EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico Peticionario Certiorari
v. 2001 TSPR 58
Dr. Luis R. Cañas Rivas Recurrido
Número del Caso: CC-2000-428
Fecha: 23/abril/2001
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V
Juez Ponente: Hon. Jorge Segarra Olivero
Amicus Curiae:
Hon. Procurador General
Abogados de la parte peticionaria: Lcdo. Gerardo M. Pavía Cabanilla Lcdo. José E. Colón Rodríguez
Abogados de la parte recurrida:
Lcdo. Benigno Alicea Alicea Lcdo. José A. de la Texera Lcda. Melva A.Quintana Lcdo. Demetrio Fernández
Materia: Revisión de Decisión Administrativa
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico
Peticionario
vs. CC-2000-428 Certiorari
Dr. Luis R. Cañas Rivas
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2001.
Tenemos la ocasión para precisar qué efectos tiene una
determinación judicial de que no existe causa probable para arrestar sobre
la consideración de una querella disciplinaria contra el imputado por el
mismo incidente, en el contexto del ejercicio de la profesión médica.
I
El 10 de marzo de 1998 se presentó una querella ante el Tribunal
Examinador de Médicos de Puerto Rico (TEM) contra el Dr. Luis R. Cañas
Rivas y se le imputó que el 2 de marzo de 1998, había besado a su paciente,
Wanda Liz Texidor Rodríguez, una joven que entonces tenía 18 años de edad,
en contra de la CC-2000-428 3
voluntad de ésta, mientras se encontraba hospitalizada en el Hospital Menonita
de Aibonito. Los hechos ocurrieron delante de Alma Sierra Maldonado, quien era
la compañera de cuarto de la perjudicada.
Por esos mismos hechos, el 19 de marzo de 1998 se presentó una denuncia
contra el doctor Cañas Rivas por el delito de agresión agravada ante el Tribunal
de Primera Instancia, Sala Municipal de Aibonito. Dicho foro inicialmente
determinó que existía causa probable para el arresto, pero luego, a solicitud
de la defensa, reconsideró su dictamen y decidió que no existía causa probable.
Entonces el Ministerio Público sometió la denuncia referida ante un magistrado
de categoría superior del mismo Tribunal de Primera Instancia, quien también
determinó, el 22 de junio de 1998, que no existía causa para el arresto.
Ante esta situación, el representante legal del doctor Cañas Rivas
presentó una moción ante el TEM y solicitó la desestimación de la querella que
estaba pendiente allí. Argumentó que las dos determinaciones judiciales de
inexistencia de causa probable demostraban que no existía evidencia alguna para
sostener los hechos alegados en la querella, que supuestamente eran los mismos
que habían sido alegados en las denuncias.
Después de otros trámites procesales, el 9 de marzo de 1999, se celebró
una vista administrativa ante un Oficial Examinador. Allí los abogados del TEM
y del querellado informaron que habían estipulado lo siguiente:
1. Que de declarar la perjudicada Wanda Texidor Rodríguez, testificaría lo mismo que declaró en el foro criminal.
2. El contenido de la transcripción de cincuenta y dos (52) páginas, de la vista en alzada para determinar causa probable para arresto.
3. El contenido de la transcripción de treinta y cinco (35) páginas, de la vista original para determinar causa probable para arresto.
4. Que de declarar la testigo Alma Sierra Maldonado, declararía lo contenido en su Declaración Jurada de dos (2) páginas, de 26 de marzo de 1998.
5. Que el Oficial Examinador escucharía el testimonio del Dr. Eduardo Ibarra.
El Oficial Examinador aceptó las estipulaciones, y recibió el testimonio
del doctor Ibarra, testigo de reputación de Cañas Rivas. El 15 de junio de 1999 CC-2000-428 4
rindió un informe. Concluyó que el doctor Cañas Rivas había incurrido en la
conducta que le había sido imputada en violación del Artículo 17(m)(1) y (10)
de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según enmendada, 20 L.P.R.A. sec.
52, que establece que el TEM tiene facultad para suspender, cancelar o revocar
una licencia a un médico por diversas razones, entre otras:
(m) Demostrar incompetencia manifiesta en el ejercicio de la profesión o incurrir en conducta no profesional. A los efectos de este inciso el término conducta no profesional significa lo siguiente:
(1) Violar las reglas y reglamentos que en virtud de [esta ley] adopte el Tribunal [Examinador de Médicos] para reglamentar la práctica de la medicina en Puerto Rico;
. . .
(10) Hostigar, abusar o intimidar a los pacientes. (Enfasis suplido)
El Oficial Examinador, además, citó el caso de Vélez Quiñones v. Srio.
de Instrucción, 86 D.P.R. 755 (1962), a los efectos de que la acción criminal
es independiente de la administrativa y que en ésta no hay que tomar en
consideración el hecho de que el querellado hubiese sido absuelto en la causa
criminal seguida en su contra por los mismos hechos que sirven de base al
procedimiento administrativo.
El Oficial Examinador recomendó que el TEM le revocara la licencia al
doctor Cañas Rivas. El 25 de junio de 1999, el TEM acogió el informe del Oficial
Examinador, excepto la recomendación, la cual modificó para limitarla a “una
suspensión de licencia por seis (6) meses, con la condición de que el Dr. Luis
R. Cañas Rivas se someta a evaluaciones y tratamiento psicológico o
psiquiátrico, debiendo su médico someter informes mensuales.”
Inconforme con el dictamen, Cañas Rivas presentó un recurso de revisión
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Este foro expidió el auto
solicitado y revocó la resolución del TEM, por voto dividido de dos a uno.
El TEM acudió oportunamente ante nos, y planteó la siguiente cuestión:
“Incidió el foro recurrido al concluir que la determinación de no causa probable para arresto por violación al Art. 95 del Código Penal (agresión) impide que el TEM enjuicie al doctor Cañas Rivas por haber violado el Art. 17 de la Ley del TEM al incurrir en conducta reñida con las ideas recibidas por buenas”. CC-2000-428 5
El 16 de junio de 2000 expedimos el recurso solicitado para revisar la
sentencia del foro apelativo. Luego de una prórroga, la parte peticionaria
presentó su alegato el 27 de octubre de 2000; el Procurador General de Puerto
Rico compareció como Amicus Curiae el 16 de noviembre de 2000, y el recurrido
presentó su alegato el 27 de noviembre de ese año. Con el beneficio de las
comparecencias referidas, pasamos a resolver.
II
En su dictamen en el caso de autos, el Tribunal de Circuito de
Apelaciones señaló que la cuestión esencial que tenía ante su consideración,
requería resolver si la determinación judicial de no causa probable para el
arresto contra el doctor Cañas Rivas en la esfera criminal era vinculante
en la esfera administrativa. A continuación señaló que la jurisprudencia de
Puerto Rico establecía de modo claro que la absolución en el proceso penal
no era vinculante en el campo administrativo. Indicó, sin embargo, que esa
jurisprudencia no era determinativa del caso de autos porque este presentaba
una situación distinta. Concretamente señaló que:
[e]n el caso de autos no se plantea un reclamo de inmunidad a base de una previa absolución criminal, sino a base de una previa determinación de no causa probable para arresto por los mismos hechos y por la misma prueba en que se fundamenta la querella administrativa presentada contra el recurrente.
El foro apelativo aludió a que “una mera scintilla de evidencia” era
suficiente para sostener una determinación de causa probable para arresto,
y comparó esa norma evidenciaria con la norma de que las decisiones
administrativas deben estar fundadas en prueba sustancial. Hizo hincapié en
que el Oficial Examinador en el caso de autos no había tenido la oportunidad
de examinar el comportamiento y la credibilidad de los testigos de cargo,
por lo que no estuvo en mejor posición que los jueces de instancia para
aquilatar sus testimonios. Concluyó, además, que la norma de la scintilla
de evidencia del procedimiento para arrestar era “un estándar de prueba menor
que el requerido en la esfera administrativa”. En vista de todo ello, resolvió
entonces que “la determinación de inexistencia de causa probable para arresto
contra el recurrente era suficiente para desestimar la querella CC-2000-428 6
administrativa que pesaba en su contra por los mismos hechos”. Es este
dictamen el que tanto el TEM como el Procurador General han impugnado antes
nos.
Para resolver la controversia ante nos, es menester hacer un resumen
del testimonio vertido por la perjudicada en las dos vistas preliminares que
se celebraron a quo, así como del contenido esencial de la declaración jurada
de la testigo Alma Sierra Maldonado.
En esencia, la joven de 18 años del caso de autos, una estudiante
universitaria, declaró que el doctor Cañas Rivas llegó a su habitación en
el hospital a eso de las 7:30 a 8:00 de la mañana, corrió la cortina que
separaba su cama de la de la otra paciente que estaba en el mismo cuarto y
procedió a examinarla con su estetoscopio en el pecho y en la espalda.
Entonces se le acercó para palparle la cara y la frente debido a que ella
padecía de sinusitis. En ese momento la besó en la frente, luego la besó en
la mejilla y finalmente le dio un beso prolongado en la boca, un beso que
la paciente caracterizó de “asqueroso”, porque el médico le metió su lengua
en la boca. Cañas Rivas entonces besó sus propios dedos índice y del corazón,
puso esos dedos sobre los labios de la paciente, y se marchó de la habitación
con una sonrisa. La joven añadió que durante todo el incidente referido ella
se había quedado tiesa porque no se imaginaba que su doctor procedería como
lo hizo. Declaró también que, luego de marcharse Cañas Rivas, ella se echó
a llorar.
Como respuesta a los contrainterrogatorios correspondientes la joven
admitió que ella se había atendido antes con Cañas Rivas y se habían despedido
en una ocasión con un beso en la mejilla; que Cañas Rivas el día del incidente
la había besado más de tres veces porque le había dado besos en ambas mejillas;
que el incidente del besuqueo duró como quince (15) minutos; que ella no había
objetado ni protestado de modo alguno en ningún momento mientras Cañas Rivas
la besaba; que ella había llorado en silencio; que no dijo nada sobre el asunto
a una persona que entró en la habitación a entregar las bandejas de comida;
que no llamó inmediatamente a alguna enfermera para quejarse del incidente
después de éste haber sucedido; y que tampoco se quejó de ello con la compañera
de habitación hasta que ésta, por su cuenta, le preguntó si la persona que CC-2000-428 7
había entrado a la habitación antes y había corrido la cortina era su novio
o su pretendiente, cuando entonces la joven la increpó por no haberla ayudado.
El testimonio de la otra paciente que estuvo en el cuarto durante el
incidente, Alma Sierra Maldonado, vertido en una declaración jurada, es
enteramente consistente con el de la joven, descrito antes. En esencia, esta
testigo señaló que vio cuando una persona entró a la habitación y corrió la
cortina que separaba las dos camas del cuarto; que notó cuando esa persona
besaba a la joven en la frente, en la mejilla y en la boca; que el beso
prolongado que la persona dio a la joven era como un beso de novela o de novios,
razón por la cual no quiso interrumpir el incidente; que luego que la persona
se fue, al darse cuenta de que la joven lloraba, le preguntó si la persona
era su novio o su pretendiente; que entonces la joven de manera histérica
le increpó por no haberla ayudado, explicándole que esa persona era su médico.
Para completar este resumen del testimonio de la joven, debe señalarse
que ésta indicó que después de haber increpado a la compañera de habitación
por no ayudarla, se fue al baño, vomitó y se lavó la boca. Entonces llamó
por teléfono a su madre, quien a su vez llamó a la Policía para querellarse
por lo sucedido. También afirmó expresa y reiteradamente que ella no había
incitado al doctor para que la besara, que ello ocurrió en contra de su
voluntad y que el día de los hechos le habían administrado unos
bronquiodilatadores como medicamento.
Para concluir, debe señalarse que el doctor Cañas Rivas era casado al
momento del incidente, tenía 52 años de edad y, conforme el testimonio del
Dr. Eduardo Ibarra, Director del Hospital, tenía un expediente “totalmente
limpio,...moralmente intachable”. Igualmente debe señalarse que el propio
doctor Cañas Rivas presentó ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones una
evaluación psiquiátrica que se le había hecho a petición suya en que se
concluye que Cañas Rivas no tiene signos de condición o enfermedad mental.
También se indica en dicha evaluación que en relación al incidente en
cuestión, Cañas Rivas le admitió a su psiquiatra “la indiscreción de su
conducta, pero que la actuación de ambos fue voluntaria y espontánea”.
III CC-2000-428 8
Reiteradamente hemos resuelto, en el contexto de querellas contra
jueces y abogados, que “la absolución del querellado en la causa penal no
impide que por los mismos hechos se juzgue su conducta a los fines de
determinar si incurrió en alguna falta ética”. In re Calzada Llanos, 124
D.P.R. 411, 425 (1989); In re Rodríguez Caraballo, 106 D.P.R. 792, 799 (1978);
In re De Castro, 100 D.P.R. 184 (1971); In re Abella, 67 D.P.R. 229, 238-239
(1947); In re Tormes, 30 D.P.R. 267 (1922). Véase, además, In re Franco Soto,
115 D.P.R. 740 (1984). Esta conocida norma responde al hecho de que el
procedimiento disciplinario no va dirigido a castigar al querellado por la
falta cometida, “sino a proteger a la comunidad y a la profesión mediante
una investigación de sus condiciones morales para determinar si puede
continuar en la práctica [profesional]”, In re Liceaga, 82 D.P.R. 252, 255
(1961). Por ello, hemos resuelto antes que en el procedimiento disciplinario
“no es necesario probar los hechos de igual manera como si se tratase de una
caso criminal”. In re Calzada Llanos, supra; In re De Castro, supra.
De igual modo, en procesos administrativos disciplinarios,
particularmente en el contexto de funcionarios o empleados públicos
sometidos a un procedimiento administrativo para su destitución, hemos
resuelto reiteradamente que el hecho de que una persona haya sido juzgada
y absuelta en un proceso penal no impide que se formulen y diluciden cargos
administrativos en su contra por los mismos hechos que motivaron el caso
penal. Ex Policía San Vicente v. Policía de P.R., res. el 12 de noviembre
de 1996, 142 D.P.R. ___, 96 JTS 148; Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R.
720 (1978); Mundo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 302 (1973); Vélez Quiñones
v. Srio. de Instrucción, 86 D.P.R. 752 (1962); Cruz v. Garrido Morales, 58
D.P.R. 653 (1941). Claramente hemos indicado que “la absolución penal no
confiere inmunidad en el campo administrativo”. Pagán Hernández v. U.P.R.,
supra, a la pág. 749. Hemos indicado que la acción administrativa es
independiente de la criminal porque tienen propósitos distintos, por lo que
una no puede estar supeditada a la otra. Cruz v. Garrido Morales, supra, a
la pág. 663. También hemos señalado que se tratan de procedimientos que
requieren diferentes grados de prueba. Mundo v. Tribunal Superior, supra,
a la pág. 306. CC-2000-428 9
En el caso de autos, el Tribunal de Circuito de Apelaciones descartó
la aplicación de las doctrinas referidas antes haciendo hincapié en que aquí
no se trataba de una previa absolución criminal sino de una previa
determinación de no causa probable para arresto. Según el foro apelativo,
la importante diferencia probativa entre un procedimiento penal y uno
administrativo disciplinario necesariamente significaba que las doctrinas
referidas se limitaban sólo al caso de la previa absolución criminal. Sin
embargo, ya antes hemos aplicado las doctrinas en cuestión aun en casos en
los cuales no hubo una absolución en el proceso penal, sino algo bastante
menos que ello. Así pues, en In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994),
consideramos procedente la aplicación de las referidas doctrinas en el
proceso disciplinario contra un abogado a pesar de que hubo determinaciones
de no causa probable por los mismos hechos tanto en la vista preliminar
inicial como en la vista preliminar en alzada. Enfatizamos, otra vez, que
el procedimiento criminal –en este caso la vista preliminar para determinar
si existe causa probable- y el procedimiento disciplinario se rigen por
criterios distintos, y que éste no está supeditado a aquél. In re Soto López,
supra, a la pág. 646. Así mismo, en In re Santiago del Valle, res. el 28 de
octubre de 1998, 146 D.P.R.___, 98 TSPR 143, 98 JTS 161, consideramos
procedente un procedimiento disciplinario contra un exjuez, a pesar de que
la denuncia penal por los mismos hechos había sido archivada por el tribunal
de instancia sin celebrarse un juicio.
Igual ha sucedido en relación a procedimientos administrativos contra
empleados públicos. En Ex Policía San Vicente v. Policía de P.R., supra, la
denuncia penal contra un policía que agredió físicamente a su concubina en
varias ocasiones había sido archivada por el tribunal de instancia.
Resolvimos que ello de ningún modo impedía que pudiera instarse en su contra
un procedimiento administrativo disciplinario. Expresamente señalamos que
ni la absolución ni el “archivo de la denuncia durante la etapa inicial en
un proceso criminal” impedían que se destituyese al empleado público en un
proceso administrativo basado en los mismos hechos que motivaron la acción
criminal. CC-2000-428 10
En resumen, pues, por razón de los propósitos diferentes que persiguen,
la determinación judicial de ausencia de responsabilidad penal no confiere
per se ninguna inmunidad contra procedimientos disciplinarios profesionales
o procedimientos disciplinarios administrativos instados por los mismos
hechos que motivaron la acción penal, sin que importe que la referida
determinación judicial haya sido una de archivo de una denuncia criminal,
de no causa probable para arrestar o acusar, o de absolución luego de un
juicio. Ello es así no sólo porque todos estos distintos procedimientos
aparejan diferentes grados de prueba sino, además, porque son procedimientos
de naturaleza disímil, que persiguen objetivos concretos distintos. En
particular, con respecto a lo que aquí nos concierne, unos hechos pueden no
ser punibles desde la perspectiva penal por la falta, digamos del elemento
de mens rea y aun así ser sancionables disciplinariamente, por la importancia
que tiene para las profesiones el fin de que se evite aun la apariencia de
conducta impropia. Véase, In re Franco Soto, supra. Una conducta puede no
ser ilícita penalmente y a la vez ser contraria a la ética profesional. Véase,
In re Liceaga, supra.
IV
A la luz de la normativa reseñada antes, pasemos ahora a examinar los
hechos concretos del caso de autos.
El foro apelativo concluyó que a base de la prueba que tuvieron ante
sí, los foros de instancia no habían encontrado “que existía ni siquiera el
mínimo de evidencia requerida para sostener la alegación de que el [imputado]
besó a la paciente perjudicada en contra de su voluntad”. Por ello, según
dicho foro, como el estándar de prueba para el procedimiento disciplinario
(evidencia sustancial) era mayor que el del procedimiento penal de vista para
determinar causa probable para arrestar (scintilla de evidencia), entonces
la misma prueba presentada ante el foro de instancia no era suficiente para
sostener el dictamen del TEM. Esta conclusión del foro apelativo, sobre la
cual basó su dictamen de que el TEM había errado al no desestimar la querella
en contra del doctor Cañas Rivas, no fue correcta. Veamos por qué no lo fue. CC-2000-428 11
Para comenzar, debe notarse que de ordinario la determinación de que
no existe causa probable para arrestar a una persona que ha sido denunciada,
no se explica en algún escrito o resolución judicial. Sólo se hace constar
con una mera marca en el encasillado de la denuncia que lee “No Se Determinó
Causa Probable”. Contrario a lo que ocurre cuando el magistrado ha examinado
bajo juramento algún testigo de los hechos y ha determinado que existe causa
probable para arrestar en casos en que no se ha presentado una denuncia,
cuando se determina que no hay causa, no se requiere que el magistrado levante
un acta para exponer las razones que apoyan su decisión. Regla 6(a) de
Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. Ap. III. De ordinario,
pues, no se conocen los fundamentos de la decisión judicial de que no existe
causa probable para arrestar. Así sucedió en el caso de autos, por lo que
la interpretación por el foro apelativo del alcance de los dictámenes de
instancia en cuanto al grado de la prueba que estuvo ante ellos, tiene
carácter especulativo o conjetural.
Debe notarse que las determinaciones judiciales de no causa en el caso
de autos, pudieron haber respondido a diferentes razones que de modo alguno
impedían la evaluación que se hizo en el procedimiento ante el TEM. Así pues,
el foro de instancia pudo haber estimado sólo que la prueba que tenía ante
sí no establecía que Cañas Rivas había empleado fuerza o violencia para besar
a la joven, que es uno de los elementos del delito que se le imputaba.1 Es
posible, en cambio, que el
1 Véase, Pueblo v. Villaveitía, 41 D.P.R. 316 (1930), que estableció por primera vez en nuestra jurisdicción que darle un beso a una mujer contra su voluntad constituye un delito de agresión. CC-2000-428 12
foro de instancia hubiese estimado que la prueba que tenía ante sí no
establecía que Cañas Rivas había tenido la intención criminal de causarle
daño a la joven, que es otro de los elementos del delito que se le imputaba.2
Ninguna de estas dos posibles razones para determinar que no existía causa
probable aquí podían impedir que en el foro disciplinario se concluyese que
el doctor Cañas Rivas se había valido de la ocasión para besar a su paciente
sin que ésta realmente lo hubiese consentido. Es decir, en cuanto a estos
dos fundamentos, la ausencia de prueba para fines del procedimiento penal
no significaba de modo alguno que no había prueba suficiente en apoyo del
dictamen disciplinario. No se trata de que hubiese un quantum de prueba
diferente entre un procedimiento y el otro, sino de que lo que había que probar
era distinto.
Claro está, también es posible que el foro de instancia no le haya dado
ninguna credibilidad al testimonio de la joven perjudicada ni a la
declaración jurada de la testigo. Es posible que el foro de instancia haya
estimado que el incidente del besuqueo sencillamente no ocurrió; o que si
sucedió fue sólo porque la joven incitó al médico o, al menos, consintió a
ello de manera voluntaria y espontánea. Cualquiera de estas apreciaciones
de la prueba hubiese justificado la determinación de que no existía causa
probable para arrestar por el delito de agresión agravada. Sin embargo, es
altamente dudoso que en el caso de autos, el foro de instancia haya hecho
alguna de estas apreciaciones de la prueba. Nótese que nadie refutó o
contradijo el testimonio de la joven perjudicada o la declaración de la
testigo. Esta fue la única prueba que consideró el foro de instancia, ya que
el doctor Cañas Rivas no presentó prueba exculpatoria. Más aun, no hay nada
en la transcripción de la evidencia que siquiera sugiera que el testimonio
de la joven fue confuso o vacilante. Por el contrario, aun sus respuestas
a los contrainterrogatorios surgen claras y definitivas. En todo momento la
joven expresó de modo palmario que ella no objetó a la conducta del médico
porque se había quedado “tiesa” ante el sorpresivo e inusitado comportamiento
2 Pero véase, Pueblo v. Díaz, 62 D.P.R. 499 (1943), en que resolvimos que el daño no tiene que ser necesariamente corporal, pudiendo constituirlo cualquier contacto ilegal, realizado sin el CC-2000-428 13
de Cañas Rivas. Debe recordarse aquí que aunque es lícito que un magistrado
en el procedimiento de vista preliminar pase juicio sobre la credibilidad
de los testigos y descarte cualquier testimonio que no sea susceptible de
ser creído, Pueblo v. Andaluz Méndez, res. el 30 de junio de 1997, 143 D.P.R.
___, 97 JTS 107, en esa tarea es menester distinguir el caso del testigo que
no le merecería crédito a ningún juzgador razonable, del caso en que
juzgadores razonables pueden discrepar en cuanto a dar crédito o no al
testigo. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y EE.UU., Ed. Forum,
1995, Vol. III, pág. 56. Es cuestionable, pues, que el foro de instancia haya
descartado el testimonio de la perjudicada y la declaración de la testigo
por estimar que éstos eran claramente poco confiables o increíbles.
De cualquier manera, y esto es lo medular, las determinaciones del foro
de instancia en cuestión pueden haberse fundamentado en razones muy
diferentes, que tienen distintas implicaciones con respecto a la cuestión
de si la prueba que aquí nos concierne era suficiente o no para sostener el
dictamen del TEM. Como no se conoce cuál o cuáles de estas diferentes razones
motivó la decisión del foro de instancia, no puede afirmarse que su
determinación de no causa probable era vinculante en la esfera disciplinaria.
Erró el foro apelativo al resolver que la determinación judicial de la
inexistencia de causa probable requería desestimar la querella
administrativa que por los mismos hechos pesaba contra el doctor Cañas Rivas.
No hay forma de saber que la determinación judicial aludida dimanó de una
ausencia total de toda prueba pertinente al asunto que se consideró en el
procedimiento disciplinario.
V
Para concluir, nos resta por considerar si el TEM actuó de modo
arbitrario, ilegal o en forma tan irrazonable que su dictamen en el caso de
autos requiera nuestra intervención. Reiteradamente hemos limitado la
revisión judicial de decisiones administrativas a que exista tal abuso de
discreción. Metropolitana S.E. v. ARPE, 138 D.P.R. 200, 213 (1995); Fuertes
v. ARPE, 134 D.P.R. 947 (1993); Facultad C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S.,
consentimiento de la víctima, que ofenda su pudor, le produzca CC-2000-428 14
133 D.P.R. 521 (1993); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R. 275 (1992);
Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692 (1975). Véase, además,
D. Fernández, Derecho Administrativo..., 2da. Edición, págs. 539-566 (2001).
Ello es particularmente cierto cuando se trata de una entidad como el TEM,
sobre la cual recae la obligación de velar porque los profesionales de la
salud tengan la capacidad y la aptitud necesaria para ejercer su profesión
dentro de parámetros de excelencia, para lo cual el Estado le ha otorgado
amplias facultades. Pueblo v. Villafañe, 139 D.P.R. 134 (1995); Asoc. Drs.
Med. Cui. Salud v. Morales, 132 D.P.R. 567 (1993).
El informe del Oficial Examinador del TEM no identifica en modo preciso
en qué consistió concretamente la conducta no profesional del doctor Cañas
Rivas. En dicho informe se detalla la querella que dio lugar al procedimiento
disciplinario; se relatan los procedimientos judiciales y administrativos
llevados a cabo; se copian extractos medulares de las transcripciones de la
prueba de los procedimientos ante el foro de instancia; se reproduce la
declaración jurada de la compañera de habitación; se resume el testimonio
del testigo de reputación del querellado; se citan algunas decisiones de este
Tribunal; se concluye sin más que el querellado violó las normas que prohiben
la conducta no profesional y se recomienda la revocación de la licencia del
querellado. Es de suponer que el Oficial Examinador encontró probada la
alegación de la querella presentada en este caso de que el médico “besó en
la boca [a la paciente] en contra de su voluntad”, en vista de la grave sanción
recomendada; pero el informe carece de unas determinaciones de hecho
adecuadas. Más aun, carece también de una discusión de qué normas concretas
fueron violadas en relación a los hechos que se consideraron probados.
La decisión del propio TEM es aun mucho más escueta. Se limita a una
oración, en la cual se señala que se adopta el informe del Oficial Examinador,
pero se modifica la sanción recomendada a una suspensión de la licencia del
querellado por seis (6) meses, sujeta a que éste se someta a tratamiento
psicológico o psiquiátrico. La enorme diferencia entre la sanción
recomendada por el Oficial Examinador y la impuesta por el TEM sugiere que
vergüenza, humillación o angustia mental. CC-2000-428 15
éste puede haber tenido dudas sobre si la conducta del médico fue consentida
de algún modo o no.
Parte de la dificultad con el dictamen del TEM surge del hecho, también
resaltado por el foro apelativo, de que el Oficial Examinador descansó
esencialmente en la transcripción de la evidencia de los procedimientos
judiciales y en la declaración jurada de la testigo. No vio ni oyó declarar
a la perjudicada ni a la testigo presencial de los hechos. No estuvo
ciertamente en la mejor posición para aquilatar por su cuenta los hechos
pertinentes de este caso. Ya antes nos habíamos enfrentado a una situación
similar y resolvimos que un cargo disciplinario3 sometido a un Comisionado
Especial a base de la transcripción de la prueba ofrecida durante el juicio,
no lo ponía en condiciones de pasar juicio sobre la credibilidad de los
testigos. In re Rodríguez Caraballo, supra, a la pág. 799. En esa ocasión,
no hicimos ningún otro pronunciamiento sobre el particular porque los demás
cargos en contra de juez querellado fueron suficientes para decretar su
separación del puesto judicial.
Hoy, sin embargo, resolvemos la cuestión referida que quedó pendiente
en In re Rodríguez Caraballo, supra. Determinamos que en procedimientos
disciplinarios en los cuales existan importantes cuestiones de credibilidad,
no debe el juzgador de los hechos aceptar que el caso sea sometido a base
de una transcripción de la prueba de los testimonios pertinentes. De
ordinario, el juzgador de los hechos debe recibir directamente los
testimonios referidos para poder aquilatar su valor de manera óptima.4
Lo anterior no significa, sin embargo, que en el caso de autos debamos
dejar sin efecto el dictamen del TEM. Aquí no hay controversia sobre el hecho
de que el doctor Cañas Rivas aprovechó la ocasión de su visita a su joven
paciente para besarla en varias ocasiones mientras la examinaba. El propio
3 Curiosamente, ese cargo le imputaba al querellado haber besado a una joven mediante el uso de la fuerza. 4 Lo anterior no significa que no pueda encontrarse apoyo suficiente para hacer una determinación de hechos a base de una declaración jurada. Todo depende de las circunstancias particulares de cada caso. Así pues, en In re Liceaga, supra, a la pág. 257, encontramos suficiente la declaración jurada del CC-2000-428 16
querellado admitió ante el foro apelativo que ello había sido una
“indiscreción”. Más aun, de la transcripción de la prueba y de los escritos
de los distintos representantes legales del doctor Cañas Rivas en varias
etapas de todos los procedimientos habidos en este caso, surge claro que la
defensa medular del querellado no es que no haya besado a su joven paciente
sino más bien que lo que ocurrió fue un acto consentido entre ellos.
La conducta del querellado, aunque no haya sido expresamente objetada
por la joven paciente mientras ocurría, constituye claramente un proceder
impropio de este médico. No es consistente con las altas exigencias que se
reclaman de todos los profesionales en el mundo contemporáneo. In re Franco
Soto, supra, a la pág. 751. Cuando menos, el doctor Cañas Rivas aquí se
aprovechó de la confianza que inspira su profesión para darle a su joven
paciente, una menor de edad, quien se encontraba bajo medicamentos y en una
condición frágil por su enfermedad, un “tratamiento” improcedente, inusitado
y poco ético. Como bien se señala en el Code of Medical Ethics de la American
Medical Association, (1997), a la pág. 130:
Sexual Misconduct in the Practice of Medicine. Sexual contact that occurs concurrent with the physician-patient relationship constitutes sexual misconduct. Sexual or romantic interactions between physicians and patients detract from the goals of the physician-patient relationship, may exploit the vulnerability of the patient, may obscure the physician’s objective judgment concerning the patient’s health care, and ultimately may be detrimental to the patient’s well-being.
If a physician has reason to believe that non-sexual contact with a patient may be perceived as or may lead to sexual contact, then he or she should avoid the non-sexual contact. At a minimum, a physician’s ethical duties include terminating the physician-patient relationship before initiating a dating, romantic, or sexual relationship with a patient.
A la luz de lo anterior, resolvemos que no erró el Tribunal Examinador
de Médicos de Puerto Rico al sancionar al doctor Cañas Rivas como lo hizo.
No encontramos que su dictamen haya sido arbitrario o tan irrazonable como
para que debamos revocarlo. Erró el foro apelativo al así hacerlo.
Se dictará sentencia de conformidad con lo aquí resuelto.
propio querellado para sostener una determinación de hecho formulada por el Comisionado Especial. CC-2000-428 17
JAIME B. FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO CC-2000-428 18
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente, se revoca la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional V de Ponce-Aibonito, de 27 de marzo de 2000, en el presente caso.
Se reinstala el dictamen del Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez concurre sin opinión.
Isabel Llompart Zeno Secretaria del Tribunal Supremo