EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Xerox Corporation
Peticionaria 2019 TSPR 40
v. 201 DPR ____
José A. Gómez Rodríguez y otros Certiorari
Recurridos
Número del Caso: AC-2015-101
Fecha: 1ro de marzo de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón – Utuado Panel V
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. José A. B. Nolla Mayoral, III Lcda. Angelique M. Rodríguez Amadeo
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Orlando Aponte Rosario
Materia: Contratos – Término de prescripción aplicable a la acción para reclamar plazos vencidos en virtud de un contrato de leasing.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria
v. Núm. AC-2015-0101 Certiorari José A. Gómez Rodríguez y otros
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico a 1 de marzo de 2019.
En el presente caso nos corresponde resolver si
la causa de acción para reclamar las mensualidades
adeudadas por un usuario, en virtud de un contrato de
leasing, está sujeta a la prescripción quinquenal, o
de cinco (5) años, dispuesta en el Art. 1866 del
Código Civil de Puerto Rico, infra.
Luego de un detenido y minucioso examen de los
hechos y el derecho aplicable, adelantamos que a este
tipo de reclamación no le es de aplicación el referido
término prescriptivo, pues la misma está sujeta a la
prescripción ordinaria de quince (15) años
establecida en el Art. 1864 del Código Civil de Puerto
Rico, infra. Veamos. AC-2015-0101 2
I.
El 13 de mayo de 2014, Xerox Corporation (en adelante,
“Xerox”)1 presentó una demanda en cobro de dinero y
reposesión de bienes materiales contra la parte recurrida,
Print Outlet.2 En su demanda, Xerox alegó que el 22 de
diciembre de 2008, las partes suscribieron un contrato de
leasing en el que Print Outlet se comprometió al pago de
$638.26 mensuales durante ochenta y cuatro (84) meses,
correspondientes al arrendamiento de equipo y los cargos
por copias.3 Además, alegó que el contrato pactado contenía
1 Xerox es una corporación que se dedica a la venta, alquiler y mantenimiento de equipos de oficina, incluyendo impresoras, fotocopiadoras, digitalizadoras (scanners), programas de computadoras, entre otros.
2 José A. Gómez Rodríguez y su esposa Fulana de Tal, ambos por sí y en representación de la sociedad legal de bienes gananciales, y José L. Collazo Rosado y su esposa Mengana de Tal, ambos por sí y en representación de la sociedad legal de bienes gananciales (en conjunto “Print Outlet”).
3 El contrato también dispone alternativas para adquirir las unidades arrendadas al terminar el leasing o durante el mismo. En particular, dispone lo siguiente:
The following options are available for each unit of Equipment leased under this Agreement. A. If not in default, you may purchase the Equipment “AS IS, WHERE IS” and WHITHOUT ANY WARRANTY AS TO CONTITION OR VALUE: (1) at the end of the lease term for the Purchase Option indicated on the face of this Agreement […], plus all applicable Taxes, or (2) at any time during the lease term by paying: (a) all amounts then due; (b) the remaining Minimum Payments in the Agreement’s term less any unearned finance, maintenance, and supply charges (as reflected on Xerox’s books records); (c) a reasonable disengagement fee calculated by Xerox that will not exceed fifteen percent (15%)of the amount in (b) above (said amount is available from Xerox upon request); (d) the applicable Purchase Option; and (e) all applicable Taxes. Apéndice del certiorari, pág. 138. AC-2015-0101 3
una cláusula de aceleración que, en caso de incumplimiento,
facultaba a Xerox a acelerar el vencimiento de los pagos
restantes y exigir la totalidad de la deuda.4 Según adujo
Xerox, Print Outlet había incumplido con el pago de las
mensualidades desde mayo de 2009 hasta la fecha en que se
presentó la demanda, el 13 de mayo de 2014, por lo que le
adeudaba la suma de $38,626.82.
El 10 de septiembre de 2014, Print Outlet presentó una
Moción en cumplimiento de orden, solicitud de desestimación
por prescripción. En dicho escrito, alegó que el
incumplimiento con los pagos mensuales adeudados había
comenzado desde marzo de 2009. Asimismo, planteó que, por
tratarse de una reclamación por el pago de los cánones de
4 La referida cláusula lee de la siguiente forma:
23. DEFAULT AND REMEDIES. You will be in default under this agreement if (1) Xerox does not receive any payment within fifteen (15) days after the date is due, or (2) you breach any other obligation hereunder. If you default, Xerox, in addition to its other remedies (including the cessation of Maintenance Services), may require immediate payment, as liquidated damages for loss of bargain and not as penalty, of: (a) all amounts then due, plus interest on all amounts due from the due date until paid at the rate of one and one-half percent (1.5%) per month (not to exceed the maximum amount permitted by law); (b) the remaining Lease Minimum Payments in the Agreement’s term less any unearned finance, maintenance, and supply charges (as reflected on Xerox’s books and records); (c) a reasonable disengagement fee calculated by Xerox that will not exceed fifteen percent (15%) of the amount in (b) above (said amount is available from Xerox upon request); and (d) all applicable Taxes. You shall either (1) make the Equipment available for removal by Xerox when requested to do so by Xerox and, at the time of removal the Equipment shall be in the same condition as when delivered (reasonable wear and tear excepted), together with any related software, or (2) purchase the Equipment “AS IS, WHERE IS” and WHITHOUT ANY WARRANTY AS TO CONDITION OR VALUE by paying Xerox the Purchase Option and all applicable Taxes. Apéndice del certiorari, págs. 138-139. AC-2015-0101 4
un arrendamiento, la misma estaba sujeta al término
prescriptivo quinquenal dispuesto en el Art. 1866 del Código
Civil de Puerto Rico, infra, para el cobro de las
obligaciones a plazo. Arguyó que -- al transcurrir cinco
(5) años desde el comienzo del incumplimiento hasta la fecha
en que se presentó la demanda -- la causa de acción había
prescrito, por lo que solicitó la desestimación de la misma.
A dicha petición de desestimación, Xerox se opuso y
argumentó que, debido a que en virtud de la cláusula de
aceleración se consolidaron todos los plazos vencidos en un
solo pago, el propósito de la acción era hacer efectiva la
totalidad de la deuda. Por lo tanto, al extinguirse la
periodicidad de los pagos, le era aplicable el término
prescriptivo de quince (15) años que establece el Art. 1864
del Código Civil de Puerto Rico, infra. Planteó, además,
que había enviado reclamaciones extrajudiciales a la parte
demandada y que ésta había reconocido la totalidad de la
deuda durante una vista celebrada el 28 de agosto de 2014.
Al respecto, en su réplica, Print Outlet alegó que los
comprobantes de correo certificado presentados por Xerox no
mostraban que las reclamaciones fueran dirigidas contra el
codemandado José A. Rodríguez Gómez, por lo que éste nunca
recibió una reclamación de la deuda en controversia. Además,
argumentó que, aunque aceptó que la deuda estaba vencida
desde marzo de 2009, ello no implicó una aceptación de que AC-2015-0101 5
la misma era exigible al momento de presentarse la
reclamación de epígrafe.
Evaluados los planteamientos de las partes, el
Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en la
cual declaró no ha lugar la solicitud de desestimación
presentada por Print Outlet, por entender que la causa de
acción no estaba prescrita. Ello, tras concluir que al
acelerarse el vencimiento del contrato de leasing y hacerse
exigible la totalidad de la deuda, la obligación quedó
sujeta a la prescripción ordinaria de quince (15) años
dispuesta en el Art. 1864 del Código Civil, infra. En
desacuerdo con dicha determinación, Print Outlet solicitó
reconsideración y la misma fue denegada.
Inconforme con el dictamen del foro primario, Print
Outlet recurrió ante el Tribunal de Apelaciones mediante
recurso de certiorari. En síntesis, planteó que el Tribunal
de Primera Instancia erró al atender una reclamación por el
cobro de cánones del arrendamiento de una cosa mueble como
si se tratara de una acción por incumplimiento de un
contrato de préstamo. Señaló, además, que el foro primario
erró al aplicar el término prescriptivo de quince (15) años
a una obligación a plazos.
Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia mediante la
cual revocó la determinación del foro primario y ordenó la
desestimación de la demanda. Dicho foro concluyó que, según AC-2015-0101 6
lo alegado por las partes, Print Outlet había realizado
pagos con posterioridad a marzo de 2009,5 lo que constituía
un cumplimiento irregular de la obligación y hacía
excesivamente oneroso exigir el pago de la totalidad de la
deuda. Tras determinar que no procedía la activación de la
cláusula de aceleración, el foro apelativo intermedio
concluyó que la deuda reclamada constituía una obligación
pactada a plazos sujeta a la prescripción de cinco (5) años
del Art. 1866 del Código Civil, infra, por lo que la causa
de acción para reclamar la misma estaba prescrita.
No conforme con lo resuelto por el Tribunal de
Apelaciones, Xerox recurre ante nos, solicitando que
revoquemos la Sentencia emitida por dicho foro.6 En
síntesis, plantea que el foro apelativo intermedio erró al
obviar lo dispuesto en la cláusula de aceleración pactada
por las partes en el contrato en controversia y al concluir
que el término prescriptivo de cinco (5) años dispuesto en
el Art. 1866 del Código Civil de Puerto Rico, infra, es el
5 Es importante resaltar que esto no se alegó en el recurso presentado por Print Outlet ante el Tribunal de Apelaciones, pues todos sus señalamientos de error giraban en torno al planteamiento de prescripción. En su Sentencia, el foro apelativo intermedio indicó que este hecho se desprende de la prueba incluida en el expediente del caso. Véase Apéndice del certiorari, pág. 43.
6 El presente recurso fue presentado como apelación. No obstante, en vista de que el dictamen recurrido surge de una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, no se cumplen los requisitos necesarios para que el mismo sea revisado mediante apelación. Art. 3.002, Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24s (“El Tribunal Supremo o cada una de sus Salas conocerá de los siguientes asuntos: […] (c) Mediante recurso de apelación, cuando se plantee la existencia de un conflicto entre sentencias del Tribunal de Apelaciones en casos apelados ante ese Tribunal”.) (Énfasis suplido). Por ello, el recurso de epígrafe fue acogido como certiorari y así fue expedido. AC-2015-0101 7
aplicable al presente caso. A dicha solicitud, Print Outlet
se opuso.
Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas
partes, procedemos a resolver.
II.
Como es sabido, la prescripción extintiva ha sido
definida como “una institución de derecho sustantivo que
extingue el derecho a ejercer determinada causa de acción”.
Maldonado Rivera v. Suárez, 195 DPR 182, 192 (2016); S.L.G.
García-Villega v. E.L.A., 190 DPR 799 (2014); Fraguada
Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012). Esta figura
tiene como propósito castigar la inercia y estimular el
ejercicio rápido de las acciones. Meléndez Rivera v. CFSE,
195 DPR 300 (2016); Orraca López v. E.L.A., 192 DPR 31
(2014); COSSEC v. González López, 179 DPR 793 (2010).
La figura de la prescripción extintiva se rige por los
principios que informa el Código Civil. Fraguada Bonilla v.
Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012); S.L.G. Serrano-Báez
v. Foot Locker, 182 DPR 824 (2011); COSSEC v. González
López, supra; Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR
759 (2007). Uno de esos principios claramente establece que
en nuestro ordenamiento jurídico las acciones prescriben
por el mero transcurso del tiempo fijado en ley. Art. 1861
del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5291; Rivera
Ruiz v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410 (2016); Orraca López v.
E.L.A., supra; S.L.G. García-Villega v. E.L.A., 190 DPR 799 AC-2015-0101 8
(2014); Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010
(2008); Ortiz v. P.R. Telephone, 162 DPR 715 (2004).
De conformidad con lo anterior, y en lo pertinente al
caso que nos ocupa, es menester señalar que el Art. 1864
del Código Civil, 31 LPRA sec. 5294, establece un término
prescriptivo de quince (15) años para aquellas acciones
personales que no tengan señalado un término especial de
prescripción, lo que también es conocido como la
prescripción ordinaria. Específicamente, la precitada
disposición legal sostiene que “[l]a acción hipotecaria
prescribe a los veinte (20) años, y las personales que no
tengan señalado término especial de prescripción, a los
quince (15)”. (Énfasis suplido) Íd.
Por su parte, el Art. 1866 del Código Civil, 31 LPRA
sec. 5296, establece un término prescriptivo de cinco (5)
años para aquellas acciones donde se reclama el pago de
obligaciones pagaderas a plazo. Sobre el particular, el
referido artículo dispone lo siguiente:
Por el transcurso de cinco (5) años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
(1) La de pagar pensiones alimenticias.
(2) La de satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de fincas rústicas o de fincas urbanas.
(3) La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves. (Énfasis suplido) Íd. AC-2015-0101 9
Conviene señalar aquí que, en cuanto al alcance de la
precitada disposición legal, también conocida como la
prescripción quinquenal, este Tribunal se ha expresado en
varias ocasiones. Por su importancia para la correcta
disposición de las controversias ante nuestra
consideración, procedemos a repasar lo allí establecido.
En esa dirección, comenzamos nuestro estudio
analizando lo dispuesto por este Tribunal en el normativo
caso de Asoc. Empleados E.L.A. v. Guillén, 116 DPR 425
(1985), una de las primeras oportunidades que tuvo este
foro para, por voz del entonces Juez Presidente señor Trías
Monge, evaluar el alcance del referido término
prescriptivo, ello según la naturaleza de la obligación.
En el mencionado caso una empleada de la Universidad
de Puerto Rico hizo un préstamo a la Asociación de Empleados
del Estado Libre Asociado (AEELA). Cerca de diez (10) años
después de que ésta renunciara a su empleo y cesara de hacer
pagos al préstamo, AEELA le requirió la satisfacción del
balance adeudado. Habiendo pasado juicio el Tribunal de
Primera Instancia sobre la reclamación de AEELA, este
Tribunal tuvo que determinar si el plazo quinquenal
dispuesto en el Art. 1866 del Código Civil, supra, le era
aplicable a la obligación en controversia y, por tanto, la
acción instada por AEELA para reclamar su cumplimiento
estaba prescrita. Resolver lo anterior requirió que este
Tribunal entrara a evaluar las dos teorías, desarrolladas AC-2015-0101 10
hasta ese momento por diversos tratadistas del derecho
civil, en cuanto a los escenarios en que aplica la
mencionada prescripción quinquenal.
La primera de las teorías establecía que la
prescripción quinquenal aplica tanto a obligaciones
principales como accesorias, cuando éstas son pagaderas en
plazos anuales o menores. Íd., pág. 428. Esto incluía los
pagos fraccionados o aplazados de una obligación principal.
Íd.
De otra parte, la segunda de las teorías planteaba que
“la periodicidad de los pagos no activa en todo caso la
prescripción quinquenal”. (Énfasis suplido) Íd. Ello, pues
dicha teoría establece una distinción entre las
obligaciones únicas, que han sido fraccionadas y aquellas
que constituyen una sucesión de prestaciones separables.
Por tal razón, “el cobro del principal adeudado, aunque su
pago se haya dividido en plazos no mayores de un año, no
está sujeto a la prescripción quinquenal”. (Énfasis suplido)
Íd., pág. 429. Y es que, según esta doctrina adoptada por
varios países civilistas como Francia, Italia y España, el
propósito de la prescripción quinquenal no es escudar al
deudor de préstamos y obligaciones de esa naturaleza, sino
protegerle de la acumulación ruinosa de rentas, intereses,
pensiones y otras prestaciones de esa índole. Íd., pág.
430. AC-2015-0101 11
Así pues, discutidas en detalle ambas teorías, en Asoc.
Empleados E.L.A. v. Guillén, supra, este Tribunal optó por
adoptar la segunda de ellas. Al así hacerlo, resolvió que
la deuda de capital en controversia en el referido caso
estaba sujeta a la prescripción ordinaria de quince (15)
años, por lo que la misma no estaba prescrita. No obstante,
sí estaban prescritos los intereses anteriores a los cinco
años precedentes a la presentación de la demanda, los cuales
estaban sujetos a la prescripción quinquenal. Íd., pág.
431.
Por último, es menester señalar aquí que en la referida
Opinión se establece que, aún si se adoptase la primera
teoría -- bajo la cual las obligaciones principales
fraccionadas están sujetas a la prescripción quinquenal --
el término de cinco (5) años aplicaría solamente por el
tiempo durante el cual la obligación fuese pagadera en
plazos no mayores de un año. En ese sentido, el Tribunal
expresó que “[a]l convertirse en exigible la totalidad de
la deuda […], la obligación queda naturalmente sujeta a la
prescripción ordinaria”. Íd., pág. 432.
Posteriormente, en Campos v. Compañía de Fomento
Industrial, 153 DPR 137 (2001), este Tribunal reiteró la
norma establecida en Asoc. Empleados E.L.A. v. Guillén,
supra, y extendió la prescripción quinquenal a los intereses
garantizados por hipoteca, independientemente de que los AC-2015-0101 12
mismos estén sujetos o no a una cláusula de aceleración.
Allí el Tribunal expresó lo siguiente:
[E]l hecho de que se ponga en vigor una cláusula de aceleración, no implica que cada partida, principal e intereses, pierda sus características individuales y se conviertan en un todo, pues el vencimiento adelantado de la deuda únicamente permite reclamar el balance del principal adeudado y los intereses devengados al momento de la reclamación; ello, debido al hecho de que el principal continúa siendo una cuantía total y los intereses prestaciones separadas.
No estamos ante una cláusula de acumulación o capitalización, sino ante una cláusula que únicamente provee para la aceleración del vencimiento de la deuda, y la misma debe ser interpretada como tal. Por tal razón, somos del criterio que, independientemente de que se ponga en vigor la cláusula de aceleración, y se reclame una suma total de intereses, éstos no pierden su característica de ser una obligación accesoria pagadera en plazos. (Énfasis suplido) Íd., pág. 150.
Como podemos apreciar, esta Curia ha distinguido de
forma diáfana el efecto de la prescripción según la
naturaleza de la obligación. La norma puede, pues, resumirse
de la siguiente forma: la prescripción quinquenal aplica a
aquellas obligaciones que consisten en una sucesión de
prestaciones separables. Sin embargo, aquellas que
constituyen una obligación única que ha sido fraccionada
están sujetas a la prescripción ordinaria de quince (15)
años.
Esta dicotomía es más comprensible al contrastar una
obligación única fraccionada, como lo es un préstamo, y una
obligación periódica clásica, como lo es un arrendamiento AC-2015-0101 13
ordinario. Al obtener un préstamo, el deudor se obliga a
pagar la totalidad del dinero que tomó prestado,
independientemente de que lo haga en varios plazos, es
decir, de forma fraccionada. Sin embargo, las mensualidades
de un arrendamiento se van devengando a medida que trascurre
el tiempo. En este tipo de contrato cada canon es autónomo
y se hace efectivo según transcurre el periodo por el cual
responde el mismo. Es decir, a diferencia del contrato de
préstamo -- donde, tras el incumplimiento del deudor, el
prestamista sigue siendo acreedor de la totalidad del
principal prestado -- en un arrendamiento ordinario, el
arrendador sólo puede exigir el pago de los cánones vencidos
adeudados, mas no los cánones futuros. Por tal razón, este
Tribunal ha reconocido que los arrendamientos, ya sean de
cosas muebles o inmuebles, constituyen obligaciones a
plazos sujetas a la prescripción quinquenal dispuesta en el
Art. 1866 del Código Civil, supra. Asoc. Empleados E.L.A.
v. Guillén, supra; Lozada Torres v. Collazo, 111 DPR 702
(1981); Lozada Blanch v. Sucn. Del Moral, 57 DPR 23 (1940).
Ahora bien, lo anterior no dispone del caso ante nos.
Ello, pues este Tribunal ha reconocido que en sus
pronunciamientos sobre este particular no están incluidas
“las figuras afines al arrendamiento[,] pero distintas a
él, tales como el contrato de leasing, palabra intraducible,
en que se arrienda un bien con opción de compra, devolución
o continuado arrendamiento bajo otras bases al final”. AC-2015-0101 14
(Énfasis suplido). Lozada Torres v. Collazo, supra, págs.
707-708.
Siendo ello así, y por considerarlo en extremo
importante para la correcta disposición de las
controversias ante nuestra consideración, corresponde
estudiar más a fondo la mencionada figura del leasing.
Pasamos a así hacerlo.
III.
El leasing es un contrato sui géneris que posee
elementos de otras figuras jurídicas en el ámbito del
derecho civil, mas se diferencia de ellas. Por ello, no
puede equipararse al arrendamiento ordinario, al depósito,
al préstamo, ni a otras figuras afines, aunque comparta
características semejantes. Andreu Fuentes y otros v.
Popular Leasing, 184 DPR 540 (2012); Class v. Vehicle Eqmnt.
Leasing Co., 143 DPR 186 (1997); Meyers Bros. v. Gelco, 114
DPR 116 (1983).
Este tipo de contrato consiste en una relación
tripartita en la cual el llamado arrendador sirve como
intermediario financiero entre un proveedor o suplidor de
bienes y el usuario. En esta relación contractual, la
entidad financiera adquiere un bien elegido por el usuario
y transfiere a este último su uso a cambio del pago de
cuotas periódicas durante la vida del contrato. Andreu
Fuentes y otros v. Popular Leasing, supra; Class v. Vehicle
Eqmnt. Leasing Co., supra; Meyers Bros. v. Gelco, supra. AC-2015-0101 15
Véase, además, M. Godreau, El leasing mobiliario y otros
contratos afines a la luz de la adopción del Código Uniforme
de Comercio de los EE.UU. en el derecho puertorriqueño, San
Juan, Ed. Dictum, 1999, pág. 35.
En otras palabras, en este tipo de contrato se
establecen dos relaciones jurídicas: una compraventa entre
el arrendador financiero y el proveedor del bien arrendado,
y una especie de arrendamiento entre el arrendador
financiero y el usuario.7 Íd.; L. Díez-Picazo, Fundamentos
del Derecho Civil Patrimonial, 1ra ed., Madrid, Ed.
Aranzadi, 2010, T. IV, pág. 342. Durante el leasing, el
arrendador financiero retiene el título de propiedad sobre
la cosa arrendada y el usuario disfruta de la posesión y
uso de la misma. Andreu Fuentes y otros v. Popular Leasing,
supra; CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 DPR 27
(1996); Nieves Vélez v. Bansander Leasing Corp., 136 DPR
827 (1994); Meyers Bros. v. Gelco, supra. Por lo general,
al vencerse el término del contrato, el usuario puede elegir
entre adquirir el bien por el valor residual, volver a
arrendarlo o entregarlo al arrendador. Art. 19 de la Ley
para Regular los Contratos de Arrendamiento, Ley Núm. 76 de
7 El contrato ante nuestra consideración se asemeja más a la modalidad conocida como leasing operativo, dónde el arrendador generalmente es el fabricante o distribuidor del material. En dicha modalidad de leasing se “le cede a otra [persona] el uso prefijado y limitado de un determinado bien, normalmente de tipo estándar, contra el pago de unos cánones de arrendamiento que comprenden, tanto la financiación de la puesta a disposición del equipo[,] como de los gastos de entretenimiento y reparación […]. C. Vidal Blanco, El Leasing, una innovación en la técnica de la financiación, Madrid, Ministerio de Hacienda, 1977, pág. 78. Esta distinción, sin embargo, no cambia la naturaleza del contrato para efectos de la aplicación de la prescripción quinquenal. AC-2015-0101 16
13 de agosto de 1994, 10 LPRA sec. 2417; Andreu Fuentes y
otros v. Popular Leasing, supra; Meyers Bros. v. Gelco,
supra.
Es importante resaltar que la “finalidad económica
[del leasing] no radica en la adquisición del dominio sobre
el bien mueble objeto del contrato, sino en el
financiamiento del uso de equipo o maquinaria que necesita
un industrial, un comerciante o un profesional para la
operación de su negocio o industria”. (Énfasis suplido)
Godreau, op. cit., pág. 3. A diferencia del arrendamiento
clásico -- donde la titularidad sobre el bien arrendado es
un interés fundamental para el arrendador -- en el leasing
la unidad arrendada sólo representa una garantía para el
cobro de la acreencia. Ello, pues el negocio y función
empresarial del financiador no es la de propietario de
equipos sino la de facilitador de capital. Íd., págs. 21-
22.
Sobre este particular, el tratadista Luis Díez-Picazo
comenta lo siguiente:
[N]o se trata por lo menos de un arrendamiento típico, puesto que en éste la cosa que se cede en uso pertenece al arrendador con anterioridad a la perfección del contrato, mientras que en el leasing la cosa se adquiere por la entidad financiera exclusivamente para cederla al cliente en un arrendamiento que se encuentra perfectamente pactado en sus líneas más generales, aunque los documentos no se hayan todavía suscrito. De ello se deduce que el cedente del uso en este caso, carece de interés en la cosa y que la causa del contrato más que ceder el uso es financiar la operación de adquisición por el usuario. (Bastardillas en el AC-2015-0101 17
original y énfasis suplido) Díez-Picazo, op. cit., pág. 341.
Por tal razón, la renta que paga el usuario no corresponde
realmente al uso y disfrute del bien, como sucede en un
arrendamiento clásico, sino que cubre el precio de la
adquisición. Íd. Así pues, el propósito de las cuotas
periódicas del leasing “es recuperar la inversión total del
arrendador”.8 (Énfasis suplido) Andreu Fuentes y otros v.
Popular Leasing, supra, pág. 556; CNA Casualty of P.R. v.
Torres Díaz, supra. Por ello, este Tribunal ha reconocido
que “la entrega del bien previo a la terminación del
contrato o el pago de las sumas pendientes no cubre los
costos incurridos por el arrendador, por lo que un
arrendatario debe ser responsable por su obligación total
según pactada”. Andreu Fuentes y otros v. Popular Leasing,
supra, pág. 560; Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., supra.
Entender lo anterior es esencial para la correcta
consideración.
IV.
Por último, precisa señalar que nuestro Código Civil
dispone ciertas garantías del derecho de crédito, dentro de
8 En Andreu Fuentes v. Popular Leasing, supra, en virtud de un contrato de leasing, el usuario de un vehículo se obligó incondicionalmente a pagar todas las mensualidades sin importar lo que sucediera, incluyendo la eventualidad de que el bien fuera robado o tuviera desperfectos. Por tal razón, este Tribunal resolvió que la presencia de defectos en el vehículo no alteraba el derecho de la entidad financiera de cobrar la financiación del mismo en su totalidad, tal como fue pactado. AC-2015-0101 18
las cuales se encuentra aquella que conocemos como la
cláusula penal. Arts. 1106-1109 del Código Civil de Puerto
Rico, 31 LPRA secs. 3131-3134. La misma ha sido definida
como “una convención accesoria a una obligación principal
mediante la cual se promete realizar una prestación,
generalmente pecuniaria, para el caso en que una de las
partes no cumpla o cumpla mal o irregularmente lo
prometido”. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169
(2011) (Citando J.R. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones,
2da ed., San Juan, Programa de Educación Jurídica Continua
de la Facultad de Derecho de la U.I.A., 1997, pág. 299).
En diversas ocasiones, este Tribunal ha reconocido las
dos funciones principales de la cláusula penal, a saber:
(1) asegurar el cumplimiento de una obligación y (2) evaluar
por anticipado los perjuicios que habría de ocasionar al
acreedor el incumplimiento de la obligación. Coop. Sabaneña
v. Casiano Rivera, supra; Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing
Co., supra; R.C. Leasing Corp. v. Williams Int. Ltd., 103
DPR 163 (1974); Simonet v. Ingravídez, 90 DPR 1 (1964).
Véase, además, J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil,
3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T.1, V.2, págs. 461-
464.
Debido a su fin punitivo, la cláusula penal permite
que la evaluación de los daños del acreedor sobrepase la
medida real del daño, de forma que este exceso tenga el
efecto de presionar al deudor a realizar el cumplimiento AC-2015-0101 19
específico de la obligación para evitar pagar una
indemnización mayor a la prestación a la cual se obligó.
Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., supra; R.C. Leasing
Corp. v. Williams Int. Ltd., supra. Sin embargo, en
ocasiones, “[l]a prestación garantizadora puede ser tan
desorbitada y excesiva que se convierta en una fianza
impropia o caparra”. R.C. Leasing Corp. v. Williams Int.
Ltd., supra, pág. 170.
A los fines de remediar esta preocupación, el Art.
1108 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3133, faculta a los
tribunales para “modific[ar] equitativamente la pena cuando
la obligación principal hubiera sido en parte o
irregularmente cumplida por el deudor”. Cabe señalar, sin
embargo, que:
La facultad judicial de moderación debe usarse sólo con gran cautela y notoria justificación. […] Al resultado de frenar el predominio absoluto de la autonomía de la voluntad, bien moderando los efectos de los contratos, ya limitando su obligatoriedad según normas de buena fe, ha de llegarse únicamente en circunstancias extraordinarias, como medio de templar su excesiva onerosidad para el obligado, o la desorbitada desproporción. (Énfasis suplido) Jack's Beach Resort, Inc. v. Cía. Turismo, supra, pág. 350.
Asimismo, si bien esta disposición permite moderar la pena,
ello debe hacerse cuando la desproporción entre la
infracción del contrato y la pena convencional es evidente.
WRC Props. Inc v. Santana, 116 DPR 127 (1985); Jack's Beach
Resort, Inc. v. Cía. Turismo, 112 DPR 344 (1982). AC-2015-0101 20
En lo pertinente al leasing, se ha expresado que la
cláusula de aceleración que se incluye en este tipo de
contrato, constituye una cláusula penal, toda vez que, al
anticipar la exigibilidad inmediata del resto de los plazos
pendientes en caso de incumplimiento, tiene una función
coercitiva para el deudor. Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing
Co., supra; Jack's Beach Resort, Inc. v. Cía. Turismo, 112
DPR 344 (1982). Véase, además, C. Vidal Blanco, El Leasing,
una innovación en la técnica de la financiación, Madrid,
Ministerio de Hacienda, 1977, págs. 101-102.
No obstante, debemos resaltar que en Class v. Vehicle
Eqmnt. Leasing Co., supra, al analizar una cláusula de
aceleración en un contrato de leasing, este Tribunal aplicó
los principios antes esbozados, concluyendo que no procedía
moderar la misma de tal manera que ésta se eliminara
totalmente. En dicha ocasión, prestó particular atención al
hecho de que “la cantidad reclamada por las arrendadoras
pretende que éstas recuperen su inversión, toda vez que la
entrega del bien, previa a la terminación del contrato, no
cubre las costas y gastos incurridos por el arrendador”.9
Íd., pág. 206.
9 En la Opinión de referencia el Tribunal atendió varios casos consolidados, los cuales surgían de contratos de leasing de automóviles. Los contratos en cuestión contenían una cláusula que disponía que “en caso de incumplimiento en el pago de los cánones, el arrendador tendría derecho a efectuar la reposesión de la unidad, debiendo el arrendatario pagar el balance de los cánones pactados durante todo el término del arrendamiento”. En todos los casos consolidados, antes de culminar el arrendamiento, los usuarios entregaron voluntariamente los vehículos a las entidades financieras, quienes las aceptaron y procedieron a venderlas. Al obtener cantidades AC-2015-0101 21
Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que
procedemos a disponer de las controversias ante nuestra
V.
Como sabemos, en el presente caso la controversia surge
de un contrato de leasing. En el mismo Xerox se obligó a
poner cierto equipo de fotocopias a la diposición de Print
Outlet, a cambio del pago de unas cuotas mensuales
ascendentes a $638.26 por un término de ochenta y cuatro
(84) meses, durante o luego del cual Print Outlet tendría
la opción de adquirir las unidades arrendadas, pagando el
valor residual de las mismas.
Como ha quedado claramente demostrado, el contrato de
leasing tiene una naturaleza distinta a la del arrendamiento
clásico. Ello, pues no se trata de una serie de prestaciones
autónomas, sino de una obligación única -- la de pagar la
inversión total hecha por el arrendador para financiar la
adquisición y uso del bien arrendado -- que ha sido
fraccionada en varios plazos.
Siendo ello así, por tratarse de una obligación única,
a la acción para reclamar los plazos vencidos del contrato
de leasing instada por Xerox en contra de Print Outlet no
menores al valor residual adeudado, reclamaron a los arrendatarios el balance adeudado.
Ante las querellas presentadas por éstos, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) determinó que la entrega del vehículo por el arrendatario y la aceptación voluntaria por la arrendadora le impedían a ésta última instar una acción de cobro por la diferencia entre el balance de su cuenta y el precio de venta de la unidad. AC-2015-0101 22
le es de aplicación la prescripción quinquenal dispuesta en
el Art. 1866 del Código Civil, supra. La misma está sujeta
a la prescripción ordinaria del Art. 1864, supra. Se
cometió, pues, el error señalado.10
Ahora bien, resuelta la controversia en torno al tema
de la prescripción, aún es necesario atender la
determinación del Tribunal de Apelaciones de hacer
inoperante la cláusula de aceleración. Como recordaremos,
dicho foro razonó que el hecho de que Print Outlet hubiera
realizado pagos con posterioridad a marzo de 2009 hacía
deuda, por dicha parte haber realizado un cumplimiento
irregular de la obligación. No tiene razón.
Precisa recordar que, al ejercer su facultad para
modificar una cláusula penal pactada por voluntad de las
partes, los tribunales deben hacerlo con gran cautela y
como medida extraordinaria para atemperar su excesiva
onerosidad o desorbitada desproporción.
En el presente caso, no se desprende de las alegaciones
que la cláusula de aceleración produzca una desproporción
10 El Tribunal Supremo de España ha reconocido la aplicación de la prescripción quinquenal a las cuotas mensuales del contrato de leasing. Véanse, STS 24 mayo 1997; STS 22 julio 2002. Cabe resaltar, sin embargo, que bajo el razonamiento empleado por el Tribunal Supremo español en las referidas sentencias, el componente arrendaticio del contrato de leasing es equiparable al arrendamiento ordinario, puesto que "la ratio legis es idéntica". Esto es objeto de debate en el derecho español, por lo que existen varias corrientes jurisprudenciales en cuanto al término prescriptivo aplicable las mensualidades del contrato de leasing. Ahora bien, en nuestra jurisdicción está claramente establecido que el contrato de leasing tiene una naturaleza distinta a la del arrendamiento ordinario y otras figuras afines. Andreu Fuentes y otros v. Popular Leasing, supra; Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., supra; Meyers Bros. v. Gelco, supra. AC-2015-0101 23
desorbitada, ya que Xerox no está exigiendo siquiera una
cantidad mayor a la pactada en el contrato, sino la
totalidad del balance adeudado en virtud del mismo. Tampoco
surge que el acelerar el vencimiento de las mensualidades
restantes, según fue acordado, haga excesivamente oneroso
el cumplimiento de la obligación contraída por Print Outlet.
Ello es aun más evidente, al considerar que este asunto ni
siquiera formó parte de las controversias traídas ante la
consideración del Tribunal de Apelaciones.
A tono con lo anterior, no procedía la modificación de
la cláusula de aceleración en cuestión, ni mucho menos
declarar improcedente su activación. Al así hacerlo, erró
el foro apelativo intermedio en su proceder.
VI.
Por los fundamentos antes expuestos, revocamos en su
totalidad la determinación del Tribunal de Apelaciones y
devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la
continuación de los procedimientos de conformidad con lo
aquí dispuesto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Ángel Colón Pérez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. Núm. AC-2015-0101 Certiorari José A. Gómez Rodríguez y otros
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca en su totalidad la determinación del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí dispuesto.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón está inhibido.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo