicta sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alberto L. Acarón Montalvo, Carlos R. Certiorari Wiscovitch Teruel Recurridos CC-2011-0523 v.
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la sentencia del Tribunal de Apelaciones para disponer que los recurridos no tienen legitimación para solicitar el archivo de las faltas administrativas fundamentándose en una violación al derecho constitucional que prohíbe los registros y allanamientos irrazonables. Esto así, toda vez que no poseían una expectativa razonable de intimidad ni interés alguno sobre la finca allanada. Así modificado, se confirma el dictamen recurrido.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton concurre con la siguiente expresión: “El Juez Presidente señor Hernández Denton está de acuerdo con dejar sin efecto las multas impuestas. Sin embargo, concurre por entender que, en este caso, la evidencia que obra en el expediente no es suficiente para establecer que los cazadores recurridos estaban practicando el deporte de caza en el lugar donde se les imputa haberlo hecho. Por consiguiente, cualquier discusión sobre la expectativa de intimidad de los recurridos resulta especulativa”. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre con la siguiente expresión: “La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez CC-2011-0523 2
concurre con el resultado porque entiende que el Estado no logró probar que los recurridos se hallarán cazando sin autorización del dueño en la propiedad del señor Milton Toro. Una vez determinada la carencia de evidencia sustancial que hubiese permitido sostener las multas considera que los pronunciamientos sobre la legitimación de los recurridos para impugnar los boletos son innecesarios”. La Juez Asociada señora Fiol Matta disiente sin opinión escrita.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo