CC-2001-350 1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Peticionario Certiorari v. 2001 TSPR 167 Luis A. Valdés Medina, Víctor L. Trinidad Muñiz 155 DPR ____ Joe Caraballo Maldonado Alejandro Osorio Hernández Acusados-Recurridos
Número del Caso: CC-2001-350
Fecha: 4/diciembre/2001
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. Jorge Segarra Olivero
Oficina del Procurador General: Hon. Roberto J. Sánchez Ramos Procurador General
Abogados de la Parte Recurida: Lcdo. Rafael E. Rodríguez Rivera Lcdo. Manuel A. Rodríguez Banchs
Lcda. Carmen A. Rodríguez Maldonado Sociedad para Asistencia Legal
Materia: Habeas Corpus
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El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
vs. CC-2001-350 CERTIORARI
Luis A. Valdés Medina, Víctor L. Trinidad Muñiz Joe Caraballo Maldonado Alejandro Osorio Hernández
Acusados-recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR REBOLLO LOPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 4 de diciembre de 2001
Contra Joe Caraballo Maldonado, Luis A. Valdés Medina
y Alejandro Osorio Hernández se determinó causa probable
para arresto por infracciones al Artículo 401 de la Ley
de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2401, tras
éstos alegadamente haber cometido -–cada uno por
separado-- conducta violatoria de la referida disposición
legal. Contra Víctor Trinidad Muñiz, se determinó
causa probable para arresto por supuesta infracción al
Artículo 171 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4277.
Ninguno de los imputados pudo satisfacer la fianza
que les fuera CC-2001-350 3
impuesta, razón por la cual fueron ingresados en una institución
penal.1
Cabe señalar que, para esa fecha estaba en vigor la Orden
Administrativa Núm. 209 del Centro Judicial de San Juan.
Mediante la misma, el Juez Administrador de dicho Centro
Judicial había dispuesto que, a partir del 1ro de agosto de 2000,
las conferencias con antelación a la vista preliminar no habrían
de celebrarse en las instalaciones del tribunal. Contrario a
la práctica prevaleciente antes de la vigencia de la susodicha
orden, a partir de ese momento, la Sociedad para Asistencia
Legal tendría que coordinar con la Administración de Corrección
una fecha hábil para llevar a cabo el proceso de entrevista y
calificación de los imputados, quienes ya no podrían ser
llevados al tribunal para dicho propósito.
Llegada la fecha para la cual se había señalado en cada
caso la celebración de la vista preliminar2, los imputados no
fueron llevados al tribunal como tampoco compareció abogado
alguno que los representara3; en vista de ello, además de fijar
1 La determinación de causa probable para arresto contra los imputados así como su ingreso en prisión se dio en las siguientes fechas: contra Luis A. Valdés Medina, el 17 de agosto de 2000; contra Joe Caraballo Maldonado, el 19 de agosto de 2000; contra Víctor M. Trinidad Muñiz, el 23 de agosto de 2000; y, contra Alejandro Osorio Hernández, el 18 de agosto de 2000. 2 La vista preliminar de Luis A. Valdés Medina fue señalada para el 6 de septiembre; la de Víctor M. Trinidad Muñiz, para el 8 de septiembre; tanto la vista preliminar de Joe Caraballo Maldonado como la de Alejandro Osorio Hernández fueron señaladas para el 12 del mismo mes. 3 No podemos determinar con certeza si el imputado Joe Caraballo Maldonado estuvo, o no, presente en su primera vista preliminar. Lo cierto es que no hubo abogado que lo representara. CC-2001-350 4
las vistas para fecha posterior, el tribunal ordenó a la
Sociedad para Asistencia Legal que evaluara a los imputados
para que determinara si habría de asumir su representación
legal. No obstante, llegado el momento, las vistas tuvieron
que ser pospuestas, nuevamente, por las mismas razones que
motivaron las suspensiones anteriores, entiéndase, por la
incomparecencia tanto de los imputados como de abogado alguno
que los representara. Así, el tribunal fijó, por tercera
ocasión, nuevas fechas para la celebración de las vistas y
reiteró la orden dirigida a la Sociedad para Asistencia
Legal. 4 Sin embargo, el mismo cuadro de incomparecencia
produjo que -–por tercera ocasión-- las vistas no pudieran
celebrarse.5
Entretanto, el 27 de septiembre de 2000, los imputados,
representados por la Corporación de Acción Civil y Educación,
presentaron una petición de Hábeas Corpus. Adujeron que, sin
que mediara justa causa para ello, llevaban detenidos en
prisión un periodo en exceso del término dispuesto por la
Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II
R 64(n)(5), por lo que su detención era contraria a derecho.
Solicitaron al tribunal que ordenara su excarcelación así
4 En su Escrito para Mostrar Causa, la Sociedad para la Asistencia Legal sostiene que ninguna de esas órdenes le fue notificada. 5 Surge del expediente que el imputado Víctor M. Trinidad Muñiz compareció solo a su tercer señalamiento de vista preliminar. Se desconoce si la incomparecencia de los imputados a la celebración de las vistas obedeció a que éstos, estando en el tribunal, no fueron llevados a sala o si -–más bien-- estuvo CC-2001-350 5
como la desestimación de las denuncias que operaban en su
contra.
Celebrada la vista correspondiente, el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de San Juan emitió –-en corte
abierta-- una resolución mediante la cual acogió la petición
presentada por los imputados. El referido foro entendió “que
no exist[ía] justa causa para no haber celebrado la vista
preliminar y que el Tribunal pudo haber sido más diligente
en la designación de abogados de oficio y ha excedido el
término en más de 35 a 40 días”, por lo que desestimó las
denuncias y ordenó su excarcelación.
El Procurador General interpuso petición de certiorari
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Luego de haber
concedido al foro a quo un término para que emitiera
resolución fundamentada y aclaratoria del dictamen contenido
en la minuta recurrida, el tribunal apelativo intermedio
confirmó la decisión del tribunal de instancia.6 Determinó
que, si bien las incomparecencias de los imputados-recurridos
no le eran atribuibles al ministerio público, tampoco podían
motivada porque éstos no fueron transportados al tribunal por la Administración de Corrección. 6 En la referida “Resolución en cumplimiento de orden” emitida por el Tribunal de Primera Instancia, dicho foro especificó que las denuncias contra los imputados se habían desestimado al amparo de lo dispuesto en la Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal, luego de que éstos hubiesen estado bajo arresto durante los siguientes términos de tiempo: Luis A. Valdés Medina, 46 días; Víctor L. Trinidad Muñiz, 40 días; y Joe Caraballo Maldonado, 44 días. Nada se especifica sobre Alejandro Osorio Hernández, pero éste fue ingresado en prisión el 18 de agosto de 2000 y, el 2 de octubre, se ordenó su excarcelación por lo que calculamos que permaneció recluido un periodo de 45 días. Días después, el 10 de octubre, se desestimó la denuncia en su contra. CC-2001-350 6
adjudicársele a los imputados, quienes estaban confinados sin
representación legal; sostuvo -–al igual que el foro
recurrido-- que la tardanza en la celebración de las vistas
era atribuible al Estado al no actuar diligentemente en la
designación de representación legal a los recurridos.
Concluyó, finalmente, que la situación de hechos ante su
consideración reflejaba una clara violación del derecho a
juicio rápido de los imputados por lo que era procedente la
desestimación de los cargos que operaban en su contra.
Inconforme con esta determinación, el Procurador
General acudió ante este Tribunal. Sostuvo que erró el
Tribunal de Circuito de Apelaciones al:
...resolver que procedía decretar la desestimación de las denuncias al amparo de la Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal, a pesar de que la dilación en la celebración de la vista preliminar no era imputable en modo alguno al Ministerio Público, sino que obedecía a una situación estructural en el sistema de justicia criminal, no intencional ni opresiva hacia los imputados recurridos.
Examinada la solicitud de certiorari, el 4 de junio de
2001, le concedimos término a los imputados-recurridos para que
mostraran causa por la cual no debíamos expedir el auto
solicitado y dictar Sentencia revocatoria de la resolución
emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Con el
beneficio de su comparecencia, procedemos a resolver.
I
El derecho a un juicio rápido que le asiste a todo imputado
de delito está consagrado -–de manera general-- en el Artículo CC-2001-350 7
II, Sec. 11 de nuestra Constitución. Pueblo v. Candelaria
Vargas, res. el 18 de junio de 1999, 99 TSPR 96; Pueblo v. Rivera
Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986); Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R.
165 (1975). El alcance del mismo está trazado en las
disposiciones de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34
L.P.R.A. Ap. II R. 64(n), en la cual se establecen ciertos
términos que rigen las etapas del periodo concebido entre el
arresto del ciudadano hasta el momento de su juicio, los cuales
términos el legislador consideró constitucionalmente
razonables para salvaguardar dicho mandato constitucional.
Dentro de este mismo marco de razonabilidad, este Tribunal ha
incorporado términos adicionales adecuados para regir aquellas
etapas del procedimiento que no están contempladas en la
referida regla. Pueblo v. Cartagena Fuentes, res. el 11 de
octubre de 2000, 2000 TSPR 150; Pueblo v. Rivera Rodríguez,
res. el 29 de febrero de 2000, 2000 TSPR 34; Pueblo v. Santa
Cruz Bacardí, res. el 22 de septiembre de 1999, 99 TSPR 144.
En reiteradas ocasiones, hemos expresado que este derecho
cobra vida propia desde el momento mismo en que un juez determina
causa probable para arrestar, citar o detener a un ciudadano
por la comisión de un delito imputado. Es decir, esta protección
constitucional se activa cuando se pone en movimiento el
mecanismo procesal, que puede culminar en una convicción, cuyo
efecto legal es obligar a la persona imputada a responder por
la comisión del delito que se le atribuye. Pueblo v. Cartagena,
ante; Pueblo v. Miró González, 133 D.P.R. 813, 821 (1993). CC-2001-350 8
Conocido es, además, que en virtud de este derecho se
promueve un interés de naturaleza dual. Por un lado, se procura
proteger al acusado contra su detención opresiva; se minimizan
sus ansiedades y preocupaciones; y se reducen las posibilidades
de que su defensa se afecte. Pueblo v. Rivera Tirado, ante. Por
otro lado, el derecho a juicio rápido responde asimismo a las
exigencias sociales de enjuiciar con prontitud a quienes son
acusados de violentar sus leyes. Pueblo v. Miró, ante.
En estricta concordancia con ello, es que la Regla 64(n)
de Procedimiento Criminal, ante, pauta los términos que rigen
las etapas de la cadena procesal acusatoria, los cuales corren
simultáneamente teniendo, como punto de partida, el momento del
arresto o detención del imputado, para la presentación de la
acusación así como para la celebración de la vista preliminar
cuando se trata de delitos graves; como es sabido, la situación
del imputado es el factor que determina cuál término habrá de
aplicarse: si está sumariado, el de treinta (30); si prestó
fianza, el de sesenta (60) días. Pueblo v. Cartagena, ante.
En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, la
referida Regla dispone que:
La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas, sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
[...]
(n) Que existen una o varias de las siguientes circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a su consentimiento:
[...] CC-2001-350 9
(5) Que la persona estuvo detenida en la cárcel por un total de treinta (30) días después de su arresto sin que se le hubiere celebrado la vista preliminar en los casos en que deba celebrarse.
Como se advierte, el texto antes transcrito reconoce
instancias en las cuales dichos términos pueden ser ampliados,
a saber: la existencia de justa causa para la demora o la
tardanza motivada o consentida por el imputado. Sin dudas, este
condicionamiento es necesario, y constitucionalmente válido,
Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 D.P.R. 114 (1987), pues tal como
lo reflejan las experiencias que conforman ese ámbito de nuestro
acervo jurídico, cada reclamo de violación al derecho de juicio
rápido emana de un escenario recreado por circunstancias
propias e individuales. Ibid. En consideración a ello, para
evaluar este tipo de reclamo, hemos establecido un enfoque
pragmático que reconcilia este fundamental derecho con la
dinámica y la naturaleza que le son inherentes permitiendo así
la ponderación de todos los intereses envueltos. Pueblo v. Ramos
Alvarez, 118 D.P.R. 782 (1987); Pueblo v. Santiago Agricourt,
108 D.P.R. 612 (1979).
Sabido es que “juicio rápido” es un concepto
constitucional cuyo contenido no está del todo determinado; es,
en parte, variable y flexible, capaz de ajustarse a las
exigencias de cada caso. Véase: Pueblo v. Arcelay Galán, 102
D.P.R. 409 (1974). De ahí que “[l]a determinación de lo que
constituye justa causa bajo la Regla 64(n) de las de
Procedimiento Criminal es por necesidad un problema de
definición a realizarse caso a caso”, Ibid, a la pág. 417, y CC-2001-350 10
a la luz de la totalidad de las circunstancias. Pueblo v. Santa
Cruz Bacardí, ante. Véase Olga Elena Resumil, Reglamentando la
Institución de la Vista Preliminar, 70 Rev. Jur. U.P.R. 601,
653-654, 2001.
Ahora bien, a pesar de que hemos reiterado que el derecho
a juicio rápido no está limitado por la tiesa aritmética de la
regla que lo concibe7, Pueblo v. Candelaria, ante, el proceso
de determinación de lo que constituye o no “justa causa” para
una extensión de los términos no está desprovisto de controles;
esto así pues “... el derecho a un juicio rápido es tan
fundamental como cualquier otro de los derechos fundamentales
que le garantiza a los acusados la Constitución”. Pueblo v.
Rivera Rodríguez, ante, citando a Jiménez Román v. Tribunal
Superior, 98 D.P.R. 874 (1970). Para que el motivo de una demora
constituya justa causa debe estar enmarcado dentro de
7 En el afán de tutelar el derecho a juicio rápido que tiene todo imputado de delito, los tribunales no pueden caer en el error de equiparar este derecho, al menos en cuanto a su aplicación y efecto jurídico, a la institución procesal de la detención preventiva, consagrada en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo II, Sección 11. Si bien “la finalidad de la limitación a la detención preventiva coincide con uno de los propósitos que animan el derecho a juicio rápido del acusado, en cuanto esta garantía impide la encarcelación prolongada de quien no ha podido prestar fianza”, Olga E. Resumil, Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Butterworth, 1993, T. II, Sec. 25.4(a), pág. 249, el efecto del transcurso del término limitativo de seis meses de la detención preventiva, a diferencia del transcurso de los términos de la Regla 64(n), es la excarcelación inmediata del imputado. La forma en que opera el transcurso del término máximo de seis meses se distancia de tal manera de la naturaleza relativa del derecho a juicio rápido que, en Sánchez v. González, 78 D.P.R 849 (1955), (Sentencia), reconocimos que la renuncia del imputado de su derecho a juicio rápido no supone una renuncia con respecto al derecho a no estar sumariado en espera de juicio en exceso de seis meses toda vez CC-2001-350 11
parámetros de razonabilidad. Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R.
315 (1987).
Así, pues, una vez el imputado de delito reclama
oportunamente una violación a los términos estatuidos en la
Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, ante, el ministerio
público tiene el peso de demostrar: la existencia de causa
justificada para la demora; o la renuncia expresa, voluntaria
y con pleno conocimiento de este derecho por parte del imputado;
o que el imputado ha sido el causante de la tardanza. Pueblo
v. Cartagena Fuentes, ante; Pueblo v. Santa Cruz Bacardí, ante,
citando: Pueblo v. Carrión Roque, 99 D.P.R. 362
(1970)8http://web2.westlaw.com/Find/Default.wl?DB=2995&Seria
lNum=1970015735&FindType=Y&AP=&RS=WLW2.68&VR=2.0&SP=&SV=Spl
it&MT=Westlaw&FN=_top; Pueblo v. Herrera, 67 D.P.R. 25 (1947).
Cabe recordar que cuando la suspensión de la vista
preliminar, o del juicio, es por justa causa o por causa
atribuible al imputado, los términos de juicio rápido
comienzan, nuevamente, a discurrir desde la fecha en que
estuvieran las vistas señaladas. Hemos reconocido que en casos
en que la determinación de causa probable para presentar la
acusación recaiga en el último día del término para esos fines
dispuesto, ello podría ser causa justificada para conceder un
que este derecho, a diferencia del derecho a juicio rápido, no es renunciable. 8 Allí, reiteramos que “el peso de la prueba recae sobre el Ministerio Público y no sobre el acusado apelante. De lo contrario se menoscabaría la garantía constitucional a un juicio rápido considerado [sic] como uno de fundamental importancia para el acusado.” Pueblo v. Carrión Roque, a la pág. 367. CC-2001-350 12
breve periodo no mayor de dos (2) días laborables para la
presentación de la misma. Pueblo v. Cartagena, ante.
Efectuado el reclamo por el imputado, corresponde al
tribunal examinar ciertos criterios en conjunto. Estos son: (1)
duración de la tardanza; (2) razones para la dilación; (3) si
el acusado ha invocado oportunamente ese derecho, y (4) el
perjuicio resultante de la tardanza. Cabe destacar que ninguno
de estos criterios es determinante en la adjudicación del
reclamo; el peso que a cada uno de éstos se le confiera está
supeditado a las demás circunstancias relevantes que el
tribunal viene obligado a examinar. Véase Pueblo v. Rivera
Tirado, ante.
Con respecto al criterio de perjuicio, se ha establecido
que el imputado no tiene que demostrar estado de indefensión;
sólo tiene que demostrar que ha sufrido perjuicio. Pueblo v.
Esquilín Maldonado, res. el 19 de octubre de 2000, 2000 TSPR
151. Sobre el descargo de este deber del imputado, nos informa
el Profesor Ernesto L. Chiesa en su obra Derecho Procesal Penal
de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág.
153, al comentar que:
...corresponde al acusado establecer el perjuicio sufrido con la dilación, obligación que no se descarga con generalidades. Esto es distinto a las razones o justa causa para la dilación, donde es el ministerio fiscal o el gobierno quien tiene que persuadir al Tribunal, al menos cuando la dilación o suspensión es atribuible a conducta del gobierno.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el perjuicio sufrido por el acusado con la dilación tiene que ser específico: “No puede ser CC-2001-350 13
abstracto ni apelar a un simple cómputo de rigor matemático. Tiene que ser real y sustancial”.9
Al referirnos al asunto de la tardanza, hemos expresado
que la dilación, es decir, la mera inobservancia del término
–-sin más-- no necesariamente constituye una violación al
derecho a juicio rápido, ni conlleva la desestimación de la
denuncia o la acusación. Pueblo v. Candelaria Vargas, ante. Una
dilación mínima es requisito de umbral para que un planteamiento
de violación a juicio rápido progrese; no obstante, el remedio
extremo de la desestimación sólo debe concederse luego de
efectuado un análisis ponderado del balance de los criterios
antes esbozados. Dicho de otra manera, la dilación en exceso
de los términos estatuidos por la Regla 64(n) de Procedimiento
Criminal, ante, es -–simple y llanamente-- el factor que activa
o hace necesaria la realización de este balance. Véase E.
Chiesa, op. cit., págs. 141 y 162-163. Sin dudas, no puede ser
de otra manera pues afirmar lo contrario es dar un contenido
hermético al concepto de “juicio rápido” y abstraerlo de las
circunstancias variables que le afectan. Más bien, al momento
de evaluar este criterio, debe prestarse especial énfasis en
determinar si la demora fue intencional y opresiva, Pueblo v.
Rivera Tirado, ante, en cuyo caso, claro está, queda excluida
del concepto de justa causa. Pueblo v. Rivera Colón, ante.
Por otro lado, al abordar el aspecto de las razones que
provocan la inobservancia de los términos de juicio rápido,
hemos establecido ciertas diferencias en cuanto al rigor con
9 Así fue precisado en Pueblo v. Rivera Tirado, ante. CC-2001-350 14
el cual éstas deben ser evaluadas. A manera de ejemplo, en
Pueblo v. Rivera Tirado, ante, expresamos que las demoras
institucionales, que, de ordinario, son imputables al “Estado”,
y los cuales no tienen de forma alguna el propósito de perjudicar
a la persona imputada o acusada, serán tratadas con menos
rigurosidad que las intencionales, cuyo fin es entorpecer la
defensa del imputado.10 Ibid.
Ello no obstante, es preciso aclarar que el hecho de que
las demoras no intencionales merezcan un trato más laxo no
supone que las mismas, ausentes otras circunstancias,
justifican la inobservancia de los términos de juicio rápido.
Así lo resolvimos en Jiménez Román v. Tribunal Superior, ante,
al expresar específicamente que la congestión del calendario
del tribunal, por sí sola, no constituye justa causa para la
demora en la celebración de un juicio. Algún tiempo después,
en Tirado, ante, reiteramos lo dispuesto en Jiménez Román. En
dicha ocasión, resolvimos que el derecho a juicio rápido “no
puede ser menoscabado por razones tales como insuficiencia de
recursos humanos y presupuestarios. Ambos problemas exigen
atención de las autoridades correspondientes. La asignación de
10 Como cuestión de hecho, el Departamento de Justicia no es la única entidad gubernamental que forma parte de nuestro esquema procesal acusatorio. Como se desprende de la relación de hechos, en el presente caso está involucrada la Administración de Corrección, quien falló en traer al tribunal a los imputados.
La propia Rama Judicial, naturalmente, lleva a cabo funciones inherentes al proceso cuyo desempeño puede ocasionar demoras en los referidos términos. Sin duda, las mismas engranan dentro del concepto de “demoras institucionales”, las cuales se evalúan conforme exigen las circunstancias que las enmarcan. A manera de ejemplo, podemos mencionar: enfermedad del juez, CC-2001-350 15
recursos adecuados a todos los componentes que intervienen en
el sistema de justicia criminal es obligación ineludible del
Estado.” Pueblo v. Rivera Tirado, ante, pág. 436-37.
II
Como mencionáramos previamente, las sucesivas
suspensiones de las vistas para la determinación de causa
probable para acusar provocaron que en los casos de epígrafe
los imputados estuvieran sumariados en espera de la celebración
de la vista preliminar por periodos que excedieron el término
de treinta (30) días que establece la Regla 64(n)(5) de
Procedimiento Criminal, ante. Específicamente, permanecieron
en prisión periodos cuyo exceso fluctuó entre los diez (10) a
los dieciséis (16) días, como máximo, transcurridos los cuales
reclamaron oportunamente su derecho a juicio rápido, por voz
de la Corporación de Acción Civil y Educación. 11 Con la
invocación del mismo, se activó la necesidad de que el tribunal
de instancia efectuara el balance de los factores antes
mencionados, los cuales han de examinarse ante este tipo de
reclamo. En el ejercicio de esta delicada tarea, el tribunal
de instancia determinó que no hubo justa causa para no haber
celebrado cada vista preliminar dentro del término dispuesto
para ello, criterio con el cual coincidió el Tribunal de
Circuito de Apelaciones.
congestión del calendario del tribunal, receso por vacaciones del tribunal, entre otras. 11 Dentro de este contexto, no cabe hablar de renuncia al derecho a juicio rápido o consentimiento a la suspensión de las vistas CC-2001-350 16
De los hechos ante nuestra consideración, no surge
controversia alguna sobre la diligencia del ministerio público
con respecto al procesamiento de los aquí imputados. Es decir,
no existe duda con respecto a que la inobservancia del término
para la celebración de la vista preliminar en cada caso no
obedeció a demora alguna encaminada a entorpecer la defensa de
los imputados.
Más bien, las circunstancias particulares de los casos
demuestran un escenario de sucesivas suspensiones motivadas
todas ellas por dos razones: el hecho de que las autoridades
correspondientes no llevaran a los imputados al tribunal y la
ausencia de abogado que los representara; ambas razones
consecuencia directa de la implantación de una medida
administrativa cuya aplicación resultó deficiente. En otras
palabras, los cambios efectuados en el método mediante el cual
los imputados de delito habrían de ser entrevistados y
calificados para obtener representación de la Sociedad para
Asistencia Legal frustraron dicho proceso e imposibilitaron la
designación de abogados por parte del Estado a los imputados
sumariados.12 Como efecto neto de tal práctica malograda, los
imputados ni siquiera fueron llevados a sala para la celebración
de las correspondientes vistas preliminares ni compareció
abogado alguno que les representara.
por parte de los imputados pues éstos ni siquiera fueron llevados a sala para la fecha de la celebración de las mismas. 12 Esto así, como recordáramos, por virtud de la antes mencionada Orden Administrativa emitida por el Juez Administrador del Centro Judicial de San Juan. CC-2001-350 17
Ante estas circunstancias, no hubo escapatoria: las vistas
tenían que ser suspendidas pues, de lo contrario, no sólo se
hubiese celebrado, sin ser lo procedente en derecho, una vista
en ausencia, sino que, además, se hubiese violado a cada
imputado su fundamental derecho a estar asistido de abogado
tanto en ésa como en todas las etapas que conforman un proceso
criminal, reconocido dicho derecho en el Artículo II, Sección
11, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Ciertamente, estamos ante una demora institucional imputable
al Estado la cual, objetivamente, no puede reputarse como
intencional ni opresiva, por lo que, al efectuar el
correspondiente balance de factores, merece ser evaluada en su
justa perspectiva. Pueblo v. Rivera Tirado, ante.
Hay que reconocer que, a pesar de que el tribunal de
instancia tuvo que suspender las vistas en tres ocasiones
distintas, dicho foro señaló las mismas para fechas bastante
cercanas logrando así que la demora no se prolongara más allá
de lo necesario. Dentro de las circunstancias, éste es un
elemento que no puede pasar desapercibido pues -–tratándose de
tres suspensiones-- la dilación mayor sólo alcanzó dieciséis
(16) días. Además de lo anterior, dicho foro le requirió en más
de una ocasión a la Sociedad para Asistencia Legal que
entrevistara y calificara a los imputados y que mostrara causa
por la cual no había cumplido con su deber de conferenciar a
los imputados de delito. Si bien es correcto que el tribunal
de instancia debió haber actuado con más celo respecto a su deber
de designar prontamente representación legal a los imputados, CC-2001-350 18
o quizás pudo haber desplegado un mayor grado de iniciativa para
esclarecer las razones que motivaron las incomparecencias, su
proceder estuvo enmarcado dentro de parámetros de
razonabilidad.
No podemos obviar tampoco el hecho de que, de las
alegaciones de los imputados-recurridos, las cuales sólo se
circunscriben a un simple cómputo matemático, no se desprende
que la dilación en la celebración de las vistas les haya causado
o les habrá de causar perjuicio alguno.13 Al armonizar el reclamo
de los imputados-recurridos con los aspectos relevantes antes
mencionados, concluimos que hubo justa causa para la dilación
en la celebración de las referidas vistas por lo que no se
configuró una violación al derecho a juicio rápido de los aquí
imputados.14
13 Es necesario aclarar que si bien en Pueblo v. Cartagena Fuentes, ante, reconocimos el perjuicio que le provocó a Cartagena un encarcelamiento indebido, lo hicimos en vista de todo el azaroso trámite procesal que éste había padecido, todo ello añadido al hecho de que, al momento de la presentación de la acusación, éste llevaba 81 días encarcelado sin justificación. Sin dudas, los hechos de Cartagena Fuentes, ante, recreaban patentemente el perjuicio resultante de la indebida reclusión del allí peticionario. No obstante ello, la consideración de la totalidad de las circunstancias del presente caso --distintas a las de Cartagena Fuentes-- de las cuales se advierte que la tardanza no fue prolongada ni irrazonable, nos conduce a un curso decisorio distinto. 14 Aun cuando ello no es determinante, no podemos pasar por alto que hemos resuelto que cuando efectivamente se determina que ocurrió una violación al derecho a juicio rápido, si bien el tribunal está impedido de celebrar la vista --pues lo que procede es la desestimación de la acusación-- ello no es obstáculo para que, al amparo de la Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R., 67, el Ministerio Público radicó una nueva acusación sin tener que comenzar de nuevo todo el proceso. Véase: Pueblo v. Rivera Rodríguez, ante; Pueblo v. Monge Sánchez, 122 D.P.R. 590, 594 (1988). CC-2001-350 19
La desestimación de las denuncias decretada por el
tribunal de instancia, subsecuentemente confirmada por el foro
apelativo intermedio, constituyó una adjudicación automática
e inflexible de un planteamiento que tiene que ser evaluado,
caso a caso, de conformidad con las circunstancias de las cuales
emana. Ahora bien, debe quedar claro que la decisión que hoy
tomamos está enmarcada dentro de la situación fáctica que
caracterizó el reclamo de los imputados. Tal cual hemos
establecido, la definición de lo que constituye justa causa es
una cuestión que se define caso a caso. Véase: Pueblo v. Arcelay
Galán, ante.
Con ello queremos destacar que, ante circunstancias
distintas y en unión a otros factores relevantes, la repetida
posposición de las vistas podría resultar, más que en una
inobservancia de términos, en una violación del derecho a juicio
rápido. A tenor con lo anteriormente expresado, el curso
decisorio en el presente caso no constituye impedimento para
afirmar que, en el descargo de la delicada responsabilidad que
tienen los tribunales de instancia de procurar que los términos
de juicio rápido dispuestos por nuestro ordenamiento procesal
sean observados, es deber ineludible de los mismos desplegar
el mayor grado de rigor y tomar todas las medidas cautelares
necesarias para salvaguardar todos los intereses y derechos que
estén involucrados.
III CC-2001-350 20
Por las razones anteriormente expuestas, se expide el auto
y se revoca la resolución dictada por el Tribunal de Circuito
de Apelaciones el 30 de marzo de 2001, devolviéndose el caso
al foro de instancia para procedimientos ulteriores compatibles
con lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LOPEZ Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis A. Valdés Medina, Víctor L. Trinidad Muñiz Joe Caraballo Maldonado Alejandro Osorio Hernández
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se dicta Sentencia revocatoria de la resolución emitida el 30 de marzo de 2001 por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de San Juan, devolviéndose el caso al foro de instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica al Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados señor Hernández Denton y señor Fuster Berlingeri disienten sin opinión escrita. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón no intervino.
Isabel Llompart Zeno Secretaria del Tribunal Supremo