EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ismael Serrano Rivera, Mayda Enid Báez Lugo, ambos por sí y en representación de la Sociedad Lega l de Gananciales Certiorari compuesta por ambos 2011 TSPR 134 Peticionarios 182 DPR ____ v.
Foot Locker Retail, Inc.
Recurrido
Número del Caso: AC - 2009 - 58
Fecha: 15 de septiembre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce Panel VIII
Juez Ponente: Hon. Sixto Hernández Serrano
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Miguel A. Arroyo Díaz
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Luis D. Ortiz Abreu Lcda. Michelle L. Holley - Vázquez
Materia: Cobro de Dinero
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. S u distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ismael Serrano Rivera, Mayda Enid Báez Lugo, ambos por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos AC-2009-58 Peticionarios
v.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2011.
En esta ocasión debemos expresarnos acerca de
cuándo comienza el término prescriptivo que tiene
una persona para reclamar al amparo del Art. 1802
del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, de manera
contingente a la reclamación que haga su consorte
por discrimen en el empleo al amparo de la Ley Núm.
100 de 30 de junio de 1959, según enmendada,
conocida como Ley contra el discrimen en el empleo,
29 L.P.R.A. sec. 146 et seq.
Concluimos que en esas circunstancias el punto
de partida para computar el término prescriptivo de
un año para que una persona presente una causa de
acción al amparo del Art. 1802 del Código Civil, AC-2009-58 2
supra, comienza desde el instante en que el titular de la
acción conoce que su consorte fue discriminado en su
empleo.
I
El señor Serrano Rivera trabajó para Foot Locker
Retail, Inc. (Foot Locker) desde agosto de 1978 hasta el
15 de octubre de 2002, fecha en que fue despedido de su
empleo. Por lo anterior, el 22 de octubre de 2002 el
señor Serrano Rivera presentó una reclamación contra Foot
Locker por despido injustificado ante el Negociado de
Normas del Trabajo del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos de Puerto Rico (Negociado de Normas), conforme a
la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada,
conocida como Ley de indemnización por despido sin justa
causa, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq.1
No obstante lo anterior, el 13 de marzo de 2003 el
señor Serrano Rivera desistió de la querella presentada
ante el Negociado de Normas por la alegada tardanza de
estos en la tramitación de la querella.2 Ese mismo día, el
señor Serrano Rivera y la señora Báez Lugo (los
peticionarios) remitieron una carta a Foot Locker por
medio de su representación legal con el propósito expreso
de interrumpir “cualquier término prescriptivo a favor de
los reclamantes o sus familiares”. En dicha carta, los
1 Se notificó a Foot Locker, el 6 de marzo de 2003. 2 Se notificó a Foot Locker, el 7 de abril de 2003. AC-2009-58 3
peticionarios hicieron referencia a la querella presentada
ante el Negociado de Normas, de la cual habían desistido.
Así las cosas, el 28 de agosto de 2003 el
señor Serrano Rivera presentó otra querella contra Foot
Locker, esta vez ante la Unidad Antidiscrimen del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico
(Unidad Antidiscrimen) por alegado discrimen por edad,
conforme a la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según
enmendada, conocida como Ley contra el discrimen en el
empleo, 29 L.P.R.A. sec. 146 et seq. Así, el 9 de marzo
de 2004 los peticionarios remitieron una segunda carta a
Foot Locker por medio de su representación legal con la
intención de interrumpir nuevamente el término
prescriptivo de cualquier reclamación que resultara del
despido del señor Serrano Rivera.
Según surge del expediente, posterior a la fecha del
9 de marzo de 2004 los peticionarios no cursaron a Foot
Locker ninguna otra carta relacionada a sus reclamaciones,
ni hicieron requerimiento extrajudicial sobre el alegado
despido injustificado del señor Serrano Rivera conforme a
la Ley Núm. 80, supra. Tampoco surge que Foot Locker haya
admitido responsabilidad alguna por las alegaciones hechas
por los peticionarios en sus reclamaciones.
Entretanto, el 14 de septiembre de 2006 la Unidad
Antidiscrimen notificó al señor Serrano Rivera, con copia
a Foot Locker, el cierre del caso ante ellos al amparo de
la Ley Núm. 100, supra, dado al desistimiento del primero. AC-2009-58 4
Además, la Unidad Antidiscrimen informó al señor Serrano
Rivera sobre la concesión del permiso que solicitó el 6 de
septiembre de 2006 para litigar su caso al amparo de la
Ley Núm. 100, supra.
Así, pues, el 15 de agosto de 2007 los peticionarios
presentaron una demanda contra Foot Locker ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce.
Por un lado, el señor Serrano Rivera reclamó indemnización
al amparo de la Ley Núm. 80, supra, y la Ley Núm. 100,
supra, por despido injustificado y discrimen por edad,
respectivamente. También, el señor Serrano Rivera exigió
el pago de beneficios marginales de empleados gerenciales
conforme a una alegada “política de compensación de gastos
de millaje por relocalización”. De la misma forma, la
señora Báez Lugo co-demandó a Foot Locker al amparo del
Art. 1802 del Código Civil por daños y perjuicios como
consecuencia del alegado discrimen contra el señor Serrano
Rivera, su esposo.
Luego de varios trámites procesales, el 31 de julio
de 2008 Foot Locker presentó una Moción de Sentencia
Sumaria parcial en la que solicitó la desestimación de las
reclamaciones del señor Serrano Rivera contra ellos por
despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80, supra,
y la reclamación de la señora Báez Lugo por daños y
perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil, pues AC-2009-58 5
según alegaron, ambas causas de acción estaban prescritas
al momento de presentar la demanda.3
Una vez evaluados los hechos materiales del caso que
no estaban en controversia, el Tribunal de Primera
Instancia concluyó que tanto la causa de acción al amparo
de la Ley Núm. 80, supra, que presentó el señor Serrano
Rivera, y la que presentó la señora Báez Lugo al amparo
del Art. 1802 del Código Civil, habían prescrito.
Consecuentemente, el Tribunal de Primera Instancia
desestimó con perjuicio ambas reclamaciones.4
Inconforme con la determinación del foro primario,
el 18 de diciembre de 2008 los peticionarios presentaron
un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones
en el que solicitaron la revocación de la decisión del
Tribunal de Primera Instancia. Por entender que la
determinación recurrida era correcta, el 18 de junio
de 2009 el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia
mediante la cual confirmó la determinación del Tribunal de
Primera Instancia. En desacuerdo con tal decisión, el
21 de julio de 2009 los peticionarios recurrieron ante
3 El 9 de septiembre de 2008 los peticionarios presentaron una Moción de Réplica a Moción de Sentencia Sumaria Parcial, a la cual Foot Locker presentó Oposición el 10 de octubre de 2008. 4 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, emitida el 12 de noviembre de 2008. A pesar de que la Sentencia Parcial fue notificada en un formato OAT-704 (notificación de sentencia) la misma no concluye expresamente que no existía razón para posponer emitir sentencia en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes hasta la resolución final del pleito, como dispone la Regla 43.5 de Procedimiento Civil de 1979. Por lo anterior, nos encontramos ante una resolución interlocutoria y no una sentencia parcial. Véanse, Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 D.P.R. 315, 326-327 (2001); Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 D.P.R. 300, 311-312 (1997). AC-2009-58 6
este Tribunal, mediante recurso de apelación,5 señalando
los siguientes errores:
1. Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al sostener y confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia al resolver que la acción al amparo del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141, de Mayda Enid Báez Lugo estaba prescrita.
2. Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al sostener y confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia al resolver que la acción al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, de Ismael Serrano Rivera estaba prescrita.
Tras varios incidentes procesales, el 11 de junio
de 2010 el caso de referencia quedó sometido en sus
méritos para su adjudicación ante este Tribunal. Veamos la
normativa aplicable a las controversias que hoy atendemos.
II
La prescripción extintiva es una institución de
derecho sustantivo regulada por el Código Civil,
31 L.P.R.A. sec. 1 et seq. que constituye una forma de
extinción de un derecho debido a la inercia en ejercer el
5 Los peticionarios presentaron ante este Tribunal un recurso de apelación por entender que existía un conflicto sustancial entre la “sentencia parcial” dictada en su caso ante el Tribunal de Apelaciones y otra sentencia de dicho foro sobre cuándo comienza a correr el término prescriptivo en acciones por daños y perjuicios, al amparo del Art. 1802 del Código Civil, instada por el cónyuge de un empleado que se alega fue despedido sin justa causa y discriminado por su patrono. Sin embargo, mediante Resolución emitida el 15 de enero de 2010, este Tribunal acogió la solicitud de apelación presentada por los peticionarios como una petición de certiorari pues el recurso presentado no cumplió con lo dispuesto en la Regla 18 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, ni con lo dispuesto en el Art. 3.002 (b) y (c) de la Ley de la Judicatura de 22 de agosto de 2003. AC-2009-58 7
mismo durante un tiempo determinado.6 De la misma forma,
Castán define la prescripción extintiva como “un modo de
extinción de los derechos por la inacción del titular de
los mismos durante el tiempo determinado por la ley”.7 En
reiteradas ocasiones hemos expresado que con la
prescripción extintiva lo que se busca es castigar la
dejadez en el ejercicio de los derechos, así como los
litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las
reclamaciones, y así evitar que una de las partes quede en
estado de indefensión.8 Conforme al Art. 1873 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303, la prescripción de las
acciones se interrumpe por su ejercicio ante los
tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y
por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el
deudor.
En el caso particular de la acción por daños y
perjuicios establecida en el Art. 1802 del Código Civil,
31 L.P.R.A. sec. 5141, el término prescriptivo para
entablar una reclamación al amparo de dicho estatuto es de
un año desde que el agraviado supo del daño, según dispone
el Art. 1868 del mismo Código, 31 L.P.R.A. sec. 5298.9
6 Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 188 (2002) citando a Galib Frangie v. El Vocero de Puerto Rico, 138 D.P.R. 560 (1995). 7 Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo I, Vol. 2 (15 ed. 2007) pág. 881. 8 Ortiz v. P.R. Telephone, 162 D.P.R. 715, 733 (2004); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943, 950 (1991); Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582, 588 (1990). 9 Art. 1868, Código Civil de Puerto Rico. 31 L.P.R.A. sec. 5298. AC-2009-58 8
Acerca de lo anterior, hemos expresado que el término
prescriptivo para entablar una acción al amparo del Art.
1802 del Código Civil, supra, comienza no sólo cuando el
perjudicado conoció del daño, sino además, desde que
conoció quién fue el autor del mismo, y los elementos
necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de
acción.10
Por otro lado, la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976,
según enmendada, conocida como Ley de indemnización por
despido sin justa causa, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq.
establece en su sección 185(L) que “la acción para
reclamar indemnización por un despido sin justa causa
prescribirá por el transcurso de tres (3) años a partir de
la fecha efectiva del despido mismo”.
A su vez, la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959,
según enmendada, conocida como Ley contra el discrimen en
el empleo, 29 L.P.R.A. sec. 146 et seq. dispone respecto a
la prescripción extintiva, lo siguiente:
Cuando se presente una querella por discrimen en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el término prescriptivo de un año para iniciar la acción judicial quedará interrumpido al notificársele la querella al patrono o querellado, siempre y cuando que la notificación se efectúe dentro de dicho término prescriptivo. Dicho término prescriptivo quedará, además, en suspenso o congelado mientras la querella se continúe tramitando en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y no se haya notificado al querellado la determinación del Secretario de dicho Departamento sobre la reclamación. Si mientras
10 Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 189 (2002); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 246 (1984). AC-2009-58 9
se está tramitando la reclamación en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el querellante solicita que se le permita retirar la querella o manifiesta que no desea continuar con dicho trámite, el término prescriptivo antes aludido comenzará nuevamente a partir de la fecha en que el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos notifique de su determinación a las partes. En los demás casos, el término prescriptivo se interrumpirá con la reclamación extrajudicial, con la radicación de la acción judicial correspondiente o por el reconocimiento de la deuda por parte del patrono o de su agente autorizado.11
Es decir, que la Ley Núm. 100, supra, establece que
el término prescriptivo para presentar una reclamación
judicial por discrimen en el empleo es de un año, y éste
será interrumpido una vez se notifique al patrono o
querellado -dentro de dicho término de prescripción- sobre
la presentación de la querella ante la Unidad
Antidiscrimen en el Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos.12 Además, dicho término prescriptivo estará
suspendido mientras la querella continúe su trámite en la
Unidad Antidiscrimen y no se haya notificado al querellado
la determinación del Secretario del Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos, sobre la reclamación.
La Ley Núm. 100, supra, menciona que en caso de que
el querellante solicite retirar la querella, o desista de
continuar su trámite, el término prescriptivo de un año
comenzará nuevamente desde la fecha en que se notifique la
determinación del Departamento a las partes. En los demás
11 29 L.P.R.A. sec. 159. 12 Véanse, Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342, 353 (2001); Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc., 116 D.P.R. 823, 824 (1986). AC-2009-58 10
casos, o sea, los que no son una reclamación judicial por
discrimen en el empleo al amparo de la Ley Núm. 100,
supra, el término prescriptivo se interrumpirá por la
reclamación extrajudicial, la presentación de la acción
judicial correspondiente o por el reconocimiento de la
deuda por parte del patrono o de su agente autorizado.
III
En el caso ante nuestra consideración debemos
determinar principalmente dos asuntos. Esto es, si la
acción presentada por el señor Serrano Rivera al amparo de
causa, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq., y la causa de acción
presentada por la señora Báez Lugo al amparo del Artículo
1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.
5141, estaban prescritas al momento de incoarse la demanda
contra Foot Locker. A la luz de la normativa antes
expuesta, resolvemos que ambas acciones estaban
prescritas.
A
Como antes discutiéramos en detalle, el señor
Serrano Rivera fue despedido de su empleo el 15 de octubre
de 2002. El 22 de octubre de 2002 el señor Serrano Rivera
presentó una reclamación contra Foot Locker por despido
injustificado ante el Negociado de Normas del Trabajo del
(Negociado de Normas), conforme a la Ley Núm. 80, supra, y AC-2009-58 11
el 13 de marzo de 2003, desistió de la misma.13 Ese mismo
día, los peticionarios remitieron una carta a Foot Locker
con el propósito de interrumpir el término prescriptivo de
cualquier reclamación que tuvieran disponibles como
consecuencia del despido del señor Serrano Rivera.
Mientras, el 28 de agosto de 2003 el señor Serrano Rivera
presentó una querella contra Foot Locker ante la Unidad
Antidiscrimen por alegado discrimen por edad conforme a la
Luego, el 9 de marzo de 2004 los peticionarios
remitieron una segunda carta a Foot Locker por medio de su
representación legal con la intención de volver a
interrumpir el término prescriptivo de cualquier
reclamación que resultara del despido del señor Serrano
Rivera. Después de la comunicación del 9 de marzo de 2004
los peticionarios no hicieron ningún otro reclamo a Foot
Locker con relación al alegado despido injustificado del
señor Serrano Rivera conforme a la Ley Núm. 80, supra, ni
acerca de la reclamación de la señora Báez Lugo al amparo
del Art. 1802 del Código Civil, supra. Sin embargo, el
14 de septiembre de 2006, la Unidad Antidiscrimen notificó
tanto al señor Serrano Rivera como a Foot Locker sobre el
cierre del caso ante dicha Unidad Antidiscrimen, y
concedió el permiso que solicitó el señor Serrano Rivera
para litigar su caso al amparo de la Ley Núm. 100, supra.
13 Se notificó a Foot Locker el 7 de abril de 2003. AC-2009-58 12
B
Reclamación al amparo de la Ley Núm. 80, supra.
La Ley Núm. 80, supra, se creó para desalentar la
incidencia de despidos injustificados en el País y proveer
remedios más justicieros a las personas que son despedidas
sin justa causa.14 Por eso, la Ley Núm. 80, supra,
establece que un empleado que sea despedido sin justa
causa tendrá derecho a recibir de su patrono, además del
sueldo que hubiese devengado, una indemnización o mesada
que se calculará como se dispone en el Art. 1.15 Por otro
lado, el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, define lo que se
entenderá como justa causa para un despido,16 y el Art. 11
establece una presunción rebatible de que todo despido es
injustificado.17
Acerca del término prescriptivo para presentar una
reclamación al amparo de la Ley Núm. 80, supra, ésta
dispone que “los derechos que conceden las secs. 185a a
185m de este título prescribirán por el transcurso de tres
(3) años a partir de la fecha efectiva del despido
mismo”.18 En cuanto al modo de interrumpir dicho término
prescriptivo de tres años la Ley Núm. 80, supra, guarda
silencio.
14 Exposición de Motivos, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976. 15 29 L.P.R.A. sec. 185 (a). 16 29 L.P.R.A. sec. 185 (b). 17 29 L.P.R.A. sec. 185 (k). 18 29 L.P.R.A. sec. 185 (l). AC-2009-58 13
En este caso, el peticionario alega que la
presentación de la querella al amparo de la Ley Núm. 100,
supra, ante la Unidad Antidiscrimen interrumpe y paraliza
el término prescriptivo de tres años provisto en la Ley
Núm. 80, supra, y por lo tanto, su causa de acción al
amparo de ésta no estaba prescrita.
Como señaláramos, luego de la presentación de la
querella al amparo de la Ley Núm. 100, supra, el 9 de
marzo de 2004 los peticionarios enviaron una carta a
Foot Locker, por conducto de su representación legal, que
interrumpió término prescriptivo de tres años que
contempla la Ley Núm. 80, supra, para presentar la
reclamación sobre despido injustificado contra su patrono.
Así, el nuevo término prescriptivo venció el 9 de marzo
de 2007. Es decir, el término prescriptivo para que el
señor Serrano Rivera presentara su reclamación al amparo
de la Ley Núm. 80, supra, venció varios meses antes de que
se presentara la demanda en agosto de 2007.
El argumento del peticionario en este señalamiento
depende en primer lugar de que la referida querella haya
interrumpido el término prescriptivo de la Ley Núm. 80,
supra. Ahora bien, aun aceptando para efectos de
argumentación que la presentación y posterior notificación
a Foot Locker de la querella al amparo de la Ley Núm. 100,
supra, ante la Unidad Antidiscrimen interrumpía la causa
de acción del peticionario al amparo de ésta, de todas AC-2009-58 14
formas estaba prescrita cuando se presentó la demanda.19
En vista de lo anterior, no nos expresaremos en estos
momentos acerca de si la presentación y posterior
notificación oportuna de una querella al amparo de la Ley
Núm. 100, supra, en la Unidad Antidiscrimen paraliza o no
el término de tres años que provee la Ley Núm. 80, supra.
Por otra parte, a pesar de que en un inicio los
peticionarios fueron diligentes en interrumpir el término
prescriptivo de tres años establecido en la Ley Núm. 80,
supra, luego del 9 de marzo de 2004 estos no presentaron
reclamación extrajudicial alguna respecto a la acción por
despido injustificado sino hasta el 15 de agosto de 2007,
cuando incoaron la demanda ante el Tribunal de Primera
Instancia. Por lo anterior, es forzoso concluir que la
acción del señor Serrano Rivera al amparo de la Ley Núm.
80, supra, por despido injustificado estaba prescrita al
momento de presentar la demanda.
C
Reclamación al amparo del Art. 1802 del Código Civil contingente a la acción al amparo de la Ley Núm. 100, supra.
Primeramente, debemos mencionar que en Santini
Rivera v. Serv Air, Inc., 137 D.P.R. 1, 14 (1994)
reconocimos que “los parientes de un empleado que haya
sido víctima de trato discriminatorio por su patrono al
amparo de la Ley Núm. 100, supra, tienen una causa de
19 Estas expresiones no deben interpretarse como una opinión del Tribunal al respecto. AC-2009-58 15
acción propia al amparo del Art. 1802 del Código Civil,
supra, para obtener una indemnización por los daños que
ellos mismos hayan sufrido a consecuencia del referido
discrimen laboral”. Dijimos, además, que “en tales
circunstancias, se compensarán los daños propios sufridos
por los parientes, una vez quede establecido el trato
discriminatorio en cuestión”.20 En el mencionado caso de
Santini Rivera v. Serv Air, Inc., supra, aclaramos que la
Ley Núm. 100, supra, está dirigida únicamente a proteger
los derechos de los empleados y no la situación jurídica
de los parientes de estos, por lo que la Ley Núm. 100,
supra, no es fuente de derecho para los parientes del
empleado discriminado.21
En la misma línea de pensamiento, expresamos en
Maldonado v. Banco Central Corp., 138 D.P.R. 268, 276
(1995) que la causa de acción al amparo del Art. 1802 del
Código Civil, supra, que puede entablar el cónyuge de un
empleado discriminado en su empleo es contingente a la
acción que éste tiene al amparo de la Ley Núm. 100, supra.
Así, una vez probados los tres elementos requeridos en el
Art. 1802 del Código Civil, supra, entiéndase, la
producción de un daño; un acto u omisión culposa o
negligente; y la existencia de un nexo causal entre el
daño y la acción u omisión de otra persona,22 se
20 Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 D.P.R. 1, 14 (1994). 21 Íd. en la pág. 5; Maldonado v. Banco Central Corp., 138 D.P.R. 268, 274(1995). 22 Arroyo Lopez v. E. L. A., 126 D.P.R. 682 (1990). AC-2009-58 16
compensarán los daños sufridos por el cónyuge como
consecuencia del discrimen decretado en acción separada al
amparo de la Ley Núm. 100, supra.23
Lo resuelto por este Tribunal en los casos antes
citados no se puede interpretar como que el término
prescriptivo de un año que tenía la señora Báez Lugo para
entablar la reclamación contingente al amparo del Art.
1802 del Código Civil, supra, comenzaba a partir de que un
Tribunal determinara que su esposo fue despedido por
razones discriminatorias. Específicamente, dijimos que se
amparo de la Ley Núm. 100, supra.24 Nada especial
dispusimos sobre cuándo debía presentarse la reclamación
pues la causa de acción que le reconocimos a los parientes
de un empleado que fue discriminado en su empleo bajo los
términos de la Ley Núm. 100, supra, es una reclamación por
daños y perjuicios como cualquier otra. Esto es, que
desde el momento en que el agraviado adviene en
conocimiento de que sufrió un daño como consecuencia de un
acto culposo o negligente, y conoce quién lo causó, puede
entablar su reclamación al amparo del Art. 1802 del Código
Civil. Desde ese momento comienza a correr el término
prescriptivo de un año provisto en el mencionado Art. 1802
____________________________________________________________________ 23 Maldonado v. Banco Central Corp., 138 D.P.R. 268, 276 (1995). 24 Íd. AC-2009-58 17
del Código Civil, supra, para presentar su causa de
acción. Por lo tanto, el punto de partida para computar el
término prescriptivo de un año para que una persona
presente una causa de acción al amparo del Art. 1802 del
Código Civil, supra, comienza desde el instante en que el
titular de la acción conoce que su consorte fue
discriminado en su empleo.
Del expediente surge que el 8 de julio de 2008
durante una deposición que se le tomó a la señora Báez
Lugo, ella indicó que se enteró del despido del señor
Serrano Rivera el mismo día que lo despidieron y entendió
que el mismo fue por discrimen porque “[su] esposo siempre
trabajó bien” y “todo lo dejaba por su trabajo”.25 Dijo,
además, que desde ese mismo día, es decir, desde el día
del despido, comenzó a sufrir daños emocionales y
económicos a consecuencia del despido de su esposo. Por
lo anterior, es forzoso concluir que el término
prescriptivo para que la señora Báez Lugo presentara su
causa de acción al amparo del Art. 1802 del Código Civil,
supra, comenzó el 15 de octubre de 2002.
En este caso, la reclamación de la señora Báez Lugo
fue una contingente y separada de la del señor Serrano
Rivera al amparo de la Ley Núm. 100, supra, y aunque esta
última fue interrumpida efectivamente con la presentación
de la querella al amparo de la Ley Núm. 100, supra, no fue
así respecto a la acción de la señora Báez Lugo al amparo
25 Transcripción expedita tomada el 8 de julio de 2008 en las oficinas del bufete Goldman Antonetti & Córdova, P.S.C. AC-2009-58 18
del Art. 1802 del Código Civil, supra. El término
prescriptivo de la reclamación del señor Serrano Rivera al
amparo de la Ley Núm. 100, supra, fue interrumpido cuando
éste presentó la querella el 28 de agosto de 2003 ante la
Unidad Antidiscrimen, y dicho término quedó suspendido
hasta que las partes fueron notificadas sobre el cierre
del caso ante la mencionada Unidad Antidiscrimen. Desde
ese momento, es decir, desde el 14 de septiembre de 2006,
comenzó nuevamente el término prescriptivo de la acción
del señor Serrano Rivera en contra de Foot Locker al
amparo de la Ley Núm. 100, supra.
Sin embargo, por ser la reclamación de la señora
Báez Lugo una acción al amparo del Art. 1802 del Código
Civil, supra, contingente y separada de la reclamación del
señor Serrano Rivera al amparo de la Ley Núm. 100, supra,
la acción de la señora Báez Lugo prescribió un año después
de la última reclamación extrajudicial que hicieron los
peticionarios el 9 de marzo de 2004. En otras palabras,
la reclamación de la señora Báez Lugo al amparo del Art.
1802 del Código Civil, supra, prescribió el 9 de marzo de
2005; más de dos años antes de que se presentara la
demanda en este caso.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la
determinación del Tribunal de Apelaciones por lo que se
desestiman las reclamaciones presentadas por los
peticionarios por despido injustificado al amparo de la AC-2009-58 19
Ley Núm. 80, supra, y por daños y perjuicios al amparo del
Art. 1802 del Código Civil, supra. Se devuelve el caso al
Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los
procedimientos según lo aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ismael Serrano Rivera, Mayda Enid Báez Lugo, ambos por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos AC-2009-58 Peticionarios
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se confirma la determinación del Tribunal de Apelaciones por lo que se desestiman las reclamaciones presentadas por los peticionarios por despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80, supra, y por daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procedimientos según lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta emitió Opinión Concurrente y Disidente. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ismael Serrano Rivera, Mayda Enid Báez Lugo, ambos por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos Peticionarios
v. AC-2009-58
Foot Locker Retail, Inc. Recurrido
Opinión Concurrente y Disidente emitida por la JUEZA ASOCIADA SEÑORA FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2011.
Estoy conforme con el análisis que hace la Opinión
mayoritaria sobre el término prescriptivo aplicable a una
reclamación instada al amparo del artículo 1802 del Código
Civil por una persona cuyo cónyuge alegadamente ha sido
víctima de un despido discriminatorio.
Sin embargo, hubiese preferido que el Tribunal
aprovechara esta oportunidad para discutir los efectos que
tiene la presentación oportuna de una querella bajo el
artículo 3 de la Ley 100 de 30 de junio de 1959 en los
términos prescriptivos de una causa de acción al amparo de la
Ley 80 de 30 de mayo de 1976. Entiendo que la congelación o AC-2009-58 2
suspensión del término prescriptivo de una causa de acción
bajo el artículo 3 de la Ley 100, que ocurre al presentarse
la querella ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos (UAD) congela, o como menos,
interrumpe, el transcurso de la prescripción de la acción
bajo la Ley 80. Mi posición se basa en mi convencimiento de
que una causa de acción bajo la Ley 80 es un elemento
sustantivo y constitutivo de la causa de acción bajo el
artículo 3 de la Ley 100.
I.
La Ley 80 prohíbe y castiga los despidos
injustificados.26 El artículo 11 de la Ley establece una
presunción rebatible de que todo despido es injustificado,27
y el artículo 2 provee un listado de lo que se considerará
justa causa para el despido.28 Para prevalecer en una causa
de acción bajo la Ley 80, el empleado tiene que demostrar
que sufrió un despido y que éste fue injustificado.
Por su parte, la Ley 100 atiende el discrimen en el
empleo.29 Específicamente, el artículo 3 de la Ley 100
establece los elementos sustantivos de la causa de acción y
el esquema probatorio a seguirse en los casos particulares
de despidos discriminatorios: un despido, que éste sea
injustificado y que se dé una modalidad del discrimen
26 29 L.P.R.A. §§ 185a et seq. 27 29 L.P.R.A. § 185k. 28 29 L.P.R.A. § 185b. 29 29 L.P.R.A. § 146 et seq. AC-2009-58 3
alegado.30 Como puede observarse, los primeros dos elementos
sustantivos de una causa de acción bajo el artículo 3 de la
Ley 100 son idénticos a una causa de acción bajo la Ley 80
en su totalidad.
De entrada, es notable el hecho de que la Ley 100 no
define qué constituye justa causa para el despido para
efectos del artículo 3, a pesar de que uno de los elementos
constitutivos de la causa de acción es, precisamente, un
despido sin justa causa. El historial de la Ley 100 revela,
sin embargo, la intención legislativa de incorporar a ésta
los criterios de la legislación que prohíbe los despidos sin
justa causa. Cuando se aprobó la Ley 100 estaba vigente la
Ley 50 de 20 de abril de 1949, sobre Despidos Ilegales, que
fue eventualmente sustituida por la Ley 80. Es decir, el
legislador de 1959 sabía que existía la Ley 50, y que ésta
establecía expresamente lo que sería justa causa para el
despido. Por tanto, es forzoso concluir que al no incluir en
la Ley 100 una definición específica de lo que constituye
justa causa, el legislador adoptó la definición provista por
la Ley 50 (hoy Ley 80).31 Así lo hemos interpretado durante
casi medio siglo. Durante ese tiempo, hemos recurrido a la
Ley 80 para determinar qué es justa causa bajo la Ley 100 y 30 29 L.P.R.A. 148. Nuestra jurisprudencia ha sido contra- dictoria y fluida en cuanto a este último elemento, pero, como veremos, ha habido unanimidad a través de los años en cuanto a los primeros dos. 31 El historial legislativo de la Ley 100, si bien no hace referencia expresa a la entonces Ley 50 (hoy Ley 80), sí denota la insistencia en el elemento de „justa causa‟ como ingrediente constitutivo de la causa de acción. Véase Diario de Sesiones, Senado de Puerto Rico, 30 de marzo de 1959, p. 686. AC-2009-58 4
la Asamblea Legislativa no ha enmendado la Ley 100 para
incluir otra definición de este término, lo cual es
indicativo de la aprobación legislativa a esta práctica.32
En Belk v. Martínez,33 analizamos la prohibición de
discrimen por razón de matrimonio. Tras hacer referencia al
elemento particular de esa modalidad de discrimen, que
permite justificar el trato perjudicial si la relación
matrimonial hace imposible el buen funcionamiento de la
empresa, manifestamos que “[s]ólo así se considerará el
despido justificado. Cualquier otra justificación para el
despido del empleado deberá ser evaluado conforme a los
criterios de la Ley Núm. 80”.34
Pero la relación entre la Ley 80 y la Ley 100 no se
limita a la utilización de la primera para interpretar el
concepto de justa causa establecido en la segunda. El
desarrollo normativo ha entrelazado ambos estatutos de tal
manera que, como dice el profesor Chiesa Aponte “la ausencia
de justa causa es elemento necesario pero no suficiente para
activar la causa de acción [de la Ley 100]”.35 Más que un
asunto de interpretación estatutaria, la relación entre la
Ley 80, particularmente sus artículos 2 (definición de justa
32 En varias ocasiones hemos recurrido a la definición de justa causa de la Ley 80 al discutir un caso bajo la Ley 100. Véase Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 502, n. 7 (1985); Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., 114 D.P.R. 42, 50, n. 2 (1983). 33 146 D.P.R. 215 (1998). 34 Id, p. 230 (Énfasis suplido). Véase Efrén Rivera Ramos, Derecho Probatorio, 68 Rev. Jur. U.P.R. 491, 512 (1999). 35 Ernesto Chiesa Aponte, Derecho Probatorio, 70 Rev. Jur. U.P.R. 577, 599 (2001) (Énfasis suplido). AC-2009-58 5
causa) y 11 (presunción de que el despido fue
injustificado), y la Ley 100 es de naturaleza sustantiva,
asunto que tiene mayor visibilidad en el esquema probatorio
aplicable a ambas.
Para probar un caso bajo el artículo 3 de la Ley 100
hay que probar necesariamente un caso bajo la Ley 80. Por
eso expresamos, en Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc.: “Para
activar la presunción se exige que el despido hubiera sido
realizado sin justa causa. Bajo las definiciones del Art. 2
de la Ley de Despidos Injustificados, la [demandante]
cumplió con este requisito y tenía derecho a hacer valer la
presunción a su favor”.36 Como explica Chiesa Aponte, el
hecho presumido del despido injustificado, que tiene su base
estatutaria en la Ley 80, es “el elemento esencial de la
causa de acción bajo la Ley 100”.37
Como secuela de lo anterior, en Díaz v. Wyndham fuimos
enfáticos al resolver que, por definición, un despido
discriminatorio siempre será injustificado. Esto, aunque
nominalmente haya justa causa para el despido: “[N]o todo
despido injustificado es discriminatorio a su vez; y, por el
contrario, todo despido discriminatorio sí es
injustificado”.38 Lo que es más, en ese caso catalogamos los
36 Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., supra, p. 56 (Énfasis suplido). Véase además Rodríguez Meléndez . Sup. Amigo Inc., 126 D.P.R. 117 (1990). 37 Chiesa Aponte, Derecho Probatorio, Op.Cit., pp. 594-595 (Énfasis suplido). 38 Díaz v. Wyndham, 155 D.P.R. 364, 387 (2001) (Énfasis suplido). AC-2009-58 6
despidos en violación al artículo 3 de la Ley 100 como
“despido[s] injustificado[s] y discriminatorio[s]”.39 Por
eso es correcto afirmar que para probar una violación a la
Ley 100 tiene que haberse probado necesariamente un caso
bajo la Ley 80. De esa forma, por definición, un caso
discriminatorio siempre será injustificado, aunque el
patrono haya demostrado justa causa. En Wyndham exploramos
con profundidad la interrelación entre la Ley 80 y la Ley
100:
En síntesis, [el demandante] alegó que dicha actuación patronal constituyó un despido injustificado y discriminatorio, violando así las disposiciones de la Ley Núm. 80, ante, y de la Ley Núm. 100, ante, de manera conjunta”.40
También son ilustradoras nuestras manifestaciones sobre
qué ocurre cuando un empleado logra demostrar, en un caso
bajo la Ley 100, que fue despedido sin justa causa, pero no
logra demostrar el discrimen alegado y qué ocurre cuando, en
efecto, el empleado logra establecer que hubo tal discrimen:
Si luego de presentada la totalidad de la prueba, queda demostrado que no hubo ánimo o intención discriminatoria en el despido, pero el demandado no logró establecer una justificación razonable para el mismo, esto es, no probó la justa causa, el tribunal deberá concluir que el despido fue injustificado y el empleado será acreedor, exclusivamente, a los remedios establecidos en la Ley Núm. 80, ante. Si, por el contrario, el tribunal determina que el despido efectivamente fue discriminatorio y, por ende, injustificado, entonces procederá a imponer los
39 Id, p. 391 (Énfasis suplido). 40 Id, p. 368. AC-2009-58 7
remedios provistos por la Ley Núm. 100, ante, exclusivamente.41
Esto reafirma la norma de que los tribunales están
obligados a dar los remedios probados aunque no se hayan
alegado directamente.42 Como explica Cuevas Segarra, “toda
sentencia concederá el remedio que tenga derecho la parte a
cuyo favor se dicte, aun cuando ésta no haya solicitado tal
remedio en sus alegaciones. Los tribunales concederán lo que
en derecho proceda y no lo que se les solicite”.43 En este
caso, si una persona presenta una causa de acción al amparo
del artículo 3 de la Ley 100 alegando lo que hemos
catalogado como un “despido injustificado y
discriminatorio”, pero únicamente logra demostrar (1) su
despido y (2) que éste fue injustificado, corresponde
otorgar los remedios de la Ley 80. Es decir, aunque no se
haya reclamado específicamente bajo la Ley 80 sino
únicamente bajo el artículo 3 de la Ley 100, si el
demandante demuestra los elementos de una causa de acción
bajo la Ley 80, como parte de su caso bajo la Ley 100,
tendrá derecho al remedio de la mesada.
A esta conclusión ya habíamos llegado, con más fuerza,
en Belk v. Martínez. En aquel caso, resolvimos que:
41 Id, p. 391 (Énfasis suplido). 42 Si bien en este caso el demandante presentó una causa de acción tanto bajo la Ley 100 como la Ley 80, nuestras expresiones en ese caso aplican a situaciones como la de autos, pues los tribunales otorgan los remedios probados y no únicamente los solicitados. 43 José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, J.T.S. (2000), p. 704. AC-2009-58 8
[S]i luego de presentada la totalidad de la prueba queda demostrado que no hubo ánimo discriminatorio para el despido, pero el demandado no logró establecer una justificación razonable para ésta (justa causa), el tribunal deberá concluir que el despido fue injustificado y el empleado será acreedor, exclusivamente, de los remedios establecidos en la Ley Núm. 80, supra, de despidos injustificados.44
En cuanto a la interacción de los remedios bajo ambas
leyes, resolvimos que, “[c]omo la Ley Núm. 100, supra,
compensa por los daños sufridos por el empleado, estos daños
incluyen remediar los mismos que la Ley Núm. 80, supra,
indemniza”.45 Sobre eso abundamos como sigue: “Conceder una
indemnización al amparo de dos (2) leyes distintas que
tienen los mismos elementos, criterios y dependen de la
misma prueba, penalizará al patrono dos (2) veces por un
solo acto”.46 En cuanto las alegaciones que sirven de base
para una querella bajo la Ley 80 y el artículo 3 de la Ley
100, en Belk también resolvimos que “[e]stas alegaciones son
suficientes para establecer que el despido de Belk fue
injustificado, según las definiciones del Art. 2 y la
presunción del Art. [11] de la Ley Núm. 80 de despidos
injustificados, supra. De esta forma, quedó activada la
presunción de discrimen del Art. 3 de la Ley Núm. 100,
supra”.47 Todo esto confirma que, para activar la presunción
44 Belk v. Martínez, supra, p. 232. 45 Id, p. 241 (Énfasis suplido). 46 Id (Énfasis suplido). 47 Id, p. 236 (Énfasis suplido). AC-2009-58 9
del artículo 3 de la Ley 100, hay que alegar y fundamentar
una causa de acción bajo la Ley 80. AC-2009-58 10
II.
La norma general aplicable a la interrupción de los
términos prescriptivos es que el derecho castiga la inacción
y la dejadez.48 La normativa vigente sobre la interrupción y
congelación (suspensión) de los términos prescriptivos
aplicables a causas de acción relacionadas a la
reivindicación de derechos laborales, y la interacción entre
estos términos responde a este propósito y es muy abundante
e ilustrativa. En Srio. de Trabajo v. F.H. Co., Inc.,49 nos
topamos con la interrogante de si, en ausencia de una
disposición estatutaria a esos efectos, “la presentación de
una querella por discrimen en el empleo ante la Unidad
Antidiscrimen del Departamento del Trabajo interrumpe el
período prescriptivo de un año para instar judicialmente las
acciones que surgen bajo la [Ley 100]”.50 En este caso
resolvimos que “sí interrumpe cuando la querella es
notificada al querellado dentro del término prescriptivo de
un año”.51 “Resolver lo contrario”, manifestamos, “iría
contra la política pública del Estado, pues serían pocos los
trabajadores que acudirían en auxilio inicialmente al
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos por temor a que
su reclamación prescribiera”.52 Igual ocurriría en casos
48 De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238, 245 (1985). Véase Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655, 660 (1966). 49 116 D.P.R. 823 (1986). 50 Id, p. 824. 51 Id. 52 Id, pp. 827-828. AC-2009-58 11
como el de autos. Si se resuelve que una querella
debidamente presentada ante la UAD por Ley 100 no interrumpe
los términos para instar una acción bajo la Ley 80, se
desincentiva el que los trabajadores recurran a dicha
entidad por miedo a perder su causa de acción base: que su
despido fue injustificado.
Nuestras expresiones en Matos Molero v. Roche Products,
Inc. son altamente ilustrativas para la situación de
autos.53 En aquella ocasión, nos correspondía analizar si la
presentación de una querella bajo el Título VII federal ante
la “Equal Employment Opportunity Commission” (EEOC)
suspendía los términos para instar una causa de acción bajo
la Ley 100 puertorriqueña en nuestros tribunales. Resolvimos
que sí.54 Esto, a pesar de que, a diferencia de la normativa
federal, en Puerto Rico se puede ir directamente al tribunal
en una demanda por violación a la Ley 100 sin tener que
agotar remedio administrativo alguno o, incluso, esperar la
determinación de la EEOC sobre la querella bajo el Título
VII.55
53 132 D.P.R. 470 (1993). 54 Matos Molero v. Roche Products, Inc., supra, p. 478. 55 Cabe recordar que la relación entre la ADEA (o el Título VII en su totalidad) y nuestra Ley 100 no es de correspondencia absoluta. Por el contrario, desde Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., supra, p. 46, hemos enfatizado, precisamente, en lo diferente que son los estatutos. No obstante, en Matos Molero v. Roche Products, Inc., supra, resolvimos que la presentación de una causa bajo el Título VII suspende los términos bajo la Ley 100. AC-2009-58 12
Nuestro fallo en Matos Molero fortalece la conclusión a
la que se llega en la Opinión mayoritaria en el caso de
autos sobre una causa de acción bajo el artículo 1802:
Cabe señalar, además, que el que una persona reclame sus derechos al amparo de la Ley Núm. 100, supra, o del Título VII no precluye el que pueda reclamar al amparo de cualquier otra ley. Sobre este particular, en Johnson v. Railways Express Agency, 44 L.Ed. 2d 295 (1975), el Tribunal Supremo federal determinó que el recurrir al remedio provisto bajo el Título VII no afecta los reclamos en violación de derechos civiles al amparo de 42 U.S.C. sec. 1981. El Tribunal resolvió que el presentar un cargo ante la E.E.O.C. no tenía el efecto de interrumpir el término prescriptivo para presentar una acción en los tribunales, basados en los mismos hechos, al amparo de 42 U.S.C. sec. 1981, ya que ambos remedios, aunque relacionados, se consideran separados, distintos e independientes.56
[…]
El ratio decidendi de estos casos es la separabilidad e independencia de los remedios que tiene una persona agraviada.57
De lo anterior surge que si un mismo evento genera
diversas causas de acción, el efecto interruptor que tiene
el ejercicio de una de éstas sobre las demás dependerá de la
relación entre dichas causas. Ya hemos visto que, en la
jurisdicción federal, la presentación de una querella bajo
el Título VII no interrumpe en cuanto a la sección 1981. A
igual conclusión hay que llegar en cuanto a la relación 56 Matos Molero v. Roche Products, Inc., supra, p. 483 Énfasis suplido). 57 Id, p. 484 (Énfasis suplido). AC-2009-58 13
entre la Ley 100 y el artículo 1802, pues son estatutos
“separados, distintos e independientes”. Por el contrario,
al examinar la relación entre la Ley 100 y la Ley 80 hemos
visto que éstas “tienen los mismos elementos, criterios y
dependen de la misma prueba”.58 En Matos Molero, también
hicimos referencia a la jurisprudencia federal que permite
la congelación de una causa debido a la presentación de otra
si éstas “están totalmente relacionadas e integradas”.59 Si
la presentación de una querella bajo el Título VII
interrumpe y suspende los términos prescriptivos bajo la Ley
100, a pesar de que la Ley 100 no es parte sustantiva de la
causa de acción bajo el Título VII y, más importantemente,
se permite recurrir directamente a un tribunal de Puerto
Rico sin esperar la determinación del EEOC, es forzoso
concluir que lo mismo ocurre en la relación entre la Ley 100
y la Ley 80 pues no son causas “separadas e independientes”
y, por el contrario, están “totalmente relacionadas e
integradas”.
En Matos Molero concluimos nuestro análisis de la
siguiente manera:
La norma que hoy adoptamos no es otra cosa que la aplicación del principio firmemente establecido en nuestro Derecho de que la interrupción es la manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo […] En el caso
58 Belk v. Martínez, supra, p. 241 (Énfasis suplido). 59 Matos Molero v. Roche Products, Inc., supra, p. 487 AC-2009-58 14
de autos, la recurrente demostró cabalmente su interés en vindicar sus derechos.60
Por otra parte, aunque una reclamación extrajudicial
con efectos interruptores, en el contexto laboral, “puede
manifestarse a través de diversos actos” y “no exige una
forma especial”:
[T]oda reclamación extrajudicial deberá cumplir con los siguientes requisitos para que constituya una interrupción a la prescripción: (1) debe ser oportuna, lo que exige que sea presentada dentro del término establecido; (2) el reclamante debe poseer legitimación, por lo que la reclamación debe ser ejercitada por el titular del derecho o acción cuya prescripción pretende interrumpirse; (3) el medio utilizado para realizar la reclamación debe ser idóneo, y (4) debe existir identidad entre el derecho reclamado y aquel afectado por la prescripción.61
En Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc. decidimos que la
presentación oportuna de una querella ante la UAD
interrumpía los términos prescriptivos de una reclamación
bajo la Ley 100 sin que hubiera un mandato legislativo a
esos efectos. Posteriormente, mediante la Ley Núm. 10 del 31
de mayo de 1991, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley 100
para “[d]isponer que, a partir de la notificación, dicho
término prescriptivo quede, además de interrumpido, en
suspenso o congelado (o sea, que no empezará a correr de
60 Id. 61 Id, p. 353 (Énfasis suplido). Véase además Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 D.P.R. 205 (Sentencia, 2007). AC-2009-58 15
nuevo), mientras la querella se continúe tramitando en el
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y no se haya
notificado al patrono querellado la determinación del
Secretario del Trabajo en cuanto a la reclamación”.62 La
Asamblea Legislativa citó con aprobación nuestra Opinión al
expresar que su objetivo al enmendar la Ley 100 era actuar
“en beneficio de nuestra clase trabajadora”.63
En Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc., llenamos una
laguna estatutaria al reconocer el efecto interruptor de la
presentación de una querella ante la UAD al palio de la Ley
100 –laguna que eventualmente fue atendida por la
legislatura adoptando nuestro fallo- y también lo hicimos en
Matos Molero, cuando dimos idéntico efecto a la presentación
de una acción bajo el Título VII en la EEOC. Igual
conclusión era requerida en este caso: la oportuna
presentación de una querella ante la UAD al amparo del
artículo 3 de la Ley 100 sobre despidos injustificados y
discriminatorios interrumpe y congela una reclamación bajo
la Ley 80.
III.
Los hechos particulares de este caso fortalecen esta
conclusión. Aquí, el peticionario Serrano Rivera presentó
una corta querella pro se ante la UAD en la que expuso:
“Estuve trabajando con Foot Locker desde 8-12-78 hasta 10-
15-02 y fui despedido y sustituido por una persona más joven
62 Leyes de Puerto Rico 1991, p. 38. 63 Id. AC-2009-58 16
que yo[,] [a] pesar de un excelente trabajo en esos 24 años.
Por lo que me siento discriminado por mi edad”.64 Es
evidente que el peticionario alegó la existencia de un
despido (“fui despedido”), que éste fue injustificado (“a
pesar de un excelente trabajo en esos 24 años”) y que se dio
una modalidad de un discrimen prohibido (“sustituido por una
persona más joven que yo”). De esta forma, es obvio que
interrumpió su causa de acción bajo el artículo 3 de la Ley
100. La Opinión mayoritaria reconoce esta realidad. Pero de
esta misma querella surge una alegación suficiente bajo la
Ley 80: la existencia de un despido sin justa causa. Es
decir, a lo mínimo, están presentes los elementos
identificados en Maldonado v. Russe, pues evidentemente hay
“identidad de propósitos” entre ambas reclamaciones, tanto
así que para reclamar la protección de una disposición
estatutaria (Ley 100) necesariamente tiene que reclamarse la
violación a la otra (Ley 80). Sin duda, se trata de un
trabajador despedido que está activamente vindicando sus
derechos. No estamos ante un empleado que se cruzó de
brazos. Por el contrario, confió en la política pública que
le incentivó a presentar su querella ante la UAD. Resolver
que su reclamación bajo la Ley 100 está viva pero su
reclamación bajo la Ley 80 está prescrita derrotaría la
política pública e ignoraría el desarrollo jurisprudencial y
legislativo.
IV.
64 Apéndice Alegato de la Parte Apelada, p. 8. AC-2009-58 17
En el caso de autos, la Opinión mayoritaria no analiza
qué efectos, si algunos, tendría la oportuna presentación de
una querella bajo el artículo 3 de la Ley 100 sobre una
causa de acción al palio de la Ley 80. En vez, dispone que
“no nos expresaremos en estos momentos acerca de si la
presentación y posterior notificación oportuna de una
querella al amparo de la Ley Núm. 100, supra, en la Unidad
Antidiscrimen paraliza o no el término de tres años que
provee la Ley Núm. 80, supra”.65 Entiendo que nada impedía
que aprovecháramos este momento para atender esta
interrogante, independientemente de si concluyéramos que
dicha presentación congelaba, interrumpía o no tenía efecto
alguno sobre un caso bajo la Ley 80. En mi caso particular y
por lo anteriormente expresado, concluyo que dicha
presentación congela, o a lo mínimo interrumpe, la causa de
acción al palio de la Ley 80. Por eso, en este caso, la
demanda del señor Ismael Serrano Rivera por despido
injustificado no estaba prescrita. Confío que en un futuro
cercano, cuando el Tribunal vuelva a toparse con esta
interrogante, proveerá una contestación adecuada que dé
plena eficacia a la política pública vigente en nuestro país
de erradicar el discrimen en el empleo y castigar los
despidos caprichosos.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada
65 Opinión mayoritaria, p. 14.