El Pueblo v. López Colón
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Recurrido 2018 TSPR 89 v. 200 DPR ____ José A. López Colón
Peticionario
Número del Caso: CC-2014-767
Fecha: 11 de mayo de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez-Aguadilla.
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Ivandeluis Miranda Vélez Lcdo. Jesús Miranda Díaz.
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General.
Lcda. Daphne M. Cordero Guilloty, Procuradora General Auxiliar.
Materia: Derecho constitucional/Derecho procesal penal - Expectativa de intimidad sobre el contenido digital de un teléfono celular de uso personal. Criterios para determinar si un tercero puede consentir al registro de un teléfono celular del cual es titular, pero es utilizado por otra persona.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v. CC-2014-767 Certiorari
José A. López Colón
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.
En esta ocasión, nos corresponde determinar
si una persona, quien no es el titular de la
cuenta, tiene una expectativa razonable de
intimidad sobre el contenido digital de su
teléfono celular de uso personal.
Además, debemos evaluar si un tercero puede
consentir al registro de un teléfono celular del
cual es el titular, a pesar de ser utilizado por
otra persona.
I
El Ministerio Público presentó unas
denuncias contra el Sr. José A. López Colón CC-2014-767 2
(peticionario) por violación al Art. 951 del Código Penal
de 2012 e infracciones a los Arts. 5.042 y 5.153 de la Ley
de Armas del 2000. En específico, se le imputó haber
causado la muerte del Sr. Nelson L. Colón Ugarte al
dispararle con un arma de fuego para la cual no tenía
licencia, ello como resultado de súbita pendencia o
arrebato de cólera. En esa misma fecha se determinó causa
probable para arresto y se fijó fianza en cada uno de los
delitos mencionados. Más adelante, el Ministerio Público
presentó las acusaciones contra el peticionario4 y el
Tribunal de Primera Instancia señaló fecha para juicio.
Así las cosas, la Defensa solicitó la supresión de
una evidencia que el Ministerio Público se proponía
utilizar en los procedimientos contra el peticionario. En
particular, expresó que se trataba de “un video que [se]
obtuvo mediante la incautación de un teléfono celular, de
uso exclusivo de[l] [peticionario] y otro captado por las
cámaras de seguridad de la casa del [peticionario],
estando ausente, arrestado al momento de la ocupación,
sin consentir en ningún momento”.5 Esto es, la Policía de
Puerto Rico ocupó unos artefactos electrónicos (un
1 Homicidio, 33 LPRA sec. 5144. Al momento de los hechos, el delito se conocía como “homicidio”, más adelante mediante la Ley Núm. 246-2014 se modificó el término a “asesinato atenuado”. 2 Portación y uso de armas de fuego sin licencia, 25 LPRA sec. 458c. 3 Disparar o apuntar armas, 25 LPRA sec. 458n. 4 Acusaciones, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 30-35. 5 Moción de supresión de evidencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 36. CC-2014-767 3
teléfono celular y una caja “DVR” de cámaras de
seguridad)6 en la residencia del peticionario, de los
cuales se obtuvo vídeos y fotos que el Ministerio Público
pretendía utilizar en los procesos.
En su petición de supresión de evidencia, la
Defensa planteó que la incautación del teléfono celular
que dejó el peticionario en su casa al ser arrestado y
conducido al cuartel constituyó un registro ilegal. En
cuanto al asunto del consentimiento prestado por un
tercero, la Defensa sustentó su postura en lo expuesto en
Pueblo v. Ramos Santos, 132 DPR 363, 371 (1992),
referente a que “[d]espués de todo, el derecho a que no
se lleven a cabo registros y allanamientos irrazonables,
sin orden judicial previa, es personal y sólo puede
renunciar a él la persona a cuyo favor se da, y no un
tercero a su nombre”.
El Ministerio Público solicitó al foro de instancia
que rechazara de plano la moción de supresión de
evidencia debido a que era una petición tardía.
Examinados los argumentos de las partes, el
Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de
supresión de evidencia al expresar lo siguiente:
En el presente caso no está en controversia que los artefactos ocupados eran de uso común de la pareja. El testimonio de la señora Colón demostró que la DVR y las cámaras de seguridad habían sido adquiridas en común por ella y el acusado. Además, estableció que dichos artefactos electrónicos eran de uso común de la pareja y para el beneficio y
6 El término “DVR” significa “Digital Video Recorder”. CC-2014-767 4
disfrute de ambos. Nada en la prueba demostró que el acusado tuviera una expectativa de intimidad frente a la señora Colón en cuanto a las cámaras de seguridad o la DVR. Siendo este el caso la señora Colón tenía autoridad sobre el contenido de la grabación y por lo tanto podía consentir a su registro.
En el caso del celular la señora Colón testificó y no es un hecho en controversia que la cuenta que brindaba servicio telefónico a dicho artefacto estaba a su nombre. Por lo tanto, debe entenderse que esta tenía autoridad sobre el celular y sobre su contenido por lo cual podía autorizar a su registro.
En cuanto al consentimiento la señora Colón testificó que los agentes no actuaron de manera intimidante, sino que más bien fueron cordiales. Que solicitaron permiso para llevarse los aparatos electrónicos que registraron y que ella voluntariamente consintió a dicho registro y ocupación.
Siendo pues que la señora Colón consintió sin mediar coacción al registro y la ocupación de los artefactos sobre los cuales tenía autoridad por ser la propiedad de aquellos no procede la supresión de la evidencia.
Es decir, el Tribunal de Primera Instancia sustentó
su decisión en que no estaba en controversia que los
equipos electrónicos incautados eran de uso común del
matrimonio López-Colón y fueron adquiridos para el
beneficio y disfrute de ambos cónyuges. Ante esto,
concluyó que la esposa del peticionario sí tenía
autoridad respecto al contenido de las grabaciones
almacenadas en la caja “DVR” de las cámaras de seguridad,
por cuanto podía consentir a su registro. De igual
manera, determinó que no se presentó prueba que
sustentara que al peticionario le cobijaba una
expectativa de intimidad sobre el contenido digital de su
teléfono celular de uso personal. CC-2014-767 5
Inconforme con la determinación del foro de
instancia, la Defensa solicitó reconsideración
argumentando que “[l]a expectativa de intimidad que
necesita el [peticionario] como ciudadano para exigir una
Orden judicial para intervenir con sus objetos y
documentos es frente al Estado y no frente a su esposa.
Por tanto, el hecho de que compartan titularidad de los
bienes por la naturaleza ganancial, relación de
matrimonio, no reduce lo reconocido por la [C]uarta
enmienda en cuanto a la expectativa de intimidad de
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Recurrido 2018 TSPR 89 v. 200 DPR ____ José A. López Colón
Peticionario
Número del Caso: CC-2014-767
Fecha: 11 de mayo de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez-Aguadilla.
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Ivandeluis Miranda Vélez Lcdo. Jesús Miranda Díaz.
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General.
Lcda. Daphne M. Cordero Guilloty, Procuradora General Auxiliar.
Materia: Derecho constitucional/Derecho procesal penal - Expectativa de intimidad sobre el contenido digital de un teléfono celular de uso personal. Criterios para determinar si un tercero puede consentir al registro de un teléfono celular del cual es titular, pero es utilizado por otra persona.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v. CC-2014-767 Certiorari
José A. López Colón
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018.
En esta ocasión, nos corresponde determinar
si una persona, quien no es el titular de la
cuenta, tiene una expectativa razonable de
intimidad sobre el contenido digital de su
teléfono celular de uso personal.
Además, debemos evaluar si un tercero puede
consentir al registro de un teléfono celular del
cual es el titular, a pesar de ser utilizado por
otra persona.
I
El Ministerio Público presentó unas
denuncias contra el Sr. José A. López Colón CC-2014-767 2
(peticionario) por violación al Art. 951 del Código Penal
de 2012 e infracciones a los Arts. 5.042 y 5.153 de la Ley
de Armas del 2000. En específico, se le imputó haber
causado la muerte del Sr. Nelson L. Colón Ugarte al
dispararle con un arma de fuego para la cual no tenía
licencia, ello como resultado de súbita pendencia o
arrebato de cólera. En esa misma fecha se determinó causa
probable para arresto y se fijó fianza en cada uno de los
delitos mencionados. Más adelante, el Ministerio Público
presentó las acusaciones contra el peticionario4 y el
Tribunal de Primera Instancia señaló fecha para juicio.
Así las cosas, la Defensa solicitó la supresión de
una evidencia que el Ministerio Público se proponía
utilizar en los procedimientos contra el peticionario. En
particular, expresó que se trataba de “un video que [se]
obtuvo mediante la incautación de un teléfono celular, de
uso exclusivo de[l] [peticionario] y otro captado por las
cámaras de seguridad de la casa del [peticionario],
estando ausente, arrestado al momento de la ocupación,
sin consentir en ningún momento”.5 Esto es, la Policía de
Puerto Rico ocupó unos artefactos electrónicos (un
1 Homicidio, 33 LPRA sec. 5144. Al momento de los hechos, el delito se conocía como “homicidio”, más adelante mediante la Ley Núm. 246-2014 se modificó el término a “asesinato atenuado”. 2 Portación y uso de armas de fuego sin licencia, 25 LPRA sec. 458c. 3 Disparar o apuntar armas, 25 LPRA sec. 458n. 4 Acusaciones, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 30-35. 5 Moción de supresión de evidencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 36. CC-2014-767 3
teléfono celular y una caja “DVR” de cámaras de
seguridad)6 en la residencia del peticionario, de los
cuales se obtuvo vídeos y fotos que el Ministerio Público
pretendía utilizar en los procesos.
En su petición de supresión de evidencia, la
Defensa planteó que la incautación del teléfono celular
que dejó el peticionario en su casa al ser arrestado y
conducido al cuartel constituyó un registro ilegal. En
cuanto al asunto del consentimiento prestado por un
tercero, la Defensa sustentó su postura en lo expuesto en
Pueblo v. Ramos Santos, 132 DPR 363, 371 (1992),
referente a que “[d]espués de todo, el derecho a que no
se lleven a cabo registros y allanamientos irrazonables,
sin orden judicial previa, es personal y sólo puede
renunciar a él la persona a cuyo favor se da, y no un
tercero a su nombre”.
El Ministerio Público solicitó al foro de instancia
que rechazara de plano la moción de supresión de
evidencia debido a que era una petición tardía.
Examinados los argumentos de las partes, el
Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de
supresión de evidencia al expresar lo siguiente:
En el presente caso no está en controversia que los artefactos ocupados eran de uso común de la pareja. El testimonio de la señora Colón demostró que la DVR y las cámaras de seguridad habían sido adquiridas en común por ella y el acusado. Además, estableció que dichos artefactos electrónicos eran de uso común de la pareja y para el beneficio y
6 El término “DVR” significa “Digital Video Recorder”. CC-2014-767 4
disfrute de ambos. Nada en la prueba demostró que el acusado tuviera una expectativa de intimidad frente a la señora Colón en cuanto a las cámaras de seguridad o la DVR. Siendo este el caso la señora Colón tenía autoridad sobre el contenido de la grabación y por lo tanto podía consentir a su registro.
En el caso del celular la señora Colón testificó y no es un hecho en controversia que la cuenta que brindaba servicio telefónico a dicho artefacto estaba a su nombre. Por lo tanto, debe entenderse que esta tenía autoridad sobre el celular y sobre su contenido por lo cual podía autorizar a su registro.
En cuanto al consentimiento la señora Colón testificó que los agentes no actuaron de manera intimidante, sino que más bien fueron cordiales. Que solicitaron permiso para llevarse los aparatos electrónicos que registraron y que ella voluntariamente consintió a dicho registro y ocupación.
Siendo pues que la señora Colón consintió sin mediar coacción al registro y la ocupación de los artefactos sobre los cuales tenía autoridad por ser la propiedad de aquellos no procede la supresión de la evidencia.
Es decir, el Tribunal de Primera Instancia sustentó
su decisión en que no estaba en controversia que los
equipos electrónicos incautados eran de uso común del
matrimonio López-Colón y fueron adquiridos para el
beneficio y disfrute de ambos cónyuges. Ante esto,
concluyó que la esposa del peticionario sí tenía
autoridad respecto al contenido de las grabaciones
almacenadas en la caja “DVR” de las cámaras de seguridad,
por cuanto podía consentir a su registro. De igual
manera, determinó que no se presentó prueba que
sustentara que al peticionario le cobijaba una
expectativa de intimidad sobre el contenido digital de su
teléfono celular de uso personal. CC-2014-767 5
Inconforme con la determinación del foro de
instancia, la Defensa solicitó reconsideración
argumentando que “[l]a expectativa de intimidad que
necesita el [peticionario] como ciudadano para exigir una
Orden judicial para intervenir con sus objetos y
documentos es frente al Estado y no frente a su esposa.
Por tanto, el hecho de que compartan titularidad de los
bienes por la naturaleza ganancial, relación de
matrimonio, no reduce lo reconocido por la [C]uarta
enmienda en cuanto a la expectativa de intimidad de
nuestro representado”.7 La Defensa añadió que
“[p]retender que luego de suscitarse una escena violenta
en la que muere el hermano de la Sra. Madeline Colón a
manos de su esposo José A. López Colón permita a ésta
prestar un consentimiento válido, resulta ambicioso pero
más aún, el pensar que la naturaleza ganancial de los
bienes ocupados permita a ésta renunciar a la expectativa
de intimidad personalísima perteneciente al ciudadano
José A. López Colón, su marido, entendemos [n]o es
conforme a derecho”.8
Así las cosas, el foro de instancia declaró “no ha
lugar” la petición de reconsideración.9 Insatisfecha con
la decisión del foro de instancia, la Defensa presentó
7 Moción de reconsideración, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 54. 8 Íd., pág. 55. 9 La copia de la notificación de la Resolución/Orden se archivó en los autos el 18 de junio de 2014. CC-2014-767 6
una Petición de certiorari junto a una moción en auxilio
de jurisdicción ante el Tribunal de Apelaciones. Por su
parte, la Oficina de la Procuradora General también
presentó su posición.
Evaluados los escritos de las partes, el foro
apelativo intermedio confirmó la decisión recurrida.10 El
Tribunal de Apelaciones determinó que el foro de
instancia no erró al denegar la petición de supresión de
evidencia. En particular, entendió que el peticionario no
tenía una razonable y legítima expectativa de intimidad
con relación al teléfono celular incautado y, además,
resolvió que sí hubo un consentimiento voluntario y
válido por parte de su esposa, la Sra. Madeline Colón
Ugarte (señora Colón Ugarte), debido a que ésta tenía la
facultad para permitir la ocupación y el registro del
mencionado teléfono celular.
Inconforme con la determinación del foro apelativo
intermedio, la Defensa recurrió ante esta Curia mediante
una Petición de certiorari y una moción en auxilio de
jurisdicción. En su recurso, señaló la comisión de los
errores siguientes:
(1) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar al Tribunal de Instancia al no suprimir la información obtenida del teléfono celular ocupado en el presente caso a pesar de que la prueba que desfiló sin lugar a dudas demostró que dicho teléfono celular era de uso exclusivo del peticionario y éste no consintió a su ocupación.
10 La copia de la notificación de la Resolución se archivó en los autos el 18 de agosto de 2014. CC-2014-767 7
(2) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar al Tribunal de Instancia al validar la ocupación de un teléfono celular por el mero hecho de que la persona que consintió a la ocupación del mismo es la dueña registral de la cuenta de dicho teléfono celular y no su usuaria, sino un tercero que no consintió a su ocupación y registro.
(3) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar al Tribunal de Instancia al validar un registro sin orden del teléfono celular del peticionario sin que mediare consentimiento expreso ni se solicitara una orden de registro al tribunal.
Expedido el recurso y estando perfeccionado el asunto
ante nuestra consideración, resolvemos.
II
En los méritos de la controversia, la Defensa plantea
que el Estado realizó el registro del contenido digital
del teléfono celular basado en el alegado consentimiento
válido de un tercero con autoridad, en este caso la
esposa del peticionario.11 Ante esto, argumenta que
–conforme a la jurisprudencia federal y estatal- la
esposa del peticionario no cumplía con los criterios de
tercera persona con autoridad para disponer del teléfono
celular en controversia, por lo que niega que ésta
hubiese brindado un consentimiento válido para el
registro de dicho artefacto. Sobre este asunto, la
Defensa añade que “[d]e la transcripción de la prueba, no
surge que la [esposa del peticionario] autorizara el
registro del celular, simplemente lo entregó a pedido de
11En su Alegato, la Defensa aclaró que aunque la moción de supresión de evidencia presentada ante el Tribunal de Primera Instancia versó sobre la ocupación y el registro de un teléfono celular y una caja “DVR” de cámaras de seguridad, sin que él consintiera a ello, tanto ante el Tribunal de Apelaciones como ante esta Curia solo cuestiona la determinación del foro de instancia en cuanto a la ocupación del teléfono celular y el registro de su contenido, mas no así respecto a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. CC-2014-767 8
la [P]olicía y fue luego que se registró en una unidad
técnica de la [P]olicía”.12
En cuanto al hecho de que la esposa del
peticionario fuera la titular de la cuenta del teléfono
celular, la Defensa indica que ello no cambia en nada la
expectativa de intimidad que tenía el peticionario
respecto a la información contenida en la cuenta. Añade
que “[e]n este tipo de caso no es la titularidad de la
cuenta lo que debe importar, sino la autoridad o uso
común con el celular en cuestión, pues la titularidad de
la cuenta en nada implica autoridad común sobre el
aparato”. (Énfasis en el original).13
En conclusión, la Defensa expone que no hubo un
consentimiento válido de la esposa del peticionario en
relación con la ocupación del teléfono celular de su
marido y que no se demostró que ella tuviera autoridad
común sobre dicho artefacto. En específico, esboza que el
teléfono celular era de uso exclusivo del peticionario y,
además, no se demostró que la esposa de éste tuviera
acceso al equipo. Ante esto, reitera que el agente
policíaco no tenía motivos fundados para pedirle a la
esposa del peticionario poder ocupar el teléfono celular
y luego registrarlo sin una orden judicial. Sobre esto,
plantea que “[l]o único que el agente tenía al momento de
ocupar el celular era lo aseverado por la [esposa del
12 Alegato de la parte peticionaria, pág. 21. 13 Alegato de la parte peticionaria, pág. 25. CC-2014-767 9
peticionario] de que entendía que el peticionario estaba
grabando y tirando fotos con el celular. El agente no vio
nada incriminatorio en su presencia”.14 Por todo lo cual,
expresa que la ocupación y posterior registro del
teléfono celular fueron contrarios a derecho, ya que nada
impedía que el agente policíaco solicitara una orden de
registro y más cuando de la prueba desfilada no surgió
prueba que demostrara que existía peligro de perder la
“data” del teléfono celular.
Por su parte, la Procuradora General fundamentó su
Alegato en que la esposa del peticionario le entregó
voluntariamente el teléfono celular al agente policíaco.
A esos efectos, sostuvo que de un examen minucioso de la
transcripción de la prueba surge que fue la esposa del
peticionario quien le informó al agente que el celular
contenía el video del crimen. Así, cuando el agente le
solicitó su consentimiento para incautar el celular, como
ya lo había hecho con las cámaras de seguridad, la señora
Colón Ugarte respondió de forma inmediata y entregó el
equipo sin reservas. A su entender, era razonable
concluir que el consentimiento otorgado para incautar el
celular se extendía al registro del mismo.
Por otro lado, en cuanto al argumento esbozado por
el peticionario sobre que la esposa no tenía autoridad
común para consentir, la Procuradora General indicó que
la señora Colón Ugarte no solo era la copropietaria del 14 Alegato de la parte peticionaria, pág. 26. CC-2014-767 10
teléfono celular cuya ocupación y registro es impugnada,
sino que era la titular de la cuenta de servicio de
telefonía. A esos fines, sostuvo que, a pesar de que el
esposo utilizaba el teléfono celular, la cuenta estaba
registrada bajo su nombre lo que le da autoridad para
disponer del celular y autorizar su ocupación y su
registro. Por lo tanto, entiende que nada impedía que
transfiriera su dominio al agente del orden público.
En fin, la Procuradora General sostuvo que este
caso no se trata de si el peticionario usaba
exclusivamente el celular, sino de si su esposa tenía
derecho a utilizarlo, especialmente cuando la cuenta de
servicio estaba registrada a su nombre y el equipo fue
adquirido con aportaciones de ambos cónyuges.
III
A. La protección contra registros, incautaciones y
allanamientos irrazonables
Tanto la Constitución de Puerto Rico como la
Constitución de Estados Unidos contienen disposiciones
que protegen a los ciudadanos contra registros e
incautaciones irrazonables de sus hogares, vehículos,
efectos personales o cualquier propiedad o lugar en el
que el ciudadano tenga una expectativa razonable a la
intimidad.15 A esos efectos, la Sec. 10 del Art. II de la
15Véase E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. I, pág. 181. CC-2014-767 11
Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, establece lo
siguiente:
No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables. No se interceptará la comunicación telefónica. Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por la autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.
Por su parte, la Cuarta Enmienda de la Constitución
de Estados Unidos, LPRA, Tomo 1, dispone que:
No se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, hogares, documentos y pertenencias, contra registros y allanamientos irrazonables, y no se expedirá mandamiento, sino en virtud de causa probable, apoyado por juramento o promesa, y que describa en detalle el lugar que ha de ser allanado y las personas o cosas que han de ser detenidas o incautadas.
El propósito de estas disposiciones es proteger el
derecho a la intimidad y dignidad del individuo, amparar
sus documentos y pertenencias frente a actuaciones
irrazonables del Estado e interponer la figura del juez
para ofrecer una mayor garantía de razonabilidad a la
intervención con los ciudadanos.16
16 Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918, 927 (2013); Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 DPR 601, 611–612 (2009); Blassini et als. v. Depto. Rec. Naturales, 176 DPR 454, 463–464 (2009); Pueblo v. Martínez Torres, 120 DPR 496, 500 (1988); ELA v. Coca Cola Bott. Co., 115 DPR 197, 207 (1984). CC-2014-767 12
Ahora bien, cuando se pretenda efectuar un registro
o allanamiento, como regla general, será necesario
obtener una orden judicial previa para ello.17 A esos
efectos, cuando se alega una violación al derecho
constitucional contemplado en la Sec. 10 del Art. II de
nuestra Constitución, supra, es necesario determinar si
ocurrió un registro que haya infringido la expectativa
razonable de intimidad que se le reconoce a un individuo
sobre el objeto registrado.18 El ámbito de la prohibición
protege a todos, tanto al sospechoso o conocido ofensor
como al inocente, y se extiende al lugar que sea objeto
del registro.19
Así, en primer lugar es necesario determinar si la
persona tiene una expectativa razonable de intimidad
dentro de las circunstancias particulares que rodean el
caso y si ese derecho está reconocido por nuestra
sociedad.20 La exposición del objeto al público
determinará la protección constitucional de éste.21 Por
tanto, un lugar u objeto estará protegido por el
17 Pueblo v. Báez López, supra; Pueblo v. Malavé González, 120 DPR 470, 477 (1988). 18 Pueblo v. Báez López, supra, págs. 928-929; Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 147 DPR 433, 442–443 (1999). 19 Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 DPR 356, 363 (1997); Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 DPR 770, 775-776 (1982). 20 Weber Carrillo v. ELA, 190 DPR 688, 701 (2014); Pueblo v. Báez López, supra, pág. 929; Pueblo v. Ortiz Rodríguez, supra. Véanse, además: Smith v. Maryland, 442 US 735, 740–741 (1979); Katz v. United States, 389 US 347 (1967). 21O.E. Resumil de San Filippo, Derecho procesal penal, New Hampshire, Ed. Equity, 1990, T. 1, pág. 205. CC-2014-767 13
mencionado precepto constitucional de acuerdo a la
naturaleza de la intrusión gubernamental, la expectativa
de intimidad del ciudadano y el método investigativo
utilizado.22
En segundo lugar, se deberá establecer un balance
entre la expectativa de intimidad del ciudadano protegida
por la garantía constitucional y los intereses públicos
que hayan motivado la actuación estatal.23 Para ello,
habrá que considerar “la pugna entre la protección de
nuestros ciudadanos y el interés de la sociedad por las
asolaciones perpetuadas por el crimen”.24
B. La expectativa de intimidad en los teléfonos celulares
En Riley v. California, 573 US __ (2014), el Tribunal
Supremo de Estados Unidos atendió una controversia
relacionada a la expectativa de intimidad (grado de
intromisión) que tiene una persona sobre un teléfono
celular en comparación a otros objetos que pueda tener
consigo al momento de un arresto. Específicamente, indicó
que los teléfonos celulares se diferencian tanto
cualitativa como cuantitativamente de otros objetos que
pueda tener una persona consigo en la referida
22Pueblo v. Báez López, supra; Pueblo v. Rivera Colón, 128 DPR 672, 683 (1991). 23 Pueblo v. Báez López, supra; Pueblo v. Díaz, Bonano, supra, pág. 613; Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386, 409 (1997); Pueblo v. Dolce, 105 DPR 422, 434–435 (1976). 24 Pueblo v. Báez López, supra. CC-2014-767 14
circunstancia.25 Ello, debido a la gran cantidad de
información que almacenan estos equipos.
Así, el máximo foro federal describió estos aparatos
electrónicos de la siguiente forma:
The term “cell phone” is itself misleading shorthand; many of these devices are in fact minicomputers that also happen to have the capacity to be used as a telephone. They could just as easily be called cameras, video players, rolodexes, calendars, tape recorders, libraries, diaries, albums, televisions, maps, or newspapers.26
Por otro lado, el Tribunal Supremo federal explicó
que “antes de los teléfonos celulares, el registro a una
persona estaba limitado a las realidades físicas y
tendía, en general, a constituir solo una intrusión
restringida a la intimidad”. (Traducción nuestra).27 Sin
embargo, esa intromisión no está limitada de la misma
forma cuando se trata de teléfonos celulares. Ello pues,
un teléfono celular puede tener la capacidad para
almacenar distintos tipos de información tales como
fotografías, mensajes con imágenes, mensajes de texto, el
historial de navegación por Internet, calendario, lista
de números telefónicos, entre otros.28 A esos efectos, el
Tribunal Supremo federal expresó lo siguiente:
25 Riley v. California, 573 US ___ (2014), 134 S.Ct. 2473 (2014). 26 Íd. 27 Riley v. California, supra. Véase, además, Kerr, Foreword: Accounting for Technological Change, 36 Harv. J.L. & Pub. Pol’y 403, 404–405 (2013). 28 Riley v. California, supra. Véase, también, United States v. Flores–López, 670 F.3d 803, 806 (C.A.7 2012). CC-2014-767 15
The storage capacity of cell phones has several interrelated consequences for privacy. First, a cell phone collects in one place many distinct types of information —an address, a note, a prescription, a bank statement, a video— that reveal much more in combination than any isolated record. Second, a cell phone’s capacity allows even just one type of information to convey far more than previously possible. The sum of an individual’s private life can be reconstructed through a thousand photographs labeled with dates, locations, and descriptions; the same cannot be said of a photograph or two of loved ones tucked into a wallet. Third, the data on a phone can date back to the purchase of the phone, or even earlier. A person might carry in his pocket a slip of paper reminding him to call Mr. Jones; he would not carry a record of all his communications with Mr. Jones for the past several months, as would routinely be kept on a phone. . . . . . . . . Finally, there is an element of pervasiveness that characterizes cell phones but not physical records. Prior to the digital age, people did not typically carry a cache of sensitive personal information with them as they went about their day. Now it is the person who is not carrying a cell phone, with all that it contains, who is the exception. . . . . . . . . Allowing the police to scrutinize such records on a routine basis is quite different from allowing them to search a personal item or two in the occasional case.29
Además, en Riley v. California, supra, el máximo
foro federal indicó lo siguiente:
Indeed, a cell phone search would typically expose to the government far more than the most exhaustive search of a house: A phone not only contains in digital form many sensitive records previously found in the home; it also contains a broad array of private information never found in a home in any form[,] unless the phone is. (Énfasis suplido).30 29 Riley v. California, supra. 30 Íd. CC-2014-767 16
C. El registro consentido por un tercero
Es norma conocida que el hecho de que un objeto haya
sido incautado sin una orden previa de un tribunal, por
sí solo, no conlleva la inadmisibilidad de la evidencia
obtenida.31 Un registro sin una orden judicial activa una
presunción de que éste fue irrazonable e inválido.32 No
obstante, el Estado puede demostrar que las
circunstancias particulares en ese caso justificaron la
intervención policial sin la referida orden,
constituyéndose así alguna de las excepciones a la norma
general.33 Algunas de estas situaciones excepcionales son
las siguientes: (1) un registro incidental a un arresto
legal; (2) un registro consentido voluntariamente de
forma expresa o implícita; (3) un registro en situación
de emergencia; (4) una evidencia ocupada en el transcurso
de una persecución; (5) una evidencia a plena vista;
(6) cuando el agente del orden público obtiene
conocimiento de la existencia del material delictivo por
el olfato; (7) una evidencia arrojada o abandonada;
(8) un registro o allanamiento de una estructura
abandonada; (9) una evidencia obtenida durante un
registro administrativo, siempre que se cumpla con las
31 Pueblo v. Báez López, supra, 930. 32 Íd. 33Pueblo v. Báez López, supra; Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618, 632–633 (1999); Pueblo v. Santiago Alicea I, 138 DPR 230, 235 (1995); Pueblo v. Malavé González, 120 DPR 470, 476–477 (1988). Véanse, también: Missouri v. McNeely, 133 S.Ct. 1552, 185 L.Ed.2d 696 (2013); Coolidge v. New Hampshire, 403 US 443 (1971). CC-2014-767 17
limitaciones expresadas por este Tribunal en Blassini et
als. v. Depto. Rec. Naturales, 176 DPR 454 (2009);
(10) un registro tipo inventario, o (11) una evidencia
obtenida en un lugar público como resultado de la
utilización de canes para olfatear. Cabe destacar que
estas excepciones no responden a reglas automáticas y
deben examinarse a la luz de los hechos específicos de
cada caso.34
Como mencionamos, una de las excepciones reconocidas
a la protección constitucional contra registros y
allanamientos irrazonables ocurre cuando media el
consentimiento para el registro.35 A esos efectos, hemos
resuelto que solo el titular del derecho puede
válidamente renunciar a éste.36 La renuncia puede ser
expresa o tácita, pero se considerarán los siguientes
factores para determinar su validez: (1) si ha habido
fuerza o violencia; (2) si el registro se efectuó después
de un arresto, y (3) si se encontraban presentes otras
personas.37 Además, para que el consentimiento sea válido
es indispensable que sea prestado por la persona que
tenga la autoridad para ello y que se haga de manera
34Pueblo v. Báez López, supra; Pueblo v. Blase Vázquez, supra, pág. 633; Pueblo v. Miranda Alvarado, supra. 35 Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág. 364; Pueblo en interés menor N.O.R., 136 DPR 949 (1994). 36 Pueblo v. Castro Rosario, 125 DPR 164 (1990); Pueblo v. Narváez Cruz, 121 DPR 429 (1988). 37 Pueblo v. Miranda Alvarado, supra. CC-2014-767 18
voluntaria, es decir, sin que medie coacción directa o
indirecta.38
Por otro lado, este Tribunal ha resuelto que la
validez del consentimiento prestado para realizar un
registro es una cuestión de hecho que se determina
haciendo un examen cuidadoso de la totalidad de las
circunstancias que rodean el caso.39 Para ello, habrá que
evaluar el ambiente en el cual se presta el
consentimiento y las características personales de quien
consiente.40
Al examinar el ambiente existente cuando se
consintió al registro, hay que considerar si la persona
que consintió fue amenazada, intimidada físicamente o
maltratada por la Policía; si descansó en promesas o
representaciones falsas de la Policía; y si se encontraba
en un lugar público o aislado.41 De otra parte, entre las
características personales que se examinarán se
encuentran: (1) la edad; (2) la inteligencia promedio;
(3) la educación; (4) si la persona estaba intoxicada o
bajo la influencia de drogas al momento de prestar el
consentimiento; (5) si la persona consintió luego de ser
informada de su derecho de rehusarse a consentir o
38 Pueblo v. Narváez Cruz, supra, pág. 436. 39 Pueblo v. Miranda Alvarado, supra; Pueblo v. Santiago Alicea I, supra. 40 Íd. 41 Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág. 364; Pueblo v. Santiago Alicea I, supra, pág. 237. CC-2014-767 19
habérsele dado las advertencias “Miranda”; y (6) si había
sido arrestado anteriormente y, por lo tanto, tenía
conocimiento de las protecciones que provee el sistema
legal a los sospechosos de un delito.42 Cuando la persona
inicialmente no permitió el registro, pero posteriormente
lo autorizó, hay que determinar si el permiso fue
obtenido ante la amenaza de que si el ciudadano no
consentía entonces la Policía obtendría una orden de
registro y entraría de todas formas.43
Ahora bien, este Tribunal ha reconocido que, en
determinadas situaciones y ante la ausencia del titular
del derecho, un tercero puede prestar válidamente su
consentimiento para el registro de una propiedad.44 Así,
en Pueblo v. Narváez Cruz, 121 DPR 429 (1988), adoptamos
el criterio establecido por el Tribunal Supremo de Estados
Unidos en United States v. Matlock, 415 US 164 (1974), en
cuanto a que para consentir válidamente a un registro no
se requiere que la persona que presta el consentimiento
posea un interés legal en la propiedad.45 Destacamos que
lo importante es que posea “autoridad común u otra
relación suficiente respecto a la propiedad que habrá de
42Pueblo v. Santiago Alicea I, supra. Véase, además, U.S. v. Chaidez, 906 F.2d 377 (1990). 43 Pueblo v. Miranda Alvarado, supra; Pueblo v. Santiago Alicea I, supra. 44A manera de ejemplo, hemos sostenido la validez del consentimiento del padre para el registro de la habitación de un hijo menor de edad que no pagaba la renta, Pueblo ex rel. F.J.M.R., 111 DPR 501 (1981), y el consentimiento de la hermana del acusado para el allanamiento de la residencia de éste, Pueblo v. Rivera Romero, 83 DPR 471 (1961). 45 Véase, además, Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág. 365. CC-2014-767 20
ser registrada”.46 Específicamente, en United States v.
Matlock, supra, pág. 171 esc. 7, se definió el concepto
“autoridad común” de la siguiente forma:
Common authority is, of course, not to be implied from the mere property interest a third party has in the property. The authority which justifies the third-party consent does not rest upon the law of property, […] but rests rather on mutual use of the property by persons generally having joint access or control for most purposes, so that it is reasonable to recognize that any of the co-inhabitants has the right to permit the inspection in his own right and that the others have assumed the risk that one of their number might permit the common area to be searched. (Énfasis suplido).
Así, la “autoridad común” no se basa en el derecho de
propiedad, sino en el uso mutuo de los bienes por personas
que generalmente tienen acceso o control conjunto sobre la
propiedad. En ese sentido, se entiende que cualquiera de
los cohabitantes de una residencia puede consentir al
registro del área común bajo su propio derecho y que los
demás cohabitantes han asumido el riesgo de que uno de
ellos pudiera permitir el registro.47
Ahora bien, cuando se determina que un objeto es un
efecto personal o que una persona tiene el uso exclusivo
del mismo, se ha cuestionado si ese hecho de por sí
implica que ninguna otra persona puede consentir al
registro del área u objeto. Bajo la doctrina de United
States v. Matlock, supra, dicha conclusión no elimina el
46Pueblo v. Narváez Cruz, supra, pág. 437; United States v. Matlock, 415 US 164, 171 (1974). 47 W. R. La Fave, Search and Seizure, A Treatise on the Fourth Amendment, 4ta ed., Eagan, Ed. West, 2004, pág. 193. CC-2014-767 21
riesgo asumido por la persona que deja el objeto en un
lugar al que también tienen acceso otras personas como el
cónyuge.48 Es decir, independientemente del tipo de bien
registrado, lo determinante para que el consentimiento del
tercero sea válido serán las circunstancias en las que se
dejó el bien.
Por lo tanto, bajo la doctrina de asunción de riesgo
de Matlock, el requisito de uso exclusivo no se determina
por el solo hecho de que una persona haya convertido en
una práctica el uso del área u objeto registrado, sino que
se requiere demostrar que al tercero que consiente no
tenía el acceso a dicha área u objeto.49
48 W. R. La Fave, op. cit. Véanse, además: People v. Stacey, 317 N.E.2d 24 (1974) (La esposa consintió al registro de un gavetero donde su esposo guardaba la ropa. A pesar de que ella no usaba el gavetero, el consentimiento fue válido, ya que nunca se le prohibió el acceso o control del mismo); United States v. Harrison, 679 F.2d 942 (DC Cir. 1982) (La esposa consintió al registro de una caja de efectos personales de ella y de su esposo que se encontraba en el sótano); Welch v. United States, 466 A.2d 829 (DC App. 1983) (La esposa consintió al registro de la oficina de su esposo que se encontraba en el sótano, la cual ella utilizaba en ocasiones y a la cual tenía acceso, ya que las llaves permanecían en la cocina de la casa); People v. Ford, 403 N.E.2d 512 (1980) (La esposa consintió al registro de una caja de herramientas de su esposo que guardaba en el sótano. El consentimiento fue válido, ya que el sótano no estaba cerrado con llave y a la esposa no le habían dado instrucciones de que no podía utilizar las herramientas); Bruce v. State, 375 N.E.2d 1042 (1978) (La esposa consintió al registro de un gavetero, de un armario y de un joyero que solo era usado por su esposo, ya que ella tenía acceso a todas las áreas de la habitación donde se encontraban esos muebles); Pennington v. State, 913 P.2d 1356 (Okl. Crim. App. 1995) (La esposa consintió al registro de una mochila de su esposo, la que se encontraba en el sótano a plena vista y accesible a todos los cohabitantes de la residencia); State v. Gillespie, 569 P.2d 1174 (1977) (La esposa consintió al registro de un abrigo de su esposo que estaba guardado en un armario que usaba toda la familia). 49 W. R. La Fave, op. cit., pág. 194. CC-2014-767 22
IV
Discutiremos conjuntamente los tres errores
señalados por estar relacionados. En esencia, la Defensa
sostiene que tanto el Tribunal de Apelaciones como el
Tribunal de Primera Instancia erraron al no suprimir la
información obtenida del teléfono celular ocupado, a
pesar de que dicho teléfono era de uso exclusivo suyo y
de que quien consintió al registro fue su esposa.
La controversia en este caso se circunscribe a
determinar si el registro del teléfono celular del
peticionario fue conforme a Derecho. Para ello, debemos
determinar si existía una expectativa razonable de
intimidad sobre el contenido digital del teléfono celular
y si el consentimiento brindado por la esposa del
peticionario fue válido.
En cuanto al primer aspecto, y como mencionamos,
actualmente los teléfonos celulares pueden almacenar una
gran cantidad de información. Las personas conservan
datos sobre los lugares que frecuentan, sus condiciones
de salud, los medicamentos que utilizan, los libros,
periódicos o revistas que leen, los números telefónicos y
direcciones de sus conocidos, entre otra información que
podría revelar detalles íntimos y sensitivos de su vida.
En ese sentido, como expresó el Tribunal Supremo federal
en Riley v. California, supra, hoy día un teléfono
celular guarda más información de un individuo de lo que
éste pudiera conservar en su propia casa. Por ello, un CC-2014-767 23
registro de este tipo podría ser más inquisitivo que un
registro de la residencia de una persona.
Por consiguiente, no tenemos duda de que el
peticionario tenía una expectativa razonable de intimidad
sobre el contenido digital de su teléfono celular de uso
personal al momento en que se efectuó el registro sin
orden judicial.
En segundo lugar, nos corresponde determinar si el
consentimiento brindado por la esposa del peticionario
para que la Policía registrara e incautara el teléfono
celular de éste fue válido. Como mencionamos, para que un
tercero pueda consentir válidamente al registro e
incautación de un objeto o lugar perteneciente a otra
persona es necesario que el tercero posea “autoridad
común” sobre el objeto o lugar que se registrará. Ahora
bien, como dispuso el Tribunal Supremo federal en United
States v. Matlock, supra, esa “autoridad común” no se
refiere a la titularidad del bien, sino al uso mutuo de
los bienes por aquellos que generalmente tienen acceso o
control conjunto sobre el bien.
En este caso, si bien es cierto que la titular de la
cuenta del celular del peticionario era su esposa, ese
hecho de por sí no es suficiente para validar el
consentimiento brindado a la Policía para que registraran
el teléfono celular. Ello es contrario a la doctrina de
Matlock que fue adoptada por este Tribunal en Pueblo v.
Narváez Cruz, supra, que establece el requisito de CC-2014-767 24
“autoridad común” para que el consentimiento de un
tercero sea válido. Además, dicha situación tampoco se
ajusta a la realidad fáctica que vivimos. Esto pues, hoy
día son muchas las personas que poseen teléfonos
celulares bajo planes familiares o grupales, en los que
una sola persona es el titular de varias cuentas, ya que
de esta forma pueden obtener tarifas más bajas. Sin
embargo, eso no significa que el titular tenga control o
acceso a todos los teléfonos celulares que están
incluidos en el plan. De hecho, en ocasiones los usuarios
de los teléfonos celulares ni tan siquiera viven en la
misma residencia del titular de la cuenta.
Por lo tanto, para determinar si el consentimiento
de la esposa del peticionario fue válido es necesario
precisar si la esposa tenía “autoridad común” sobre el
teléfono celular o si, por el contrario, el peticionario
tenía el uso exclusivo del mismo y su esposa no tenía
acceso al contenido del teléfono.
Del testimonio de la esposa surge que, aunque la
cuenta del teléfono celular estaba a su nombre, el mismo
era usado todo el tiempo por el peticionario.50 Ahora
bien, como expusimos anteriormente, el requisito de uso
exclusivo no se determina por el solo hecho de que una
persona haya convertido en una práctica el uso del área u
objeto registrado, sino que se requiere demostrar que el
tercero que consiente no tenía acceso al área u objeto. 50 Transcripción de la vista celebrada el 21 de mayo de 2014, pág. 15. CC-2014-767 25
Así, cuando la persona que alega poseer el uso exclusivo
del bien no realiza actos afirmativos para proteger su
derecho a la intimidad sobre éste, entonces asume el
riesgo de que un tercero adquiera autoridad común sobre
dicho bien.
En el caso de un teléfono celular, este asunto cobra
más importancia aún. La capacidad de almacenamiento y de
funciones que tienen estos equipos hace necesario que su
usuario proteja la información que su teléfono celular
contenga. Así, quien pretende reclamar el uso exclusivo
del teléfono celular que excluya la “autoridad común” con
el titular de la cuenta, debe haber tomado las debidas
precauciones para proteger su derecho a la intimidad
sobre el mismo. Para ello, la persona tiene siempre la
opción de, en primer lugar, ponerle una contraseña al
teléfono y no compartirla con el tercero titular de la
cuenta. Además, la persona puede tomar otras medidas como
guardarlo en lugares donde el titular de la cuenta no
pueda tener acceso al equipo o realizar cualquier acción
dirigida a evitar que tal persona pueda usar el teléfono
celular y, por ende, no adquiera “autoridad común” sobre
el equipo. Si la persona no toma las debidas precauciones
y el titular con autoridad común -conforme hemos
mencionado- consiente al registro del mismo, dicho
consentimiento sería válido. Claro está, dichas
circunstancias no serían necesarias cuando la persona que CC-2014-767 26
presta el consentimiento es el usuario exclusivo y tiene
a su vez la titularidad del celular.
Así, cuando un tercero, que es el titular del
equipo, consiente al registro del contenido digital de un
teléfono celular del cual el acusado es el dueño de facto
y como tal, quien lo utiliza de ordinario, el Estado
deberá probar que no estaban presentes los elementos que
de forma no taxativa señalamos anteriormente que, unidos
a las demás circunstancias del caso, permitan concluir al
tribunal que entre el tercero titular de la cuenta y el
dueño de facto existe autoridad común sobre el teléfono
celular. De ese modo, la evaluación deberá realizarse
caso a caso.
De la prueba presentada en este caso no surge en qué
condiciones se encontraba el teléfono celular al momento
del registro. Es decir, desconocemos si el aparato tenía
una contraseña y, de haberla tenido, no sabemos si el
peticionario compartió la contraseña con su esposa o si
antes de ser arrestado le dio alguna instrucción
específica sobre qué hacer con el teléfono celular, que
pueda llevar a pensar a una persona prudente y razonable,
que este objetaba el registro del mismo por parte de la
Policía. Por ello, procede devolver el caso al Tribunal
de Primera Instancia para que evalúe si el peticionario
realizó algún acto dirigido a proteger su derecho a la
intimidad sobre el contenido digital de su teléfono
celular o si, por el contrario, asumió el riesgo de que CC-2014-767 27
su esposa tuviera acceso al equipo y, por lo tanto,
pudiera consentir válidamente al registro del teléfono
celular.
V
Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la
determinación del Tribunal de Apelaciones y ordenamos la
devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para
que evalúe las circunstancias bajo las cuales se
encontraba el teléfono celular al momento del registro y
realice la determinación correspondiente conforme a lo
aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la presente, revocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones y ordenamos la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para que evalúe las circunstancias bajo las cuales se encontraba el teléfono celular al momento del registro y realice la determinación correspondiente conforme a lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Presidenta Interina señora Rodríguez Rodríguez emite Opinión disidente a la cual se une el Juez Asociado señor Colón Pérez. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emite Opinión disidente. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disiente sin opinión escrita.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pueblo de Puerto Rico Núm. CC-2014-0767 Recurrido
v.
Opinión disidente emitida por la Juez Presidenta Interina señora Rodríguez Rodríguez a la cual se une el Juez Asociado señor Colón Pérez
En vista de que nuestro estado de Derecho y la
jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo de
Estados Unidos reconocen limitadas excepciones para los
registros y allanamientos sin previa orden judicial de
dispositivos móviles, disiento enérgicamente del curso de
acción tomado por una mayoría de los integrantes de este
Foro. Estimo, además, que el presente caso alberga un
fenómeno socio-tecnológico que amerita la adopción de un
análisis particularizado mediante el cual se establezca
un delicado balance entre los intereses en pugna; a
saber, la seguridad ciudadana y el derecho a la intimidad
sobre el contenido digital de un dispositivo móvil. Por
tal razón, a continuación, expongo las razones por las
cuales no puedo dar mi anuencia al criterio que suscribe
una mayoría de este Tribunal. CC-2014-767 2
I. En primer lugar, debemos ser conscientes de que en
las pasadas décadas han surgido cambios dramáticos en lo
concerniente a la forma en que la información es
almacenada y transmitida. Véase Michael Buckland,
Information and Society (MIT Press, 2017), en la pág. 1.
A raíz de tales transformaciones, diversos académicos han
alertado sobre la necesidad de repensar la aplicación de
la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y
su homóloga en la Constitución del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico en controversias relacionadas con la
privacidad e intimidad de la información digital generada
y almacenada en artefactos electrónicos. Véase John
Wesley Hall, Jr., Search and Seizure, Vol. II, 4th ed.
2012, en las págs. 446-48; véase además, Alejando H.
Mercado Martínez, Derecho Procesal Civil Avanzado: El
Descubrimiento de información electrónica (e-discovery)
(2017), en la pág. 10. En esencia, el reto ante nuestra
consideración se ciñe a que la protección constitucional
en contra de los registros y allanamientos irrazonables,
y las reconocidas excepciones a ésta, fueron diseñadas
para espacios físicos. De por sí, esto supone que las
analogías de tales doctrinas al mundo digital arrojarán
resultados incongruentes que atentan contra garantías
constitucionales de gran arraigo en el derecho
puertorriqueño, como el derecho a la intimidad. CC-2014-767 3
Por otra parte, como respuesta incipiente a este
panorama, el Tribunal Supremo de Estados Unidos comenzó a
delinear los contornos particularizados del derecho a la
privacidad e intimidad sobre el contenido digital de un
dispositivo móvil en Riley v. California, 134 S.Ct. 2473,
573 US___(2014). En síntesis, Riley estableció que el
registro de un dispositivo móvil sin una orden judicial
viola la Cuarta Enmienda. Para llegar a tal
determinación, el Tribunal Supremo federal puntualizó que
la excepción del registro incidental al arresto allí
invocada era inaplicable, pues dicha doctrina se
desarrolló para el registro de espacios físicos.51 En este
sentido, cabe destacar que una de las virtudes de Riley
es que, dentro de la casuística sobre esta materia, éste
es el primer caso en el cual el Tribunal Supremo federal
optó por alejarse de la aplicación analógica de las
doctrinas de excepción para los registros y allanamientos
sin orden judicial. Véase Fourth Amendment in the digital
age NACDL Symposium (2016), en la pág. 28.
51 Sobre este particular, el Tribunal Supremo federal dispuso lo siguiente: “A conclusion that inspecting the contents of an arrestee's pockets works no substantial additional intrusion on privacy beyond the arrest itself may make sense as applied to physical items, but more substantial privacy interests are at stake when digital data is involved.” Riley v. California, 134 S.Ct. 2473, 2488-91. Véase además, Charles E. MacLean, But, Your Honor, a Cell Phone is not a Cigarette Pack: An Immodest Call for a Return to the Chimel Justifications for Cell Phone Memory Searches Incident to Lawful Arrest, 6 THE FEDERAL COURTS LAW REVIEW 38 (2012). CC-2014-767 4
Ahora bien, y conforme a lo antes discutido,
considero un error el análisis adoptado por la Mayoría, o
la falta de uno, para la aplicabilidad de la excepción de
autoridad común invocada en el caso de epígrafe. Como
bien se ha reconocido, un registro sin previa orden
judicial se presume irrazonable y le corresponde al
Ministerio Público invocar afirmativamente alguna de las
excepciones reconocidas jurisprudencialmente. En el
presente caso, la aplicación analógica de una doctrina
diseñada para un espacio físico –como lo es la doctrina
de autoridad común– poco o nada aporta a la resolución de
la controversia. A su vez, circunscribir la aplicabilidad
de la doctrina de autoridad común a la existencia de una
contraseña, o cualquier otra presunta acción protectora
para salvaguardar el derecho de intimidad, contraviene lo
resuelto en Riley. Ello pues, tal proceder incide en el
grado de protección conferida a la información almacenada
en un dispositivo móvil. Según lo resuelto en Riley, la
expectativa de intimidad sobre la información digital de
un dispositivo móvil surge de la naturaleza misma del
artefacto electrónico y el potencial de éste para generar
y almacenar información tradicionalmente considerada
privada y sensitiva.
II.
Lamentablemente, una mayoría de este Tribunal, una
vez más, aplica irreflexivamente una excepción al
requerimiento de orden judicial para un registro y CC-2014-767 5
allanamiento con el efecto irremisible de limitar los
derechos constitucionales de nuestra ciudadanía más allá
del ámbito mínimo de protección establecido por la
jurisprudencia federal. Véase Pueblo v. Báez López, 189
D.P.R. 918 (2013). La extemporaneidad del análisis
vertido en la Opinión mayoritaria no da cuenta de las
particularidades intrínsecas de un dispositivo móvil y
desatiende la norma pautada por el Tribunal Supremo de
Estados Unidos en Riley. Por entender que la doctrina de
autoridad común es inaplicable al registro sin orden
judicial de un objeto que almacena información íntima y
personalísima de un individuo, disiento del proceder de
una mayoría. Contrario a lo resuelto en la Opinión,
suprimiría -como cuestión de Derecho y sin trámite
ulterior- la evidencia obtenida mediante el registro
ilegal del dispositivo móvil del peticionario.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Presidenta Interina EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José A. López Colón CC-2014-767 Certiorari Peticionario
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
Hoy, una Mayoría de este Tribunal trastoca
severamente garantías firmemente arraigadas en nuestra
sociedad democrática y, con ello, peligrosamente diluye
el derecho de intimidad que cobija a nuestros
ciudadanos con relación al contenido digital de sus
teléfonos celulares. Lejos de conciliar los intereses
en pugna para determinar la razonabilidad de la
intrusión gubernamental, antepone desproporcional e
injustificadamente el interés del Estado sobre la
protección constitucional contra registros y
allanamientos irrazonables. Así, permite que la
“inconveniencia” que pudiera representar para los
agentes del orden público obtener una orden judicial
previa al registro de un teléfono celular pulverice un
derecho tan fundamental como el de la intimidad. Todo CC-2014-767 2
lo anterior, a pesar que la persona no tenía el
teléfono celular en su poder y ya se encontraba bajo la
custodia de las autoridades. Es por ello que DISIENTO
del dictamen que hoy se emite.
Examinemos el contexto fáctico y procesal en el
cual se desató la controversia ante nuestra
consideración.
El caso de epígrafe tiene su origen en hechos
ocurridos el 9 de agosto de 2013, por los cuales se
presentaron denuncias en contra del Sr. José A. López
Colón (señor López Colón o peticionario) por alegadas
infracciones al Artículo 95 del Código Penal de Puerto
Rico, 33 LPRA sec. 5144, y los Artículos 5.04 y 5.15 de
la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA secs. 458c y
458n. En esencia, se le imputó haberle causado la
muerte al hermano de su esposa, Sra. Madeline Colón
Ugarte (señora Colón Ugarte o esposa del peticionario),
utilizando un arma de fuego como resultado de súbita
pendencia o arrebato de cólera.
Presentadas las acusaciones y señalada la
celebración del juicio en su fondo, el peticionario
solicitó la supresión de cierta evidencia que fue
obtenida ilegalmente y se pretendía utilizar en su
contra. Específicamente, sostuvo que correspondía
suprimir unos videos que fueron obtenidos mediante la
incautación y registro de su teléfono celular de su uso CC-2014-767 3
exclusivo y de una caja DVR (Digital Video Recorder)
del sistema de cámaras de seguridad de su residencia.
Amparó su solicitud en que los objetos fueron ocupados
y registrados sin una orden judicial, en su ausencia,
mientras estaba arrestado en el cuartel de la Policía,
y sin que brindara su consentimiento. Ello, en
contravención a las Secciones 8 y 10 del Artículo II de
la Constitución de Puerto Rico, la Cuarta Enmienda de
la Constitución federal y su jurisprudencia
interpretativa.
A su vez, alegó que la validez del consentimiento
a un registro por un tercero depende de si la persona
que consiente tiene autoridad para ello y si el
ciudadano que reclama la protección contra registros
irrazonables tiene una expectativa razonable de
intimidad. En ese sentido, resaltó que la autoridad que
posea el tercero que consiente no se determina a base
del derecho de propiedad sobre el objeto registrado,
sino sobre su uso mutuo por personas que tienen una
legítima expectativa de intimidad. Por su parte, el
Estado se opuso a la supresión de la evidencia
amparándose, esencialmente, en que el peticionario no
cumplió con los requisitos establecidos en la Regla 234
de Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec. 234.
Así las cosas, el foro primario celebró una vista
de supresión de evidencia en la cual testificó el
agente Edgar Pérez Talavera (agente Pérez Talavera) CC-2014-767 4
como testigo de cargo, y la señora Colón Ugarte como
testigo de la defensa. Según surge de la transcripción
de la vista celebrada, el agente Pérez Talavera relató
que tras arribar al lugar de los hechos observó que la
escena estaba custodiada por varios compañeros
uniformados, por lo cual procedió a realizar un examen
general de la escena. En esa área, que catalogó como
una escena protegida, observó el cuerpo sin vida de una
persona y notó que había varias residencias y un
colegio. Asimismo, se percató que una de las
residencias tenía cámaras de seguridad. Luego de
trabajar la escena y entrevistar a varias personas, se
dirigió hacia la residencia que tenía las cámaras de
seguridad. Para ese entonces, el agente Pérez Talavera
conocía que se trataba de la residencia del señor López
Colón, único sospechoso de la muerte que era objeto de
su investigación. De igual forma, éste estaba
consciente que el peticionario ya se encontraba
detenido en el cuartel de la Policía.
Del mismo modo, testificó que una vez llegó a la
casa del señor López Colón, se encontró con la esposa
de éste, la señora Colón Ugarte, se identificó como
agente de la Policía de Puerto Rico y le notificó que
estaba investigando los hechos ocurridos. Acto seguido,
le preguntó a la esposa del peticionario si le permitía
acceso a las cámaras de seguridad y procedió a
registrar el contenido de éstas. Mientras observaba el CC-2014-767 5
video de los sucesos, se percató que éste tenía un
teléfono celular en la mano. Como consecuencia de ello,
le preguntó a la señora Colón Ugarte por el celular y
ésta le indicó que lo tenía en su poder, por lo cual el
agente Pérez Talavera le solicitó que se lo proveyera.
La esposa del peticionario le proveyó el celular al
agente y éste lo entregó a la Unidad Técnica de
Grabaciones de la Policía para que lo registraran y
sustrajeran videos y fotos.
Es importante señalar que, a preguntas del
representante legal del señor López Colón, el agente
Pérez Talavera afirmó que aun cuando se sentía cómodo
haciendo su trabajo mientras investigaba los hechos
ocurridos, y no existía nada que le impidiera obtener
una orden para incautar y registrar el teléfono
celular, no era necesario obtener una orden judicial a
esos efectos. Ello, porque la dueña de la residencia
estaba allí y había consentido. Por su parte, la señora
Colón Ugarte testificó que entregó el teléfono celular
al agente, porque entendía que estaba cumpliendo con la
ley y era lo correcto. Además, indicó que nadie le dijo
que podía negarse a entregarlo.
Celebrada la correspondiente vista al amparo de la
Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra, el Tribunal
de Primera Instancia denegó la supresión de la
evidencia, así como una reconsideración presentada
oportunamente por el peticionario. Concluyó que no CC-2014-767 6
estaba en controversia que “los artefactos ocupados
eran de uso común de la pareja”. Resolución del
Tribunal de Primera Instancia de 28 de mayo de 2014,
Apéndice del certiorari, pág. 51. Particularmente, en
lo pertinente, razonó que:
En el caso del celular la señora Colón testificó y no es un hecho en controversia que la cuenta que brindaba servicio telefónico a dicho artefacto estaba a su nombre. Por lo tanto debe entenderse que esta tenía autoridad sobre el celular y sobre su contenido por lo cual podía autorizar a su registro. Íd., págs. 51-52.
Asimismo, en lo atinente al consentimiento de la señora
Colón Ugarte, determinó que ésta consintió a la
ocupación y registro de los artefactos sin que mediara
coacción, por lo cual no procedía la supresión de la
evidencia.
Inconforme, el señor López Colón recurrió al
Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de
certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción.
Solicitó la paralización de los procedimientos ante el
foro primario hasta tanto se resolviera el asunto de la
admisibilidad de la prueba obtenida como resultado del
registro de su teléfono celular. Además, señaló que el
Tribunal de Primera Instancia erró al no suprimir tal
evidencia, a pesar que no hubo un consentimiento válido
para la ocupación y posterior registro de su teléfono
celular. De igual modo, sostuvo que el foro primario
incidió al determinar que el sólo hecho de que una CC-2014-767 7
persona posea la titularidad de una propiedad le
confiere la autoridad para consentir a su ocupación y
registro por parte de los agentes del orden público.
Por su parte, el Estado se opuso y alegó que el
Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente, toda
vez que la señora Colón Ugarte podía consentir a que el
agente Pérez Talavera entrara a la residencia en la que
vivía con el señor López Colón e incautara la evidencia
que estimara pertinente para su investigación,
incluyendo el celular de uso exclusivo del
peticionario. Asimismo, adujo que ésta podía autorizar
al agente a registrar el contenido digital del teléfono
celular de forma irrestricta. Particularmente, el
Estado se amparó en que la esposa del peticionario era
la titular de la cuenta del teléfono celular, por lo
cual arguyó que ésta tenía un derecho propietario sobre
el artefacto que le facultaba para autorizar su
incautación y registro. Además, argumentó que por
tratarse este caso de un registro consentido no era de
aplicabilidad lo resuelto por el Tribunal Supremo
federal en Riley v. California, 134 S. Ct. 2473 (2014).
En la alternativa, el Estado alegó que aún bajo la
premisa de que el señor López Colón albergara un
derecho de intimidad sobre el contenido digital de su
teléfono celular de uso exclusivo, su expectativa de
intimidad era limitada. Ello, pues, la señora Colón
Ugarte podía “acceder irrestrictamente a los archivos CC-2014-767 8
digitales guardados en la unidad como copropietaria de
la unidad celular pues el artefacto aludido no tenía
contraseña de seguridad que impidiera acceder a sus
archivos”. Escrito en Cumplimiento de Orden, Apéndice
del certiorari, págs. 86-87.
Aquilatados los planteamientos de ambas partes, el
foro apelativo intermedio confirmó el dictamen emitido
por el Tribunal de Primera Instancia. Determinó que la
señora Colón Ugarte tenía la autoridad para permitir la
ocupación y registro del teléfono celular. Ello, por
entender que el peticionario asumió el riesgo de que su
esposa permitiera que el teléfono celular fuera
registrado por tenerlo a nombre de ella. En ese
sentido, concluyó que el señor López Colón no tenía una
expectativa de intimidad razonable y legítima con
relación al teléfono celular.
En desacuerdo con la determinación del Tribunal
de Apelaciones, el peticionario compareció ante nos
mediante un recurso de certiorari y una moción en
auxilio de jurisdicción. En esencia, reproduce los
argumentos presentados ante el foro recurrido en lo
concerniente a que procedía suprimir la evidencia
obtenida del registro sin orden del teléfono celular
que es de su uso exclusivo. Lo anterior, toda vez que
no consintió a tal registro y su esposa no podía
autorizar la ocupación y registro del teléfono celular,
por el mero hecho de ser la titular de la cuenta de CC-2014-767 9
éste. Por su parte, el Estado reitera la postura
esbozada ante los foros recurridos referente a que la
esposa del peticionario brindó un consentimiento válido
al registro del teléfono celular.
Así las cosas, una Mayoría de este Tribunal
determina desacertadamente que procede devolver el caso
al foro primario “para que evalúe si el peticionario
intimidad sobre su teléfono celular o si, por el
contrario, asumió el riesgo de que su esposa tuviera
acceso al equipo y, por lo tanto, pudiera consentir
válidamente al registro del teléfono celular”. Opinión
mayoritaria, pág. 27.
Por considerar que con ello se diluye
desproporcional e injustificadamente el derecho a la
intimidad de los ciudadanos, DISIENTO.
Con ello en mente, procedo a exponer el marco
jurídico aplicable.
A.
Sabido es que la Sección 10 del Artículo II de la
Constitución de Puerto Rico y la Cuarta Enmienda de la
Constitución federal protegen al ciudadano contra los
registros, incautaciones y allanamientos irrazonables
por parte del Estado. Particularmente, la Sección 10
dispone, en lo pertinente, que “[n]o se violará el
derecho del pueblo a la protección de sus personas, CC-2014-767 10
casas, papeles y efectos contra registros,
incautaciones y allanamientos irrazonables”. Art. II,
Sec. 10, Const. ELA, LPRA, Tomo I. De igual forma,
establece que “sólo se expedirán mandamientos
autorizando registros, allanamientos o arrestos por
autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista
causa probable apoyada en juramento o afirmación,
describiendo particularmente el lugar a registrarse, y
las personas a detenerse o las cosas a ocuparse”. Íd.
Además, precisa que la evidencia obtenida en violación
a los preceptos citados será inadmisible en los
tribunales. Íd. De forma similar, la Cuarta Enmienda de
la Constitución federal establece lo siguiente:
The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized. Emda. IV, Const. EE UU, LPRA, Tomo I.
Según se desprende de las disposiciones
constitucionales citadas, la intención de los
constituyentes fue proteger el derecho de intimidad y
dignidad del ser humano, amparar sus pertenencias
frente actuaciones irrazonables del Estado, e
interponer la figura neutral de un juez para garantizar
la razonabilidad de la intervención gubernamental con
los ciudadanos. Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918, 927
(2013). Asimismo, queda claro que la Constitución de CC-2014-767 11
Puerto Rico provee unas garantías más abarcadoras que
la Constitución federal en lo referente a la protección
contra registros e incautaciones irrazonables. Íd.,
pág. 928. En ese sentido, adviértase que, a diferencia
de la Constitución federal, la Sección 8 de nuestra
Carta de Derechos dispone para la protección de la
honra, reputación y vida privada de las personas.
Pueblo v. Bonilla, 149 DPR 318, 329 (1999). De esa
manera, “el efecto conjunto de esta cláusula y la
garantía constitucional contra registros y
allanamientos irrazonables ha sido establecer el
derecho a la intimidad como uno de los de más alta
jerarquía en nuestro ordenamiento.” Íd.
Al amparo de este esquema constitucional, este
Tribunal ha expresado que cuando se reclame una
violación a las garantías contenidas en la Sección 10,
resulta imperativo determinar si, en efecto, hubo un
registro que haya vulnerado la expectativa razonable de
intimidad que nuestra sociedad reconoce. Íd., págs.
329-330; Pueblo v. Báez López, supra, págs. 928-929. En
ese ejercicio, es preciso establecer si la persona
albergaba una expectativa razonable de intimidad dentro
de las particularidades de cada caso y si tal derecho
está reconocido por nuestros conciudadanos. Pueblo v.
Báez López, supra, pág. 929; Pueblo v. Bonilla, supra,
pág. 330. Así, la aplicabilidad de la protección contra
registros e incautaciones irrazonables dependerá de los CC-2014-767 12
siguientes elementos: (1) la naturaleza de la intrusión
gubernamental; (2) su efecto sobre la expectativa de
intimidad del ciudadano, y (3) la necesidad y utilidad
del método investigativo utilizado para implantar la
ley. Pueblo v. Báez López, supra, pág. 929.
De determinarse que existe una expectativa
razonable de intimidad protegida por las garantías
conferidas en la Sección 10 de nuestra Constitución, y
que el Estado en efecto llevó a cabo un registro,
corresponde examinar la razonabilidad de éste. Íd.;
Pueblo en interés del menor N.O.R., 136 DPR 949, 963-
964 (1994). Es decir, “la razonabilidad de la
intervención será la piedra angular de su validez
constitucional”, la cual dependerá del balance de
intereses entre la expectativa de intimidad del
individuo y los intereses públicos que motivaron la
intervención estatal. Pueblo v. Báez López, supra, pág.
929; Pueblo en interés del menor N.O.R., supra, pág.
964.
En armonía con lo anterior, es norma ampliamente
conocida que todo registro, allanamiento o incautación
sin orden judicial previa se presume irrazonable y, por
tanto, ilegal e inválido. Pueblo v. Blase Vázquez, 148
DPR 618, 631 (1999). Cónsono con ello, este Tribunal ha
expresado que cuando se obtiene evidencia sin que medie
una orden judicial, el Ministerio Público tiene la
obligación de refutar la presunción de ilegalidad y, de CC-2014-767 13
igual modo, le corresponde establecer los elementos que
configuren una de las excepciones a la regla de obtener
una orden judicial previa. Íd. Por tanto, aunque se han
reconocido excepciones al mandato constitucional de
obtener una orden judicial previa a un registro o
allanamiento, éstas han sido limitadas a circunstancias
especiales y particulares que han sido definidas
jurisprudencialmente.52 Pueblo v. Miranda Alvarado, 143
DPR 356, 363 (1997). Además, resulta importante señalar
que:
Al decidir si procede eximir a las autoridades de la necesidad de obtener una orden judicial de registro, la pregunta no debe ser sólo si el interés público lo justifica, sino si el peso de conseguir dicha orden bajo las circunstancias particulares del caso, probablemente frustraría el propósito gubernamental legítimo que se persigue. Pueblo v. Bonilla, supra, pág. 334 (énfasis suplido).
B.
En lo pertinente a la controversia ante nos, una
de las excepciones reconocidas al requisito de orden
Particularmente, se han reconocido las siguientes 52
excepciones al requisito de una orden previa para un registro válido: (1) un registro incidental a un arresto legal; (2) un registro consentido voluntariamente de forma expresa o implícita; (3) un registro en situación de emergencia; (4) una evidencia ocupada en el transcurso de una persecución; (5) evidencia a plena vista o percepción por tacto; (6) un agente del orden público que adviene en conocimiento de la existencia de material delictivo por el olfato; (7) evidencia abandonada; (8) registro o allanamiento de una estructura abandonada; (9) evidencia obtenida durante un registro administrativo; (10) registro tipo inventario, y (11) evidencia obtenida en un lugar público como resultado de la utilización de canes para olfatear. Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918, 930-931 (2013). CC-2014-767 14
judicial previa es cuando media consentimiento para el
registro. Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág. 364.
En lo atinente a esta excepción, este Tribunal ha
expresado que “sólo el titular del derecho puede
válidamente renunciar a éste”. Íd. (énfasis suplido).
De igual manera, ha establecido que la renuncia puede
ser expresa o tácita. Para analizar la validez del
consentimiento, se deben considerar los factores
siguientes: (1) si hubo fuerza o violencia; (2) si el
registro se efectuó luego de un arresto, y (3) si había
otras personas presentes. Íd. Asimismo, para que el
consentimiento se determine válido resulta
indispensable que sea prestado por la persona con
autoridad para ello y que se haga voluntariamente, sin
que haya mediado coacción directa o indirecta. Íd.
No obstante, este Tribunal también ha reconocido
que, ante la ausencia del titular del derecho y en
determinadas circunstancias, un tercero puede consentir
válidamente al registro de una propiedad. Íd., pág.
365. Particularmente, ha resuelto que para que el
consentimiento sea válido no es necesario que la
persona que lo preste tenga un interés legal en la
propiedad. Ello, de conformidad a la norma establecida
por el foro supremo federal en United States v.
Matlock, 415 U.S. 164 (1974). Al amparo del citado
caso, se ha establecido que lo determinante es que el
tercero “posea ‘autoridad común u otra relación CC-2014-767 15
suficiente respecto a la propiedad que habrá de ser
registrada’”. Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, pág.
365; Pueblo v. Narváez Cruz, 121 DPR 429, 437 (1988).
Véase United States v. Matlock, supra, pág. 171.
Igualmente, se ha interpretado que el concepto de
autoridad común “depende del uso mutuo de la propiedad
por personas que generalmente tienen un control
conjunto [con respecto a la propiedad] en cuanto a
varios propósitos” y que, por tanto, “es razonable
reconocer que cualquiera de los cohabitantes tiene
autoridad, por derecho propio, para permitir la
inspección y que los otros asuman el riesgo de que uno
de ellos permita que el área común sea registrada”.
Pueblo v. Miranda Alvarado, supra, págs. 365-366
(énfasis en el original); Pueblo v. Narváez Cruz,
supra, pág. 437. Véase United States v. Matlock, supra,
pág. 171. A base de ello, este Tribunal ha expresado
que lo anterior implica que un tercero no puede
consentir válidamente a que se registre una propiedad
que está en la posesión exclusiva de otra persona.
Pueblo v. Narváez Cruz, supra, pág. 437.
Cabe mencionar que en United States v. Matlock,
supra, el máximo foro federal estableció la doctrina
jurisprudencial antes descrita en el contexto de un
consentimiento prestado por un tercero para el registro
sin orden de una casa, incluyendo el cuarto que ocupaba
la tercera persona en conjunto con el acusado de CC-2014-767 16
delito. Como resultado del registro de un closet del
cuarto que ocupaban conjuntamente, se incautó dinero en
efectivo que se encontraba en una bolsa de pañales. A
base de esta evidencia incautada durante el registro
sin orden, se vinculó al acusado con la comisión de un
robo a una institución financiera. El Tribunal Supremo
federal determinó que el registro sin orden fue válido
por el consentimiento brindado por una tercera persona
que compartía el cuarto con el acusado, por lo cual se
admitió la evidencia en el procedimiento en su contra.
En aquel entonces, el referido foro hizo
referencia a Frazier v. Cupp, 394 U.S. 731 (1969), un
caso en el que se declaró válido un registro sin orden,
ya que medió el consentimiento del primo del acusado.
Específicamente, el acusado y su primo compartían el
uso de un bulto, el cual fue registrado por los agentes
del orden público con el consentimiento voluntario del
primo. Como consecuencia de ello, se incautó ropa del
imputado de delito, la cual fue admitida como prueba en
el proceso penal en su contra. El foro supremo rechazó
el planteamiento del acusado a los efectos de que su
primo sólo utilizaba un compartimiento del bulto, por
lo cual no podía consentir a que se registrara
indiscriminadamente el interior de éste.
Asimismo, en casos posteriores a United States v.
Matlock, supra, el Tribunal Supremo federal ha validado
registros sin orden de residencias cuando se ha CC-2014-767 17
obtenido el consentimiento de un tercero con autoridad
común o autoridad aparente sobre la residencia del
acusado de delito. Véase Fernández v. California, 134
S. Ct. 1126 (2014); Illinois v. Rodríguez, 497 U.S. 177
(1990). Ello ha resultado, a su vez, en la
admisibilidad de prueba obtenida como parte del
registro sin orden de la residencia. No obstante,
resulta importante destacar que los efectos personales
ocupados en los casos citados consistían de sustancias
controladas y parafernalia que estaban a plena vista,
así como parafernalia utilizada por una conocida ganga
criminal, una cuchilla, ropa que coincidía con la
descripción del sospechoso del delito y municiones.
Véase Fernández v. California, 134 S. Ct. 1126 (2014);
Illinois v. Rodríguez, 497 U.S. 177 (1990).
De forma similar, en nuestra jurisprudencia se han
validado registros sin orden de residencias y de la
prueba que se incauta en ellas durante el registro.
Ello, al amparo del consentimiento prestado por un
tercero. Sin embargo, resalto que se trataba de
escenarios distintos al caso que nos ocupa. A modo de
ejemplo, en Pueblo en interés del menor F.J.M.R., 111
DPR 501 (1981), se validó un registro sin orden de una
residencia, incluyendo el cuarto del menor imputado de
delito, a base del consentimiento prestado por su
padre. Como resultado del registro efectuado, se
incautaron sustancias controladas que se encontraban a CC-2014-767 18
plena vista, así como una caja de pañales donde se
halló un stereo que era objeto de la querella
presentada. De igual forma, en Pueblo v. Ramos Santos,
132 DPR 363 (1992), se trataba de un imputado de delito
que se encontraba en un apartamento como huésped y la
propietaria consintió al registro sin orden de la
residencia. Como producto del registro, se incautó la
ropa húmeda del imputado, la cual coincidía con la
descripción del sospechoso, y sus zapatos.
Examinada la normativa jurídica desarrollada en
torno a la protección constitucional contra registros
irrazonables, así como el marco doctrinal del
consentimiento prestado por un tercero como una
excepción al requisito de previa orden, procedo a
dilucidar la cuestión particular planteada ante nos.
Esto es, ¿fue válido el registro sin orden del teléfono
celular de uso exclusivo del señor López Colón? En aras
de resolver esta interrogante, se debe determinar si el
peticionario albergaba una expectativa razonable de
intimidad que resultó vulnerada por la intromisión
gubernamental y, de ser así, si en este caso hubo un
consentimiento válido por parte de la señora Colón
Ugarte que justificara el registro sin orden del
contenido digital del teléfono celular.
Como indicamos, el señor López Colón arguye que
correspondía suprimir la evidencia obtenida como CC-2014-767 19
resultado del registro sin orden del contenido de su
teléfono celular. Ello, toda vez que no consintió a tal
registro y su esposa, contrario a lo resuelto por los
foros recurridos, no tenía autoridad para consentir por
el hecho de ser la titular de la cuenta del celular.
Por su parte, el Estado argumenta que la señora Colón
Ugarte podía consentir a que el agente Pérez Talavera
registrara el contenido digital del teléfono celular de
forma irrestricta. Lo anterior, amparándose en que era
la titular de la cuenta del celular. En la alternativa,
aduce que la expectativa de intimidad que pudiera
albergar el señor López Colón era limitada. Ello,
debido a que el teléfono celular no tenía una
contraseña de seguridad que impidiera que su esposa
accediera irrestrictamente a los archivos digitales
guardados en el dispositivo.
Ante ello, una Mayoría de este Tribunal acoge lo
planteado por el Estado en la alternativa y devuelve el
caso al foro primario. Como adelantamos, determina que
quien posea el uso exclusivo de un teléfono celular
debe tomar las debidas precauciones para proteger su
derecho de intimidad y evitar que otros adquieran
“autoridad común” sobre el equipo. De esa forma, este
Tribunal entiende que si la persona con uso exclusivo
del celular no le pone una contraseña o no lo oculta
para que el titular de la cuenta no tenga acceso, CC-2014-767 20
entonces asume el riesgo de que éste consienta al
registro sin orden de su celular.
Debo aclarar que considero que al amparo de la
doctrina expuesta en United States v. Matlock, supra,
en determinadas circunstancias, un “roommate” o un
“housemate” podría consentir al registro de la
residencia o de una habitación que utilizan
conjuntamente. Incluso, en ciertos casos cuyas
particularidades lo permitan, se podría validar la
incautación y registro de efectos personales como
resultado del registro de una residencia. No obstante,
el análisis no puede ser el mismo cuando se trata de un
registro de la información y los datos contenidos en un
teléfono celular. Ello constituiría un gran agravio a
la intimidad del individuo.
Por tanto, sostengo que este caso debió resolverse
a la luz del más reciente pronunciamiento del Tribunal
Supremo federal con relación a la expectativa de
intimidad que alberga un individuo con respecto al
contenido digital de su teléfono celular. Abundemos.
En Riley v. California, 134 S. Ct. 2473 (2014), el
máximo foro federal se enfrentó a una controversia
similar a la planteada en el caso ante nuestra
consideración. Específicamente, atendió el asunto de si
un agente del orden público podía registrar el
contenido digital de un teléfono celular sin una orden CC-2014-767 21
judicial previa, amparándose en una de las limitadas
excepciones a ese requisito constitucional. En aquel
caso, sin embargo, se planteó como justificación al
registro sin orden que se trataba de un registro
incidental a un arresto legal.
El referido foro atendió dos casos consolidados.
En el primero, el acusado fue arrestado válidamente por
infracciones a las leyes de tránsito y poseer armas de
fuego. Los agentes lo registraron y, como resultado de
ello, ocuparon el teléfono celular que éste llevaba en
un bolsillo del pantalón. Posteriormente, se registró
el contenido del celular incautado sin obtener una
orden judicial previa. En el segundo caso, el imputado
fue arrestado por aparentemente efectuar una venta de
sustancias controladas desde un vehículo de motor y fue
llevado al cuartel de la Policía. Una vez allí, los
agentes incautaron dos celulares que éste tenía en su
poder. Uno de los celulares estaba recibiendo llamadas
constantes y, ante ello, los agentes registraron el
contenido del celular. Con la información sustraída del
celular, obtuvieron la dirección del apartamento del
acusado, el cual luego registraron con una orden.
Ante tales hechos, el más alto foro federal
destacó que las particularidades de la controversia
ante sí le exigían resolver si la excepción del
registro incidental a un arresto legal aplicaba al
registro de los teléfonos celulares modernos. En ese CC-2014-767 22
ejercicio adjudicativo, concluyó que la doctrina del
registro incidental a un arresto legal y su
jurisprudencia interpretativa no podía extenderse a los
registros del contenido digital de un teléfono celular.
De esa forma, dictaminó sin ambages que su respuesta a
la interrogante de qué debe hacer un agente del orden
público antes de registrar un celular incautado
incidental a un arresto es sencilla: obtener una orden
judicial. Riley v. California, supra, pág. 2495. De
igual modo, aclaró que ello no implicaba que el
contenido de un celular es inmune a un registro, sino
que la norma pautada es que generalmente se requerirá
obtener una orden antes de efectuar este tipo de
registro. Ello, aun cuando el celular haya sido
incautado incidental a un arresto válido. Íd., pág.
2493.
En apoyo a su determinación, el Tribunal Supremo
federal realizó un análisis minucioso y detallado de la
naturaleza de este tipo de dispositivo con capacidad
para almacenar una cantidad inimaginable de información
sobre la vida de una persona. En ese sentido, fue
enfático en que el registro de este tipo de artefacto
digital no era comparable con el registro de una
residencia y, mucho menos, de otros efectos personales.
Particularmente, destacó lo siguiente: “[A] cell phone
search would typically expose to the government far
more than the most exhaustive search of a house: A CC-2014-767 23
phone not only contains a broad array of private
information never found in a home in any form - unless
the phone is.” Íd., pág. 2491 (énfasis en el original).
Igualmente, expuso que “[m]odern cell phones, as a
category, implicate privacy concerns far beyond those
implicated by the search of a cigarette pack, a wallet,
or a purse.” Íd., págs. 2488-2489 (énfasis suplido). En
aras de colocar en justa perspectiva lo anterior,
explicó que:
The storage capacity of cell phones has several interrelated consequences for privacy. First, a cell phone collects in one place many distinct types of information—an address, a note, a prescription, a bank statement, a video—that reveal much more in combination than any isolated record. Second, a cell phone's capacity allows even just one type of information to convey far more than previously possible. The sum of an individual's private life can be reconstructed through a thousand photographs labeled with dates, locations, and descriptions; the same cannot be said of a photograph or two of loved ones tucked into a wallet. Third, the data on a phone can date back to the purchase of the phone, or even earlier. A person might carry in his pocket a slip of paper reminding him to call Mr. Jones; he would not carry a record of all his communications with Mr. Jones for the past several months, as would routinely be kept on a phone.
Finally, there is an element of pervasiveness that characterizes cell phones but not physical records. Prior to the digital age, people did not typically carry a cache of sensitive personal information with them as they went about their day. Now it is the person who is not carrying a cell phone, with all that it contains, who is the exception. . . . Allowing the police to scrutinize such records on a routine basis is quite different from allowing them to search a personal item or two CC-2014-767 24
in the occasional case. Íd., págs. 2489-2490 (énfasis suplido).
En virtud de lo anterior, la controversia traída
ante nuestra consideración exigía que la abordáramos a
la luz del derecho expuesto, respecto a la
aplicabilidad de la doctrina del consentimiento
prestado por un tercero para un registro del contenido
digital de un teléfono celular. Ello, toda vez que no
albergamos duda que en este caso la intervención
estatal constituyó un registro de un artefacto sobre el
cual el señor López Colón tenía una expectativa
razonable de intimidad. Tampoco tenemos duda que esa
expectativa es una que nuestra sociedad reconoce como
razonable. En consecuencia, correspondía evaluar la
razonabilidad del registro efectuado balanceando los
intereses en pugna. Esto es, se debían armonizar el
interés del Estado de procesar criminalmente al
peticionario versus la protección constitucional que le
cobija a éste de que no se sometan sus efectos
personales a registros irrazonables y arbitrarios. Esto
último como corolario de su derecho a la intimidad.
A los fines de examinar la razonabilidad de la
actuación gubernamental, no podía perderse de vista que
por tratarse de un registro efectuado sin una orden
judicial previa, en este caso existía una presunción de
ilegalidad e invalidez. Por consiguiente, le CC-2014-767 25
correspondía al Estado establecer la aplicabilidad de
una de las excepciones al requisito constitucional de
orden previa. Sin embargo, una Mayoría le impone hoy la
carga al ciudadano. A esos efectos, procedía entonces
dilucidar si, ante las particularidades que presenta un
registro del contenido de un teléfono celular, según
reconocido en Riley v. California, supra, aplicaba la
excepción de consentimiento por un tercero.
Enmarcada así la controversia, resultaba forzoso
concluir que la referida excepción no aplica a las
circunstancias particulares de un registro del
contenido digital de un teléfono celular. Por tanto, el
registro sin orden en este caso debió declararse
inválido. Resolver lo contrario tendrá consecuencias
serias y nefastas para el derecho de intimidad que
cobija a todo ciudadano. Como bien advirtió el Tribunal
Supremo federal en Riley v. California, supra, la
cantidad de información personal que se almacena en
estos dispositivos es ilimitada.
En ese sentido, nótese que tanto la jurisprudencia
federal como la estatal han aplicado la excepción de
consentimiento por tercero en escenarios en que se
consiente al registro de una residencia y, como
producto de éste, se incauta otra evidencia que se
hallaba a plena vista u objetos que, de registrarse, no
representaban gran intrusión a la intimidad. No
obstante, lo mismo no puede decirse del registro del CC-2014-767 26
contenido digital de un teléfono celular incautado
durante el registro de una residencia. Los riesgos que
presenta este tipo de registro sin orden superan los
límites de lo que se considera razonable bajo la
Sección 10 de nuestra Constitución y la Cuarta Enmienda
de la Constitución federal. Peor aún, resulta innegable
que tan grave intrusión a la intimidad no se justifica
cuando la comparamos con la carga mínima que se
impondría al Estado al exigirle que obtenga una orden
judicial previa. Máxime en este caso en que el peso de
conseguir la orden no frustraría el propósito
gubernamental que se persigue. Recuérdese que, según
reconoció el agente Pérez Talavera, el registro sin
orden se efectuó cuando ya la escena del crimen estaba
protegida; él se sentía cómodo realizando su
investigación; el ciudadano no tenía el celular en su
poder y se encontraba restringida su libertad. Es
decir, nada le impedía obtener una orden judicial
previa.
Además, valga cuestionarse: ¿Cuál es el mensaje
que la Opinión mayoritaria le está enviando a los
agentes del orden público? ¿Cómo éstos podrán
determinar si resulta necesario o no obtener una orden
previa para el registro de un teléfono celular? ¿Tendrá
que inquirirle al tercero titular del celular sobre la
dinámica que tiene con el acusado respecto al teléfono
celular? ¿Vendrá obligado a indagar con cuánta CC-2014-767 27
frecuencia la tercera persona titular del celular
utilizaba el celular, si sólo lo usaba para llamadas de
emergencia o si el acusado le dijo que sólo podría
utilizarlo en determinadas circunstancias? ¿Deberá
preguntarle al tercero titular del celular si el
acusado le puso una contraseña a su teléfono celular o
dónde lo guardaba?
Lejos de brindarle unas guías claras a estos
funcionarios públicos para evitar que incurran en
intromisiones arbitrarias e irrazonables, le damos mano
libre para soslayar el derecho de intimidad de nuestros
ciudadanos y que, luego, argumenten que tal intrusión
se justifica “porque razonablemente entendieron que la
tercera persona tenía autoridad común aun cuando no la
tenía”.
No obstante todo lo anterior, una Mayoría de este
Tribunal resuelve devolver el asunto al foro primario
para que determine si hubo algún acto del señor López
Colón dirigido a proteger su derecho a la intimidad
sobre su teléfono celular. De lo contrario, entiende
que éste habrá asumido el riesgo de que su esposa
tuviera acceso al equipo y, por lo tanto, pudiera
consentir válidamente al registro del teléfono celular.
Dicho de otro modo, ante tan patente quebranto al
derecho de la intimidad de un ciudadano, este Tribunal
pauta una norma cuyo efecto es anteponer
injustificadamente el interés gubernamental sobre la CC-2014-767 28
protección constitucional que salvaguarda el derecho de
los ciudadanos a que el Estado no intervenga de forma
arbitraria e irrazonable con sus efectos personales. De
esa manera, echa por la borda una arraigada
jurisprudencia y parece olvidar que “[e]l honor y la
intimidad son valores del individuo que merecen
protección cabal, no sólo frente a atentados
provenientes de otros particulares, sino también contra
in[j]erencias abusivas de las autoridades”. 4 Diario de
Sesiones de la Convención Constituyente 2566 (1951).
Tal curso de acción lacera irremediablemente el derecho
de intimidad del individuo, lo cual no puede
justificarse por la “inconveniencia” que podría
representar para los agentes del orden público cumplir
con el mandato constitucional de obtener una orden
judicial antes de efectuar un registro de un teléfono
celular. Habida cuenta que, lejos de armonizar los
intereses en pugna, la Opinión mayoritaria permite que
se lesione gravemente el derecho a la intimidad, una de
las garantías de más alta jerarquía en Puerto Rico,
DISIENTO vehementemente.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado
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