Plaza Las Américas, Inc., Rose Land, S.E. v. N & H, S.E. / Tienda Sedeco

2005 TSPR 203

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: December 28, 2005
• Docket: CC-2005-0701
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Plaza Las Américas, Inc., Rose Land, S.E.

Peticionarias Certiorari

v. 2005 TSPR 203

N & H, S.E. / Tienda Sedeco 165 DPR ____

Recurrida

Número del Caso: CC-2005-701

Fecha: 28 de diciembre de 2005

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel III Especial

Panel integrado por su Presidenta, la Jueza Bajandas Vélez, el Juez Aponte Hernández y el Juez González Vargas.

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcda. Maretsa Rodríguez Portela Lcdo. Daniel Matínez Oquendo

Abogado de la Parte Recurrida:

Leonor Porrata-Doria

Materia: Construcción Ilegal

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Peticionarias

v. CC-2005-701

N & H, S.E. / Tienda Sedeco

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 28 de diciembre de 2005

En esta ocasión debemos examinar la facultad del

Tribunal de Apelaciones para dejar sin efecto una

orden de paralización permanente dictada al amparo

del Artículo 28 de la Ley Orgánica de la

Administración de Reglamentos y Permisos. Aún cuando

dichas órdenes son remedios estatutarios, exentos

generalmente de la normativa aplicable al injunction

tradicional, resolvemos que su vigencia post-

apelativa debe adjudicarse mediante normas y métodos

análogos a los que rigen la paralización de los

interdictos en la etapa apelativa. CC-2005-701 2

I.

El 24 de junio de 2004, la Administración de

Reglamentos y Permisos (“A.R.P.E.”) emitió una Resolución

aprobando un anteproyecto de construcción y autorizó la

preparación de los planos de construcción correspondientes

para la remodelación de un edificio cercano al centro

comercial Plaza las Américas. La propietaria del

edificio, N & H, S.E. / Tienda Sedeco (“N & H” o

“recurrida”), pretendía establecer allí una tienda de

muebles y enseres. Apéndice de la Petición de Certiorari

(“Apéndice”), págs. 90-92.

Plaza las Américas, Inc. y Rose Land, S.E. (“Plaza-

Rose Land” o “peticionarias”) no fueron partes en el

referido procedimiento administrativo ni fueron

notificadas de la referida Resolución. Aún así,

obtuvieron copia de ella e instaron el 13 de julio de 2004

una apelación ante la Junta de Apelaciones Sobre

Construcciones y Lotificaciones (“J.A.C.L.” o “Junta”).

Alegaron ser una parte directamente interesada y afectada

por la Resolución, pues el proyecto afectaba adversamente

sus propiedades cercanas, e impugnaron la determinación de

A.R.P.E. con varios planteamientos. Solicitaron, entre

otras cosas, que la Junta ordenara a dicha agencia a

paralizar todo procedimiento ante sí relacionado con la

Resolución y a notificar los nombres y direcciones de

quiénes fueron partes en el procedimiento administrativo,

pues dicha información no surgía de la Resolución de CC-2005-701 3

A.R.P.E. Apéndice, págs. 54-63 y 98-101.

Las susodichas gestiones no frenaron los

procedimientos ante A.R.P.E. Ésta emitió el 4 de agosto

de 2004 un permiso para demoler ciertas estructuras en el

predio objeto de la controversia. El día siguiente,

notificó la aprobación de un permiso de construcción

certificado, el cual expidió el 26 de agosto de 2004.

Apéndice, págs. 102-104.

Así las cosas, Plaza-Rose Land presentaron ante la

J.A.C.L. una “Moción en Auxilio de Jurisdicción”. En ella

alegaron que la recurrida había comenzado la construcción

y que esto implicaba una actuación sin el debido permiso

de A.R.P.E. o con un permiso ilegal. Anunciaron que

instarían un procedimiento especial en el Tribunal de

Primera Instancia al amparo del Artículo 28 de la Ley

Orgánica de A.R.P.E., Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975

(“Ley de A.R.P.E.” o “Ley 76”), 23 L.P.R.A. § 72.

Apéndice, págs. 64-66.

Las peticionarias, Plaza-Rose Land, instaron la

referida acción el 1ro de febrero de 2005. Adujeron,

inter alia, que la recurrida había iniciado los trabajos

de remodelación, cuya ilegalidad le había sido advertida,

y que tal conducta violaba los Artículos 16 y 17 de la Ley

de A.R.P.E., 23 L.P.R.A. §§ 71o y 71p, los Reglamentos de

Planificación, y el Reglamento de Ordenación Territorial

de San Juan. El foro de instancia emitió el día siguiente

una orden paralizando provisionalmente el proyecto de la CC-2005-701 4

recurrida y señalando una vista para el 28 de febrero de

2005. Mientras tanto, y habiéndose emplazado a N & H con

copia de la referida orden, A.R.P.E. expidió el 14 de

febrero de 2005 un tercer permiso de construcción con

respecto al predio objeto de esta controversia. Apéndice,

págs. 46, 67-69, 70-72, y 105.

Celebradas sendas vistas, el Tribunal de Primera

Instancia notificó el 29 de junio de 2005 una sentencia

favorable a Plaza-Rose Land. Ordenó que éstas agotaran

los remedios administrativos para hacer valer los derechos

reclamados y paralizó, mientras tanto, el proyecto de N &

H. Apéndice, págs. 73-75 y 37-44.

Inconforme, N & H instó un recurso de apelación el

cual acompañó con una moción en auxilio de jurisdicción

ante el Tribunal de Apelaciones el 8 de julio de 2005.

Ese mismo día, mas sin contar con la comparecencia de

Plaza-Rose Land, el foro apelativo ordenó “la paralización

de la ejecución de la Sentencia emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, en cuanto dispone la paralización de la

construcción del proyecto en controversia.” Apéndice,

págs. 5-34 y 3-4.

A su vez inconformes, Plaza-Rose Land acudieron ante

nosotros oportunamente mediante Petición de Certiorari y

Moción en Auxilio de Jurisdicción. Alegaron que erró el

Tribunal de Apelaciones al dejar sin efecto la ejecución

de la sentencia dictada en el foro de instancia, toda vez

que “la misma disponía la paralización del proyecto en CC-2005-701 5

controversia, sin tomar en cuenta que los permisos de

construcción se autorizaron en violación al Artículo 31 de

la Ley Orgánica de la A.R.P.E., lo que surgía claramente

de los autos del caso.”1 Notificamos a la parte recurrida

una orden de mostrar causa por la cual no debieramos

“revocar la Resolución del Tribunal de Apelaciones ordenar

así la paralización de la construcción del proyecto en

controversia”. La recurrida compareció en el plazo de 20

días concedido, mediante una Oposición a Moción en Auxilio

de Jurisdicción. Procedemos, entonces, a resolver.

II

Nos corresponde determinar si el Tribunal de

Apelaciones procedió correctamente al suspender los

efectos de una orden de paralización emitida al amparo del

procedimiento especial establecido en el Artículo 28 de la

Ley Orgánica de A.R.P.E., Ley Núm. 76 de 24 de junio de

1975, 23 L.P.R.A. § 72 (“Artículo 28”). Comenzamos, pues,

con un análisis de las consecuencias del recurso de

apelación presentado ante el Tribunal de Apelaciones,

sobre las órdenes de paralización emitidas al amparo del

referido procedimiento especial.

_____________________ 1 El único señalamiento de error de la Petición de Certiorari reza: “Erró el TA al emitir una Resolución ordenando la paralización de la ejecución de la sentencia emitida por el TPI, por cuanto la misma disponía la paralización del proyecto en controversia, sin tomar en cuenta que los permisos de construcción se autorizaron en violación al Artículo 31 de la Ley Orgánica de la A.R.Pe., lo que surgía claramente de los autos del caso.” CC-2005-701 6

A.

Generalmente, la presentación de un escrito de

apelación ante el Tribunal de Apelaciones en un caso

civil, impide que continúen los procedimientos ulteriores

en el Tribunal de Primera Instancia, a menos que el foro

apelativo ordene lo contrario a solicitud de parte o motu

proprio. Regla 53.9 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.

Ap. III; Regla 18 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones de 20 de julio de 2004, 4 L.P.R.A., Ap. XXII-

B. Sin embargo, los efectos de una decisión así apelada

no quedan en suspenso cuando ésta incluye como remedio una

orden de injunction, de mandamus, o de hacer o desistir,

salvo que el foro apelativo ordene lo contrario a

solicitud de parte o iniciativa propia. Reglas 53.9(d)(1)

y 18(B)(1), id.; Rodríguez Mora v. García Llorens, 147

D.P.R. 305, 311 (1998).2

_____________________ 2 La citada Regla 53.9(1) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone en lo pertinente: No se suspenderán los efectos de una decisión apelada o recurrida, salvo una orden en contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal de apelación, que incluya cualquiera de los remedios siguientes: (1) Una orden de injunction, de mandamus o de hacer o desistir. La citada Regla 18(B)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone en lo pertinente: No se suspenderán los efectos de una decisión apelada, salvo una orden en contrario expedida por el Tribunal de Apelaciones, por iniciativa propia o a solicitud de parte, cuando ésta incluya cualesquiera de los remedios siguientes: CC-2005-701 7

Ahora bien, el efecto post-apelativo de los

injunctions ha recibido un trato especial en la Regla 57.6

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.3 Los

Comentarios a dicha regla indican que su texto corresponde

a la Regla federal 62, incisos (c) y (g), y a lo resuelto

en Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147

(1978).4 Indicamos allí, entre otras cosas, que la

suspensión de los efectos de un injunction apelado es una

medida discrecional del foro de instancia apelado así como

___________________ (1) Una orden de injunction, de mandamus o de hacer o desistir. (2) 3 La Regla 57.6 de las Reglas de Procedimiento Civil dispone: “(a) Cuando se apele o recurra de una sentencia o resolución, concediendo, dejando sin efecto o denegando un injunction, el tribunal apelado podrá discrecionalmente suspender, modificar, restituir o conceder un injunction mientras se dilucida el recurso interpuesto bajo aquellos términos relativos a fianza y demás que estime adecuados para proteger los derechos de la parte contraria. (b) Lo dispuesto en esta regla no restringe la facultad del tribunal de apelación o de uno de sus jueces para paralizar los procedimientos mientras se dilucida el recurso interpuesto o para suspender, modificar, restituir o conceder un injunction mientras esté pendiente la apelación o certiorari, o para dictar cualquier orden adecuada para preservar el status quo o la efectividad de la sentencia que habrá de emitirse en su día. 4 Véase, además: Rodríguez Mora v. García Llorens, 147 D.P.R. 305 (1998); Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, T. II, San Juan, Publicaciones JTS, 2000, págs. 902-905 y 1067-1070; Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da ed., San Juan, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1996, págs. 77-80. CC-2005-701 8

del apelativo.5 En ambos casos, el peticionario debe

demostrar: (1) que ha presentado un caso fuerte con

probabilidad de prevalecer en los méritos de la apelación;

(2) que sufrirá un daño irreparable si no se paraliza el

injunction; (3) que ningún daño sustancial se causará a

las demás partes interesadas; y (4) que la suspensión de

la sentencia no perjudicará al interés público. Supra, a

las págs. 154-155. Luego expresamos:

En observancia de esta regla y en su función básica de proteger el interés de todas las partes, y considerando que la suspensión (stay) de la sentencia no se da por razón de derecho y si en ponderado ejercicio de discreción, el tribunal debe sopesar el beneficio que la suspensión representa para el perdidoso contra el daño que le irroga a la parte que ha obtenido el injunction.

Id.6

_____________________ 5 En Peña, supra, reconocimos que el foro de instancia típicamente está en una mejor posición que el apelativo para dirimir la suspensión o no del interdicto apelado. Supra, a la pág. 154. Véase también Rodríguez Mora v. García Llorens, supra, a la pág. 312. 6 En el párrafo citado añadimos que si el tribunal “decide detener la ejecución mientras pende la apelación o revisión deberá requerir fianza supersedeas e imponer aquellas condiciones y salvaguardas que sin oprimir a una parte tampoco diluyan en laxitud el derecho de su adversario.” Véase, también, Pueblo Int’l v. Srio. de Justicia, 117 D.P.R. 754, 765-766 (1986) (Voto Particular del Juez Presidente señor Pons Nuñez). Pero la Regla 57.6, supra, redactada después de nuestra decisión en el caso de Peña, sugiere que la imposición de fianza y otras condiciones descansa en la discreción del tribunal. Tal es la norma bajo los incisos (c) y (g) de la Regla 62 de Procedimiento Civil federal. Véase 11 Wright, Millar & Kane, Federal Practice & Procedure, Civil 2d §§ 2904 y 2908 (1995). La Resolución del foro a quo en el caso de marras no impuso tales medidas. Sin embargo, habida CC-2005-701 9

Al acoger estos principios, destacamos que el remedio

extraordinario de injunction “se caracteriza por su

perentoriedad, por su acción dirigida a evitar un daño

inminente o a restablecer el régimen de ley conculcado por

conducta opresiva, ilegal o violenta del transgresor del

orden jurídico.” Añadimos que la eficacia del interdicto

“descansa en su naturaleza sumaria y en su pronta

ejecución.” Supra, a la pág. 154; reiterado en Noriega

Rodríguez v. Hernández Colón, 130 D.P.R. 919, 932 (1992) y

Municipio de Loíza v. Sucesiones, res. 11 de junio de 2001,

154 D.P.R. ___, 2001 T.S.P.R. 84. Esta caracterización del

injunction la hicimos aún tratándose, como se trataba en

Peña, supra, de un injunction permanente.

Conviene observar que las normas establecidas en

Peña, supra, con respecto a los efectos post-apelativos

del injunction, reflejan las normas que aún rigen la

concesión del mismo. Al determinar si procede otorgar un

interdicto permanente, el tribunal debe considerar los

siguientes criterios: (1) si el demandante ha prevalecido

en un juicio en sus méritos; (2) si el demandante posee

algún remedio adecuado en ley; (3) el interés público

involucrado, y (4) el balance de equidades. Pérez Vda. de

Muñiz v. Criado Amunategui, 151 D.P.R. 355, 383 nota

___________________ cuenta del resultado al que llegamos en la sección IV de la presente Opinión, no es ésta la ocasión para examinar el ejercicio de discreción judicial en este ámbito. CC-2005-701 10

11 (2000).7 No son estos criterios una serie de requisitos

absolutos, sino directrices que encausan la discreción del

tribunal al determinar si la evidencia justifica el

interdicto. Véase, por ejemplo: Delgado v. Cruz, 27

D.P.R. 877, 880 (1919) (“sabido es que la concesión de un

injunction no es ex debito justitiae, sino que descansa en

la sana discreción del tribunal.”); Rivé Rivera, supra, a

la pág. 23. De modo que existe cierta simetría entre los

principios que regulan la concesión del injunction y los

que regulan sus efectos post-apelativos.

B.

El Artículo 28 de la Ley de A.R.P.E.8 contiene dos

_____________________ 7 Los criterios correspondientes al injunction preliminar son los siguientes: (1) la naturaleza de los daños que pueden ocasionárseles a las partes de concederse o denegarse el injunction; (2) su irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) la probabilidad de que la causa se torne en académica de no concederse el injunction; y, sobre todo, (5) el posible impacto sobre el interés público del remedio que se solicita. Municipio de Loíza v. Sucesiones, supra; véase además, e.g.: Pérez Vda. De Muñiz v. Criado Amunategui, supra, a la pág. 372; Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776 (1994); P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200 (1975). 8 El Artículo 28, de la Ley Orgánica de A.R.P.E., 23 L.P.R.A. sec. 72, dispone en lo pertinente: El Administrador o el Secretario de Justicia en los casos en los que así se solicite a nombre del Pueblo de Puerto Rico, o de cualquier propietario u ocupante de una propiedad vecina, que resultare o pudiera resultar especialmente perjudicado por cualesquiera de dichas violaciones, además, de los otros remedios provistos por ley, podrá entablar recurso de CC-2005-701 11

___________________ interdicto, mandamus, nulidad o cualquier otra acción adecuada para impedir, prohibir, anular, vacar, remover o demoler cualquier edificio construido, o cualquier edificio o uso, hechos o mantenidos en violación de este Capítulo o de cualesquiera reglamentos adoptados conforme a la ley y cuya estructuración le haya sido encomendada a la Administración. Esta autorización no priva a cualquier persona a incoar el procedimiento adecuado en ley para evitar infracciones a este Capítulo y a todos los reglamentos relacionados con la misma, para evitar cualquier estorbo (nuisance) o adyacente, o en la vecindad, de la propiedad o vivienda de la persona afectada. A estos fines, se provee el siguiente procedimiento especial: (a) Cuando, por persona o autoridad con derecho a ello, se presente petición jurada ante un juez del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico identificando un edificio o casa, rótulo o anuncio, alegando que el mismo está siendo construido, instalado, eregido, exhibido, mantenido, ampliado, reparado, trasladado, alterado, reconstruido, o usado, o demolido, en violación de este Capítulo o de los reglamentos, mapas o planos aplicables especificando los actos constitutivos de dicha violación e identificando la persona o personas que estén cometiendo la violación en cuestión, el tribunal expedirá una orden provisional dirigida a dichas personas requiriéndoles para que paralicen inmediatamente, bajo apercibimiento de desacato la obra, uso o instalación a que la petición se refiere, hasta tanto se ventila judicialmente su derecho. (b) En la orden provisional se fijará la fecha de la vista que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación de la petición y se advertirá al querellado que en dicha vista podrá él comparecer, personalmente o por abogado, a confrontarse con las imputaciones que se le hacen, pudiendo dictarse la orden permanente si dejare él de comparecer. (c) Tendrán derecho a presentar la petición los colindantes y vecinos que pudieren ser afectados por la violación y los funcionarios designados por los organismos gubernamentales que insten la acción, así como ingenieros o arquitectos que actúen como proyectistas o inspectores de la obra. . . . CC-2005-701 12

normativas distintas. En primer lugar, se faculta al

Administrador de A.R.P.E., al Secretario de Justicia y a

los vecinos, propietarios u ocupantes que hayan sido o

podrían ser perjudicados, a instar recursos de interdicto,

mandamus, nulidad y cualquier otra acción adecuada o

___________________ (f) La resolución será emitida por el tribunal dentro de los diez (10) días siguientes a la celebración de la vista y podrá ordenar la paralización permanente de los actos alegados en la petición o dejar definitivamente sin efecto la orden provisional. Toda resolución será escrita y contendrá una exposición de las alegaciones principales de la petición y de la prueba producida por ambas partes, una referencia al mapa, plano o ley alegadamente infringido, o una transcripción de la disposición reglamentaria aplicable y una exposición de lo que hubiese demostrado la inspección ocular. (g) Las resoluciones y órdenes serán apelables para el tribunal correspondiente de superior jerarquía. En tales apelaciones, y en lo aquí no provisto, regirán los términos y procedimientos que rigen las apelaciones en las acciones ordinarias, pero el récord lo constituirá el expediente original, que deberá ser elevado al tribunal de apelación. En caso de que la apelación se funde en apreciación de prueba y así se haga constar en el escrito de apelación, podrá elevarse la transcripción de la evidencia. En todos los demás casos, se considerarán como finales, a los efectos de la apelación, las adjudicaciones de hecho contenidas en la resolución. . . . (j) Toda persona que viole los términos de una orden provisional o permanente recaída bajo este procedimiento especial incurrirá en desacato y será castigada por el tribunal que expidió la orden con multa no menor de cien dólares ($100) ni mayor de quinientos dólares ($500) o reclusión por un término no menor de diez (10) días ni mayor de seis (6) meses. CC-2005-701 13

remedio disponible en ley para impedir, prohibir, anular,

vacar, remover o demoler cualquier edificio o uso que

fuera construido o mantenido en violación a la Ley de

A.R.P.E. A.R.P.E. v. Rodríguez, supra, a la pág. 808.9

La segunda parte del Artículo 28 establece y

reglamenta detalladamente el procedimiento especial

invocado en el caso de marras. Aquí se trata de un

mecanismo estatutario, independiente, especial, sumario, y

limitado. Luan Investment Corp. v. Román, 125 D.P.R. 533,

544 (1990); A.R.P.E. v. Rodríguez, 127 D.P.R. 793 (1991).

Su propósito es viabilizar, mediante la paralización de

usos u obras, la efectividad de las leyes y reglamentos de

planificación cuyo cumplimiento A.R.P.E. viene obligada a

fiscalizar. A.R.P.E. v. Rivera Morales, res. 8 de mayo de

2003, 159 D.P.R. ___, 2003 T.S.P.R. 75; cf. A.R.P.E. v.

Rodríguez, supra, a las págs. 803 y 809. Veamos algunas

de las características de este procedimiento.

El procedimiento especial puede invocarse cuando una

parte legitimada alega, en petición jurada, (1) que

determinada persona está realizando un uso u obra, (2) que

dicha conducta viola una ley o reglamento de

planificación, y (3) que A.R.P.E. tiene la obligación de

velar por el cumplimiento de dicha disposición. A.R.P.E.

v. Rivera Morales, supra. Las partes legitimadas son el

_____________________ 9 Nuestras expresiones en el caso citado tuvieron el efecto de combinar los dos primeros párrafos del Artículo 28 en una sola norma, a la cual hemos dado expresión. CC-2005-701 14

Administrador de A.R.P.E., el Secretario de Justicia, y

“los colindantes y vecinos que pudieren ser afectados por

la violación y los funcionarios designados por los

organismos gubernamentales que insten la acción, así como

ingenieros o arquitectos que actúen como proyectistas o

inspectores de la obra.” Invocado el procedimiento

especial, el tribunal paralizará provisionalmente la obra

o uso, y cumplidos los demás requisitos enumerados en el

estatuto, determinará si ha ocurrido la violación alegada.

En tal caso se ordenará la paralización permanente del uso

u obra, sujeta a las formas y condiciones que especifica

el Artículo 28.

Téngase presente que el procedimiento especial no

desplaza la función administrativa. Se trata de un

mecanismo provisional, según expresamos en A.R.P.E. v.

Rodríguez:

Con relación al carácter provisional del Art. 28 de la Ley Orgánica de A.R.P.E., cabe también señalar que en nuestro sistema de derecho existen otras leyes cuya naturaleza es de carácter provisional únicamente y donde se requiere de una acción ulterior e independiente para adjudicar finalmente la controversia, sin que por ello se violente la doctrina de cosa juzgada. Véase, de forma ilustrativa, la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, conocida como Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho. Esta ley sirve de complemento y paso anterior al uso de los remedios que se conceden bajo el Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, enmendado por la Ley Núm. 22 de 29 de abril de 1974, conocida como Ley sobre Perturbación o Estorbo.

Supra, a la pág. 808 nota 10 (citas omitidas). Al

requerirse “una acción ulterior e independiente para CC-2005-701 15

adjudicar finalmente la controversia”, el procedimiento

especial adviene incapaz de soslayar la función

administrativa.

La disponibilidad del procedimiento sumario

establecido en el Artículo 28 no está sujeta a las normas

de jurisdicción primaria ni agotamiento de remedios

administrativos. En Municipio de Caguas v. AT&T Wireless

PCS, res. 18 de junio de 2001, 154 D.P.R. ___, 2001

T.S.P.R. 93, consideramos brevemente la relación entre

dichas doctrinas y el Artículo 28. Allí los vecinos y el

municipio demandantes alegaron que la construcción de una

torre por parte de Telecorp Communications, Inc. (TCI),

entidad subsidiaria de AT&T, había provocado daños a

determinadas residencias, daños que ponían en peligro

inminente la vida de los vecinos. Añadieron que TCI dejó

de notificarles su solicitud de permiso de construcción

ante A.R.P.E., y que ésta concedió el permiso ilícitamente

y sin notificarles dicha determinación. Solicitaron un

injunction preliminar y permanente paralizando la

construcción y ordenando el retorno de cierto terreno a su

estado anterior, más la indemnización de aquellos daños y

perjuicios que les había causado la construcción.

Los demandados presentaron una moción de

desestimación debido a que la acción era tardía y

académica, no sólo porque la torre se había construido,

sino también porque los demandantes no habían agotado los

remedios administrativos. Aunque el foro de instancia CC-2005-701 16

concedió el injunction preliminar, el antiguo Tribunal de

Circuito de Apelaciones desestimó la demanda por no

haberse agotado los remedios administrativos. Revocamos

al foro apelativo y señalamos que las doctrinas de

agotamiento y jurisdicción primaria eran inaplicables a

los hechos del caso. Luego expresamos que existían “otras

razones de peso en el caso de autos por las cuales no era

menester acudir incialmente ante el foro administrativo.”

Entre ellas figuraban la posibilidad de un daño

irreparable y el hecho de que “la propia ley habilitadora

de ARPE en su Artículo 28 establece el derecho de toda

persona a acudir directamente al foro judicial, en

preterición del cauce administrativo, en cuanto a

reclamaciones dirigidas a evitar estorbos a la propiedad.”

(Cita omitida). Dicho Artículo, expresamos, “revela la

intención legislativa de favorecer el foro judicial ante

reclamos de ciudadanos para evitar estorbos en su

propiedad o vecindad.”

Este carácter provisional e independiente del

procedimiento especial exige una aclaración con respecto a

las órdenes de paralización. Según hemos indicado, tan

pronto una parte legitimada invoca adecuadamente el

referido procedimiento, debe expedirse una orden de

paralización provisional, “hasta tanto se ventila

judicialmente su derecho.” Artículo 28, supra, inciso

(a). Si el tribunal determina que se cumplieron los

requisitos procesales, y que ocurrió la infracción CC-2005-701 17

alegada, expedirá una orden de paralización permanente.

Esta distinción entre órdenes “provisionales” y

“permanentes” cumple una útil función terminológica dentro

del procedimiento especial. Así, por ejemplo, sólo las

órdenes “permanentes” disponen con finalidad de la acción

instada, reflejan las determinaciones de hechos y

conclusiones de derecho finales del tribunal, y son

“apelables para el tribunal correspondiente de superior

jerarquía”. Artículo 28, supra, incisos (f) y (g).10

No obstante, las órdenes “provisionales” y

“permanentes” comparten tres características importantes.

Primero, ninguna de ellas puede dejarse sin efecto

mediante otro procedimiento especial o mecanismo análogo.

Segundo, ambas órdenes obligan a las partes mientras se

tramita el correspondiente procedimiento administrativo o

judicial ordinario, salvo que un tribunal ordene lo

contrario tras un análisis similar al que hoy establecemos

para el trámite apelativo, infra § II.C. Tercero, las

partes quedan así obligadas sólo hasta que una decisión

final, producto del referido procedimiento ordinario,

_____________________ 10 Aunque el referido inciso dispone que “las resoluciones y órdenes” serán apelables, una interpretación integradora del estatuto revela que las órdenes de paralización provisional no son apelables. Añadimos que tampoco son revisables mediante el recurso de certiorari, toda vez que ello desvirtuaría el carácter sumario del procedimiento especial. CC-2005-701 18

altere el estado de derecho provisional.11 De modo que las

órdenes emitidas al amparo del procedimiento especial,

llámense “provisionales” o “permanentes”, constituyen un

remedio con cierta afinidad a los estados provisionales de

derecho, los mecanismos de aseguramiento de sentencia y

los injunctions preliminares, sin gozar de la finalidad

que caracteriza los injunctions permanentes.

Cabe subrayar, además, que las órdenes de

paralización emitidas al amparo del procedimiento especial

son un remedio estatutario e independiente del injunction

tradicional. Este último es un remedio discrecional cuya

concesión responde a los principios analíticos resumidos

anteriormente. Se trata, además, de un recurso al que

pueden oponerse las defensas tradicionales de la equidad

anglosajona. Véase, e.g.: Asociación de Vecinos de Villa

Caparra v. Iglesia Católica, 117 D.P.R. 346, 354 (1986);

Systema de P.R. v. Interface Int’l, 123 D.P.R. 379, 387

(1989); Rivé Rivera, supra, a las págs. 76-77. Las

órdenes de paralización solicitadas al amparo del

procedimiento especial, en cambio, no surjen de la

susodicha equidad y han de evaluarse con miras a la letra

del Artículo 28 y su jurisprudencia interpretativa.

_____________________ 11 Adoptamos las dos primeras normas en virtud de una analogía con los Artículos 3, 5 y 6 de la Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974. Véase: 32 L.P.R.A. §§ 2873 (d), 2875, y 2876; Marín v. Serrano Agosto, 116 D.P.R. 603 (1985). La tercera norma se deriva del carácter provisional del procedimiento especial. CC-2005-701 19

A.R.P.E. v. Rivera Morales, supra; A.R.P.E. v. Rodríguez,

supra.12

C.

Veamos ahora los efectos de una apelación al Tribunal

de Apelaciones sobre las órdenes paralizadoras emitidas al

amparo del procedimiento especial que establece el

Artículo 28 de la Ley de A.R.P.E. Sin duda han de

aplicarse las Reglas 53.9(d)(1) y 18(B)(1), discutidas

anteriormente, en cuanto disponen que la presentación de

una apelación no suspende los efectos de las órdenes de

hacer o desistir. Por supuesto, las mismas reglas

facultan al tribunal para dejar sin efecto tales órdenes,

_____________________ 12 En Rivera Morales, supra, expresamos: Cuando se trate de una petición de injunction autorizado expresamente por dicho estatuto, es importante aclarar que éste no surge de la jurisdicción de equidad de la corte, en virtud del cual el tribunal ordena a una persona bajo apercibimiento de desacato que realice o deje de realizar un acto que infrinja o perjudique el derecho de otro. En esto se diferencia del injunction clásico u ordinario. Tampoco se requiere alegación ni prueba de daños irreparables, y sólo la determinación de que el demandado ha violado las disposiciones de la ley. Pueblo v. A. Roig, Sucrs., 63 D.P.R. 18, 38-39 (1944); Véase además, D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da Ed., Programa de Educación Jurídica Continua de la facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, págs. 19-20. En fin, el Artículo 28 provee el mecanismo de injunction para hacer cumplir las leyes y reglamentos de planificación. De este modo, al interponerse una petición de injunction al amparo del Artículo 28 de la Ley Núm. 76, supra, éste deberá evaluarse según los criterios establecidos en dicho estatuto. CC-2005-701 20

ya sea a solicitud de parte o iniciativa propia. Surge

entonces la pregunta de cuáles deben ser los criterios que

guían la discreción del tribunal en este ámbito.

Resolvemos que la facultad del Tribunal de

Apelaciones para suspender los efectos del remedio

paralizador del procedimiento especial debe ejercitarse al

amparo de normas análogas a las que establecimos en Peña

v. Federación de Esgrima de P.R., supra, y se codificaron

en la Regla 57.6 de Procedimiento Civil, supra. Podría

sostenerse que el caso aludido no aplica ex propio vigore

al procedimiento especial del Artículo 28, pues uno

atiende los efectos post-apelativos del injunction

tradicional y otro establece un remedio estatutario e

independiente. Hemos visto, en particular, que los

requisitos del interdicto tradicional son más rigurosos

que los requisitos de las órdenes protectoras que autoriza

el Artículo 28 en su procedimiento especial; y que las

normas del referido caso, sobre los efectos post-

apelativos de un injunction, son un reflejo de tal

rigurosidad.

No empece estas diferencias, los remedios bajo

consideración responden a una misma finalidad. Ya

indicamos que el injunction se caracteriza, entre otras

cosas, por su acción dirigida a “restablecer el régimen de

ley conculcado por conducta . . . ilegal . . . del

transgresor del orden jurídico.” Peña, supra. Idéntico

propósito anima el procedimiento especial del Artículo 28. CC-2005-701 21

En ambos casos, además, la eficacia del remedio “descansa

en su naturaleza sumaria y en su pronta ejecución.” Id.

El historial legislativo del procedimiento especial

refleja estas preocupaciones al destacar la necesidad de

un mecanismo rápido y económico para lograr la

paralización inmediata de obras clandestinas, toda vez que

el esquema anterior, basado en la imposición de multas

diarias, había resultado ineficaz. A.R.P.E. v. Rodríguez,

supra, a la pág. 807. De modo que se trata de un remedio

cuyo propósito es vindicar el régimen jurídico antes de

que las circunstancias hagan de tal cumplimiento una labor

demasiado costosa o imposible. Las normas establecidas en

Peña, están diseñadas precisamente, según vimos, para

desempeñar esta función en la etapa apelativa.

En fin, la presentación de una apelación ante el

Tribunal de Apelaciones no suspende los efectos de una

orden paralizadora emitida al amparo del procedimiento

especial que establece el Artículo 28 de la Ley de

A.R.P.E., a no ser que disponga lo contrario el Tribunal

de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones, a

solicitud de parte o motu proprio, y de conformidad con

los criterios de Peña v. Federación de Esgrima de P.R. y

la Regla 57.6 de Procedimiento Civil, supra.

III

Es consecuencia lógica de lo antes expresado que el

Tribunal de Apelaciones debe mantener en vigor una orden de paralización emitida al amparo del procedimiento CC-2005-701 22

especial del Artículo 28 cuando el peticionario insta una

apelación sin probabilidad de prevalecer en los méritos.

En el caso de autos, Plaza-Rose Land indican en su único

señalamiento de error que incidió el foro a quo al

paralizar la ejecución de la sentencia dictada por el

tribunal de instancia, toda vez que “la misma disponía la

paralización del proyecto en controversia, sin tomar en

cuenta que los permisos de construcción se autorizaron en

violación al Artículo 31 de la Ley Orgánica de la A.R.Pe,

lo que surgía claramente de los autos del caso.” Para

determinar si, en efecto, la recurrida tenía suficiente

probabilidad de prevalecer en los méritos, nos incumbe

destacar varios principios del ordenamiento jurídico en

materia de planificación.

Recordemos, en primer lugar, que todo uso u obra en

el Estado Libre Asociado debe ser lícito y autorizado. El

Artículo 17 de la Ley de A.R.P.E. dispone al respecto:

A partir de la vigencia de esta ley y de la vigencia de la reglamentación administrativa dispuesta por la Administración para la tramitación de permisos, no se construirá, reconstruirá, alterará, demolerá ni trasladará edificio alguno en Puerto Rico, ni se instalarán facilidades, ni se subdividirá, desarrollará, urbanizará terreno alguno, a menos que dicha obra sea previamente aprobada y autorizada por la Administración. CC-2005-701 23

23 L.P.R.A. § 71p.13 El Artículo 16 de la misma Ley

establece una prohibición análoga con respecto al uso de

terrenos y edificios, cuya parte relevante lee:

A partir de la vigencia de los reglamentos que para desarrollo y uso de terrenos, así como para la construcción y uso de edificios, hayan sido aprobados, o que se adopten, conforme a ley, no podrá usarse ningún terreno o edificio, ni ninguna parte de éstos, a menos que el uso sea de conformidad con dichos reglamentos y de acuerdo con el permiso que se conceda por la Administración o por un municipio autónomo autorizado, según se disponga en dichos reglamentos, en este capítulo o en cualquier otra ley aplicable, o para el mismo fin para el cual se usaban y hasta donde se usaban cuando entraron en vigor dichos reglamentos.

23 L.P.R.A. § 71o.14

Las disposiciones citadas establecen dos requisitos

independientes, a saber, que el uso u obra sea lícito y

que se ejecute con el debido permiso. Por un lado,

expresamos en E.L.A. v. Rivera, 88 D.P.R. 196, 199 (1963),

que cierta edificación “se hizo en violación de un

reglamento, aún cuando fuera autorizada por un funcionario

de la propia Junta [de Planificación]. Siendo en

violación de la ley procede su corrección.” Véase,

también, Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348 (1978). La

diligencia y buena fe de quien ejecuta un uso u obra

_____________________ 13 Véase, además, el Reglamento para la Certificación de Obras y Permisos, Reglamento de Planificación Número 12 de 29 de junio de 2002. 14 Véase, además, el Reglamento de Zonificación, Reglamento de Planificación Número 4 de 5 de noviembre de 2000. CC-2005-701 24

contrario a derecho es un factor relevante a la hora de

precisar el debido proceso de ley15 y confeccionar el

remedio apropiado,16 sin alterar su ilicitud.

Por otro lado, las obras y usos deben realizarse con

un permiso adecuado y válido. El requisito de obtener un

permiso adecuado consta claramente en las disposiciones

citadas de la Ley 76, donde se establece que todo uso u

obra precisa la obtención del permiso correspondiente. El

requisito de obtener un permiso válido emana de los

principios básicos del derecho administrativo. En

particular, A.R.P.E. no está exenta del principio de que

todo acto administrativo ha de ser cónsono con las

facultades delegadas, y los procedimientos establecidos,

mediante ley o reglamento. Véase, a modo de ejemplo:

Misión Industrial v. Junta de Planificación, 146 D.P.R. 64

(1998); Caribe Communications v. P.R. Telephone, res. 18

de junio de 2002, 157 D.P.R. ___, 2002 T.S.P.R. 83;

_____________________ 15 Fuertes Guillermety v. A.R.P.E., 130 D.P.R. 971 (1992). En Fuertes Guillermety, supra, indicamos tácitamente que un permiso adquirido de buena fe podría constituir un interés propietario. Véase la discusión de este caso, infra. 16 Véase, e.g., Municipio de San Juan v. Bosque Real, res. 4 de marzo de 2003, 158 D.P.R. ___, 2003 T.S.P.R. 31; Del Rey v. J.A.C.L., supra. Por ejemplo, en Del Rey v. J.A.C.L., supra, resolvimos que “vistas las conclusiones de hecho de la propia Sala sentenciadora ..., y tratándose de un procedimiento fundamentalmente equitativo el que invoca la demandante, la sentencia debe ser modificada en el sentido de que el costo de la reducción en exceso de la altura de 1 metro y hasta 6 pies, no debe ser con cargo a la demandada.” CC-2005-701 25

Municipio de San Juan v. Bosque Real, res. 4 de marzo de

2003, 158 D.P.R. ___, 2003 T.S.P.R. 31. Por ende, un

permiso de uso o construcción cuya emisión excedió las

facultades de A.R.P.E., o incumplió las normas procesales

aplicables, es inválido e incapaz de conferir la

autorización que exigen los Artículos 16 y 17 de la Ley

76, supra.

La plena validez de los permisos que concede A.R.P.E.

está sujeta a ciertas condiciones que debemos reiterar.

El Artículo 31 de la Ley 76, 23 L.P.R.A. § 72c, establece

un plazo de 30 días para instar una apelación ante la

J.A.C.L. Luego dispone:

Una vez radicado un escrito de apelación ante la Junta de Apelaciones y notificado el mismo por el apelante, el organismo o funcionario de cuya actuación se apela, suspenderá todos los procedimientos ante sí, relativos a la actuación, determinación o resolución de la cual se apela.

En Fuertes Guillermety v. A.R.P.E., 130 D.P.R. 971 (1992),

caracterizamos de ultra vires la expedición de un permiso

antes de transcurrir los 30 días disponibles para apelar

la resolución de A.R.P.E. que autorizaba el mismo.

Expresamos al respecto:

Daubón argumenta que el Permiso de Uso que se le expidió el 4 de enero de 1990 . . . no podía revocársele sin una vista previa debido a que constituía un derecho de propiedad . . . Aquí, los Permisos de Construcción y de Uso fueron expedidos ultra vires desde un principio, en violación al Art. 31 [de la Ley 76]. La ley dispone que una vez iniciada una apelación ante la Junta, los procedimientos ante A.R.Pe. quedan CC-2005-701 26

paralizados. A.R.Pe. emitió erróneamente el Permiso de Construcción el 23 de septiembre de 1988, antes de que transcurrieran los treinta (30) días para apelar su resolución. Fuertes apeló en tiempo. La decisión de A.R.Pe. nunca advino final y firme.

Fuertes diligentemente impugnó el Permiso de Construcción el 9 de diciembre de 1988. A.R.Pe. incluyó, como controversia a dilucidarse ante la Junta, su validez. Daubón tuvo conocimiento de la apelación y sus fundamentos. No fue sorprendido en su buena fe. No puede ahora alegar haber adquirido en el permiso un derecho de propiedad.

Supra, a las págs. 981-982 (énfasis en original y cita

omitida).17

Por supuesto, las normas que acabamos de repasar con

respecto a la revisión de la J.A.C.L. aplican sólo cuando

ésta posee jurisdicción. Dicha facultad jurisdiccional

precisa límites, algunos de los cuales hemos identificado

en otras ocasiones. Murphy Bernabe v. Tribunal Superior,

103 D.P.R. 692; Flamboyán Gardens v. Junta de

Planificación, 103 D.P.R. 884 (1975); Vázquez v. A.R.P.E.,

128 D.P.R. 513 (1991); Carabarín v. A.R.P.E., 132 D.P.R.

983 (1993); Maymi Martínez v. Gobierno Municipal Autónomo

de Ponce, 151 D.P.R. 689 (2000). Aún así, es preciso

_____________________ 17 Las peticionarias, Plaza-Rose Land, sostienen que lo resuelto en Fuertes Guillermety, supra, amplía la letra del Artículo 31. Éste dispone que A.R.P.E. suspenderá los procedimientos ante sí al radicarse y notificarse una apelación ante la J.A.C.L. Las peticionarias añaden que, según Fuertes, A.R.P.E. no debe expedir un permiso de construcción antes de transcurrir el plazo de 30 días para apelar a la Junta la Resolución correspondiente. Petición de Certiorari, a las págs. 2 y 10. La controversia de autos no exige una expresión nuestra sobre este particular. CC-2005-701 27

recordar la norma general de que todo foro judicial y

cuasi-judicial está llamado a dirimir, en primera

instancia, cualquier planteamiento sobre su propia

jurisdicción. Colón Ventura v. Méndez, 130 D.P.R. 433

(1992). Resulta evidente, entonces, que el efecto del

Artículo 31 bajo consideración no puede evitarse con un

mero planteamiento de que la J.A.C.L. carece o podría

carecer de jurisdicción para atender la Apelación

oportunamente instada.

IV

En el caso de epígrafe, la recurrida no ha demostrado

en su comparencia ante nosotros, y no demostró en su

escrito ante el Tribunal de Apelaciones, que tuviese un

caso cuya probabilidad de prevalecer en los méritos

justifique la suspensión de la orden de paralización

emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Veamos.

Las peticionarias invocaron el Artículo 28 ante el

Tribunal de Primera Instancia para detener una obra que se

llevaba a cabo al amparo de un permiso emitido por

A.R.P.E. con posterioridad a la apelación que instaron las

propias peticionarias ante la J.A.C.L. Sostiene la

recurrida, en síntesis, que no procede paralizar su obra

por tener ellos la debida autorización y porque se ha

invocado indebidamente el Artículo 28.

Arguye N & H, que tiene permisos de uso y

construcción capaces de autorizar su obra, toda vez que

fueron emitidos por A.R.P.E. Indica, además, que existe CC-2005-701 28

una interrogante con respecto a si la J.A.C.L. tiene

jurisdicción para atender la apelación de las

peticionarias. Oposición a Moción en Auxilio de

Jurisdicción (“Oposición”), págs. 8 y 2. Hemos visto, sin

embargo, que A.R.P.E. procede ultra vires al emitir un

permiso cuya resolución correspondiente ha sido apelada

oportunamente ante la J.A.C.L., norma que surge claramente

del Artículo 31 de la Ley 76 y de Fuertes Guillermety,

supra. Así también, la facultad de todo foro cuasi-

judicial para dirimir su propia jurisdicción no admite

serias dudas con respecto a que el mero planteamiento de

un problema jurisdiccional resulta incapaz de revestir con

matizes de legitimidad una actuación ultra vires. Por

ende, los permisos de N & H carecían a todas luces de

validez y su obra era contraria a derecho.

No empece la ilicitud de su obra, N & H plantea que

Plaza-Rose Land han invocado indebidamente el

procedimiento especial establecido en el Artículo 28, toda

vez que carecen de legitimación para valerse del mismo y

no han agotado los remedios administrativos. Por un lado,

el procedimiento especial requiere que Plaza-Rose Land

sean “colindantes [o] vecinos que pudieren ser afectados

por la violación.” Aún cuando el Tribunal de Primera

Instancia no hizo determinaciones de hechos dirigidas a

establecer que las peticionarias cumplen dicho requisito,

difícilmente se puede sostener lo aseverado por la

recurrida que, “en el presente caso, no existe ni una sola CC-2005-701 29

alegación sobre grado de afectación alguno de los

demandantes.” Apéndice, págs. 38-39; Oposición, pág. 5.

Las peticionarias declararon en su Petición jurada que

eran propietarias de inmuebles colindantes y cercanos al

inmueble de la recurrida, y que habían sido directamente

afectadas por las determinaciones de A.R.P.E. En su

Escrito de Apelación ante la Junta, documento que forma

parte del récord en el tribunal de instancia, las

peticionarias alegaron que la remodelación crearía

problemas de congestión vehicular, falta de

estacionamientos, acceso ineficiente al centro comercial

Plaza las Américas a través de una de sus entradas, y

seguridad inadecuada de quienes por allí transitan. La

prueba documental sugiere que los predios de las

peticionarias colindan o ubican cerca del terreno en

controversia. Apéndice, págs. 45, 54, 84, y 76. Tales

pruebas y alegaciones, en el contexto de un procedimiento

sumario, bastan para establecer que al menos una de las

peticionarias es vecina o colindante que pudiera ser

afectada por el proyecto ilícito.

Por otro lado, las peticionarias no venían obligadas

a agotar los remedios administrativos antes de invocar el

Artículo 28. Somos conscientes de que fueron ellas

quienes iniciaron dicho proceso y de que la J.A.C.L.

estaba facultada para paralizar el proyecto. Sin embargo,

nuestras expresiones previas con respecto al carácter

sumario e independiente del Artículo 28 indicaban que no CC-2005-701 30

era necesario agotar los remedios administrativos en las

circunstancias de este litigio. AT&T Wíreles, supra. De

modo que las peticionarias tenían a su disposición el

Artículo 28, no para sustituir el juicio administrativo,

como sugiere la recurrida en su Oposición, sino para hacer

efectivas las leyes y reglamentos de planificación cuya

fiscalización A.R.P.E. tiene a su cargo.

En fin, una apreciación de los hechos en este caso,

con miras al derecho vigente cuando emitió el Tribunal de

Apelaciones su orden de paralización, nos convence de que

la recurrida tenía pocas posibilidades de prevalecer en

los méritos. Sumada a esta circunstancia la ausencia de

prueba dirigida a demostrar que la paralización de la obra

ocasionará daños irreparables a la recurrida, que no

ocasionará daños sustanciales a las peticionarias, y que

no perjudicará el interés público, forzoso es concluir que

incidió el foro a quo al suspender los efectos de la

sentencia apelada.

V

Por los fundamentos antes expresados, se revoca la

resolución del Tribunal de Apelaciones en cuanto ordenó la

paralización de la ejecución de la sentencia emitida por

el Tribunal de Primera Instancia que paralizó la

construcción del proyecto en controversia. Habida cuenta

que el único planteamiento ante el Tribunal de Apelaciones

era precisamente la validez de la orden de paralización

emitida, a la luz de lo resuelto, procede que continúen CC-2005-701 31

los procedimientos ante la J.A.C.L. acorde con lo aquí

expresado.

Se dictará sentencia de conformidad.

ANABELLE RODRIGUEZ RODRIGUEZ Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede los cuales se incorporan íntegramente a la presente, se revoca la resolución del Tribunal de Apelaciones en cuanto ordenó la paralización de la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia que paralizó la construcción del proyecto en controversia. A la luz de lo resuelto, procede que continúen los procedimientos ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones acorde con lo aquí resuelto.

Así lo pronuncio, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente sin opinión escrita. El Juez Presidente señor Hernández Denton, inhibido. El Juez Asociado señor Rebollo López no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo